REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA Sesión 2ª, en miércoles 6 de octubre de 1999 (Ordinaria, de 10.37 a 13.41 horas) Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Acuña Cisternas, don Mario. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. ÍNDICE I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESIÓN III. ACTAS IV. CUENTA V. ORDEN DEL DÍA VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS VII. INCIDENTES VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I. Asistencia…10 II. Apertura de la sesión…13 III. Actas…13 IV. Cuenta…13 Denominación de “Manuel Bustos Huerta” a sala de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social…13 Juramento de nueva diputada doña María Rozas Velásquez…13 V. Orden del Día. Regulación del derecho a visita establecido en la ley de menores. Tercer trámite constitucional…14 Normativa sobre proyectos modificatorios de disposiciones legales vigentes. Primer trámite constitucional…21 Prohibición de prácticas discriminatorias en establecimientos educacionales. Primer trámite constitucional…24 VI. Acuerdos de los Comités…35 VII. Incidentes. Aniversario Nº 449 de la ciudad de Concepción…36 Alza de tarifas de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, Emos, y distribución de los recursos obtenidos por su licitación. Oficios…36 Clausura del vertedero de Talca. Oficio…38 Problemas y necesidades de la zona cordillerana del distrito 52. Oficios…38 Subsidio en consumo de electricidad en zonas rurales de extrema pobreza de la Novena Región. Oficio…39 Construcción de refugios para pasajeros en sector Huichahue-Cunco, Novena Región. Oficio…40 Informe de Greenpeace en relación con el bosque nativo. Oficios…40 Facilidades para exámenes médicos de pescadores artesanales de la Undécima Región. Oficios…41 Consideraciones sobre sesión ordinaria de los jueves…41 Irregularidades en ejecución de programas de vivienda de la Décima Región. Oficio…42 Resultados de investigación de Contraloría sobre los contratos de concesión de Obras Públicas. Oficio…44 Construcción de pasarela sobre río Cautín en sector de Quillén, comuna de Carahue. Oficios…44 Información sobre instalación de teléfonos rurales en provincias de Chiloé y Palena. Oficio…44 Necesidad de restablecer controles de calidad estructural de las construcciones…45 Reafirmación de conceptos y expresiones emitidos con motivo de homenaje a Manuel Bustos…47 VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual aprueba el Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre integración y complementación minera y sus anexos I y II, su protocolo complementario y el Acuerdo que corrige este último instrumento internacional (boletín Nº 2408-10)…51 Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional los siguientes proyectos: 2. Modifica el artículo 9º del decreto ley Nº 2.695, de 1979, sobre saneamiento de propiedad (boletín Nº 2241-12) (S)…74 3. Establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública (boletín Nº 2394-07)…74 Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presentes las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 4. Modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en lo relativo al costo de los servicios que prestan las Administradoras de Fondos de Pensiones (boletín Nº 1656-13) (S)…74 5. Acuerdo que Aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 (boletín Nº 2293-10)…75 Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales hace presentes las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 6. Modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial (boletín Nº 2339-06)…75 7. Reforma constitucional que regula los plebiscitos nacionales (boletín Nº 2350-07)…76 8. Modifica el decreto ley Nº 2.306, sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, con el objeto de incorporar la objeción de conciencia (boletín Nº 1833-02)…76 9. Dicta normas destinadas a fortalecer las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en los recintos militares (boletín Nº 2304-07)…76 10. Establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores y su régimen de subvención (boletín Nº 2391-18)…77 11. Reforma constitucional que modifica los artículos 1º, 19 Nº 22 y 62 Nº 7 de la Constitución Política de la República, con el objeto de dar protección jurídica y beneficios para el desarrollo de los pueblos indígenas (boletín Nº 513-07)…77 12. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula observaciones al proyecto que traslada a los días lunes los feriados que indica (boletín Nº 328-06)…78 13. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica disposiciones del Código Penal que sancionan casos de corrupción (boletín Nº 1177-07)…79 14. Moción de los diputados señores Ibáñez, Dittborn y Díaz que crea el Premio Nacional del Deporte en Chile (boletín Nº 2409-04)…105 15. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia de las sentencias dictadas en los siguientes proyectos:…106 Constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas (boletín Nº 1111-07)…107 Suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería (boletín Nº 2299-08)…108 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios: De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que la sala de sesiones de la Comisión se denomine “Manuel Bustos Huerta”, en homenaje al ex diputado que fuera su Presidente. Contraloría General de la República Del diputado señor Molina, calidad de ex funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria de diferentes personas. Del diputado señor Moreira, procedimientos empleados por municipalidades para contratación de mano de obra en el marco de los programas de emergencia. De la diputada señora Laura Soto, situación de inmueble denominado Palacio de Viña del Mar. Ministerio del Interior De los diputados señores Errázuriz, Fossa, Osvaldo Palma y diputada señora Lily Pérez, proyecto de ley sobre migraciones. De la Corporación, creación del Servicio de Bienestar de la Municipalidad de Providencia. Ministerio de Relaciones Exteriores De la diputada señora Rosa González, detención de pescadores chilenos en el puerto peruano de Ilo. De la diputada señora Antonella Sciaraffia y diputado señor Acuña, ingreso de nacionales peruanos a nuestro país. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Del diputado señor Navarro, antecedentes relacionados con la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío; expediente de la causa Sernap con Pangue, tramitado en el juzgado de letras de Santa Bárbara. De los diputados señores Aldo Cornejo, Pareto, Jaramillo, Felipe Letelier y Tuma, incorporación de trabajadores como accionistas de Esval. Del diputado señor Tuma, procesos judiciales por incumplimiento de contrato en contra de la empresa de televisión por cable Metrópolis Intercom S.A. Del diputado señor Caminondo, Cooperativa Campesina Río Bueno Limitada. De la Corporación, medidas para reducir el desempleo. Ministerio de Hacienda Del diputado señor Vega, reacción concreta por parte de la banca privada a las medidas anunciadas por el Presidente de la República; condonación de deudas con la Tesorería General de la República. Del diputado señor Navarro, número de personas naturales, prestadoras de servicios, que otorgan boletas de honorarios. De los diputados señores Pablo Galilea, Jaramillo y Sánchez, aspectos tributarios de la ley de pesca. De la diputada señora Lily Pérez y diputados señores Osvaldo Palma, Núñez, Rosauro Martínez, Caminondo, Alessandri y Tuma, incentivos tributarios para empresas que cooperen en la búsqueda de menores extraviados o que han huido de sus hogares. Del diputado señor Errázuriz, situación tributaria de ingresos percibidos por personas beneficiadas en el programa de generación de empleo del Ministerio de Hacienda. De los diputados señores Silva, Villouta y Tuma, régimen tributario aplicable a los Astilleros y Maestranzas de la Armada. De la diputada señora Cristi, proyectos de generación de empleo. Del diputado señor Huenchumilla, proyecto de construcción de infraestructura educacional y financiamiento en postulación de escuela municipalizada a la jornada escolar completa. De los diputados señores Mesías, Jaramillo, Villouta y Luksic, medidas que adoptará el Banco del Estado para cooperar con la reactivación de la economía del país. De los diputados señores Ortiz, Mesías, Velasco, Ascencio, Lorenzini y Mulet, consideración en la ley de Presupuestos de fondos para reemplazo de actuales subcomisarías que existen en las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz, Octava Región. De los diputados señores Molina y Jaramillo, programas de construcción de viviendas deterioradas en la Cuarta Región. Del diputado señor Masferrer, recursos destinados por el Gobierno para combatir el desempleo. Del diputado señor Lorenzini y diputada señora Rosa González, accionar de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. De los diputados señores Alvarado, Vilches, Longton, Prokurica, Osvaldo Palma, Kuschel, Ibáñez y Díaz, aplicación del D.L. Nº 889, de 1975, en iguales términos a los actuales. Del diputado señor Coloma, situación jurídica de artesanos de la localidad de Pomaire. Del diputado señor Lorenzini, fiscalización a Asociación Canal Maule con relación al cumplimiento de la normativa tributaria y contable vigente. De los diputados señores Molina y Jaramillo, facilidades de pago a las personas que solicitaron crédito especial para afrontar daños causados por el sistema que afectó a la Cuarta Región. Ministerio de Educación Del diputado señor Álvarez-Salamanca, ejecución de obras en comunas de la Séptima Región. De los diputados señores Villouta, Navarro, Jaramillo y Ortiz, situación en que se encuentran los alumnos de la Universidad de Temuco. Ministerio de Defensa Nacional Del diputado señor Joaquín Palma, control de velocidad en la Ruta 68. De los diputados señores Navarro y Velasco, construcción de canchas deportivas en la población Alonso de Ercilla 1 y 2, comuna de Hualqui. Del diputado señor Ojeda, diligencias realizadas para lograr ubicación de menor Jordán Fernández Ruiz. Del diputado señor Kuschel, desarrollo práctico del sistema de posicionamiento automático de naves pesqueras. Del diputado señor Navarro, cruces ferroviarios. Ministerio de Obras Públicas Del diputado señor Ascencio, construcción de rampa a Isla Aulín, comuna de Quemchi. Del diputado señor Delmastro, contratos mantención de caminos rurales, comunas de la Décima Región. Del diputado señor Jarpa, pago de sueldos y leyes laborales, concesionaria Tribasa Chillán-Collipulli, Regiones Octava y Novena. Del diputado señor Acuña, accesos a Huiscapi y Puente Blas Reyes, Novena Región. Ministerio de Agricultura Del diputado señor Kuschel, arbitrio de medidas para reparar daños en la Décima Región. Del diputado señor René García, investigación sumaria en Indap, Novena Región. De los diputados señores Vega, Velasco, Jaramillo, Urrutia, José García, Kuschel, Moreira, Recondo, Bertolino y Acuña, medidas en favor de los pequeños y medianos agricultores deudores de créditos otorgados por Indap. Del diputado señor Sánchez, participación de Indap en el Programa Chile Austral. De los diputados señores Jaramillo, Velasco y Tuma, rotulación de la leche fluida UHT. Ministerio de Bienes Nacionales De los diputados señores José García y Osvaldo Palma, situación de ocupación de terreno ubicado en la Ruta 5 Sur antes de llegar al Río Quepe, provincia de Cautín. Ministerio de Salud Del diputado señor Jaramillo, procedimientos de fiscalización. De los diputados señores Recondo, Jaramillo, Kuschel y Acuña, procedencia de leches utilizadas en el Pnac. De los diputados señores Jaramillo, Velasco y Tuma, programas sobre el ambiente. De los diputados señores Ascencio, Ortiz, Tuma y Ojeda, creación de un Servicio de Salud para las provincias de Chiloé y Palena. De la Corporación, políticas de intervención respecto del maltrato infantil. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Del diputado señor Sánchez, construcción de 17 viviendas sociales en la localidad de Río Tranquilo, comuna de Río Ibáñez; auditoría al Serviu de la Región de Aisén. Del diputado señor Velasco, inversión sectorial provincia de San Antonio, años 1998-1999. Del diputado señor Pablo Galilea, asfalto para calle principal de Villa Cerro Castillo, Undécima Región; programa en la Región de Aisén entre los años 1994 y 1999. Del diputado señor Kuschel, erradicación de campamentos; inundaciones en la Décima Región; alcantarillado comuna de Maullín. Del diputado señor Acuña, Puente Reyes en la localidad de Loncoche. De los diputados señores Ulloa y Ortiz y Comités Parlamentarios de los Partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, pavimentación Avenida Gómez Carreño y otras de Talcahuano. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones De la diputada señora Isabel Allende, funcionamiento de radio ilegal en la comuna de La Pintana. De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Lorenzini, Felipe Letelier, Rincón y diputada señora Antonella Sciaraffia, servicio de Metrotrén a San Fernando. De los diputados señores Mesías, Jaramillo y Ortiz, alza de tarifas de empresas regionales de buses. Del diputado señor Navarro, accidentes ferroviarios; cruces ferroviarios. De los diputados señores Felipe Letelier, Sánchez y Tuma, cruces ferroviarios. De la Corporación, instalación de buzones recolectores de correspondencia y venta de sellos postales en los barrios de las distintas ciudades del país. Ministerio Secretaría General de la Presidencia De los diputados señores Velasco, Jaramillo, Urrutia y Acuña, proyecto que crea la Agencia Chilena del Espacio. Corporación de Fomento de la Producción De los diputados señores Velasco, Gutiérrez, Lorenzini, Mesías y Vilches, financiamiento para pequeñas empresas a través de Corfo. Del diputado señor Kuschel, avance del proyecto de alcantarillado para la ciudad de Maullín. Del diputado señor Navarro, valor otorgado al predio de la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío S.A. en el Valle Nonguén. Banco Central de Chile De los diputados señores Prokurica y García-Huidobro y Comité parlamentario del Partido Renovación Nacional, encuesta de ocupación y desocupación laboral. Consejo Nacional de Televisión Del diputado señor Tuma, cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión. Consejo de Defensa del Estado Del diputado señor Jarpa, presuntas irregularidades en la Sociedad Musical Santa Cecilia, de la ciudad de Chillán. Municipalidad de Penco Del diputado señor Navarro, grifos en la comuna; evacuación de aguas servidas al río Andalién. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (106) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Allende Bussi, Isabel --Arratia Valdebenito, Rafael --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Bustos Ramírez, Juan --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Cornejo Vidaurrázaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Gutiérrez Román, Homero --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Rozas Velásquez, María --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Juan Núñez, Gustavo Alessandri y la diputada señora María Antonieta Saa. Asistieron, además, el ministro Secretario General de Gobierno, señor Carlos Mladinic, y los senadores señores Sergio Páez, Mariano Ruiz-Esquide y Hosaín Sabag. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.37 horas. El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 36ª, 37ª y 38ª de la legislatura 340ª, ordinaria, se declaran aprobadas. El acta de la sesión 39ª de la misma legislatura, queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. IV. CUENTA El señor MONTES (Presidente).- Se va a dar lectura a la Cuenta. El señor LOYOLA (Secretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. DENOMINACIÓN DE “MANUEL BUSTOS HUERTA” A SALA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Cámara, se accederá a la petición de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en orden a denominar “Manuel Bustos Huerta” la Sala en que sesiona. Acordado. (Aplausos). JURAMENTO DE NUEVA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROZAS VELÁSQUEZ. El señor MONTES (Presidente).- De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento, corresponde tomar juramento o promesa a doña María Rozas Velásquez para hacer posible su incorporación a la Sala. Pido al señor Secretario que haga ingresar a doña María Rozas Velásquez. Se suspende la sesión. Transcurrido el tiempo de suspensión: Ingresa a la Sala la diputada electa doña María Rozas Velásquez. El señor MONTES (Presidente).- Se reanuda la sesión. Ruego a los señores diputados y a los presentes en tribunas ponerse de pie. Señora María Rozas Velásquez: “¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política, desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas?”. La señora ROZAS (doña María).- Sí, juro. El señor MONTES (Presidente).- Os declaro incorporada a la Sala de Diputados. (Aplausos). El señor MONTES (Presidente).- Se suspende la sesión. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, señores parlamentarios, compañeros, amigas: Hoy es un día difícil y de dolor para mí, pero también de desafíos y de esperanzas. Desde hace veintidós años, junto con Manuel Bustos, he asumido tareas difíciles, pero hoy, a lo mejor, me toca la más dura: seguir su tarea, seguir su ejemplo. Con humildad, vengo a aprender, a intentar hacer lo mejor posible. No vengo a reemplazar a Manuel Bustos, porque él es irremplazable. (Aplausos). Soy una mujer sindicalista con formación humanista-cristiana y, como lo dije hace unos días, espero que Manuel Bustos nos tenga presente entre las reivindicaciones y el petitorio que está haciendo, y que para enfrentar este desafío me preste nuevamente ahora el piloto que él tenía y que a veces me prestaba: el padre Hurtado. Mis agradecimientos a los colegas del Colegio de Profesores; a mis compañeros de la CUT seguirán siendo “mis compañeros”; a mis padres, presentes en tribunas, y a mi segunda familia, mi Partido, que tomó una decisión que para ellos no resultó fácil y que, sé, también me acompañará en esta difícil tarea. Pido a mis amigos de Renca, Conchalí y Huechuraba que me den la oportunidad de colaborar, ayudar y trabajar con ellos. Como dijo el diputado señor Mulet, voy a seguir la máxima: apretar los dientes y continuar luchando para que la memoria de Manuel Bustos quede fuertemente arraigada en la historia y en los corazones de todos los chilenos. No es posible llevar a cabo esa tarea si no lo hacemos en conjunto. Quiero decir a mis colegas parlamentarios que vengo a aprender, a continuar la misma línea de Manuel: franca, clara, transparente, muchas veces apasionada y con todo el corazón, pero sin ninguna odiosidad. Al igual que Manuel, he pasado momentos muy difíciles en mi vida, pero he aprendido, como católica y cristiana, que si se tiene el corazón limpio, sin rencores, se puede avanzar y crecer. Los trabajadores tienen muchas esperanzas. Espero que nunca más alguien deba pasar, como le ocurrió a Manuel Bustos en su oportunidad y a mí también en este día, por la ignominia de ser considerada persona de segunda clase y tener que renunciar a su condición de dirigente social para optar a un cargo de representación popular. No cabe duda de que ésa será mi primera tarea. Confío en contar con el apoyo de las bancadas para obtener que todos los chilenos sean de primera clase y tengan oportunidad de postular al Parlamento en igualdad de condiciones. Gracias por el apoyo y el cariño que me han brindado. Espero estar a la altura de las circunstancias. (Aplausos). El señor MONTES (Presidente).- Me hago un deber decir a la señora diputada, en nombre de todos los colegas parlamentarios, que la recibimos con mucho cariño en esta Sala. Sabemos que desempeñará muy bien su labor. V. ORDEN DEL DÍA REGULACIÓN DEL DERECHO A VISITA ESTABLECIDO EN LA LEY DE MENORES. Tercer trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que regula el derecho a visita a los hijos sometidos a tuición de uno de los padres. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 1551-18, sesión 31ª, en 17 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 7. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa, referido al derecho de visita a los hijos sometidos a tuición de uno de los padres, vuelve a la Cámara de Diputados para que nos pronunciemos sobre las modificaciones del Senado. El Senado suprimió el artículo 1º aprobado por la Cámara, que modificaba el artículo 227 del Código Civil e incorporó esa materia, con algunos cambios, en la ley de Menores. Lo que habíamos aprobado decía en su inciso final: “Este derecho (de visita) sólo podrá suspenderse por resolución judicial fundada cuando su ejercicio suponga peligro para la integridad física, psíquica o moral del hijo”. La redacción de la Cámara de Diputados limitaba la suspensión de las visitas exclusivamente a la circunstancia de existir peligro para la integridad física, psíquica o moral del hijo. Pero cabe preguntarse, ¿qué sucede en otros casos, como, por ejemplo, si el padre está permanentemente de viaje y el niño no lo puede ver? ¿No podría la madre en tal caso pedir la suspensión de las visitas aun cuando no existiera peligro para la integridad física, psíquica o moral del hijo? En los términos en que está redactada la norma aprobada por la Cámara, ello no sería posible. En la parte final del inciso primero de la redacción propuesta por el Senado, que modifica el artículo 48 de la ley de Menores, se emplea una expresión más amplia. Dice: “Asimismo podrá pedir al tribunal que modifique la regulación (de las visitas) que se haya establecido de común acuerdo o por resolución judicial, si fuere perjudicial para el bienestar del menor”. La legislación moderna, inspirada seguramente en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, emplea el término “interés superior del menor”. En la propuesta del Senado se habla de “bienestar del menor”. En todo caso, es mejor hablar de bienestar del menor que restringir el término a la suspensión de las visitas sólo por peligro para la integridad física, psíquica o moral del hijo. De lo expuesto se desprende que es mejor la modificación del Senado que el texto aprobado por la Cámara. De ahí que nuestra propuesta sea aprobar, en el artículo 1º, la supresión propuesta por el Senado al texto modificatorio del Código Civil y acoger la enmienda de la ley de Menores. En otro orden de materias, se encuentra la modificación introducida por el Senado al artículo 48 de la ley de Menores. La Cámara aprueba un texto y el Senado lo sustituye. No comparto ninguno de los dos criterios en un aspecto. En el texto aprobado por esta Corporación se propone que el derecho de visita sea ejercido por los ascendientes o hermanos del menor, debiendo éstos ser individualizados. En el del Senado, por su parte, se dice que el juez podrá conferir derecho de visitar al menor a los parientes que el juez “individualice”. En otras palabras, en ambos casos se exige la individualización de los parientes que tendrían derecho de visita. Tengo la impresión de que habría sido mucho más lógico decir que podrán ver al menor quienes vivan en la casa de quien tiene derecho de visita. Pongo el ejemplo de un matrimonio que está separado y tiene dos hijos; uno vive con la madre y el otro, con el padre. Si se da derecho de visita al padre, ¿por qué, para que el hijo que vive con la madre pueda ver al hermano que vive con el padre, se requiere que aquél sea individualizado en la correspondiente visita? Mucho más lógico sería decir, simplemente, que tendrán derecho de visita el padre y quienes vivan en la casa de quien tiene el correspondiente derecho. Quizás ésta sea una fórmula de solución en este punto. En consecuencia, si rechazamos la proposición del Senado para modificar el artículo 48 e insistimos en el texto de la Cámara, podríamos resolver el problema en una Comisión Mixta, señalando que tendrán derecho a ver al menor aquellos que vivan en la casa de quien tiene derecho de visita. Por las razones expuestas, estoy de acuerdo con el Senado en la primera modificación propuesta. Sin embargo, no comparto el criterio propuesto tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, respecto de la segunda modificación, aun cuando pienso que se debe insistir en el predicamento establecido por esta Corporación, con el objeto de que la comisión mixta apruebe la disposición en los términos señalados. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Elgueta, cuya intervención sobre el tema quedó interrumpida en la sesión anterior. El señor ELGUETA.- Efectivamente, mi intervención quedó interrumpida por haber llegado la hora de término del Orden del Día. Señor Presidente, lo importante es que el mal llamado “derecho de visita”, hoy derecho de relacionarse, de comunicarse personal y directamente con los hijos, es una norma que data desde la vigencia de nuestro Código Civil. Incluso, la Convención del Niño, tratado internacional ratificado por Chile, habla precisamente del derecho de comunicarse, de relacionarse en forma directa con los hijos, en especial en aquellos casos en que los padres están separados. Concuerdo plenamente con el Senado en la modificación propuesta al artículo 1º, porque en la nueva ley sobre filiación se reemplazó el derecho establecido en el artículo 227 del Código Civil, hoy artículo 229, que señala que “el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo o, en su defecto, con la que el juez estime conveniente para el hijo. “Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente”. Al dictarse la ley Nº 19.585, sobre filiación, se modificó nuestro Código Civil, reemplazando el antiguo derecho de visita en los términos que he mencionado. En el resto de las normas aprobadas por el Senado, no obstante que contienen algunos principios que parecieran justos, me parece que no corresponden a la idea que tuvo su autor diputado señor Silva, cuando presentó el proyecto. Según lo estudiado por la Comisión de Familia, la idea fue que, ante la invocación de uno de los padres que se encuentre separado y que no tenga contacto directo y personal con sus hijos, esta situación se pudiera resolver en forma rápida y sumaria. En consecuencia, esta Cámara estableció que en caso de desacuerdo entre los padres y a petición de cualquiera de los interesados, se podía impetrar al juez este derecho, el cual debe resolver de plano con el solo mérito de los antecedentes expuestos. Respecto de este punto, el Senado propone establecer un juicio especial, en el cual, provisionalmente, se puede aceptar que el padre o madre separado que no tenga la tuición o el cuidado personal del hijo puede comunicarse con él directa y personalmente. Sin embargo, en su esencia, la idea del proyecto era que, existiendo este derecho, el juez pueda resolver rápidamente, de acuerdo con el mérito de los antecedentes expuestos. Si un padre no tiene contacto con sus hijos, no puede esperar que se lleve a cabo el procedimiento que aprobó el Senado. Incluso, modifica las normas sobre los incidentes que, como cuestión accesoria del pleito, son mucho más rápidos que el procedimiento incidental que se propone, porque en éste el plazo del traslado para responder se amplía a cinco días y después se tiene que llevar a cabo una audiencia con el hijo o con los parientes, lo que puede demorar demasiado. Tampoco se señala un lapso en virtud del cual se pueda poner término al litigio entre la persona que tiene el cuidado personal del niño y la que está reclamando este contacto directo o el llamado derecho de visita. Por eso, este proyecto debe ir a Comisión Mixta, a fin de que efectivamente se contemple de plano esta resolución, ya que no es nada más que el reconocimiento de un derecho. Considero también como un avance, aun cuando sujeto al procedimiento incidental, lo propuesto por el Senado en el inciso segundo del artículo 48, en cuanto a que “si se sometiere a decisión judicial la determinación de la persona a quien corresponderá ejercer el cuidado personal del menor, y no se debatiere la forma en la que éste se relacionará con el padre o madre que quede privado de su cuidado personal, la resolución se pronunciará de oficio sobre este punto, con el mérito de los antecedentes que consten en el proceso”. En consecuencia, el derecho de visita o el derecho de contactarse directa y personalmente se va a resolver para las calendas griegas, lo cual es contrario al propósito del proyecto. La disposición más fundamental de esta Cámara fue, precisamente, la que le daba fuerza al proyecto. Las asociaciones de padres separados que no tienen contacto con sus hijos adujeron que suelen pasar semanas, meses y años antes que el juez de menores resuelva sobre el derecho de visita. Por eso, esta Cámara precisó que el juez debe resolver esto de plano, con el solo mérito de los antecedentes que le expongan. Después se verá si verdaderamente hay oposición, y allí vendrá un procedimiento incidental para debatir cómo se va a regular y qué le conviene más al menor; pero este derecho tal como se consagra en el Código Civil modificado existe antes de ser reclamado en el tribunal. En consecuencia, nosotros vamos a aprobar el artículo 1º, porque aquí ya se reformó la ley de filiación, y rechazaremos el resto del procedimiento incidental en los términos propuestos por el Senado, porque altera sustancialmente el propósito del proyecto. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, a mi juicio, las modificaciones introducidas por el Senado a este proyecto, originado en moción de la cual somos coautores con el diputado señor Paya, generan algunas demoras en los juicios. La supresión del artículo 1º del proyecto aprobado por la Cámara parece lógica, puesto que la materia contenida en él está incorporada en la ley de filiación. Dicha disposición cambiaba el concepto de visita, al establecer que ambos padres tienen derecho a mantener relaciones personales y contacto directo, de modo regular, con el hijo separado de uno o de ambos. Pero este concepto tiene relación con el procedimiento que acaba de explicar el diputado señor Elgueta. Ése fue el fundamento principal que tuvimos en cuenta al presentar esta moción: la necesaria agilización de los procesos. Por eso, nosotros consideramos que el denominado derecho de visita debía ser otorgado de plano por el juez, a menos que el menor estuviera en alguna de las situaciones que allí se señalaban. A mi juicio, el procedimiento que propone el Senado hace mucho más engorroso el sistema y no resuelve el problema central que se nos planteó y que originó esta moción: el bien superior del niño, que más allá de la situación en que se encuentren los padres, requiere mantener una relación afectiva permanente con ambos. Desde esa perspectiva, llamo a los colegas a rechazar las modificaciones introducidas por el Senado, a fin de resolver el problema en Comisión Mixta. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, quiero agregar un antecedente a los argumentos dados por los diputados señores Elgueta y Silva, tendientes a rechazar las modificaciones del Senado. Nuestra intención original iba, incluso, mucho más allá de lo aprobado por la Cámara. ¿Por qué? Porque el problema que detectamos es que en muchos casos la lentitud propia del trabajo de los tribunales de justicia se transforma en una causal de rompimiento de los vínculos existentes entre padres e hijos, lo que genera gravísimos problemas familiares y dolor humano y personal. Digo esto, porque cuando un padre separado de sus hijos pedía que se reconociera su derecho a visitarlos, el tribunal tardaba la eternidad que suelen tardar la mayoría de las cosas en este país, y sólo después de un año o de un año y medio determinaba que tenía tal derecho. Entonces, ¿de qué se trata? De que nuestras leyes reconozcan este derecho en términos generales o potenciales, si se quiere. Pero para que este derecho se concrete y sea una realidad, un juez debe determinar en qué consiste. La ley dispone que el padre tendrá derecho de visita, pero el juez debe fijar cuántos días a la semana, las condiciones, el lugar y las horas; mientras el juez no lo determine, en la práctica, tal derecho no existe, es una ilusión. Resulta absolutamente irritante que mientras el tribunal se toma su tiempo pueden ser varios meses para resolver, el derecho de visita no pueda ser ejercido, lo que genera al interior de la familia ya destruida toda clase de lamentables episodios, chantajes, en fin, toda una tragedia, simplemente porque los tribunales demoran uno o dos años en resolver. Entonces, ¿cuál era nuestra intención? Que la ley estableciera en forma básica o elemental, pero específica, en qué consiste el ejercicio del derecho de visita; una norma general que fijara un día a la semana, cuatro horas todos los domingos, seis horas a la semana, etcétera; una disposición que, salvo que existiera una causal especial que justificara privar a los padres de estar en contacto con sus hijos, entrara a regir desde el mismo momento en que acontece la separación. Ahora, si alguien quisiera revertir la norma general, tendría que solicitar la intervención de un juez, a través de un proceso judicial rápido y sumario. Por desgracia, ese propósito no se logró en la Cámara, lo que, como lo dije cuando despachamos la iniciativa, no nos dejó satisfechos. Entiendo que hay tradiciones jurídicas cuyo único mérito es su antigüedad; pero cuando uno observa sus consecuencias prácticas, se da cuenta de que producen dolor y sufrimiento sin sentido. Creo que no cuesta mucho dejar volar la imaginación y modificar la forma en que, tradicionalmente, se hacen las cosas, sobre todo cuando está de por medio la relación entre hijos y padres. Las modificaciones del Senado disminuyen aún más la posibilidad de que el derecho de visita se materialice o se ejerza en forma efectiva. Lo que está en discusión no es que, debido a que existe tendencia a la violencia o algún otro hecho anormal, deberíamos pensar en cómo limitar las relaciones entre los padres separados y sus hijos. Lo que el proyecto aborda es el problema que se genera con los padres que tienen relaciones absolutamente normales con sus hijos, cuya única culpa es haber roto el vínculo matrimonial, y que hoy deben esperar meses y años para ejercer su derecho de visita. Como no está regulado por la ley, mientras el juez no lo haga efectivo, ese derecho prácticamente no existe. De manera que si bien la iniciativa original no me dejaba satisfecho del todo, es evidente que con las modificaciones del Senado quedó peor. Por esa razón voy a votar en contra de ellas para ver la posibilidad de mejorar la iniciativa en Comisión Mixta. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Cerrado el debate. El señor ROCHA.- Señor Presidente, ¿no existe la posibilidad de hacer uso de la palabra? El señor MONTES (Presidente).- No hay más inscritos, señor diputado. El señor ROCHA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ROCHA.- Señor Presidente, la primera reflexión que sugiere el estudio de las modificaciones es que, en realidad, no existe una comprensión acabada y clara de la materia. Aquí estamos hablando de menores, de seres frágiles y delicados que no pueden estar expuestos a las ritualidades de juicios que, a veces, pueden eternizarse. En realidad, llama la atención la falta de comprensión del Senado sobre el alcance de esta iniciativa. Al leer el artículo que se refiere a las normas procesales que deben regir para este caso, podemos comprobar que no se comprende en absoluto la materia que se está tratando. Basta con leer, por ejemplo, lo relativo al pliego de absolución de posiciones documento en el cual están contenidas las preguntas o posiciones, como se les llama que debe contestar la otra parte, respecto del cual se establece un plazo que resulta curioso: debe entregarse al tribunal al momento de iniciarse la audiencia. Ello implica que, de no cumplirse exactamente con esa exigencia procesal, podría originarse un incidente que dilataría el juicio. Cada uno de los trámites pormenorizados por el Senado, indiscutiblemente, hacen pensar que el asunto se está tratando como una cuestión de derecho común y no de una relativa a menores, la que insisto exige un tratamiento absolutamente diferente y, por supuesto, mucho más delicado, como decía. En consecuencia, procedería rechazar el criterio del Senado, a fin de que una Comisión Mixta resuelva definitivamente este problema, que, como lo he dicho, parece que no fue entendido cabalmente por el Senado. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en verdad, estamos frente no sólo a modificaciones del Senado, sino, en la práctica, a un nuevo proyecto de ley, en el cual se pasa por alto el espíritu de lo aprobado por la Cámara. El proyecto establecía condiciones para evitar las arbitrariedades que aquí se han mencionado. Expresamente se ha señalado cómo esas arbitrariedades se dan en muchos casos, algunos extraordinariamente dramáticos, en donde la oposición de uno de los progenitores ha impedido la visita o el encuentro del otro con sus hijos, generando condiciones realmente increíbles e inconcebibles en las relaciones familiares, aun cuando los cónyuges se encuentren separados. La bancada socialista rechazará las modificaciones del Senado para restablecer tanto el espíritu de lo sancionado por la Cámara de Diputados, como el sentido correcto que, en su análisis previo, le dieron los autores del proyecto. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Se sugiere realizar dos votaciones: votar en primer lugar el artículo 1º y, en segundo lugar, el resto de las modificaciones. ¿Habría acuerdo para proceder de esta manera? Acordado. En votación la modificación del Senado al artículo 1º, que lo suprime. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Ávila, Bartolucci, Bustos, Caminondo, Ceroni, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Krauss, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Monge, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don José), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Salas, Silva, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votó por la negativa el diputado señor Orpis. El señor MONTES (Presidente).- En votación el resto de las modificaciones. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 51 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Rechazadas. Despachado el proyecto. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Bartolucci, Bustos, Ceroni, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Jeame Barrueto, Krauss, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Monge, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Paya, Pérez (don José), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Silva, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Se abstuvieron los diputados señores: Ibáñez y Palma (don Osvaldo). El señor MONTES (Presidente).- Saludamos a la delegación de dirigentes de la Unión Intercomunal de Clubes de Huasos de Ñuble, quienes se encuentran en las tribunas. (Aplausos). NORMATIVA SOBRE PROYECTOS MODIFICATORIOS DE DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. Primer trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- Corresponde conocer el proyecto, iniciado en moción, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre despacho de proyectos de ley modificatorios de disposiciones vigentes. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Krauss. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 2375-07, sesión 25ª, en 4 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 6. -Informe de la Comisión de Constitución, sesión 40ª, en 14 de septiembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 10. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, informo el proyecto de ley, originado en una moción suscrita por los diputados señores Cardemil, Coloma, Aldo Cornejo, Elgueta, María Pía Guzmán, Huenchumilla, Luksic, Riveros, Laura Soto y el diputado que habla, por el cual se dictan normas acerca de la tramitación y despacho de proyectos de ley que introduzcan modificaciones, sustituciones o reemplazos parciales a normativas vigentes. Sobre esta materia, sólo haré referencia a las ideas esenciales. Tanto en las propuestas y trámites legislativos como en la publicación de esta clase de leyes no existe norma específica alguna, razón por la cual es común que se despachen estos proyectos en términos que resultan, lisa y llanamente, inentendibles para un simple lector, quien, para su adecuada comprensión, debe recurrir al texto modificado, el cual también adolece de imperfecciones o imprecisiones formales, por lo que es necesario hacer una especie de reenvío, en virtud de lo cual para entender la norma dictada por el legislador, prácticamente, es necesario colmatar los escritorios del analista. Es usual que se dicten leyes que reemplazan palabras o signos ortográficos, cuyo alcance, dictado en esos términos, es imposible determinar si no se cotejan los textos modificados con los modificatorios, elementos que, por supuesto, no se encuentran al alcance de todos, y en muchos casos ni siquiera de los profesionales del derecho. En el Diario Oficial se observan reiterados casos en los que el legislador, por ejemplo, ha dispuesto reemplazar la conjunción “y” por una coma (,), y ha agregado, también a título ejemplar, “sin perjuicio de los derechos constituidos”, norma que así transcrita, publicada y ordenada cumplir, es absolutamente inentendible; y no la comprende ni la perspicacia de un clarividente, pues, aunque el sentido de la ley es claro, su interpretación, lisa y llanamente, no tiene espacio. Los autores de la moción en análisis hemos considerado que esta situación, real y de común ocurrencia, afecta a uno de los atributos esenciales que debe caracterizar a la ley, a la cual le asignamos, en el texto de la moción, con razón, el carácter de acto jurídico fundacional del estado de derecho. Sólo si la ley es cierta, clara y precisa, resulta racionalmente admisible el principio de presunción de su conocimiento, principio esencial recogido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 8º del Código Civil, que no permite alegar ignorancia de la ley después que ha entrado en vigencia. ¿Qué conocimiento razonable puede tener el ciudadano que lee una norma dictada en la forma a que he hecho alusión? El principio de conocimiento de la ley fundamenta el hecho de que el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe. Pese a ello, alguien podría alegar en su defensa ignorancia de la ley por no entenderla cuando ha sido modificada en los términos señalados. Este principio de conocimiento de la ley, como elemento sustentante del ordenamiento jurídico, se reitera no sólo en el Código Civil portada de nuestro sistema jurídico, sino también en materia de posesión y dominio, en los vicios de consentimiento, en el pago de lo debido, y se reitera también, en general, en todo nuestro ordenamiento civil y específicamente, como norma expresa, en los campos del derecho mercantil y penal. Para que la majestad y el imperio de la ley sean aplicables, se requiere que ella sea entendible, que se baste a sí misma, que sea formalmente indubitable, que no se preste a especulaciones. Para alcanzar esos propósitos, el proyecto en informe dispone que en todas las etapas del proceso formador de la ley, desde su proposición ante el Congreso Nacional, sea como mensaje del Ejecutivo, en su condición de colegislador, o como moción de diputados o senadores, en el ejercicio de la facultad esencial radicada en el Parlamento, hasta su publicación, se contemple y establezca en cada uno de sus trámites el texto de la norma que, habida consideración de la modificación que se sugiere o que se apruebe, tenga eventualmente la ley modificada o reemplazada. Ese mismo texto eventual deberá ser incluido en los informes emitidos por las comisiones en ambas ramas, en los oficios de transcripción entre las cámaras, de origen y revisora, así como en los que la cámara de origen debe comunicar su despacho al Presidente de la República para su posterior promulgación o para el eventual veto. Por último, en la publicación de la ley en el Diario Oficial, requisito para que la ley sea efectivamente conocida por todos, se consignará asimismo el nuevo texto de la norma modificada o sustituida. La Comisión estimó que esta iniciativa, que es tremendamente simple, por tratarse de una cuestión relacionada con la tramitación interna de la ley, atendido lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política, debía incorporarse en la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Así lo hizo, ubicándola como un artículo nuevo el número 57, el último de los permanentes de nuestra ley orgánica. El proyecto de ley en debate pretende, básicamente, un perfeccionamiento formal de la técnica legislativa. Con todo, esta mera modificación formal facilitará la relación entre el Poder Legislativo y la sociedad, de cuya confianza el Congreso Nacional y el Ejecutivo son depositarios. La ley, entonces, mandará, prohibirá o permitirá, sin que nadie tenga dudas acerca de lo que mandata, prohíbe o licencia. El proyecto en informe fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de la Comisión, y esperamos que esta Sala adopte igual pronunciamiento. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, quiero solicitar que votemos el proyecto sin debate, porque creo que se explica por sí mismo. Felicito a los autores por su moción, especialmente al diputado Krauss, que hizo la redacción e invitó a los demás diputados a firmarlo. Como sus bondades y conveniencia se explican por sí solas, bien podríamos votarlo sin debate. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, aparte de lo expresado por el diputado señor Krauss, que es el autor del proyecto, quiero señalar que nos da placer hasta literario, ver que la ley se perfeccione, que se use el correcto léxico castellano y que para los profanos se aclare esa especie de criptografía que es actualmente el Diario Oficial, porque, de lo contrario, estaremos como en la época de los faraones, cuando sólo algunos conocían las cuatro operaciones y sabían leer y escribir: los sacerdotes egipcios. La escritora Agatha Christie señalaba en una novela ambientada en la época de los faraones, que esa ignorancia del pueblo era conveniente porque si aprendía a leer y a escribir y sabía los secretos de las operaciones matemáticas, ya no iba a sembrar fanegas de trigo, sino que lo escribiría en un papiro solamente; es decir, iba a querer realizar sólo el trabajo intelectual. Acá se trata de que la mayoría de los chilenos que están sujetos a esta presunción de conocimiento de la ley, verdaderamente la entiendan, y cuando se presenten los proyectos, al comparar el texto actual con el propuesto, todas las personas comprendan perfectamente las ideas y manifiesten su acuerdo o desacuerdo con lo que se propuso. De esta manera, se ahorrará también ese tedioso trabajo que a veces debe realizar la Contraloría General de la República, o el Presidente de la República a través de sus asesores, cuando le otorgamos la facultad para refundir las normas que en ocasiones consisten en meros puntos seguido o aparte, poner determinadas comas e insertar una palabra, para que un tiempo después tengamos el texto completo. Me parece muy adecuado este proyecto, porque va a ordenar, aclarar y facilitar el conocimiento de la ley y el acceso a esta importante información legislativa hasta al más modesto de los ciudadanos. Por ello, votaremos favorablemente este proyecto de ley que hemos impulsado con el diputado Krauss. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor presidente, me adhiero a lo ya señalado respecto del proyecto, que tiene muchas bondades. El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. ¿Habría acuerdo para votar el proyecto al final del Orden del Día? Acordado. Con posterioridad, el proyecto se despachó en los siguientes términos: El señor MONTES (Presidente).- Corresponde votar el proyecto que establece normas sobre despacho de proyectos de ley modificatorios de disposiciones vigentes, que contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Aprobado. Si le parece a la Sala, se aprobará en particular con el mismo quórum por no haber sido objeto de indicaciones. Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Mesías, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rojas, Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Primer trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley orgánica de enseñanza y otras normas, con el fin de prohibir prácticas discriminatorias. Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Gutiérrez. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 2252-04, sesión 5ª, en 15 de octubre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 3. -Informe de la Comisión de Educación, sesión 1ª, en 5 de octubre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 25. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto que modifica la ley orgánica de enseñanza para prohibir prácticas discriminatorias, originado en moción de la diputada señora María Antonieta Saa y de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Juan Bustos, Antonio Leal, Carlos Montes y Andrés Palma. El proyecto se refiere a las prácticas discriminatorias existentes en los establecimientos educacionales, municipales y subvencionados. El objetivo central de la iniciativa, como ya se ha señalado, consiste en modificar la ley orgánica constitucional de enseñanza para prohibir las prácticas discriminatorias en contra de los estudiantes de un establecimiento educacional que reciba, directa o indirectamente, financiamiento fiscal. Entre los antecedentes del proyecto cabe destacar el hecho de que en los últimos años se ha producido un notable incremento de una serie de situaciones que perjudican a jóvenes estudiantes, quienes se han visto discriminados por diversos motivos: el aspecto externo, el rendimiento académico, la situación económica, el padecimiento de alguna enfermedad o discapacidad, el estado de gravidez de las alumnas e, incluso, las manifestaciones de afecto entre personas de distinto sexo. Los autores del proyecto señalan que este fenómeno ha ido en aumento, cosa que la mayoría de los diputados ha podido constatar. Las situaciones se patentizan en prácticas como la negación de matrícula sin causa justificada, la retención de documentos, la cancelación de matrículas, la suspensión de clases, la expulsión del establecimiento y otras que no sólo lesionarían la integridad y personalidad de los jóvenes, sino que violentarían una serie de disposiciones constitucionales y legales. Agregan que respetan el derecho de los establecimientos a fijar sus propias reglas en virtud del principio de la libertad de enseñanza garantizado por la Constitución, pero no parece aceptable que establecimientos que reciben financiamiento fiscal o subvención efectúen prácticas discriminatorias en perjuicio de sus estudiantes. Para los patrocinantes de la iniciativa, estos establecimientos son esencialmente subvencionados y, por lo mismo, colaboradores de la función educacional del Estado, debiendo sujetarse a las orientaciones que éste les imparte. Más adelante, los patrocinantes detallan cada una de las situaciones de mayor discriminación que afectan a los estudiantes, entre ellas, el rendimiento académico, que se concreta particularmente por la vía de negar la matrícula a quienes exhiben un promedio de notas inferior a determinado nivel, llegándose incluso a prohibir la continuidad en el establecimiento a los alumnos que deben repetir curso. Estiman inaceptable esta práctica que, a mayor abundamiento, permite a los establecimientos demostrar excelencia académica, cuestión que no parece difícil si sólo se admiten estudiantes con elevados promedios de notas. Es importante destacar este punto, por cuanto esta práctica se ha ido incrementando notablemente. Hay establecimientos que exigen a quienes desean ingresar un promedio entre el 6,4 y el 6,7, y luego se muestran muy orgullosos del alto rendimiento académico que exhiben. Respecto de la discriminación por razones económicas, señalan que estas prácticas se producen no obstante la expresa prohibición contenida en la letra d) del artículo 6º de la ley de subvenciones, cuyo inciso segundo impide a los sostenedores cancelar la matrícula, suspender o expulsar a los alumnos durante el transcurso del año escolar por causales derivadas exclusivamente de la situación socioeconómica de éstos o de su rendimiento académico. Las formas que adopta este tipo de discriminación se plasmarían en medidas como la negación de matrícula, retención de documentos, o bien, maltratos de índole sicológico que infligen humillaciones al estudiante. En cuanto a la situación producida por estados de gravidez de alumnas, señalan que los datos estadísticos indican que entre el 60 y el 70 por ciento de las menores aún permanecía en los establecimientos educacionales al quedar embarazadas y que una vez producido el parto, sólo un 5 por ciento reanudaba sus estudios. El resto comenzaba a trabajar en muy precarias condiciones, dada su escasa escolaridad o pasaba a depender de otro por no poder sostenerse con su hijo. Agregan que tan alto nivel de deserción incrementa el llamado círculo vicioso de la pobreza, por cuanto esa madre, dada su carencia de estudios, se ve impedida de encontrar un trabajo mejor remunerado que le permita, a su vez, educar bien a su hijo. Por una circular de 1979 del Ministerio de Educación, se dispuso que el jefe del establecimiento educacional podría autorizar a estas alumnas ausentarse del colegio mientras durara el proceso de maternidad, permitiéndoles presentarse a las pruebas finales de año, debiendo al siguiente continuar sus estudios en un establecimiento vespertino o nocturno. Esta circular, que consagraba en la práctica una actitud discriminatoria, fue reemplazada por la circular Nº 247, de 1991, que permite a las madres continuar sus estudios en el mismo establecimiento o en otros, ya sean diurnos, vespertinos o nocturnos, pero deja a criterio de la comunidad escolar determinar si se podrán reanudar los estudios en el mismo colegio o escuela. Estiman los patrocinantes que esta circular podrá suscitar un mayor respeto y, por ende, será más efectiva si se consagra en la ley la prohibición de discriminar, toda vez que el incumplimiento dará lugar a sanciones. En lo que se refiere a la discriminación en razón del aspecto físico de los educandos, es decir, cabello largo, uso de adornos o vestimentas especiales, estiman los patrocinantes que afecta la garantía constitucional del respeto y protección a la vida privada, consagrada en el Nº 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Citan, asimismo, la Declaración de los derechos del niño, la que en su principio Nº 7 establece que éstos tienen derecho a recibir una educación gratuita y obligatoria a lo menos en las etapas elementales, que esta educación deberá favorecer su cultura general y desarrollar sus aptitudes en condiciones de igualdad, debiendo ser el interés superior de los niños el principio rector de quienes tienen a su cargo su educación y orientación, responsabilidad que incumbe en primer lugar a los padres. Del mismo modo, respaldan sus opiniones en un fallo muy importante de la corte de apelaciones de Valdivia, la que al pronunciarse sobre un recurso de protección presentado por un apoderado en favor de su pupilo a quien se prohibía el uso del pelo largo en el colegio, lo acogió señalando, entre otros argumentos, que de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de la educación por parte de los educadores debe enmarcarse dentro de lineamientos básicos de orden técnico-pedagógico a fin de cumplir el elevado objetivo que les ha sido encomendado, resultando idónea a tal propósito cualquier exigencia que apunte a una mejor organización del establecimiento en cuanto a horarios, comportamiento y conductas, pero en lo que se refiere a respetar ciertas convenciones sociales o modas, “aparece intrascendente y del todo ajeno al fin perseguido por la educación, porque tales convenciones sociales o modas corresponden evidentemente a la vida privada de los individuos y atendida la edad y la condición de educandos de los menores afectados, son de responsabilidad de sus padres...”. La parte final de la cita señala que “la moda en verdad no parece ser parte del cometido educacional de acuerdo con lo analizado”. Por último, los patrocinantes sostienen que el contenido de este fallo expresa con claridad el ámbito de acción de los educadores y el espacio que necesariamente debe tener la familia en la formación de los menores. Finalmente, en lo que se refiere a la discriminación en razón de alguna discapacidad o enfermedad, señalan que los estudiantes que sufren, por ejemplo, de cáncer o padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, suelen ser objeto de negativa de ingreso en los colegios, porque afectaría la imagen del establecimiento, o bien, porque éste carece de capacidad para la atención de alguna emergencia que pudiera producirse con ocasión de la enfermedad. Como textos de respaldo y fundamento del proyecto, el informe cita la Declaración de los derechos del niño y los artículos correspondientes de la Constitución Política y de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de enseñanza. En cuanto a la discusión del proyecto, en la Comisión hubo mayoría para prestarle su respaldo y aprobación. En síntesis, modifica dos textos legales. Por el artículo 1º, intercala los incisos segundo y tercero en el artículo 6º de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de enseñanza, que establecen lo siguiente: “Ningún establecimiento educacional podrá realizar actos o prácticas discriminatorios en perjuicio de sus alumnos. Se considerarán como tales, entre otros, los que se funden en el aspecto físico del alumno o alumna, en el embarazo de ésta, en alguna enfermedad o discapacidad que éste o ésta padezcan, en el rendimiento académico o en la capacidad económica de sus familias. “No se permitirá discriminación alguna en el ingreso a los establecimientos municipales y particulares subvencionados”. El artículo 2º modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de l998, denominado “ley de subvenciones”, para agregar a la letra d) del artículo 6º, lo siguiente: “Dicho reglamento no podrá contener normas que autoricen o permitan la realización de actos o prácticas discriminatorios en perjuicio de los alumnos. Se considerarán actos de esta naturaleza, entre otros, los que se funden en el aspecto físico del alumno o alumna, en el embarazo de ésta, en alguna enfermedad o discapacidad que éste o ésta padezcan, en el rendimiento académico o en la capacidad económica de sus familias”. La Comisión de Educación aprobó el proyecto, pues corrige malas prácticas que se han introducido en nuestro sistema de enseñanza municipal y subvencionado, y recomienda a la Sala proceder de igual forma. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Se cita a reunión de Comités a las 12.15 horas, en la Sala de Lectura. En discusión en general el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, por desgracia es necesario abordar esta materia, porque en nuestro país subsisten, en ciertos segmentos, prácticas culturales discriminatorias. En una sociedad donde éstas no existen, resulta innecesario prohibirlas por ley. Por ende, el objeto del proyecto consiste en garantizar derechos consagrados, entre otras, en la Convención de derechos del niño y garantizados en nuestra Constitución Política, pues por vacíos en la ley orgánica constitucional de educación existen, de hecho, en reglamentos de establecimientos educacionales, normas y prácticas que llevan a actos que discriminan contra los alumnos. Aparte de garantizar tales derechos, la iniciativa pretende avanzar, sobre la base de que la diversidad es sana y no mala para la sociedad, en la defensa de los cientos de miles de menores de edad que enfrentan situaciones de discriminación. Con la presentación de esta iniciativa hemos querido llamar la atención en cuanto a que si no se atajan pronto los actos discriminatorios que se practican en los distintos establecimientos educacionales, pueden seguir generando reacciones que no son las más adecuadas. Se ha puesto como intención que en ningún establecimiento educacional se efectúen actos o prácticas discriminatorios en perjuicio de sus alumnos. Con posterioridad, haré una precisión respecto de este enunciado, sobre la diferencia que es necesario hacer entre los establecimientos que reciben fondos públicos, o sea, los particulares subvencionados y los municipales versus los privados. Pero, como norma general, ninguno debe realizar actos o prácticas discriminatorios arbitrarios en perjuicio de sus alumnos. Se hace una enumeración, no necesariamente taxativa, pero que permite dejar en claro que no corresponde ejercer ciertas prácticas. En nuestro país, a diario se ven discriminaciones, por ejemplo, por razones físicas. Son las primeras que debemos garantizar que no ocurran más, pues no corresponde que a un alumno lo discriminen del sistema educacional por ser discapacitado o porque sufre algún tipo de patología. Hemos visto situaciones inaceptables en el caso de niños con leucemia, que han sido rechazados en establecimientos educacionales; lo mismo sucede con niños con hemofilia, quienes no son aceptados en los colegios bajo la excusa de que hay que protegerlos. La política pública debe ser de integración de las personas que sufren discapacidades de diferente tipo o ciertas enfermedades que incluso pueden ser de naturaleza crónica, en el entendido, por cierto, de que los primeros interesados en cuidar la salud de los hijos son sus padres. En segundo término, es obvio que no debe haber discriminaciones por razones físicas. Aquí, ni al que habla ni al diputado señor Andrés Palma nos pueden echar por tener el pelo largo. Es absurdo que en los colegios del país se aplique ese criterio, más aún cuando la Constitución dice que las personas tienen los mismos derechos. Quiero saber a qué mujer la echan de un colegio por tener el pelo corto. Ahí hay un sesgo cultural que uno puede compartir en un sentido u otro, pero ningún establecimiento puede discriminar contra una persona por su naturaleza física. Hoy es el pelo; mañana será el color de la tez, y pasado mañana, el peso. A sugerencia de un colega, es necesario explicitar la situación del embarazo. La circular Nº 247 no sirve, a pesar de su buena intención, porque no es suficiente para obligar a los directores de establecimientos a no discriminar a las alumnas que quedan embarazadas durante su vida escolar. No abordar este problema lleva a dos prácticas, y aquí debemos evitar caer en la hipocresía. La cantidad de abortos en el país es escandalosa, entre 160 mil y 200 mil al año, según autoridades del Colegio Médico. La gran mayoría se debe a embarazos no deseados. Cuando la sociedad atenta contra la maternidad de diferentes formas una de ellas es la mencionada, damos pie a prácticas que no nos gustan. La forma de evitarlas es no discriminar a las alumnas, lo cual se puede establecer por ley. No conozco ningún liceo que haya echado a un joven que haya dejado embarazada a una niña porque será padre; sólo a las mujeres les ponen esta cortapisa. A ello se suma la necesidad de fijar un criterio sobre la materia. Por otra parte, no se puede discriminar a una niña embarazada por no cumplir el requisito de asistencia. Sin embargo, se las echa por ello. Debemos establecer en las normas y reglamentos que fluirán de esta iniciativa de ley que esas niñas podrán dar las pruebas a final de año. En base al rendimiento, demostremos que la sociedad quiere proteger a las futuras madres y cuidar a los niños que van a nacer. Asimismo, es preciso evitar la discriminación por razones económicas, las cuales son obvias en los colegios particulares subvencionados y en los que reciben fondos municipales, más aún en nuestro país, donde se ha impuesto la lógica del financiamiento compartido, que es voluntario y no se le puede imponer a ninguna familia. Ése fue el criterio para aprobar en este Congreso la disposición correspondiente. No puede ser que a los alumnos les retengan las notas y no les permitan dar exámenes porque sus familias no quieren participar en el financiamiento compartido o debido a que, por razones ajenas a su voluntad, no tienen la capacidad económica para pagar una colegiatura u otras cosas que se soliciten en forma voluntaria. De la misma manera, no se puede echar por su rendimiento escolar a un niño que tenga un ritmo de aprendizaje distinto del promedio, porque el establecimiento esté interesado en conseguir un puntaje Simce de una naturaleza u otra. Lo fundamental del proceso educativo es entender que todos los seres humanos somos distintos, con diferentes ritmos de aprendizaje, y necesitamos que la ley garantice el derecho de una persona a aprender, a educarse y a avanzar en la sociedad. El proyecto de ley que estamos proponiendo apunta, sobre todo, a garantizar los derechos de los educandos. Por último, quiero destacar que la moción propuesta no impone a los colegios particulares que no reciben fondos públicos la obligación de aceptar códigos valóricos que no compartan. Es importante señalarlo, y si hay dudas sobre el particular, disipémoslas en el segundo trámite. Entiendo perfectamente que un colegio particular, con cierta opción religiosa o filosófica, exija en su reglamento que en esas materias el educando sea parte de esa comunidad. De la misma forma, comprendo que aquí no están ni nunca han estado en discusión los criterios de disciplina de parte de los alumnos. Todos comparten criterios de orden y de disciplina, pero en colegios particulares no se puede discriminar por razones físicas entre hombres y mujeres, por el pelo, por el embarazo, por la enfermedad, por la discapacidad, ni tampoco por razones de ritmo de rendimiento ni de situación económica de las familias. En atención a estas razones, hemos presentado esta moción, y pido a mis colegas tener la voluntad de aprobarla en general. Sabemos que debemos perfeccionarla, como un reconocimiento de la votación en general, en cuanto a que el Congreso Nacional cree en la necesidad de garantizar que Chile es un país tolerante, donde se aseguran los derechos a los jóvenes, a los niños y a todos los ciudadanos. He dicho. (Aplausos). El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente el proyecto que hoy nos ocupa es de especial preocupación para quienes tenemos alguna incidencia en el desarrollo del país, no sólo por las normas que podremos elaborar, sino fundamentalmente por las señales que entregamos a la comunidad a través de las ideas y propuestas que van surgiendo en nuestras discusiones y debates. En ese orden de ideas, uno de los desafíos permanentes más importantes que tenemos es avanzar hacia una sociedad cada día más integrada, madura y tolerante, donde cada uno de sus habitantes tenga mayor grado de responsabilidad en su actuar, sin necesidad de recurrir siempre al establecimiento de normas o de reglas. Eso es parte consustancial de una sociedad libre. Para ello, es indispensable desarrollar un proceso formativo que nos lleve a tener la convicción de los beneficios que reporta una sociedad con esas características, precisamente porque las actitudes y conductas son modificables. De allí que, más allá de ciertas reservas que uno pudiera tener con el proyecto en cuestión, el solo hecho de situar el tema de la discriminación en la discusión es fundamental si aspiramos a contar con una comunidad verdaderamente democrática. Profundizaremos nuestra democracia sólo si formamos y educamos para ella; de lo contrario, tendremos una democracia acotada exclusivamente desde una perspectiva electoral y no por un estilo de vida que nos haga respetar y valorar la diversidad, compatibilizar las distintas visiones y compartir las diferencias. En definitiva, desarrollar una de las virtudes más valiosas de todo grupo humano maduro y responsable: la tolerancia. Sin ella, no hay libertad ni progreso, porque se pierde la riqueza humana potencialmente presente en cada persona. De allí que la educación y la institución que formalmente educa, a través de sus profesores y de los funcionarios que la integran, tenga en