REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA Sesión 10ª, en jueves 2 de noviembre de 2000 (Ordinaria, de 10.59 a 13.53 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y León Ramírez, don Roberto. Presidencia accidental de los señores Rocha Manrique, don Jaime, y Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. PUBLICACIÓN OFICIAL REDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I. Asistencia10 II. Apertura de la sesión13 III.Actas13 IV.Cuenta13 -Ampliación de plazo a Comisión de Trabajo y Seguridad Social para informar sobre el funcionamiento del sistema de las administradoras de fondos de pensiones13 -Permisos constitucionales13 -Preferencia para tratar proyecto13 V.Orden del Día. -Reforma de los institutos tecnológicos de la Corporación de Fomento de la Producción. Tercer trámite constitucional14 -Regulación del derecho de visita establecido en la ley de Menores. Proposición de la Comisión Mixta. (Continuación)14 -Penalización de actos de discriminación. Primer trámite constitucional18 -o- -Incorporación a la Cuenta de dos proyectos de reforma constitucional31 -Preferencia para tratar dos proyectos de acuerdo31 -o- VI.Proyectos de acuerdo. -Inclusión de proyectos de ley en la actual convocatoria a la legislatura extraordinaria32 -Suplemento del aporte estatal al Cuerpo de Bomberos y reposición de partidas en moneda extranjera33 -Constitución de Comisión investigadora de situación que afecta a los pobladores de Alto Hospicio y de campamento La Negra, de Iquique34 VII.Incidentes. -Rechazo a procedimientos de cobranzas tributarias del Servicio de Impuestos Internos. Oficios35 -Reubicación de peajes en la Novena Región. Oficios36 -Revisión de cómputos en últimas elecciones municipales. Oficio36 Pág. -Investigación de donación hecha a municipalidad de La Higuera. Oficio37 -Paralización de la construcción de escuela en comuna de Cochamó. Oficio37 -Señalización caminera en provincia de Llanquihue. Oficio38 -Inversión en defensas fluviales en río Renaico, de Malleco. Oficio38 -Urgencia para proyectos en beneficio de Bomberos de Chile. Oficio38 -Autorización a empresa eléctrica de Aisén para aumento de tarifas. Oficio40 -Denuncia de intervención electoral en Séptima Región. Oficios41 -Instalación de antena de telefonía celular cerca del liceo de Penco. Oficios41 -Construcción de camino de Curanilahue a Nacimiento. Oficios43 -Antecedentes sobre administración de locales comerciales de la municipalidad de La Cisterna. Oficios44 -Condonación de deudas Cora a parceleros de Talca. Oficio45 -Inconveniencia de eventual fusión de los Bancos Santiago y Santander. Oficio46 VIII.Documentos de la Cuenta. -Mensajes de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos para ser tratados en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional: 1.Concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en un período que indica (boletín Nº 2609-06)49 2.Modifica la actual ley orgánica de la Contraloría General de la República (boletín Nº 2610-07)51 3.Aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre reconocimiento recíproco de licencias de conducir, suscrito en Arica el 3 de septiembre de 1999 (boletín Nº 2612-10)64 4.Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, adoptado por cambio de notas de fechas 5 de mayo y 22 de junio de 1999, por el cual se renueva el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito entre ambos gobiernos el 14 de mayo de 1992 (boletín Nº 2613-10)66 5.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que establece normas legales para combatir la evasión tributaria (boletín Nº 2572-05)75 -Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presentes las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 6.Sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (boletín Nº 2499-06)75 7.Adecua legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, suscritos por Chile (boletín Nº 2421-03)76 Pág. 8.Sobre libertad de expresión y ejercicio del periodismo (boletín Nº 1035-07)76 9.Reemplaza el Título IV de la ley Nº 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones (boletín Nº 2436-15)77 10.Introduce modificaciones a la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios y deroga la ley Nº 3.133, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales, y su reglamento (boletín Nº 2570-09)77 11.Modifica la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial (boletín Nº 2416-03)78 12.Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (boletín Nº 2361-23)78 13.Modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones (boletín Nº 2219-02)79 14.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, suspendiendo la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros e introduce otras modificaciones (boletín Nº 2496-15)79 15.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre el contrato de transporte y la responsabilidad civil del porteador en el transporte internacional de mercancías por carretera, suscrito entre los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, el 16 de agosto de 1995, en Montevideo (boletín Nº 2560-10)80 16.Moción del diputado señor Mora, que prorroga la vigencia de las licencias de conducir (boletín Nº 2611-15)85 17.Moción de los diputados señores Orpis y Masferrer, sobre reforma constitucional que establece la improcedencia de conceder la libertad provisional respecto de delitos que señala (boletín Nº 2617-07)87 18.Moción de los diputados señores Krauss, Cornejo, don Aldo; Elgueta, Espina, Luksic y de las diputadas señoras Soto, doña Laura, y Guzmán, doña Pía, que establece una reforma constitucional sobre normativa aplicable a delitos de narcotráfico (boletín Nº 2618-07)88 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicaciones: -De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, encargada de estudiar, en carácter de investigadora, los aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, por el cual solicita el consentimiento de la Sala de la Corporación para prorrogar en 90 días el plazo para entregar su informe. -De los diputados señores Ascencio, Palma, don Andrés, y Rincón, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 30 y 31 de octubre próximo pasado, para dirigirse a Costa Rica, Estados Unidos de América e Italia, respectivamente. -De los diputados señores Aguiló, Letelier, don Juan Pablo; Olivares y Jarpa, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 1, 2 y 4 de noviembre en curso, para dirigirse a Italia, Uruguay y España, respectivamente. 2.Oficios: Contraloría General de la República -Del diputado señor Mora, reiteración de oficios relacionados con la municipalidad de Calama. -Del diputado señor Errázuriz, declaraciones de intereses de autoridades y funcionarios de la administración del Estado. -Del diputado señor Recondo, acreditación de labor efectuada por don Rabindranath Quinteros. -Del diputado señor Longton, motivos o circunstancias que han impedido la entrada en funcionamiento del sistema de medidores telefónicos para los domicilios de los usuarios. Ministerio del Interior -De los diputados señores Alessandri y Fossa, rechazo a participación de autoridades de gobierno en la campaña electoral de la señora Marta Larraechea. -De los diputados señores Prokurica, Jaramillo, Sánchez, Reyes, Jarpa, Mora, y de las diputadas señoras Caraball y Soto y Comités parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, actitud adoptada por personeros de gobierno de invitar a inauguración de obras públicas a parlamentarios que pertenecen a la Concertación de Partidos por la Democracia. -Del diputado señor José García, listas de postulantes a pensiones asistenciales de vejez e invalidez, actualizadas al 31 de julio pasado, en la Séptima, Décima, Undécima y Duodécima Regiones. -Del diputado señor Reyes, acentuar labores de prevención, control y fiscalización del transporte de drogas ilícitas en las zonas fronterizas de las Regiones Novena y Décima, especialmente en los sectores de pasos no habilitados. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción -De los diputados señores Fossa, Bertolino, Rosauro Martínez y Ulloa, proyecto de fomento Granjas Marinas S.A. en la Región del Biobío. -De los diputados señores Ojeda, Ulloa, Van Rysselberghe, Kuschel, Luksic, Gutiérrez, Velasco, Ortiz, Jarpa, Sánchez, Felipe Letelier, Navarro, de la diputada señorita Sciaraffia y de la diputada señora Soto, proyecto para ampliar la ley Nº 19.659, que establece sanciones a procedimiento de cobranzas ilegales. -Del diputado señor Navarro, autorizaciones de pesca emitidas para las naves Oceánica 3 y Don Gregorio, autorizadas por la pesquera Oceánica Dos Ltda. y pesquera María Elena S.A. -Del diputado señor Huenchumilla, existencia de convenios o contratos suscritos por Essar S.A. para realizar instalaciones en comuna de la Novena Región. -Del diputado señor Kuschel, estudio sobre la situación ganadera regional y prefactibilidad de planta faenadora de carnes para la Región de Aisén. -Del diputado señor Lorenzini, informe realizado por Banchile a la Empresa de Servicios Sanitarios del Maule S.A. sobre alternativas de financiamiento y valoración económica. -Del diputado señor José García, estado de avance del proceso de privatizacion de la Empresa de Servicios Sanitarios de La Araucanía, Essar S.A. Ministerio de Defensa Nacional -De los diputados señores Ascencio, Felipe Letelier, Mora, Velasco, Navarro, Osvaldo Palma y de la diputada señora Rozas, donación de lanchas rápidas de rescate que haría la Marina de los Estados Unidos de América a la Armada de Chile. Ministerio de Obras Públicas -Del diputado señor Navarro, octanaje de las gasolinas y recomendaciones sobre su uso. -Del diputado señor Huenchumilla, obras viales de adelanto en la Novena Región. -Del diputado señor Delmastro, reparación camino Niebla-Los Molinos, comuna de Valdivia. -De los diputados señores Ortiz, Jiménez, Arratia, Acuña, Lorenzini, Rojas, Ulloa, Navarro y de la diputada señorita Sciaraffia, concesión defensas fluviales y carretera ribera norte río Biobío, sector Chiguayante-Puente Viejo, Octava Región. -Del diputado señor Felipe Letelier, caminos comuna de San Carlos y Ñiquén, Octava Región. -Del diputado señor Kuschel, estado de las obras de pavimentación en camino que une la Carretera Austral y las localidades de Chamiza y Quillaipe, Décima Región. -Cuadro resumen de oficios MOP emitidos en el mes de septiembre a parlamentarios. Ministerio de Bienes Nacionales -Del diputado señor Mora, exigencias de sometimiento al sistema de estudio de impacto ambiental a las personas jurídicas naturales que soliciten autorización para ejercer derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Ministerio de Salud -Del diputado señor Navarro, estadística de personas mordidas. -Del diputado señor Jarpa, suplemento presupuestario Servicio de Salud Ñuble. Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Del diputado señor Molina, subsidio básico privado “Villa El Valle” de Quilimarí, comuna de Los Vilos. -Del diputado señor Navarro, planos del sector San Juan de la ciudad de Tomé, en la Octava Región. -De los diputados señores Van Rysselberghe, Delmastro, Reyes, Ulloa, Vargas y de la diputada señora González, pronunciamiento ambiental de Seremi Octava Región en el marco del proyecto Centro Integral de Tratamiento Ambiental Curaco Alto, comuna de Tomé. -Del diputado señor Huenchumilla, próximas ejecuciones de obras en Temuco y Padre Las Casas en la Novena Región. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Del diputado señor Kuschel, condiciones de factibilidad técnica, económica y social del proyecto de ferrocarriles en el tramo Santiago-Puerto Montt. -Del diputado señor Urrutia, número de plantas revisoras y de escuelas de conductores. -De los diputados señores Kuschel y Bertolino, avance en el cumplimiento de los acuerdos suscritos en octubre de 1999 entre el Gobierno y los camioneros. Ministerio Secretaría General de la Presidencia -Del diputado señor Navarro, pertinencia del sometimiento al Sistema de Evaluación Ambiental de las obras y acciones contempladas en la implementación del programa de fluoración del agua potable que desarrollará la empresa Essbío; funcionamiento de los aeropuertos Arturo Merino Benítez, de la Región Metropolitana, y Carriel Sur, de la Octava Región. Servicio Nacional de la Mujer -De la diputada señora Pollarolo, política de Estado focalizada en la problemática de la adolescente embarazada. -De las diputadas señoras Allende y Pollarolo y diputados señores Aguiló, Alessandri, Ascencio, Encina, Jaramillo, Valenzuela, Vilches, León, Felipe Letelier, Lorenzini, Ortiz, Pareto, Rincón y Reyes, minuta relativa a “Embarazo Adolescente en Chile”. Municipalidad de La Granja -Del diputado señor Navarro, descarga y almacenamiento de escombros. Municipalidad de Macul -Del diputado señor Navarro, disposición final de residuos domiciliarios e industriales. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -Del diputado señor Bertolino, antecedente relativo a funcionario señor Luis Morand Valdivieso. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. -Información financiera de los Fondos de Pensiones y de las Sociedades Administradoras. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (95) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Valdés, Gustavo --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Arratia Valdebenito, Rafael --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Bustos Ramírez, Juan --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo González, Aldo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Cristi Marfil, María Angélica --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Gutiérrez Román, Homero --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Reyes Alvarado, Víctor --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soria Macchiavello, Jorge --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio -Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señora Isabel Allende y señores Juan Pablo Letelier, Alejandro García-Huidobro, Gabriel Ascencio, Andrés Palma, Ricardo Rincón, Carlos Olivares y Carlos Abel Jarpa.' II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.59 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 4ª se declara aprobada. El acta de la sesión 5ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA INFORMAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga del plazo solicitado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para evacuar el informe relativo al funcionamiento del sistema de administradoras de fondos de pensiones. ¿Habría acuerdo? Acordado. PERMISOS CONSTITUCIONALES. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Sergio Aguiló, Juan Pablo Letelier, Carlos Olivares y Carlos Abel Jarpa, para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 1, 2 y 4 de noviembre en curso, para dirigirse a Italia, Uruguay y España, respectivamente. ¿Habría acuerdo? Acordado. PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en el punto 4 de la Cuenta figura un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, e introduce otras modificaciones. Solicito que el proyecto se ponga en tabla, porque la ley vence el 16 de noviembre, y de no tratarse quedarían muchos taxistas sin ninguna posibilidad de incorporarse en el registro. En atención a que la iniciativa amplía los años de antigüedad de los taxis para inscribirse, pido que el proyecto se trate a la brevedad. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, tiene toda la razón. ¿Usted propone que el proyecto se vea sobre tabla en la sesión de hoy o que se ponga en la tabla de la sesión de mañana? El señor GARCÍA (don René Manuel).- Por tratarse de un proyecto muy simple, podría tratarse hoy; sin embargo, nuestra bancada prefiere que se vea mañana, porque se han presentado algunas indicaciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se vería hoy sobre tabla. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Entonces, queda en tabla para tratarlo mañana. V. ORDEN DEL DÍA REFORMA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN. Tercer trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que reforma los institutos tecnológicos de la Corporación de Fomento de la Producción. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 1960-03, sesión 9ª, en 19 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la primera modificación del Senado sustituye, en el artículo 1º, el guarismo “3º” por “1º”, y la segunda reemplaza, en el artículo 2º transitorio, el vocablo “patrimonio” por “presupuesto”. Ambas enmiendas, prácticamente, dejan el proyecto tal como lo despachó la Cámara en el primer trámite. Por lo tanto, en nombre de la Democracia Cristiana, sugiero que las aprobemos por unanimidad. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, el proyecto fue tratado por la Comisión de Hacienda y por la Sala hace ya bastante tiempo. Las modificaciones propuestas por el Senado son bastante simples y meramente formales. Por lo tanto, la bancada de Renovación Nacional anuncia su voto favorable. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, las modificaciones del Senado se aprobarán por unanimidad. Aprobadas. REGULACIÓN DEL DERECHO DE VISITA ESTABLECIDO EN LA LEY DE MENORES. Proposición de la Comisión Mixta. (Continuación). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que regula el derecho de visita a los hijos sometidos a tuición de uno de los padres. Tiene la palabra el diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, el proyecto ha sido perfeccionado por la Comisión Mixta. La idea original fue agilizar el trámite en los tribunales de menores con el objeto de que el padre o madre que no tiene el cuidado personal del hijo cuente con un procedimiento expedito y ágil que le permita ejercer el derecho de visita establecido en el artículo 229 del Código Civil, modificado por la ley sobre filiación, Nº 19.585. Dicho artículo, en su inciso segundo, señala que en el caso de que hubiere discrepancia, el juez decidirá lo que estimare conveniente para el hijo y que “se suspenderá o restringirá el uso de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente”. La Comisión Mixta reguló este derecho atribuyendo la competencia a los jueces de menores. Asimismo, el padre o madre podrá pedir al tribunal que modifique la regulación establecida si fuere perjudicial para el bienestar del menor. A la vez, mediante resolución judicial, el progenitor que no tiene el cuidado del menor podrá solicitar la recuperación del tiempo no utilizado, y se establecen medidas sobre el incumplimiento en que el padre o la madre pudiere incurrir. Asimismo, se consideró necesario escuchar la opinión del menor, con el objeto de que el fallo sea más útil y conveniente a los intereses del niño, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 bis. Por último, el proyecto redactado por la Comisión Mixta sustituye el inciso cuarto del artículo 49 de la ley Nº 16.618, de menores, por el siguiente: “Regulado el derecho a que se refiere el artículo 229 del Código Civil por sentencia judicial o avenimiento aprobado por el tribunal, se requerirá también la autorización del padre o madre a cuyo favor se estableció.”. Para entender este precepto hay que leer la totalidad del artículo 49 -incluso el artículo 48-, que se refiere a aquellos casos en que la persona que tenga a su cargo el cuidado del menor salga con él del país, situación en la cual se requiere autorización judicial; porque es natural que si se ha establecido el derecho de visita en favor del padre o de la madre, ésta o aquél debe conocer el hecho de la salida del menor al extranjero. Por esa razón, se modifica el inciso cuarto del artículo 49, quedando su redacción tal como aparece en el informe. En consecuencia, desde mi punto de vista, el informe de la Comisión Mixta merece ser aprobado sin objeciones. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la concisa y breve, pero interpretativa relación del relator nos hace pensar que una de las situaciones más críticas por las que pasa un ser humano es la ruptura de la relación de pareja, porque lleva a la disgregación de la familia, fruto en parte de lo que somos: seres humanos, y de la falta de sentido de compasión. Vivimos una situación de desregulación perniciosa del quiebre matrimonial y de la ruptura de las parejas no casadas, hecho que afecta de manera directa a la mujer, al hombre y a sus hijos, quienes forman el núcleo más importante de la sociedad humana. En Chile, ocurrida la separación de los padres -dice el relator-, uno de ellos tendrá el cuidado personal del o de los menores; por regla general, la tuición es compartida. El punto central es cómo regular efectivamente la mantención de la relación parental entre el padre o la madre y sus hijos, cuando están privados de su cuidado. Esta materia no es sencilla, porque no se trata de un asunto material, sino de un sentimiento. Los valores de la justicia, la piedad, la compasión, el resguardo de los derechos, el interés superior de los niños y el pragmatismo, deben orientar las decisiones de los legisladores, de los jueces y de otros operadores del sistema jurídico. ¿Quién de nosotros no ha sufrido en forma directa o muy cercana este trauma familiar? Insisto, no es un tema fácil. Normalmente las madres tratan de supeditar el acceso del padre a los menores al pago oportuno de las pensiones alimenticias, las que se transforman en una suerte de verdadera moneda de cambio del contacto personal entre padres e hijos. Aun cuando no lo establece la ley, sabemos que así opera el sistema. Con el avance de la sociedad y de la cultura de las naciones, hoy los padres están más conscientes de la necesidad de continuar con la relación afectiva de sus hijos menores. La paternidad, entonces, se ejerce de manera más integral. Hace unas décadas lo común era que el padre o madre que abandonaba el hogar se olvidara de sus hijos, sin demandar el derecho a verlos y a relacionarse con ellos. Afortunadamente, en la práctica esto ha ido cambiando, aun cuando no las leyes que regulan la materia. Hoy se necesitan leyes que reconozcan que las relaciones filiales son recíprocas e involucran a ambos progenitores, a lo cual no ha ayudado nuestra cultura judicial. En muchos casos, aún subsiste una suerte de gran prejuicio judicial, pues el padre es sancionado por abandonar el hogar o por la ruptura matrimonial. El objetivo no es considerar el ser en este mal estado en que nuestra justicia aún lo sitúa. Por eso el proyecto que nos ocupa pretende establecer definitivamente que, salvo el interés superior del niño y la presencia, por ende, de causas graves justificantes, los progenitores tienen el derecho y la obligación de seguir vinculados a sus hijos, pese al término de la vida en común, que en un momento fue lo más anhelado por la pareja, que ilusionó sus vidas y los hizo creer en la felicidad. Las proposiciones de la Comisión, en lo sustancial, mantienen el contenido del proyecto aprobado por la Cámara, aun cuando le introducen cambios formales importantes, como es la ubicación de las nuevas normas que garantizan los derechos de los padres y de los menores a la relación filial. Al abordar esta materia se salvaguardan los derechos de los padres -hombres y mujeres-, porque están de por medio sus hijos; se crean las condiciones jurídicas para aminorar los impactos de las rupturas familiares y se generan mejores condiciones para una vida emocional sana y plena de ambas partes de la relación filial. Por ello, anuncio mi voto afirmativo a la iniciativa, sin perjuicio de expresar mi interés en escuchar los puntos de vista que sobre esta materia propugnan los colegas de la Comisión de Familia, quienes, por supuesto, tienen un mayor nivel de conocimiento y experiencia al respecto. Nadie puede ser indiferente a la aprobación del proyecto, porque no está lejano -a lo mejor muy cerca de cada uno de nosotros- el dolor del cual también formamos parte como legisladores. Con la aprobación de tan importante proyecto, también se aprueba algo de humanidad. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Solicito la autorización para que ingrese a la Sala el subsecretario de Justicia, señor Jaime Arellano, por cuanto no fue posible contar con la asistencia del ministro en esta sesión. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, con el diputado señor Paya presentamos hace algún tiempo esta moción, cuya finalidad, como señalaba el diputado señor Elgueta, es agilizar el trámite del derecho a visita; incluso, nuestra pretensión era cambiar su nombre, lo cual fue recogido y aprobado por el Congreso Nacional. Es más, muchos de los artículos del proyecto original fueron recogidos por dicha ley. Tal vez, la modificación más importante aprobada por la Comisión Mixta es la que recoge el sentido original del proyecto, incorporado en la letra c) del artículo 48 bis. En un principio, estuvimos en contra de las modificaciones introducidas por el Senado, porque establecían un procedimiento un poco engorroso para resolver la situación después de presentada la demanda. Sin embargo, se acogió la proposición efectuada al interior de la Comisión Mixta, contenida en la letra c) del artículo 48 bis, que dice: “c) Si al evacuar el traslado el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o no contradice en forma sustancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, o vence el plazo sin que hubiere sido contestada la demanda, el tribunal resolverá de plano, con el mérito de los antecedentes, la petición del interesado”. Esto tiene relación con las letras a) y b), que establecen que se dará traslado a la parte demandada por un plazo de cinco días desde el momento en que es notificada, y que las notificaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 35, respectivamente. Es decir, se agiliza un procedimiento que, como se ha señalado, perjudicaba a los niños de nuestro país. Más que resolver un conflicto generado entre los padres, el proyecto pone como centro la preocupación por los derechos del niño, idea recogida de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y que se tuvo presente durante la elaboración de la iniciativa y en las posteriores modificaciones aprobadas por la Comisión Mixta. Quiero solicitar a los colegas que aprueben a la brevedad la proposición de dicha Comisión, puesto que se trata de un proyecto que ha tenido un largo trámite y son muchas las personas que están esperando que se convierta en ley, a fin de utilizar este derecho y restablecer las relaciones rotas entre muchos padres e hijos de nuestro país. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para dejar pendiente la votación de este proyecto. ¿Habría acuerdo? Acordado. -Con posterioridad, la Sala se pronunció de la siguiente manera sobre la proposición de la Comisión Mixta: El señor LEÓN (Vicepresidente).- A continuación, corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que regula el derecho de visita a los hijos sometidos a tuición de uno de los padres. El proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional. En realidad, los diputados que han intervenido lo han hecho a favor de la proposición. Por lo tanto, si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobada. -o- El señor ROJAS.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ROJAS.- Señor Presidente, en el número 4 de la tabla del Orden del Día figura el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regulariza la situación de inmuebles de propiedad estatal, con el objeto de otorgar reconocimiento legal a su destinación. En atención a que este proyecto ha sido incluido en la tabla muchas veces, por su intermedio, pido el asentimiento de la Sala para votarlo, sin discusión, al final del Orden del Día. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En realidad, ésa era la idea, señor diputado. Creo que no habrá problemas para proceder de esa forma. PENALIZACIÓN DE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN. Primer trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que penaliza los actos de discriminación. Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Ceroni. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 1ª, en 3 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 12. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía me corresponde informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto que penaliza los actos de discriminación. Esta iniciativa, aprobada en general en su primer trámite reglamentario, reviste gran importancia. Su idea fundamental es combatir en forma decidida todos los actos que impliquen discriminación, de manera que en nuestra vida ciudadana no se lleve a cabo ninguna acción que implique privar a las personas de sus derechos esenciales por su raza, creencia, posición política, sexo, comportamiento sexual, etcétera. La Constitución Política y, en general, nuestras leyes contienen diversas disposiciones que condenan los actos de discriminación. Sin embargo, muchas veces quedan reducidas a meras declaraciones líricas sin efecto real. Todos sabemos que en Chile existe discriminación, y los estudios que dimos a conocer durante la discusión general demuestran que en nuestro país se discrimina. Por eso, entramos a analizar una serie de figuras penales, de manera que nuestro Código Penal tipifique como delitos las acciones que impliquen discriminación. Ante todo, quiero decir que el Nº 2 del articulo 1º del proyecto incorpora el artículo 137 ter al Código Penal, que establece lo que se entiende por discriminación y que dice textualmente: “Para los efectos de las disposiciones de este Código y leyes especiales, se entenderá por discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en cuestiones de raza, en antisemitismo, xenofobia, religión o creencias, origen nacional, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o minusvalía, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad o cualquiera otra condición y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona”. En el fondo -es bueno decirlo-, hemos establecido una disposición muy amplia, en cuanto a qué se entiende por discriminación arbitraria. De aprobarse esta disposición, puedo decir con orgullo que nuestra legislación estaría dentro de las más avanzadas del mundo. Considero que eso es bueno, porque al colocarnos en todas las situaciones posibles no restringimos los actos considerados arbitrarios. De manera que si alguien incurre en conductas arbitrarias -como explicaremos a continuación-, se puede configurar un tipo penal o delito. Asimismo, el proyecto agrega un numeral 20 al artículo 12 del Código Penal, que establece una nueva agravante, directa y sencilla en cuanto a su redacción, pero profunda en cuanto a su significado, que dice: “20ª Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria”. Es decir, se agravará la pena de cualquier delito cuya motivación sea una discriminación. Asimismo, se incorporan al Código Penal un párrafo 1 bis, nuevo, al Título III del Libro II, del siguiente tenor: “De los delitos contra la igualdad de las personas, en dignidad y derechos”, y un artículo 137 bis, que dispone: “El que incitare a otros a causar daño a personas o a sus bienes, en razón de su origen, sus ideas, religión, o creencias, de la etnia, raza o nación a que pertenecen, de su sexo o condición sexual, o de la enfermedad o minusvalía que padecen, o motivado por una discriminación arbitraria en perjuicio de esas personas, será castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio”. Es decir, cualquier incitación para causar daños a la persona y a sus bienes motivada en razones de discriminación constituirá un delito. De la misma