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El señor SILBER (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de los organismos públicos competentes, encargados de la fiscalización y protección de glaciares, cuencas hidrográficas y salares de Chile.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el 31 de marzo de 2015, la lectura del informe se limitará a diez minutos.
Diputado informante es el señor Marcos Espinosa .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de actos de organismos públicos competentes encargados de la fiscalización y protección de glaciares, cuencas hidrográficas y salares de Chile, sesión 116ª de la presente legislatura en 4 de enero de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ESPINOSA, don Marcos (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara: en nombre de la Comisión Investigadora de los actos de los organismos públicos competentes encargados de la fiscalización y protección de glaciares, cuencas hidrográficas y salares de Chile, integrada por las diputadas y diputados Germán Becker , Marcelo Chávez , Daniella Cicardini , Marcos Espinosa , Sergio Gahona , Cristina Girardi , Daniel Melo , Andrea Molina , Cristián Monckeberg , David Sandoval , Alejandra Sepúlveda , Camila Vallejo y Patricio Vallespín , paso a informar sobre las actuaciones, proposiciones y conclusiones de la materia respectiva.
Desde su constitución, el 10 de mayo de 2016, la comisión celebró veinticinco sesiones, efectuó una visita inspectiva al Salar de Atacama y realizó una audiencia pública en la comuna de San Pedro de Atacama con representantes de la comunidad.
Durante su trabajo, recibió a numerosas personas y organizaciones tanto del Ejecutivo como de la sociedad civil, académicos, científicos, autoridades locales y de las organizaciones defensoras del medio ambiente de Atacama, Huasco y Alto Maipo , las cuales, desde su particular trabajo y experiencia, aportaron con valiosos documentos e investigación, los que se acompañan en el informe.
Conclusiones
De acuerdo con lo expuesto, y del trabajo realizado surgen conclusiones generales y conclusiones particulares. Algunas se traducen en recomendaciones y propuestas de acciones a ejecutar por los organismos que se señalan, y en cambios institucionales; otras hacen recomendaciones y propuestas legislativas tanto respecto de proyectos en tramitación como de proyectos de resolución.
Sin embargo, por lo extensas de las mismas, no daré cuenta de las conclusiones específicas referidas a debilidades en los organismos que conforman la institucionalidad medioambiental -las cuales se encuentran latamente desarrolladas en el informe-, como asimismo, respecto de los organismos relacionados responsables del cuidado de los salares, glaciares y cuencas, y, sobre todo, de la protección y resguardo de los recursos naturales, hídricos y de la diversidad biológica nacional, como son el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Nacional de Geología y Minería.
En consecuencia, paso a dar a conocer las conclusiones generales sobre el trabajo realizado:
1. Se observa una débil coordinación intersectorial entre los diversos órganos del Estado que tienen competencia fragmentada en materia de glaciares, salares y cuencas, a saber, Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente, Ministerio de Minería, Sernageomín , Dirección General de Aguas, Servicio Agrícola y Ganadero, Comité de Minería No Metálica, unidades ambientales de municipios y, transitoriamente, el delegado presidencial para los recursos hídricos.
Por lo tanto, no existe una institucionalidad pública del agua que se muestre integrada, como tampoco un plan nacional en materia hídrica.
Las instituciones con competencia en materia de protección de los recursos hídricos y demás entes relacionados que participan en el ámbito de la fiscalización no han mantenido una adecuada comunicación y diálogo, lo que ha derivado en una descoordinación que impide realizar un trabajo concreto que nos permita establecer lineamientos y estrategias para desarrollar procesos fiscalizatorios de manera conjunta. No existe traspaso de información de un organismo a otro que facilite los procesos de fiscalización de forma integral. Específicamente, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas no han cumplido su rol ni ejercido adecuadamente sus atribuciones de fiscalización.
Por tanto, se hace imperativo que exista una mejor coordinación entre estas instituciones, para dar una real protección a los recursos hídricos disponibles en el país.
2.- Por otro lado, la comisión concuerda en señalar que no existe un órgano rector que estructure y ordene el funcionamiento de todos los organismos públicos involucrados en el tema ambiental. Dicho órgano debiera ser el Ministerio del Medio Ambiente. No obstante, a la fecha, este no se ha empoderado de un rol activo en el ámbito de la coordinación.
3.- Las concesiones de derechos de aguas se otorgan por periodos demasiado extensos y con una participación predominante de la Dirección General de Aguas, sin mayor intervención del Ministerio del Medio Ambiente y sus instrumentos de gestión ambiental, ni del Ministerio de Agricultura. Una tramitación tan simplificada desconoce el impacto sistémico y muchas veces severo que produce la exploración y explotación de aguas subterráneas y superficiales en una zona donde este recurso es extremadamente precario.
