REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 342ª, ORDINARIASesión 16ª, en jueves 13 de julio de 2000(Ordinaria, de 10.49 a 14.25 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo. Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana, y del señor Jiménez Villavicencio, don Jaime. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- INCIDENTES VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 5 II. Apertura de la sesión 7 III. Actas 7 IV. Cuenta 7 - Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 7 - Prórroga de plazo a Comisión para informar 9 - Archivo de informes 11 V. Orden del Día. - Eventuales responsabilidades en el manejo de recursos hidrobiológicos 16 - Eventuales distorsiones producidas en premios de sorteos de Kino y Loto 25 - Tráfico de desechos o residuos tóxicos peligrosos para la salud 32 - Contaminación del Gran Santiago. (Pendiente) 44 VI. Incidentes. - Homenaje a la sociedad de socorros mutuos de zapateros “Juan Martínez de Rozas” con motivo de su centenario. Oficio 45 - Exclusión de vehículos catalíticos de la restricción. Incentivos para la instalación de industrias en regiones. Oficio 46 - Homenaje en memoria de don Luis Osvaldo Reyes Reyes, concejal de Fresia. Oficios 47 - Obras y proyectos viales en Talca. Oficios 48 - Información sobre ex ministros acogidos a beneficios de renuncia no voluntaria. Oficio 49 - Facilidades para cambio de uso de suelo. Oficio 50 - Instalación en Puerto Montt de oficina encargada de concesiones pesqueras. Oficio 50 - Pago de horas extraordinarias a funcionarios municipales y no pago a proveedores por la municipalidad de Coihaique. Oficio 51 - Legalidad en el uso de nueva imagen corporativa del Gobierno. Oficio 51 - Correcciones en la aplicación del modelo económico 53 - Atentado a menor en colegio de comuna de Independencia. Oficios 54Pág. VII. Documentos de la Cuenta. - Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos, iniciados en mociones: 1. Establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares (boletín N° 1241-03) (S) 57 2. Autoriza la subdivisión de un predio rústico en favor de las personas que indica (boletín N° 2223-01) (S) 58 3. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que establece la obligación de indicar en el decreto promulgatorio de una ley el nombre de los autores de la iniciativa (boletín N° 2486-07) 58 4. Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto que regula las comunicaciones electrónicas (boletín N° 2512-07) 63 VIII. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación:-De la Comisión investigadora de las sectas religiosas, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al diputado señor Espina. 2. Oficio: -De la Comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania, por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para prorrogar en 60 días el plazo para evacuar su informe. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (79)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Alvarado Andrade, Claudio IND X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60Allende Bussi, Isabel PS RM 29Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Ávila Contreras, Nelson PPD V 11Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Rozas Velásquez, María PDC RM 17Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Cornejo González, Aldo PDC V 13Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García Ruminot, José RN IX 50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Longton Guerrero, Arturo RN V 12Longueira Montes, Pablo UDI RM 30Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez San Martín, Lily RN RM 26Prochelle Aguilar, Marina RN X 55Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2Soto González, Laura PPD V 14Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Venegas Rubio, Samuel IND V 15Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Juan Pablo Letelier. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.49 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 11ª se declara aprobada. El acta de la sesión 12ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la honorable diputada Isabel Allende para hacer uso del derecho que le confiere el artículo 34. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, días atrás, junto con el honorable diputado señor Jaime Naranjo, dimos una conferencia de prensa en la que dijimos que no era ilegal, pero sí inmoral que diversos ex parlamentarios se acogieran a la ley de exonerados políticos para obtener algunos beneficios previsionales. Nos ha parecido una inmoralidad, porque es de todos conocido que durante los gobiernos de la Concertación hemos tenido que aprobar dos leyes: la Nº 19.234 y la Nº 19.582, esta última en vista de las insuficiencias y vacíos de la primera. Me parece lamentable, y por eso no quiero callar, que por el hecho de haber planteado esta denuncia hayamos sido acusados de totalitarios, en circunstancias que lo único totalitario que he conocido hasta ahora ha sido el régimen de la dictadura militar, que significó las violaciones más graves a los derechos humanos, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos, además de la exoneración por motivos políticos, situación no conocida en la historia de Chile. Como consecuencia de ello, miles de personas perdieron su trabajo sólo por tener determinado pensamiento político. Lo más doloroso lo hemos vivido todos estos años. Digámoslo de una vez por todas: con dolor tenemos que reconocer que no hemos sido capaces ni siquiera de resarcir ni de paliar medianamente el dolor causado a esos compatriotas que fueron despedidos de su trabajo, a quienes se les interrumpió su vida laboral, que no contaron con ingresos durante mucho tiempo, que se sintieron humillados, que se sintieron perseguidos, que fueron marginados y cuyos hijos tuvieron que dejar de estudiar. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, ¿qué tiene que ver esto con la honra o el honor de la señora diputada? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, la honorable diputada señora Isabel Allende está replicando la alusión que se le hizo en los medios de comunicación. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en definitiva, se ocasionó un dolor muy grande. ¿Por qué he querido expresar esto? Porque nos parece inaudito y una inmoralidad que estas leyes, que aprobamos con muchas dificultades, justamente con la oposición de quienes estuvieron de acuerdo con el régimen que exoneró a esta gran cantidad de trabajadores... El señor MASFERRER.- Pero eso es absolutamente legal. La señora ALLENDE (doña Isabel).- He dicho que no es ilegal, y lo vuelvo a sostener, sino que es inmoral, porque estas normativas se establecieron para resarcir a quienes fueron injustamente exonerados y no para beneficiar a ex parlamentarios... El señor PROKURICA.- ¡Esto es un abuso, pues se está refiriendo a una materia que es propia de Incidentes! La señora ALLENDE (doña Isabel).- ...que estuvieron de acuerdo y fueron funcionarios del régimen militar, y que, lejos de perder sus trabajos, fueron designados ministros, embajadores y en otros cargos. Por eso, me parece que no podemos quedarnos callados. A mi juicio, hay que distinguir: una cosa es la ilegalidad y otra es la inmoralidad. Lejos de considerarme totalitaria por la denuncia que he hecho, reafirmo públicamente, en nombre de todos esos exonerados, que realmente es indigno lo que se ha hecho y es indigno que se nos acuse de totalitarios. Finalmente, quiero señalar lo siguiente: el senador Miguel Otero, en mayo de 1993, al fundamentar su abstención durante la discusión del proyecto de ley de exonerados, expresó: “Me voy a abstener porque quiero enviar un mensaje muy claro y preciso al señor ministro del Trabajo y al Gobierno: me parece imprescindible modificar la iniciativa de forma tal que permita focalizar estrictamente a sus beneficiarios, e impedir que personas inescrupulosas puedan aprovecharse indebidamente de sus ventajas...”. Creo que jamás imaginó el señor Otero que esas personas iban a estar sentadas a su lado. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En vista de las observaciones de los señores diputados durante la intervención de la diputada señora Isabel Allende, quiero recordar que todos los parlamentarios tenemos el derecho a pedir el uso de la palabra para los fines señalados en el artículo 34, que dice: “El Diputado cuya reputación o corrección de procedimientos se dañe por cargos formulados en algún medio de publicidad o por observaciones de otro Diputado, podrá, para vindicarse, usar de la palabra durante cinco minutos, como máximo, inmediatamente después de la Cuenta o al término de la sesión”. En general, el criterio ha sido permitir acogerse a este derecho a los parlamentarios, tanto de Oposición como de la Concertación, que han sido aludidos por los medios de prensa o por algún otro diputado. En consideración a eso se le otorgó la palabra a la señora diputada. Obviamente, la norma va más allá de que nos guste o no nos guste lo que cada parlamentario plantee para vindicarse. Tiene la palabra el honorable diputado señor José García para referirse a un asunto reglamentario. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, quiero protestar por el abuso que se hace de esta norma reglamentaria. El señor MONTES.- No es una materia de Reglamento. El señor GARCÍA (don José).- En nuestros dichos siempre estamos sujetos a controversia, pero eso no da derecho a que invoquemos la disposición del artículo 34, porque si así fuera, todos tendríamos el derecho a acogernos a esta norma en todas las sesiones cuando seamos replicados por aseveraciones que hemos formulado en la prensa. Por lo tanto, considero, señor Presidente, y así lo represento, que la diputada señora Allende ha hecho abuso del Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor José García, los señores diputados pueden expresar sus opiniones en Incidentes y también podemos hacerlo en reunión de Comités, pero no corresponde abrir un debate en este momento sobre el tema. El señor ENCINA.- Pido la palabra para plantear una cuestión reglamentaria. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, estoy cerrando el tema, porque no corresponde discutirlo ahora. El señor HALES.- Pido la palabra para hacer una observación reglamentaria. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No, señor diputado, porque no corresponde entrar a un debate sobre esta materia.PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- La Comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados para retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania ha solicitado la prórroga del plazo para informar. Tiene la palabra el honorable diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, lo solicitado por la Comisión especial investigadora de los créditos para los retornados, incide directamente en un proyecto de ley que estamos tratando en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que presido, razón por la cual estoy en desacuerdo con esta petición, ya que la unanimidad de los integrantes de esta Comisión tomó el acuerdo de que continuará la tramitación de ese proyecto en cuanto la Comisión especial investigadora termine su labor, por lo que acceder a lo solicitado va a significar un retraso de 60 días. Por lo tanto, reitero que estoy en contra de acceder a esa prórroga, y pido que realicen todas las sesiones necesarias para que terminen de elaborar el informe correspondiente, lo que nos permitirá seguir con el estudio de ese proyecto en la Comisión de Hacienda. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, ¿ésta es otra de las materias que no quieren investigar? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Sánchez para explicar las razones de esta petición y responder a lo señalado por el honorable diputado señor José Miguel Ortiz. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, para aclarar esto, es importante escuchar a las dos partes. No me parece acertado lo que ha planteado el diputado señor Ortiz. Hay un proyecto que está analizando la Comisión de Hacienda, que tiene relación directa con la solución que se está buscando para los retornados. Al respecto, hay un problema que se arrastra desde 1991, y el Estado -a través de los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei y del Presidente Lagos- ha tenido la responsabilidad de solucionarlo. Ha habido graves situaciones que aclaró la primera Comisión; pero, inexplicablemente, el informe fue rechazado por la Sala, después de haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión. Es importante tener claro este primer punto. En segundo lugar, soy el presidente de la Comisión que debe analizar -por decirlo de alguna manera- la otra “pata” del informe, y la he tenido paralizada por dos meses, precisamente en espera del avance del proyecto en la Comisión de Hacienda. De modo que, por favor, no mezclemos las cosas, y quería decirlo para que lo tengamos claro. Por eso hemos estado atrasados, pero ayer retomamos el trabajo de la Comisión y están citados los ministros Insulza y Álvaro García. Posteriormente, convocaremos a otros agentes para aclarar la situación. El señor ORTIZ.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, no procede debate sobre el tema y sólo di la palabra porque se había argumentado en contra. El señor ORTIZ.- Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, no corresponde debate. Lo siento. Tendrá otra oportunidad para debatirlo. (Hablan varios señores diputados a la vez). En votación la solicitud de prórroga de plazo para informar formulada por la Comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados a retornados. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 1 abstención. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arratia, Bartolucci, Bertolino, Rozas (doña María), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Jaramillo, Jeame Barrueto, Krauss, Lorenzini, Masferrer, Monge, Mulet, Ojeda, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Prokurica, Recondo, Sánchez, Soto (doña Laura), Valenzuela, Vargas, Velasco y Venegas. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Allende (doña Isabel), Encina, Montes, Muñoz (don Pedro), Ortiz, Seguel y Villouta. -Se abstuvo el diputado señor García (don José). El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión reglamentaria. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, solicito que el señor Secretario nos informe, cuando lo estime pertinente, si una comisión tiene facultades para aprobar la suspensión del conocimiento de un proyecto tan delicado como el indicado, supeditada al trabajo de otra comisión. Lo planteo porque puede suceder que ninguna de las dos avance porque dependen de un factor externo. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor LORENZINI.- Pido la palabra. El señor VALENZUELA.- Estoy haciendo una petición y no he terminado. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Diputado señor Lorenzini, no corresponde debate. El señor LORENZINI.- Aquí somos todos iguales. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene toda la razón, señor dipu-tado. El señor VALENZUELA.- He hecho una petición; puede que me digan que no o que sí, pero es razonable. El señor LORENZINI.- No, señor diputado. Somos todos iguales. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por la misma razón, diputado Lorenzini, voy a quitar la palabra al diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, en democracia se hacen peticiones formales. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No corresponde, pero su consulta la vamos a hacer de todas maneras. El señor LORENZINI.- Pido la palabra. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría por una cuestión de Reglamento. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, quiero expresar mi insatisfacción por su proceder. Antes de votar el tema, hablaron el diputado señor Ortiz y el Presidente de la Comisión, y como he estado participando en ambas comisiones, quería dar mi opinión, pero el señor Presidente dijo que no había debate; lo acepté y votamos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Así es. El señor LORENZINI.- Sin embargo, a posteriori, lo pone en debate, lo que no me parece adecuado y así quiero representárselo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Lo que pasa -si su Señoría escuchó bien- es que el diputado señor Valenzuela pidió la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. Si los señores diputados no se adecuan a las normas imperantes, se generan dificultades. Por eso le he quitado la palabra, dado que el tema no es de Reglamento.ARCHIVO DE INFORMES. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Los Comités han propuesto el archivo de informes, con excepción de aquellos sobre investigaciones relativas al Servicio Militar y a la ex Colonia Dignidad. Antes de dar la palabra, quiero explicar que la propuesta deriva de un acuerdo que adoptaron los Comités respecto de un conjunto de informes de comisiones investigadoras que estaban pendientes. Obviamente, el acuerdo requiere ser unánime. Ya un Comité se adelantó al informe que ayer entregamos por escrito y nos solicitó retirar de la petición de archivo dos informes de comisiones que estaban en la lista y que ahora he mencionado. Varios señores diputados se me han acercado para plantear lo mismo: quieren retirar de la proposición de archivo algunos de estos informes, y están en todo su derecho, porque los Comités concordaron que se requería unanimidad para ello. Por lo tanto, daré la palabra a los señores diputados que quieren plantear retirar de la petición de archivo algunos informes de comisiones. Tiene la palabra el diputado señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, habitualmente -como me conoce- soy ordenado y concuerdo con los acuerdos de los Comités. Sin embargo, en esta oportunidad no puedo estar más en contra, en primer lugar, porque creo que el archivo de informes es una medida nefasta. Aquí se quejan mucho de que el trabajo que realiza la Cámara no se conoce y quiero explicar lo que ocurre al respecto. Yo, por lo menos, integré algunas comisiones: la del Servicio Militar, durante un año, y la investigadora sobre el tema de la Digeder Santiago, por más de cuatro meses. Entonces, como se comprenderá, no puedo estar más en contra de archivar el informe del trabajo en que participé. Justamente por eso la gente no conoce nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a archivar el informe de un trabajo que la Cámara hizo por largo tiempo? También es una medida nefasta en el caso de algunos proyectos de ley. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, ¿cuáles informes desea retirar del archivo? El señor PROKURICA.- No estoy de acuerdo con archivar el informe sobre el Servicio Militar, relativo a la objeción de conciencia; el referido a la investigación acerca de asignación de contratos de capacitación en la División El Teniente de Codelco Chile, y el relativo a la investigación de los graves hechos relacionados con los incendios forestales, respecto de la cual hablará otro señor diputado. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, está en su derecho. Han solicitado el uso de la palabra la diputada señora Lily Pérez, los diputados señores Encina y García-Huidobro, la diputada señora Isabel Allende y el diputado señor Ojeda. Como los señores diputados hoy están sensibles, los estoy nombrando para que sepan que a todos se les dará la palabra. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no he terminado. También me opongo al archivo de los informes, porque se argumenta que los jueves, a veces, no hay Tabla. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- ¿Dónde se argumenta eso? El señor PROKURICA.- Se dice que el próximo jueves no tenemos Tabla. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por favor, señor diputado, le pido que se informe antes de emitir opiniones al respecto, porque nos perjudican a todos. El señor PROKURICA.- Pero la Tabla... El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El próximo jueves no hay Tabla porque se realiza el Parlamento Juvenil, que es sumamente importante. El señor PROKURICA.- ¡Hágalo el viernes y trabajemos el jueves! El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, ya que todos estamos hoy tan sensibles, quiero ser muy breve para manifestar mi desacuerdo con el archivo del informe sobre las presuntas irregularidades de Digeder Santiago, del que se dio cuenta el 8 de septiembre de 1998, como se nos propone, porque, además, me han llegado algunos antecedentes que me gustaría anexar al trabajo de esa comisión, respecto de un crédito FAD que recibió Digeder desde España, en 1993, en los cuales, según consta en acta del Comité Olímpico de Chile, se habría incurrido en un desfalco de 10 millones de dólares. Quisiera anexar esos nuevos antecedentes. Por eso solicito que no se archive el informe y que, por el contrario, se reabra la investigación. