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El señor MONTES (Presidente).-
A continuación, corresponde conocer el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre la investigación encomendada con relación a los problemas suscitados por emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos de gas instalados en el interior de las viviendas.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Hales.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 14ª, en 6 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 17.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Solicito la autorización de los señores diputados para que puedan ingresar a la Sala el subsecretario de Economía, don Luis Sánchez Castellón, y el Superintendente de Electricidad y Combustibles, don Juan Pablo Lorenzini .
Acordado.
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor HALES .-
Señor Presidente, por mandato de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano y conforme a lo dispuesto en el proyecto de acuerdo Nº 146, aprobado en la sesión lª de la legislatura extraordinaria, del 6 de octubre de l998, paso a informar sobre la investigación realizada respecto de los problemas suscitados por emanaciones de monóxido de carbono causadas por artefactos de gas instalados en el interior de las viviendas.
Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión realizó un total de catorce sesiones y una reunión de comités, durante el período comprendido entre el 4 de noviembre de 1998 y el 23 de junio de 1999.
La Comisión escuchó exposiciones de las autoridades de Gobierno, de representantes de las empresas privadas de la construcción y de las encargadas de la aplicación de las normativas, cuyos nombres se encuentran en el informe que está en poder de los señores diputados.
Además, recibió distintas opiniones por escrito, con las que se completaron tales intervenciones.
Al tenor de los considerandos del proyecto de acuerdo, la Comisión, durante su cometido, se abocó al estudio de los problemas suscitados a raíz de emanaciones de monóxido de carbono; de las principales normas técnico-reglamentarias o de otra naturaleza, relativas, por supuesto, a esta materia, y a conocer la opinión y el diagnóstico de los principales actores involucrados en el tema, tanto públicos como privados.
Así, se dedicó a conocer sus propuestas para superar el actual problema, de modo de impulsar, por primera vez en la historia del Estado a nivel de una comisión de la Cámara, las iniciativas necesarias para actualizar la normativa al respecto y llenar los vacíos legales sobre el manejo del gas a nivel domiciliario.
Asimismo, la Comisión extendió su labor, más allá de las iniciativas para llenar vacíos de esa especie, a la elaboración de un conjunto de proposiciones de naturaleza diversa, tanto en el plano legal y reglamentario como en el de la educación y de la prevención de riesgos por parte de los usuarios, las que son objeto de las conclusiones del presente informe.
En los últimos años, se ha constatado la existencia de importantes defectos en la calidad de las instalaciones de gas en viviendas, sean edificios o de extensión, es decir, casas de uno o dos pisos, lo que redunda en altos niveles de contaminación intradomiciliaria, condiciones de riesgo para la salud de las personas y deterioro en la calidad de vida.
Los accidentes por intoxicación por monóxido de carbono ocurridos en los últimos años, varios de ellos con consecuencias fatales, son justamente un reflejo de lo anterior. Sólo entre 1997 y 1998, catorce personas han muerto por la acumulación de gas en sus departamentos, al margen de las víctimas fatales que, durante muchísimos años, han ocurrido en viviendas de uno o dos pisos; es decir, no sólo se trata de muertes ocurridas en edificios.
La mayor parte de ellas ha sido por inhalación de concentraciones excesivas de monóxido de carbono, el cual no tiene olor, y sus síntomas son muy difíciles de diagnosticar, por cuanto se parecen a los de la gripe: náuseas, mareos, dolor de cabeza, cansancio general, cierta tendencia a la alucinación, cianosis y algunas fallas en el ritmo del corazón.
En la mayoría de los casos de envenenamiento por emanaciones de monóxido de carbono, se afecta el sistema nervioso central. El envenenamiento agudo por rápida exposición a altas concentraciones, rara vez produce discapacidad permanente, es decir, la gente no se muere. Sin embargo, está afectada por el monóxido de carbono en sus viviendas.
Se ha comprobado que se producen efectos crónicos por repetidas exposiciones a bajas concentraciones de gas, que causan anomalías en la visión, en la audición y en el corazón. O sea, el hecho de que a muchos no les haya ocurrido la muerte no quiere decir que no sean fuertemente afectados en sus viviendas, sean en altura o de extensión, por el monóxido de carbono.
Las personas más afectadas por este contaminante, conforme a diversos estudios, son, por supuesto, los niños, las embarazadas, los ancianos, los enfermos del corazón, los diabéticos y los anémicos.
Esta situación afecta tanto a los moradores de construcciones nuevas como antiguas, de edificios y casas, de distintas alturas, cualquiera que sea su valor, en la medida en que tengan artefactos de gas. Los problemas se presentan de manera diversa, según el tipo de instalación y sistema de evacuación.
Si bien el riesgo por exposiciones a emanaciones de monóxido de carbono afectó durante muchos años mayoritariamente a la población que habitaba viviendas de un piso -por el desarrollo y crecimiento del parque inmobiliario en Chile, en especial en las grandes ciudades-, el problema se extendió cuando, a partir de los años 90, se empezaron a construir, de manera generalizada, edificios de altura destinados a viviendas, es decir, con más de diez pisos de altura.
Antes de 1990, los edificios tenían por lo general alturas inferiores a diez pisos y estaban dotados de sistemas que por tradición se habían utilizado para la evacuación de gases, con resultados relativamente buenos en edificaciones de menor altura. Sin embargo, al aplicarse en edificios por sobre diez pisos, con calefón o ductos colectivos para evacuar los gases a ductos comunes, se transformaron, en definitiva, en inadecuados.
La situación anterior deja en evidencia un grave problema de diseño, consecuencia, entre otras causas, de la falta de experiencia, de tratamiento y de conocimiento en Chile en esta materia.
El diseño, básicamente, debe preservar que los flujos de gases tengan la menor cantidad de dificultades para ascender, con el objeto de que salgan al exterior de la vivienda. Pero, ¡atención! También debe preservar la temperatura de los gases para que puedan evacuarse. Por eso, a quienes dicen que la solución está en que los ductos sean de mayor diámetro, les decimos, con toda certeza, que mientras más grandes, mayor será la pérdida de energía por enfriamiento de los gases. Por lo tanto, será más difícil que la masa gaseosa salga al exterior, pues tenderá a detenerse.
Existe una relación, bastante difícil de mantener, entre el espacio del ducto y la altura. Mientras mayor es la altura de la edificación, el problema se torna más complejo, porque en la medida en que el ducto aumenta de tamaño, el trayecto que deben recorrer los gases es mucho más largo y, por tanto, se produce su enfriamiento. Por eso ingresan a los departamentos de los pisos superiores. La detención de la masa gaseosa hace que ingresen por las rendijas de ventilación por donde debieran salir.
Por lo anterior, en los edificios de más de ocho o diez pisos, los gases que evacuan los departamentos de los pisos inferiores, al no poder llegar a la parte superior del ducto para salir al exterior, se detienen y comienzan a ingresar a los departamentos de los pisos superiores.
En países desarrollados, las técnicas de construcción y los materiales son muy diferentes. En general, en ellos, desde hace casi cincuenta años, no se construyen edificios de más de cinco o seis pisos con calefón y ducto colectivo. Si son de más, se consume gas natural o electricidad.
Asimismo, el gas de ciudad -llamado gas de cañería-, que en nuestro país es distinto del gas licuado y del llamado gas natural -el metano-, no se usa en el mundo desarrollado desde la década de los años cincuenta. Sin embargo, se usa en las viviendas que se construyen en Chile.
Estudios realizados afuera revelan que hay problemas muy serios de diseño y contaminación por monóxido de carbono en edificios como los de nuestro país.
Por eso, en el extranjero se ha desarrollado un completo sistema de técnicas de construcción y se han incorporado diversos materiales que permiten utilizar tal combustible con cierto grado de seguridad.
En Chile, hay a disposición de los usuarios tres tipos de gas: el de cañería o de ciudad, el licuado y el llamado natural, que es metano. De ellos, sólo el gas de cañería origina problemas mortales cuando sale al ambiente por un escape, es decir, sin usarse, sin quemarse, debido a que en sí contiene monóxido de carbono, que es venenoso. El gas natural y el gas licuado no contienen tal combinación y, por lo tanto, su primera emanación no tiene el grado de peligrosidad del gas de ciudad. Sin embargo, en el proceso de combustión, los tres, cuando ésta es insuficiente, se transforman en venenosos.
En la página 8 del informe se describen las composiciones del gas y algunas de las causas fundamentales de los efectos principales que generan.
El gas de cañería tiene en su composición química un 13 por ciento en volúmenes de monóxido de carbono, lo cual equivale aproximadamente a 135 mil partículas por millón. A modo de ejemplo, debo decir que una persona se puede morir inhalando por un rato 2 mil partículas por millón. Por tanto, basta una pequeña fuga de este gas para que las concentraciones del ambiente resulten peligrosas y provoquen la muerte. Es decir, si alguien tiene escape de gas de cañería y no hay ventilación, morirá sólo por ese motivo, independientemente del hecho de que los otros dos gases envenenan cuando se produce la combustión.
Existen instalaciones que generan monóxido de carbono por salida al ambiente, por devolución de gases, pero que se detectan fácilmente en edificios de más de 10 pisos.
¿Qué pasa en lo principal desde el punto de vista de los problemas? En la Comisión los hemos enumerado, pero mencionaré algunos rápidamente. Ellos son problemas de diseño, subdimensionamiento de los conductos, calefones instalados en los baños, ductos colectivos sin aislación, edificios sobre 10 pisos con calefones y sin calderas, efectos del viento en el sombrerete, malas ventilaciones, extractores de aire que causan movimientos dispersos de la masa gaseosa que traen los gases en vez de sacarlos, problemas de construcción, ductos obstruidos o mal construidos, conductos colectivos no herméticos, evacuación de gases de combustión junto con las ventilaciones de olores, es decir, confusiones en la ventilación, mal funcionamiento de los artefactos -en Chile casi no se hace mantención de ellos-, problemas de instalación, artefactos sin ductos secundarios, normativa que permite un tipo de calderas que no facilita la ventilación.
En este orden de materias, la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Católica, Dictuc, que inició un programa de mediciones, y otras instituciones, informaron a la Comisión que el 95 por ciento de los edificios inspeccionados usan gas de cañería o de ciudad y que el 90 por ciento, en primera revisión, estaban fuera de especificaciones.
Conclusiones
La Comisión, luego del análisis y estudio de los antecedentes y de las opiniones recibidas, aprobó por la unanimidad de sus integrantes las siguientes conclusiones en relación con la investigación:
1º Además de las consideraciones generales expuestas respecto del efecto de las emanaciones de gas en la salud de las personas, llama la atención que sólo se conozcan muertes en la estadística de personas menores de 45 años. Curioso, porque se supone que a las personas mayores les podría afectar muchísimo más. Lo que sucede es que cuando estas personas aparecen muertas por ataque al miocardio, nadie investiga la presencia de monóxido de carbono en la sangre, no se hace el examen de carboxihemoglobina, lo cual podría indicar que las personas que aparecen con fallas al miocardio han muerto por efectos del monóxido de carbono y, al no saberse, sus cónyuges, parejas o el grupo familiar siguen afectados.
La Comisión estima de urgencia, por tanto, evaluar el impacto que pueda tener en las personas que acusan asma bronquial, bronquitis crónica obstructiva, enfisema pulmonar, etcétera.
La norma vigente
En efecto, los análisis hechos por la Comisión con la totalidad de los especialistas indican que los proyectistas de gas, los diseñadores, los arquitectos, las empresas constructoras, los constructores, las inmobiliarias, aun cuando hayan construido cumpliendo con todas las normas de edificación, no podrían haber resuelto los problemas investigados.