sus manos una gran responsabilidad, principalmente por las características del sujeto receptor de sus enseñanzas, el niño o el joven, y por lo delicado de la misma, en el sentido de que con su acción van entregando principios y valores que el alumno replica en su medio y en las relaciones inmediatas que establece con otras personas. Si allí no se es precisamente cuidadoso o se dan señales en algún grado discriminatorias, mal podemos exigir comportamientos socialmente correctos o adecuados. Sólo será posible conseguir una cultura de paz y tolerancia si se educa a los futuros ciudadanos en la integración, el respeto y la valoración de las diferencias; si ellos tienen oportunidad de conocer y convivir con personas que presentan dificultades, situaciones y modos de vida distintos y establecen lazos de cooperación y solidaridad que beneficien y enriquezcan a todos. Comparto la importancia de que el establecimiento defina, en su proyecto educativo, las características del alumno que desea recibir, pero también es propio de los padres tener libertad para matricular a su hijo en la unidad educativa que mejor responda a su visión de vida. Eso es respetable y sano. Pero igualmente relevante es decir que aquello no puede ir en contra de los principios superiores emanados de nuestra Constitución Política, de los tratados y reglamentos suscritos por el país y, en definitiva, de los que pugnan con la razón y la sana convivencia a que aspiramos como sociedad. Al respecto, recuerdo el principio rector del marco de acción de la Conferencia Mundial sobre necesidades especiales, realizada en Salamanca, España, en 1994, que señala la importancia de que las escuelas acojan a todos los niños, sin considerar sus condiciones personales, culturales o sociales, sean discapacitados o bien dotados, de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales. En un estudio de la Organización Económica para el Desarrollo y la Cooperación sobre integración de niños con necesidades educativas especiales, realizado en 1995, se recuerda que diferentes investigaciones han demostrado que los niños con discapacidad pueden obtener mejores resultados en escuelas integradas, aunque a veces muestran problemas de autoestima, y que la enseñanza segregada no ofrece las ventajas que cabría esperar. Hasta hace poco, se hablaba con propiedad de niños educables y no educables, o con posibilidades de aprender o sin ellas; sin embargo, hoy en día nadie duda de que todos los niños, incluso los con mayores déficit de aprendizaje, pueden lograr un rendimiento académico aceptable, es decir, son plenamente educables. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, le ruego que me disculpe por interrumpirlo, pero debo solicitar a los integrantes de los Comités que asistan a una reunión extraordinaria que comenzará en dos minutos más en la Sala de Lectura. Puede continuar su Señoría. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Gracias, señor Presidente. El éxito en el aprendizaje está muy relacionado con el autoconcepto y la autoestima, de tal forma que aquellos alumnos que tienen un alto nivel de autoestima consiguen mejores resultados. Pero ¿qué ocurre con aquellos que fracasan? El autoconcepto se aprende. El niño se va formando una representación de sí mismo a través de las percepciones, actitudes y comentarios descalificadores que implican situaciones comparativas entre los alumnos. No se deben valorar sólo los resultados, sino también el proceso y el esfuerzo. Lamentablemente, hemos visto en este último tiempo, debido a que estamos inmersos en una cultura absolutamente exagerada y competitiva, que indicadores como el Simce o la prueba de aptitud académica han transformado a la escuela o al liceo en un lugar donde lo principal ya no es el proceso, sino el resultado final, que es lo que interesa. En ese esquema, es práctica habitual de algunos colegios hacer faltar a los alumnos o eliminar a quienes no tienen un rendimiento adecuado. Debe quedar claro que esta realidad en absoluto es atribuible a los profesores, por cuanto es la resultante de un ambiente donde todos tenemos algún grado de incidencia, que es vital modificar, además de bajar el perfil al tema de las mediciones y dar el sentido que verdaderamente tienen como elementos para conocer el estado de la enseñanza en un momento dado, con el objeto de reforzar y acelerar, cuando corresponda, el ritmo de aprendizaje o buscar nuevas estrategias. De lo contrario, tendremos más alumnos estresados y familias angustiadas, como lo han graficado recientemente especialistas e investigadores. Señor Presidente, como lo expresé al inicio de mi intervención, creo que todos tenemos algo que decir y aportar en relación con esta materia, más aún cuando compartimos lo que dicen quienes hablan de una supuesta crisis ética de la sociedad contemporánea, la que, en mi opinión, no es, ni más ni menos, que otra etapa de la vida de la humanidad, que revela problemas, muchos de los cuales son graves. De allí que los establecimientos educacionales deban poner un énfasis primordial en los aspectos valóricos y formativos, más allá de los meros rendimientos académicos, los que, aun cuando son importantes, no pueden, en caso alguno, ser la razón de existir de una unidad educativa. En este sentido, comparto la opinión del rector y Premio Nacional de Educación don Hugo Montes, quien, en una entrevista realizada a raíz del premio otorgado en 1995, expresó que es positivo escoger un alumnado que responda al proyecto educativo, pero que el mismo no puede tender simplemente a una puntuación alta a tal o a cual prueba. De las materias consideradas por los colegas autores del proyecto, la única que me presenta dudas es la relacionada con el aspecto físico, en lo tocante al uso del cabello largo y de adornos, tal vez porque lo observo desde una perspectiva distinta. Por cierto que no tengo absolutamente nada en contra, por cuanto considero que las personas se deben valorar por razones de fondo. Pero en una etapa tan sensible como la niñez o la adolescencia, en particular, en la cual es necesario disciplinar y formar hábitos, probablemente sea más adecuado definir con claridad ciertas normas. En todo caso, me gustaría escuchar la opinión de los maestros sobre esta materia, aunque sea de competencia de los padres. Señor Presidente, concluyo manifestando mi apoyo a la idea de legislar y expresando que no es sano separar el mundo real de la escuela, a la que debemos entender como un componente más del mundo real. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, sin duda, merecen especial felicitación los distinguidos colegas que presentaron esta moción, es decir, los diputados señores Juan Pablo Letelier, María Antonieta Saa, Juan Bustos, Antonio Leal, Carlos Montes y Andrés Palma. También debemos agradecer el informe entregado a esta Sala por el diputado señor Homero Gutiérrez, en relación con esta moción. Desgraciadamente, esta Cámara debe discutir el tema de la discriminación de nuestros niños en la enseñanza básica, media y universitaria, en las postrimerías del siglo XX y, lo que es peor, que este proceso no sólo se observa en esos niveles. En las visitas que nos han hecho las autoridades de la educación prebásica nos han informado que incluso existen en Chile grados de discriminación en algunos parvularios, donde no se permite el ingreso de determinados niños. En varias oportunidades en que hemos sostenido reuniones con los jóvenes en la Sala de la Cámara de Diputados y particularmente en el Parlamento Juvenil, ellos han expresado con mucho sentimiento, más aún con dolor y rabia, lo que han significado, a lo largo y ancho del país, distintas manifestaciones de discriminación de padres y apoderados por no tener los recursos necesarios para que sus hijos estudien en determinados colegios del país enmarcadas en la enseñanza particular subvencionada o municipal. Es aún más doloroso cuando estas discriminaciones se efectúan en colegios subvencionados, en los cuales el Estado aporta una cantidad importante de dinero para la educación, incluido el pago de los profesores de aquellos establecimientos educacionales. También es doloroso que directores de ex colegios fiscales, actualmente municipales, realicen cierto grado de discriminación en esos establecimientos en una gama increíble de situaciones muy específicas. Cabe señalar salvo que me equivoque que un grupo de diputados, integrado por el que habla y los colegas Ávila, Gutiérrez y Valenzuela, presentamos una indicación para suprimir los términos “municipal o particular”, por considerar injustificada la restricción sólo al sector subvencionado, cuando se trata de evitar un problema de carácter general que afecta también a los colegios particulares pagados. Quizás sea cierto que el proyecto educativo de un colegio particular pagado tenga ciertas restricciones, pero queremos evitar que haya chilenos de primera y de segunda clase, aunque sea en colegios pagados y particulares. Esta regla general es para todos los chilenos que nacen en el territorio nacional y, en particular, respecto de hijos que desean estudiar en determinado colegio. Obviamente, como explicaba el diputado señor Ávila, ya existe un grado inmenso de discriminación para muchos niños que no pueden ingresar a ciertos colegios de prestigio, sobre todo de calidad por su financiamiento y costos. Recientemente, a través de la prensa, nos hemos impuesto de situaciones de discriminación que duelen a la sociedad entera. Ayer o anteayer se informaba que se expulsó del colegio a una niña por contraer matrimonio. Seguramente ella estaba encinta o en estado de gravidez, pero, en ese aspecto, fue maltratada por la sociedad. Hace poco tiempo, leíamos en la prensa que en un colegio de Tabancura un niño discapacitado fue dejado en la puerta del establecimiento, lo cual creó un drama muy particular a su madre, pero también fue un golpe muy duro para la sociedad chilena ver qué sucede este tipo de cosas cuando ya estamos a un paso del tercer milenio. El pelo largo es una constante en los colegios municipalizados y en otros, lo cual obliga a muchos padres y apoderados a presentar recursos de amparo ante la justicia, porque el director dio orden para que sus niños abandonen inmediatamente los respectivos establecimientos educacionales. El drama de la discapacidad no sólo tiene que ver con el estado del niño. La justificación en todos los colegios y establecimientos del país es que no están acondicionados para recibir niños que andan con muletas o en silla de ruedas; pero resulta que los Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas tienen órdenes de construir los establecimientos para dar las facilidades necesarias a nuestra población de discapacitados, que corresponde, más o menos, al 10 por ciento. Realmente esto no sólo duele, sino que también preocupa a la conciencia nacional. Otro de los graves problemas que subsiste es el grado de discriminación que existe en muchos colegios en materia religiosa. Una gran cantidad de jóvenes no puede ingresar a colegios técnico-profesionales, por la circunstancia de que los dirigen entidades religiosas. Este proyecto es de mucha importancia para nuestra sociedad, por cuanto tiende a reparar enormes daños causados a nuestros jóvenes. En virtud de la prueba Simce, que se realiza en algunos establecimientos particulares subvencionados, se echa a aquellos niños que obtienen el menor puntaje del aula, para que su colegio no pierda la calificación de excelencia obtenida por sus alumnos. Es un grado terrible de discriminación y de frustración que sufre el estudiante que se ve impedido de realizar las mismas pruebas que el resto de sus compañeros en la sala de clases. Me pregunto y perdonen la pronunciación ¿qué habría pasado en Inglaterra y en el mundo si no se hubiesen entregado todas las facilidades posibles al científico inglés Stephen Hawking, aquel joven que, por su enfermedad, no tiene habilidades motoras, pero cuyo cerebro y capacidad intelectual le ha permitido entregar un gran aporte al mundo en materia de desarrollo científico y tecnológico? Ese país fue visionario en ese caso, al no discriminarlo y darle todas las posibilidades para su educación. Aún más, como nación, ha sido capaz de aportarnos cariñosamente todo lo que la mente de ese joven está aportando al mundo y a la sociedad. Por ello, es indispensable que el Ministerio de Educación tenga políticas claras al respecto y que, en materia de discapacidad, señale a las autoridades de cada uno de los colegios que se debe cambiar la mentalidad de sus sostenedores y directores, porque en Chile no se puede seguir discriminando en la forma como lo hemos visto, sino dar oportunidades para que nuestros jóvenes, cualesquiera sean las condiciones, lleguen a los establecimientos educacionales. El proceso educativo de un profesor es abrir las puertas al más débil, al que sufre y tiene complicaciones para adquirir conocimientos y educación. Por ello, al menos quien habla apoyará el proyecto, y no me cabe la menor duda que también lo hará la bancada Demócrata Cristiana. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, nos encontramos frente a un proyecto que permite gran despliegue oratorio y de retórica, pero creo que poco soluciona el problema de fondo que nos preocupa. En el país lo han dicho ya historiadores, pensadores, sociólogos todo se trata de solucionar a través de una ley. Si se presenta un problema, se resuelve modificando un reglamento o la ley, incluso haciendo una nueva Constitución. Con eso quedamos todos satisfechos. Cuando uno oye a los colegas de enfrente o de la Democracia Cristiana, queda con la impresión de que quienes tienen a su cargo la dirección de liceos, escuelas y colegios, como el Ministerio de Educación, son unos incapaces; personas que no pueden ver los problemas de los niños; para quienes lo único que existe son ciertos modelos a priori en los cuales tienen que enmarcar la educación de todos los niños. Es decir, son incapaces, realmente, de educar y, por lo tanto, necesitan que desde acá, desde el poder legislativo, les demos las luces necesarias acerca de cómo deben hacerlo. Les aseguro a nuestros colegas que gente con 30 ó 40 años en la educación sabe mucho más que nosotros cómo se educa a los niños y cómo han de ser las pedagogías necesarias para procurar realmente su desarrollo. No necesitan que los honorables diputados vengan a darse el gusto de satisfacer su propia autoestima con discursos llenos de retórica para que aprendan cómo deben educar. Repito que lo hacen muchísimo mejor que nosotros y creo que este proyecto de ley en ese sentido puede ser extraordinariamente contraproducente con los objetivos que se proponen. El derecho a la educación lo tienen todos los jóvenes, por supuesto, y es deber de la sociedad, a través del Estado o de particulares, satisfacerlo; pero también los jóvenes tienen el deber de educarse y de cumplir con las disciplinas necesarias para alcanzar esa educación. La educación no se impone, no se les lanza a los jóvenes para que ellos la reciban y dispongan de ella pura y simplemente. Para que esa educación realmente se encarne en la juventud, requiere, de quienes son educandos, conductas adecuadas para hacer carne lo que los profesores entregan. Como cualquier educador sabe, el agente educador en sí mismo es el alumno; no es el profesor. El profesor es un auxiliar, un medio a través del cual se transmiten conocimientos o hábitos a las personas, especialmente a los jóvenes; pero son éstos quienes, haciendo suyos esos hábitos, procuran su propia educación. Un proyecto educativo no sólo abarca cuestiones puramente intelectuales, sino también todos los aspectos que tienen por objeto la formación de la persona, de hábitos que le permitan después hacer uso pleno de sus capacidades, porque aquella que no es capaz o que no recibe una disciplina en su juventud, después, cuando adulto, no va a ser de ninguna manera disciplinada, le va a ser imposible adquirir los hábitos para triunfar en la vida. Eso es lo que nosotros hemos de tener en cuenta al tratar este tipo de proyectos. Por eso, pareciéndome magnífica la intención de nuestros colegas que han propuesto el proyecto, creo que es perfectamente contraproducente. Desde luego, porque estimo una ofensa para los directores de establecimientos educacionales, y para quienes están a cargo del Ministerio de Educación, que se les venga a imponer este tipo de reglas, como si ellos fueran unos incapaces o unos bárbaros que tratan a los niños a patadas. Creo que a los directores de nuestras escuelas y liceos debemos dejarles libertad y responsabilidad en cuanto a su capacidad de decidir cuáles han de ser las reglas concretas que van a aplicar en sus establecimientos y no imponerles estos cartabones ideológicos, que en el fondo poco y nada tienen que ver con el trabajo educativo propiamente tal. Respecto de la discriminación por salud, por supuesto que hay condiciones de salud que hacen que una persona, un joven, no disponga de capacidad física o de salud necesarias para las exigencias de un trabajo educativo. ¿Qué va a hacer un director frente a ese