4.- Dada la escasez del recurso hídrico, se produce una competencia en la asignación de los derechos de uso, lo que ha favorecido a las empresas mineras en una lógica de eficiencia distributiva que ha priorizado la rentabilidad económica por sobre la comunitaria, la ecológica y la ecoturística. Ello es especialmente relevante y evidente en el caso de los glaciares cordilleranos y de los salares del Norte Grande.
5.- Existe una precaria incorporación de los costos ambientales en los proyectos mineros, lo que se ha evidenciado en el deterioro irreparable del entorno natural, según lo han comprobado diversos estudios académicos y de organizaciones locales.
Es innegable que existe una relación directa entre el actuar de distintos rubros económicos en Chile, principalmente la industria minera, y el desgaste sostenido y prolongado de los ecosistemas, que han debido soportar el embate del proceso extractivo y las consecuencias de sus actividades derivadas. La existencia de esta problemática es conocida por el Estado, pero no se han tomado todos los resguardos pertinentes para fomentar el desarrollo económico en armonía con la protección de nuestros recursos hídricos.
6.- Ausencia de participación de las comunidades locales, muchas de ellas ancestrales, en la asignación de los recursos hídricos. Lo anterior es especialmente sensible si se consideran las severas alteraciones en la vida humana, como también en la flora y fauna que le acompaña, por causa de las indiscriminadas explotaciones de agua en la zona. El impacto de la priorización minera del uso del agua ha sido costeado por los habitantes locales, quienes han presenciado no solo la transformación del paisaje y el arribo de la contaminación sino también la transformación de sus vidas cotidianas.
El recientemente creado Comité de Minería No Metálica considera la opinión de numerosos expertos y autoridades en la materia, pero desconoce en su composición el aporte y la participación de los actores locales y de las comunidades involucradas, quienes tienen calidad de invitados pero no de integrantes ni de tomadores de decisiones. Una vez más, se fortalece el centralismo en contraposición al gobierno local.
Por otro lado, es necesario hacer presente que las organizaciones civiles que defienden sus ecosistemas están en una considerable desventaja, ya que no cuentan con la asesoría legal y técnica que les permita defenderse en igualdad de condiciones, frente a estas megaempresas que sí cuentan con recursos suficientes para costear estudios ambientales y asesorías legales destinados especialmente a su caso.
La actividad probatoria en materia ambiental requiere de especialización técnica, conocimiento de la normativa ambiental y recursos para su financiamiento, elementos que no están al alcance de los ciudadanos y que nuestra institucionalidad ambiental no considera.
7.- En cuanto a la fiscalización, resulta grave que la recolección periódica de información acerca de los acuíferos en concesión sea una tarea que los órganos del Estado han confiado a las propias empresas beneficiadas, por falta de fiscalizadores, situación que, obviamente, atenta contra la independencia de la evaluación y convierte a la compañía beneficiada en juez y parte del proceso de control.
Aunque la Dirección Regional de Aguas de Antofagasta ha informado un reciente incremento de dos funcionarios para labores de inspección en terreno, la extensión geográfica bajo su competencia impide materializar una presencia fiscalizadora de oficio en el ciento por ciento del área sujeta a control.
En el mismo ámbito del control en terreno, se ha observado el uso de una precaria tecnología para ejecutar las mediciones, en comparación con el protagonismo que asumen las propias empresas en invertir y habilitar tecnología de punta en esta materia.
Otra materia preocupante es la tercerización de servicios relacionados con la función fiscalizadora de los organismos públicos.
Esto deja en evidencia que hay que revisar y mejorar las condiciones de tercerización cuando corresponda, de manera tal que el Estado no pierda el rol de fiscalizador, irrenunciable en ciertos ámbitos de la protección ambiental.
8.- Por otro lado, es preciso mencionar que existe una escasez de estudios acerca del impacto de la minería sobre los glaciares, los cuales proveen información, en promedio, de no más de treinta años a esta fecha. No obstante, ya existe suficiente evidencia de daños graves causados, por ejemplo, por Barrick Gold Corporation - Pascua Lama -, Antofagasta Minerals Pelambres -, Anglo American Chile -Los Broncesy Codelco -División El Teniente-, que son los ejemplos más relevantes.
En el caso de los salares la situación es aún más grave. Los pocos estudios que existen son reportes emanados de las propias empresas que los explotan. Por ejemplo, existe el caso del convenio Conaf-SQM Salar, en que esta empresa financia los estudios acerca de la sustentabilidad del salar. Además, consultada por la comisión, la Universidad de Atacama declaró no haber realizado ningún estudio al respecto.