manera, también cometerá delito aquella persona que discrimine en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales. Es decir, ningún profesional o empresario puede rehusar sus servicios a una persona por razones que impliquen discriminación. Si lo hace, cometerá delito. Por lo tanto, un abogado no podrá negar sus servicios a una persona por su color de piel, aspecto físico, sexo o por su condición sexual. Podrá libremente no dar el servicio por cualquier otro motivo, pero en ningún caso podrá hacer valer una razón de discriminación. Si así lo hiciere, estaría cometiendo delito. Una empresa o una actividad comercial tampoco podrá dejar de atender a alguien por una razón que implique discriminación. Si lo hace, también estaría cometiendo un delito. Al igual que el empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa actos de discriminación. Se establece con claridad y se sancionan las asociaciones cuyo objeto específico sea el de propiciar la discriminación de las personas. Se sanciona con mayor penalidad a los fundadores de esas organizaciones. En todo caso, en el artículo 294 bis se condena claramente todo tipo de asociación que incite o promueva la discriminación. El proyecto contiene un artículo que señala que aquel que en público, verbalmente o por medio de escritos o imágenes, incite al odio, la hostilidad o la violencia en contra de las personas o bienes de personas o llame al empleo de medidas arbitrarias de discriminación en su contra, será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a doce ingresos mínimos. Se castigará con igual pena a aquellas personas que envíen informaciones, ya sea un texto escrito o un panfleto que atente contra personas, las desprestigie y, en definitiva, cometa actos de discriminación. Igualmente se establece una sanción específica para quien se manifieste de manera injuriosa en contra de la dignidad de una o más personas por razones de discriminación. Además de modificar el Código Penal, se reemplaza el artículo 18 de la ley Nº 16.643, sobre abusos de publicidad, por una disposición que preceptúa: “El que por cualquier medio realice o intervenga en la producción, reproducción, emisión, difusión o distribución al público de publicaciones o transmisiones que inciten al odio, la hostilidad o la violencia, o que llamen a la adopción de medidas arbitrarias, todo ello fundado en la discriminación, será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a veinte ingresos mínimos”. También se reemplaza el artículo 8º de la ley Nº 19.253, con el objeto de establecer: “Se considerará simple delito la discriminación manifiesta e intencionada en contra de los indígenas, en razón de su origen y su cultura. El que incurriere en esta conducta, será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a veinte ingresos mínimos mensuales”. El proyecto, reitero, crea diversas figuras penales que se incorporan al Código Penal y a las leyes Nºs 16.643 y 19.253, con el objeto de sancionar en forma enérgica actos discriminatorios. Se trata de hacer realidad la condena que hacemos en distintas leyes y en la Constitución respecto de la discriminación. La idea, en el fondo, no es que la gente sea condenada. No es ése el objetivo principal del proyecto, sino establecer tipos penales para señalar, en forma enérgica, que el que discrimina va a ser repudiado por la sociedad. Todo eso va a contribuir a que la discriminación vaya terminando en nuestro país, de manera que se respete a las personas por lo que son en esencia, por su dignidad, por sus valores intrínsecos y no por apariencias externas o situaciones de las cuales ellos no son responsables. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, con el título del proyecto, obviamente todos podemos estar tranquilos y contentos de que estamos haciendo una buena labor; de que estamos protegiendo a personas que, por su distinta condición, como lo ha señalado el diputado informante, pueden ser discriminadas. Pero me surgen dudas respecto de lo pragmático del proyecto. Todos sabemos que la Constitución Política de la República proclama la no discriminación en el inciso primero del artículo 19; en los artículos 16, 22, 98 y en una serie de otros preceptos a través de los cuales protege la dignidad y derechos. También la ley indígena -Nº 19.253- así lo considera, por lo que bien merece la pena detenerse a analizar el tema con mayor profundidad. Lo primero: ¿sólo con ley y con penalidad, o sea con cárcel, debemos actuar para evitar la discriminación? Creo que acá hay un problema de educación mucho más de fondo y dudo que una ley, si no tenemos la educación, nos permita tener conciencia sobre la materia. En definitiva, con ella sólo haremos una raya en el agua. Y me opongo a eso, puesto que después vienen las descalificaciones hacia la política y hacia quienes la realizan, porque creemos actuar, a veces, en buena forma, y nos preocupamos del problema, pero no de cómo se va a aplicar la ley. De ahí nace mi primera duda. Hoy es de público conocimiento la estrechez y falta de cárceles en nuestro país. En ese caso, ¿es lógico que por emitir un comentario o, incluso, contar un chiste, tan típico de nuestra cultura chilena, se corra el riesgo de una pena de reclusión? Creo que no se ha considerado la verdadera dimensión de lo que queremos hacer. Una persona que injuria debe ser castigada, pero hay formas de hacerlo. Para eso existen las querellas por injurias, por calumnias, y son los tribunales los que, en definitiva, deben hacer justicia y aplicar la sanción correspondiente. Sin embargo, en el proyecto estamos imponiendo la pena de cárcel. Ese es mi primer reparo a la iniciativa en estudio. En segundo lugar, creo que tiene problemas de técnica legislativa, razón por la cual he presentado una indicación. Solicito al señor Presidente que recabe la unanimidad de la Sala para analizarla y votarla. Por ejemplo, en el artículo 137 ter existe una redundancia al señalar: “Para los efectos de las disposiciones de este Código y leyes especiales, se entenderá por discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en cuestiones de raza, en antisemitismo, xenofobia, religión o creencias,...”. En mi opinión, aquí se hace la primera discriminación, porque no es necesario nombrar en forma especial en nuestra legislación a una raza o grupo de personas que profesa una determinada religión. Al hablar de antisemitismo habría que incluir a todas las colonias que existen en nuestro país. Basta decir raza, xenofobia o religión para entender que se trata de todas las personas que, debido a nuestra deficiencia cultural, pueden ser discriminadas. A mi juicio, el punto bien merece ser analizado. De lo contrario, discriminamos en mayor forma a quienes mencionamos de manera exclusiva. Por su parte, el artículo 137 quáter dice que incurrirá en la pena de reclusión menor “el que, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, cometiere la discriminación definida en el artículo anterior” -137 ter-, el cual señala que también se considerará discriminación cuando la persona es diferenciada por una enfermedad o minusvalía, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad o cualquier otra condición. Aquí está mi segundo reparo, pues, en la práctica, en lo que sucede en el diario vivir, con los dos artículos anteriores perfectamente puede ocurrir que en un concurso para un cupo laboral, la persona que tenga distintas condiciones de la que obtuvo el cargo -el color de la tez, la estatura- se puede sentir discriminada, lo cual acarreará problemas, porque hay aspectos subjetivos entre la que no logró el cargo y la que lo obtuvo. Cuando se llama a concurso, se consideran varios elementos para asignar el cargo: idoneidad, capacitación, experiencia, en fin. Sin embargo, en el proyecto proponemos penalizar cuando se actúa menoscabando el reconocimiento o no se da igualdad de derechos, aspectos que, en mi opinión, no son fáciles de demostrar. ¿Qué pasará con las personas que están acostumbradas, por ejemplo, a hacer chistes de gallegos? ¿Una persona de dicha descendencia podrá querellarse y pedir la encarcelación de un humorista? En nuestro vocabulario están arraigadas ciertas palabras para designar a algunas colonias. A los provenientes del Medio Oriente o del mundo árabe se les denomina “turcos”. Entonces, un sirio o un palestino que se sienta discriminado con dicha palabra tendrá derecho a meter a la cárcel a quien la dijo por ignorancia o falta de cultura. A los descendientes de italianos nos dicen “bachichas”. No tengo problemas al respecto, pero alguien puede sentirse agraviado y llevar a la cárcel a una persona por llamarlo de esa manera. Muchos deben pensar que en esto se aplicará el criterio. Justamente, el gran problema es que legislamos para que se aplique el criterio, elemento que cada día está más ausente en las comunidades, en las sociedades e, incluso, en quienes estamos aquí y tenemos una serie de responsabilidades. El sentido común, equivalente al criterio, se ha ido perdiendo por mezquinos intereses o conveniencias. Aun cuando entiendo que queremos una sociedad más justa, que los derechos de todos y cada uno de los connacionales deben ser respetados, que el proyecto tiene una buena inspiración y, seguramente, así lo pensaron sus autores, considero que lo que aprobemos, en la práctica, acarreará más problemas que beneficios. Por lo demás y a mayor abundamiento, nuestra Constitución Política tiene la forma de evitar tal situación. ¿Quién no está de acuerdo en que un funcionario público debe dar a todo el que se lo solicite la mejor atención posible y todos los elementos que requiera? ¿Quién no está de acuerdo en que un minusválido -en pocos días se llevará a cabo una nueva Teletón- no sea discriminado por su condición? Pero, ¿quién puede estar de acuerdo en que conductas contrarias a ese actuar sean penadas con cárcel? Ahí radica el error en que hemos incurrido como legisladores, y discúlpenme la expresión, al querer ser más papistas que el Papa. Por lo tanto, estoy en contra del proyecto en la forma en que está presentado y reitero mi petición de recabar la unanimidad de la Sala para discutir la indicación que hice llegar a la Mesa. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, el proyecto en estudio, que penaliza los actos de discriminación o violencia contra una o más personas por su raza, religión u origen nacional o étnico, originado en moción de nuestro colega señor Gutenberg Martínez Ocamica, reviste gran trascendencia e importancia en lo relativo a las relaciones humanas, dentro de lo que son los actos atentatorios en contra del honor y la dignidad de las personas. Por su importancia, debemos analizar el proyecto exhaustiva y seriamente. Por primera vez se concretan en la ley sanciones contra la discriminación arbitraria, a fin de materializar principios y declaraciones constitucionales sobre igualdad de las personas. Por ello, la importancia del proyecto radica en que no estamos haciendo meras enunciaciones ni lanzando al aire frases elegantes, sino actuando con efectividad, con hechos concretos, para evitar que se siga discriminando. El paso que se da es importante, porque nuestro país es uno de los pocos que carecen de legislación punitiva para los actos discriminatorios. La seriedad del proyecto queda de manifiesto en el hecho de que señala que la discriminación consiste en actos efectivos, graves, serios, en daño o menoscabo efectivo de una persona, y no en cualquier actitud, comportamiento, chites o broma. La definición que se da es fundamental para entender el proyecto. El análisis efectuado en la Comisión de Derechos Humanos para penalizar los actos de discriminación, que atentan contra los derechos humanos, ha sido preciso, profundo y serio. Por ello, de la iniciativa de ley original de nuestro colega Gutenberg Martínez hemos derivado a una reglamentación mucho más amplia, abarcando más capítulos y párrafos del Código Penal, tratando de llegar a una legislación concreta y, si no acabada, más clara al respecto. Hemos insertado en el Código Penal nuevas figuras delictivas, como no respetar la igualdad de las personas en su dignidad y derechos, y los agravios inferidos por funcionarios públicos al infringir derechos garantizados por la Constitución. Se sancionan las asociaciones ilícitas que inciten o promuevan la discriminación, el odio y la violencia; se penaliza la incitación al odio y la hostilidad con fines discriminatorios. Igualmente, en el párrafo de las calumnias y las injurias se agrega un artículo que sanciona las expresiones que atenten contra la dignidad y el honor de las personas. Lo mismo sucede en la ley de publicidad. Y respecto de las leyes indígenas, la discriminación se sanciona como un delito y no como una mera falta, como ocurre en la actualidad. En el estudio de esta materia representa un adelanto haber establecido como una agravante de responsabilidad criminal el hecho de que el delito sea cometido con afanes discriminatorios. Sin embargo, la nueva agravante propuesta como numeral 20 del artículo 12 era bastante compleja, integrada por muchos elementos, de modo que la simplificación propuesta permitirá cumplir de mejor manera el objetivo tenido en vista. El nuevo texto dice: “cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria”. La finalidad de la ley es, por supuesto, regular la conducta de las personas en la sociedad; señalar sus derechos y obligaciones, y, respecto de estas últimas, indicar con precisión aquellas que permitan garantizar los derechos de los terceros; enunciar sus derechos y facultades, pero también establecer el delito y la pena cuando estos derechos no sean respetados, sino infringidos y violados. Aparte de la finalidad punitiva, la ley tiene otro objetivo fundamental -en esto respondo a mi estimado amigo Mario Bertolino-. Por supuesto que el aspecto sancionatorio es esencial, pero también la ley cumple un objetivo pedagógico, educativo, de promoción de valores. Con motivo de la discusión del proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar, se sostuvo que contenía muchas sanciones penales, lo que implicaba que los transgresores de sus disposiciones serían sancionados hasta con privación de la libertad, lo cual causaría un mayor problema social. Sin embargo, esa ley se ha transformado en un documento pedagógico, indicador de lo que no se debe hacer. Lo mismo propendemos con este proyecto de ley, porque en Chile se discrimina y se hacen diferencias en forma egoísta, injusta y despreciativa. Por eso entendemos que discriminación es “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en cuestiones de raza, en antisemitismo...”, etcétera. Este último concepto fue muy discutido en la Comisión, pero finalmente se aprobó incluirlo por la unanimidad de los miembros presentes. Ese elemento lo introdujimos por su significación en la historia universal: la exterminación de seis millones de judíos. Hoy día el nazismo pretende resurgir. Así lo denunciamos cuando se quiso celebrar en nuestro país un congreso del nacionalsocialismo. Gracias a que en esta misma Cámara se denunció ese intento, ese evento no se celebró o sólo se celebró en forma precaria. Este concepto, inserto en las legislaciones de muchos países, figura incluso en la de la hermana República Argentina. Uno de los constitucionalistas transandinos decía que el antisemitismo era una vergüenza, pero que ahora es un delito. Queremos que lo mismo rija acá. Igualmente entendemos por discriminación toda forma de exclusión, preferencia, etcétera, fundada en cuestiones de xenofobia, religión o creencias u origen nacional, verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o minusvalía, por el sexo o condición sexual -también se discutió bastante acerca de las conductas sexuales y del tratamiento y nuevas tendencias en el mundo respecto de este tema-, descendencia, edad o