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, si la Sala encomienda a una comisión investigar cualquier asunto, es obvio que existe un plazo para emitir el informe y dar cuenta de él a la Sala. Aquí hay informes de 1997, de 1998, de 1999 y de este año, pero corresponde que se cumpla con lo que la Sala solicitó y que se dé cuenta de los informes. El hecho de solicitar el archivo de materias tratadas en comisiones investigadoras no tiene ningún sustento, y obviamente es impresentable. Esto no debe ocurrir nunca más, porque daña la imagen del Parlamento y el trabajo de muchos meses o de años, en el caso de algunas comisiones. Realmente, esta petición no tiene justificación. Por eso, pido que se retire de la Cuenta esa solicitud de parte de los Comités. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, ese fue un acuerdo unánime de los Comités, de modo que le sugiero que solicite las explicaciones del caso a su Comité. Tiene la palabra el diputado Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, quiero señalarle que, a pesar de que tiene el derecho a dar la palabra como lo estime conveniente, siempre es bueno hacerla rotar en las distintas bancadas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, siempre se ha hecho en los debates importantes. En este caso, es un problema de Cuenta. El señor ENCINA.- Bueno, pero no es el tema de fondo. Para aclarar la situación a los señores diputados, quiero decir que los Comités acordaron formular esta propuesta -todos están involucrados-, pero la aprobación de la misma, efectivamente, requiere la unanimidad de la Sala. Los informes deben darse a conocer en la Sala. Hay más de veinte esperando cumplir ese trámite, pero, desgraciadamente, no ha habido disposición de la Cámara para tratarlos. Entonces, si un señor diputado estima conveniente analizar alguno, estoy absolutamente de acuerdo en ello y creo que nadie se opondrá a que los informes se vean en la Sala y luego se aprueben o rechacen. Ahora, debe existir disposición de parte de los parlamentarios. Por ejemplo, yo formé parte de la Comisión que analizaba el tema de la empresa de agua potable Lo Castillo, pero el entonces diputado Allamand, sencillamente, no citó más a reunión. Hay otros diputados de la Concertación que también han hecho lo mismo. No estoy culpando a nadie. En ese contexto, la Mesa con los Comités hicieron esta proposición, pero no creemos un problema ni un debate sobre una situación que no tiene sentido. Si algunos diputados estiman conveniente que los informes se vean, les pido que lo digan para disponer del tiempo para conocerlos y citar a sesión extraordinaria, si fuere necesario; pero el tema de fondo es nuestra disposición a tratar el tema. Hemos aprobado, incluso, que los jueves se traten tres o cuatro informes y se voten al final de la sesión. Reitero que en esta proposición están comprometidos todos los Comités, pero, por supuesto, se requiere la aprobación unánime de la Sala. Si no es así, no hagamos problema y pongámonos a trabajar. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, en vista de que aparentemente los Comités no informaron a sus bancadas, explicaré la razón de esta decisión y después daré la palabra a los diputados que la han solicitado; pero, a lo mejor, mi explicación ahorrará tiempo. Los Comités y la Mesa, conscientes del problema que existe en el tratamiento de los informes de las comisiones investigadoras, dado que en este momento hay 17 informes pendientes, tomamos la decisión de despacharlos rápidamente y llegamos al acuerdo de tratarlos en las próximas sesiones y en tiempos menores a los reglamentarios. En esas condiciones, prácticamente es posible despacharlos todos. Asimismo, tomamos en cuenta que había algunos informes respecto de los cuales todo indicaba que estaban pasados de moda, y que, por no haberse entregado a tiempo, los hechos que se investigaban habían sido superados. Obviamente, se trataba de consultar a las bancadas y a los Comités, porque podríamos incurrir en algún error al respecto. Por eso, ayer se entregó una lista de los informes que se archivarían para advertir a los parlamentarios sobre esta materia y solicitar la anuencia de quienes no estuvieran de acuerdo. Si efectivamente hay razones para que ninguno de estos informes sea archivado y vale la pena que se vean en la Sala, no hay ninguna dificultad en proceder de esa forma; pero estimo que no corresponde armar una guerra ni seguir con esta discusión. Hemos perdido 40 minutos en este tema cuando es tan simple que los diputados digan: “No queremos que se archive tal o cual informe”. Tiene la palabra el diputado Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, su aclaración no me convence y, con mayor razón, quiero justificar el hecho de que nos oponemos al archivo de la investigación que hicieron las Comisiones unidas de Derechos Humanos y de Familia para fiscalizar y establecer de qué manera los organismos competentes han colaborado para el éxito de las indagaciones judiciales relativas a la ex Colonia Dignidad. Quiero avalar y fundamentar ese tema. Está pendiente; no está pasado de moda y, por tanto, le pido a la Sala que vote en contra de su archivo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, si usted me hubiera escuchado cuando leí la Cuenta, habría advertido que ya estaba retirado. Tiene la palabra el diputado Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, me basta su explicación. El tema de los incendios forestales está vigente. Efectivamente, ocurrieron hace dos años, pero las conclusiones de la Comisión son importantes en cuanto a las recomendaciones que se hacen a la autoridad para futuras emergencias. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señores diputados, no corresponde dar más la palabra. Un señor DIPUTADO.- ¿Por qué no corresponde, señor Presidente? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, si usted me escucha, porque me corresponde dirigir la sesión, voy a proponer que la Mesa retire la proposición de archivo íntegramente. (Aplausos). Tiene la palabra el diputado Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, me parece adecuado que retire la propuesta, pero todos los diputados deberemos tener claro que durante el próximo mes se tendrá que citar, al menos, a cinco sesiones extraordinarias para despachar las materias. Hay que tener presente que los miércoles habrá sesiones y debo recordar que todos los Comités -por eso hicimos la propuesta- tenemos problemas en nuestras bancadas para conciliar la realización de cinco sesiones más. La intención de los Comités fue ésa. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, a raíz de este tema se está originando una discusión de fondo. Hay que definir, de una vez por todas, hasta cuándo los diputados respetan a sus jefes de bancada y Comités, porque si tomamos determinaciones en función de ello, obviamente no podemos permitir aquí que cada cual tenga el derecho de echar atrás acuerdos de Comités y de bancadas. De manera que, francamente, creo que su Señoría, en primer lugar, debería pedir a los Comités que resuelvan en sus bancadas acerca de las atribuciones que competen a unos y a otros. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, en relación con la propuesta de la Mesa, ojalá tenga siempre esta reacción, a pesar de ser tardía. Considero una vergüenza que la Mesa proponga retirar... El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No fue la Mesa, señor diputado, sino un acuerdo unánime de los Comités. El señor MASFERRER.- Pero, señor Presidente, usted dirige y no debió habérselo aceptado a los Comités, porque aquí se votó la creación de comisiones investigadoras y cuando uno advierte que ha habido mal uso de recursos fiscales, ¿cómo quedamos ante la opinión pública? Lo quisiera felicitar por su reacción que, aunque tardía, la respeto; pero ojalá que nunca la Mesa y usted, como Presidente, propongan este tipo de acción que constituye una burla para los parlamentarios y la opinión pública, que quiere conocer qué se hizo con las platas de la Digeder o cómo se redactaron los contratos en la División El Teniente, de Codelco. ¿Su Señoría quiere prohibir que se haga este tipo de investigación? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No, señor diputado. El señor MASFERRER.- Gracias, Presidente. Lo que hizo está muy bien. El señor JEAME BARRUETO.- Tiene la palabra el diputado señor Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo manifestar que no debemos perder de vista que una de nuestras funciones principales es fiscalizar, lo cual se puede concretar mediante las comisiones investigadoras. Sería muy lamentable para la opinión pública comprobar que, después del escándalo dado a conocer por la televisión y la prensa, provocado por las denuncias de diferentes situaciones irregulares, no se hicieran las investigaciones correspondientes. A mi juicio, debe darse cuenta de esos trabajos. En segundo lugar, la corrupción no pasa de moda. Ojalá fuera así; de esa manera no nos veríamos en la obligación de investigar. Pero cada día hay más corrupción. Por último, tal vez no ocurrirían estas cosas si la diversidad se hiciera manifiesta en la Mesa y en todas las comisiones, ya que no existe comisión investigadora presidida por nosotros. V. ORDEN DEL DÍAEVENTUALES RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, recaído en la investigación de eventuales responsabilidades administrativas en el Servicio Nacional de Pesca u otros servicios públicos con competencia en el manejo de recursos hidrobiológicos, especialmente en el manejo de la merluza austral. Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Leopoldo Sánchez. Antecedentes: -Informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 5ª, en 15 de octubre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 6. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente pasa a informar, al tenor de las facultades otorgadas por el proyecto de acuerdo Nº 170, aprobado en su sesión 26ª, de 10 de diciembre de 1998, el cual, sucintamente, dice lo siguiente: “Considerando: “Que naves de la Armada de Chile y del Servicio Nacional de Pesca han detectado a varias embarcaciones en plena faena de pesca y acopio de la especie merluza austral al sur de las islas Huichas, en las inmediaciones de Puerto Aguirre y en la comuna de Puerto Aisén, pese a que legal y reglamentariamente la especie debía ser considerada en veda, pues ya se había cumplido la cuota de captura y desembarque de la especie determinada por la Subsecretaría de Pesca, y que es controlada por el Servicio Nacional de Pesca”. En el informe figuran varios antecedentes que comprueban la certeza y necesidad de este proyecto de acuerdo para investigar el caso. Por último, la Cámara acuerda: “Facultar a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Corporación con el fin de que se constituya en Comisión investigadora para indagar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas funcionariales en las actividades de policía administrativa que les correspondan al Servicio Nacional de Pesca y a cualquier otro ente público con competencia en el manejo de los recursos hidrobiológicos, especialmente de la merluza austral, en el litoral de las regiones de Aisén y Magallanes. Asimismo, se faculta a esta Comisión para estudiar a fondo la idoneidad y eficacia de nuestra actual normativa jurídica sobre preservación de los recursos marinos y de las aguas interiores situadas al sur de la ciudad de Puerto Montt, y para realizar las recomendaciones de posibles modificaciones que mejoren esta normativa”. Se realizaron numerosas sesiones para cumplir su cometido y participó una cantidad importante de personas relacionadas con el tema, entre ellas los señores Alejandro Covarrubias, representante del Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca; vicealmirante Román Fritis, director de Directemar; capitán de navío Cesar Moreno, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático; capitán de navío Sergio Wall, director de Seguridad y Operaciones Marítimas; teniente primero Rubén Rojas, jefe del Departamento de Pesca; capitán de fragata Maximiliano Genkowsky, jefe del Departamento Jurídico; Rodrigo Azócar, gerente general de la Empresa Aisén Consultores Limitada; Juan Manuel Cruz Sánchez, subsecretario de Pesca; Francisco Fernández Batle y Manuel Miño González, directores de pesca de las regiones Décima y Undécima, respectivamente; Carlos Vial, gerente general de Friosur S.A.; Yoshinobu Sakamoto y Julio Olivares, presidente y gerente de operaciones de la Empresa de Desarrollo Pesquero, Emdepes S.A., respectivamente; Enrique Fanta, director nacional de Aduanas; Bernardo Lara y Nelson Vergara, representantes de Impuestos Internos, respectivamente. ¿Cuál es la importancia de formar esta comisión investigadora para que investigue el recurso de la merluza austral? En primer lugar, esta especie es exportada en un 99 por ciento a un solo mercado cautivo, que es el español. Este país agotó su recurso merluza y Chile ha entrado de manera muy importante a ese mercado, lo cual significa un ingreso aproximado de 80 millones de dólares para la Región Undécima, equivalentes a algo más del 50 por ciento del ingreso de divisas a la región. En aras del tiempo, me saltaré varias páginas del informe a fin de pasar a las conclusiones y proposiciones. Al tenor de todos los antecedentes recopilados y de las opiniones vertidas, la Comisión, por unanimidad, recomienda aprobar las siguientes conclusiones y proposiciones:1. “En relación al incidente de pesca clandestina en tiempo de veda, acaecida en las cercanías de las islas Huichas entre los días 4 y 6 de diciembre de 1998 y el posterior vertimiento al mar de la captura”, con todo el problema medioambiental consiguiente:a) Ha quedado acreditado fehacientemente que en el período mencionado se detectó por parte de patrulleras de la Armada de Chile y por personal de Sernapesca, a través de sobrevuelos por la zona del canal Moraleda, que un grupo de naves menores efectuaba labores de pesca, en circunstancias que ésta se encontraba cerrada, habiéndose dado aviso radial de la prohibición por haberse satisfecho la cuota mensual asignada. Pese a los esfuerzos de las patrulleras, las naves huyeron del lugar, ocultándose de la autoridad en los múltiples atracaderos de las distintas islas del lugar, con la excepción de las lanchas a motor “Don Ernesto II” y “doña Nuvia IV”, a las cuales les fueron decomisadas 11 toneladas de merluza del sur y cursados los correspondientes partes y denuncias a la justicia.b) La Armada, a través del director general de la Dirección del Territorio Marítimo, vicealmirante señor Román Fritis, evaluó que fruto de la pesca ilegal se extrajeron entre 100 y 150 toneladas de la especie, las que fueron tiradas al mar, y aparecieron flotando en los bordes de algunas islas del sector. Aquí es pertinente aclarar que la pesca mensual total de merluza en los canales de Aisén es de alrededor de 300 toneladas; en este caso, estamos hablando de un 50 por ciento extra pescado en forma ilegal.c) La evaluación de la Armada, que es más concordante con las denuncias formuladas por los pescadores artesanales y sus organizaciones, difiere en cuanto a la magnitud con la que realizó Sernapesca. Existe alguna diferencia en cuanto al tonelaje, pero que no tiene mayor importancia en cuanto al objetivo de detectar este ilícito y de precisar las responsabilidades.d) Fruto del vertimiento del centenar de toneladas de merluzas muertas al mar, no se produjo un daño considerable de carácter permanente en el medio acuático y terrestre, fruto de la presencia de fuertes corrientes marinas y de abundante fauna carroñera en la zona en que se verificó el depósito del pescado, sin perjuicio de concordar sus miembros en que el solo hecho de la captura por sobre la cuota importó un daño severo, con riesgo para la sustentabilidad futura del recurso.2. Existencia de responsabilidad administrativa de funcionarios al interior de los organismos encargados de realizar labores de policía administrativa. “Los servicios públicos con mayor incidencia en el control del cumplimiento de las medidas de resguardo de la sustentabilidad de las especies sujetas a regímenes especiales de captura son el Servicio Nacional de Pesca y la Armada de Chile. Esta Comisión se formó la convicción de que en relación con el cumplimiento de las cuotas de captura mensuales asignadas a las regiones en que se efectúa la captura de la especie, se estima que es necesario establecer, a través de los procedimientos legales vigentes, si el director regional de Sernapesca, de la Décima Región de Los Lagos, ha tenido responsabilidades al autorizar la captura y desembarque muy superior al permitido en dicha región, conforme a la normativa reglamentaria vigente. Cabe enfatizar el hecho de que cualquier sobrecaptura, aunque se corrija por descuentos posteriores en las cuotas, importa un daño a la biomasa de la especie hidrobiológica protegida”, por los ciclos reproductivos y de otro orden.3. Idoneidad y eficacia de la legislación pesquera para la protección y explotación sustentable de la especie. “En relación a este punto, y fruto de las declaraciones recogidas en el seno de la Comisión de representantes de todos los actores involucrados en la extracción y comercialización de la merluza austral, se pudo concluir que existen serios vacíos en la legislación pesquera que inciden fuertemente en la eficacia de la acción pública y privada para proteger el recurso, y que es menester estudiar a fondo por parte del Ejecutivo las modificaciones necesarias y urgentes a la ley general de Pesca y Acuicultura en lo que se refiere a la pesca en las denominadas aguas interiores”. Esto se ha señalado reiterada e insistentemente, incluso hace dos días en presencia del ministro de Economía y del subsecretario de Pesca. Los vacíos o contradicciones más importantes detectados por esta comisión son los siguientes:a) Si bien se ha podido comprobar la efectividad del establecimiento de cuotas globales anuales de captura como instrumento de administración pesquera -no significa que sea el único-, resulta conveniente revisar lo referido a la forma en que se cumplen las cuotas mensuales de extracción de la especie y especialmente la normativa administrativa, a fin de establecer la obligación perentoria de los directores regionales de Sernapesca de proceder a efectuar descuentos en las cuotas sucesivas cuando en un mes se excede la captura y desembarque en alguna región del país. b) Es necesario asegurar la representatividad de las regiones en los Consejos Zonales de Pesca -es una cuestión que también se ha reiterado-, específicamente del consejo que corresponde a las regiones Décima y Undécima, pues es evidente que se produce una subrepresentación de la Región de Aisén, perjudicándose los intereses de sus actores pesqueros, que por definición colisionan con los de la Décima Región, que están sobrerrepresentados. “Por lo anterior, se ha estimado conveniente proponer al Ejecutivo que mediante un proyecto de ley, proponga al Congreso Nacional el establecimiento de un consejo zonal de pesca para la Región de Aisén -separado del de la Décima- y que se modifique, además, la representatividad de manera de asegurar la representación del sector artesanal. c) Con el objeto de reforzar la labor de fiscalización de Sernapesca, es necesario dotar a los inspectores de pesca de la calidad de ministros de fe pública, tal como sucede con otros funcionarios de organismos fiscalizadores. Asimismo, es imprescindible modificar los aspectos procedimentales de lo contencioso por infracción a la legislación pesquera para facilitar la prueba de los hechos a través de medios más concordantes con la realidad geográfica y del aislamiento de la zona austral del país, que impide la concurrencia dentro de los términos probatorios de eventuales testigos. Para ello, también es muy importante modificar los procedimientos, concentrando sus trámites y limitando la posibilidad de recurrir de las resoluciones judiciales por parte de los infractores imputados, procesados o condenados. d) La comisión se formó la convicción, especialmente fruto de sus actividades in situ, y recogió la inquietud de los pescadores artesanales y sus organizaciones de la necesidad de flexibilizar la normativa administrativa vigente para la fijación de los puntos o puertos de desembarque de la especie, de manera de permitir el establecimiento de uno o más de ellos en el litoral norte de Aisén, específicamente en la comuna de Puerto Cisnes -en la de las Guaitecas o en ambas-, con lo que se facilitaría la labor de cientos de pescadores que laboran en las inmediaciones del canal de Moraleda en las caletas de isla Toto y de Puerto Gaviota, asentamientos de reciente creación y a los que el Gobierno les ha dado la categoría de pueblos. e) Otro punto que es menester estudiar detalladamente es la conveniencia de sancionar, mediante la tipificación de un delito especial el vertimiento de pescado muerto al mar, cuando ello se hace con el objeto de ocultar la comisión de la infracción a la legislación pesquera, tomando en especial consideración el doble daño que se efectúa sobre el medio ambiente, como sobrecaptura que daña una biomasa y como acción nociva sobre el medio acuático y, en definitiva, sobre la actividad económica. f) Respecto de la pesca artesanal de la especie, resulta urgente revisar la normativa legal y administrativa sobre Registro Pesquero Artesanal, que incluye a los pescadores habilitados para desarrollar actividades de pesca artesanal, de manera de actualizarlos y purgarlos de personas que actualmente no desarrollan estas actividades e incorporar a muchos que sí lo hacen y que no tienen cabida en ellos. g) Recomendar al Ejecutivo la conveniencia de regular la actividad pesquera y su administración fundado en principios de disponibilidad regional de los recursos, evitando el acceso de pescadores desde las denominadas zonas contiguas de pesca, lo que es fuente de conflictos entre los pescadores y sus organizaciones creando condiciones de inseguridad en el trabajo en el mar. h) Solicitar al Servicio de Impuestos Internos que intensifique su labor de fiscalización, a fin de evitar el blanqueo de cuotas de pesca del recurso merluza del sur que ha sido denunciado con motivo de las dos visitas inspectivas que realizó la comisión. i) Requerir una modificación a la ley general de Pesca y Acuicultura -otra más- para incluir en el listado que con-templa el inciso segundo del artículo 124, a la ciudad de Pichilemu, en razón de corresponder a la capital de provincia de la única región del país que no cuenta con tribunales con competencia en estas materias. 