La Comisión constató que el solo hecho de haberse realizado una buena ejecución de las obras, es decir, con el ducto limpio, bien construido, sin obstáculos, con adecuada calidad de materiales y el cabal cumplimiento de las reglas de construcción y de la normativa vigente en general, no habría sido garantía suficiente para evitar la presencia de monóxido de carbono al interior de las viviendas en los edificios en altura.
Por el contrario -y esto es muy grave-, la propia norma chilena permite construir conductos colectivos de evacuación de gases en edificios superiores a 8 y 10 pisos de altura, lo cual no se hace en Estados Unidos ni en Europa desde hace más de 50 años. Es decir, esta norma se ha transformado en altamente riesgosa, porque, a partir de esa altura de edificación, no se produce la correcta evacuación de gases, aunque se construya el ducto de manera impecable. Obviamente, si, además, está mal construido y obstaculizado, los gases ingresarán a los departamentos.
Las inspecciones periódicas de gas fueron valoradas por la Comisión, sobre todo lo obrado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. Estima que la inspección periódica de las instalaciones es una iniciativa que no resuelve el problema en forma inmediata, dado que el objetivo del programa elaborado por SEC es, apenas, realizar una primera revisión técnica para detectar las fallas, pero no constituye una solución.
Los cortes de suministro de gas dispuestos por los organismos fiscalizadores han implicado que, en algunos casos, los edificios no cuenten con gas por varios meses. Esto ha estimulado a los copropietarios a efectuar instalaciones de gas alternativas que les pueden significar mayores riesgos que cuando tenían emanaciones de monóxido de carbono, por cuanto la gente utiliza braseros, parafina o balones de gas licuado que transforman al edificio en una verdadera bomba de posibilidades mortales.
Las inspecciones de las instalaciones de gas impulsarán una serie de arreglos que pueden resultar muy onerosos para los copropietarios de edificios con antigüedad superior a cinco años y que no estén protegidos por normas de calidad de la construcción. Tampoco lo estarán si los constructores han utilizado normas que les han permitido construir de esa manera.
La Comisión concluye que aun cuando se recomienda la conversión del gas de ciudad al gas natural, es decir, que Santiago utilice cada vez menos este gas venenoso, debe tenerse presente que las reconversiones mal hechas generan concentraciones de monóxido de carbono incluso peores que aquellas generadas por el uso de gas de ciudad.
La Comisión, luego de un detenido estudio de las conclusiones a que arribó en el transcurso de la investigación, acordó también, por la unanimidad de sus integrantes, proponer a la honorable Cámara de Diputados la aprobación de las siguientes proposiciones:
1. Revisar los procedimientos con que se generan las normas técnicas en Chile, de manera de asegurar que no se repitan estos hechos por la existencia de normas que, al ser usadas, conllevan la construcción de edificios mortales.
2. Establecer la prohibición total de usar ductos colectivos de evacuación de gases, por cuanto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, ha adoptado una resolución por su cuenta, en circunstancias que el Instituto Nacional de Normalización, que desde 1997 fija las normas con que se construye en Chile, a la fecha todavía y después de dos años de estudio, no aprueba una norma sobre lo que SEC, mediante dicha resolución, ya ha prohibido: la construcción de ductos colectivos en edificios por sobre 8 ó 10 pisos.
3. Evaluar la conveniencia de separar las funciones de la Superintendencia, pues atiende problemas demasiado complejos; en estos últimos meses, toda la crisis eléctrica y todos los problemas del gas.
4. Propender, ojalá, a la independencia absoluta de los organismos técnicos de fiscalización, pues no es conveniente para el país que estos fiscalizadores dependan de la autoridad de gobierno.
5. Realizar una campaña informativa, sobre todo en sectores de bajos ingresos. Hemos insistido permanentemente en que el problema no sólo existe en los departamentos, sino también en las viviendas cuyos moradores utilizan artefactos de gas sin conocer que tienen en sus manos un artefacto mortal. Evacuan los calefones a veces al entretecho, directamente al ambiente o hacia los pasillos de los dormitorios, en la creencia de que abrir una ventana dispersa las emanaciones de monóxido de carbono de los calefones.
6. Instruir a los directores del servicio de salud respecto de la conveniencia de que los establecimientos hospitalarios que atienden enfermedades broncopulmonares, pongan atención respecto de la posibilidad de que, en el diagnóstico, se indique al paciente la necesidad de prevenirse, en sus viviendas, de eventuales emanaciones de monóxido de carbono. Es decir, un planteamiento parecido al que el país resolvió respecto de la campaña del cólera, cuando nuestros médicos, sin que fuese su obligación, recetaban a los pacientes los medicamentos adecuados para curarlos y sanarlos del cólera; además del acto de sanación, había un acto de instrucción, en que se les decía cómo tenían que lavar sus alimentos, incluso sus propias manos, al manipular y cocinar los alimentos.
7. Establecer como recomendación, por parte de las autoridades de Salud, que se practique el examen de carboxihemoglobina a las personas fallecidas mayores de cuarenta y cinco años, como una forma de proteger al resto del grupo familiar.
8. En estos casos se ha detectado que la contaminación al interior de los hogares, sobre todo en las grandes ciudades, suele ser mayor que la contaminación ambiental que existe en el ambiente externo a sus casas.
9. Recomendar que la Superintendencia o el organismo que ésta designe, diseñe un manual general para los usuarios, con todas las instrucciones para la utilización domiciliaria de los artefactos de gas por cualquier persona. El organismo fiscalizador debe poner dicho instructivo en conocimiento de las empresas distribuidoras de gas y de los vendedores de artefactos, a fin de que quienes comercializan, venden en cualquier lugar o instalan este tipo de artefactos, le indiquen al usuario las reglas mínimas que el Estado establece para proteger la vida de los ciudadanos.
10. Así como existen manuales para otras áreas de responsabilidad del Estado, es bueno que también se cuide a la gente en relación con el uso del gas, instruyéndola con un manual del usuario, el cual debería contener, a lo menos, información sobre la peligrosidad del gas, los efectos del monóxido de carbono y la necesidad de realizar mantención de la cocina, del calefón, de la estufa, e instruir sobre el tiempo durante el cual se puede utilizar una estufa de gas en un recinto y advertir acerca del peligro de los instaladores no autorizados -denominados coloquialmente “maestros chasquilla”-; sobre la necesidad de retirar los calefones de los baños, la peligrosidad de cerrar los recintos que los proyectos de arquitectura consideraran ventilados -patios de servicio, las llamadas loggias-, y todos aquellos espacios donde, en muchas casas, están instalados los calefones y que han sido cerrados. Para ello se han trasladado las ventanas, en la creencia de que han conquistado más espacio de arquitectura, que tienen más metros cuadrados y obtenido ventajas, y no saben que con ello sólo están logrando que en sus viviendas ingrese un gas mortal.
11. Buscar mecanismos que posibiliten que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo colabore con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el diseño de soluciones alternativas que sean económicamente viables para los moradores, en viviendas que la inspección señale como peligrosas.
12. Recomendar que se instruya, por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con la ayuda de estos profesionales del Ministerio de Vivienda, sobre el uso de soluciones provisorias en los casos de corte de suministro de gas.
La Comisión ha constatado que es enormemente peligroso que, cuando el organismo fiscalizador ordena el corte del suministro de gas, las soluciones provisorias que adoptan los moradores sean inadecuadas. En efecto, se utilizan braseros, cocinas de parafina, balones de gas, prohibidos por la posibilidad de explosión.
En consecuencia, la Comisión considera que si la Superintendencia cuenta con la colaboración del Ministerio de Vivienda, no debe ordenar el corte del gas sin indicar una alternativa provisoria de suministro parcial, aun cuando tenga reparos estéticos, funcionales o arquitectónicos, pero que otorga seguridad a los afectados.
13. Asumir, por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la capacitación de los administradores de edificios, ya que es perfectamente posible realizar lo que hemos denominado una inspección de carácter primario, no la definitiva ni la que reemplaza la inspección de la SEC, pero que permita que los administradores -incluso con el personal de planta en el caso de los edificios-, puedan rápidamente detectar la presencia de monóxido de carbono, sin esperar un programa, ya que, para las inspecciones, la SEC no cuenta con los recursos ni con equipos suficientes para realizarlo a la velocidad que el país requiere.
14. Propiciar el estudio de mecanismos de ayuda directa a los usuarios de bajos ingresos por medio de líneas especiales de créditos, que les permita solucionar sus problemas de contaminación, del mal funcionamiento de los artefactos y de evacuaciones de gas.
15. Se recomienda avanzar en el proceso de reconversión a gas natural, en reemplazo del venenoso gas de ciudad, informándole a la gente sobre la necesidad de cuidar que estas conexiones queden bien hechas.
16. Recomendar la adopción de medidas, por parte de las autoridades del sector, tendientes a prohibir la instalación de calefones en espacios de uso múltiple, independientemente del volumen de aire que éstos tengan.
17. Apoyar el desarrollo de la investigación tecnológica, que es clara y definitivamente insuficiente, con respecto a esta materia en Chile.
18. Recomendar la realización de una investigación que genere un procedimiento de cálculo más adecuado, respecto de los ductos colectivos de evacuación de gases de combustión.
19. Educar a los usuarios.
20. Estimular el uso de centrales de agua caliente, a fin de que exista un ducto único para evacuar los gases desde una canalera central, directamente sobre el techo de los edificios y sin conexión con los departamentos, con lo cual se evitaría la contaminación por ingreso de gas.
21. Proponer que se establezca, por medio de una modificación legal, la prohibición de instalar artefactos de gas por medio de instaladores no autorizados.
22. Recomendar que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se aboque al conocimiento de las situaciones pendientes, derivadas de permisos de edificación aprobados con anterioridad a la decisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de prohibir los ductos colectivos. En este minuto podríamos tener edificios que tienen el permiso de edificación basado en la norma pasada, lo que puede constituir un peligro mortal. Por tanto, en esto es necesario consignar un efecto retroactivo respecto de los permisos de edificación, en lo que se refiere a la evacuación de gases.
23. Poner en conocimiento de su Excelencia el Presidente de la República el texto del presente informe.
24. Dirigir oficios a los señores ministros de Economía , Fomento y Reconstrucción, Salud, Vivienda y Desarrollo Urbano y de la Secretaría General de la Presidencia, con el objeto de que arbitren las medidas tendientes a dar cumplimiento a las proposiciones antedichas e informen a la Corporación acerca de lo obrado sobre el particular.
Finalmente, la Comisión, por unanimidad, ha estimado que el presente informe constituye por sí solo un avance.
Nos alegramos de haber contribuido con este trabajo, porque se trata de la primera investigación oficial efectuada por el Estado en conjunto con las personas que aquí participaron junto a los diputados y con la colaboración de todos los miembros de la Comisión.
Además, estuvieron presentes, en varias reuniones, el ministro de Vivienda , señor Sergio Henríquez ; el Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Juan Pablo Lorenzini ; el Jefe del Departamento de Combustibles de la Superintendencia , señor Osvaldo Urzúa ; el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Normalización , señor Lee Ward Cantwell ; la Cámara Chilena de la Construcción, a través de su primer vicepresidente y de sus directores señores Eduardo Waissbluth , Eugenio Velasco y Andrés Varela , respectivamente; el Instituto de la Construcción, a través de su presidente y el secretario técnico, señores Jaime Muñoz y Claudio Acuña , respectivamente; la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile, a través de su gerente, señora Oscarina Encalada ; el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad de Chile, a través del señor Ricardo Pérez Correa , quienes fueron especiales contribuyentes a este informe; el presidente de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile , señor Octavio Hinzpeter ; técnicos y usuarias afectadas por emanaciones, señoras Luz María Ferrada y María Olivia del Río.