En consecuencia, es urgente que el Estado destine recursos a estos estudios, que se realicen por entidades o personas que garanticen autonomía e imparcialidad y, en tanto esos estudios no se hayan realizado -al menos, en el caso de los salares, por sus características propias-, que las autoridades se abstengan de otorgar nuevas concesiones de aprovechamiento de aguas, suscribir contratos para la explotación de recursos minerales y otorgar nuevas RCA o modificar las mismas, mediante su ampliación.
Con respecto a los salares, la comisión concluye que estos frágiles sistemas están siendo explotados sin contar con estudios acabados de su comportamiento. La extracción de salmueras sin conocer los efectos de su reinyección ni de la extracción del agua ha sido irresponsable y antojadiza.
Solo sobre la base de lo anterior, la comisión considera que existe una falencia por parte de las instituciones del Estado en relación con principios fundamentales para el resguardo de estos recursos en nuestro país, principalmente en materia de medidas preventivas y precautorias, puesto que se han dictado resoluciones para explotar salmueras de litio sin contar con la información necesaria, además del problema ya mencionado sobre el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua en estos ecosistemas.
Se concluye que la política de gobernanza para los salares debe ser implementada por la autoridad a la brevedad, considerando que tenemos alrededor de dos décadas de retraso, con una falencia notoria, que es el no contar con una política específica de extracción del litio, política que, por lo demás, no puede quedar en manos de las empresas mineras debido a la complejidad de dichos sistemas.
Finalmente, es posible concluir que, ante la continua violación de la regulación sobre protección y resguardo del medio ambiente, particularmente de la protección de salares, glaciares y cuencas hidrográficas, el Estado de Chile, por acción u omisión, nos ha puesto en una situación de serio riesgo que requiere no solo respuestas claras, sino también soluciones concretas, ante la inexistencia de un marco regulatorio que obligue al trabajo conjunto de las instituciones llamadas a participar en los procesos de cuidado, preservación y fiscalización del medio ambiente.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Para iniciar el debate sobre este informe, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, no cabe duda de que debemos destacar el trabajo realizado por la comisión, especialmente el de su Presidente, pues ordenó y sacó adelante en los mejores términos nuestra labor investigativa, en la que nos correspondió conocer y evaluar la situación por la que atraviesan dos ecosistemas muy sensibles que se encuentran en nuestro país: los glaciares y los salares, con sus respectivos entornos.
El 82 por ciento de los glaciares de Sudamérica están en Chile, y la inmensa mayoría de ellos se ubican en la zona austral, entre Aysén y Magallanes , donde es posible encontrar dos extensos campos de hielos continentales, conocidos como Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur. El estado de estos da cuenta de lo importante que es generar un marco regulatorio y una institucionalidad que se haga cargo de la fragilidad de estos ecosistemas.
Por eso, resulta de toda racionalidad, sentido y valor el trabajo realizado por esta comisión investigadora, toda vez que ha permitido constatar una realidad que no se condice con el estado de desarrollo del país, en especial lo que dice relación con el estado de avance de nuestra legislación ambiental y con la creciente conciencia ciudadana respecto del valor que se debe dar a tener un medio ambiente libre de contaminación, a respetar las condiciones ambientales y a impulsar conductas ambientales responsables.
Son temas que se van incorporando cada vez con más fuerza, y nos alegramos de ello, incluso en los niveles más básicos de la formación de los niños, como son los jardines infantiles.
Entre las conclusiones debemos destacar dos o tres aspectos que, en mi opinión, son sustantivos y que contaron con el reconocimiento transversal de los diputados, lo que queda de manifiesto en el resultado y en las conclusiones contenidas en el informe.
El primero -esto resulta paradójico, puesto que los discursos muchas veces son más de pasión que de razón es la débil acción institucional de los entes encargados de velar por la situación de los glaciares y de los salares, lo que, por cierto, se puede extrapolar a muchas otras áreas del quehacer nacional.
Esa débil acción institucional figura entre las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora. En ese sentido, debemos mencionar como un aspecto particularmente preocupante la falta de coordinación en el actuar de las diversas entidades -son varias vinculadas directa o indirectamente al trabajo en este ámbito. Definitivamente, no logran coordinar un trabajo conjunto, una acción intersectorial que no solo les permita ser más eficientes, sino también eficaces.
Faltan acciones integradas entre los organismos. Resulta increíble que la Superintendencia del Medio Ambiente no tenga una coordinación sustantiva con la Dirección General de Aguas, que les permita establecer mecanismos de supervisión y control en dos ámbitos tan sensibles.