problema? En cuanto a los resultados académicos pasa lo mismo. Todos los que hemos hecho clases sabemos que la heterogeneidad al interior de un curso, en capacidad para recibir conocimientos y en respuesta a la acción del profesor, ha de tener ciertos límites que una vez traspasados, el trabajo del profesor se hace inútil. Por lo tanto, es deber de la dirección del establecimiento disponer las reglas mínimas que deben cumplir los alumnos para acceder de un curso a otro o permanecer en dicho establecimiento. Lo mismo pasa con el comportamiento, con el aspecto exterior, que tal vez sea uno de los puntos de menor importancia, pero que no deja de tenerla. Los alumnos tienen que educarse con reglas de urbanidad mínima para llevar una vida civilizada con sus semejantes, y eso supone normas mínimas respecto del aspecto exterior. En relación con la discapacidad es lo mismo. Hay distintos tipos de discapacidad. Obviamente, los colegios deben construirse de modo que quienes tienen problemas, por ejemplo, de poliomielitis o motrices, puedan estar en sus dependencias y no ser discriminados. Pero ése no es un problema del director del establecimiento, sino de quienes lo construyen, en el sentido de impedir ese tipo de discriminación. En el caso del embarazo, siempre he estado totalmente de acuerdo y sigo estándolo en que tenemos que hacer lo posible por ayudar a aquellas niñas que quedan embarazadas antes o al margen de contraer matrimonio, e, incluso, si quedan embarazadas una vez que lo han contraído. Por supuesto, tenemos que promover la maternidad, la natalidad que nuestro país exige. Por eso, en este caso es menester dar facilidades a esas alumnas para que puedan llevar adelante su embarazo, tener sus hijos y después volver a estudiar de manera normal y sana. Pero, en general, el espíritu del proyecto, que apunta a evitar discriminaciones, en el hecho, incurre en discriminaciones odiosas, porque, como les he dicho, los colegios, las escuelas y los liceos tienen sus proyectos educativos en los que intervienen tanto sus profesores y dirección como los padres de familia, y cuando esos padres de familia ven que ese proyecto educativo salta hecho pedazos, se está discriminando a sus propios hijos respecto de los cuales tienen reglas de conducta, de urbanidad, de estudio, para hacerlos adecuados a los niveles de exigencia que establece el colegio, escuela o liceo. Creo que el proyecto es un volador de luces. En primer lugar como he dicho es ofensivo para quienes tienen a su cargo la dirección de nuestras escuelas, liceos y colegios. En segundo lugar, al establecer estos cartabones, es perfectamente contraproducente con sus objetivos y va a traer más daño que el que procura solucionar. Por eso, desde luego, anuncio mi voto en contrario. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Ha llegado a su término el Orden del Día y el debate sobre este proyecto continuará en la próxima sesión. Están inscritos el diputado Riveros, la diputada Antonella Sciaraffia, los diputados Elgueta, Gutiérrez, Ortiz, Ulloa, Rojas, Bartolucci, Ceroni, Ávila, Urrutia, Navarro, Bustos, Montes, Valenzuela y la diputada Fanny Pollarolo. VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor MONTES (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Montes, adoptaron los siguientes acuerdos: 1º Trasladar la sesión ordinaria de mañana jueves a las 19 horas de hoy día. 2º Considerar en esa sesión, hasta su total despacho, el proyecto de ley que establece diversos beneficios económicos para reparticiones de la Administración del Estado. 3º Pronunciarse sobre la renuncia presentada por el honorable diputado don Eugenio Tuma a la Segunda Vicepresidencia de la Corporación, en la sesión del miércoles 13 del mes en curso. El señor MONTES (Presidente).- El primer acuerdo se debe a que muchos parlamentarios desean participar en la entrega del estado de la hacienda pública que se efectuará mañana. Tiene la palabra el diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, la Comisión especial encargada de proponer medidas legales y administrativas a favor de los cuerpos de bomberos está citada a las 19 horas de hoy. Por lo tanto, le ruego autorizarla a sesionar en forma simultánea con la Sala. El señor MONTES (Presidente).- No hay acuerdo. VII. INCIDENTES ANIVERSARIO Nº 449 DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. El señor MONTES (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ayer Concepción cumplió 449 años desde su fundación. Por eso, como lo he hecho durante nueve años, quiero recordar que la historia de esta ciudad tiene su apogeo glorioso en el acontecimiento atestiguado por las palabras del padre de la patria, don Bernardo O’Higgins. El 1º de enero de 1818, como órgano de la voluntad nacional, declaró solemnemente la independencia de Chile en nuestra ciudad de Concepción. Por eso, el hecho más importante y más capital para esa localidad es precisamente que en un determinado instante fuimos la ciudad en que se declaró la independencia de nuestro país. Este hecho permanece en el cielo de la historia de los penquistas como un fénix que no declina, sino que es más y más luminoso con el paso del tiempo, proyectándose hacia el pasado colonial de tres siglos y hacia el porvenir del país emancipado, desde la hora de origen y hasta el fin de las edades. En estos 449 años, en Concepción han sucedido las tragedias más increíbles. Por ejemplo, cada cien años nuestra ciudad ha sido prácticamente borrada de la faz de la tierra. París, capital de Francia, ha tenido una sola catedral en ochocientos años; en cambio, Concepción, en sus años de vida, ha construido siete catedrales, debido a los terremotos de 1570, de 1667, de 1751, de 1835, de 1939 y de 1960. Pero, a pesar de todas esas catástrofes que nos ha tocado asumir a los penquistas, está la fuerza, el idealismo, la dedicación y el empuje, que han hecho posible la permanencia de grandes empresas, como, entre otras, el diario “El Sur”, de Concepción, que hace pocos días inauguró su nuevo edificio institucional, con la última tecnología en cuanto a medios escritos. En 1999, nos encontramos con una ciudad moderna, cambiada y distinta, desde el punto de vista urbano, que cuenta con seis universidades, lo que demuestra su calidad intelectual; con una ciudad que también ha dado a personas que provenimos de hogares modestos la posibilidad de seguir una profesión y desarrollarnos en diferentes ámbitos; con una ciudad que, a pesar de sus 449 años, está en el mejor momento de su integración ciudadana. Por lo expuesto, solicito enviar esta intervención al alcalde y concejales de Concepción, instándolos a seguir trabajando juntos a fin de que siga siendo la segunda ciudad más importante de Chile con su desarrollo industrial, comercial, bancario, de bienes, pero sobre todo con la generación de miles de profesionales que, con su conocimiento, hacen patria a lo largo del país. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se procederá de la manera solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Salas, Jiménez, Aníbal Pérez, Rocha y de quien habla. ALZA DE TARIFAS DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIAS, EMOS, Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR SU LICITACIÓN. Oficios. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, hoy quiero referirme a un tema que afecta a cinco millones de personas en la Región Metropolitana, aproximadamente a un millón doscientos mil hogares que esperan el resultado final del nuevo proceso tarifario de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, Emos. Lo hago, porque aunque no fui parte del período legislativo anterior, en el que el Congreso aprobó un marco regulatorio para la privatización de las sanitarias, lo respeto y lo asumo como tal. Además, a mi juicio, aquí hay graves transgresiones a ese marco regulatorio en el proceso de incorporación de capital privado a la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias. Alguien se preguntará qué tiene que ver el proceso de privatización con el de fijación de las tarifas. A esa persona le respondo que tiene mucho que ver, porque no da lo mismo que una empresa del Estado fije las tarifas de un servicio tan básico, como es el agua potable, para las familias, en este caso de la Región Metropolitana, a que lo haga una empresa privada. Mediante la prensa, la opinión pública se ha enterado de que las empresas privadas que licitaron las telefónicas, las eléctricas y el agua potable amenazan con no invertir en el desarrollo de la infraestructura necesaria para mejorar el servicio en caso de que no se acceda a sus peticiones de alzas de tarifas. Es obvio que el interés de los privados es el lucro, la ganancia; por último, es legítimo que así sea, pero el Estado, en cumplimiento de su rol social, debe velar para que este servicio de carácter público llegue a todos. Y como no es lo mismo que esta empresa esté en manos de privados, quiero agregar que se hizo mal el proceso de incorporación de capital privado a las sanitarias, ya que se transgredió el espíritu del marco regulatorio en el sentido de evitar su concentración en los campos eléctrico, telefónico y sanitario. Endesa España no sólo tiene injerencia en Enersis, Emos, Chilectra, Aguas Cordillera. En España, además, es dueña de más del 10 por ciento, porcentaje que, justamente, tiende a evitar el marco regulatorio de Aguas Barcelona. Elige más del 30 por ciento de sus consejeros. Esa, justamente, es la norma que se ha transgredido. Tanto es así, que el propio Contralor, el día en que el consorcio español-francés asumió el control de las sanitarias, pidió más información en atención a los antecedentes que solicitábamos. No da lo mismo la tarifa que se fije, ya que producirá daño a las familias de menores recursos, pues el 30 por ciento que pide la empresa les significará mil pesos adicionales al mes, en un consumo de tres mil pesos. Es decir, en el período de cinco años, deberán destinar el trabajo de un mes completo para su pago. Esto es inaceptable. Por eso, pido que se oficie para que la Superintendencia de Servicios Sanitarios envíe, a la brevedad, tanto la proposición de tarifas de Emos, con todas las razones técnicas que aduce para llegar al treinta por ciento, como la que hizo para la rebaja del seis por ciento. Estamos convencidos de que la rebaja debiera ser del doce por ciento. Las razones técnicas las daremos en su momento. Además, pido que se oficie al ministro de Hacienda, para que repita por escrito lo que expuso en días pasados respecto de la distribución de los 964 millones de dólares que se obtuvieron en la licitación, porque creo que hay algo que debe aclararse, toda vez que el gran argumento que se dio para la incorporación de capital privado fue el de los recursos adicionales y frescos para invertir en el tratamiento de las aguas servidas. Según información que poseemos, alrededor de la mitad de esa cantidad, 450 millones de dólares, se ha vuelto a invertir en la propia Emos con el mismo fin. ¿Cómo se entiende eso: se incorpora capital privado o el Estado es el que, de la misma venta de la empresa, debe hacerlo para tratar las aguas servidas? Por eso, el ministro de Hacienda tendrá que informar sobre la distribución exacta, en primer lugar, del 41 por ciento en que se licitó la Emos al consorcio franco-español y, luego, del 10 por ciento adicional con que se vendió a la misma empresa, indicando, además, el valor de este último porcentaje. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Pedro Álvarez-Salamanca, Ricardo Rincón, René Manuel García, Tomás Jocelyn-Holt, Felipe Valenzuela, Osvaldo Palma, Joaquín Palma, Alfonso Vargas, Aníbal Pérez, Iván Mesías, Patricio Hales, Haroldo Fossa, Homero Gutiérrez y Enrique Jaramillo. CLAUSURA DEL VERTEDERO DE TALCA. Oficio. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, hace algún tiempo expuse en la Sala el grave problema que significa el vertedero de basuras de Talca, de propiedad municipal, y dije que, según todos los informes, está colapsado desde hace algunos años y se ha mantenido con la autorización del servicio regional de salud del Maule, a petición del municipio y de la empresa extractora de basuras. Sin embargo, la situación es cada día más grave. Llegará la época de verano y se hará insostenible debido especialmente a que los malos olores invadirán el sector norte de la ciudad. En varios oficios del Ministerio de Salud y de la Dirección de Salud del Maule se ha explicado el problema. Ésta ha dado un plazo, que vence el 31 de marzo del próximo año, para proceder a la clausura del vertedero. Así, a la población le preocupa que la municipalidad no haya entregado la solución del problema. En el día de ayer, me comuniqué con el departamento del ambiente de la Dirección Regional de Salud de Maule, en el cual me expresaron que todavía la municipalidad no ha enviado el programa que se requiere, que no habrá nuevas prórrogas y que se aplicará la clausura del vertedero de Talca, cuya utilización es imposible. Por estas razones, a modo de llamado de alerta, pido que se envíe un oficio, como el que se mandó hace meses, al ministro de Salud, para que recabe la información necesaria al servicio de salud del Maule y al departamento del ambiente y nos informe acerca del reemplazo del vertedero, si se han recibido del municipio los programas correspondientes y demás antecedentes, porque la situación es extremadamente grave. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA ZONA CORDILLERANA DEL DISTRITO 52. Oficios. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se envíe oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo, ya que días atrás tuve una importante reunión en la “Villa Estación”, de Villarrica, en que se me informó que los departamentos, entregados hace un año, tienen problemas de techo, de goteras y de humedad en las paredes. Deseo saber la solución del problema, ya que afecta a personas que adquirieron con esfuerzo su departamento. Lo importante es que las habitaciones están en garantía. En segundo lugar, pido que se oficie al gobernador de Cautín, con motivo de la propuesta de zinc para repartir al comité de la villa O’Higgins. Me gustaría que informara el número de planchas que se repartieron y su precio. La gente ha dicho que suman cuatrocientas, pero que con los fondos se compraron ochocientas y tantas. Tengo las facturas y los antecedentes de cómo se repartieron, pero me gustaría que se aclarara la situación para los efectos de la transparencia. Incluso, entiendo que no se pagó flete, porque camiones de Loncoche colaboraron en el traslado de las planchas. En tercer lugar, pido que se envíe un oficio al ministro de Agricultura, con el objeto de que informe acerca de los planes para ayudar a la gente de la precordillera, concretamente, de las comunas de Lonquimay, Melipeuco, Cunco y Curarrehue, que hace poco fue afectada por la muerte de varios animales. Quiero conocer el criterio que se aplicará para condonar estas deudas; si la gente tendrá que seguir pagando y en qué situación quedarán las personas que han sufrido grandes pérdidas. Según cifras entregadas por el ministro durante una visita a la zona, los animales muertos superan las 6 mil cabezas. Sería bueno que en el mismo oficio se planteara al ministro, si lo tiene a bien, la posibilidad de formar un banco ganadero para la precordillera, como una forma de incentivar a quienes han perdido la totalidad de su masa ganadera. Por otra parte, existe inquietud entre el pueblo mapuche de la zona por conocer los criterios que se aplicarán para la condonación de los 150 mil pesos anunciada por su Excelencia el Presidente de la República, porque no se sabe cómo operar. Creemos que debe haber transparencia y una información fluida para que los interesados puedan solicitar la condonación de esas deudas y, en consecuencia, acogerse al beneficio. El plan anunciado por su Excelencia el Presidente de la República tiene un costo de l40 mil millones y no sólo favorece a las comunidades mapuches, sino que también involucra otras materias. También me gustaría conocer cómo va a funcionar la ayuda, consistente en fardos de pasto para el ganado, que se dio a los campesinos. En el primer momento se dijo que se trataba de una ayuda estatal, a título gratuito, para determinado número de personas; pero me he enterado de que se les está otorgando créditos por 100 mil pesos para la compra de fardos y sólo se les condona un 30 por ciento. El crédito no es la solución, porque en estos momentos la gente no está en condiciones de servirlo. Por lo tanto, pedimos derechamente un subsidio del Estado, porque, aparte de todas las otras pérdidas que han experimentado, los campesinos quedaron sin animales. Ofrecer ayuda mediante la concesión de créditos significa incentivar a la gente a que se endeude más, con lo cual le será imposible salir de la pobreza. En verdad, estos temas preocupan en la zona, pues hemos visto que todos los esfuerzos desplegados han sido claramente insuficientes para solucionar estos problemas, debido a que ha faltado voluntad para ayudar a esta gente. SUBSIDIO EN CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ZONAS RURALES DE EXTREMA POBREZA DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Hay otro tema que me preocupa de verdad. El plan anunciado por su Excelencia el Presidente de la República, en la Novena Región, de llegar al 75 por ciento de electrificación en las zonas rurales, ha funcionado muy bien. Sin embargo, además de todos los otros problemas que tenemos, nos hemos encontrado con que la gente no está en condiciones de pagar el consumo de electricidad. Esta situación se ha visto agravada en el último mes porque las empresas les cobraron tarifas de invierno sobre la base de lo consumido en el verano. Como consecuencia de esa medida, la gente que pagaba cuentas de dos o tres mil pesos ahora deberá pagar 12 ó 15 mil pesos. Así como se crean subsidios para el consumo de agua potable y de electricidad en las zonas urbanas, deberían otorgarse también para los pobladores de extrema pobreza en zonas rurales, a fin de que puedan cubrir en parte las deudas que mantienen con esos servicios. El sacrificio realizado para contar con luz eléctrica se volvió contra ellos, porque, como no han podido pagar sus deudas, lo más probable es que dentro de uno o dos meses más se vean privados de ella en sus hogares. Sería bueno estudiar un modo de operar al respecto, sobre todo porque muchos ancianos no han podido disfrutar de este beneficio. CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA PASAJEROS EN SECTOR HUICHAHUE-CUNCO, NOVENA REGIÓN. Oficio. El señor GARCÍA (don René Manuel).