Nos alegramos de esta contribución y de realizar esta relación con proposiciones sobre este problema. Por ello, pensamos que, de por sí, el informe constituye una advertencia a la población.
La Comisión estimó prioritario avanzar en una gran campaña educativa, como una de las grandes tareas por desarrollar por parte de los organismos estatales y privados en esta materia, para que el progreso -la incorporación del gas, de los artefactos de gas, la posibilidad de la gente a vivir mejor-, no signifique -como hasta ahora- un riesgo para la vida de la gente, sino una protección.
Ése fue el esfuerzo de esta Comisión y nos alegramos de haber hecho esta primera contribución.
He dicho.
(Aplausos).
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , pocas veces, desde que ingresé a la Cámara el año pasado, he sentido tanta satisfacción como la que me brinda el trabajo que desarrollamos en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Desde luego, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el hecho de que los miembros de la Comisión pusimos todo nuestro empeño en este tema que tanto afecta la calidad de vida de la gente y que desde hace un tiempo ha acaparado la atención pública, porque, lamentablemente, muchas personas han muerto o sufrido terribles efectos secundarios debido a las emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos de gas. Asimismo, destaco el rol que cumplió en la Comisión el diputado Patricio Hales , porque considero que cuando algunos diputados ponen empeño y esfuerzo en esta actividad, hay que decirlo. De manera que hago ese reconocimiento a Patricio Hales.
La investigación fue bastante larga; tanto, que en dos oportunidades fue necesario pedir prórroga a la Sala para poder continuar nuestro trabajo y evacuar un informe que dejara a todos conformes. Además de referirme a diversas proposiciones que son muy oportunas para ir en auxilio de las personas que están viviendo esta situación, quiero destacar el apoyo que nos brindó la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile, Dictuc, sobre todo la señora Oscarina Encalada . Pocas veces he visto una profesional tan rigurosa para tratar un tema de suyo árido, técnico y, sin duda, muy complejo. A quienes no somos ingenieras ni arquitectas nos costó meternos en el tema. Por cierto, había que comenzar por analizar cosas tan elementales como el trazado de los ductos para determinar cómo había que revisarlos. Por lo tanto, también hago el respectivo reconocimiento.
El diputado Patricio Hales acaba de rendir el informe de nuestra Comisión y, como pocas veces, todas las decisiones fueron adoptadas prácticamente por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.
Pero quiero destacar algunas de las proposiciones de la Comisión que, a mi juicio, ayudarán a solucionar un problema que ha generado una verdadera psicosis -hay que decirlo-, una situación muy fuerte, a través de los medios de comunicación, y que ha herido la sensibilidad de las personas, sobre todo de quienes habitan los lugares altos de la Región Metropolitana, que es donde existe mayor densidad poblacional.
En esa línea, quiero decir que Juan Pablo Lorenzini , Superintendente de Electricidad y Combustibles, también ha cumplido un rol importante y difícil, porque está expuesto a muchas críticas, sobre todo cuando decide suspender el suministro de gas en un edificio. Muchas de estas medidas son incomprendidas y dan origen a noticias tremendamente alarmistas e, incluso, sensacionalistas. Creo que en esto la responsabilidad radica en evitar el costo humano que significa que las personas fallezcan debido a algo que es tan difícil de detectar. En realidad, no es sólo la contaminación. Los decesos debido al monóxido de carbono emitido por los artefactos de gas son algo muy complejo, porque no tiene olor, no se ve, no se siente, y las personas se van muriendo sin darse cuenta de nada. Ahora, en cuanto a la edad de las personas que fallecieron entre 1997 y 1999 -aproximadamente 20 en esta zona-, vemos que se trata de jóvenes y no de personas de edad avanzada, que se hayan quedado dormidas. No. Son personas sanas, jóvenes y vitales las que han muerto por emanaciones. El diputado Waldo Mora -que está a mi lado- me recuerda el caso del presidente de Cochilco, una de las tantas víctimas y que provocó tantos problemas a su familia. Fue uno de los casos que revisamos.
En todos estos temas, de lo que más carece la sociedad chilena es de información. La gente simplemente no sabe cuáles son sus derechos ni sus deberes. Por ejemplo, cuando adquiere un artefacto electrodoméstico, un aparato de calefacción, desconoce las normas de funcionamiento y manejo, y como confía en que después de desembalar e instalar la estufa ésta funcionará bien, no toma las providencias del caso.
Una de las proposiciones en que pusimos más énfasis fue en la exigencia de un manual instructivo y, además, una campaña informativa, para que los chilenos de Arica a Punta Arenas conozcan los detalles que deben verificar antes de instalar un calefón o un aparato de calefacción. Recordemos que nuestro país no es rico y que la mayoría de los chilenos nos calefaccionamos mediante estufas de gas o paneles que se instalan en los muros, que también son de gas. Por otra parte, los calefones de la mayoría de las casas todavía están instalados dentro de los baños. La gente que adquiere departamentos, por lo general, cierra los lavaderos por una razón obvia: por comodidad y para tener cerrado un lugar que en el invierno puede ser muy frío. Durante el trabajo de la comisión analizamos estas situaciones que pueden parecer muy domésticas, pero la muerte de muchas de las personas que por estas causas fallecieron en los dos últimos años se debió al cierre de las loggias o lavaderos.
Entonces, aquí tenemos otro tema importante. ¿Cómo enfrentar el problema de todas las personas que han adquirido un departamento en los últimos diez años? Se trata de personas que, con mucho esfuerzo, han comprado un departamento en altura y, de pronto, se encuentran con que les cortan el suministro de gas y deben solucionar el problema con su bolsillo. La diputada Pía Guzmán me comentaba que a su hermano le llegó una comunicación en la cual le dicen que todos los propietarios deberán financiar un sistema distinto, como la instalación de una central de agua caliente u otro sistema de calefacción. Es un tema que debemos resolver no sólo proponiendo, por ejemplo, que el Ejecutivo implemente créditos blandos para que la gente pueda mejorar la calidad de su vivienda. Es una materia muy relevante, que originó gran debate en la Comisión; pero, probablemente, no se podrá resolver, y eso hay que decirlo con toda honestidad.
Otra de las proposiciones habla de la absoluta prohibición de utilizar ductos colectivos de evacuación de gases en construcciones habitacionales superiores a los ocho pisos. Habría que ver qué sucede con los proyectos ya aprobados, que hay muchos. De manera que resultaría muy difícil decir que se construye hasta determinado piso y que todas las construcciones de más de ocho pisos no podrán utilizar ductos colectivos de evacuación de gases. ¿Qué pasa con los proyectos ya aprobados? En la proposición número 22 recomendamos alternativas de solución para este problema, siempre que los proyectos sean declarados viables en las direcciones de obras municipales.
También hay que destacar el rol que cumplen los administradores de edificios. Considero que es un tema realmente sensible e importante. La responsabilidad del administrador de edificios no sólo se reduce a cobrar los gastos comunes o a velar por que el condominio esté en buenas condiciones estéticas; también debe encargarse de algo tan fundamental como la fiscalización de los ductos, materia muy relevante contenida en el informe.
Otro tema que no quiero dejar pasar esta tarde, dice relación con el punto 11, en cuanto a que deben buscarse mecanismos que posibiliten, de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo -aprovecho de decirlo ahora que está aquí el ministro -, el diseño de soluciones alternativas viables dentro de las condiciones económicas de los moradores de las viviendas que la inspección señale como peligrosas. Es un tema importante. Hay muchos países en el mundo con niveles de subdesarrollo como Chile que han utilizado otra tecnología, como los paneles solares, que constituyen una importante fuente de generación de agua caliente. Hay zonas del norte -veo al diputado Antonio Leal que hace un gesto afirmativo- donde existen muchas posibilidades de hacer viable un proyecto que ofrezca reales alternativas a las existentes hoy en el país.
Creo que el informe es valioso por las proposiciones. Sé que me faltaron muchas por enumerar, ya que sólo destaqué algunas. Pero más que hacernos cargo de un problema que lleva varios años, que era invisible para la sociedad chilena, y que de pronto comenzó a tener mucha fuerza en la opinión pública, lo más importante es dar soluciones concretas. No sacamos nada con venir a decir aquí que éste es un problema, que el diagnóstico todos lo compartimos, sino establecer atribuciones, competencias, responsabilidades, que tendrán que ser, obviamente, incluidas en el Presupuesto, y que el Ministerio de Vivienda y también la Superintendencia tendrán que velar para que estas proposiciones se conviertan en cosas concretas y se puedan llevar a cabo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Sólo para una consulta, tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, respecto de la proposición Nº 2, que recomienda establecer la absoluta prohibición de utilizar ductos colectivos de evacuación de gases en construcciones habitacionales superiores a ocho pisos, tengo antecedentes de que lo recomendable serían construcciones habitacionales inferiores. Pienso que debiera ser la altura máxima en las construcciones sociales y las alturas mayores debieran usar otra fuente energética.
Mi consulta es qué recepción tuvo esta recomendación que, a mi juicio, es la más importante, entre las autoridades, particularmente del ministro de Vivienda , aquí presente, y de las asociaciones de empresarios de la construcción que concurrieron a la Comisión.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Si desea contestar de inmediato, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, fue una decisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, el prohibir, por medio de una resolución, la construcción de edificios con ductos colectivos sobre ocho pisos de altura.
Sin embargo, lo grave es que la norma chilena no lo había hecho, la norma oficial, la norma a la cual, en cualquier juicio, aunque no tenga imperio de ley, el constructor hace referencia y en la que se apoya. Es decir, todo lo que se construyó se hizo dentro de la norma. En todo caso, la SEC adoptó la medida, aun cuando la norma no se había terminado, la cual empezó a estudiarse desde abril de 1997. A la fecha en que terminó su trabajo la Comisión, todavía la seguía estudiando, mientras la SEC ya había adoptado felizmente la decisión de prohibir estas construcciones.
Respecto de la otra pregunta, si debiera aplicarse a pisos inferiores, en algunos países se decidió que fuese hasta cinco pisos. Efectivamente, tal como dice el honorable diputado señor Kuschel se decidieron alturas inferiores; sin embargo, todos los especialistas, la Universidad Católica, los que vinieron de la Universidad Técnica Federico Santa María, los ingenieros, han dicho que sobre ocho o diez pisos es perfectamente posible que se evacuen los gases. Además, la experiencia muestra que en Chile los edificios de ocho o diez pisos efectivamente funcionaban en esas condiciones.
Finalmente -y esto es acaso lo más importante-, le digo, por su intermedio, señor Presidente : no, honorable diputado, porque, en realidad, esto no es el problema en las casas; tenemos las viviendas en el primer piso donde también se producen las emanaciones de monóxido de carbono, mortales por otro tipo de problemas.
Esto es lo más importante para el caso de los edificios en altura.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , hace pocos días se cumplieron dos años desde que una joven de 24 años de edad, Magdalena Leyton , muriera en su departamento de la calle Encomenderos, en la comuna de Las Condes, comprobándose después que ella tenía en su sangre 500 partículas por millón de monóxido de carbono. Después de Magdalena Leyton, han fallecido 18 personas más, cifras que las estadísticas nos muestran, a la luz de nuestros antecedentes, como una estadística parcial.