Conocimos un intento de cambiar de ubicación un glaciar. O sea, contraviniendo toda lógica, incluso las leyes científicas de la geomorfología, de la geografía, alguien pretendió remover un glaciar e instalarlo en otro lado, como si con eso no pasara absolutamente nada.
Obviamente, eso no se condice con el grado de desarrollo que tiene el país, y nos dice a las claras de que en muchas ocasiones es esa desarticulación la causa esencial de los problemas, que surgen precisamente de la inacción y la desprotección ante los riesgos a que están sometidos estos lugares, especialmente a los cambios sustantivos en sus entornos, lo que termina afectando y perjudicando a los glaciares, por un lado, y a los salares, por otro.
Por ello, creemos importantísimo destacar que no obstante todos los avances que hemos logrado, que, por lo demás, no han sido tantos en materia de legislación ambiental, sigue pareciéndonos absolutamente prudente que nuestro país entre en un proceso de revisión de su legislación ambiental y que cree un nuevo marco institucional y regulatorio, especialmente legislativo, que nos permita ser eficaces en el resguardo de las condiciones que la Constitución establece como un derecho, aquellas que nos permiten vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Ayer nomás, en la Comisión de Medio Ambiente analizábamos los casos de contaminación o polución en ciudades como Rancagua, Osorno , Temuco, Los Ángeles , Coyhaique , y la acción tangencial que realizan al respecto los organismos públicos competentes, pues las decisiones que adoptan no van a lo profundo, a resolver el problema. En efecto, la mayoría de las veces son medidas de parche, de carácter cosmético, que no atienden la cuestión esencial, que es proteger la salud de la gente y el medio ambiente.
Por eso, tal como concluyó la comisión, creemos necesario avanzar y profundizar en materia de legislación ambiental. Valoramos lo que ya se ha avanzado, pero no nos cabe duda de que Chile debe dar un salto mucho mayor para resguardar y asegurar la adecuada ecuación entre hombre y naturaleza, produciendo la menor cantidad de efectos negativos posibles en el entorno que se interviene.
No hay acción humana que sea inocua para el medio ambiente; pero la ciencia, que es el desarrollo, que a su vez es la inteligencia humana, debe procurar que esa ecuación genere los efectos menos negativos que sea posible.
También es urgente que la participación de la comunidad se desarrolle en un ambiente mucho más empoderado. Muchas veces vemos que para la elaboración de los estudios de evaluación ambiental que se exigen para los grandes proyectos, las empresas contratan la máxima inteligencia disponible en el país, a los principales centros de investigación, a las principales universidades. Nos pasó con el proyecto de Hidroaysén, tan cuestionado en su tiempo: contaba con la asesoría de los más grandes especialistas en materia ambiental del país; pero resultó que la comunidad que sufre los efectos de la contaminación, el daño que se produce, debe enfrentarse a esos informes sin contar con la fuerza, el poder ni el empoderamiento suficientes para hacerlo en términos equilibrados, pues enfrentan a una fuerza de información que proviene de los centros de investigación más avanzados de nuestro país, de la propias universidades.
Al inicio nos costó un poco entender el sentido de esta comisión, pero el destacable trabajo de su Presidente nos permitió enrielar nuestro cometido hacia resultados que, creo, serán un aporte en la medida en que entendamos y reconozcamos que tenemos falencias en materia de legislación medioambiental, y que debemos corregirlas para avanzar en este ámbito. Eso se aplica no solo a glaciares y salares, sino a prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Un segundo aspecto en el ámbito de la institucionalidad es que resulta absolutamente fundamental que la diversidad de actores tengan mecanismos de relación básica que les permitan hacer frente de manera eficiente y eficaz a los desafíos que se les presentan, para lograr, en definitiva, que quienes ocupan estos hábitats realicen las menores intervenciones posibles o, si ello ya ha ocurrido, que generen las acciones de recuperación necesarias, para preservarlos para las futuras generaciones de nuestro país, que también tienen legítimo derecho a disfrutar de sus glaciares, de sus salares, de sus bosques, de sus aguas, de sus lagos.
Es indudable que en la legislación hay una gran debilidad respecto de la participación de la comunidad. Muchas veces hemos sido testigos de que llegan las comunidades a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para reclamar por un proyecto de intervención. Al poco tiempo, esos reclamos desaparecen, porque se llega a transacciones en el ámbito de la seguridad o de los resguardos que se buscaban.
Entonces, es fundamental empoderar el trabajo de la comunidad para que participe activamente y con conocimientos en procesos de alta especialidad, con el objeto de que no quede sometida a las opiniones de grupos antojadizos o interesados, lo que muchas veces hace que se pierda la verdadera opinión de las comunidades respecto de esos proyectos.