cualquiera otra condición y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona. Esto último es lo que viene a tipificar, graficar y calificar una conducta discriminatoria, no cualquiera, por cuanto debe ser algo grave, serio y concordante, una actitud que origine menoscabo o produzca daño en la integridad moral de las personas o en su situación social. Señor Presidente, estamos felices porque consideramos que la redacción del proyecto responde plenamente a las necesidades y exigencias del momento. Por supuesto, las penas que se establecen están en proporción con la lesión de los bienes jurídicos que se protegen. Aquí no existe ninguna exageración ni penas del infierno, sino que la sanción, reitero, concuerda con el bien jurídico protegido y con los valores en juego de la persona humana en este tipo de situaciones. En consecuencia, pido a la honorable Sala que apruebe en particular el proyecto de ley, en la forma señalada en el informe. Quiero repetir lo que dije en la sesión en que se discutió el proyecto en general, porque aquí estamos protegiendo y defendiendo la diversidad y la diferencia, ya que no todos somos iguales. A veces, la diversidad y la divergencia son riquísimas en cuanto a procurar una mayor convivencia dentro de la sociedad. En esa oportunidad, señalé: “Aunque somos iguales y efectivamente diferentes, todos poseemos por igual o somos titulares de la dignidad humana. “Las diferencias son necesarias y hay que convivir con ellas, aceptarlas, valorarlas y respetarlas. Sólo se convive con lo que es diferente. No debemos molestarnos ni incomodarnos con lo que es distinto, porque lo diferente enriquece y debe fortalecer, con valores y virtudes, nuestra relación por cada acto, por cada actitud que ejecutemos. “Nada es más antagónico al ser como se es, pensar como se piensa, sentir como se siente, mirar y medir con la visión y el prisma que cada uno le da, que el no aceptar esta libertad al derecho de pensar, de sentir, de mirar y medir como libremente uno lo hace. No sería actuar con igualdad y democracia. “Se debe proteger la no discriminación, la convivencia y la tolerancia con los diferentes, con los que se ven mal, o aparentemente mal, con los que se ven bien, con las minorías, con los distintos”. Cada uno de los numerales del proyecto concuerda plenamente con nuestros mandatos constitucionales y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el fundamento de las libertades ciudadanas en todos los países, pero que, a veces, miramos a la distancia como meros documentos. Al complementarlos de la manera como lo estamos haciendo, damos un efectivo y pleno cumplimiento a dichos mandatos. Por eso, solicito la aprobación de este proyecto y porque el noventa y nueve por ciento de sus disposiciones fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, de manera que no existen mayores inconvenientes sobre la materia. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en la sesión en que se votó en general la idea de legislar, estuvimos de acuerdo en que en nuestro país falta una legislación que sancione los actos discriminatorios. Sin embargo, si uno examina las disposiciones de este proyecto, verá que merecen algunas observaciones que justifican que vuelva, en este caso, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de perfeccionar y adecuar sus normas a la legislación vigente. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque aquí se agrega una agravante, cual es “Cometer el delito, motivado por discriminación arbitraria”. Esta agravante se trata de justificar señalando que nuestra Carta Fundamental establece como garantía la no discriminación arbitraria, pero ésta se refiere al legislador o a cualquier autoridad. En consecuencia, lo que el Estado debe garantizar es que la autoridad o el legislador, en su caso, no realice discriminaciones arbitrarias. Por consiguiente, y desde ese punto de vista, esta agravante me parece que es o puede ser un océano sin orilla, de amplia interpretación, que llevaría a opiniones subjetivas y que deberían establecerla los tribunales de justicia prácticamente en cada caso, lo que, por supuesto, derivaría en una jurisprudencia contradictoria, que no necesariamente va a iluminar a los jueces en el futuro, sino que, por el contrario, puede llevar a absurdos evidentes. Por eso, se debe precisar el concepto “discriminación arbitraria” para esta última “ratio”, que es el derecho penal, porque, de lo contrario, podríamos sancionar costumbres, hábitos, características o conductas usuales de las personas, en circunstancias que la ley, especialmente la penal, no establece o no tiene por finalidad que las conductas habituales, las costumbres consuetudinarias, sean penadas, en circunstancias que respecto de ellas jamás hubo dolo. De ahí que esta agravante me parece exagerada e incompleta, por lo que debería volverse, tal vez un poco, a la redacción que tuvo en su presentación. Por otro lado, observo que en los delitos que se configuran en este proyecto de ley, algunos ya existen, mientras que otros tienen una confusión o una simultaneidad con los establecidos en algunos proyectos que estamos a punto de despachar, como sucede con el veto del Presidente de la República a la ley de Prensa, en actual tramitación. Por ejemplo, el artículo 2º del proyecto en discusión señala: “Reemplázase el artículo 18 de la ley 16.643, por el siguiente: “Artículo 18.- El que por cualquier medio realice o intervenga en la producción, reproducción, emisión, difusión o distribución al público de publicaciones o transmisiones que inciten al odio, la hostilidad o la violencia, o que llamen a la adopción de medidas arbitrarias, todo ello fundado en la discriminación, será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a veinte ingresos mínimos”. De partida, este artículo rompe con la unidad monetaria establecida para las multas, porque aquí habla de 20 ingresos mínimos, en circunstancias que toda la legislación la fija en unidades tributarias. Además, como dije, existe simultaneidad, porque el artículo 32 del proyecto de ley de Prensa, materia vetada por el Presidente de la República, dice prácticamente lo mismo: “El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales”. Es la observación número 20 del Presidente de la República a ese proyecto. ¿Qué diferencia hay entre el artículo 2º, que reemplaza el artículo 18 de la ley sobre abusos de publicidad, con este artículo 32? Prácticamente ninguna, salvo en la pena, porque el proyecto en análisis establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, mientras que en el relativo a la libertad de prensa -a punto de despacharse- sólo se aplica una multa. Si en este último proyecto -respecto del cual hemos tenido un extenso análisis con representantes de los medios de comunicación- se aprobara el artículo 18, no me cabe la menor duda de que se echaría por la borda lo que se pretendió, pues su objetivo fue reemplazar las penas privativas de libertad por penas de multa. Por otro lado -y también respecto de los delitos tipificados- existen normas similares en la ley de Seguridad del Estado y en el Código Penal. En consecuencia, el proyecto debería adecuarse a esas disposiciones o perfeccionarlas. Creo que no es conveniente definir lo que se entiende por discriminación, diciendo que es “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en cuestiones de raza, en antisemitismo” y en todos los “anti” que conocemos, como “xenofobia, religión o creencias, origen nacional, la verdadera o supuesta pertenencia o no pertenencia a una etnia o raza determinada, en una enfermedad o minusvalía, por el sexo o condición sexual, descendencia, edad o cualquiera otra condición y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona”. Eso lleva a criterios subjetivos y creo que la verdadera presunción sobre discriminación que se establece aquí implica generalidades y vaguedades que no es conveniente establecerlas cuando se trata de un cuerpo penal o de cuerpo punitivo en que, como dije, se trata de la última “ratio”. Por estas razones, solicito que el proyecto se envíe, por un período de a lo menos quince días, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que se coordine y armonice con otras normas, se supriman algunas y se perfeccionen otras. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, me parece muy importante que en nuestra legislación existan leyes que, de manera muy concreta, determinen los delitos contrarios a la igualdad; en el fondo, de qué forma se castigan aquellos actos impulsados por la discriminación, hecho real en el país. Pienso que no basta que en la Constitución Política estén prohibidas o sancionadas las discriminaciones, como regla general, sino que es muy importante penalizar conductas discriminatorias muy concretas. Por eso, en principio, estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto, sobre todo con los términos en que define la forma de discriminación. En ese sentido, considero que en el país no podemos tener todavía una discusión honesta, sincera, clara y profunda sobre el tema de las orientaciones sexuales. El proyecto habla de “comportamiento” sexual, en circunstancias que en todos los países del mundo se habla de “orientación” sexual. Es un hecho reconocido mundialmente, incluso a nivel de las Naciones Unidas. Es muy distinto un mal comportamiento sexual -violaciones, abusos sexuales, en fin, conductas penalizadas en nuestro Código Penal- del concepto de “orientación sexual”, aplicable respecto de un porcentaje de la población y que no debe o no debiera calificarse en términos peyorativos. Por eso me parece que el proyecto no es valiente al hablar de “comportamiento sexual” y no de “orientación sexual”, que es el término usado por todos los países del mundo. No me cabe duda de que en Chile cotidianamente se incurre en muchas acciones discriminatorias hacia personas con orientación sexual distinta a la de la mayoría de la población, y me parece bien que estén penalizadas. Pero estimo relevante utilizar los términos que corresponden y no uno que no equivale exactamente al que motiva las discriminaciones por este tipo de cosas. Entonces, es importante puntualizar y enumerar los distintos tipos de discriminación existentes y que se proteja de la discriminación este bien jurídico, no contra el honor de las personas, como conceptualización, sino contra sus derechos, porque con ello estamos reconociendo que todos -cualquier chileno o chilena- tienen derecho a ser como son y que, por lo tanto, no es una cuestión de honor, sino de derecho. Eso, como concepto, me parece muy importante. Algunos colegas han hablado de la necesidad de puntualizar mayormente el tipo de acto discriminatorio, pero me parecen muy importantes los distintos artículos que sancionan al empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa actos de discriminación, consistentes en rehusar el suministro de un bien o servicio. Hemos conocido casos en que a un enfermo de sida no se le presta atención, o de reparticiones públicas que no atienden a indígenas. Me parece muy importante -reitero- que se sancione al empleado público que cometa esos actos discriminatorios. También considero muy relevante que se condenen las asociaciones que inciten o promuevan la discriminación, el odio o la violencia y otras acciones que están bien descritas en el proyecto, ya que, al no estar penalizadas, la no discriminación y la igualdad de las personas quedan como meras declaraciones en nuestra Constitución Política. Por eso apoyo el proyecto. Puede ser perfeccionado -no lo dudo-, pero es vital que demos señales concretas de que aquel chileno o chilena que cometa actos discriminatorios será castigado. Creo que el bien de la diversidad, del respeto a todos los ciudadanos, es muy profundo, por lo cual debemos contar con los instrumentos para que esa diversidad pueda ser vivida sin actos discriminatorios. Obviamente, el proyecto tiene carácter educativo, como se ha dicho, lo que también es importante. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, si uno analiza el proyecto, se da cuenta de que lo único que puede rescatarse es que establece penas de reclusión. Al efecto, quiero recordar que el artículo 1º de la Constitución Política dice lo siguiente: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. En consecuencia, este proyecto de ley contraviene el artículo 1º de la Constitución Política, porque se supone que, si éste lo aplicamos bien, todas las personas, cualquiera que sea su condición social, las etnias, las razas, están amparadas. Existe un precepto que en ninguna parte está escrito: el del criterio, el de la tolerancia, el del respeto hacia las personas, y eso no se puede practicar por ley, sino que, más bien, es consecuencia de cómo a uno lo hayan educado y cómo haya convivido con las distintas etnias. El artículo 8º señala que “Se considerará simple delito la discriminación manifiesta e intencionada en contra de los indígenas,...” y la verdad es que el tema es recurrente. Tengo muchos amigos indígenas -incluso, gente que trabaja con amigos míos son indígenas- y jamás ha habido discriminación contra ellos. Todo lo contrario, son parte integral de la comunidad. Por ejemplo, así acontece en la Novena Región, donde está la mayor concentración de mapuches. La mayoría de la gente conoce sólo lo que cuentan. Realmente, me indigna que un parlamentario piense que existe discriminación contra cualquier persona de mi patria, sobre todo contra el pueblo indígena. Hemos dicho en todos los tonos que éste es parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra tradición y de la sangre que corre por nuestras venas; pero cada vez que se plantea un proyecto de ley que les atañe se les considera como sectores discriminados. El mapuche no se siente discriminado; son sólo algunos los que así lo consideran, porque les han inculcado estos prejuicios. Repito que tengo grandes amigos y que este tema es recurrente. La ley indígena establece claramente que no se debe discriminar al pueblo mapuche -ni a nadie-. La Constitución, en su artículo 1º, también lo preceptúa. Este proyecto contiene muy buenas intenciones, pero qué va a primar: ¿vamos a meter presa a la persona que discrimine? Es lo único que dice, pero el artículo 1º de la Constitución ya lo garantiza. Dice también que se prohibirá la información que induzca a la discriminación, en circunstancias que estamos abogando por una nueva ley de prensa en que se reafirma la libertad de información. En consecuencia, para mí, el proyecto es absolutamente contradictorio. El único cambio que introduce es que quienes cometan discriminación serán sancionados con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo. De verdad, lamento profundamente que hayamos perdido casi una hora y media debatiendo un proyecto que -reitero- para mí no tiene ninguna importancia, porque si aplicáramos a cabalidad el artículo 1º de la Constitución, resguardaríamos todas las garantías que tienen los chilenos. Estos proyectos, lejos de ayudar y fortalecer la convivencia nacional, la menoscaban, porque cuando a una persona le tocan la sensibilidad de su ser, con un tema que creía ajeno, acude a los tribunales y se arma el pandemónium. Quiero insistir en un ejemplo que hemos expuesto en muchos otros casos. ¿Cómo no va a haber discriminación cuando el Gobierno sólo entrega bonos al 10 por ciento de los comuneros mapuches? Ahí hay claramente una discriminación. No me vengan a hablar de discriminación positiva cuando -reitero- el propio Gobierno entrega bonos sólo a un 10 por ciento de los agricultores mapuches; cuando en esas comunidades indígenas vive gente que necesita que se le ayude y no recibe ningún bono; cuando, a pesar de ser chilena y de vivir en una misma comunidad, carece de las garantías que establece la ley, como la igualdad. La propia ley la discrimina. ¿Cómo no va a ser discriminatorio -lo he hablado como diez veces con la ministra señora Alejandra Krauss-, por ejemplo, cuando la ley indígena destina recursos para proyectos de electrificación, en la comuna de Curarrehue, donde se ha electrificado todo hacia Flor del Valle, que 130 familias en extrema pobreza sólo vean pasar la luz, porque no tienen 130 mil pesos para conectarse a la red? Lo hemos dicho, en todos los tonos y a todas las personas correspondientes, que el Gobierno debe poner 18 millones de pesos para ello. Los discriminan con la luz y -reitero- la ley indígena contempla fondos para electrificación. ¿Y me vienen a hablar, en relación con este proyecto, que van a suprimir los problemas de discriminación en nuestra patria? Perdónenme; hagamos funcionar las leyes que tenemos; démosle a la gente lo que corresponde y no inventemos más iniciativas que, lejos de contribuir a una buena convivencia, profundizan el camino desviado para que algunos se aprovechen y fomenten el odio en algunas partes. Por eso, con mucha decisión, voy a votar en contra de este proyecto de ley, porque es discriminatorio. Por el contrario, no lo son ni la Constitución, ni las leyes vigentes, ni, específicamente, la ley indígena, cuerpos legales en cuya aplicación debemos manifestar un profundo respeto por todos y cada uno de los chilenos. Las leyes no engendran criterios; hay que crear conciencia de que todos los chilenos somos iguales. Lo dice claramente nuestra Constitución. Considero que el proyecto es inoficioso; sólo triza las buenas relaciones y hiere el alma nacional. En Chile, felizmente, no hay discriminación. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, en verdad, el proyecto es sumamente importante. Desde hace mucho tiempo, en el derecho comparado existen también disposiciones de carácter penal en relación con la discriminación. Ciertamente, no es un argumento -lo oí recientemente- aducir que la Constitución, en su artículo 19, garantiza determinados derechos, como la vida o la salud. De acuerdo con ese criterio, querría decir que no deberíamos tipificar el delito de homicidio ni el de lesiones, porque en la Constitución ya están garantizadas la vida y la salud de las personas. Creo que ese argumento no es válido para señalar que no debe castigarse una actitud o comportamiento grave de carácter discriminatorio. Por eso, estimo que el proyecto es muy importante, puesto que profundiza nuestro estado de derecho al establecer penalidades para determinados actos discriminatorios. Sin embargo, si bien creo que debe ser aprobado en general, adolece de gran cantidad de defectos en cuanto a técnica legislativa. En primer lugar -como ya ha sido recalcado en aspectos muy menores- habla de las multas, simplemente, de acuerdo con el ingreso mínimo, cuando, hoy, toda nuestra legislación penal las regula de acuerdo con unidades tributarias, con lo cual ahí hay un tema grave en relación con la unidad de las penas que se establecen en nuestro Código Penal. En segundo lugar, cada uno de los artículos del proyecto presenta graves deficiencias desde el punto de vista técnico y conceptual. Es así como el artículo 137 bis habla de causar daño a la persona y a sus bienes. Ya el concepto de “daño”, en nuestro Código Penal, se refiere solamente a los bienes; nunca, respecto de las personas. Asimismo, dicho artículo, en su primera parte, expresa: “en razón de su origen, sus ideas, religión o creencias, etcétera”; después habla de “discriminación arbitraria”, y cuando el artículo 137 ter define lo que se entiende por “discriminación arbitraria”, nuevamente hace referencia a problemas de origen, de religión, etcétera, con lo cual, evidentemente, hay una redundancia o contradicción o ambivalencia o confusión en los conceptos. Del mismo modo, en el artículo 137 ter hay una variedad enorme respecto de qué se entiende por “discriminación arbitraria”; porque al final señala una regla: “o cualquiera otra condición y cuyo fin o efecto sea la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos esenciales a toda persona”. Ello no es una cláusula de cierre, sino de gran apertura, sin señalar claramente a qué se refiere. Generalmente, las cláusulas de cierre -en una disposición penal, por su importancia en cuanto a la limitación de los derechos de la persona-, siempre están referidas a las enumeraciones anteriores, es decir, análogas o semejantes a las afecciones, al origen, a la nacionalidad, a la religión, etcétera. En el artículo 137 ter, como se señaló, también figuran las palabras “antisemitismo” y “etnia o raza”, con lo cual de nuevo hay una redundancia y confusión conceptual. Del mismo modo, podría prescindirse del artículo 137 quáter y quedar con una cláusula de cierre o ser incorporado al artículo 137 ter. Además, en él se consigna que la “persona jurídica” puede ser objeto de discriminación, lo que es muy inusual. Cosa distinta es que la sufran los personeros que la componen, pero ésta, como tal, resulta raro que pueda estar afecta a discriminación. Lo mismo ocurre en el artículo 157 bis, en el que también se habla de “persona jurídica”. El artículo 305 también establece en forma confusa el tema de la discriminación, porque se habla “de medidas arbitrarias de discriminación”, con lo cual se introduce un nuevo concepto. Lo mismo sucede con los artículos 431 bis y siguientes, en los que de nuevo hay confusión respecto del tema de discriminación. Asimismo, hay poca precisión en relación, primero, con lo que es la injuria, dentro del Código Penal y de la ley sobre Abusos de Publicidad; no existe la debida coordinación entre uno y otro delito dentro de ambos cuerpos legales, sobre todo con la nueva ley sobre tales abusos. Por último, hay redundancia al plantear el reemplazo del artículo 8º de la ley Nº 19.253, el que comienza de la siguiente manera: “Se considerará simple delito...”. Los simples delitos se determinan según la pena, y como allí se establece una pena de reclusión menor, claramente se entiende que se trata de un simple delito; en consecuencia, está de más decirlo dentro de la propia disposición. En definitiva, desde el punto de vista general, es evidente la ausencia de un proyecto tan fundamental en nuestra legislación; pero éste adolece de gran cantidad de errores conceptuales y técnicos. Por ello, pido a la Cámara aprobarlo sólo en general y luego enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de corregir sus defectos. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Recabo el acuerdo de la Sala para proceder en la forma solicitada por el diputado señor Bustos; es decir, para que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución y luego a la de Derechos Humanos, antes de ser votado en particular por la Sala. Tiene la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).- Señor Presidente, estoy de acuerdo con todo lo que perfeccione la iniciativa. Pero sugiero que ello tenga plazo fijo; esto es, que en noviembre sea estudiado en la Comisión de Constitución; que el informe que emita sea conocido al menos en una sesión por la Comisión de Derechos Humanos y que, con esos informes o sin ellos, el proyecto se ponga en tabla el martes 12 de diciembre para tratarlo hasta su total despacho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, deseo señalar que estamos de acuerdo tanto con lo planteado por el diputado señor Elgueta como con las sapientísimas observaciones del profesor Bustos. Sin duda, el proyecto debería ser enviado a la Comisión de Constitución para su reestudio, luego de lo cual volvería a la Comisión de origen. Pero no creo posible acotarlo en términos tan estrictos, porque el mismo manejo de la Cámara lo impediría. Quienes tenemos interés en el proyecto, nos preocuparemos en su oportunidad de asistir a la Comisión de Constitución. Más tarde, seguiremos su estudio. Pero el colega Gutenberg Martínez, autor del proyecto, debe convenir con nosotros en que hay proyectos mucho más urgentes que éste, respecto del cual podríamos decir que es de Fácil Despacho, no en su forma conceptual, sino por los objetivos que persigue. Entonces, si estamos enfrentados a una época difícil, en la que estamos preocupados de la cesantía, de las huelgas, etcétera, no nos encajonemos en estos términos tan fijos para su despacho en las Comisiones de Legislación y de Derechos Humanos. Confiemos en la capacidad y calidad de nuestros parlamentarios de todos los colores políticos, que, sin duda, le darán el trato que corresponde -como lo hacemos siempre- para ir adecuando el despacho de las diferentes iniciativas que se estudian en la Cámara a la satisfacción de las necesidades del país. Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al diputado señor Gutenberg Martínez. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción su Señoría. El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).- Señor Presidente, en la idea de buscar un acuerdo, y si le parece al diputado señor Alessandri, me permito sugerir, en caso de que el plazo propuesto sea considerado muy taxativo, que la Cámara acuerde estudiar de nuevo el proyecto en la Sala en diciembre. Con ello, en términos prácticos, damos dos meses para lo que planteaba su Señoría. En ese caso, podríamos buscar una solución concordada. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Retoma la palabra el diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, muy atinada la observación de mi distinguido colega, quien desea pasar una muy buena Pascua: hacer triunfar un proyecto originado en su sapiencia intelectual. Sin duda, no nos opondremos a ello; pero eso quedará librado a la capacidad de cada una de las Comisiones. En consecuencia, no tenemos mayor objeción a lo planteado por el colega Gutenberg Martínez. El señor LEÓN (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, luego a la de Derechos Humanos, después de lo cual la Mesa lo pondría en tabla durante diciembre? Tiene la palabra el diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no tendría objeción alguna a este acuerdo; pero sería bueno que el presidente de la Comisión de Constitución señalara el tiempo que dicha Comisión tendría para tratar el proyecto, toda vez que en ella existe una cantidad importante de iniciativas acumuladas, respecto de las cuales se está solicitando su puesta en tabla. Si no tenemos esa claridad, la discusión de este proyecto será postergada hasta marzo, abril o mayo del 2001. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Pido a la Comisión de Constitución informar a la Mesa cuánto demorarían en el despacho de este proyecto. ¿Habría acuerdo de la Sala para proceder de la manera solicitada? Acordado. INCORPORACIÓN A LA CUENTA DE DOS PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para incorporar, sólo a la Cuenta, dos proyectos de reforma constitucional: el primero, patrocinado por el diputado señor Jaime Orpis; y el segundo, por los diputados señores Enrique Krauss, Aldo Cornejo, Alberto Espina, Sergio Elgueta, Zarko Luksic y la señora Laura Soto. Acordado. PREFERENCIA PARA TRATAR DOS PROYECTOS DE ACUERDO. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, pido que solicite la unanimidad de la Sala para tratar con preferencia, en la presente sesión, dos proyectos de acuerdo. Uno dice relación con los recursos, en particular en moneda extranjera, destinados a los cuerpos de bomberos, fondos que no se contemplan en el proyecto de ley de Presupuestos. El otro tiene que ver con los dos proyectos de reforma constitucional cuya incorporación a la Cuenta de la sesión en curso se acordó recién. Se refieren a la misma materia, aunque con matices de diferencia. Uno es del colega señor Orpis, y el otro de la colega señora Soto y de los colegas señores Alberto Espina, Aldo Cornejo, Sergio Elgueta, Zarko Luksic y del diputado que habla. Ambos apuntan a la necesidad de establecer mayor rigurosidad respecto del tratamiento de los delitos de narcotráfico. En consecuencia, solicito que los proyectos de acuerdo, uno que pide la inclusión en la convocatoria extraordinaria de sesiones de tales proyectos, y el otro, la calificación de urgencia por parte de su Excelencia el Presidente de la República, sean tratados en la presente sesión, atendida la relevancia e importancia de dichas iniciativas. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- El diputado señor Krauss se ha referido a los proyectos de acuerdo números 492 y 493. Si le parece a la Sala, se tratarán de inmediato. Acordado. VI. PROYECTOS DE ACUERDO INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY EN LA ACTUAL CONVOCATORIA A LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. El señor LEÓN (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 492. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Es de la señora Laura Soto y de los señores Juan Bustos, Jaime Orpis, Sergio Elgueta, Aldo Cornejo, Alberto Espina, Zarko Luksic y Homero Gutiérrez: “Considerando: Que la opinión pública ha reaccionado críticamente a recientes resoluciones de los Tribunales de Justicia que han concedido el beneficio de la libertad provisional a delincuentes procesados por tráfico de drogas; Que esta reacción es entendible, pues el tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes y sicotrópicas constituye una conducta que lesiona gravemente no sólo a las personas naturales que se someten a su consumo, sino a la sociedad entera, a la cual corrompe y degrada, conforme lamentables experiencias internacionales así lo demuestran; Que, junto con las medidas de prevención, este problema debe ser enfrentado desbaratando la oferta e investigando y sancionando los delitos conexos, para lo cual se precisa no sólo del cuadro legal punitivo, sino de procedimientos que aseguren el resultado del ejercicio de las acciones que se entablen y conduzcan al efecto ejemplarizador propio de la pena; Que para alcanzar tales objetivos es necesario que el tratamiento procesal de esta clase de delitos tenga características proporcionales a su gravedad, de mayor rigurosidad que el aplicable a la generalidad de las conductas ilícitas; Que en este propósito diversos diputados han presentado dos propuestas de reforma constitucional que se identifican en su objetivo y en la solución jurídica que sugieren, que consiste en asimilar los delitos relativos al narcotráfico a las conductas terroristas, conforme establece el artículo 9º de la Constitución Política de la República; Que, si se aprobaren estas reformas, la resolución que otorgue la libertad provisional a los procesados por estos delitos deberá siempre elevarse en consulta, ésta y la apelación posible serán conocidas por el Tribunal superior integrado exclusivamente por miembros titulares, la resolución que apruebe la libertad deberá ser acordada por unanimidad y mientras dure la libertad provisional el reo quedará sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple; Que la implementación de estas reformas es urgente, atendida la gravedad que reviste el tráfico y consumo de drogas, para lo cual se requiere la inclusión de las correspondientes iniciativas en la actual convocatoria a legislatura extraordinaria de sesiones y disponer su despacho con trámite de urgencia. La honorable Cámara de Diputados acuerda: Remitir oficio a su Excelencia el Presidente de la República solicitándole la inclusión en la actual convocatoria a legislatura extraordinaria de sesiones de los proyectos de reforma constitucional originados en mociones, cuyas copias se le acompañan, por la cual se asimilan los delitos de tráfico de drogas al tratamiento que a los delitos terroristas aplica el artículo 9º de la Constitución Política y requiriéndole, asimismo, hacer presente la urgencia para el despacho de estos proyectos en cada uno de sus trámites constitucionales y reglamentarios”. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo. Aprobado. SUPLEMENTO DEL APORTE ESTATAL AL CUERPO DE BOMBEROS Y REPOSICIÓN DE PARTIDAS EN MONEDA EXTRANJERA. El señor LEÓN (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 493. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Es de los señores Prokurica, Ulloa, Ojeda, Alessandri, Gutenberg Martínez, Krauss, Álvarez y Manuel Rojas: “Considerando: 1.Que si bien existe conciencia en la opinión pública de la sacrificada labor que realizan miles de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile a lo largo y ancho del país, ésta no se traduce en aportes y beneficios concretos para las más de mil compañías y sus 35.000 voluntarios. 2.Que esta actitud ha permitido que el Cuerpo de Bomberos se encuentre en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, que incluso llega a afectar su normal funcionamiento. El aporte del Estado no basta. Esto obliga a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos a organizar rifas, fiestas y colectas en las calles para conseguir los recursos necesarios para prestar tan loable servicio. La desesperación ha llevado incluso a analizar como alternativa de financiamiento el uso de publicidad en los uniformes de los voluntarios. 3.Que considerando esta situación, esta Corporación decidió hace algunos meses constituir una Comisión especial destinada a analizar iniciativas legales que contribuyeran a paliar este y otros problemas que afectan a esta institución. Esta Comisión ha trabajado con gran dedicación y entusiasmo, pero lamentablemente sus resultados no son inmediatos y las compañías deben seguir funcionando. 4.Que si bien el aporte del Estado es insuficiente, representa casi el 40% de los ignresos totales del Cuerpo de Bomberos. Por ello es preocupante que en las partidas del Presupuesto del 2001 se considere un incremento del aporte estatal de sólo 0,63% en relación al aporte de este año y peor aún, a diferencia de lo ocurrido en los últimos 20 años, las partidas sólo se asignen en pesos y no en moneda nacional y extranjera como en años anteriores. 4.Que el año 1999, el Cuerpo de Bomberos recibió $ 6.124 millones y US$ 5 millones por este concepto, que se destinaron al pago diferido de cuotas de intereses por la adquisición parcelada de carros de última tecnología. 5.Que la eliminación del aporte en moneda extranjera obligaría al Cuerpo de Bomberos a comprar divisas en el exterior para hacer frente a los vencimientos de los créditos pactados, lo que perjudicaría las transacciones con los proveedores extranjeros y retrasaría la compra de equipos. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al Presidente de la República presente una indicación a la ley de Presupuestos del año 2001, tendiente a suplementar el aporte estatal al Cuerpo de Bomberos de Chile y a reponer en él, las partidas asignadas en moneda extranjera”. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo. Aprobado. CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS POBLADORES DE ALTO HOSPICIO Y DE CAMPAMENTO LA NEGRA, DE IQUIQUE. El señor LEÓN (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo siguiente. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Es el Nº 486, de las señoras Rosa González y Eliana Caraball y de los señores Orpis, Monge, Fossa y José García: “A raíz del informe sobre autoconstrucción de Iquique, la Cámara acuerda formar una Comisión investigadora de la situación que afecta a los pobladores de los sectores Alto Hospicio y La Negra, en la provincia de Iquique, de manera que evacue su informe en un plazo no superior a sesenta días sobre la crítica situación que afecta a más de treinta mil personas”. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, por el hecho de que son demasiadas las Comisiones investigadoras de distintas materias, propongo que la de Vivienda se encargue del problema de Iquique. A mi juicio, no procede crear otra. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Lamentablemente, el proyecto de acuerdo no puede ser modificado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- No se ha reunido el quórum. Se repetirá la votación. Ruego a los señores diputados no abstenerse, ya que, de lo contrario, deberá llamarse por cinco minutos, lo cual acortará la hora de los proyectos de acuerdo, y varios parlamentarios han manifestado interés en que se vean otros. En votación por segunda vez el proyecto de acuerdo. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- De nuevo no se ha reunido el quórum. Se llamará por cinco minutos a los señores diputados. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Por no haberse reunido el quórum, queda pendiente para la próxima sesión. VII. INCIDENTES RECHAZO A PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS TRIBUTARIAS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. Oficios. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación que afecta a los contribuyentes. El Servicio de Impuestos Internos está legislando a través de circulares y eso, a mi juicio, no procede, por ser inconstitucional. Cuando Impuestos Internos efectúa liquidaciones de impuestos no relacionados con la evasión tributaria y los contribuyentes que se sienten pasados a llevar o creen que no corresponde presentan sus descargos, se inicia un juicio. Acto seguido, el Servicio toma una serie de medidas precautorias, que significan paralizar la actividad comercial del contribuyente, dado que el funcionario de Impuestos Internos que actúa de juez dispone el embargo de sus bienes. Según nuestra Constitución, los jueces letrados son los únicos que pueden pedir el auxilio de la fuerza pública para proceder a embargar y no funcionarios de Impuestos Internos, que actúan como juez y parte. Además, los obliga, en forma indirecta, a pagar la totalidad de la suma que les está girando, y sin derecho a defensa. ¡Eso no puede ser! Todas estas medidas van en contra del crecimiento de nuestra actividad económica, pues retrasan su reactivación, bajan la inversión y, obviamente, aumentan la cesantía. Creo que es el momento de aclarar esta situación. Además, Impuestos Internos está elaborando un listado de los contribuyentes que se encuentran en esta situación y mantienen juicios con el Servicio, los que enviará a Dicom, empresa con la cual está suscribiendo un convenio, para su publicación, con el consiguiente perjuicio que va a significar para las personas afectadas. Incluso, en algunos casos no les timbran boletas ni facturas. Es decir, estamos cayendo en una dictadura tributaria. ¡Eso no es posible! Por lo anteriormente señalado, pido que se oficie al ministro de Hacienda para que concurra a la Comisión de Hacienda junto al director de Impuestos Internos, a fin de que nos aclaren las situaciones a las cuales me he referido y se tome una resolución al respecto. En resumen, pido que la Comisión de Hacienda haga la invitación respectiva al ministro de Hacienda y que el director del Servicio de Impuestos Internos haga llegar por escrito, a nuestra Cámara, las aclaraciones a las situaciones por mí reseñadas. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI. REUBICACIÓN DE PEAJES EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea. El señor GALILEA (don José Antonio).- Señor Presidente, hace aproximadamente un mes solicité oficiar al Ejecutivo para que reestudiara la ubicación de los peajes que se pretenden instalar en la ruta 5 sur, a la altura de la ciudad de Lautaro -Novena Región-, fruto de la construcción de la doble vía, pero hasta el día de hoy no he recibido respuesta. La mencionada petición obedece al hecho de que, con toda razón, los vecinos de la comuna de Lautaro han protestado, porque se les cobrará peaje para ingresar a su ciudad, lo que se suma a la obligación que ya existe en Temuco, capital regional. El cobro que afectará específicamente a esta comuna, constituirá un encarecimiento exagerado del desplazamiento que diariamente realizan los vecinos a la ciudad de Temuco, donde deben acudir por razones de trabajo, gestiones en servicios públicos, adquisición de bienes y productos que sólo les es posible conseguir en las grandes ciudades. Asimismo, el cobro de este peaje dejará a la ciudad de Lautaro en una suerte de aislamiento que ahuyentará al viajero, al turista, además de gravar a las personas del sector rural cada vez que ingresen a la ciudad. El pasado 24 de octubre, miles de lautarinos organizaron una caravana de protesta que superaba los 200 vehículos, por el daño que significa este nuevo peaje para el normal desarrollo de sus actividades. La preocupación es tal que se agruparon 25 organizaciones locales, las cuales advierten con preocupación los nocivos efectos que tendrán estos cobros para el progreso de la comuna. En mi calidad de diputado y representante de dicha comuna, respaldo a estos vecinos y reclamo ante esta Cámara, porque me siento en la obligación de defender sus intereses y oponerme a toda decisión que los perjudique. ¿Por qué una comuna, por el solo hecho de estar cercana a la ruta 5 sur, debe ser castigada y discriminada respecto de otras que son de la misma región? ¿Alguien ha medido los efectos económicos y sociales que tendrán estos peajes? ¿Es solidario y equitativo constituir comunas de primera y de segunda categoría? Oportunamente protesté y no fui escuchado. Hoy, cuando los ciudadanos se levantan en contra de esta injusticia, me sumo a la protección de sus legítimos intereses. Por tanto, nuevamente solicito que se oficie a los Ministerios de Obras Públicas y del Interior con el fin de que se reestudie la ubicación de los peajes para evitar que comunas como Lautaro sean tan drásticamente afectadas. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Kuschel, Bertolino, Martínez, don Rosauro; Monge, Ulloa y de las diputadas señoras Ovalle y Guzmán. REVISIÓN DE CÓMPUTOS EN ÚLTIMAS ELECCIONES MUNICIPALES. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, aun cuando las elecciones municipales se realizaron hace cuatro días, hasta el día de hoy no conocemos el resultado definitivo de la votación en la comuna de Fresia, en donde, según el sistema computacional de internet del Ministerio del Interior, sigue apareciendo como ganador don Nelson Schwerter por sobre el candidato de la Concertación don Bernardo Espinoza. El Gobierno ha dicho que cuenta con un sistema sumamente seguro para verificar los resultados electorales, que se canalizan por tres vías y con las tecnologías más modernas disponibles. En consideración a que algunos resultados no coinciden con los que nos entregaron los apoderados después de cerradas las mesas, solicito formalmente a las autoridades electorales correspondientes la revisión de todas las mesas de la comuna de Fresia. Además, es la única comuna del país cuyo cómputo se ha paralizado en el Ministerio del Interior y no sabemos por qué. Hago presente que las tres vías por las cuales se canaliza la información del gobierno arrojan resultados distintos de los que hemos recibido de nuestros apoderados. Por tanto, solicito que se oficie al Ministerio del Interior para que el Servicio de Registro Electoral proceda a la revisión de todos los cómputos de la comuna de Fresia, en atención a la tremenda incertidumbre y desconfianza que se ha generado. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Bertolino, Martínez, don Rosauro; García, don René Manuel; Galilea, don José Antonio, y Alessandri. INVESTIGACIÓN DE DONACIÓN HECHA A MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República para que investigue lo ocurrido con una donación de neumáticos hecha a la municipalidad de La Higuera. Estos insumos debían ser vendidos y el producto, destinado a obras sociales, una vez ingresado a las arcas municipales. Desgraciadamente, hasta el momento no se sabe si esto ha ocurrido. Peor aún, uno de los documentos con los que se compraron estas especies fue protestado y no ha sido pagado. Éste aparece cobrado por un abogado particular. En un avenimiento se reconoce que el girador del documento le debe al abogado y en ninguna parte se menciona a la comuna de La Higuera. Por tanto, solicito que se oficie a la Contraloría Regional de la Cuarta Región para que realice la investigación correspondiente y nos envíe el informe a la Cámara. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNA DE COCHAMÓ. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito se oficie a la Intendencia de la Décima Región para que nos informe el motivo por el cual desde el mes de mayo se encuentra paralizada la construcción de la escuela “Paso el León” en la comuna de Cochamó, la cual se había iniciado en enero. Al respecto, debo informar que la madera verde impregnada se está retorciendo con el calor del sol; además, parte de la obra ya construida se está echando a perder produciéndose una gran pérdida económica en perjuicio de los fondos regionales. Aparte de la información requerida, solicito que se reinicien los trabajos a la brevedad. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Bertolino y Ulloa. SEÑALIZACIÓN CAMINERA EN PROVINCIA DE LLANQUIHUE. Oficio. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, por último solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para que instale una señalización caminero-turística en la provincia de Llanquihue. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Bertolino y Ulloa. INVERSIÓN EN DEFENSAS FLUVIALES EN RÍO RENAICO, DE MALLECO. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Monge. El señor MONGE.- Señor Presidente, me voy a referir a un problema que afecta a los valles agrícolas de Santa Elena, en la comuna de Angol, y de Loncura, en la comuna de Collipulli. Para nadie es un misterio que la inversión en defensas fluviales durante los últimos años ha venido disminuyendo en la provincia, lo que ha afectado seriamente estas ricas tierras agrícolas que son trabajadas por las comunidades mapuches y pequeños agricultores. La pérdida de terrenos cultivables, dadas las crecidas e inundaciones sucesivas en estos últimos años, hacen peligrar no sólo las comunicaciones, sino también la producción para su subsistencia. Por esta razón, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, especialmente al departamento Defensas Fluviales, para que nos informe si en el Presupuesto de la Nación están considerados planes y proyectos de inversión para las defensas fluviales del río Renaico específicamente, por ser el cauce más importante en donde se producen estas inundaciones. Además, recabar información acerca de estos trabajos, la ubicación precisa de las obras y si para el próximo año está considerado un plan de inversión en el sector Loncura. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención, con la adhesión del diputado señor Jorge Ulloa. URGENCIA PARA PROYECTOS EN BENEFICIO DE BOMBEROS DE CHILE. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, hace algunos minutos la Corporación aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo Nº 493, que, en lo sustancial, pide a su Excelencia el Presidente de la República que presente una indicación a la ley de Presupuestos del año 2001 tendiente a suplementar el aporte estatal a los cuerpos de bomberos de Chile y a reponer las partidas asignadas en moneda extranjera. Se ha difundido latamente, a través de los medios de comunicación, los problemas económicos que afectan a Bomberos de Chile. Incluso se ha manifestado que con el objeto de conseguir financiamiento se ha pensado en que las casacas de trabajo de sus uniformes lleven impresa publicidad. A tal grado de humillación está llevando Chile a sus cuerpos de bomberos, que ya ni siquiera les está entregando el aporte mínimo necesario para desarrollar su labor de servicio público, que es parte de la seguridad y, además, obligación del Estado, consagrada constitucionalmente. En efecto, es obligación del Estado velar por las personas y ofrecerles seguridad. El Estado no cumple esta obligación en lo que dice relación con las emergencias, incendios u otras, porque los bomberos han dejado de ser los caballeros del fuego para transformarse en profesionales de la emergencia. Lo único que piden los más de 35 mil voluntarios de los cuerpos de bomberos es, precisamente, contar con recursos para sus operaciones. Constituye, entonces, una demanda y una exigencia inmediata para el Gobierno, en especial, que reponga en la ley de Presupuestos la partida en dólares, que desde 1972 todos los gobiernos han entregado a Bomberos de Chile. Siempre nos hemos preguntado cómo se pueden mantener o qué financiamiento requieren los bomberos para operar con tranquilidad. Sin ninguna duda, el problema se resolvería si les entregáramos una asignación y no una subvención, porque, en definitiva, son los bomberos los que subvencionan al Estado y no a la inversa como equivocadamente se quiere hacer creer. Si le asignáramos a Bomberos de Chile alrededor de 12 mil millones de pesos en moneda nacional y 7 millones de dólares, podrían funcionar de manera racional. Es difícil, lo sabemos; debemos comprender que hay problemas económicos; pero eso de ninguna manera significa ignorar que hoy Bomberos de Chile regala al Estado una cantidad impresionante de millones de dólares. Hace apenas tres o cuatro semanas la Comisión especial de Bomberos recibió en el Congreso al presidente de los bomberos de Alemania, quien posee un grado equivalente al de general de la república en su país. Es voluntario y nos contó que en Alemania más de 135 mil bomberos son pagados, rentados, y más de un millón y medio son voluntarios. Nos explicó que en una sola ciudad, en Hannover, por ejemplo, el 85 por ciento del total asignado a bomberos es para remuneraciones. Entonces, necesariamente en Chile debemos darnos cuenta de que los bomberos regalan sus servicios, porque les nace del espíritu y del corazón, y porque forman parte de las mejores tradiciones cívicas de Chile. Da pena comprobar cómo se les humilla. Incluso, en lo personal me correspondió, cuando era estudiante universitario y aun recién graduado como profesional, salir a las calles, con uniforme, a pedir dinero con un tarro, casa por casa. También se les humillaría si un empresario -hasta ahora no ha sucedido- a cambio de un aporte, quisiera imprimir publicidad en sus casacas. Eso sería tan humillante como salir a la calle con un tarro. En Chile muchos empresarios entregan aportes a Bomberos sin manifestarlo públicamente, de manera silenciosa. ¡Eso debe destacarse! Pero nuestra obligación -con esto termino- es asumir la responsabilidad de pedir a su Excelencia el Presidente de la República -y quiero que se le envíe copia de mi intervención- que, por favor, recapacite y califique la urgencia -que los ministros del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia nos dijeron que iban a formular- para estudiar los proyectos que hemos elaborado en conjunto con los diputados miembros de la Comisión especial que la Cámara nombró para tratar el tema. En esta oportunidad también quiero rendir un modesto homenaje, con satisfacción pero con profunda pena. Anteayer un bombero joven, de 30 años, quien iba con su esposa por la carretera, se detuvo ante un accidente y se puso su buzo para rescatar a un niño; después de sacarlo del automóvil siniestrado, en ese preciso instante, se produjo otro accidente que provocó la muerte de este bombero -que se bajó de su auto para salvar una vida-, del niño accidentado y de otra persona que de buena voluntad también quiso ayudar. De verdad estoy dolido, porque si hubiéramos tenido ya la urgencia del proyecto que entrega y mejora las indemnizaciones para los familiares de las personas que mueren en el cumplimiento de un acto de servicio, como le sucedió a ese joven bombero, hoy su viuda no estaría condenada a recibir 120 mil pesos por la vida de quien juró ayudar a los suyos. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el texto de su intervención a su Excelencia el Presidente de la República, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Homero Gutiérrez, Rosauro Martínez, Pablo Galilea, Pablo Lorenzini, Jorge Soria, Alejandro Navarro, Guillermo Ceroni, Leopoldo Sánchez, José Pérez y de quien habla. AUTORIZACIÓN A EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN PARA AUMENTO DE TARIFAS. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, hace unas semanas en Aisén, región que represento, nos enteramos de que, fruto del proceso de fijación tarifaria llevado a cabo por la autoridad, la empresa eléctrica de Aisén, Edelaysen, se encuentra autorizada para efectuar un aumento de al menos 5,6 por ciento de sus tarifas por concepto de mayores costos de producción de la electricidad. Esta noticia cayó como balde de agua fría a una comunidad que, paradójicamente, dispone de más del 60 por ciento de los recursos hídricos del país, siendo una de las áreas del globo con más disponibilidad de agua para la producción limpia de electricidad, una producción sustentable. Hace poco más de un año reclamé en la Sala por la decisión del Ejecutivo de la época de privatizar esta firma, que estaba en manos del sistema administrador de empresas de la Corfo, pues sabíamos que en manos privadas iba a mantener o a aumentar sus ya altísimas tarifas al público. Ésa fue la razón por la cual se hizo una sesión especial para discutir la pertinencia, en ese entonces, de las privatizaciones y la necesidad y urgencia de privatizar empresas como éstas. Hoy nuestras críticas se transforman en hechos concretos. Sin embargo, debo señalar con decepción que dentro del contrato de venta de la firma se establecía la obligación de construir una central hidroeléctrica en Lago Atravesado, provincia de Coihaique, con un plazo perentorio para ello, lo cual redundaría en una baja significativa de los costos de producción, pues en nuestra zona se da el absurdo de que, habiendo tanta agua, la energía aún se produce mayoritariamente -en un 60 por ciento o más- con plantas termoeléctricas. Cuando se encuentran casi vencidos los plazos para concretar la construcción de la central, caucionada con una boleta bancaria de garantía de varios millones de dólares, pido al Sistema de Administración de Empresas de la Corfo, SAE, que exija a Edelaysen, con rigor, el cumplimiento de sus obligaciones y, en caso contrario, que haga efectiva la boleta bancaria e invierta los recursos que se originen en planes sociales que compensen a toda la región por los aumentos de las tarifas eléctricas. Eso es lo que más se apega a los principios de justicia y probidad. No hacerlo significaría abandonar a Aisén y a su gente, como ha ocurrido durante tantos años, y dejarla entregada a los intereses privados de una sola compañía. En mérito de lo expuesto, solicito oficiar al Ministerio de Economía, Minería y Energía, a fin de que informe, con urgencia y en detalle, sobre el contenido completo de los estudios que derivaron en la fijación de las actuales tarifas de producción y distribución de energía eléctrica. Asimismo, pido que dicha repartición requiera los antecedentes completos de la licitación al Sistema de Administración de Empresas, SAE, de la Corfo, sobre la venta de Edelaysen y la forma en que ha cumplido sus obligaciones. Además, copia de los contratos de venta y de las bases completas de la licitación, junto con demandar que esa repartición haga exigibles las boletas bancarias de garantía, en caso de incumplimiento de la obligación de construir la ya mencionada central hidroeléctrica de Lago Atravesado, que debería estar construida en diciembre próximo, pese a lo cual ni siquiera se han iniciado las obras. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en los términos señalados por su Señoría. DENUNCIA DE INTERVENCIÓN ELECTORAL EN SÉPTIMA REGIÓN. Oficios. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, en mi zona he recibido una delicada denuncia que quisiera aclarar por el bien de todos. Desde la gobernación de Linares -actuando como gobernador subrogante el señor Rubén Tolosa- se habría enviado a Parral una cantidad determinada de fardos, de los cuales 500 habrían sido entregados a la municipalidad de Parral, y 480 al concejal Israel Urrutia, candidato al municipio. En tal sentido, hubo una denuncia en mi zona en orden a que ello representaría una evidente intervención electoral de parte del Gobierno en apoyo de determinado candidato, situación que se debe despejar absolutamente. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior, a fin de que indague si realmente hubo uso de recursos del Estado en compra de fardos para entregar a un candidato determinado, lo que constituiría un evidente mal uso de fondos fiscales, que no podemos aceptar. Asimismo, oficiar a la Contraloría General de la República, haciéndole ver la situación, a fin de que se aboque a investigar el tema. Recibí los antecedentes de parte de quien hizo la denuncia a través de los medios de radio y televisión de la zona, los que entregaré a la Mesa, a fin de que envíe copia de éstos al ministro del Interior y al contralor general de la República, para esclarecer estos hechos y determinar si el gobernador subrogante mencionado actuó dentro de sus atribuciones y, en caso contrario, que dé las explicaciones pertinentes. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Sánchez. INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR CERCA DEL LICEO DE PENCO. Oficios. El señor ROCHA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, de la Cámara ha surgido un proyecto de ley para regular la instalación de antenas para teléfonos celulares en todo el país. Sin embargo, en la actualidad, mediante una especie de carrera olímpica, la mayoría de las empresas está tratando de instalar estas antenas antes de la promulgación del proyecto como ley; más aún, el retraso en su tramitación ha permitido que la agilidad, el dinamismo y lo sigiloso de la instalación de estas antenas adquiera ribetes casi del carácter de una película cinematográfica. En la comuna de Penco, Octava Región, frente al liceo que alberga a más de 1.200 estudiantes, en menos de 48 horas, a tranco forzado y trabajando de noche, se ha instalado una antena de más de 40 metros de altura, lo que ha provocado la movilización de los jóvenes del liceo y de la comunidad en general, la que terminó con 16 detenidos en la comisaría de Penco y daños a la propiedad privada, por cuanto la impotencia de los jóvenes y de la población se expresó de una manera que rechazamos, pero que, frente a las debilidades de la legislación, aún no logran tener respuesta. En consecuencia, solicito oficiar al Ministerio de Educación, a fin de establecer y determinar la adhesión al recurso de protección presentado por la comunidad de Penco en contra de la instalación de la antena, perteneciente a Smartcom PCS, con el objeto de resguardar la salud de los estudiantes del mencionado liceo. Asimismo, solicito oficiar al Servicio de Salud Talcahuano para determinar las facultades, alcances y exigencias para la entrada en funcionamiento de dicha antena. Si bien es cierto que la única autorización depende de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y dice relación con la frecuencia, es decir, con el campo electromagnético que la antena genera en su eventual uso, éste es un problema que afecta a la comunidad y a miles de personas a lo largo del país. Por ello, el Servicio de Salud debe entregar la información necesaria respecto de los estudios realizados en Chile y el mundo para determinar el riesgo y el daño que estos campos electromagnéticos producen en la salud de las personas. En el mundo se han realizado 78 estudios y ninguno revela un daño fehaciente y concreto, pero todos advierten sobre el riesgo, especialmente en el grupo de población con algún grado de sensibilidad, como son, por ejemplo, aquellos que poseen marcapasos. En Chile se han puesto más de 10 mil marcapasos, cuyos fabricantes han recomendado a los usuarios alejarse de los aparatos que generen campos electromagnéticos. De los 78 estudios, 14 han sido realizados por los gobiernos; el resto, por las empresas de telefonía nacional e internacional. Solicito que el Servicio de Salud de Talcahuano reúna los antecedentes para presentar un informe y que se reúna con la población que circunda esta antena, a fin de esclarecer los alcances y riesgos para su salud, como asimismo las medidas que es posible adoptar para la prevención de eventuales daños. La Subsecretaría de Telecomunicaciones hará exigible la medición del campo electromagnético antes de otorgar la autorización, por lo cual nos podrá informar detalladamente del proceso, chequeo y fiscalización que se está realizando. Es imprescindible que el Ministerio de Educación tenga una conducta activa y no contemplativa respecto de la acción que lleva a efecto la comunidad cuando se ve afectada por estas condiciones, e informe sobre el número de establecimientos de educación básica, media o parvularios que, a lo largo del país, están cercanos a antenas de telefonía celular que hayan provocado conflictos, se encuentren autorizadas o estén en etapa de construcción. Asimismo, que realice una evaluación de los estudiantes afectados por la cercanía de las antenas celulares e informe en cuántos recursos de protección se ha hecho parte. Pido formalmente al Ministerio de Educación hacerse parte del recurso de protección que busca resguardar la salud de los estudiantes del liceo de Penco, en la Octava Región. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de la honorable diputada señora Eliana Caraball y de los señores Gutiérrez, Rocha y Felipe Letelier. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CURANILAHUE A NACIMIENTO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, a comienzos del Gobierno del ex Presidente Frei realizamos un viaje, en un avión del Ministerio de Obras Públicas, en compañía del ministro de esa cartera de entonces, don Ricardo Lagos Escobar, entre otros la ex diputada Martita Wörner y el diputado que habla. Pues bien, en esa oportunidad le solicitamos que nos desviáramos de la ruta prefijada para observar la bahía Yana o Yani, como también se le llama. En esa ocasión, le informamos al ministro que se trataba de un antiguo puerto -hoy desaparecido-, desde el cual se embarcaba el carbón de las minas de Curanilahue y los productos agrícolas -especialmente arvejas- provenientes de las vegas de Quiapo, que -según comentaban los antiguos vecinos del lugar- eran exportados a Francia. Nuestra impresión fue que el ministro había entendido nuestro mensaje, en cuanto a que ése debía ser el puerto de la provincia de Arauco. Su bahía es amplia y muy abrigada y ha servido de refugio permanente a todas las embarcaciones que han debido protegerse de las tormentas que suelen asolar esos territorios. Se dispusieron estudios técnicos e hidrológicos que determinaron con precisión que ese lugar geográfico era apto para construir un puerto. Dichos estudios están en poder de la autoridad que los ordenó y pagó, y confirman las especiales características de la bahía y la profundidad de sus aguas que permiten, incluso, el acceso de grandes embarcaciones de última generación. Arauco necesita un puerto mayor, no sólo para embarcar su producción maderera, que debe recorrer largos tramos de cuestas y atravesar ciudades como Lota, todo lo cual congestiona los caminos y hace inseguros los viajes por los peligros que involucra el excesivo número de camiones que transitan por allí. Además, podría servir al resto del país, que tendría en Yani la mejor alternativa portuaria, puesto que sería el puerto mayor más austral del país desde la Octava Región hasta Puerto Montt. Sin embargo, para ello es preciso destinar recursos. Y no hablo sólo de su proyección desde el punto de vista bioceánico, puesto que la Octava Región está unida con Argentina a través de importantes pasos cordilleranos. Como decía, para esto es necesario destinar importantes recursos y, además, dar cumplimiento a una promesa efectuada reiteradamente: la construcción del camino de Curanilahue a Nacimiento, que ha sido postergada en forma continua. Ese camino debe construirse de una vez por todas -aunque sea por tramos-; pero es necesario que se haga a la brevedad posible. Nuestro intendente regional, don Jaime Tohá, conoce nuestra aspiración y sabemos que comparte su proyección y cumplimiento. Queremos que este proyecto sea asumido por la autoridad, sobre todo, cuando hoy día vemos -y lo aceptamos- que se destinan 500 millones de dólares para la ampliación del Metro de Santiago. Creemos que los recursos requeridos para llevar a cabo una obra de esa proyección son mucho menores, y por eso solicitamos que se aborde la primera etapa de la construcción del camino Curanilahue-Nacimiento, que ha sido reclamado con insistencia por nuestras comunidades, afectadas por la cesantía producida por la crisis del carbón. Creo que una vez construido ese camino podremos vender el proyecto al sector privado, que, sin duda, lo acogerá porque su conveniencia es evidente. Tengo la certeza de que, una vez concluida la obra, podremos dar el siguiente paso, a fin de culminar, con el aporte del sector privado, la construcción de ese puerto que es fundamental para el progreso y desarrollo de la provincia de Arauco. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y al intendente de la Región del Biobío, acompañando el texto de mi intervención, con el objeto de que se priorice la construcción del camino mencionado dentro de las próximas inversiones viales para la provincia de Arauco. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán lo oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores José Pérez y José Miguel Ortiz. Ha terminado el tiempo del Comité Mixto. ANTECEDENTES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra la honorable diputada señora Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, acaba de terminar el proceso electoral para elegir a las autoridades municipales del próximo período 2001-2005. He preferido que terminara dicho proceso antes de manifestar mi preocupación por un hecho que se viene produciendo desde hace mucho tiempo en la municipalidad de La Cisterna, a fin de que no se confundiera esta preocupación con una acción electoral. Pues bien, por lo menos en dicha municipalidad -no sé si en otras ocurrirá lo mismo-, los locales municipales deben tener algún régimen de administración, a fin de saber cómo se dispone de ellos y a cuánto asciende el pago por su uso. Desde comienzos del año en curso, los concejales de ese municipio, en particular la concejala María Angélica Pinedo, han venido advirtiendo sobre presuntas irregularidades en el manejo, por lo menos, de uno de esos locales municipales, denominado “Los Coirones”. En efecto, a principios de febrero de este año, dicha concejala solicitó a la Contraloría General de la República que efectuara una investigación sobre las presuntas irregularidades que se estarían produciendo en el arriendo de dicho inmueble. Por desgracia, una vez que el alcalde se enteró de esa situación, procedió a actuar como abogado patrocinante de su jefe de gabinete, don Rodrigo Hernández, quien aparecería involucrado en las irregularidades relacionadas con la administración del local mencionado, interponiendo, de inmediato, una demanda por injurias y calumnias en contra de la concejala María Angélica Pinedo en el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel. Como no está claramente establecido el rol fiscalizador de los concejales, me preocupa el hecho de que, por el propio ministerio de la ley, ellos se vean muy desmedrados en su acción fiscalizadora. Peor aún: como sucede en este caso, en que podría ser muy fácil investigar la forma en que se está administrando un local, se puede interponer una querella en contra de un concejal en un juzgado de la justicia ordinaria, de manera de inhibir su capacidad investigadora; incluso más, cuando el propio alcalde actúa como abogado patrocinante de su jefe de gabinete, “acusado” por la concejala por las presuntas irregularidades. Como digo, en vista de todo esto, a comienzos de febrero de este año, la concejala se dirigió a la Contraloría; pero, con fecha 11 de julio, el contralor le informó que no podría contestarle lo que solicitaba, porque debía esperar la resolución de la querella interpuesta en su contra por el jefe de gabinete del municipio. De manera que aquí nos encontramos con una situación muy particular. Incluso, han tratado de hacer una investigación interna, pero ha sido muy difícil lograr un resultado y, desgraciadamente, no se ha avanzado mucho en la investigación. Como solicitaré el envío de algunos oficios, deseo hacer algunas precisiones: señalar que ella solicitó, el día 5 de abril, una información relativa a los ingresos provenientes del famoso local de “Los Coirones”, que debería estar a la vista en la contabilidad municipal. Sin embargo, se le contestó que no se le podía proporcionar porque estaba sujeta a un sumario administrativo ordenado por el alcalde. Entendemos que debe hacerse un sumario administrativo cuando hay una acusación, pero no comprendemos que no se pueda indicar los montos recaudados por concepto de arriendo de un local municipal. En vista de lo expuesto, solicito el envío de un oficio al ministro del Interior, a fin de que se sirva requerir los antecedentes del caso e iniciar la investigación correspondiente respecto de lo señalado, y uno al contralor general de la República para que pida a la municipalidad de La Cisterna un informe detallado de los ingresos municipales originados por los arriendos de todos los locales que posee la municipalidad, especialmente del denominado “Los Coirones”, con expresión clara sobre normas y procedimientos que rigen el arrendamiento y uso de los mencionados locales, así como también que el contralor se sirva revisar los antecedentes entregados por la concejala María Angélica Pinedo a esa Contraloría a través de la señora Lilian Jijena con fecha 27 de septiembre de 2000. Es todo cuanto debo manifestar. Gracias. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, incluyendo el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Ortiz, Lorenzini y Gutiérrez. CONDONACIÓN DE DEUDAS CORA A PARCELEROS DE TALCA. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, el 18 de noviembre de 1994 se publicó una importante ley, la Nº 19.353, después de un largo debate realizado en la Cámara para poner término al tema de las deudas de las parcelas Cora. Es decir, se condonaban porque constituían un problema bastante agudo. Se dictó la ley como una manera de llevar tranquilidad a todos estos trabajadores de la reforma agraria, pues condonaba la deuda de hasta dos predios, además de la relativa a la casa habitación del parcelero. En 1997, se introdujo una modificación a la ley para facilitar el acceso de los parceleros a los beneficios de la ley de condonación, pues algunos de ellos tenían dificultades. La ley Nº 19.508, del 29 de julio de 1997, en su artículo 2º disponía la prórroga del plazo de vigencia de la ley Nº 19.353 por dos años, el cual concluía el 19 de agosto del año pasado. Por el exceso de trámites y porque, de una u otra manera, no supieron cómo acogerse a la condonación, muchos de estos parceleros a esa fecha estaban todavía haciendo gestiones. Había personas, por ejemplo, que por una u otra situación tenían una pequeña propiedad o debían aclarar algún punto relativo de una sucesión, por lo cual no pudieron acogerse a esta disposición. En la provincia de Talca, no menos de 500 personas están todavía con esta situación de deudas pendientes y sus propiedades están siendo rematadas. Hemos conversado con las autoridades de Tesorería, con el fin de que, en primer lugar, suspendan estos remates. Tengo aquí una lista de por lo menos 25 personas afectadas porque los remates de sus propiedades ya han sido publicados en la prensa y, lógicamente, la Tesorería continuará ese proceso y seguirá adelante con el llamado a remate. Esto significaría un verdadero drama, un problema de marca mayor en el campo de la Séptima Región, porque cuando se inició este proceso, en 1994, era la zona más afectada por la reforma agraria al tener, por lo menos, 30 mil parceleros en esa situación conflictiva. Frente a este hecho, que es gravísimo, hemos pedido dos cosas: primero, que Tesorería, a petición del Ministerio de Agricultura, desde luego, suspenda los remates y, dos, que el Ministerio de Agricultura, junto con el Ejecutivo, envíen, en forma urgente, un proyecto de ley que otorgue un nuevo plazo a los parceleros para que puedan terminar sus trámites y arreglen su situación. De otra manera, nos vamos a encontrar con un problema tremendamente grave, porque estas personas son simplemente campesinos, que trabajan la tierra y no tienen otra actividad o negocio. Solicito, entonces, enviar oficio al ministro de Agricultura para solucionar las dos situaciones que estoy planteando: que se suspendan los remates y se le dé un nuevo plazo a esta gente, por medio de un proyecto de ley que pueda tramitarse en forma rápida y urgente para que se prorrogue la oportunidad que ya dos leyes le han otorgado a estos campesinos. Es simplemente eso. No se trata de nada excepcional. Esto es todo. Muchas gracias. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado, incluyendo el texto de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Caraball y los diputados señores Ortiz y Lorenzini. INCONVENIENCIA DE EVENTUAL FUSIÓN DE LOS BANCOS SANTIAGO Y SANTANDER. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, no cabe duda de la importancia del problema que señalaba mi colega maulino Homero Gutiérrez. Evidentemente, eso hay que solucionarlo. Rematamos a los pequeños y, sin embargo, los diarios ya nos anuncian: “Cuenta regresiva para la fusión de Bancos Santiago y Santander”. ¿Qué dicen sus trabajadores en una carta que nos han enviado? Nos acompaña acá el presidente de la Comisión de Hacienda, que también la ha recibido: “Diputados, estamos con angustia representando a 4.800 trabajadores bancarios, que ven peligrar seriamente su estabilidad laboral. Esto es un grave daño a nuestra industria bancaria. Tenemos que impedir este castigo a nuestros colegas bancarios”. Señor Presidente, no entiendo mucho, pero empezó el lobby que nunca falla. Ya están apareciendo los ejecutivos españoles en este país; otros vienen a seminarios: Emilio Botín, uno de los más grandes; Marcial Portela, a quien ya lo tuvimos acá en la Cámara. Quiero recordar, respecto de este tema, lo que aquí se ha dicho. El ex superintendente Ernesto Livacic sostuvo que si hubiese dependido de su voluntad, no habría dado la autorización para la operación que se realizó el año pasado, pues consideraba negativa la existencia de una concentración bancaria de tal magnitud. Para poder dar la autorización, se firmó un convenio, un acuerdo, un protocolo con estos bancos, que decía en uno de sus puntos: “El Bsch renuncia a la fusión del BS Chile y Banco Santiago, porque las autoridades consideran dicha fusión como inconveniente para la estabilidad del sistema bancario”. No sólo lo decía Ernesto Livacic en ese minuto, sino que también el propio fiscal, en representación del Banco Central: Una eventual fusión propiciada entre el Banco Santiago y el Banco Santander, al tener un controlador común, presenta problemas relativos a la estabilidad del sistema, ya que, por un parte, los efectos que podría tener una concentración económica en el sistema bancario y, segundo, el manejo de la política monetaria que le corresponde a este banco podrían verse efectivamente afectadas. En opinión del Banco Central, no es aconsejable y altamente inconveniente -por una serie de razones que dan- una eventual fusión entre estos bancos. A poco correr de los días, el propio Marcial Portela, vicepresidente del Banco Santiago, decía: “Voy a acatar el acuerdo que tenemos. He renunciado en forma voluntaria a la fusión”. Agregó que no tienen intención de fusionar los bancos en los próximos dos o tres años, es decir, ni en el corto ni en el mediano plazo; que hay que dejar que los bancos respiren y que pasen unos cuantos años antes de plantear la posibilidad de una fusión. A los pocos días, el ex fiscal nacional económico, don Rodrigo Asenjo, señaló claramente, en un informe que nos envió, que no le parecía conveniente la fusión de los bancos. El actual superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, señor Enrique Marshall, dijo que el Banco Santander Central Hispano, Bsch, debería desprenderse de uno de los dos bancos. En cuanto al compromiso adquirido en abril del año pasado, señaló: “respecto del compromiso de reducir la cuota de mercado, los resultados hasta la fecha no han sido satisfactorios. La participación se ha mantenido en el rango de 27 y 28 por ciento, sin que se haya observado una tendencia descendente, como se esperaba”. Al evaluar todo el proceso, manifestó que “comparte las aprensiones de su antecesor -el señor Ernesto Livacic- sobre los efectos del control de una porción significativa del mercado por una sola entidad bancaria”. Sobre el particular, dio sus razones: “toda concentración excesiva de riesgos introduce inestabilidad. Los bancos de gran tamaño son vistos por todo el mundo como instituciones que no pueden quebrar...”. Por lo tanto -agregó-, “pueden verse inducidos a tomar riesgos excesivos, superiores a los normales, con el consiguiente efecto negativo para la estabilidad del sistema en su conjunto. La concentración puede afectar el acceso al crédito, especialmente de la pequeña y mediana empresa”, las cuales tendrán problemas con sus banqueros. Todo eso lo dice el actual superintendente de Bancos; es decir, estamos ante una batería de opiniones. Sin embargo, con el “lobby”, en forma soterrada, los bancos ya están anunciando una posible fusión, que significará que más de dos mil trabajadores quedarán cesantes. Eso no es aceptable. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Hacienda, pues existe un compromiso con el ex y con el actual superintendente de Bancos, con el ex y con el actual fiscal nacional económico -debo felicitar al señor Francisco Fernández, que estuvo en esta Corporación y que mediante otro requerimiento está citando a los ejecutivos bancarios por un problema de concentración económica-, y con el propio Banco Central, para saber dónde está la buena fe, el cumplimiento de los acuerdos de los ejecutivos españoles. Ellos deben venir al país, y explicitar sus ideas; pero, primero, establecer claramente que respetarán y cumplirán un acuerdo firmado ante todo el país, sus autoridades y trabajadores, pues no es posible una fusión de los bancos mencionados. Por lo tanto, a través del ministro de Hacienda, solicito al superintendente de Bancos, señor Enrique Marshall -curiosamente trabajaba para el Banco Santiago hasta asumir su actual cargo; pero, en fin, son anécdotas de la vida política-, que nos informe sobre cuál es el estado de concentración hoy día, información que aquí se comprometió a dar y que el señor Portela estuvo de acuerdo en que fuera abierta y pública. Hace meses que no conocemos el resultado del cumplimiento de dicho convenio. Hay que alertar a la opinión pública; recibiremos a los trabajadores de los bancos en la Comisión de Hacienda, pues creo que el tema se está yendo por donde no debe, y es necesario que el Gobierno diga claramente que existe un acuerdo y que no habrá fusión entre el Banco Santander y el Banco Santiago. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Caraball, doña Eliana, y de los señores Ortiz, Gutiérrez, Riveros y Fossa. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.53 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.