Digo esto, porque en esta conducta un tanto afiebrada, en algún minuto, de algunos por disminuir, en forma obsesiva, las funciones, las atribuciones, los recursos del Estado, no nos hemos dado cuenta de la gravedad que eso significa, a la hora de llegar a situaciones como las que hoy nos han golpeado tan fuerte.
Cuando nos encontramos con una Superintendencia de Electricidad y Combustibles que, más allá de la excelente disposición, de la que podemos dar testimonio aquí y de la actuación profesional de su superintendente, no posee el personal suficiente ni técnicamente capacitado para cumplir la función de fiscalización que le compete en el tema del gas, obviamente que tenemos que recapacitar en qué hemos hecho en estos últimos quince años, al disminuir tan drásticamente algunos servicios del Estado, situación que ha puesto en riesgo, incluso, la vida de las personas.
En efecto, hoy, la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que presido, a la cual se le encargó esta investigación en octubre del año pasado, y que se nos daba un plazo inicial de 45 días, y que, luego de nueve o diez meses recién se puede dar cuenta a la Sala, por lo complejo del tema y por la responsabilidad con que cada uno de los integrantes de la Comisión la ha asumido, para no sólo hacer aportes, sino buscar caminos de solución al respecto, esta Comisión, dentro de su investigación, comprobó también que ni siquiera los servicios de salud tienen las facultades, ni la tarea, ni la misión de certificar la situación de muchos casos de personas que mueren en sus departamentos, y cuyo diagnóstico final es muerte por un ataque al corazón, y no, como tenemos fundadas sospechas, las causas reales de intoxicación que muchos de ellos padecieron.
Cuando nos encontramos con que hay algunos departamentos que, francamente, y perdonen la comparación, los camiones de la muerte quedan chicos al lado de la concentración y el nivel de contaminación existente al interior de los departamentos, no podemos dejar pasar esta situación en forma inadvertida.
Creemos necesario que, al menos, los servicios de salud tengan la obligación de certificar que las personas fallecidas de 45 años hacia arriba, en las cuales se diagnostica simplemente un ataque al corazón, se les practique un examen de carboxihemoglobina que determine fehacientemente cuál es el nivel de concentración de monóxido de carbono en la sangre.
Como muy bien decía la diputada señora Lily Pérez , como los síntomas que produce la intoxicación de monóxido de carbono son fácilmente confundibles con una gripe, con abatimiento, fatiga, cansancio, esto hace, muchas veces, no tomar las medidas a tiempo y evitar tan lamentables sucesos.
Junto con eso, es necesario señalar también que debemos tomar esta situación con la máxima responsabilidad. Si las normas, las especificaciones técnicas con que hoy se desarrollan los proyectos inmobiliarios datan de veinte o treinta años, a lo menos, debemos decir que aquí no se ha actuado con el rigor correspondiente a la altura de las circunstancias y del desarrollo del país.
El grado de constructibilidad en nuestro país está a la vista. Si uno pasa por la avenida Kennedy , en Santiago, y ve avisos en las construcciones que van en el piso 45, tenemos que pensar de qué manera estamos alcanzando esos niveles de construcción y cómo se está construyendo.
Si en la misma comuna de Las Condes, como lo señalaba el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, el diputado señor Leal y el que habla, se sigue construyendo hasta llegar a niveles de gravedad como ocurre con los famosos edificios “lustrines”, que les obliga a una rasante, a recortar su superficie para cumplir con las normas establecidas. Entonces, cuando la Superintendencia llega a fiscalizar esos edificios porque sus ductos han debido tomar la misma forma que la rasante le ha indicado en la superficie del edificio, se encuentra con que no puede fiscalizar o cuando fiscaliza se da la excusa de que no hay ninguna norma que lo prohíba; pero tampoco hay norma alguna que lo permita.
Al contrario, las técnicas de hoy nos aconsejan, como muy bien consultaba el diputado señor Kuschel , que sobre una determinada cantidad de pisos más bien se debe utilizar el ducto individual o de tiro forzado.
Estados Unidos vivió una experiencia similar hace 20 años y fueron las propias empresas de gas las que financiaron los estudios por más de 10 años, para poder llegar, finalmente, a usar métodos y materiales de construcción adecuados para salvaguardar la vida de las personas.
Ningún edificio de más de 5 pisos, en países desarrollados, se construye con las normas que hoy se aplican en Chile en la construcción de los ductos de evacuación de gases.
Por eso, es grave la situación. Y, tal vez, exista razón para que mucha gente se involucre en esta sicosis colectiva; por eso es bueno insistir en que la Superintendencia había estimado 2 años para poder fiscalizar y revisar los departamentos que pueden presentar estos tipos de deficiencias. La verdad de las cosas es que a la fecha debiera llevar, aproximadamente, 1.100 departamentos fiscalizados y, sin embargo, no ha alcanzado a los 300, pese a los esfuerzos de sus funcionarios. Es decir, prácticamente un 60 por ciento menos de su meta.
Con la meta inicial que se había trazado, estimaba en dos años la posibilidad de fiscalizar estos edificios, sin considerar los de menos de 8 pisos o 5 pisos, ni, por supuesto, las casas que también están expuestas a estos mismos niveles de peligrosidad.
Si estimamos esos plazos y que la transformación del gas de cañería a gas natural tiene un horizonte de 6 años, estamos en una situación de sentarnos a esperar a ver a quién le toca el próximo accidente de contaminación o de intoxicación con monóxido de carbono; es decir, una especie de ruleta rusa, en que nadie sabe a quién le va a tocar.
Más grave aún parece esto con lo que daba cuenta el diputado informante de la Comisión , que nos hacía presente que en el gas de cañería o de ciudad, un 13,5 por ciento de su volumen contiene monóxido de carbono; es decir, prácticamente 135 mil partículas por millón. Los edificios de antigua data de construcción, que utilizan el gas de cañería o de ciudad, tan contaminante, presentan hoy por los sismos, por el uso, por la antigüedad, severos daños. Y si relacionamos esa cantidad de monóxido de carbono que contiene el gas de ciudad con lo que pasa con una persona expuesta por unos minutos tan sólo a 2.000 partículas por millón, que obviamente provoca la muerte de una persona, podremos concluir que estamos frente a un hecho de máxima peligrosidad.
Por eso, hoy celebro la actuación responsable de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que ha decidido dar más allá de lo que le es posible con sus instrumentos, con su personal, con sus recursos, para justamente ir estudiando la posibilidad de adelantar estas inspecciones.
En días pasados, junto al diputado señor Ricardo Rincón , presidente de la Comisión de Minería y Energía, frente a esta situación, que podríamos titular “crónicas de muertes anunciadas”, porque debemos sentarnos a esperar a ver cómo suceden las demás desgracias, decidimos gestionar, no siendo de nuestra facultad propiamente tal, una serie de encuentros con la Asociación Chilena de Municipalidades y sus direcciones de obras, con el Cuerpo de Bomberos de Chile, con los certificadores de gas, con las empresas de gas, con la Superintendencia e, incluso, con la Cámara Chilena de la Construcción.
En todos, cuál más cuál menos, hemos encontrado disposición a solucionar el tema. Incluso, en algunos casos nos hemos encontrado con sorpresas agradables o estimulantes, como la que nos sucedió hoy con el diputado señor Leal , en que encontramos, mientras sosteníamos una reunión con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sesionando una comisión especial del gas, que justamente tiende a cambiar los códigos del gas, para no sólo entender este problema, sino educar a la gente; cambiar las normas de construcción y poder colaborar, junto a SEC, al Ministerio de Vivienda y a todos los organismos que corresponda, incluso las empresas de gas, para cambiar los índices de riesgo que hoy presenta este vital elemento.
Por eso, las 22 soluciones que propone el informe de la Comisión y que son parte del aporte de todos sus parlamentarios integrantes, no han sido puestas para hacer número, sino que guardan relación con el cuidado que debemos tener con un bien tan preciado, que no es el gas precisamente, como es la vida de las personas que hoy está expuesta por esta situación en la cual todos somos responsables.
Construir con normas inadecuadas, obsoletas, vigentes desde hace 20 años, es una responsabilidad de la ciudadanía, de las autoridades, de las empresas constructoras, del Ministerio, de nosotros, de toda la comunidad, pero principalmente, a la hora de velar por este bien tan preciado como es la vida, debemos hacerlo exigiendo que aquellos que tienen una responsabilidad en mayor medida, asuman las tareas que les correspondan.
Aquí hay actitudes muchas veces irresponsables de algunas personas, que pretendiendo sacar una ventaja barata, producen esta situación.
Cuando se denuncia que hay personas, empresas o certificadores que han cambiado los sellos rojos de calificación de la Superintendencia, adulterándolos o sacando a los edificios de la calificación que tenían, a fin de poder vender o de conectar rápidamente sus instalaciones a aquellos proyectos inmobiliarios que están terminados, nos parece que se trata de una situación que no sólo se debe investigar, sino también sancionar.
Celebro que el Ministerio de Vivienda, en la vivienda social, en la de la gente que tiene menos recursos, ya haya dado pasos sustantivos, de manera que a partir de este año las viviendas básicas que lleven incorporado el calefón al interior de ellas, éste sea instalado por personas capacitadas, calificadas, y no por “maestros chasquilla”, que terminan produciendo un daño mayor que el beneficio que se quiere lograr con su trabajo.
Insisto en que el informe elaborado por la Comisión de Vivienda sobre este tema, que por primera vez le corresponde investigar a la Cámara de Diputados, tiene relación con responsabilidades que todos tenemos.
Hace pocos días ha ingresado a la Cámara la nueva normativa que el Ejecutivo ha enviado sobre urbanismo y construcción, que nos va a llevar un gran tiempo en analizar; pero, sin duda, tendremos estos antecedentes a la vista para poder incorporarlos.
Insisto en que vamos a hacer un seguimiento de estas proposiciones. Le vamos a pedir al Presidente de la República que haga cumplir las iniciativas, al menos las más urgentes, con el fin de corregir esta ineficiencia. Y esperamos que por medio de todas las demás instancias, los privados, la Cámara Chilena de la Construcción, las empresas de gas, los certificadores, el sector público, la Superintendencia, el Ministerio de Salud en las áreas que ya he señalado, y también en la facultad que a nosotros nos asiste por ministerio de la ley, de fiscalizar, se corrijan estas situaciones, se mejoren los niveles de construcción, tengamos normas adecuadas y podamos, finalmente, dar la tranquilidad que la familia de nuestro país requiere para poder vivir adecuadamente en cada uno de sus departamentos.
Sólo me resta señalar que esta Comisión ha encargado a su ex presidenta, la diputada señora Eliana Caraball, junto a diputados representantes de todas las bancadas que integran la Comisión, la proposición de modificaciones legales basadas en experiencias de otros países que hayan vivido estas situaciones, como en la de la propia investigación, para poder avanzar en el área que a nosotros nos corresponde.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, pocas veces puede ser más satisfactorio encontrarnos con un trabajo serio, como el que ha hecho esta Comisión respecto de un tema que está hoy cobrando una fuerza dramática.
Quiero celebrar que esta Comisión haya trabajado acuciosamente; que haya recibido a todas las autoridades y a los actores involucrados en un tema de tanta complejidad y trascendencia.
Quiero resaltar el hecho de que la Comisión se haya preocupado de arribar a conclusiones concretas, a proposiciones aterrizadas, para que, en definitiva, entre los diversos actores se pueda propiciar, estimular decisiones de más largo plazo.
Quiero comenzar mi primera reflexión señalando, una vez más, que resulta preocupante ver que casos tan dramáticos, tan graves, que han terminado con resultados de muerte -afortunadamente han ocupado espacios en los medios de comunicación, lo cual estimula la preocupación-, no tengan denunciados públicamente, porque cuando se trata de determinar responsabilidades, éstas empiezan a diluirse y no son claras.