Por lo tanto, señor Presidente, agradezco la oportunidad por haber participado en esta comisión, en especial al diputado informante y Presidente de esa instancia, quien realizó una conducción bastante abierta y de amplia participación.
Anuncio que votaré a favor el informe.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Recuerdo a la Sala que para el debate del informe de la comisión investigadora se dispondrá de una hora, prorrateada en forma proporcional.
Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, quiero felicitar a la comisión investigadora y a todos sus miembros, en particular a su Presidente.
Me referiré a una de las conclusiones del informe que dice relación con “la inexistencia de un marco regulatorio que obligue a un trabajo conjunto entre las instituciones partícipes de los procesos de cuidado, preservación y fiscalización del medio ambiente”.
A partir de esa conclusión, hago un llamado al Parlamento, porque en Chile los glaciares están desprotegidos. Desde 2005, diversos grupos parlamentarios han hecho esfuerzos por revertir esa situación mediante la presentación de diferentes mociones, la mitad de las cuales ha terminado archivadas.
En 2014 se produjo un nuevo impulso, que derivó en la presentación de una moción para abordar el tema, respecto del cual la comisión investigadora parte señalando la inexistencia de un marco regulatorio.
El proyecto original, de iniciativa de una bancada transversal de diputados, buscaba cerrar “este vacío que permite que todo tipo de glaciares y sus entornos, estén siendo destruidos, intervenidos, removidos, cubiertos de polvo y estériles por faenas mineras y productivas”.
Durante la tramitación del proyecto, el gobierno decidió participar en la discusión, para lo que envió una indicación sustitutiva, que es una facultad de la Presidenta de la República por la que puede cambiar parcial o totalmente el contenido de un proyecto de ley. Esa indicación sustitutiva reemplazó el texto presentado por los parlamentarios y parlamentarias, pero mantuvo la idea matriz del proyecto, como ordena la Constitución.
El texto propuesto por el gobierno difiere del original principalmente en la cobertura de la protección de los glaciares. Es decir, ya no se protegerán todos los glaciares del país, sino solo dos tipos: primero, los que se encuentran dentro de una zona ya protegida, reserva de una región virgen, reserva nacional o parque nacional, y segundo, los que sean nombrados como “reserva estratégica glaciar” por la autoridad competente.
Nos rebelamos frente a eso. En esta lógica que el gobierno quiere impulsar, los glaciares de Atacama, por ejemplo, no estarían protegidos, en circunstancias de que el objetivo -es algo reforzado por las conclusiones de esta comisión investigadora es que debemos ser capaces de proteger todos los glaciares de nuestro país.
El punto fundamental es saber cuáles glaciares serán nombrados “reserva estratégica glaciar” y cuáles no. Se establecen mecanismos a través de la Dirección General de Aguas y otras instituciones.
Hago este llamado porque, a la luz de las conclusiones de esta comisión investigadora, no resulta comprensible que el proyecto esté sin ser discutido en la Comisión de Hacienda desde mayo del año pasado.
Entonces, si nosotros reclamamos a otras instituciones por situaciones como esta, también debemos ser capaces de hacer una autocrítica al respecto.
Este proyecto de ley ha sido solicitado en reiteradas oportunidades por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, lo que ha sido rechazado en esta Sala; por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, lo que ha sido rechazado en esta Sala; por la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, lo que ha sido rechazado en esta Sala.
En consecuencia, hago un llamado a los colegas miembros de la Comisión de Hacienda, que tienen ese proyecto en su poder desde el 31 de mayo de 2016, a que le den curso y a que recojan la idea inicial de los moción antes de la iniciativa, mediante la cual se busca proteger todos los glaciares.
El proyecto tiene que ser un avance, especialmente para reconocer la importancia que tienen en la discusión y en la agenda legislativa de nuestro país, la prevención y la persecución y sanción de quienes destruyen nuestros glaciares.
Por eso, señor Presidente, creo que el esfuerzo que ha hecho la comisión investigadora contribuye a remover las conciencias, a generar un sistema de resguardo no solo para nuestros glaciares, sino también para nuestros salares, que son sistemas frágiles, y para hacer un reconocimiento importante a la preservación en nuestra legislación.
Por lo tanto, queremos alentar a los diputados a que esta discusión se dé prontamente en la Sala y a que volvamos a la idea original, cual es reconocer, valorar y resguardar todos los glaciares de nuestro país.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Cerrado el debate.
La discusión y votación del informe quedan pendientes para la próxima sesión. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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