- En el camino a Temuco, por Huichahue-Cunco, que une la zona, se ha producido un incremento en el tránsito de microbuses, incluso urbanos, que van hasta el Prado de Huichahue. Lo curioso es que al igual que en el camino costero hasta Puerto Saavedra, a pesar de todo este incremento, no se han construido paraderos para que se detengan a tomar pasajeros. Simplemente, los choferes paran en mitad de la vía, lo cual ya ha ocasionado varios accidentes. Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que se llame a licitación para la construcción de paraderos al lado del camino, tal como se hizo en el camino hacia Pucón y Licanray, con el objeto de que los buses tengan donde detenerse para tomar pasajeros. Reitero que hemos debido lamentar muchos accidentes por esta situación, algunos con pérdidas de vida humana. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. INFORME DE GREENPEACE EN RELACIÓN CON EL BOSQUE NATIVO. Oficios. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fossa. El señor FOSSA.- Señor Presidente, ayer salió a la luz pública el lanzamiento de un informe de Greenpeace, organización mundial, en el cual se acusa a las empresas forestales chilenas de agotadoras y depredadoras del bosque nativo. La filial chilena de dicha organización ecológica sostiene que las empresas forestales nacionales están identificadas mundialmente como un riesgo para los bosques nativos. Esta acusación es de por sí en extremo delicada, porque no se concilia con los antecedentes de que el país dispone, elaborados por el Instituto Forestal, por la Corporación Nacional del Medio Ambiente y por otros organismos, algunos incluso internacionales. En el mencionado informe se citan algunas empresas que serían depredadoras del bosque nativo. Lo delicado de esta acusación radica en que tiene como principal objetivo influir sobre los grandes compradores de madera, lo que, sin duda, afectará nuestras relaciones comerciales con el resto de los países del mundo. Quisiera formular algunas preguntas sobre el tema. ¿Los bosques plantados son causantes de la destrucción del bosque nativo? No. En nuestro país se cree que los bosques plantados por el hombre son los causantes de la destrucción del bosque nativo. Eso es un error, porque las primeras plantaciones en nuestro país se realizaron con el objeto de recuperar suelos erosionados, degradados o sobreutilizados. Además, la obtención de madera hacía que hasta ese momento tuviéramos un bosque nativo en retroceso. Parte importante de la madera que se consume actualmente en Chile proviene de la cosecha del pino radiata, una de las especies introducidas. Si los bosques artificiales no existieran, sería necesario cortar aproximadamente 80 mil hectáreas anuales de árboles nativos para satisfacer las necesidades del país, en términos de leña, madera y papel. ¿Cuántas hectáreas de bosque nativo han sido reemplazadas por especies de rápido crecimiento en los últimos 30 años? De los dos millones de hectáreas de bosque plantado existentes en el país, sólo 131 mil corresponden a terrenos cuyo uso anterior fue bosque nativo. Esto representa, en los últimos 30 años, el 6 por ciento, mientras que el 94 por ciento corresponde a uso de suelo erosionado. Por último, nos preguntamos: ¿Los bosques de especies introducidas eliminarán a las especies nativas? Absolutamente no. La reforestación con especies introducidas se hace en suelos degradados o sobreutilizados por la agricultura. La idea de que los bosques con especies como el pino y el eucalipto han eliminado grandes extensiones de bosque natural es falsa. Pido que se oficie a los ministros de Agricultura y de Economía para darles a conocer estas aprensiones y hacerles presente lo delicadas que resultan estas acusaciones, que no se concilian con los informes técnicos que se elaboran periódicamente en nuestro país, a fin de que analicen la situación y cuestionen el informe que ha preparado la organización ecológica Greenpeace. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. FACILIDADES PARA EXÁMENES MÉDICOS DE PESCADORES ARTESANALES DE LA UNDÉCIMA REGIÓN. Oficios. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito oficiar a los alcaldes de Puerto Montt y de Calbuco y al ministro de Defensa, a fin de coordinar con la Armada la posibilidad de que los pescadores artesanales aprovechen las rondas médicas para hacerse exámenes, con el fin de obtener su licencia de pescador y buzo, trámite que demora mucho, motivo por el cual muchos de ellos no pueden realizar sus actividades. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo y Vega. CONSIDERACIONES SOBRE SESIÓN ORDINARIA DE LOS JUEVES. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, hace pocos minutos, la Mesa dio a conocer un acuerdo, adoptado por la unanimidad de los Comités, para suspender la sesión del jueves 7 de octubre, debido a que el ministro de Hacienda hará la exposición de la Hacienda Pública ante la Comisión Mixta de Presupuestos. Pienso que este tema debe abordarse derechamente. En esta Cámara existen mayorías y minorías; pero desde mi punto de vista, la razón invocada es un pretexto para suspender en forma permanente la sesión ordinaria que esta Corporación realiza los jueves; y esto lo voy a probar mediante una forma muy simple: mañana veré cuántos parlamentarios asistirán a la exposición de la Hacienda Pública. Presumo que serán muy pocos. Más allá de la anécdota, prefiero que este tema se aborde en forma directa. Desde hace bastante tiempo existe una presión importante para suspender la sesión de los jueves, y con el fin de que nadie asuma un costo político, el acuerdo se logra por unanimidad. Dado que no siempre vamos a estar todos de acuerdo respecto del tema, considero indispensable abordar este punto en forma directa. Más allá de lo que eso significa, por lo menos en mi caso particular, es posible que haya visiones distintas entre los parlamentarios, respecto de la forma como debería funcionar el Parlamento. Yo estoy por un Parlamento exigente, cuyos debates en la Sala sean profundos, serios, distendidos y absolutamente compatibles con un buen trabajo de Comisiones. Me opuse a que esta tarde una Comisión, presidida por el diputado señor Ulloa, colega de bancada, sesionara simultáneamente con la Sala, porque eso es lo que sucederá en el futuro: solicitudes permanentes en ese sentido, lo que traerá como consecuencia que ni la Sala ni las Comisiones funcionen como corresponde. Estoy consciente de que nos hallamos al borde de una elección presidencial bastante determinante para el futuro del país, frente a la cual el sector más afectado con mi posición será el mío, ya que la Concertación tiene más alcaldes, más concejales, más ministros y más parlamentarios. Sin embargo, pienso que uno debe tener una postura con un mínimo de honestidad política, más allá de la coyuntura que se deba enfrentar en cuanto a que me afecte más o menos, incluso sacrificando todo lo que puede representar para mi sector una posición como la que sostengo. Prefiero que el Parlamento siga funcionando el jueves porque creo que, como institución, debe estar mucho más allá de la coyuntura que se viva: hoy, la elección presidencial; el próximo año, la elección municipal; al año siguiente, la elección parlamentaria. No nos podemos transformar en “activistas políticos”, debilitando la acción parlamentaria. Por eso, solicito que se aborde directamente el tema, sin pretextos de distinta naturaleza y más allá de la visión polémica que pueda tenerse respecto del punto. Por último, debo aclarar que la única intención que anima mi actitud es prestigiar al Parlamento y fortalecer la acción parlamentaria. He dicho. IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, el martes 28 de septiembre, en el diario “El Llanquihue”, de Puerto Montt, el secretario regional ministerial de Vivienda de la Décima Región, en una conferencia de prensa, dio a conocer el resultado de un sumario administrativo que se instruyó en el Servicio de Vivienda de la región por parte de la Contraloría General, a causa de una serie de denuncias que yo hiciera hace más de un año en esta Sala sobre presuntas irregularidades en varios programas de vivienda. Además de una gran cantidad de obstáculos que los diputados debemos superar para lograr fiscalizar los servicios públicos, en los últimos días han sido evidentes las dificultades que tenemos para conseguir información. A ello se suma el hecho de que las autoridades tratan de engañar a la opinión pública distorsionando el resultado de los sumarios que instruye la propia Contraloría. El aludido sumario concluye en forma categórica e inequívoca que se cometieron irregularidades administrativas por parte de funcionarios y directivos del Serviu de la Décima Región, en algunos de los programas de Vivienda que en su momento yo denunciara, y se formularon cuatro cargos concretos, categóricos e indesmentibles, a varios funcionarios del Serviu. Entre los cargos está la adquisición de un sitio por parte del Serviu, en la comuna de Purranque, sin requerir los informes técnicos correspondientes. Ningún cargo tuvo la sanción que ameritaba, porque se acogieron a las normas del Estatuto Administrativo, según el cual después de dos años prescriben estas faltas administrativas o irregularidades cometidas por funcionarios públicos. En consecuencia, con el sumario hubo un reconocimiento de la existencia clara de las irregularidades, las cuales quedaron sin sanción por prescripción de la acción penal. Sin embargo, adicionalmente, el secretario ministerial de Vivienda intenta engañar a la opinión pública cambiando el peso de la prueba y argumentando en forma pública que el único resultado del sumario administrativo que solicité y que fue instruido por la Contraloría, ha sido que no había ninguna falta; que todos los funcionarios estaban absueltos, y que sólo se había ocasionado una demora en la construcción de las casas que se iban a construir en ese sitio de Purranque. Debo señalar que eso es mentira, porque el seremi de Vivienda de la Décima Región, que es abogado, sabe perfectamente que la Contraloría General no tiene facultades para detener el avance de los programas de los servicios públicos que están siendo investigados por cualquier razón. Por lo tanto, los únicos responsables de no haber desarrollado el programa de vivienda elaborado para ese sitio son el propio Servicio de Vivienda, el Ministerio, sus autoridades, quienes deben responder por qué razón no han avanzado en los programas de vivienda que, según ellos, tenían programados. Si el seremi de Vivienda conoce esto, cabe deducir que la tergiversación la ha realizado sobre la base de la mala fe, para distraer la atención de la opinión pública. Por tanto, insisto en que los únicos responsables del atraso, si es que ha habido porque tampoco se tiene certeza si efectivamente existían esos programas, son el propio Ministerio de Vivienda y el Servicio de Vivienda de la Décima Región, porque no han cumplido con eficacia y con eficiencia la ejecución de sus programas. En otro de los sumarios que no alcanzaré a explicar el resultado fue la existencia de faltas graves en la adquisición de un terreno por el Serviu en la comuna de Osorno, por el cual pagó una cantidad estratosférica de dinero, y claramente se formulan serios cargos a los directores del Serviu, respecto de los cuales, lamentablemente, también la acción había prescrito. En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que envíe a la honorable Cámara los antecedentes de todos los terrenos adquiridos por el Servicio de Vivienda y Urbanismo en razón del plan seccional que se está desarrollando en la localidad de Alerce, comuna de Puerto Montt. Asimismo, que indique el nombre de los dueños anteriores a quienes el Serviu compró los terrenos incorporados en el plan seccional, así como los antecedentes relativos a sus inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA SOBRE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio. El señor RECONDO.- Asimismo, pido que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de que informe a la Cámara sobre el resultado de la fiscalización efectuada por ese organismo respecto de los contratos de concesión de obras públicas. La Contraloría efectuó una auditoría y una fiscalización de todo el programa de concesiones de obras públicas y de los respectivos contratos, de lo cual existe un informe terminado. Por su intermedio, solicito que ese organismo haga llegar dicho informe a la Cámara. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO CAUTÍN EN SECTOR DE QUILLÉN, COMUNA DE CARAHUE. Oficios. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente, uno de los problemas más recurrentes en mi distrito campesino y mapuche es que existen muchas balsas artesanales que reemplazan a las pasarelas que deberían existir en ríos peligrosos. Las comunidades campesinas chileno-mapuches deben arriesgar sus vidas y las de sus hijos en forma permanente para acceder a las postas y escuelas y, en general, para cumplir con sus actividades laborales, agrícolas, etcétera. Aparte de provocar importantes problemas de seguridad, dichas balsas sólo funcionan en una época, dejando aisladas a esas familias el resto del año, lo que les impide como lo señalé acceder a los servicios mencionados y satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano. En el sector de Boroa, comuna de Imperial, esta situación se resolvió con la construcción de una pasarela de aproximadamente 120 metros. Hoy, en la comuna de Carahue, existen alrededor de 800 familias que viven el mismo problema. Se trata de las comunidades de Quillén Bajo, Quillén Alto, Millapuray, Pancul Miraflores, Collico Alto, Camar, Catripulli Centro, Catripulli Alto, Huichaqueo, Melitroco y otras. Para cruzar el caudaloso río Cautín, a la altura de Quillén, esas comunidades deben usar la lancha de un particular, la que funciona sólo durante algunos meses del año. Por lo tanto, debido a la urgente necesidad que tienen las comunidades chileno-mapuches de la zona, solicito que se oficie a los ministros de Hacienda, de Obras Públicas y de Mideplan, a fin de que se estudie la construcción de una pasarela sobre el río Cautín, a la altura de Quillén, similar a la que se construyó en Boroa, y se destinen los recursos correspondientes. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE TELÉFONOS RURALES EN PROVINCIAS DE CHILOÉ Y PALENA. Oficio. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sólo para hacer presente que hace bastante tiempo el Parlamento aprobó la creación del Fondo Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con el objeto de que las comunidades más aisladas del país accedieran a un medio de comunicación tan inmediato e importante como es la telefonía rural. Sin embargo, en algunos casos, la concreción de este beneficio se ha ido dilatando mucho y, en otros, los teléfonos ya instalados no han entrado en funcionamiento. Por lo tanto, pido que se oficie a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a fin de que informe sobre el grado de avance de instalación de teléfonos rurales en las provincias de Chiloé y Palena y sobre la cantidad de teléfonos, instalados hace poco, que, a la fecha, no se encuentran funcionando. No tiene sentido hacer un esfuerzo económico importante, destinando una significativa suma de dinero, si los aparatos instalados no pueden ser utilizados. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. NECESIDAD DE RESTABLECER CONTROLES DE CALIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, he resuelto traer a la Cámara la tarea de poner orden en el deterioro que sufren los proyectos de cálculo estructural que previenen la posibilidad de proteger a nuestras construcciones en el caso de terremotos. Chile no es conocido sólo como un país sísmico, con extraordinaria liberación de energía, la que, en 1939, causó daños devastadores con el terremoto que afectó a Chillán, sino como un país que, como consecuencia, precisamente de esa experiencia, fue haciendo cada vez más rigurosa la fiscalización no sólo de la construcción, sino también de los proyectos; es decir, de lo que en las construcciones se conoce vulgarmente como plano de cálculo, que indica cómo se deben ejecutar las estructuras y qué refuerzos hay que poner, entre otras cosas, para evitar los efectos de los sismos. Quiero hacer una propuesta no sólo una denuncia, a fin de que por la vía de la ley se establezca que en todo Chile los proyectos de cálculo estructural sean revisados en una segunda instancia, de manera que no queden entregados sólo al arbitrio de nuestros prestigiados calculistas, sino que exista la llamada segunda mirada, es decir, la revisión del proyecto. Hoy día, los proyectos son revisados por el arquitecto municipal. Antes existía el ingeniero municipal, quien revisaba, precisamente, el proyecto de estructura. Esto es muy importante porque en 1980, en una irracional decisión de liberalización, en Chile se eliminó la revisión de los proyectos estructurales. Esto se hizo por decisión del Gobierno, pero no por maldad, sino que basado en la idea de que todo sería regulado por el mercado. De manera que se modificó la ordenanza general de construcciones, poniéndose fin al control de los proyectos estructurales. Por ello, esa segunda mirada que se aplicaba a los proyectos de arquitectura ya no rige para los proyectos de estructura, y en un país que sufre tantos sismos lo menos que podemos hacer es aumentar los controles o mantenerlos, pero nunca disminuirlos, y Chile los disminuyó, lo que es muy malo para nuestro país. Pero esto no quiere decir que a partir de 1980, es decir, desde el instante en que se derogó la disposición, todos los proyectos están mal calculados y todo lo construido después de ese año se va a caer. No, los efectos de esta medida son paulatinos; cuando se afloja el control sobre algo, las cosas se van deteriorando de manera gradual. Además, existen otros elementos que afectan la falta de control. Los seis países de más alta sismicidad del mundo han aumentado sus controles; sólo Chile los ha reducido. Pero es más grave aún: se disminuye el control, a pesar de que antes los ingenieros eran preparados por cinco centros académicos -durante los años que se utilizó esa prestigiada ingeniería estructural- y ahora son formados por 32 escuelas de ingeniería. Arquitectura más audaz, soluciones estructurales con marco rígido que han perdido los muros, sistemas de plantas libres, sistemas de software automático que, cada vez, hacen más riesgoso el cálculo estructural. Hoy día, casi como jugando al Atari, se puede utilizar un programa de “software” que resuelve el plano de cálculo. Entonces, ¿dónde está el criterio personal, la experiencia, el ojo de muchos años y la realización de trabajos que están por sobre el “software”? Han desaparecido por la tendencia a la liberalización de los controles. Repito que no estoy diciendo que todo se va a caer; pero sí puedo asegurar que se caerán más construcciones en la medida en que sigamos disminuyendo los controles. Su pérdida, inevitablemente, ha colocado a la ingeniería chilena, tan prestigiada en el mundo entero, en una situación de deterioro. Ahora bien, ¿quién avala esta denuncia que estoy haciendo? Nada menos que la Asociación Chilena de Ingenieros Civiles Estructurales, a través del señor Rodrigo Mujica, en toda la prensa y en todos los simposios. ¿Quién más? Tomás Guendelman, destacado profesor, presidente de la Sociedad Chilena de Asismicidad; Marcial Baeza en los últimos días ha aparecido en la prensa, vicepresidente de los Ingenieros Civiles Estructurales. Todos aseguran que esta prestigiada ingeniería chilena ha perdido control. En “El Mercurio” del 23 de agosto, Mujica dice más: “Existe el más absoluto descontrol de los proyectos de estructura”. Es decir, antes había más controles en los proyectos de estructura y hoy hay menos. Por ello, puedo asegurar que existen más riesgos, más peligro y más daño. Este es un problema que nuestro Congreso debe enfrentar, y legislar en pos de asegurar lo que se llama la revisión de los proyectos estructurales. Presentaré mi proposición en la comisión respectiva. Ya lo planteé en la sesión especial de la comisión de Vivienda que tuvimos en Santiago; ello se enmarca en la recuperación de algunos controles. Hay gente que se pregunta, ¿por qué lo plantean ahora? Porque fue tan grande la cantidad de descontroles que se produjeron en la década de los ochenta, que ningún gobierno es capaz de recuperar los controles adecuados de un día para otro. Incluso, en el caso de los proyectos estructurales, no se puede requerir lo que era la revisión municipal porque no va a haber más de 300 ingenieros revisores a lo largo de todo Chile para vigilar nuestras construcciones. Sólo se tendrá una lista de ingenieros revisores donde consultar. Hubo liberalización en el uso del suelo. Se perdió el control en los proyectos de gas, de agua, de alcantarillado y de las aguas lluvias. ¡Y ahora se inundan las casas de la gente de los barrios periféricos de Santiago! Se ha perdido la legislación urbana, por lo que el Parlamento tiene que asumir la tarea de proteger a la gente en sus casas. Por último, quiero decir que los más pobres y los sectores medios serán los más afectados. ¿Por qué? Porque cuando se quiere abaratar el costo de una vivienda de 10.000 UF, se le quita un poquito de alfombra, de mármol, de baño, de terminaciones. En una vivienda de 2.500 ó 2.000 UF, el 40 por ciento del presupuesto lo constituye su estructura. Para qué decir de una vivienda social, del Serviu, de 300 ó 500 UF, en que prácticamente todo es obra gruesa, porque casi no tiene terminaciones. Diría que esas viviendas son pura estructura, y si no se revisan o ha disminuido su control, puedo asegurar que todas las viviendas de menos de 2.000 UF de costo, están más expuestas a riesgos en el caso de un terremoto. Voy a revertir esa situación. Ése es mi compromiso. Además, tengo la certeza de que el Congreso asumirá el problema y legislará sobre la materia. Si el gobierno de 1980 lo permitió, no lo hizo por maldad. Ellos creían que era bueno que se produjera un cierto descontrol, porque en algún momento, pensaron, a lo mejor de buena fe, que el mercado lo regulaba todo. ¡No puede ser así! Creo que las inmobiliarias y las constructoras chilenas son muy serias y construyen bien. Si no fuese así, no se producirían escándalos cuando una empresa construye mal, porque todas construyen bien; se genera el escándalo por la excepción. Ahora, lo que debemos asegurar no es sólo la construcción, sino los proyectos de ingeniería, porque como dice Álvaro Fisher: “Chile, en el siglo XX puede sentirse orgulloso de muchas cosas, entre otras, de haber tenido una de las mejores ingenierías estructurales”. Y eso no lo podemos perder, y si lo hemos perdido, lo vamos a recuperar con la colaboración de este Parlamento. He dicho. REAFIRMACIÓN DE CONCEPTOS Y EXPRESIONES EMITIDOS CON MOTIVO DE HOMENAJE A MANUEL BUSTOS. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en esta ocasión me voy a referir a las palabras que pronunciara el diputado señor Ibáñez, a raíz de mi intervención de ayer en el homenaje rendido a Manuel Bustos, que hice con mucha emoción y, desde luego, respeto, sabiendo que será muy difícil reemplazarlo. El diputado señor Ibáñez manifiesta su dolor y sorpresa por el hecho de que esta tribuna “fue utilizada no sólo para rendir este homenaje, sino para emitir opiniones acerca de la contingencia política, de personas que no están presentes y de hechos sucedidos en nuestra patria, todo lo cual escapa absolutamente del marco de un homenaje”. “Me refiero, especialmente a la intervención de la diputada señora Isabel Allende”, agrega. Luego dice: “Quiero manifestar cuán impresionante es apreciar la pervivencia de odiosidades, de espíritu de revanchismo y aun de venganza, que no vacilan en hacerse presentes en un homenaje como el que se acaba de realizar”, y continúa con supuestas imputaciones injuriosas que en el pasado he proferido en contra de las Fuerzas Armadas. Quiero señalar, con mucha claridad, que no le corresponde al diputado señor Ibáñez ni a ningún otro decidir de qué manera se puede realizar un homenaje. El mejor homenaje y el verdadero respeto que le podemos mostrar a Manuel Bustos es precisamente no mintiendo, no distorsionando, no ocultando sus opiniones políticas. Manuel Bustos fue un luchador, un político, un dirigente sindical, un hombre que estuvo preso, relegado, y que, evidentemente, se jugó por el regreso a la democracia, y cuando ello ocurrió, defendió el derecho de los trabajadores. Es el Manuel Bustos que queremos y respetamos el que pronunció su último mensaje a los trabajadores chilenos, nada menos que el miércoles 22 de septiembre en una conferencia de prensa en el comando de Ricardo Lagos. Su actuación fue muy impactante, porque después de esa conferencia Manuel se dirigió al hospital, donde murió. Ayer, al rendir el homenaje a Manuel Bustos, recordaba que decía: “Los trabajadores debemos tomar las riendas en la lucha contra el gobierno de Augusto Pinochet”. Su consigna era “paros y paros hasta botar el régimen militar”. También manifesté el pesar de Manuel cuando no se aprobó en la Cámara la acusación constitucional y su rechazo a que una figura como la de Augusto Pinochet ocupara el cargo de senador vitalicio. Si le duele a la Derecha que Manuel Bustos tuviera esas opiniones, pues que le duela. Estamos en una democracia y parece que el colega diputado Ibáñez no entiende que la democracia es el ejercicio libre de opiniones y de ideas. En todo caso no podemos manipular la imagen de Manuel Bustos, quien no sólo fue un dirigente sindical responsable; ¡no!, Manuel Bustos fue un luchador y tenía sus opiniones. El 22 de septiembre dio una conferencia de prensa, que inició con la frase que cité ayer, cuando sus compañeros preguntaban por él: “Estén conmigo, estén con Lagos. Trabajen de la misma manera que lo han hecho conmigo, porque ésta es una tarea difícil, es un desafío. “Nosotros los trabajadores somos la mayoría que mueve al país”. Finalizaba, diciendo: “Yo estoy cansado, tengo muchos años de lucha, pero ésta es la última lucha que voy a dar porque tengo fe y esperanza”. Como no me alcanza el tiempo, pido que se inserten estas palabras de Manuel Bustos, en su integridad, y no sólo queden las manipulaciones que quisieron hacer para presentar a un Manuel Bustos aséptico, que no era crítico, que no tenía opiniones políticas, cuando estaba dispuesto a jugársela por Ricardo Lagos. Precisamente por respeto al dolor que le ha significado a María Rozas reemplazar a Manuel Bustos en la Cámara de Diputados, no quise hacer uso de mis cinco minutos reglamentarios al comienzo de la sesión. Por eso mismo, exijo no sólo mi derecho a réplica, sino que se publique, junto con estas palabras, la integridad de este mensaje, pues es lo que corresponde. Quiero que el país sepa que el 22 de septiembre Manuel Bustos no sólo le pedía eso a los trabajadores, sino que decía, con absoluta claridad: “Somos más de cinco millones de obreros. Con estas manos funciona el país y para estas manos necesitamos una máquina seria, de alta tecnología y esa máquina se llama Ricardo Lagos”. Además, manifestaba: “Es un hombre profesional, valiente. Está enfrentado a un mentiroso, demagogo, el mismo que escribiera editoriales en “El Mercurio” por años y años, que orientaba la política de Pinochet. El mismo que guardó silencio cada vez que se asesinaba o alguien desaparecía. Es tan desleal que incluso hoy, con Pinochet no quiere hablar porque le molesta para su campaña”. Por lo tanto, es inconcebible que se pretenda ver otro tipo de intenciones en este homenaje, hecho con tanto cariño, con la emoción y el respeto que la figura de Manuel Bustos requiere y significa para nosotros. Una vez más queda claro quiénes tienen un espíritu autoritario: que cuando uno reclama por justicia, resulta ser odiosidad; que cuando se clama por saber qué pasó, la verdad, resulta ser revanchismo. Nunca han podido entender el respeto a los derechos de las personas, el dolor que causó en Chile la dictadura militar. En todo caso, vamos a seguir insistiendo por verdad y justicia, porque tenemos dignidad y creemos en los derechos de las personas. He dicho. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Se hará como su Señoría lo ha solicitado. El texto, cuya inclusión se acordó, es el siguiente: “Les diría a mis compañeros, a aquellos miles de trabajadores que mandan cartas, que me saludaron en mi enfermedad, que me dicen: estamos contigo. A ellos les digo: compañeros estén conmigo y estén con Lagos. Trabajen de la misma manera que lo han hecho conmigo, porque esta es una tarea difícil, es un desafío. “Nosotros los trabajadores somos la mayoría que mueve a este país. “Porque tiene una vertiente de carácter social importante, es un hombre altamente profesional, leal y vale mucho. Está enfrentado a un mentiroso, demagógico, el mismo que escribiera en editoriales en “El Mercurio” por años y años, que orientaba la política de Pinochet. El mismo que guardó silencio cada vez que se asesinaba o alguien desaparecía. Es tan desleal que incluso hoy, con Pinochet, no quiere hablar porque le molesta para su campaña. “Estas personas son desleales y Chile no quiere un presidente desleal, porque entonces será un presidente mentiroso, que no va a cumplir lo que está diciendo en las ollas comunes. No es mejor el que va a dormir a la casa de un poblador. Eso no es más que un circo, como dijo María Rozas. Por lo tanto, nuestro llamado a los trabajadores chilenos y especialmente a las mujeres, que cada día se incorporan más al trabajo y que por lo mismo tienen más problemas. Compañera: esta es nuestra posibilidad de enfrentar un cambio o de continuar con un cambio en que está pendiente el tema social. Chile es un país que ha crecido, pero con una mala distribución de la riqueza. “Eso es algo que hay que cambiar y en lo que nosotros somos responsables. No le echemos la culpa sólo al gobierno. Somos responsables de que hayan salido elegidos parlamentarios de derecha que dejan parado todo tipo de proyectos en el Parlamento. Cuatro años tiene el proyecto de reformas laborales por el que nos sacamos la mugre, incluso en marchas por la calle contra Arrate para que enviara la iniciativa y se pudiera negociar un sindicato. “Terminemos con los enclaves autoritarios, como el sistema electoral y los famosos senadores designados. Una última reflexión. Cardemil dijo ayer que estábamos siendo demagógicos, que en 10 años no habíamos hecho lo que debimos y habló del problema de la cesantía. “Para hablar de estos temas hay que tener mucha altura de miras. Como éstos son inmorales, no la tienen y pueden mentirle al pueblo. Y ellos creen que porque hoy van a repartir ajuares en las casas pobres o una canasta de alimentos, van a comprar los votos de este pueblo. Yo les digo a mis compañeras y compañeros de todo el país: reciban los ajuares no más, las cajas de alimentos, los necesitan, pero no se olviden que ésta es una limosna. “Cuando tengas que votar, vota por tu dignidad, por alguien que te abra los espacios para que ganes una caja de alimentos y un ajuar con tu salario. Nosotros estamos dando una lucha en el Parlamento y vamos a continuar, pero necesitamos más acompañantes. Solo se hace poco. Pero pese a eso se ha hecho bastante. Hasta hemos sacado una ley. Pero necesitamos más. Más conciencia de nuestro pueblo, porque es él el que genera los gobiernos y el que reclama, protesta. Sabemos que nuestro pueblo está agraviado con la Concertación, porque ha sentido dificultades. Pero más agraviado estaría mañana si llegara al poder un representante de la dictadura. Por lo tanto, los riesgos no son menores, son mayores, y por eso nos hemos metido en esta campaña. “Estoy cansado, tengo muchos años de lucha, pero esta es la última lucha que voy a dar. Y la voy a dar porque tengo fe y esperanza. “Chile es más que un grupo de reaccionarios, demagógicos y mentirosos. Los chilenos somos más honestos, queremos más a Chile que los empresarios, con el respeto que a ellos les tengo. “Nos importan más nuestros hijos, la gente pobre, y como nos importan no queremos perder la oportunidad. Yo le tengo temor a la plata que tiene la campaña de Lavín, a las mentiras que hacen creer a la gente que están haciendo un llamado dramático. Si perdemos esta candidatura retrocederemos 20 años desde el punto de vista social. No tienen capacidad social, ni solidaria, ni humana quienes compiten con nuestro candidato, Ricardo Lagos, quien es la esperanza para los chilenos”. El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 13.41 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.