Me parece, y se ha destacado, que la Superintendencia ha hecho esfuerzos y los sigue haciendo -a pesar de la escasez de inspectores-, de acuerdo con la resolución que estableció la obligación de la revisión periódica de los gases, de los ductos y su calendarización. Sin embargo, no es suficiente.
Ya que contamos con la presencia del ministro de Vivienda , sería bueno que se refiriera a una mejor coordinación en las distintas instancias públicas y las responsabilidades que debe asumir ese Ministerio, y la mayor es la falta de normativa sobre la materia. Muchas veces, incluso las direcciones de obras de las municipalidades no cuentan con el personal suficiente para resolver estos problemas cada vez más acuciantes.
También llama la atención que profesionales del área -me refiero a profesionales calificados- no hayan advertido sobre la conveniencia de acelerar una normativa adecuada en el país.
Encuentro extraordinariamente grave que el informe diga que bien pudieron ceñirse a la norma que existía, a la calidad de los materiales, construcción normal y, sin embargo, el problema está ahí y sin solución aparente. Es importante que nos demos cuenta de que también hubo una cierta irresponsabilidad si no se presionó por una normativa. ¿Cuánto tiempo puede vivir un país sin una legislación adecuada en esta materia? Éste es un tema que nos obliga a una revisión minuciosa. Por eso, celebro el esfuerzo de la Comisión de ubicar responsabilidades y hacer propuestas.
Pero, sin duda, hay consecuencia con una filosofía que pretende y cree que todo queda libre, a la resolución de las fuerzas del mercado.
Cada vez que en esta Cámara discutimos la ley de Presupuestos, siempre se dice que no hace falta tener un Estado fuerte, pero nosotros decimos que hace falta un Estado con responsabilidad en la regulación y en la fiscalización, porque ésas son tareas esenciales para procurar el bien. Cada vez que en las partidas presupuestarias le restamos capacidad a ese Estado, incurrimos en un error muy grave, y estamos pagando las consecuencias: las paga el país, sus ciudadanos y para qué decir los sectores más vulnerables.
A mi juicio, también valdría la pena reiterar o reforzar algo que señala el informe. Así como ahora somos responsables de los recursos para que el Estado desarrolle su capacidad fiscalizadora, el antiguo artículo 185 establecía que, aun cuando se tenga copia de la declaración en que conste que la instalación de gas fue recibida por SEC, las empresas abastecedoras - Gasco , Metrogas, Abastible, etcétera-, deberán comprobar, antes de dar suministro definitivo, que las instalaciones, especialmente cilindros, estanques, medidores y artefactos funcionen en forma segura y estén de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Al respecto, pregunto: ¿las empresas de gas cumplieron efectivamente con esa responsabilidad? ¿Cómo se autorizó el suministro de gas en construcciones carentes de instalaciones adecuadas? Por eso, es importante el trabajo de la Comisión, pues pone énfasis en la necesidad de profundizar en las responsabilidades y en las propuestas. ¿Acaso no es dramático que el 90 por ciento de los edificios no cumpla con las especificaciones? En efecto, inspeccionados 351 edificios, sólo un 19 por ciento fue aprobado.
Por lo tanto, creo que debemos seguir trabajando en la búsqueda de soluciones que ayuden a avanzar con paso firme.
Por otra parte, es importante destacar que este tema no sólo se relaciona con los edificios más altos construidos en diferentes comunas, como se ha señalado y lo explicaba especialmente el diputado informante. Sin duda, por la densidad, el riesgo es mayor -se han levantado edificios de más de ocho pisos sin que exista una normativa adecuada que solucione el problema-, pero también afecta a casas y viviendas sociales.
¿Qué estamos haciendo en esta materia? La SEC dice que se deberán hacer revisiones, calendarizar; señala que habrá multas, en fin; ¿y en aquellos sectores de menores ingresos? ¿Los marginaremos de la seguridad? ¿Desconocerán los porcentajes de riesgo?
Como diputada del distrito Nº 29, el otro día conseguí que hicieran prueba de monóxido de carbono en viviendas simples -sociales-, y quiero decir que también ahí existen serios problemas de monóxido de carbono y de contaminación.
La Cámara también debe preocuparse por los sectores de menores ingresos, porque si hay dificultades para que la gente que vive en los edificios de Las Condes y otros lugares resuelvan esos problemas, imaginémonos el nivel de dificultades que tendrán los sectores de menores ingresos. Reitero la pregunta: ¿acaso los habitantes de Puente Alto o de La Pintana no tienen derecho a conocer el riesgo en que están viviendo? ¿Acaso no tenemos responsabilidad hacia ellos?
Repito que ha sido muy positivo el trabajo de la Comisión, pero, quizás, ya es el momento de ir profundizando en la búsqueda de soluciones. Ojalá no pasen muchos años sin una normativa adecuada.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro de Economía subrogante, don Juan Manuel Cruz.
El señor CRUZ ( Ministro de Economía subrogante ).-
Señor Presidente , seré muy breve porque el trabajo de la Comisión es muy completo, abarca todas las materias y hace un recuento exhaustivo de la normativa vigente para el sector. Sólo me cabe felicitar a la Comisión y reconocer que todo su aporte es de suma utilidad.
No obstante, deseo informar acerca de las cosas hechas durante este período en relación con el tema. Y en un breve listado, a fin de no cansarlos, mencionaré, principalmente, que las actividades efectuadas hasta ahora incluyen la modificación del reglamento de instalaciones interiores de gas, el desarrollo de procedimientos de certificación para las instalaciones, la promoción de programas de capacitación para inspectores y administradores de edificios y una serie de estudios comparativos sobre normativas de otros países, evaluaciones y estudios en Chile con el apoyo de expertos internacionales, programas de difusión y sensibilización dirigidos a la población, estudios sobre la calidad de los procesos de conversión del gas de ciudad al gas natural, desarrollo de procedimientos e instructivos para regular este proceso de conversión.
También se han promovido las actividades de capacitación, difusión, inspección y control a través de gobiernos regionales y locales. En tal sentido, ha habido una actividad muy importante como es el acercamiento y coordinación a través de los municipios para este fin.
Se ha actuado en conjunto con el Instituto Nacional de Normalización para el desarrollo de nuevas normas técnicas y se han generado mesas de trabajo con la participación de todos los actores involucrados.
De lo realizado, se puede llegar a una primera conclusión: hay gran coincidencia entre dichas acciones y las recomendaciones de la Comisión, entre las cuales me permitiré mencionar algunas:
La Nº 1 habla de revisar los procedimientos para generar normas técnicas chilenas. Como bien lo han recordado algunos honorables diputados, con anterioridad a la existencia de una norma chilena, que requiere un procedimiento complejo para dictarse, la Superintendencia estableció algunas obligaciones. Hemos velado para que el Instituto Nacional de Normalización haga los procesos sobre los cuales tiene responsabilidad con toda transparencia, a fin de llegar a normas que tengan plena legitimidad y no sean cuestionables.
En cuanto a la recomendación Nº 2, relativa a la prohibición de utilizar ductos colectivos de evacuación de gases en construcciones habitacionales superiores a ocho pisos, la verdad es que en esta materia el tema está prácticamente resuelto. Esa prohibición prácticamente ha sido incorporada con la modificación del decreto Nº 222, mediante el decreto Nº 78, de 1998. Se restringieron fuertemente las posibilidades de emplear ductos colectivos como alternativa posible de evacuación de gases en edificios de altura. De hecho, a partir de esa fecha en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no se ha registrado ningún proyecto nuevo con el tipo de instalación antigua.
Destaco también la recomendación Nº 5, sobre campañas informativas a todo nivel. Sin duda, se requieren recursos adicionales para llevarlas a cabo y también un importante concurso del sector privado. Esta área no es de responsabilidad exclusiva de una parte del país, sino que es prioritaria la cooperación pública y privada.
Todo el resto de las recomendaciones son muy coincidentes con las líneas de acción que el Gobierno ya ha adoptado y en las cuales seguiremos profundizando. Ello incluye, por supuesto, la coordinación entre las diversas instancias públicas involucradas, razón por la cual también está presente en la Sala el ministro de Vivienda . Sin duda, el que haya coordinación entre la construcción y la fiscalización es de primera importancia. En ese sentido, agradezco el trabajo de la Comisión porque aporta ideas para prevenir y resolver problemas.
El informe de la Comisión es muy realista al señalar que un mecanismo de revisión técnica cada dos años no resuelve el problema -hay que reconocer que la solución real no se logra sólo con esa medida-, y que al cortarse el gas en un edificio, lo más probable es que la situación de emergencia genere comportamientos mucho más peligrosos que los que se evitaron con el corte de gas. Eso es ser realista y nos acerca a una forma verdadera de abordar el problema.
Creo que debemos buscar dos cosas: primero, la cooperación del sector público con el privado, pues toda campaña de promoción no es responsabilidad de una parte, sino de todos los involucrados. Segundo, generar las condiciones para que las empresas sean las primeras interesadas en que los usuarios del gas no corran riesgos innecesarios. Desde ese punto de vista, se trata de que el marco normativo cree los incentivos correctos y no perversos, en el sentido de que una empresa fiscalizada saque la cuenta de qué le conviene más: si evadir la norma y pagar una multa o cumplirla. Sin duda, un país moderno requiere empresas que presten su colaboración, como ya lo han hecho a través de convenios y programas conjuntos con la Superintendencia.
Éste no es un asunto sólo de fiscalización. Varios señores diputados que hicieron uso de la palabra mencionaron la educación. En verdad, los riesgos que se viven al interior de cada hogar tienen mucho que ver con el comportamiento de sus habitantes. La cooperación del Gobierno y los parlamentarios no sólo se traduce en legislar y complementar las normas necesarias, sino también en crear conciencia de lo que significa tener este tipo de artefactos y cómo usarlos en forma responsable, porque sólo mediante un proceso educativo completo y de buen comportamiento de los propios usuarios podremos evitar problemas como los que hemos vivido.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Darío Molina.
El señor MOLINA .-
Señor Presidente , tal como se ha señalado, el gas mata silenciosamente. Así lo ha estado haciendo desde hace algunos años en el país, sin que ninguna autoridad se haya preocupado a tiempo del problema.
No es posible saber con claridad cuántas son las personas que han fallecido por esta causa, entre otras razones, porque la inhalación del gas se traduce, por regla general, en infartos al miocardio, patología que sigue constituyendo la principal causa de muerte en el país, como lo afirma y señala el informe de la Comisión, al cual me sumo y celebro.
He leído y escuchado decir que se trata de un problema nuevo, que las empresas constructoras desconocían la normativa que las regulaba y que en los estudios de la carrera de arquitectura no estaba comprendida su enseñanza. Se trata de una excusa infantil. El monóxido de carbono, desde siempre, en determinadas cantidades, ha sido letal. Las fugas de gas han existido siempre, con mayor frecuencia en el pasado, cuando los artefactos de gas y los equipos para medir fugas no eran tan sofisticados como los actuales. Entonces, ¿por qué se dice que es un problema nuevo? No es difícil advertirlo, porque el origen, al menos en parte, de éste y de otros se encuentra en la improvisación y la reacción tardía de las autoridades de gobierno con competencia en la materia. Así ha sucedido con el problema mapuche, con el de seguridad ciudadana, con el universitario, con el eléctrico y, en general, con tantos otros que hemos tenido la oportunidad de analizar en sesiones especiales en esta Corporación, y en que la opinión pública ha podido advertir que el Gobierno actúa motivado por las presiones de los sectores afectados o por la ocurrencia de una tragedia.
Es importante, entonces, dejar establecido que el tema que hoy nos preocupa, que dice relación con los problemas ocasionados por las emanaciones de monóxido de carbono en las viviendas, sólo es un problema nuevo para la autoridad, y que el origen del mismo se encuentra en la propia ineficiencia y en la virtual autocomplacencia del Gobierno, como lo ha demostrado en su intervención el ministro que me antecedió en el uso de la palabra.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ahora reclama recursos y modificaciones legales; pero ¿qué ha hecho desde hace cuatro años a la fecha, cuando comenzaron a conocerse públicamente los primeros problemas por emanaciones de gas? Pero, hay que ser justos. Como suele ocurrir frente a estos problemas, todos se culpan y nadie propone soluciones. La Superintendencia manifiesta que no tiene infraestructura y que las empresas constructoras y las juntas de vigilancia tienen gran responsabilidad en el asunto. La Cámara Chilena de la Construcción responsabiliza a la SEC por autorizar instalaciones de gas y ductos en edificios que luego presentan todo tipo de problemas. Un diputado ha llegado, incluso, a sostener que los responsables son los usuarios. Esto no admite análisis. En verdad, puede ocurrir que excepcionalmente sea así, pero no puede mencionarse como la causa real del problema. Si un usuario no tiene un calefón, una cocina o estufa más sofisticados, que eliminen los riesgos de emanaciones, se debe a que no cuenta con los recursos para ello y no porque deliberadamente quiera aumentar las cifras de muertes por emanaciones de gas.
Por último, todos terminan con la frase típica: debe modificarse la ley. Puede que sea así, pero la corrección debe regularse en forma oportuna. Parece increíble que han pasado tres años y seguimos buscando al culpable.
La SEC lleva varios años recibiendo denuncias relacionadas con emanaciones de gas al interior de las viviendas y la situación no sólo no ha mejorado, sino que, más bien, tiende a agravarse.
Sólo recién a mediados del año pasado y producto de la gravedad que adquiría el problema, se estableció un conjunto de especificaciones técnicas destinadas a instaladores y empresas constructoras. Ese año fueron modificados los reglamentos de construcción, incorporando moderna tecnología con el objeto de disminuir los riesgos. Se obligó, entonces, a instalar extractores de aire más seguros, se prohibió cerrar las loggias y utilizar calefones en departamentos de menos de treinta y cinco metros cuadrados, se intensificó la inspección de ductos y algunas otras medidas que, si bien iban en la dirección correcta, son absolutamente insuficientes, tan insuficientes que las muertes se siguieron produciendo.
En abril de este año se da un nuevo paso. A contar de esa fecha se establece la obligación de revisar cañerías, ductos, artefactos y planos de instalación de gas de todos los edificios del país de cinco o más pisos.
Aquí surge un nuevo problema, pues a las casas y demás inmuebles no obligados por esa norma, que probablemente son los más riesgosos, sólo se les hará aplicable la medida a contar de enero del 2000. En esta categoría se encuentran casas viejas, locales comerciales y otros inmuebles potencialmente más riesgosos que los que se encuentran en proceso de revisión, tanto por lo antiguo de la construcción como por el número de personas eventualmente afectadas.
Otro problema digno de considerar es el relativo al costo de las revisiones. Su valor normal oscila entre diez mil y treinta mil pesos, cifra no despreciable si consideramos la crisis económica que afecta a nuestro país. Más compleja se vuelve la situación si, producto de la revisión, los técnicos determinan que las obras de reparación son mayores, pues, en ese caso, la gente prefiere que le corten el suministro y buscar alternativas más baratas, pero, a la vez, más peligrosas.
Además, hay que agregar que se trata de un proceso lento, más aún si se piensa que hay cerca de veinte mil edificios y 3,5 millones de casas que se revisarán en los próximos años, ya que este proceso debe repetirse cada dos años.
Tan preocupante como la lentitud del sistema son sus resultados. Un 80 por ciento de los edificios inspeccionados a la fecha ha presentado algún tipo de inconveniente. El 45,9 por ciento presenta anomalías en instalaciones y fueron calificados con sello amarillo, y el 35 por ciento presenta riesgos críticos para sus moradores y fueron catalogados con sello rojo, disponiéndose el corte de suministro de gas.
En general, de las cinco fallas más comunes detectadas en estas revisiones, llama la atención que en su mayoría son imputables a quienes participan en el diseño y construcción de los edificios y en su fiscalización, como a la mala ventilación e incorrecta evacuación de los gases desde donde están ubicados los artefactos y la existencia de ductos de evacuación mal construidos.
Sin embargo, hay otras fallas, atribuibles a los propios afectados, como la realización de inspecciones efectuadas por personal inexperto, siempre más barato, o la existencia de artefactos con deficiencias en su funcionamiento y sin mantención.
En fin, la opinión pública ya ha podido escuchar la mejor excusa para encubrir la ineficiencia: carecemos de infraestructura y recursos. En todo caso, lo cierto es que ni las autoridades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ni las personas encargadas de estas áreas al interior de las municipalidades, están realizando un trabajo al menos regular, para no llamarlo irresponsable.
La Cámara, consciente del problema, se ha abocado por más de siete meses al estudio de posibles medidas tendientes a evitar la repetición de este tipo de hechos. Sin embargo, las soluciones propuestas son de mediano y largo plazo y tardarán en implementarse. Si nos demoramos tanto tiempo en analizar y debatir un tema de esta importancia, ¿cuánto tardarán las autoridades en implementar estas soluciones?
Quiero terminar señalando que comparto todas las conclusiones y recomendaciones de este trabajo realizado por la Comisión. Finalmente, espero que estas mismas conclusiones ayuden a evitar más muertes. En todo caso, es urgente la aplicación de medidas inmediatas. Recordemos que nuestros hogares eran, hasta hace poco, uno de los pocos lugares seguros que iban quedando.
Señor Presidente , si me queda tiempo, se lo cedo a la diputada señora Ovalle .
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Quedó tiempo, señor diputado. En su oportunidad, le daré la palabra a la diputada se��ora María Victoria Ovalle.
Tiene la palabra el señor ministro de Vivienda.
El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , en general, la discusión ha sido de buen nivel y sólo haré un comentario de fechas.
Se levantó la obligación de entregar los planos de instalaciones de gas de los edificios en 1976, a través del decreto Nº 1.337; se disminuyó el personal de la Superintendencia, de aproximadamente 450 personas a 158 funcionarios entre 1975 y 1990; se hizo facultativa la revisión de los planos por parte de la Superintendencia de Gas, Electricidad y Combustibles en 1982, y, por último, a través del decreto Nº 222, de 1986, se reglamentaron por primera vez las instalaciones de gas; la norma original era de 1973.
Gracias, señor Presidente.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, valoro el contenido y conclusiones del informe de la Comisión investigadora, y felicito a todos sus integrantes por el gran trabajo desplegado.
Sin embargo, complementariamente, este debate en Sala debe establecer nítidamente las responsabilidades en los dramáticos hechos que están ocurriendo diariamente en muchos edificios y construcciones de la Región Metropolitana, debe precisar los límites de la legislación vigente y proponer al Ejecutivo cambios en la ley eléctrica y en otras normativas que hagan más rigurosa la fiscalización, que norme los terrenos de nadie que hoy existen, que establezca más claramente las responsabilidades de todos los actores y defienda, sobre todo, a los usuarios.
Quiero subrayar que hay 18 muertos por inhalación de monóxido de carbono o asfixia y no hay un solo detenido por las responsabilidades que caben en estas muertes, y eso no puede ser. Esto es grave. Nuevamente se demuestra la desprotección en que se encuentran los usuarios. Se deben asumir responsabilidades concretas y las empresas constructoras, de gas y las municipalidades deben responder ante los usuarios. Éste no es sólo un tema técnico, es un gran tema social.
Aquí se ha dicho que en 1982 se redefinieron las facultades de la SEC, de la aprobación de los planos y de las obras por un problema de velocidad en la tramitación. De alguna manera, estas tareas fueron trasladadas a las direcciones de obras de las municipalidades, sin que estos organismos tengan personal capacitado ni recursos como para llevar a cabo una fiscalización idónea al momento de recepcionar la construcción.
Quiero señalar que las direcciones de obras de las municipalidades piden una declaración de instalación de gas que entrega la SEC. Sin embargo, como se liberalizó la fiscalización, la SEC no aprueba, sino que registra. No obstante ello, las constructoras aducen ante las direcciones de obras que ésta es una autorización y los órganos municipales lo aceptan como tal, pese a que la declaración de la SEC no constituye aprobación. Es decir, nadie aprueba ni verifica las instalaciones. La fiscalización de la SEC es selectiva y en muchos casos, como ocurre en regiones, ocular, porque no tiene los instrumentos adecuados.
Desde abril hasta hoy, la SEC ha inspeccionado 351 edificios. Sólo el 20 por ciento de ellos tiene sello verde.
Quiero señalar que las empresas constructoras tienen una responsabilidad en este tema. La empresa constructora contrata a un instalador de gas autorizado para que haga el proyecto, y aquélla está obligada a seguir las especificaciones.
El decreto supremo Nº 78, del Ministerio de Economía, que modificó el Nº 222, establece claramente las condiciones que deben reunir las instalaciones de gas y de los ductos. Sin embargo, esto no se cumple, incluso en construcciones de alto rendimiento financiero.
Por razones comerciales, a veces la empresa constructora adecua el proyecto, de acuerdo con los instaladores. Muchas veces los ductos son de cholguán y no están suficientemente aislados como lo exige la normativa legal, pese a que se puede recurrir, entre otras cosas, a un carrillo de fibra de vidrio para proteger el ducto. Otras veces, como se ha comprobado durante esta crisis, los conductos de evacuación de gases o de ventilación son usados durante la construcción de la obra para evacuar escombros y quedan diversos elementos que obstruyen los ductos, impidiendo la ventilación.
Lo más grave es que el decreto supremo Nº 78 establece una normativa especial para edificios de más de ocho pisos, ya que está comprobado que a esa altura, por problemas de temperatura, los gases se detienen y no salen a la atmósfera, retornan y filtran hacia los departamentos, puesto que se produce lo que se llama “el punto de rocío”. Es decir, a una cierta altura, la fase gaseosa se transforma en pequeñas gotas húmedas que caen y se gasifican nuevamente debido a la temperatura. En consecuencia, los edificios de diez a quince pisos deben tener centrales de agua caliente, mecanismos eléctricos, calefones de tiro forzado, separación de los ductos para gas y húmedos, y aislamiento de los ductos. En Italia esto se exige a construcciones de seis pisos, y en Alemania, a las de cuatro pisos.
Por lo tanto, aquí hay responsabilidades de las empresas de gas, de las constructoras y de quienes tienen que entregar el edificio en condiciones de ser habitados con la máxima seguridad a quien lo compra. No puede seguir ocurriendo que una persona gaste 800 ó 6 mil uefes y que no pueda vivir en su departamento dos meses después.
Felicito a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, por las medidas que está adoptando, pero pido a la Comisión Investigadora de Vivienda, que proponga cambios a la ley eléctrica, a la normativa y reglamentos sobre instalación de artefactos de gas y eliminación de los desechos que éstos producen, así como a otros instrumentos legales, para garantizar los derechos de los usuarios y la seguridad de las personas que habitan estas construcciones.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle .
La señora OVALLE (doña María Victoria) .-
Sólo quiero ocupar mis escasos minutos para felicitar al diputado señor Patricio Hales por su acucioso y claro informe, y a la Comisión, por su gran labor.
Hace dos años, ocurrió la trágica muerte de Magdalena Leighton Rengifo, accidente dramático que, además, me impactó mucho, porque era la hija de una muy buena y querida amiga mía. Ésta fue la detonante que nos permitió darnos cuenta de cuán precaria era la normativa vigente. ¡Qué cosa más dramática que estar a las puertas del siglo XXI y tener una normativa ni siquiera del siglo XX, sino del siglo pasado!
El avance de las empresas constructoras en tecnología, por así decirlo, ha sido de imagen, de diseño. ¡Cómo no vamos a celebrar el avance que ha habido en las torres que se han construido y lo fantásticas que parecen ser! Sin embargo, da la impresión de que, como los ductos no se ven y que nadie entiende nada respecto de ellos, a pesar de que es lo que realmente importa, porque han sido los elementos que han producido estas muertes, no fueron beneficiados con la tecnología.
Pido al señor Ministro que la labor acuciosa hecha por la Comisión de Vivienda y Desarrollo no quede en el papel ni en las palabras. ¡Por favor, ponga en práctica estas medidas cuanto antes, porque estas muertes no pueden ser en vano! He visto cómo han llorado esas madres. Esta situación no debe volver a pasar; no podemos tener ni una muerte más. Han transcurrido dos años desde el primer accidente, pese a lo cual la semana pasada hubo nueve personas intoxicadas. No podemos seguir esperando que se produzcan nuevos dramas de este tipo. Señor Ministro, es imperioso que se apliquen de inmediato las normas propuestas por la Comisión.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda ).-
Sólo deseo hacer una aclaración.
Esta Comisión se constituyó para tratar básicamente lo relativo al monóxido de carbono. Lo que señaló la señora diputada tiene que ver con el escape de gas de una cañería, tema que se relaciona con cosas diferentes.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle.
La señora OVALLE (doña María Victoria) .-
Muchas gracias, señor Presidente .
Lamentablemente, debo contradecir al señor Ministro , dado que la muerte de esa persona fue por intoxicación con monóxido de carbono, hecho ocurrido hace dos años en un edificio ubicado en la calle Encomenderos, que se convirtió en la detonante que nos hizo darnos cuenta de la precariedad en todo lo sucedido. A ese hecho me he referido.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Continúa con el uso de la palabra el señor Ministro.
El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda ).-
Quiero aclarar el punto.
La señora diputada se refirió a las nueve personas que esta semana tuvieron un incidente de intoxicación, lo que se debió a una fuga de gas y no a monóxido de carbono. Son dos temas totalmente distintos, que tienen otros alcances.
Esta Comisión ha hecho un trabajo excelente sobre las emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos de gas instalados al interior de las viviendas; no ha realizado una investigación sobre el tema de las fugas de gas, que fue a lo que se refirió la señora diputada , materia que, a mi juicio, merece un estudio aparte.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señor Presidente , me siento muy complacido por haber formado parte de esta Comisión, en la cual pude comprobar la entrega de todos mis colegas diputados para analizar, estudiar e invitar a personas con más conocimientos y mayor relevancia en todo lo concerniente a esta materia, con el objeto de modificar las estructuras de algunos organismos que tienen que ver directamente con las construcciones y el manejo del gas combustionado.
Esto ha permitido, como ha expresado el diputado informante de nuestra Comisión, la concurrencia de todos los actores relacionados directamente con esta materia, como el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Cámara Chilena de la Construcción, los representantes más destacados de las Universidades Católica y de Chile, así como de otras personas que entregaron sus conocimientos y su visión sobre cómo deben ser corregidas las normas relativas a esta materia y cómo debemos enfrentar esas situaciones quienes estamos expuestos a estos riesgos y no conocemos su manejo, lo que ha producido fuertes golpes en las familias que han perdido a algunos de sus seres queridos debido al envenenamiento con este tóxico que es el gas mal combustionado.
El gran desarrollo de nuestro país en estos últimos diez años ha contribuido a que se produzcan estos hechos, lo cual se refleja en las construcciones en altura, que permiten mayor densidad poblacional en Santiago, que tiende a concentrar cada vez mayor cantidad de habitantes.
Por eso, hoy quiero felicitar a todos los miembros de la Comisión y actores del Gobierno que se han preocupado de proponer de inmediato las modificaciones que están a su alcance. En el futuro, enviarán las iniciativas necesarias para el mejoramiento de las normas relacionadas con esta materia, las cuales deben establecer exigencias y sanciones, que deben ser fuertes y drásticas, así como el conocimiento que deben tener los administradores de edificios o de condominios y todas las personas que llevan a cabo el manejo de las instalaciones y artefactos de gas, a fin de que todos los actores tengan un mayor grado de conocimiento y de exigencias, y no sean personas que improvisen acciones sin tener un verdadero dominio de ellas.
Por eso ha sido muy importante lo logrado con el trabajo de la Comisión y la participación de actores y personas que están bajo la tutela de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Para ellos vaya mi reconocimiento, en la esperanza de que esta labor contribuya a que, con la máxima celeridad, el Gobierno y el Parlamento, si es necesario, procedan a modificar las normas y leyes sobre la materia, ya que, de alguna manera, sin darnos cuenta, estábamos contribuyendo a arriesgar la vida de las personas.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , no voy a felicitar a la Comisión, a pesar de que fui uno de sus integrantes e hice muchas propuestas, porque uno se congratula cuando se está haciendo algo positivo. Esto no debiera haber ocurrido nunca. Aquí tendrían que haberse aplicado las normas correctas y exigido, desde un principio, que los edificios tuvieran instalaciones y ductos adecuados para que la evacuación de gases fuera expedita y no tener que lamentar pérdida de vidas humanas.
Si analizamos el fondo de esta investigación, concluiremos que se ha realizado debido a que las emanaciones de gas han costado muchas vidas humanas. Al empezar el estudio de esta materia, uno se da cuenta de nuestra timidez para aplicar normas responsables, serias y exigir efectivamente a las empresas el cumplimiento de todos los requisitos, porque se trata de personas que han fallecido por mal manejo de los ductos de gases y de su evacuación.
No sacamos nada con buscar responsables ni con decir que este señor tiene la culpa o el otro de más allá. Creo que los 24 puntos de las conclusiones de la Comisión son bastante serios y responsables.
Cuando en la Cámara se empezaron a estudiar las normas y los derechos de los consumidores, muchos teníamos temores y no queríamos aprobar las proposiciones porque creíamos que iba a ser una ley mala, que se prestaría para abusos; pero, en verdad, las disposiciones se han mejorado mucho y hoy la gente sabe reclamar y hacer valer sus derechos.
El señor Ministro decía que en 1976 se suprimió esto. Estamos hablando de 23 años atrás. Desgraciadamente, las cosas han sucedido a mucha gente, e incluso diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, hablan del Gran Santiago. ¿Acaso las otras ciudades del país no tienen edificios con más de ocho pisos? ¿Acaso las poblaciones de Temuco, Villarrica , Pucón o de cualquier parte, que los señores diputados representan, no tienen también instalaciones interiores defectuosas en las casas? ¿Cuánta gente ha muerto y se culpa al carbón del brasero cuando, a lo mejor, la causa fue el gas? En consecuencia, no hay que ser tímidos. Aquí se tiene que actuar con firmeza y los responsables deben pagar por su culpabilidad.
No sacamos nada con lamentarnos y felicitar el trabajo y las propuestas de la Comisión, que desarrollamos a conciencia con gente que trabajó de verdad, si al término de las conclusiones debimos decir que esta no era la solución, porque sólo en dos años más terminaría la revisión de los edificios. Eso no lo pusimos -lo digo de verdad, con una mano en el corazón- para tranquilizar a las personas, porque mucha gente cree que cuando termina la labor de una comisión investigadora se da por superado el trabajo y los problemas van a terminar. En realidad, hoy empieza el verdadero trabajo, basado en lo que dice el cuerpo de ingenieros, la Cámara Chilena de la Construcción, el ministro de Vivienda y Urbanismo, el SEC, la señora Oscarina , todos los que han participado de verdad de este informe, porque nuestro norte es tratar de solucionar estos problemas.
¡Cómo no va a ser lamentable la muerte del vicepresidente de Cochilco ! Después empieza la preocupación mucho más grande. Quisiéramos que esa desgracia no hubiera ocurrido nunca.
Quiero que hoy medite el señor Ministro -y se lo digo de verdad- sobre la necesidad de aplicar medidas drásticas a los responsables, porque la muerte de una persona, en esas circunstancias, es igual que darle una puñalada por la espalda o pegarle un disparo. Tiene que haber un culpable. No puede ser que quien construye mal para lucrarse a costa de vidas humanas, no tenga ningún castigo. Nadie dice nada, pero sabemos perfectamente quiénes son los ingenieros, los instaladores de las redes de gases y las empresas constructoras de estos edificios.
Después de leer y analizar las conclusiones de la Comisión, empieza el verdadero trabajo. Por ejemplo, analizamos el error cometido en el caso de la señora Ferrada , ya que, en vez de gas de cañería, le pusieron otro y explotó la casa. Nadie dijo nada. Fue un señor a medir y ella debió repararla a un costo entre uno y dos millones de pesos. Después se dijo que la culpable era la empresa que estaba instalando el gas.
Se habla de las revisiones. Cada una cuesta 35 mil pesos y lo normal sería hacerla cada dos años. Cuando fallan los artefactos, se hace la revisión, pero a lo mejor, a los diez minutos vuelven a fallar.
¿Cómo se entiende que la parte interesada sea la que haga las recomendaciones? Cuando hoy un organismo manda a que analicen un calefón, dice: “Cumple con todos los requisitos. Instálenlo”. Digamos las cosas como son. El dueño del producto -el calefón- está pagando, por lo que es probable que nunca le digan que es malo, porque, en caso contrario, no le pagará a la institución que está haciendo el cargo, la cual, además, nunca más tendrá una revisión.
Entonces, seamos responsables. Cuando un producto es de mala calidad y no pasa la prueba, no debe instalarse, como ocurre en otras partes del mundo. Hablábamos de la regla americana, de la inglesa; la chilena estaba basada en esta última. Claramente la regla es pésima por la cantidad de muertes que hemos debido lamentar. Sin embargo, se seguía aplicando la regla inglesa.
Se decía que los ingenieros habían hecho estudios y recomendado otro tipo de norma. ¿Qué decíamos nosotros? Que las normas elaboradas por institutos responsables que han estudiado los ductos, sean de carácter obligatorio, de modo que ésas sean las que deban aplicar y no otras.
Si esto me pasara a mí o a cualquiera de los diputados presentes, los responsables son los constructores, los ingenieros, los arquitectos y la autoridad que recepciona; todos tienen responsabilidad. Por eso pido sanciones drásticas, pues esto es como la cámara de gas que aplicaba Hitler en forma disimulada. Está muriendo gente, nadie dice nada y nos felicitamos de la labor de la Comisión, donde trabajamos a conciencia.
Espero que los señores que construyen no jueguen más con la vida humana, dejen de ganar un poco de plata y se preocupen de verdad de las personas, que merecen más que un par de pesos, razón por la cual recomendamos aplicar medidas drásticas y, si es necesario, que se caduque el permiso a quienes no saben construir. Miremos los ductos: tapados; todo pasa por un solo ducto, para abaratar. ¿Qué dijeron después? Que mucha gente prefería que hubiera un solo ducto por estética del edificio. En consecuencia, muchas personas, también por apariencia, no se dan cuenta que se están matando solas.
Algunos diputados proponían instalar abajo del edificio una caldera de gas, a petróleo o como se quiera, para el agua caliente. Después decían que el problema estaba en los medidores, porque unos gastan más y otros, menos. En definitiva, esa solución era mucho más cara. ¿Por qué en otros países con edificios de 30, 40 ó 50 pisos saben la tecnología que deben aplicar? ¿Qué cuesta hacerlo, si ya la tenemos? Es cosa de copiarla; nada más.
No tienen perdón de Dios las autoridades y todos los que intervienen en la construcción de edificios. Tienen culpa y no se la echemos a que se derogó un decreto en 1973, pero que ellos cumplieron con las normas; a que los instaladores son “chasquillas”, a que esto es cosa nueva y que poco menos que está en marcha blanca; pero ésta ya ha matado a varias personas y todavía seguimos lamentando muertes.
Queremos ver el fruto de las recomendaciones de la Comisión investigadora, y que ellas se traduzcan en que no debamos lamentar más muertes, sino decir: “Hemos cumplido y las autoridades han acogido nuestras propuestas”. Entonces, esperamos que los empresarios que construyen también digan que van a cumplir.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , este problema, claramente, es de suyo complejo y se han dado algunas cifras para graficarlo. En nuestro país hay, más o menos, 20 mil edificios. En verdad no existe un catastro exacto del número de edificios, pero el solo hecho de dimensionar el tema a ese número -18 mil, 19 mil o 20 mil- puede dar una cuantificación, aunque sea numérica, de la magnitud del impacto que este tema tiene en el país.
La mayor parte de esos casi 20 mil edificios, por no decir todos, fueron construidos bajo normas distintas de las que rigen actualmente, denominadas “normas de calidad de la construcción”. Si a eso sumamos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no tiene una planta adecuada, no sólo en número sino también en calidad -no quiero menospreciar a quienes hoy trabajan allí; pero se requiere una especialización propia para enfrentar la situación-, obviamente el tema es aún más complejo.
Si, además sumamos a ello el hecho de que en Chile no podemos decir cuánta gente muere por monóxido de carbono, puesto que los exámenes médicos respectivos generalmente no consideran ese aspecto, a pesar de que hay consenso nacional de que mucha gente ha muerto por ese gas, no obstante haberse atribuido su muerte, por ejemplo, a un paro cardíaco por vejez, obviamente, la situación se torna más difícil.
¿A qué quiero apuntar? A que en temas tan sensibles para la gente, como la vida, o tan complejos como la cesantía, que también se vincula con la vida de las personas, nosotros, como Corporación, y en general el Congreso Nacional, no podemos caer en discursos que se encasillan sobre la base de una postura de oficialismo o de oposición, en definitiva eminentemente electoral. Si los discursos de cada uno de nosotros se orientan exclusivamente hacia un ordenamiento de campaña electoral en temas tan cruciales como la vida de las personas o la cesantía, obviamente vamos a tener un sesgo para abordarlos, lo cual no contribuirá a avanzar.
Esto hay que decirlo, y fuertemente, porque cuando alguien expresa que ninguna autoridad ha hecho nada, eso, al menos, constituye una falacia barata. Quiero destacar este tópico, porque aquí el tema de fondo es saber, mediante las inspecciones técnicas programadas y calendarizadas por la Superintendencia, qué está ocurriendo en los edificios del país. Hoy, incluso, estamos hablando sobre la base de situaciones que han ocurrido, circunscritas a un exiguo número de edificios o departamentos. Simplemente, como dato, debo destacar que no se han inspeccionado ni siquiera 400 de los casi 18 mil o 20 mil edificios que hay en el país, porque obviamente no existe la capacidad para hacerlo, ya que las inspecciones no se pueden efectuar de un día para otro.
Entonces, sostener livianamente que la autoridad no ha hecho nada, no me parece adecuado. Lo más lógico es circunscribir el tema, respaldar la investigación rigurosa y a conciencia que hizo la Comisión respectiva, en cumplimiento de su obligación, y tratar que sus conclusiones puedan materializarse, independientemente de que muchas de ellas ya están en ejecución.
También debemos entender que este es un problema de todos. No es un tema menor, por cuanto hoy, en edificios de nuestro país, el sello rojo es sacado porque le resta plusvalía o mayor valor del que podría tener un departamento al venderse, por el solo hecho de tener ese sello. Eso dice relación directa con los propietarios, administradores y juntas de vigilancia respectivas, y nadie puede desligarse de esta responsabilidad. Algunos la hemos tratado de graficar con esa connotada frase de Ortega y Gasset: “los bárbaros del siglo XX”. Los ciudadanos actuales podemos creernos los bárbaros del siglo XX, en el sentido de que sólo tenemos derechos y ninguna obligación. Obviamente, tenemos derechos, pero también obligaciones; como correlato, entre ellas, respetar la normativa vigente y contribuir, en este caso concreto, a que el calendario de inspecciones técnicas se realice.
Obviamente, el tema de los recursos para efectuar dichas inspecciones técnicas no es menor, y el hecho de poder adelantarlas se relaciona también con un problema de recursos. Por eso, hemos señalado que las empresas más interesadas en este negocio, como aquellas que suministran gas, deben hacer un esfuerzo para adelantar su inspección y saber qué pasará. La inspección técnica, en definitiva, permite tener la radiografía de lo que ocurre en un edificio. Si no se cuenta con ella, no sabemos qué debemos corregir. Y ahí vamos a entrar en mayores costos, puesto que las reparaciones son mucho más caras y pueden llegar a ser 15 veces más altas que la propia inspección técnica.
Pero, repito, decir que aquí ninguna autoridad ha hecho nada, no corresponde. En verdad, con los pocos recursos que tiene, ha hecho lo que debería para poder trabajar en un escenario de suyo complejo. Lamento las 18 muertes, pero no puedo dejar de decir que en Argentina, en el mismo período, han muerto casi 50 personas. Este tema no es sólo de Chile y, además, la cantidad de muertos -reitero- no está exactamente determinada, por la inexistencia de exámenes precisos que puedan establecer su causa. Probablemente, la muerte de gente por ciertas razones o circunstancias pudo haber sido influida por monóxido de carbono. No hay que olvidar que el monóxido no se huele ni se ve; no es un gas cualquiera y presenta diferencias con los gases natural, de cañería y licuado.
La competencia generada, sobre todo en el Gran Santiago y en los principales centros urbanos, como Concepción y Valparaíso, por la legítima introducción del gas natural, genera problemas entre las empresas, situación que también debe ser abordada. Las empresas, aunque no lo digan, por un tema de competencia en el mercado prefieren adelantar la conexión de un tipo de gas en un edificio, antes de esperar la certificación técnica respectiva.
Luego, de nuevo se refuerza el argumento de que el problema no es sólo de la autoridad reguladora, que, además, carece de los recursos. Siempre vamos a terminar en el tema de los recursos, porque nadie puede sostener que con 19 inspectores de gases tendremos un chequeo adecuado en términos de regulación y fiscalización. Ésa es la cantidad de inspectores que hay. Entonces, obviamente, el sector privado debe contribuir y no se puede desligar de sus responsabilidades. También nosotros, como ciudadanos, debemos asumir las responsabilidades que tenemos, por natura, en este tema.
Considero positivo el informe de la Comisión y, en consecuencia, lo votaré favorablemente. Creo que en este corto tiempo se ha hecho mucho por tratar de dilucidar cuál es exactamente la situación en nuestros edificios. Queda mucho por realizar, pero en este tema todos debemos coadyuvar para salir adelante, por cuanto situaciones de simple polarización argumental y temática no contribuyen a solucionarlo. En definitiva, lo que nos permitirá avanzar es un trabajo colectivo, partiendo con nuestras propias responsabilidades como legisladores y sumándonos al esfuerzo del Ejecutivo, principalmente a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que ha trabajado acuciosamente sobre la materia. Lamentamos las muertes, pero creer o sostener que no volverán a ocurrir también constituye una falacia. Probablemente, deberemos lamentar nuevas muertes como consecuencia de esa situación.
Llamo a votar favorablemente el informe de la Comisión y a hacer conciencia colectiva respecto de la responsabilidad que a todos nos cabe en el tema.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero excusarme por no haber estado presente en esta sesión. Sin embargo, invitado por la Comisión especial destinada a tomar medidas legales y administrativas a favor de bomberos, que sesionaba simultáneamente con la Sala, con otros señores diputados conversaba sobre un tema que dice directa relación con la materia que se analiza.
Hoy, nuestra Corporación solicitó al Presidente de la República calificar con urgencia un proyecto de ley aprobado, en 1994, en forma unánime por ella. He entregado dicha iniciativa al ministro de Vivienda , don Sergio Henríquez . En ella se plantean claras soluciones al problema en debate, las cuales pasan por entender que contamos con un verdadero ejército de profesionales de la emergencia -los bomberos-, quienes acuden a todos los llamados por problemas generados por emanaciones de gas y pueden ayudar a detener esta verdadera ola de muertes.
El proyecto en cuestión, cuya discusión se encuentra detenida en el Senado desde hace más de cinco años en su segundo trámite constitucional, hace exigible una certificación de seguridad por bomberos calificados antes que el edificio sea recibido. En ese sentido, pido al Ministro recoger esta inquietud y le dé la urgencia necesaria.
Por otra parte, Bomberos de Chile está capacitado para enfrentar esta situación, sobre todo porque la edificación en altura está dada en las ciudades de más de cincuenta mil habitantes y porque la tasa de crecimiento en altura creció de tres a ocho pisos a partir de 1980. Sucede que, con este aumento, es imposible que el organismo público encargado de la materia, con cinco funcionarios como supervisores, brinde la más mínima eficiencia. ¡No podemos pedirle algo imposible!
Por ello, propongo que este organismo capacite a un conjunto de voluntarios de bomberos en distintas ciudades, como Santiago, Concepción y otras, para hacer inspecciones y que no se cobre por ese servicio. Hoy, se debe contratar a una compañía o empresa y en los edificios antiguos la gente carece de recursos para hacerlo, en circunstancias que se podría contar con un verdadero ejército de gente disponible para realizar este trabajo.
En esta materia, sin sentir más que preocupación, quiero dejar sentado que, teniendo los instrumentos, muchas veces no queremos echar mano a algo perfectamente posible. Contamos con organismos capacitados; sólo es necesario coordinarlos y utilizarlos, y tendríamos resuelto el problema.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , quiero entregar mi opinión personal, que es independiente de la de la Comisión.
En primer lugar, a mi juicio, los problemas no han terminado con la evacuación de este informe. No es posible -cuestión que no resolvimos en la Comisión; la Cámara Chilena de la Construcción no estuvo de acuerdo-, no me parece bien ni adecuado para el país, con la situación que estamos viviendo, que los proyectos sobre utilización del gas no sean sometidos a nuestra consideración. Es perfectamente posible que sean estudiados y evaluados por el Congreso y que haya organismos responsables que los revisen, como se hacía antes con el agua potable o el alcantarillado.
En segundo término, hay un justo reclamo de los compradores cuando dicen: “¿A quién le reclamo, si la norma es mala? Si me dirijo a la constructora, ésta me dirá que fue contratada por la inmobiliaria con una norma que es existente”. No basta decir que es un país atrasado.
En tercer lugar, la empresa de gas tiene una deuda con Chile, que ella puede contribuir a solucionar si se lo pedimos.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el informe de la Comisión de Vivienda sobre la investigación por las emanaciones de monóxido de carbono en el interior de las viviendas.
Aprobado.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/666190
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/666190/seccion/akn666190-ds5