4. Desconocimiento del sistema de biomasa que existe de merluza austral. De los antecedentes recopilados, se infiere la necesidad imperiosa de contar con estudios científicos que permitan tener una adecuada aproximación sobre la existencia del recurso a fin de obtener una administración transparente que permita un uso racional y sustentable del mismo. Al respecto, también ha sido reiterativa la falta de transparencia en la información sobre la biomasa de la especie de merluza austral, merluza de cola, merluza gally, jurel, anchoveta, etcétera. Creo que el gran desafío de la autoridad es transparentar la existencia real de estas especies, para que su protección y el adecuado manejo ambiental se transformen en una oportunidad de desarrollo y no en una de miseria. Constancias reglamentarias De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar que la Comisión acordó enviar copia de este informe a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado. Puesto en votación el informe, fue aprobado por la unanimidad de los señores diputados presentes en la Sala. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Arratia, por seis minutos. El señor ARRATIA.- Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, me tocó participar en la comisión investigadora de las irregularidades en la pesca de la merluza austral. La verdad es que lo que se pudo deducir no dista mucho de lo que se trató y expuso en la sesión extraordinaria de la Cámara de antenoche, respecto de la ley de pesca y de los problemas que aquejan a la pesca industrial y artesanal a lo largo de Chile. El problema de la merluza austral es más o menos conocido. El 80 por ciento de la biomasa de ella ha desaparecido, fundamentalmente como consecuencia de una sobreexplotación, que, por desgracia, ha sido favorecida por desconocimiento de la autoridad, que ha autorizado cuotas de pesca que han sobrepasado la capacidad de regeneración del recurso. La merluza austral sólo se reproduce en sectores específicos de la Décima, Undécima y Duodécima regiones, en especial en la Undécima, y alcanza su desarrollo máximo a los nueve años de edad. Por eso, nos preocupa la destrucción de su biomasa, que ha originado determinadas medidas respecto de la pesca artesanal e industrial. Detallaré algunos elementos importantes. La famosa “carrera olímpica” que se ha mencionado, ha sido la causa, precisamente, de que los pescadores industriales con artes de pesca más desarrolladas capturen mayor cantidad de peces en menos cantidad de tiempo. Así, las cuotas de trescientas o cuatrocientas toneladas, autorizadas mes a mes para las regiones Décima y Undécima, en 1998 ó 1999, se han sacado en un solo día de pesca. Es decir, la empresa o el pescador artesanal que tiene artes de pesca más desarrolladas, se ha llevado gran parte del recurso merluza austral. Eso va en desmedro de los pescadores artesanales, de menos recursos, y, por otra parte, de los pescadores industriales que tienen menos recursos, lo que significa, a su vez, que veintiocho días al mes los pescadores artesanales e industriales quedan de brazos cruzados. Si se considera la marea roja, que ha significado disminución de la fuente de trabajo para los pescadores artesanales, éstos, en la práctica, no tienen qué hacer. Según un informe entregado por Sernapesca, el 50 por ciento de las personas dedicadas a labores relacionadas con la pesca, corresponde a quienes trabajan en la industrial, y el otro 50 por ciento, a los que laboran en la pesca artesanal. Hoy, los pescadores artesanales reclaman que su cuota de pesca es sólo del 40 por ciento de merluza austral, ya que el 60 por ciento se lo llevan los industriales, situación que consideran injusta, juicio que compartimos. Otra injusticia en que se incurre para con los pescadores artesanales, radica en que en los consejos zonales de pesca y en el Consejo Nacional de Pesca, están representados en franca minoría. Es necesario dejar en claro este importante punto, ya que no es posible que la revisión de la ley de Pesca, que estamos pidiendo, quede condicionada al visto bueno de este organismo, de composición absolutamente arbitraria. Quiero dar lectura a la composición del Consejo Nacional de Pesca para conocimiento de la Sala: tres representantes del sector industrial; tres representantes del sector laboral, pero que por trabajar en las industrias, dependen del sector empresarial; un representante del sector artesanal; dos representantes de los Seremi de Economía; un representante de la Gobernación Marítima; un representante del Sernap; un representante del Instituto de Fomento Pesquero; dos representantes del sector universitario; un representante de la Dirección Regional de Pesca y un representante del Consejo Zonal de Pesca. Vemos que de todos estos representantes -más de diez-, uno solo es del sector artesanal, situación que estimamos injusta y que debe ser corregida. La solución de este problema pasa por la asignación de cuotas de pesca para los sectores industrial y artesanal. Este hecho es muy importante, pero a la vez altamente peligroso si no se cumplen algunas condiciones que consideramos básicas y fundamentales. En primer lugar, las cuotas deben ser anuales y no transformarse en un regalo del Estado hecho en forma indefinida para las empresas, a fin de evitar lo que sucedió con los derechos de agua, actualmente en posesión de pocas empresas eléctricas y, lo que es peor todavía, extranjeras. En segundo lugar, deben ser licitadas en favor del Estado. En tercer lugar, deben ser proporcionales y considerar a los pescadores artesanales dentro de, por lo menos, el 50 por ciento, porque representan ese porcentaje de la fuerza laboral en el sector pesquero. Por último, no deben ser a título gratuito y, además, deben contar con un componente económico y social para su asignación. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, desde mi punto de vista, las conclusiones y proposiciones de la Comisión investigadora no incorporan elementos sustanciales en esta materia, como el otorgamiento de mayores recursos a organismos fiscalizadores, como Sernapesca y la Armada. Quiero dar a conocer algunas cifras. El litoral de Aisén tiene 4.500 kilómetros de borde costero, 550 de longitud, 1.500 o más pescadores artesanales dedicados a la captura de más de 3.600 toneladas de merluza, y 7 industrias con más de 3 mil trabajadores. El 80 por ciento de los recursos bentónicos del país está en el litoral de Aisén. Si a esto sumamos la actividad de la salmonicultura, que ha crecido en forma muy importante en los últimos años y si las 30 mil toneladas que hoy se cosechan en Aisén suben a 100 mil toneladas en los próximos dos años, como esperamos, en más de 110 centros acuícolas, ello significa que debemos dotar de mayores recursos a los organismos fiscalizadores de la pesca, dicho sea de paso, principal actividad económica en Aisén. Lo anterior tiene como contraparte la circunstancia de que, en la actualidad, Sernapesca, que sólo dispone de tres funcionarios para fiscalizar, de un total de 14, cuenta aproximadamente con 600 mil pesos para efectuar su labor de fiscalización del litoral y 700 mil pesos de presupuesto al año para gastos de operación. Es decir, la nada misma. Para fiscalizar el sector se necesitan más recursos. Así lo hicieron ver los representantes de Sernapesca que concurrieron a la Comisión, pero no aparece consignado en el informe. Debe incorporarse la idea de que para fiscalizar esta actividad, importante desde el punto de vista económico y social y atendida la cantidad de gente que involucra, se requieren muchos más recursos. Tampoco está consignado en el informe con la claridad que amerita, la necesidad de hacer cumplir la ley, dado que en la actualidad se vulneran a lo menos dos elementos que lo impiden. Primero, el registro de pescadores artesanales. Si una empresa afiliada como Falabella registra más de dos millones de clientes, ¿cómo el Estado de Chile no ha sido capaz, hasta ahora, de llevar un registro de pescadores artesanales, que en Aisén no sobrepasan los l.500? Esto ayudaría a regular la actividad y, por lo tanto, a impedir que ocurran nuevamente acciones ilegales como las que se denunciaron e investigaron. En segundo lugar, tampoco se está cumpliendo la ley de Pesca en cuanto a los posicionadores satelitales para los barcos industriales, que debieron estar operando desde el 1 de abril del año pasado. La autoridad administrativa ha sido negligente en la aplicación de la ley y, por lo tanto, no se ha podido fiscalizar bien. Desde mi punto de vista, el informe es incompleto, sin perjuicio de lo cual lo aprobaré dejando constancia de dos prevenciones: primero, el imperativo de hacer cumplir la ley y, segundo, la necesidad de dotar de mayores recursos económicos y de personal a Sernapesca y a la Armada de Chile, a fin de resguardar nuestros recursos con una perspectiva de desarrollo sustentable. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta por cuatro minutos. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, para no repetir lo que afirmamos en la sesión del martes último, en que se abordaron los problemas de la pesca en Chile, quiero hacer dos tipos de consideraciones respecto de las conclusiones. En primer lugar, es bastante dudosa la propuesta del punto e) de crear un delito especial cuando se trata de un vertimiento de pescado muerto al mar, dado que, si se tratare de un hecho que produce daño, eso ya está sancionado en diversas disposiciones legales. Cualquiera que bota un líquido o un material que dañe el medio ambiente, se expone a ser castigado con las penas que establecen el Código Penal y otras normas especiales. Por otra parte, la comisión de una infracción a la legislación pesquera también está sancionada en la propia ley de Pesca. En consecuencia, aquí se está violando el llamado principio “non bis in ídem”, es decir, un mismo acto no puede ser sancionado dos o tres veces. En segundo lugar, me parece que uno de los puntos que debió figurar en algunas de las conclusiones es el fortalecimiento del fondo de investigación pesquera. Se trata de un fondo que, en su oportunidad, creó el Parlamento en la ley de Pesca; sin embargo, se extraen recursos marinos y nunca se investiga o no hay dinero para hacerlo. Es preciso entregar recursos a los centros de investigación de las universidades, con el objeto de proceder en el futuro al cultivo de los recursos marinos. Otra medida, que tampoco aparece en el informe, es que todas las decisiones relacionadas con la administración pesquera sean tomadas a nivel regional; porque no es posible que sean adoptadas en uno de los pisos del edificio ubicado en Teatinos, frente a La Moneda, o que la Subsecretaría de Pesca, que está en Valparaíso, tenga que ver con lo que ocurre en todo el país. La ley de Pesca diferenció las zonas y regiones, porque cada una tiene características especiales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se trata de obtener una concesión, se debe concurrir al Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría de Marina, y pasar por distintos entes estatales, que están concentrados en Santiago o Valparaíso. Creo que esto podría ser asumido muy bien por los gobiernos regionales, mediante los respectivos servicios con que cuentan. Termino señalando que también hay que destinar recursos para la capacitación de los pescadores que se dedican a la captura de la merluza, porque ocurren algunas situaciones no deseables. Por ejemplo, una empresa monopoliza todo el transporte vía aérea a Madrid, España, caso en el cual los pescadores están obligados a recibir el precio que fijan estos monopolios. Esto debe ser investigado por la Fiscalía Antimonopolios y resuelto a la brevedad. Por lo tanto, hay que capacitar a los pescadores artesanales, a fin de que sean ellos mismos, a través de sus organizaciones, los que comercialicen ese valioso recurso. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado por el diputado señor Elgueta: es necesario regionalizar la administración de la pesquería de la merluza del sur, a fin de que funcione adecuadamente. De esa forma serán los propios actores regionales los que determinarán, en conversaciones con las autoridades, las cuotas de captura. Según antecedentes que tienen los pescadores artesanales de la Región de Magallanes, y yo personalmente, no existen investigaciones serias que indiquen que el recurso es sustentable. Esto produce confusión y los obliga a solicitar en forma permanente aumento de las cuotas de captura mensual, las cuales son fijadas en forma global para las regiones Décima, Undécima y Duodécima. Pero la Región de Magallanes siempre resulta perjudicada en cuanto a las cuotas de captura que se fijan, por ejemplo, en las mesas de conversación que funcionan en la capital de la Décima Región, es decir, Puerto Montt. La importancia que reviste la pesquería demersal austral, constituida fundamentalmente por la merluza del sur y el congrio dorado, es causa de nuestra gran preocupación, porque en regiones como la mía representa ingresos anuales que bordean los 50 millones de dólares, de los cuales 30 millones provienen de la exportación de la merluza del sur congelada. Además, cabe destacar que en el último tiempo se ha sumado a ello el creciente interés de los pescadores artesanales de la Región de Magallanes por la explotación del recurso existente en la zona de los canales, destinada a la producción de fresco enfriado, producto que tiene muy buenos precios, pues es de gran aceptación en los mercados externos. Existe un proyecto, pendiente en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, que establece que los pescadores industriales deberían salir de los canales interiores para dejárselos exclusivamente a los pescadores artesanales. Termino manifestando que, además de compartir el informe entregado por el diputado señor Leopoldo Sánchez y de estar de acuerdo con lo señalado por el diputado señor Elgueta, sería importante despachar la moción que presentamos conjuntamente con otros colegas, tendiente a crear la comisión de pesca, acuicultura e intereses marítimos, puesto que en dicha Comisión hay personas que están más preocupadas de los problemas del campo que de los problemas que afectan a nuestras regiones, que viven de la actividad pesquera. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, a modo de complemento del informe que entregué en forma muy resumida, cabe expresar que comparto los conceptos vertidos aquí por los diputados señores Arratia, Pablo Galilea -que es de mi zona-, Elgueta y Pedro Muñoz. El diputado señor Elgueta mencionó el punto e) de las conclusiones de la comisión, que se refiere a “la tipificación de un delito especial”. Quisimos incorporarlo en el informe -a lo mejor su redacción no quedó suficientemente clara- para conectarlo con otro proyecto sobre tipificación del delito ecológico, cuyo análisis por esta Corporación se encuentra pendiente. En ese sentido, si su Señoría le concede un minuto, con cargo al tiempo de mi bancada, le pediría al diputado señor Elgueta que se explayara sobre la materia, a fin de complementar lo manifestado aquí. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Muchas gracias, colega. En primer lugar, estoy de acuerdo con tipificar el delito ecológico a que se refirió el diputado señor Sánchez. En efecto, hemos presentado una iniciativa en tal sentido -soy uno de los suscriptores del proyecto-, que, según entiendo, se encuentra en una etapa muy avanzada. De manera que estoy de acuerdo con ese punto de las conclusiones. En segundo lugar, durante mi exposición no alcancé a señalar que uno de los problemas más graves que se les presenta a los pescadores artesanales, relacionado con la captura de la merluza del sur, son los contratos verbales o escritos que celebran con los exportadores, los cuales les anticipan dinero e insumos, y después, al hacer rendición de cuentas, se quedan con el mayor porcentaje de las ganancias, y los pescadores, en el debe. Como consecuencia de ello, los mismos exportadores empujan a los pescadores artesanales a efectuar huelgas para pedir aumento de las cuotas de captura, que, en definitiva, benefician a aquéllos. Por eso, es necesario capacitar a los pescadores artesanales. Asimismo, una de las conclusiones de la comisión debería referirse a la reglamentación de los contratos especiales que celebran los exportadores con los pescadores artesanales que los proveen de materia prima. Agradezco al diputado señor Sánchez el tiempo que me concedió. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Informo a la Sala que, en conversación con los distintos Comités, a fin de facilitar el despacho de los informes del Orden del Día, acordamos fijar las 13.30 como hora de votación de todos ellos. Se suspende el tratamiento de los proyectos de acuerdo, pero se mantiene la hora de Incidentes. Por lo tanto, sugiero a los diputados informantes que sus informes sean lo más breves posible. Asimismo, podríamos acordar una intervención por bancada en cada uno de los informes. -Con posterioridad, la Sala aprobó el informe.EVENTUALES DISTORSIONES PRODUCIDAS EN PREMIOS DE SORTEOS DE KINO Y LOTO. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- A continuación, corresponde conocer el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, recaído en la investigación de las distorsiones que se habrían producido entre los premios anunciados y el dinero efectivamente entregado a los apostadores, especialmente en los sorteos Kino y Loto, efectuados el 31 de diciembre de 1999. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Villouta. Antecedentes: -Informe de la Comisión de Economía, sesión 1ª, en 6 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 21. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, de conformidad con el proyecto de acuerdo Nº 368, en la Comisión recibimos a los señores Mariano Campos, gerente general de Lotería de Concepción; Orlando Cantuarias, gerente general de Polla Chilena de Beneficencia; Alberto Undurraga Vicuña, director nacional del Sernac de la época, y a algunos asesores que lo acompañaron. En general, este problema partió del malestar expresado tanto en informes y comentarios de prensa como del reclamo que se hizo a Sernac por algunos apostadores que se vieron frustrados por el hecho de que los premios especiales que se suponía que entregarían el Loto y el Kino 2000 no correspondieron a los montos que se divulgaron ampliamente por medio de la propaganda. La razón de ello, de acuerdo con las informaciones que nos entregaron las personas ya señaladas, en especial las de la Lotería y de la Polla, radica en que las empresas asesoras calcularon mal, específicamente en el caso del Loto de la Polla, los ingresos que podría generar la venta de estos números. Fue el Kino el que anduvo más cerca. Tanto es así que, después de haber ofrecido un pozo de 2.000 millones de pesos, posteriormente, lo elevó a 3.000 millones; pero en el camino le salió la competencia del Loto con un sorteo similar, con un premio cuantioso. El resultado del Kino -como digo- fue más satisfactorio para sus apostadores que para los del Loto. Según lo conversado y el análisis de los antecedentes, se trató de un mal estudio que realizó una empresa externa de la Polla con respecto a este sorteo, porque cuando ella lo entregó, la venta del Kino había avanzado bastante. Precisamente por eso, se aumentó el monto. Después de investigar, consultar, verificar los antecedentes, queda claro que no hubo dolo, o sea, no hubo malicia ni intención de engañar al público. Tal vez, la propaganda que se emplea para estos efectos es totalmente diferente de la de los sorteos normales de Polla y Lotería, cuando aseguran, por ejemplo, un premio de 200 ó 500 millones de pesos, porque éste va supeditado a los montos que se recauden por la venta que, de acuerdo con estos antecedentes, en el caso en análisis, aunque bastante subidos, no alcanzaron a completar el premio que, presuntivamente, se les estaba ofreciendo a los compradores de los números. La recomendación general fue que, primero, casi correspondería un tirón de orejas, por decirlo así, a la empresa consultora de la Polla por ese error garrafal, ya que el premio entregado apenas alcanzó, aproximadamente, al 40 por ciento del ofrecido. El informe del Sernac puntualizó que no estaba dentro de sus atribuciones seguir más adelante con estos reclamos, porque en los boletos, como en muchos contratos, en letra chica dicen “presuntivamente”. En resumen, el premio que se entregó no cumplió con esas expectativas. En la Comisión también se insistió en observaciones relativas al procedimiento empleado en algunos juegos que -en el fondo son de azar- se efectúan en diversos canales de televisión y en diferentes programas, en especial los relacionados con los resultados de partidos de fútbol que se transmiten, apuestas que se reciben a través de llamadas telefónicas, las que representan un gasto para el apostador o el que llama, sin saber cuánto recibe la empresa, el canal o el organismo que se dedica a hacer estos programas. Son premios que resultan cuantiosos cuando se hace un cálculo estimativo de las llamadas telefónicas, incluyendo el recargo correspondiente. Ése es un tema que quedará pendiente, porque también pudiera ocasionar, tal vez no fraude, pero sí pérdida económica al fisco al no recibir los impuestos que corresponden a un juego de azar. En todo caso, se estimó que no había dolo y que, simplemente, fue un error de cálculo de la empresa consultora. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, atendiendo a la petición de la Mesa, trataré de ser muy breve. Ciertamente, he escuchado con atención el informe entregado por el diputado señor Villouta; además, participé en la Comisión investigadora. De todo esto se desprende la gran utilidad que prestó esta Comisión para esclarecer las actuaciones de la Polla Chilena de Beneficencia y de la Lotería de Concepción. Se comprobó fehacientemente que en los sorteos Kino 2000 y Loto Millenium, de fines de 1999, hubo publicidad engañosa, constituyendo, en consecuencia, un atentado contra la fe pública. En el caso del Kino 2000, de la Lotería de Concepción, el error alcanzó al 26 por ciento entre el pozo estimado por repartir y los premios efectivamente entregados. Si consideramos los premios otorgados en especies, aunque no es lo usual, el porcentaje de error disminuiría al 13 por ciento, razón por la cual hemos estimado oportuno liberar de mayores cargos a la Universidad de Concepción, tanto más cuanto rechazó formalmente que se le comparara con lo actuado por la Polla Chilena de Beneficencia, dependiente de la Corfo, organismo estatal, donde el error alcanzó al 73 por ciento. En suma, los premios llegaron sólo al 27 por ciento de lo prometido, lo que ha redundado en un enorme desprestigio para este tipo de juegos de azar, con la irreparable pérdida que han experimentado las instituciones de beneficencia que se financian con estos sorteos. Por eso, solicitamos que se acuerde enviar todos los antecedentes que obran en poder de la Comisión al tercer juzgado de policía local de Santiago, donde se encuentra radicada la causa iniciada por el Sernac contra la Polla Chilena de Beneficencia. Finalmente, deseo recordar que un señor diputado señaló, durante la discusión del proyecto de acuerdo que dio origen a la investigación y cuyo informe estamos conociendo, que no quería suponer que existieran intenciones torcidas en la presentación del proyecto, del cual éramos autores el diputado señor Fossa y quien habla. Ahora, conocida la verdad, les puedo reiterar al señor diputado y a la Cámara entera, que jamás me valgo de intenciones torcidas o malabares publicitarios en el cumplimiento de mi deber como parlamentario. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el honorable señor Alessandri, con su caballerosidad habitual, no indicó a qué diputado se refería. Soy yo. Tal como lo ha expresado, con el aprecio, el afecto y lo que queremos al Congreso, debo reconocer que las cosas se dicen aquí, como corresponde y en el momento preciso, de manera que cuando se termina una investigación, se apruebe el mejor proceder. ¿Por qué comienzo con esto? Es cierto que el 7 de marzo de este año, cuando se discutió el proyecto de acuerdo Nº 368, presentado por los colegas Gustavo Alessandri y Haroldo Fossa, hice una defensa muy firme, muy especial, porque conozco el tema de la Lotería de Concepción. En la vida política se debe actuar con mucha ética. Por eso -y les consta a los colegas parlamentarios que participaron en esta investigación-, nunca fui a la comisión donde se radicó este estudio, pudiendo haberlo hecho. No lo hice porque soy diputado por Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz; porque soy director de la Universidad de Concepción, cargo servido ad honorem; porque soy ex alumno de la Universidad de Concepción y porque participé en los decretos supremos que autorizaron los últimos dos juegos de la Lotería de Concepción. Me alegra infinitamente el resultado al cual se llegó en esta Comisión. Da claridad, da transparencia y también constituye un mensaje a la opinión pública: este Poder del Estado hace uso de las atribuciones establecidas en la Carta Fundamental. ¿En qué consiste el tema en debate? La Lotería de Concepción es una institución de beneficencia, sin fines de lucro. Es la pionera en el mercado de los juegos de azar. Fue creada por decreto supremo Nº 626, de 1931, norma que fue modificada, con posterioridad, por la ley Nº 18.568. Es una institución que ha hecho posible, a lo menos, un tercio del financiamiento de la Universidad de Concepción. En esta Sala hay varios de sus ex alumnos, quienes tuvieron acceso a sus estudios gracias a la visión de las personas que crearon la Lotería de Concepción. La Lotería de Concepción tiene dos tipos de juego: los bancados y los de pozo. Los primeros se caracterizan por la emisión de una cantidad de boletos fija y predeterminada -la lotería tradicional- con un premio fijo, se vendan o no se vendan los boletos. Los segundos consisten en acumular apuestas, lo que constituye, por lo tanto, un pozo variable -el Kino, el Imán, Pirámide, Loto y la Revancha- y los premios se otorgan en una proporción fija de él. El tema en discusión se relaciona con el Kino. Su lanzamiento se hizo en septiembre de 1990, mediante decreto supremo firmado por el ex Presidente, Patricio Aylwin, y el entonces ministro de Hacienda, Alejandro Foxley. Desde 1990 al día de hoy se han vendido más de 1.800 millones de cartones. Es el producto más popular del mercado, con un “top of mind” de un 57 por ciento de aceptación. Con esto casi triplica a su más cercano seguidor. ¿Pero qué es lo importante en estos nueve años? Ha premiado más de 100 millones de veces, ha hecho millonarias a más de 500 personas y tiene una red de ventas de 5.200 puntos, los que dan empleo formal, directo e indirecto. El Kino 2000 fue la mayor innovación de los últimos cinco años y, sin duda, significó una revitalización de la red de venta de este producto. Se lanzó al mercado el 4 de julio de 1999, fijándose como fecha de sorteo el 31 de diciembre del año recién pasado. Hubo un período de venta de seis meses, ciento ochenta días. Cuando se lanzó al mercado -esta es la parte que deseo destacar- se planteó un pozo estimado por repartir de 2.000 millones de pesos, de acuerdo con la legislación vigente de nuestro país. ¿Qué pasó en septiembre? Hubo una gran venta y la Lotería, en función de la comercialización y de la innovación, planteó un pozo incrementado estimado por repartir de 3.000 millones de pesos. Y lo más importante, esto se hizo antes de que apareciera el Loto Millenium 2000 de la Polla Chilena de Beneficencia. ¿Cómo se repartía este pozo? El código utilizado es de 1990 y nunca ha estado en discusión ese punto. Se utiliza en todas las piezas publicitarias y es ampliamente conocido. ¿Cuáles son las razones del incremento del pozo en septiembre del año pasado? Hubo un posicionamiento del producto, en ese instante era el único en el mercado, las ventas subieron por sobre las proyectadas, estaba la experiencia histórica del Kino y, además, un estudio de mercado que indicaba que era positivo para el desarrollo del producto el aumento del pozo por repartir. ¿Cuál es la verdad? Tal como lo expresó el diputado informante y el honorable señor Gustavo Alessandri, la investigación que hizo la Comisión fue muy acuciosa. Escuchó a todos los actores, pero en forma especial a la persona que está a cargo de Sernac. Hay información, tal como lo dijo el diputado Alessandri, de que el nivel a que llegó el Kino fue mucho más alto de lo esperado. Lo concreto es que se repartieron 2.199.071.601 pesos el 31 de diciembre del año pasado y 400 millones de pesos en premios promocionales, como lo manifestaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. ¿Por qué hubo un menor pozo del publicitado? Hay razones que son reales y efectivas. Había una radicalización en ese instante de crisis económica. Leí dos o tres veces el informe y no quiero hacer -y en eso concuerdo con el colega Alessandri- distinción entre la Lotería -que es parte de mi actividad, de mi existencia, porque soy diputado por Concepción, ex alumno y director de la Universidad de Concepción- y la Polla de Beneficencia. Pero fue inoportuno el lanzamiento del Loto Millenium, tal como se ha expresado, porque estaban contra el tiempo. Además, el porcentaje de habitantes por juego en nuestro país es el más bajo de Latinoamérica. También debió considerarse que el 31 de diciembre fue declarado feriado legal. Si la Lotería de Concepción subió el pozo por repartir de 2.000 millones a 3.000 millones de pesos antes del lanzamiento del Loto Millenium, no es culpa de los ejecutivos o del personal de Lotería que no se llegara al ciento por ciento, porque siempre el pozo por repartir es estimado. Considero que se ha hecho justicia y que ha quedado demostrada la excelente administración de la Lotería de Concepción. También ha quedado claro ante el país la forma en que opera esta institución, la que ha sido vital en el desarrollo de la Universidad de Concepción. Por lo anterior, votaré favorablemente el informe de la Comisión de Economía, por cuanto ha sido claro, preciso y transparente. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, cuando uno ve una investigación tan acuciosa, no puede estar sino de acuerdo con ella; pero el fondo del problema es que se observaban ciertas irregularidades. Se ha argumentado que se ha hecho millonaria a mucha gente, ayudado a la educación de personas y beneficiado a la Universidad de Concepción. En tal sentido, la investigación es muy positiva. Sin embargo y visto desde fuera, una danza de millones de esta magnitud se presta a maniobras raras. Por ejemplo, me gustaría saber si alguien investigó el criterio con que se otorgan las concesiones a los representantes del Kino, de la Lotería y todos los juegos de azar. Detrás de esto hay mucha plata involucrada. Puede ocurrir que un señor que es representante del Kino, la Polla o la Lotería tenga cierta afinidad con algunas colectividades políticas. Lo que quiero decir es que las concesiones podrían constituir una buena manera de encubrir vías de financiamiento para los partidos políticos. Nadie duda que la investigación es fantástica, que la plata pudo haberse administrado en forma correcta, que el Loto Millenium se atrasó, que hubo feriados de por medio, pero eso no tiene que ver con la transparencia, pues ello responde a reglas que están establecidas. Lo que verdaderamente me preocupa es lo que está detrás de las agencias y las personas que representan a esas instituciones. Me gustaría que el señor Cantuarias dijera quiénes son los representantes y con qué criterio ha otorgado las concesiones. Los otros contenidos de la investigación es algo que se da por sabido. Cuando se efectúa una investigación, la Cámara de Diputados debe ser acuciosa, entrar en detalles e indagar en las cosas que no se ven, pues todos creen que cualquier persona puede optar a una concesión. Por lo tanto, estoy de acuerdo con gran parte de la investigación, pero creo que no fue acuciosa en cuanto a indagar en el fondo del problema, esto es, averiguar los criterios utilizados para designar a los concesionarios que hoy operan los juegos de azar. No quiero ser mal pensado, pero sí tenemos antecedentes de que los representantes de estas instituciones han sido nombrados políticamente, lo que es una manera encubierta de financiar algunos partidos políticos. Resulta significativo un 2 ó 3 por ciento de varios cientos de miles de millones de pesos. Por cierto, no se trata de un tema menor. Si la Sala y la Mesa acceden a ello, me gustaría oficiar en mi nombre y a quien corresponda, a fin de conocer el criterio utilizado para entregar concesiones a quienes operan los juegos de azar. Insisto, ésa es la parte que me preocupa y no lo que se ha leído aquí, que sé que está en lo correcto. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. En el tiempo que le ha cedido el Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa. El señor FOSSA.- Señor Presidente, en la persona del diputado señor Manuel Rojas, agradezco la gentileza que ha tenido la UDI de cederme parte de su tiempo. Cuando solicitamos esta investigación, cuyos resultados indican que fue acertado pedirla y que el proceso fue llevado adelante en forma positiva, señalé -recuerdo a la Sala que soy miembro corporativo de la Universidad de Concepción, institución a la que quiero entrañablemente, a pesar de haber estudiado en la Universidad de Chile- que jamás hubo intención de perseguir a la Universidad de Concepción. La Lotería es un organismo descentralizado de la universidad, que cuenta con autonomía. Por lo demás y aunque se hubieran cometido errores, ellos no habrían afectado a esa casa de estudios superiores. Me alegro de que el colega Ortiz reconozca que trató de defender tal situación. En ese momento le manifesté que esta investigación iba a comprobar, una vez más, la honorabilidad, decencia y transparencia con que actúa la Lotería de Concepción, cuyo principal beneficiario es la universidad que lleva ese nombre. Aclarada esta situación, debo señalar que las palabras del diputado señor Gustavo Alessandri se ajustan absolutamente a lo que pretendimos con la investigación y a los resultados obtenidos. A petición del Sernac y de la Comisión que llevó a cabo la investigación, la situación se encuentra hoy en manos de la justicia. Existe otro problema, el que se encuentra consignado en la letra g) del informe, relacionado con el hecho de que se están desarrollando una serie de juegos de azar amparados por la televisión y la radio. Acabo de enterarme de que todos los días se realiza una lotería en Vallenar. Se dice que la idea surgió como consecuencia de los problemas económicos que afectan a la ciudad; sin embargo, al parecer, se ha constituido en un juego de carácter permanente a fin de ganar dinero y encontrar una forma de subsistencia. Atendido lo expuesto, deberíamos abrir una segunda etapa de investigación para examinar los fundamentos de la letra g) del informe, por cuanto allí se observa poca transparencia. A ello hay que agregar lo señalado por el diputado señor René Manuel García, materia que no formaba parte de los objetivos de la Comisión. Por eso -reitero-, deberíamos ampliar el trabajo de esa Comisión o crear una nueva, al amparo de la Comisión de Economía, a fin de investigar lo señalado en la letra g) del informe. Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al diputado señor René Manuel García. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recuerdo a su Señoría que resta un minuto y un segundo para que concluya el tiempo destinado a su bancada. Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, cuando señalé lo relativo al financiamiento de los partidos políticos, tema que no es menor, algunos colegas me preguntaron en qué me basaba para plantear tal cosa. Muy simple: el gerente de la Polla Chilena de Beneficencia en Santiago es el ex ministro de la Vivienda, señor Henríquez, y por extraña coincidencia, ayer fue nombrado jefe de la campaña electoral de la ex primera dama en la comuna de Santiago. Reitero, este no es un tema menor. Estoy hablando de una realidad que el país conoce y que se está prestando para corrupción en asuntos que queremos sean serios. Por lo tanto, mi denuncia no es infundada y he dado un ejemplo claro de que las instituciones de beneficencia se están prestando para financiar partidos políticos. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, sobre el objeto de las comisiones investigadoras se puede hacer cualquier tipo de interpretación, y el diputado señor René Manuel García ha hecho una. Sin embargo, el objeto del proyecto de acuerdo, propuesto entre otros por el señor Alessandri, dice que la Comisión de Economía debe constituirse en investigadora, a fin de que informe a la Corporación acerca de las distorsiones entre los premios anunciados y el dinero efectivamente entregado a los apostadores. Ese fue el objetivo de la Comisión. Si alguien quiere efectuar otras investigaciones, puede hacerlo, pero ¿qué tiene que ver que una persona trabaje en un lugar y sea jefe de una campaña electoral? ¿Está prohibido? ¿Es inmoral? ¿Es ilegal? ¿Es corrupción? Una persona tiene derecho a trabajar y a ejercer sus preferencias políticas donde lo estime conveniente. Como quedó demostrado ayer, los chilenos financiamos la deuda subordinada de los bancos. Todos le entregamos plata al Banco de Chile, del cual una parte de la propiedad está en manos del grupo Penta, cuyos ejecutivos eran jefes de la campaña del señor Lavín, como es público y conocido. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Llamo al orden al diputado señor René Manuel García. Le ruego respetar el derecho del diputado que está haciendo uso de la palabra. Puede continuar el diputado señor Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, una persona puede trabajar y ejercer sus preferencias políticas donde lo estime conveniente. Eso no es inmoral ni ilegal. Si el diputado señor René Manuel García quiere solicitar la nómina de los dueños de agencias de juego, está en su derecho, pero no puede enlodar la honra de personas que no pueden defenderse en esta Sala. ¿Por qué es inmoral trabajar en una empresa del Estado y ser jefe de una campaña electoral? No es inmoral, ni ilegal, ni incompatible. Gracias a Dios, estamos en democracia y las personas pueden ejercer sus funciones y preferencias donde deseen. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, en relación con el punto en debate, hace bastante tiempo solicité el envío de una serie de oficios a la Polla Chilena de Beneficencia, a fin de que informara sobre el destino de los recursos, sus montos, instituciones beneficiadas, etcétera. Aparecen varias sorpresas y voy a recordar una, porque tenemos mala memoria. Cema Chile recibía más fondos que Bomberos de Chile. Muy mal hecho. En aquella época, me proporcionó la información el señor Orlando Cantuarias. Sería bueno saber si ha habido rectificaciones en la Polla Chilena de Beneficencia y en la Lotería de Concepción -son instituciones similares-, ya que es necesario que exista transparencia en su actuar. Ese es el problema. Tal como lo vimos ayer respecto de la ley de pesca, se habla de los recursos, pero ¿cuáles son los recursos? Es necesario que haya transparencia. En el tema de las instituciones que manejan dinero y respecto de las cuales hay muchas interrogantes debido a la poca transparencia, creo que lo menos que podemos hacer, como Cámara de Diputados, es pedir transparencia. Quiero rescatar lo señalado por los diputados señores René Manuel García y Juan Núñez. Respecto de la situación planteada, este último dice que no es ilegal -probable-mente la ley lo permite-, pero no es conveniente que una persona a cargo de una institución sea jefe de una campaña electoral. Se puede discutir el tema; pero, precisamente en aras de la transparencia, deberíamos legislar al respecto. Señor Presidente, con su venia cedo un minuto a la diputada señora Caraball. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Restan dos minutos al Comité del PPD. Tiene la palabra la diputada señora Caraball, por un minuto. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, sólo para terciar en esta discusión inútil. El ex ministro de Vivienda, don Sergio Henríquez, no es jefe de la campaña de la señora Marta Larraechea, sino don Carlos Mladinic. Me molesta que se haga uso de la palabra en esta Sala para acusar de corrupción y seguir en una escalada en contra de personas que nada tienen que ver con lo que estamos discutiendo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Puede continuar el diputado señor Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, me parece muy útil la aclaración de la diputada señora Caraball. Quiero plantear una cuestión de fondo, que siempre está rondando y que no solucionaremos ahora. Hay actuaciones que son legales, pero éticamente muy cuestionables. Puede que no sea el caso señalado; pero, si se presenta, debemos estar atentos, porque cuando queda la duda uno debe abstenerse o legislar al respecto, pues para eso estamos. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Posteriormente, la Sala aprobó el informe.TRÁFICO DE DESECHOS O RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS PARA LA SALUD. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, recaído en la investigación sobre el tráfico de desechos o residuos tóxicos peligrosos para la salud humana que se está produciendo en Chile. Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, es el señor Leopoldo Sánchez. Antecedentes: -Informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 9ª, en 4 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 10. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, de conformidad con las facultades otorgadas por la Cámara en el proyecto de acuerdo Nº 266, aprobado el 15 de julio de l999 y mediante oficio Nº 2.532, de 2 de septiembre de l999, por el cual se dio competencia a esta Comisión para llevar a cabo la investigación, pasa a informaros sobre la materia que le fue encomendada. En los considerandos del mencionado proyecto de acuerdo se dice lo siguiente: “Que en la mayoría de los países desarrollados el manejo y disposición de residuos tóxicos para la salud humana se encuentra regulado minuciosamente por sus legislaciones, con lo cual, mantenerlos en depósitos resulta caro y las sanciones por el no cumplimiento de las normas que lo regulan son severas. “Que la Convención de Basilea prohíbe el tráfico transfronterizo de residuos tóxicos. No obstante esta norma, las empresas que producen estos residuos los están enviando a países subdesarrollados bajo el subterfugio de que son reciclables y reutilizables”. Este es un punto no menor. “Que a nivel mundial circulan publicaciones de empresas que ofrecen terrenos en países subdesarrollados para el depósito de residuos tóxicos, en una de ellas, editada por el organismo denominado Pacific Chemical Engineering Ltda., se ofrecen terrenos en el desierto de Atacama, para depositar estas sustancias altamente tóxicas y dañinas para la salud y el medio ambiente a valores inferiores que los que implica tratar y almacenar estas sustancias con las exigencias legales de seguridad de sus países de origen”. Ése es un punto no menor. Todos los países producen desechos, pero el transporte, el depósito, el ingreso ilegal y clandestino a otros países es materia de esta investigación. En nuestro país no existe un marco normativo, o el que existe resulta insuficiente en materia de tratamiento de residuos tóxicos. El Ministerio de Salud es el organismo encargado, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Sanitario, de determinar cuándo un residuo es o no peligroso para la salud y permitir o no su ingreso al país bajo determinadas condiciones. Gran parte del informe se refiere a un caso puntual que hemos tomado como ejemplo emblemático de la situación, que es el petcoke, carbón de petróleo o coque de petróleo. El carbón de petróleo, también denominado petcoke, ha sido declarado por el Ministerio de Salud como residuo peligroso para la salud. No obstante ello, durante los últimos años han ingresado ilegalmente, desde el punto de vista de la salud, más de un millón de toneladas de esta sustancia para su uso industrial. Tal es el caso de las importaciones realizadas por Edelnor en Mejillones, Electroandina en Tocopilla, Guacolda en Huasco, Polpaico en la Región Metropolitana y aparentemente Ventanas en la Quinta Región, todas ellas empresas que producen energía termoeléctrica y que ocupan el petcoke como combustible, el cual ha sido adquirido al precio simbólico -entre otros antecedentes que tenemos- de un dólar la tonelada. Hay petcoke que vale desde un dólar la tonelada hasta 140 dólares. A la importación ilegal del petcoke debe agregarse el hecho de que su manipulación y acopio se ha realizado con clara infracción a los artículos 90 y siguientes del Código Sanitario y de la normativa de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. La Cámara de Diputados acordó constituir una Comisión investigadora del tráfico de desechos o residuos tóxicos peligrosos para la salud que se está produciendo hacia Chile. Asimismo, dicha comisión debía investigar el cumplimiento de la normativa. Dentro de los antecedentes que hemos tenido a la vista, el marco jurídico chileno sobre residuos peligrosos se reduce principalmente al artículo 90 del Código Sanitario y al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, suscrito por Chile, pero no sus actas complementarias. En nuestro país no existe una ley que regule de manera específica y metódica los aspectos relativos a la producción, generación, acumulación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los denominados residuos peligrosos. Los residuos son tratados en forma general, sin distinguir entre los industriales, hospitalarios, peligrosos, domésticos, etcétera. La preocupación por el tema ha estado centrada más bien en los residuos domiciliarios, que también ha sido bastante pobre, salvo esfuerzos importantes que se han hecho en los últimos años, debido a su alta producción y a los problemas que genera su recolección, transporte y disposición, como también el cobro de tarifas a los usuarios. Dentro de la legislación comparada, se pueden destacar ciertos principios, como “ciclo de vida del residuo”, “de la cuna a la tumba”, “quien contamina, paga”, o el “principio precautorio”, que deberían ser incorporados en el estudio de la normativa sobre residuos peligrosos. El precio internacional del petcoke depende principalmente de su contenido de azufre. Cuando el contenido de azufre es menor, el precio es mayor. El principal exportador es Estados Unidos y el principal importador es Europa. En Chile aparece descrito como producto comercial en los registros aduaneros de importación en la sección V, 27.13.Síntesis de las opiniones recibidas por la Comisión. En relación con el petcoke, el ministro de Salud del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, don Álex Figueroa, señaló que existe la convicción de que se trata de un residuo que proviene del refinamiento del petróleo. Resalto eso, porque se discutió mucho sobre si era residuo, producto o subproducto. La postura del Ministerio de Salud es clara en cuanto a considerar que el petcoke es un residuo. Según el criterio del Ministerio, la peligrosidad del petcoke estaría definida por el uso como combustible, de acuerdo con la tecnología que se emplee, puesto que existen sistemas que atrapan, entre otros, el azufre y el níquel, que son las sustancias más peligrosas y respecto de las cuales hay una falta tremenda de normativa nacional. Según especialistas del Ministerio de Salud, como marco de referencia, es necesario establecer que el manejo de residuos peligrosos demanda gastos importantes a sus generadores. Para tener una idea de lo anterior, cabe señalar que el costo promedio para tratar una tonelada de residuos peligrosos, cualesquiera que sean, en un país industrializado, es del orden de mil dólares, razón por la cual resulta evidente que los generadores de esos países tratan de ahorrar dinero y de deshacerse de esos residuos enviándolos a países del tercer mundo, dentro de los cuales lamentablemente todavía está Chile. Asimismo, existe absoluta claridad en los países de origen en cuanto a que la responsabilidad del manejo del residuo hasta su tratamiento y disposición final es del generador. Por lo tanto, si éste logra transferir ese residuo a un tercer país que lo acepte y que prácticamente no le cobre por el tratamiento, obviamente le permite ahorrar una cantidad importante de dinero por tonelada. Es lo que ocurre en este momento con algunas empresas de países que contratan con un tercer país para que les reciba los residuos, incluso pagando a la empresa receptora el flete y una cantidad adicional, lo que en términos generales significa, entre flete y pago, alrededor de 300 dólares, con lo cual el ahorro neto de los países generadores de estos residuos es de 700 dólares por tonelada. Esta situación se agrava al encubrirse el tráfico internacional de residuos bajo el aspecto de “transacciones de residuos para reciclar”. No se habla de residuos para reciclar, sino de materias primas que, en el fondo, son los mismos residuos que antiguamente se importaban como tales. Ésta es una situación vivida por la mayoría de los países en desarrollo, en particular por aquellos que carecen de una reglamentación interna adecuada y precisa al respecto. En relación con las preguntas formuladas sobre si el petcoke es o no un residuo -voy a reiterar lo señalado-, se señaló que definitivamente es un residuo, porque es lo que queda de una faena que consiste, de manera fundamental, en generar petróleo combustible y otros combustibles líquidos o gaseosos a partir de los crudos de petróleo; vale decir, el proceso de refinación u obtención de combustibles líquidos, en general, deja como residuo final un material carbonáceo de alto poder calorífico, pero que, sin lugar a dudas, es un residuo. De manera entonces que el petcoke, que cuesta un dólar la tonelada, internacionalmente no tiene ningún valor. Por lo mismo, su generador o propietario no tiene más alternativa que deshacerse de él vendiéndolo a quien lo quiera comprar o, en su defecto, tiene que darle clasificación final como residuo. Los riesgos fundamentales de los petcoke residuales crudos son fundamentalmente el alto contenido de azufre, que es un irritante respiratorio importante, y de níquel. El níquel es una sustancia cancerígena probada por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que es la agencia oficial de la Organización Mundial de la Salud. Su labor es evaluar las sustancias químicas y determinar cuáles son carcinogénicas, cuáles son sospechosas de ser carcinogénicas, cuáles son probables de serlo y cuáles, en definitiva, no lo son. Desde el momento en que el petcoke es un residuo, cualquiera sea su utilización desde la internación como sustancia peligrosa por el hecho de tener un carcinogénico, definitivamente requiere de autorización sanitaria, porque así lo establece el Código Sanitario. Si alguien quiere importar un combustible, sea carbón, petróleo, bencina o petcoke, no necesita autorización sanitaria, porque entra como combustible y no como residuo ni sustancia peligrosa, de acuerdo con la definición de peligrosidad que se da respecto de estas sustancias en el país. Si se ingresa como combustible, sin declarar que es residuo, la autoridad sanitaria se impone después de mucho tiempo de que este producto está ingresando. Eso es lo que ha ocurrido y hace aproximadamente un año estalló un escándalo por un conflicto de intereses entre las empresas eléctricas; pero es un conflicto en el cual la Comisión no tiene por qué tomar parte, sino simplemente mantener la neutralidad en el análisis de si es un producto peligroso para la salud o, en forma subsidiaria, para el medio ambiente -norma secundaria- y si Chile tiene la normativa para controlar la prohibición de este ingreso y la forma cómo se utiliza, si es autorizado su ingreso. En la actualidad, Chile no cuenta con una definición de residuo peligroso. En esta materia, cabe reiterar que el reglamento sobre el manejo sanitario de residuos peligrosos se encuentra en su etapa final y sí contiene una definición al respecto. Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales ha procedido a citar en el día de ayer a la ministra de Salud para la próxima sesión, con el objeto de que aclare definitivamente por qué no se ha dictado el reglamento sobre manejo de residuos sanitarios peligrosos en nuestro país, cosa que debiera haberse hecho hace muchos años, ya que es un secreto a voces la urgencia que existe para tener este cuerpo legal. Otro elemento por destacar es el que dice relación con la falta de ratificación de la última enmienda al Convenio de Basilea, que constituye la única disposición restrictiva y que prohíbe a los países industrializados exportar sus residuos peligrosos a países que no pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Chile votó favorablemente esta enmienda; sin embargo, no ha sido ratificada. La normativa aplicable son el Código Sanitario, artículo 90, y la ley Nº 18.164, artículo 2º. El primero de ellos establece que los servicios de salud tienen competencia para determinar qué sustancias son peligrosas, aunque, por cierto, falta la normativa específica, y el segundo, regula la internación de sustancias peligrosas, estableciendo como requisito previo la autorización del servicio de salud respectivo. Lo que ha sucedido en la práctica es que muchas sustancias peligrosas han ingresado bajo otras definiciones. Desde otro punto de vista, la Contraloría emitió un dictamen a través del cual establece que los servicios de salud tienen competencia para prohibir el ingreso de estas sustancias al país, de conformidad con lo que señala el artículo 90 del Código Sanitario, y que dichas prerrogativas debieran guardar concordancia con las instrucciones que el Ministerio de Salud emita al respecto.Situaciones que se han producido con algunas empresas que usan o han usado petcoke. Codelco no usa el petcoke como sustituto de un combustible, sino más bien como un combustible reductor para mantener las condiciones de proyectividad del ozono, que es otro problema. Por eso Codelco está utilizando petcoke de 120 dólares, de acuerdo con la información que nos dio el gerente de esa empresa. Es mucho más caro que el petróleo y el carbón. Lo usa no tanto por ser un combustible distinto, sino porque posee propiedades reductoras necesarias para las condiciones que requiere y para producir otras sustancias desde el punto de vista ambiental. El impacto ambiental del coque de petróleo (petcoke), depende básicamente de las instalaciones que se empleen y del tipo de uso que se le dé. Es así como se ha detectado que en calderas de lecho fluidizado con caliza se retiene la mayor parte de los contaminantes. En hornos de cemento ocurre algo similar. Este tipo de instalaciones, así como también los pliegues del procedimiento, retienen los compuestos de níquel y vanadio, sustancias adicionales a los sulfuros, peligrosas en la combustión del petcoke. De aquí que las técnicas de captura y lavado de gases, así como la transformación del dióxido de azufre en sulfato, pasan a ser elementos fundamentales en el momento en que se toma la decisión de autorizar a una determinada industria para usar este producto o este residuo. Para determinar si el petcoke es un producto o un residuo, se han tomado en cuenta distintos factores. Aquí se analizó lo que planteó Petropower, una industria nacional de la Octava Región que viene produciendo esta sustancia con autorización ambiental desde el año 1995, que fue catalogada como un producto combustible. Es utilizado en la producción eléctrica por Edelnor y Norgener, mientras que Guacolda lo ha usado durante algunos meses y está esperando el proceso de evaluación ambiental. Electroandina lo usó como combustible en su central térmica de Tocopilla. En el caso de Polpaico, su utilización cesó al surgir la polémica. Al no haber declarado las empresas que he señalado, con la sola excepción de Petropower, la utilización de este tipo de combustible, no se les exigió el abatimiento del azufre, de lo cual cabe inferir que sus plantas no fueron diseñadas con la tecnología que les permita abatir este tipo de impacto y, por lo tanto, no cuenta con la autorización respectiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Frente a estas situaciones, la Corema de la Segunda Región aplicó multas de 500 unidades tributarias mensuales, fundada en la falta de cumplimiento por parte de las empresas de las resoluciones de calificación ambiental. Edelnor y Norgener fueron multadas con 1.000 unidades tributarias mensuales. En la Tercera Región, la Corema aplicó una amonestación a la empresa Guacolda. Por su parte, el Servicio de Salud de la Tercera Región decretó sumario administrativo a la empresa Electroandina. De lo anterior, cabe concluir que el uso de este tipo de combustible en calderas con lecho fluidizado y en hornos de cemento genera impactos ambientales negativos. Su empleo en calderas convencionales incide en las emisiones de azufre y requiere de un adecuado manejo de las cenizas. El Ministerio de Salud -vuelve a aparecer el tema- se encuentra afinando un proyecto de reglamento sobre sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, a que alude el artículo 90 del Código Sanitario. ¡Hasta cuándo vamos a esperar en este país el reglamento sobre sustancias peligrosas! El jefe del departamento jurídico de la Conama señaló que ese organismo sólo había participado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la ley de bases del medio ambiente, que enumera las actividades o proyectos que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. En este sentido, aclaró que los proyectos de centrales termoeléctricas con una potencia superior a 3 megawatts, es decir, todas las que he mencionado, que ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental, nunca declararon que emplearían petcoke como combustible. Se ha llegado a la convicción, de acuerdo con lo anterior y en el caso específico del petcoke, de que el Ministerio de Salud debe decretar la prohibición o el establecimiento de requisitos especiales para el ingreso del mismo, motivo por el cual no compete a Aduanas impedir su importación. Como se acabó el tiempo y es un tema realmente importante, daré a conocer las consideraciones, conclusiones y proposiciones.Consideraciones generales. Una de las principales causas de los problemas de internación de residuos peligrosos al territorio nacional ha sido la ausencia de legislación que regule su ingreso. No obstante lo precedentemente expuesto, las autoridades de salud han adoptado medidas importantes. Es así como el subsecretario de Salud, con fecha 19 de junio de 1989, instruyó a los directores de los servicios de salud sobre la inconveniencia de otorgar autorizaciones sanitarias para la internación de cenizas de incineración o de otros desechos al territorio nacional. Hay una serie de disposiciones emanadas del Ministerio de Salud, que no citaré por falta de tiempo, pero que son muy importantes. La Comisión, al tenor del cometido entregado para realizar una investigación sobre la internación de residuos tóxicos, ha estimado necesario centrar dicho análisis, por las razones que señalé, especialmente -es casi emblemático el ejemplo del petcoke- en la internación de coque de petróleo, más conocido como petcoke.Conclusiones. Primero, la internación de petcoke fue ilegal, conclusión a la que llegó la Comisión por unanimidad, por cuanto no se dio cumplimiento a la normativa vigente, artículos 90 del Código Sanitario y 2º de la ley Nº 18.164, en lo que dice relación con la autorización sanitaria que al respecto establecen dichos artículos. Cabe señalar que la normativa que regula la prohibición de internación de estos productos carece de imperio suficiente para su cumplimiento, lo que unido a la debilidad de las autoridades de Salud y de Aduanas ha permitido el ingreso y utilización de petcoke en algunas regiones del país. Segundo, dados los distintos tipos de petcoke que se comercializan, como también los efectos que puede producir en la salud humana, se hace indispensable regular esta materia. Para ello, se deberá tener presente las concentraciones de sustancias potencialmente tóxicas, que lo definen como peligroso, de conformidad con las concentraciones de sustancias tóxicas inferiores a la definida para la calificación de peligrosas, establecida por el Ministerio de Salud, las cuales no podrán ingresar ni utilizarse en el país mientras no se dicte la normativa correspondiente. Este es un punto muy importante. Tercero, sin perjuicio de las resoluciones que adopte el organismo ambiental competente respecto de la viabilidad de un proyecto, la autoridad sanitaria podrá aplicar las restricciones que estime necesarias para asegurar la protección de la salud de la población, de conformidad con las facultades que le otorga el Código Sanitario. Cuarto, las sanciones vigentes no son lo suficientemente eficaces, por lo que cabría crear una figura penal para tipificar como delito el ingreso y utilización de residuos peligrosos y, en consecuencia, aplicar sanciones que guarden relación con el bien tutelado, que en este caso es la salud de la población. Posteriormente, figura un proyecto de acuerdo, que, me imagino, se leerá al final, por lo que no me corresponde hacerlo ahora. En el informe existen muchos más elementos que podrían haber ilustrado a la honorable Sala, pero, en aras del tiempo, aquí termino mi informe. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Entrando al debate del informe, tiene la palabra el honorable diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señora Presidenta, debo hacer presente que este discurso cuenta con el apoyo del diputado señor Alejandro García-Huidobro, con quien hemos compartido este informe. Al analizarlo, no cabe sino indicar que, frente al tráfico de desechos o residuos tóxicos peligrosos que se está produciendo en el país, el tema emblemático es el uso del petcoke, como decía el diputado señor Sánchez, sobre el cual debemos ser claros y transparentes. Invoco la transparencia porque la denuncia que se hizo en mi región sobre el uso del petcoke fue por intereses creados, y, no me cabe duda, por defender grupos económicos que se han instalado en la Segunda Región. Me pregunto, ¿por qué el Servicio de Salud de Antofagasta no tuvo la misma actitud de fiscalización sobre el uso del petcoke por otras empresas, como Codelco Chile, ya que su entonces presidente ejecutivo, don Marcos Lima, manifestó claramente que “el petcoke es utilizado en Caletones y Chuquicamata”? En el caso de Chuquicamata -dijo en esa oportunidad- “dado que hay una prohibición del Servicio de Salud, hemos suspendido su uso”. Es más, el mismo director del Servicio de Salud de ese entonces, señaló que se informó y tuvo conocimiento de que se estaba quemando petcoke, pero que claramente no era motivo de una fiscalización de su Servicio, por cuanto era la denuncia de un grupo económico interesado. Por lo tanto, como se explicó en la Comisión, las tres principales empresas eléctricas que operan en el mercado del Norte Grande están solicitando permisos para quemar petcoke -de hecho hoy se ha informado que el Consejo de ministros está tratando esta controversia-, y que, de lograrlos, ocurrirá que a un costo igual o menor que el de las empresas de gas natural se producirá energía en el Norte Grande, es decir, habrá más competencia. Esta situación es beneficiosa para el país, especialmente para mi región, dado el grado de inversión que se produce cuando los costos de ciertos insumos para las industrias son bajos. No cabe duda de que la controversia que motivó esta investigación fue de carácter económico, porque la puesta en marcha de empresas de gas recién llegadas a la región, sin tener definida una cartera de clientes en un mercado sobreofertado, resultó claramente perjudicial para sus intereses. Nadie discute la conveniencia de buscar soluciones a los problemas ambientales que sufre nuestra comunidad, en especial en aquellas zonas que por largo tiempo han sido contaminadas, como sucede en mi región. Ayer fue el arsénico; más tarde, el plomo, y hoy, el petcoke. Vale la pena preguntarse qué haremos para solucionar este problema de contaminación sin pasar por la destrucción empresarial, que sólo nos traerá cesantía y, muchas veces, la no inversión económica en nuestro territorio nacional. Ha quedado demostrado que en esta materia no tenemos normas claras, más aún si el marco jurídico se reduce, principalmente, al artículo 90 del Código Sanitario y al Convenio de Basilea, que muchas veces no es muy claro respecto de normativas por desarrollar en el país. Además, no existe una ley que regule de manera específica y metódica los aspectos relativos a la producción, generación, acumulación, recolección, trans-porte, tratamiento y disposición final de los denominados residuos peligrosos, como quedó demostrado en la investigación que realizamos. En cuanto a si la importación del petcoke en mi región fue ilícita, me parece que no, ya que se viene realizando con anterioridad a 1990, en cumplimiento a la normativa y regulaciones vigentes, es decir, contaba con el registro de importación y el chequeo respectivo. Es más, como lo señaló el señor Álvaro Sapag, jefe del Departamento Jurídico de la Conama, en Santiago -así consta en el informe-, en conformidad a la ley Nº 18.164, sobre destinaciones aduaneras, no se trata de un producto que requiera de la intervención del Servicio de Salud a su llegada a los puertos o en forma previa a su internación. Es válido también señalar que la empresa Electroandina, en Antofagasta, cuenta con una resolución ambiental aprobada por la Corema de la Segunda Región, que autoriza y aprueba expresamente la declaración para la descarga del petcoke, registro de aduanas, sección V 27.13, de ese servicio. Para la Cámara de Diputados quizás no sea lo más importante defender a ciertos grupos económicos que, con presiones o amistades, quieren hacer valer sus intereses por sobre los demás, sino rescatar de esta investigación la debilidad que tienen nuestras normas ambientales, lo cual hace que el Gobierno asuma un rol preponderante para entregar la institucionalidad que hoy necesita la Conama. En consecuencia, como lo describen las conclusiones de nuestro informe, cabe señalar que la normativa que regula la prohibición para internar estos productos carece del imperio suficiente para su cumplimiento. Además, es indispensable regular esta materia a la brevedad, porque no es posible que las normas aplicadas a una región sean diferentes a las de otra, con el claro perjuicio y discriminación que se produce en el caso de la Segunda Región con el petcoke y otros. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Arratia. El señor ARRATIA.- Señora Presidenta, voy a referirme a algunos puntos respecto del tema, que me parecen muy interesantes. En primer lugar, en el punto 2 de las consideraciones del informe, se establece que: “El Código Sanitario deja encomendada la regulación de las sustancias tóxicas y productos peligrosos a un reglamento, cuerpo legal que no ha sido dictado...”. Esto es importante destacarlo porque, sin lugar a dudas, en esta materia ha existido una falencia por parte de la autoridad. Luego, en el punto 3 se expresa: “A lo anterior se une la falta de ratificación por parte de nuestro país de las Enmiendas formuladas al Convenio de Basilea, durante la Tercera y Cuarta Conferencias de las Partes, en 1995 y 1998, que establecen la prohibición de exportar desechos desde países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Europeo hacia países no integrantes de dicha Organización...”. Lo anterior nos indica que la no ratificación del Convenio de Basilea se transforma en una herramienta perjudicial, que nos daña, porque no nos permite aclarar la situación del ingreso de residuos peligrosos al país. Sin embargo, junto a la legalidad o ilegalidad de este procedimiento, debemos hacer notar algunos elementos que nos parecen importantes. Se ha insinuado -y quiero recalcarlo fuertemente- que la preocupación fundamental no sólo deriva del problema medioambiental que se produce en el norte, sino de que existen dos gasoductos en esa zona que potencialmente pueden generar electricidad para un amplio territorio, y una sobreoferta del gas natural para generar electricidad. Por otro lado, a modo de competencia, aparecen otras empresas que empiezan a producir electricidad, como Edelnor, Electroandina, Guacolda y Norgener, utilizando un petcoke de baja calidad, que ingresa a un dólar la tonelada, pero que es altamente contaminante, con residuos de níquel, vanadio, metales pesados y concentraciones de azufre que oscilan entre 4 y 6 por ciento. Entonces, las empresas generadoras de electricidad a través de gas natural, rápidamente reclaman y se produce un conflicto que compromete de alguna forma, directa o indirectamente, a las autoridades encargadas de la fiscalización. Así, a pesar de que existe un reglamento, el jefe jurídico del Servicio Nacional de Aduanas, para justificar la internación “ilegal” del petcoke, dice en el informe de la Comisión que el Director de Salud de Antofagasta, en “resolución Nº 1.793, con fecha 10 de octubre de 1989, prohibió la importación al territorio de la II Región de residuos o desechos industriales...”. Respecto de esa resolución, que fue comunicada a la Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta a través del oficio ordinario Nº 3.907, de fecha 13 de octubre de 1989, el abogado del Servicio Nacional de Aduanas dice que no existe registro de haberse recibido sino hasta el 2 de marzo de 1999. O sea, aquí existe un problema de información, de transparencia, en el control y en el ingreso. Pero nos encontramos con la triste sorpresa de que, por un lado, el servicio de salud de la Segunda Región lo prohíbe y, por otro, el servicio de salud de la Octava Región, donde se utiliza petcoke de origen nacional, lo autoriza. A mayor abundamiento, cada región puede tener normativas distintas, pues no existe una de carácter nacional. ¿Qué significa esto? Que el mecanismo por el cual estamos controlando es mal aplicado y en esas condiciones, no podemos proceder. En segundo término, que estamos influidos, de alguna forma, por los grupos económicos que defienden sus intereses y que a veces, directa o indirectamente, presionan -así lo siento- a la autoridad -incluso, a los parlamentarios-, para que se sancione o no se sancione. Hoy, en mi opinión, la utilización del petcoke debe estar dada, fundamentalmente, por su poder de contaminación. Sabemos que es un desecho industrial porque contiene altos niveles de níquel, vanadio, metales pesados y azufre. El petcoke de buena calidad, que no contiene níquel, vanadio ni alto contenido de azufre, no debe ser considerado residuo; pero la normativa nacional no lo define ni lo aclara. En primer lugar, nuestra autoridad debe definir lo que no lo está. Hace mucho que estamos reclamando esa definición, porque su inexistencia también nos genera problemas en la Cámara de Diputados, como organismo fiscalizador. En segundo lugar, sabemos que si un petcoke de mala calidad es utilizado a través de un sistema de lecho fluidificado, todas las partículas nocivas son retenidas y pueden transformarse perfectamente en un producto que no provoca desechos y, por consiguiente, no contamina el medio ambiente. Debe normarse al respecto, y no sólo la calidad del petcoke debe influir en su utilización o no utilización, sino también su procedimiento. Acontece que, como dicho procedimiento, a través del lecho fluidificado, que no produce contaminación medioambiental, tiene un alto costo, algunas empresas quieren utilizar el petcoke sin emplear dicho sistema, lo que la autoridad no puede permitir porque perjudicará nuestra agricultura y la salud de las personas, garantizada en la Constitución. Es muy importante hacer presente que no vamos a ser parte de una pelea entre capitales, entre intereses económicos, entre empresas que quieren producir a más bajo costo para hace quebrar a otras, entre empresas que internan gas. Por ejemplo, en el norte hay dos gasoductos -en circunstancias que a lo mejor debiera existir sólo uno- que están compitiendo por producir a más bajo costo que las empresas que utilizan el petcoke de mala calidad. Tampoco vamos a permitir que, en el norte, empresas que generan electricidad utilizando sistemas contaminantes, con insumos de mala calidad, sigan produciéndola y contaminando, precisamente, a la agricultura y a la gente. Creo que debemos ir al fondo del problema. De la misma manera, debemos proceder respecto de la contaminación de Santiago. Hasta hoy, no ha sido aclarada la participación de los vehículos motorizados, camiones y buses, porque existen intereses económicos que la han ocultado. Asimismo, la calidad del combustible que produce la Enap no ha sido considerada, a sabiendas de que es la principal fuente de contaminación, porque hay intereses económicos muy poderosos que la están cubriendo. Por otra parte, los intereses económicos involucrados en la utilización del petcoke y en la internación de residuos industriales extranjeros no pueden condicionar la actitud de esta Cámara. Por eso, he querido formular esta denuncia y plantearla desde otro punto, diferente. Estamos por la transparencia, gústele a quien le gustare y duélale a quien le doliere. La culpa es, fundamentalmente, de los inte-reses económicos que hoy están perjudicando la salud y el bienestar de la población y entorpeciendo el quehacer de nuestras autoridades fiscalizadoras de los temas medioambientales. He dicho. El señor ROJAS.- Señora Presidenta, quiero hacer una consulta de procedimiento: ¿a qué hora se va a votar? La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- A las 13.30 horas, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Arturo Longton. El señor LONGTON.- Señora Presidenta, seré breve, porque el informe y las intervenciones de los colegas que me han antecedido han sido bastante elocuentes. Lamento que algunas empresas termoeléctricas nacionales utilicen petcoke, clasificado como desecho tóxico por organismos internacionales, como combustible para generar energía. Es lamentable, porque pareciera que Chile no quiere estar a la altura de los países desarrollados, que prefiere la internación de desechos tóxicos y que sus autoridades hacen la “vista gorda” cuando se interna, escandalosamente, un combustible que vale un dólar la tonelada; o sea, un negocio redondo. Es lamentable, asimismo, que, respecto de la central termoeléctrica Guacolda, diseñada para funcionar con carbón mineral, y donde no están dadas las condiciones tecnológicas para quemar petcoke sin liberar emisiones peligrosas para la agricultura, el agua y la población, la Corema, primero, y, la Conama, luego, hayan autorizado el uso de ese desecho tóxico. Quiero graficar mis afirmaciones con la lectura de un oficio, de fecha 2 de junio de 1999, dirigido a los directores regionales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, por Patricia Matus, jefa del Departamento de Descontaminación, Planes y Normas de la Conama. Dice que el coque de petróleo ha sido utilizado, como combustible alternativo, en diversas instalaciones, tales como hornos cementeros, centrales termoeléctricas. Afirma que el petcoke es un residuo de la industria de refinación del petróleo; que si en una instalación se quiere utilizar el coque de petróleo, el proyecto respectivo debe ser sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental; que los contenidos de vanadio, níquel y azufre pueden originar emisiones y/o cenizas que conduzcan a niveles de exposición inaceptables para la población; que el contenido de níquel tendría, como consecuencia, la clasificación del coque de petróleo como residuo peligroso dado su potencial carcinogénico comprobado, y que en el caso de industrias e instalaciones que estén utilizando el coque de petróleo sin autorización sanitaria, deberán solicitar dicha autorización e iniciarse los respectivos sumarios sanitarios. Reitero que aquí hay una autoridad de Gobierno: la jefa del Departamento de Descontaminación, Planes y Normas de la Conama. Entonces, uno no entiende cuáles son el criterio y los parámetros que se fijan en nuestro país en relación con la contaminación. Si una autoridad, una persona técnica con conocimientos en la materia, emite informes de esta naturaleza, es inexplicable que, tanto en el norte -como lo denunciaba el diputado Rojas- como en la zona específica de Huasco, se autorice la utilización de un desecho tóxico como el petcoke. Creo que estamos viviendo en un país que realmente no tiene claro qué es importante para la población, qué le hace daño a su salud y, en definitiva, privilegia los grandes negocios, un combustible muy barato pero tremendamente contaminante. Nosotros queremos apoyar en todos sus puntos el proyecto de acuerdo que se generó a raíz de la investigación y que se envíen al Congreso Nacional, próximamente, las enmiendas correspondientes al Convenio de Basilea, a fin de que se instaure un control definitivo de todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, adoptada por las Partes en las Conferencias III y IV, de 1995 y 1998, respectivamente. Asimismo, hacer presente la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que prohíbe el ingreso al territorio nacional de desechos provenientes de terceros países. Finalmente, lamentar que la Conama, presidida por la señora Adriana Hoffmann, no haya mantenido su actitud, que realmente nos satisfizo, y haya cedido ante las presiones. Pareciera que el capital, el dinero y -repito- las presiones políticas al interior del Gobierno, terminaron por torcer su voluntad. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Hago presente que el Partido por la Democracia dispone de cuatro minutos y que han solicitado la palabra tres señores diputados. Puede hacer uso de la palabra la señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señora Presidenta, seré muy breve, porque en realidad las intervenciones han sido muy claras. Sin duda, ha quedado de manifiesto que estamos ante un desecho nuclear industrial muy peligroso para la salud de la población, respecto de lo cual no hay normativa. Por lo tanto, ante la duda, se debe exigir la prohibición del uso del petcoke. Por otra parte, las denuncias de presiones revisten mucha gravedad. Lo importante es que la Cámara quede al margen de ello y haga lo que le compete en este tema. Por último, quiero hacer una consulta. En el informe se habla del petcoke que se ingresa, pero ¿qué ocurre con el que producimos, en particular en la Refinería de Petróleo de Concón, en la Quinta Región? ¿Esta situación fue objeto de investigación? ¿De qué manera podemos poner “un detente” muy claro? He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila. El señor ÁVILA.- Señora Presidenta, en esta discusión ha quedado de manifiesto la precariedad del país en cuanto a una normativa que proteja de manera efectiva el medio ambiente. El mundo desarrollado nos supera con un largo camino recorrido al respecto. Constituye un abuso incalificable de algunas potencias el trasladar todo lo que a ellos les causa daño, sobre todo en el ámbito medioambiental, al mundo periférico, en especial a África. Ese continente está saturado de elementos de toda índole que industrias europeas y norteamericanas han dispersado sin control alguno, dañando severamente la salud de aquellas poblaciones. Es triste estar en el nivel de tales pueblos, que, muchas veces, por diversas razones, tendemos a menospreciar. Chile sólo ahora empieza a tomar conciencia de esta situación. Si algún aspecto positivo puede tener la investigación llevada a cabo por los estimados colegas, es la de concluir en una propuesta formal al Ejecutivo para que se constituya un equipo multidisciplinario y con experiencia, llamado a generar la normativa que hoy, por desgracia, no existe. En consecuencia, aparte de contribuir con nuestro voto a la aprobación del trabajo llevado a cabo por la Comisión, quiero plantear de manera enfática la necesidad de dotarnos de la normativa necesaria para ejercer el control sobre estos residuos tóxicos. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra, hasta por un minuto, el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señora Presidenta, trataré de ser lo más objetivo posible. Los gobiernos de la Concertación heredaron una pesada y peligrosa situación ambiental. No sólo había urgencia por generar normas y crear una institucionalidad, sino, además, abordar muchas situaciones de contaminación que afectaban la salud de las personas y ecosistemas completos. Para ello, se normaron las emisiones de anhídrido sulfuroso. Una serie de industrias del Estado han invertido durante estos años -de manera insuficiente, pero lo han hecho- 960 millones de dólares en la ejecución de planes de descontaminación que les permiten cumplir con la norma vigente de SO2, de sulfuros y material particulado. Cabe destacar, además, que con esta inversión se ha disminuido, a nivel nacional, de 2 a 1 millón de toneladas las emisiones de SO2. La puesta en funcionamiento, con petcoke, de estas empresas que se han mencionado acá, volvería a aumentar la cantidad de sulfuro emitido en el país, en por lo menos 500 mil toneladas anuales, lo que significaría un tremendo retroceso. Chile no puede ser un territorio de residuos del mundo. Si abrimos la puerta a esta situación, mañana una panadería estará usando petcoke en el centro de Santiago, lo que sería inaceptable. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora, en el tiempo correspondiente al Partido Radical Social Demócrata. El señor MORA.- Señora Presidenta, no cabe duda de que, fundamentalmente, todos queremos velar por el cuidado del medio ambiente y por la salud de la población, marco en el cual debemos actuar con mucha transparencia, porque están en juego intereses económicos muy grandes. Sin duda, la llegada del gas a Chile abarató los costos de explotación para la producción de energía eléctrica, lo cual puso en graves y serios problemas a las empresas que operan con petróleo. Pero apareció el petcoke, que es más barato -está demostrado-, que el uso del gas. Como parlamentario, pregunto por qué no velamos para que los beneficios sean para los consumidores, para la población en general. Por lo tanto, a pesar de que debemos velar por la salud de la población y el medio ambiente y mientras no existan normas claras y precisas, ¿por qué debo impedir que se protejan intereses económicos de un sector que se siente perjudicado por el uso del petcoke? Lo lógico sería permitir el uso del petcoke y obligar al Gobierno a que, en un plazo no superior a los 90 días, realice los estudios serios y responsables, para determinar si su uso es factible y si es dañino para la población. Todos los estudios que han llegado del extranjero no demuestran con claridad que perjudica a la población. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Cerrado el debate.CONTAMINACIÓN DEL GRAN SANTIAGO. (Pendiente). Antecedentes: -Informe complementario de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 19ª, en 14 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 30. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Corresponde tratar el informe de la contaminación del Gran Santiago. Este tema ya fue debatido, sólo se encuentra pendiente su votación. ¿Habría acuerdo para votar los cuatro informes de una sola vez? Acordado. En votación los informes:1. De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, recaído en la investigación de eventuales responsabilidades administrativas en el Servicio Nacional de Pesca u otros servicios públicos con competencia en el manejo de recursos hidrobiológicos, especialmente en el manejo de la merluza austral;2. De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, recaído en la investigación acerca de distorsiones que se habrían producido entre los premios anunciados y el dinero efectivamente entregado a los apostadores, especialmente en los sorteos Kino y Loto, efectuados al finalizar el año 1999;3. De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, recaído en la investigación sobre el tráfico de desechos o residuos tóxicos peligrosos para la salud humana que se está produciendo hacia Chile, y4. De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, recaído en la investigación a funcionarios públicos por actuaciones en torno de la contaminación del Gran Santiago. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Cornejo (don Aldo), Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hernández, Jaramillo, Krauss, Kuschel, Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Prokurica, Reyes, Rocha, Sánchez, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas y Walker (don Ignacio). VI. INCIDENTESHOMENAJE A LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE ZAPATEROS “JUAN MARTÍNEZ DE ROZAS” CON MOTIVO DE SU CENTENARIO. Oficio. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- El primer turno corresponde al Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ (de pie).- Señora Presidenta, señores parlamentarios: En esta oportunidad, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, rendiré homenaje a una institución de mi ciudad, la sociedad de socorros mutuos de zapateros “Juan Martínez de Rozas”, con motivo del centenario que cumplió el 8 de julio. A fines del siglo pasado, un pequeño grupo de ciudadanos, cuyo oficio era el de zapatero, se reunió para echar las bases de una organización de ayuda mutua para su gremio, que en principio se llamaría “sociedad de zapateros de Concepción”. El 15 de enero de 1894, se estudiaron y redactaron los estatutos por los cuales habría de regirse esa sociedad. El 8 de julio de 1900, específicamente, en reunión general, a la que asistieron veintinueve socios, se le dio el nombre definitivo de “sociedad de socorros mutuos Juan Martínez de Rozas”, en recuerdo del ilustre y benémerito jurisconsulto, quien se afincó en la ciudad de Concepción y casó con la distinguida dama penquista Nieves Urrutia Manzano. En la primera junta general se designó la primera directiva, cuyo presidente fue don Zenón Vera. ¿Por qué rindo este homenaje? El sábado pasado, al cumplirse el centenario, hubo una sesión solemne, en la que estuvo presente el presidente nacional del mutualismo chileno -en el país hay más de quinientas sociedades mutualistas, que significan miles de socios-. En ella se planteó la necesidad de modificar sus estatutos para que esta institución -cuya existencia pasa el siglo, reitero-, y todas las de este tipo, se adecuen al momento que se vive, de manera que signifiquen mayores beneficios para sus socios. Quienes somos nacidos y criados en Concepción, sabemos lo que significa esta institución para miles de penquistas. Por ejemplo, en 1919, creó una escuela nocturna, la única en su género que logró una verdadera conquista. De sus aulas han salido muchos socios con oficios de peluquero, electricista, sastre y otros, quienes, en sus labores, se han destacado como especialistas. En 1922 se adquirió un amplio sitio en calle Ongolmo 1018, donde se instaló la primera sede social de dicha sociedad mutualista. En 1943, con el afán de dar mayores distracciones a sus asociados, creó la rama de rayuela, que se transformó en el ente relacionador y fraterno de las sociedades mutualistas de la provincia de Concepción. Cuando se pensaba que continuaría en ese lugar, se determinó, por decreto ley, la expropiación de la manzana completa en que estaba ubicada la sede, y la sociedad quedó sin ella. Pero la visión de un grupo de socios y dirigentes -muchos continúan-, permitió comprar la propiedad ubicada en Freire 1158, donde está la actual sede social. Es un edificio antiguo, con un fondo de alrededor de 70 metros, parte del patrimonio cultural de la ciudad. La reunión del sábado pasado fue de homenaje y reconocimiento a socios que, por más de cincuenta años, han plasmado el espíritu fraterno y de servicio público que caracteriza a esa institución. Con motivo de sus cien años, expreso mi reconocimiento a sus socios y dirigentes, todos servidores públicos con mayúsculas. Solicito que se remita mi intervención a la sociedad de socorros mutuos de zapateros “Juan Martínez de Rozas”, ubicada en Freire 1158, de Concepción, cuyo presidente es don Gardo Aravena Bravo. He dicho. -Aplausos. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio que corresponde, en nombre de los diputados señora Caraball y señores Jaramillo, Kuschel, José García, Encina, Ascencio, Luksic, Velasco, Salas, Gutiérrez, Reyes, Villouta, Arratia, Alvarado, Elgueta y Waldo Mora. EXCLUSIÓN DE VEHÍCULOS CATALÍTICOS DE LA RESTRICCIÓN. INCENTIVOS PARA LA INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS EN REGIONES. Oficio. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, soy de provincia, angolino, y ocasionalmente estoy de paso en Santiago; pero quiero salir en defensa de quienes, con gran esfuerzo, compraron un vehículo catalítico, como se solicitó hace cuatro o cinco años, con el fin de aminorar la contaminación y mejorar el medio ambiente. Como día a día crece la tentación de incluir en la restricción a los vehículos catalíticos, corresponde hacer una defensa de ellos, ya que sus propietarios pagaron más que por uno corriente. Se han conocido datos fragmentados de algunas encuestas, pero, según tengo entendido, en su mayor parte han sido telefónicas, lo que, lógicamente, permitiría a una persona que tiene dos o tres teléfonos emitir una opinión interesada. Por eso, a mi juicio, debe mantenerse la diferencia respecto de los catalíticos en cuanto a la restricción; de lo contrario, se jugaría con la fe pública de quienes los han adquirido. Ahora, si debe tomarse una medida, corresponde hacer estudios serios y formales, ya que las encuestas telefónicas posibilitan que personas que no poseen vehículos catalíticos se pronuncien en su contra y perjudiquen a sus propietarios económica y moralmente, por sentirse engañados luego de responder a una solicitud formal de las autoridades. Por otro lado, también apunta al mejoramiento del medio ambiente de Santiago la creación de un mecanismo que impida que las industrias sigan instalándose en esa ciudad. Quienes somos de provincia hemos dicho en reiteradas ocasiones que las industrias no se interesan en instalarse en regiones, debido a que el mayor porcentaje de consumidores está en la Región Metropolitana, con lo cual se sigue agravando la contaminación en la capital. En todo caso hoy, por la prensa, nos impusimos de que el Gobierno estaría pensando en crear incentivos especiales para impulsar la instalación de industrias en regiones. O sea, se caminaría en la misma línea que estoy señalando. Ojalá que esta vez se concrete la idea, pues es una aspiración de todas las regiones de Chile, en especial de las del sur, donde hasta el momento, a Dios gracias, contamos con mejor aire. Pido enviar oficio al ministro de Transportes en relación con lo indicado sobre los vehículos con convertidor catalítico. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Reyes, Gutiérrez, Elgueta, Alessandri y Mora.HOMENAJE EN MEMORIA DE DON LUIS OSVALDO REYES REYES, CONCEJAL DE FRESIA. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Víctor Reyes. El señor REYES (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara: Esta tribuna se utiliza normalmente para referirse a grandes acontecimientos o para rendir merecidos homenajes a personalidades destacadas que, por su importancia, condiciones, méritos, trayectoria, cargos desempeñados o dignidades de que pueden haber estado investidas, se han hecho acreedoras a un justificado reconocimiento público. Hoy, sin embargo, quiero apartarme de ese uso habitual para hablar de otro tipo de personas, de aquellas que no tienen espacio en los medios de prensa o en las pantallas de televisión, que pasan normalmente inadvertidas o no son noticia, pero que han hecho del servicio público y del servicio a sus semejantes la razón de ser de sus vidas, por lo que también merecen, al igual que las grandes personalidades, un reconocimiento y un homenaje. Me refiero en este caso a don Luis Osvaldo Reyes Reyes, concejal de la Ilustre Municipalidad de Fresia, provincia de Llanquihue, militante y dirigente del Partido Demócrata Cristiano e integrante y dirigente también de diversas organizaciones vecinales y sociales de esa comuna, quien a la edad de 52 años, cuando se encontraba en la plenitud de sus condiciones físicas y síquicas, ha fallecido en forma repentina e inesperada, provocando un profundo dolor en su estimada familia y hondos sentimientos de pesar y de solidaridad en sus amigos y camaradas y en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar con él y, en general, en la comunidad donde vivió y a la cual sirvió. “Lucho” o “Luchito Reyes”, como lo llamábamos con cariño, era un hombre bueno, abierto, sencillo, tal vez por su origen campesino, que con gran esfuerzo personal y familiar se fue formando y capacitando para ser el mejor en sus actividades; que siempre estaba dispuesto para las grandes tareas como también para las más pequeñas e insignificantes; su casa era la oficina donde llegaban quienes tenían algún problema y requerían de algún consejo o solución, pues su buena disposición y voluntad eran ampliamente reconocidas y, en cada acción o actividad que emprendía, dejaba el testimonio de su profunda vocación de servicio. Quienes abrazamos los principios del humanismo cristiano compartimos con él innumerables jornadas y supimos de su tremenda calidad humana. Por lo mismo, le pedimos que nos representara en el municipio de Fresia, lo que hizo en dos ocasiones consecutivas. Para la próxima elección había desistido voluntariamente de una nueva postulación, ya que había adquirido otros compromisos vinculados a su profunda fe cristiana, por lo que sus pasos futuros se encaminaban al servicio de Dios desde el diaconado. Por todo esto nos ha dolido su inesperado fallecimiento. En lo personal, su partida me ha afectado profundamente, más aún cuando ni siquiera pude acompañarlo en su funeral. Por ello me he permitido rendirle homenaje desde esta tribuna del Congreso Nacional, para testimoniarle, en forma póstuma, mi reconocimiento y personal gratitud por lo mucho que recibí de él; expresar a su esposa e hijos mi afecto y solidaridad y renovar ante los amigos, camaradas, vecinos y comunidad de Fresia el compromiso de continuar trabajando en la misma línea y por los mismos ideales a que siempre nos convocó Lucho Reyes, gran amigo y mejor camarada. Pido que el texto de esta intervención sea remitido, en mi nombre, a su viuda la señora Gladys Vidal, al Partido Demócrata Cristiano de Fresia y a la Ilustre Municipalidad de esa comuna. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Señor diputado, se procederá como lo solicita su Señoría. Personalmente, adhiero al sincero homenaje rendido a este ilustre hombre democratacristiano. También adhieren a lo solicitado los diputados señores Juan Núñez, Homero Gutiérrez, Sergio Elgueta, José Miguel Ortiz, Carlos Abel Jarpa, Enrique Jaramillo, Carlos Kuschel y Edmundo Salas.OBRAS Y PROYECTOS VIALES EN TALCA. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, quiero pedir el envío de varios oficios al ministro de Obras Públicas. El primero, con el objeto de que estudie la posibilidad de construir una o más pasarelas sobre la ruta 5 sur, frente a la ciudad de Talca, entre las calles 1 Sur y 8 Sur. Si bien la modificación de la ruta 5 sur en ese tramo ha significado indudables beneficios para todo ese sector, ha originado también dificultades en la comunicación entre distintos sectores poblacionales. Por una parte, ha separado las poblaciones Manso de Velasco y Panamericana Sur y, por otra, las personas ya no pueden atravesar en cualquier lugar como lo hacían antes, sino que, en algunos casos, personas de edad deben caminar ocho cuadras para cruzar por uno de los puentes. Hay una pasada en la calle 1 sur y otra en la 8 sur, lo cual es una distancia muy grande. La construcción de estas obras, muy útiles y rápidas, no significan un desembolso muy fuerte. Mediante un segundo oficio pido que informe acerca de la construcción de una variante proyectada construir en la ciudad de Talca, que comunicaría el puente sobre el río Claro -las obras se terminaron hace dos o tres años- con la ruta 5 sur. Se había acordado la construcción de esta variante, a fin de evitar el tránsito por el centro de la ciudad de los enormes camiones que transportan carga pesada desde las plantaciones de pino existentes en la zona costera, en el sector de Pencahue y Curepto, porque rompen el pavimento y dificultan el tránsito. Sin embargo, a pesar de ser tan necesaria, aún no se construye la variante que comunique en forma directa la salida del puente sobre el río Claro con la ruta 5 sur, de manera que los camiones cargados con esa pesada carga de rollizos no tengan que ingresar a la ciudad. Por último, pido que se oficie al ministro de Vivienda, a fin de que nos informe sobre el proyecto de macrointervención urbana para la ciudad de Talca. Se trata de un proyecto muy antiguo -hace unos cuatro años que se encuentra en ese ministerio- y se me ocurre que, a estas alturas, los estudios deben estar terminados, pero no se conoce ningún dato o señal que indique que se esté iniciando una construcción. Es un proyecto muy importante que normalizará el tránsito de Talca porque, como sucede en muchas ciudades de nuestro país, la línea del ferrocarril corta la ciudad en dos. Este proyecto de macrointervención resolverá el problema, porque se construirán pasarelas desde el sector oriente hacia el poniente, haciendo más expedito el tránsito. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Ortiz, Jarpa, Reyes, Elgueta, Riveros, Núñez y Kuschel.INFORMACIÓN SOBRE EX MINISTROS ACOGIDOS A BENEFICIOS DE RENUNCIA NO VOLUNTARIA. Oficio. El señor MORA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el honorable diputado señor Gustavo Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, después de escuchar a mi colega Isabel Allende esta mañana, quise responderle de inmediato, pero la Mesa me manifestó que, reglamentariamente, no procedía. Por eso, quiero valerme de parte de este tiempo de que dispone mi partido en la hora de Incidentes para recordarle a mi distinguida colega que el proyecto de ley sobre exonerados, en su oportunidad, fue votado por la totalidad de los diputados socialistas que asistieron a esa sesión. Asimismo, quiero recordarle el informe exacto y claro de nuestro distinguido y apreciado colega Enrique Jaramillo, a la sazón, informante de la Comisión de Hacienda, en la sesión 22ª, de miércoles 13 de mayo de 1998. Entre otras cosas, señaló lo siguiente: “La incorporación a los beneficios de la ley de los exonerados del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública posibilita, entonces, conceder 400 nuevas pensiones, con un costo en régimen de 439 millones de pesos y, por una sola vez, de 210 millones de pesos”. De manera que todos los diputados que asisten con regularidad a la Sala y que ponen atención a los informes que se entregan deberían haberse dado por notificados, en ese acto, de que la totalidad de los ex parlamentarios podían acceder a la reliquidación de sus pensiones. En consecuencia, no constituye una inmoralidad acogerse a una ley que debería alcanzar igualitariamente a todos los chilenos que en ese momento reunían los requisitos exigidos. Lo que sí constituye una inmoralidad es que dicha ley haya excluido a algunos diputados, contrariando claramente la Constitución Política del Estado. En aquella oportunidad no quisimos trabar el despacho del proyecto, porque conocíamos la extrema angustia económica en que se encontraban muchos ex colegas, no por haber sido perseguidos por el régimen militar, sino porque el desempeño de la labor parlamentaria empobrece, como bien lo saben muchos parlamentarios que se sientan en esta Sala. Los beneficios que se otorgan por ley son una opción, según la cual el favorecido tiene derecho a impetrarlos. En esta oportunidad, quiero destacar un acto que enaltece al señor Hermógenes Pérez de Arce, quien ha declarado públicamente que la totalidad del beneficio que él obtenga por este medio será entregado a la Fundación Augusto Pinochet Ugarte. Termino solicitando que, sobre esta materia, se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que nos indique qué ministros de Estado se han acogido, en los últimos diez años, al expediente de la renuncia no voluntaria y cuáles son los beneficios económicos que han logrado en sus jubilaciones en virtud de este discutido sistema. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores José García, Kuschel, Bertolino, Fossa, Jaramillo y del que habla.FACILIDADES PARA CAMBIO DE USO DE SUELO. Oficio. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, el 9 de junio pedimos el envío de un oficio, solicitando la habilitación de una ventana única en las municipalidades para atender los trámites que demanda el cambio de uso de suelo. Hicimos la petición, conjuntamente con los diputados señores Delmastro, Mora, Van Rysselberghe y la señora Rosa González, atendido el hecho -lo mencionamos en la sesión especial de ayer en la cual se analizó el caso de la pequeña y mediana empresas- de que es necesario hacer doce trámites. Por eso, mucha gente desiste de hacerlos o, simplemente, lleva a cabo las obras necesarias para un cambio de uso de suelo sin las autorizaciones correspondientes. Pues bien, ayer recibimos una respuesta del ministro de Vivienda, en la cual nos dice que debido a que diversas leyes y reglamentos lo impiden, no es posible acceder a nuestra petición. Lo que estamos pidiendo es que las personas interesadas en hacer un cambio de uso de suelo realicen los trámites pertinentes a través de la municipalidad. Ahora, si la municipalidad no cuenta con las facilidades del caso, que con la colaboración de la intendencia obtenga las autorizaciones, permisos, documentos, etcétera, de manera que no tenga que hacerlo el interesado. A eso nos referimos. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Vivienda, don Claudio Orrego, a fin de hacerle presente esta aclaración. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Pablo Galilea y del que habla.INSTALACIÓN EN PUERTO MONTT DE OFICINA ENCARGADA DE CONCESIONES PESQUERAS. Oficios. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, el otro punto que quiero plantear también tiene que ver con lo que discutimos ayer, ocasión en que sólo pude intervenir durante dos minutos. Solicito que en la ciudad de Puerto Montt se instale, no sé si una oficina o una subsecretaría de acuicultura. Tal como lo señaló el diputado señor Elgueta hace poco rato, durante la discusión del informe de la comisión especial encargada de estudiar la situación de la pesca artesanal, dicha oficina agilizaría los trámites de concesiones pesqueras, que tanto demoran. Una oportuna atención de las solicitudes permitirá -como lo señalé en la sesión de ayer- crear un gran número de fuentes de trabajo directas e indirectas, las cuales podrían solucionar largamente la cesantía que existe en la región y cambiarle la cara. Sabemos que el Presidente de la República designó al actual subsecretario de Pesca con ese propósito, pero en estos cuatro meses todavía no hemos visto ningún paso en ese sentido. Por eso, pedimos que se oficie al ministro de Economía, Minería y Energía y a la Subsecretaría de Pesca, a fin de que consideren la posibilidad de trasladar a la ciudad de Puerto Montt todas las decisiones destinadas a autorizar las concesiones lacustres, fluviales y, sobre todo, las marítimas, porque en nuestra zona se encuentra el gran potencial en materia acuícola. También quiero que se nos informe cuál es la distribución de las concesiones marítimas, pesqueras y fluviales que se concentran en nuestra región. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Pablo Galilea y de quien habla.PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y NO PAGO A PROVEEDORES POR LA MUNICIPALIDAD DE COIHAIQUE. Oficio. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, solicito que se oficie al Contralor General de la República para que, en cumplimiento de su función, realice una fiscalización de la situación que afecta al departamento de educación de la ilustre municipalidad de Coihaique, que dice relación con el pago de horas extraordinarias a funcionarios de la dirección de educación municipal, que serían excesivas y que han sido cuestionadas, tanto por los medios de educación como por los propios profesores y apoderados. En todo caso, resulta contradictorio que se hayan pagado millonarias cifras por horas extraordinarias a funcionarios del DEM de Coihaique, cuando existen serios antecedentes de que se deben cuantiosas sumas a auxiliares de la educación de varias escuelas de esta comuna. Además, solicito al Contralor que disponga se investigue si es efectivo que existen deudas impagas a proveedores. De existir estas irregularidades que he mencionado, solicito hacer efectivas las responsabilidades que las circunstancias ameritan para restablecer el orden administrativo. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Kuschel, José García y Jiménez.LEGALIDAD EN EL USO DE NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DEL GOBIERNO. Oficio. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, durante los últimos meses el país ha conocido la nueva imagen corporativa del Gobierno, la que está acompañada por la frase: “Gobierno de Chile”, sin duda, en clara alusión al mandato del Presidente Lagos. Esta imagen corporativa ha sido adoptada por todas las reparticiones estatales, es decir, ministerios y servicios públicos. Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones de la ley orgánica constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, la administración estatal tiene dos niveles: de gobierno y de administración. Se gobierna mediante los ministerios, pero se administra mediante los servicios públicos, los que son los encargados de satisfacer las necesidades colectivas de manera regular y continua. En ese contexto, no corresponde legalmente que los servicios públicos deban adoptar la nueva imagen corporativa del Gobierno, ni menos incluir en esa imagen la frase: Gobierno de Chile. Sin duda, se busca una identificación total entre el Gobierno del Presidente Lagos y la labor que desarrolla la administración del Estado en su conjunto, con claros fines políticos. De esta forma, estamos frente a una intervención del oficialismo en toda la estructura pública. Por otra parte, el diseño y ejecución de la nueva imagen corporativa del Gobierno ha significado importantes costos para el erario. Al respecto es necesario tener presente que desde el 14 de diciembre de 1999 rige en nuestro país la ley Nº 19.653, sobre probidad aplicable a los órganos de la administración del Estado. Dicha ley establece que la administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativa. También dispone esta ley que las autoridades de la administración del Estado, cualquiera sea la denominación con que las designe la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la administración pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Este principio consiste en llevar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. La ley explicita que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. El interés general, según la ley, se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas, en lo razonable e imparcial de sus decisiones, en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones, en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales y en el acceso ciudadano a la información administrativa en conformidad a la ley. Además del principio de probidad administrativa, destaca en la ley Nº 19.653 el principio de transparencia, de manera que se permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en virtud de ella. Sobre la base de lo expuesto, solicito que se oficie al Contralor General de la República con el propósito de que informe acerca de la legalidad del uso de una imagen corporativa única, tanto para ministerios como para servicios públicos, así como también sobre su compatibilidad o incompatibilidad con las normas establecidas en la ley sobre probidad aplicables a los órganos de la administración del Estado. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Pablo Galilea, Kuschel y de quien habla. En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.CORRECCIONES EN LA APLICACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, ayer se vivió una de las sesiones históricas en esta Sala. Histórica, porque tratamos sobre la recuperación económica de nuestro país y, en especial, la medidas tomadas para la reactivación de la pequeña y mediana empresas, para que salgan del letargo y, a lo mejor, no sólo del endeudamiento, sino del abandono a que ha estado sometido este importante sector. En economía, en esta Sala, se ha dicho mucho; pero se concreta poco. Además, los economistas son complicados por excelencia. Lo concreto de ayer, entiendo, fue extender hasta el 31 de diciembre de este año el fondo de garantía para el pequeño empresario -el Fogape- y también la línea B 13, de reprogramaciones para pequeñas empresas de la Corfo, que es una forma de ayudar a las comentadas Pyme, ¿pero a qué? A salir de la crisis en que se encuentran, no de este mal sistema económico imperante que, en mi opinión muy personal, no debería seguir aplicándose. En nuestro país, hemos venido cometiendo una suerte de pecado de exceso. Es la imitación y adopción de ideas, valores y modelos provenientes del extranjero, normalmente de Europa y de Estados Unidos. A la ortodoxia conservadora de los inicios del siglo XIX, le siguió la demoliberal de mediados y finales de ese siglo y, luego, la nacionalista y, a posteriori, la socialista en sus versiones social demócrata y marxista. Desde los primeros meses del régimen militar, un grupo de jóvenes economistas e ingenieros comerciales, provenientes de universidades norteamericanas, son llamados por los detentores del poder para hacerse cargo de las finanzas públicas. Al principio, sus métodos de análisis y propuestas de acción chocaron y se enfrentaron con las posturas conservadoras nuestras y neocorporativistas de algunos militares de alto rango. No hubo debate público ni discusión de “proyectos país”. Al cabo de un par de meses, Chile adscribe a los postulados del neoliberalismo, que encontraba en Milton Friedman un paradigma del pensamiento y la práctica económica, y en filósofos como Von Jayeck y Popper, los ideólogos. Hasta el día de hoy, cuando han pasado más de 26 años, y pese a tres ministros de Hacienda provenientes de gobiernos democráticos, en lo central, los postulados de la economía neoliberal siguen vigentes. Con altibajos, con crisis y consecuencias sociales nefastas, lo esencial de los postulados neoliberales siguen siendo aplicados en nuestro país, sin que exista una masa de pensamiento crítico capaz de plantear una alternativa al modelo vigente. Ese es el punto. Es que el neoliberalismo tiende a eso. Por algo en Europa lo señalan como el pensamiento único. Gracias a la caída de los socialismos reales y la crisis de las ideologías, pasó a ser políticamente incorrecto formular críticas al modelo. Hay una hegemonía discursiva que es necesario revertir. Pero desde Chile, desde un frágil país tercermundista, pues eso somos, nuestras miradas se alejan, muchas veces, de lo que pasa en lo cotidiano de la gente que tiene menos y de los que no tienen nada. De los que no disfrutaron de los beneficios de los años buenos del modelo, de las vacas gordas, como decimos. Es el mundo de los que no viajaron a Cancún, ni se compraron un auto coreano o japonés, o accedieron a la telefonía móvil o al Internet de hoy, y ni siquiera pudieron sobreendeudarse en el sistema financiero. Ese es el mundo frágil en el que disimuladamente y sin medidas concretas, decididas y puntuales, este sistema no busca un resultado en ese sector tan lejano de nosotros mismos. Nuestras autoridades económicas siguen obsesionadas por la macroeconomía, por la mantención de los equilibrios, por el control férreo de la moneda. Pero de la gente que vive con 90 mil pesos mensuales, ¿quién se ocupa? De la microeconomía, de la sobrevivencia diaria, ¿quién se encarga? No es necesario ser ultra para ver la pobreza en las ciudades de Chile. Los temporales se vieron por televisión y aquellos que no conocían nuestra pobreza, allí lo comprobaron. Se trata sólo de terminar con el ensimismamiento en que viven algunos, fruto de sus miradas hiperideologizadas. ¡Quién mira el campo chileno! Desde hace mucho está en crisis. La pobreza del pequeño y mediano propietario agrícola conmueve hasta los corazones más duros. ¿Pero quién conoce el campo? Si al campo vamos de paseo. ¡Qué bien lo pasamos! ¡Qué lindo es! ¡Mira los árboles, mira el verde! Y allí hay chilenos que dejaron de ser parte de la economía chilena, de este neoliberalismo que nosotros no hemos atacado con dureza, al decir que no nos corresponde, como país subdesarrollado, seguir en esto, salvo quienes, al parecer, siguen con sus miradas puestas en Washington, en la sede del Fondo Monetario Internacional, donde está un gran amigo de quien les habla, Eduardo Aninat. Bien por él, pero discutible la acción que realiza en el mundo económico este Fondo Monetario. Pero, ¡sorpresa! desde el centro mismo del poder económico global, uno de sus más representativos jerarcas, el ex director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, de paso por Argentina hace un par de días, reconocía que el organismo internacional falló en la tarea de “corregir la creciente desigualdad en la distribución del ingreso que acompaña a la globalización”. Más aún, el prestigioso economista señaló que “el combate contra la pobreza es una cuestión de máxima importancia y no debe seguir siendo considerada como tabú. Ahora sabemos mejor que la pobreza es, para un mundo que se globaliza, un riesgo sistémico básico y hay que encontrarle respuesta”. Y concluyó insistiendo en que el “nuevo paradigma de la economía mundial será el combate contra las desigualdades y, por ende, es necesario hacer que la palabra “redistribución” se ponga de moda nuevamente, ya que el crecimiento con estabilidad no basta y hay que lograr crecimiento con calidad social”. Para terminar, debo insistir en lo oportunas que son estas palabras, provenientes de una persona que durante más de una década dirigió, en parte, los hilos de la economía mundial. Ojalá que lleguen a oídos de todos, especialmente de algunos dirigentes políticos y autoridades de este pequeño país llamado Chile, y ojalá que exista el valor para asumir los desafíos que en ellas van envueltos. Pienso, pienso y lo digo: una tributación acorde con lo que se tiene es la gran deficiencia de hoy. No cumplen con su país quienes más provecho de él tienen. Eso es, en concreto, una medida difícil, pero oportuna. He dicho. -Aplausos.ATENTADO A MENOR EN COLEGIO DE COMUNA DE INDEPENDENCIA. Oficios. El señor JIMÉNEZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, esta última semana me he reunido en diversas ocasiones con padres y apoderados del Liceo A-80, “José Manuel Balmaceda”, de la comuna de Independencia. Me han llamado los padres para denunciar la violación de que habría sido víctima su hijo de 7 años de edad. Habría sido objeto de estos abusos en el propio colegio. Esto está por probarse y estudiarse por la justicia. La madre llevó al niño al Instituto Médico Legal; la abuela se ha puesto en contacto conmigo. He hablado con el director del colegio; conozco al alcalde, Antonio Garrido, que está preocupado de esta situación. Es muy difícil probar los abusos sexuales sobre un menor, toda vez que puede no existir ni restos de semen, ni sangre, ni daños visibles. La crudeza con que hay que hablar estas cosas acongoja, sobre todo cuando se trata de un menor. Nos da vergüenza siquiera tener que conversar de este tema. Y así sucedió casi durante 50 años, porque desde esa fecha las estadísticas no registran abusos sexuales sobre menores en los colegios. Los niños no hablaban y los padres no se atrevían a dirigirse a la autoridad y ésta no la asumía tampoco. ¿Cómo prueba el hecho? ¿Cómo lo demuestra cuando el niño no tiene los rastros evidentes? Y muchas veces los niños tienen temor cuando comienza ese interrogatorio. ¿Cuántos casos similares a éste existen? Cada día se conocen más gracias a la disposición de los niños, de los padres y de la educación que la familia le da a los niños para que confíen en sus padres. Fíjense que esto es algo que puede ocurrir en cualquier colegio y, de hecho, así sucede. Quiero pedir, señor Presidente, que se oficie a la ministra de Educación, al Sename, al subsecretario del Interior, cuya sensibilidad particularmente conozco; a las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Familia de nuestra Cámara para darles a conocer esta intervención, porque, en mi opinión, es hora de que dejemos de limitarnos a la denuncia de estos horrores y pasemos a tomar algunas medidas a lo menos en dos líneas: prevención y sanación. Alguien puede argumentar que los abusos a menores no siempre terminan en violaciones. ¿Alguien puede dimensionar el dolor que siente un niño cuando es sometido a una vejación de tipo sexual, toda vez que la formación natural del ser humano está ligada al afecto y no a la violencia? ¿Alguien puede imaginar la repercusión en la formación de un niño al sentir los impulsos de la sexualidad de otro ligados a un acto de forzamiento y no de afecto? Esto no es sólo un hecho policial -aunque, por cierto, lo es y debe ser investigado por la justicia, la que deberá aplicar las sanciones correspondientes-, sino, además, un drama educacional que se vive en nuestros colegios. En la línea de la prevención, en primer lugar es necesario que el Ministerio de Educación establezca con claridad parámetros para definir capacidades y responsabilidades a la hora de contratar personal docente, paradocente, auxiliares, aseadores, cuidadores y todos aquellos en quienes los niños confían con su absoluta inocencia. Por lo demás, son los padres quienes acostumbran a denominar con el apelativo de “tíos” a todos quienes forman parte del ámbito educacional. En segundo lugar, es menester evaluar a estas personas. Alguien me señaló que en el caso que denuncio, el funcionario tenía 30 años de servicio. Sin embargo, la gente cambia y es necesario evaluarla. ¿Por qué se evalúa a la gente a la hora de entregarle licencias de conducir y no se hace lo propio con los que tienen la responsabilidad de cuidar niños? En tercer lugar, deben existir normas para el uso de los espacios. Todo el mundo sabe que ocurren situaciones extrañas en baños, camarines o cuando los niños deben cambiarse de ropa. En cuarto lugar, sería positivo repartir a los niños un instructivo preventivo, de modo que sepan cómo cuidar su sexualidad y enfrentar la de terceros. En cuanto a la línea vinculada con la sanación, es necesario instruir a nuestros niños cuando se produzcan estos hechos y prevenir al colegio y a las familias en cuanto a cómo ayudar a sanar esta herida brutal. Nuestros colegios son especialistas para enfrentar terremotos, para cuyo efecto existe el llamado plan “Deyse”. Hasta los párvulos saben cómo actuar ante una situación como ésa. Sin embargo, nadie sabe cómo enfrentar el brutal terremoto sicológico que sufre un niño cuando es sometido a abusos sexuales en cualquiera de sus formas, aunque no se consume plena y totalmente la violación sexual. Sabemos cómo enfrentar los terremotos que ocurren en la tierra, pero no los que se producen en el alma, en el corazón y en las familias. La madre y la abuela del pequeño conversan conmigo una y otra vez, de día y de noche. ¿Por qué? Porque están desesperadas y algunos ponen en duda si el niño fue plenamente violado. Además, como consecuencia de una declaración que parecía dubitativa, se ha puesto en duda la veracidad del hecho y su honor. Éste no es un caso aislado, son decenas de miles los que ocurren todos los días: manoseos, miramientos y otro tipo de conductas que no quiero mencionar, pero que nuestras familias conocen muy bien. Nuestras familias dejan a sus niños en los colegios, y ellos se entregan con el rasgo dominante que los distingue: la inocencia. Ellos creen en estos “tíos”. La gran mayoría de los profesores y personal paradocente es gente maravillosa, y estas excepciones enlodan el perfil de su conducta general. Es necesario diseñar un instructivo de sanación que apunte a la educación de los padres. Ellos no saben cómo comportarse y se desconciertan cuando deben enfrentarse a casos como éste. Por último y siempre en esta línea, es menester que el Ministerio de Educación implemente una asesoría especializada de tipo jurídico para que las familias sepan cómo enfrentar estos casos. La familia de este niño me ha confiado nombres, entre ellos el del pequeño, pero no quieren que se divulgue. Ellos me han dicho que, al parecer, los antecedentes que se tienen impiden que la Corporación de Asistencia Judicial los asesore. Por ello -reitero-, es necesario implementar una asesoría jurídica especializada. Esto puede ocurrir en cualquier colegio de Chile. Así lo hemos planteado a la autoridad municipal y en tal sentido apuntan los oficios que he solicitado. He dicho. El señor JIMÉNEZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz, Mora, Jarpa y Jiménez. En el tiempo del Comité del Partido Socialista, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.25 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio del Senado mediante el cual establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares. (boletín Nº 1241-03) (S) Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 3.063, de 1979:1. Agrégase al inciso segundo del artículo 26, a continuación de su punto final (.) que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Las limitaciones y autorizaciones señaladas no se aplicarán a la microempresa familiar. Con todo, el decreto supremo Nº 60, del Ministerio de Salud, de 1982, llamado Reglamento Sanitario de los Alimentos, regirá para estas actividades. Se entenderá por microempresa familiar aquélla que reúna los siguientes requisitos:a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación familiar;b) Que en ella no laboren más de cinco trabajadores extraños a la familia;c) Que sus activos productivos no excedan de 500 unidades de fomento, yd) Que tenga un promedio de ventas inferior a 250 unidades de fomento mensuales.”.2. Agréganse al artículo 26 los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos: “La microempresa familiar señalada en el inciso segundo podrá desarrollar cualquier actividad económica lícita, con la sola limitación de que no podrá producir ruidos, gases, humos u olores molestos o contaminar en cualquier forma. Para acogerse a los beneficios señalados, a los contemplados en los artículos 22 y 84 del decreto ley Nº 824 ley sobre Impuesto a la Renta; al artículo 29 y siguientes del decreto ley Nº 825, ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, y demás que favorezcan a la microempresa, el interesado deberá inscribirse en la municipalidad respectiva y acompañará una declaración jurada en la que conste que es legítimo ocupante de la vivienda en que se desarrollará la actividad empresarial. Si la vivienda es una unidad de un condominio, deberá contar con la autorización del Comité de Administración respectivo.”. Artículo transitorio.- El Presidente de la República reglamentará la aplicación de esta ley dentro del plazo de seis meses contado desde su publicación.”.-o- Dios guarde a V.E., (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario (S) del Senado”.2. Oficio del Senado mediante el cual se autoriza la subdivisión de un predio rústico en favor de las personas que indica. (boletín Nº 2223-01) (S) Con motivo de la Moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo único.- Agrégase la siguiente nueva letra j) al artículo 1º del decreto ley Nº 3.516, de 1980: “j) Cuando se trate de transferencias a cualquier título y por una sola vez, a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, para construir una vivienda para sí mismo. En este caso, no podrá transferirse más de un lote por ascendiente o descendiente y la superficie de éste no podrá tener una cabida inferior a los quinientos, ni superior a los mil metros cuadrados. Los lotes que se transfieran tendrán prohibición legal de enajenar por 5 años, la que deberá ser inscrita de oficio por el respectivo Conservador de Bienes Raíces. Lo dispuesto en esta letra procederá sólo respecto de predios que no hayan sido originados en subdivisiones efectuadas de acuerdo a este decreto ley, y cuyo avalúo fiscal no exceda al equivalente de UF 1.000.”.”.-o- Dios guarde a V.E., (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario (S) del Senado”.3. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que establece la obligación de indicar en el decreto promulgatorio de una ley el nombre de los autores de la iniciativa. (boletín Nº 2486-07-1)“Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los diputados Jaime Orpis Bouchón y Roberto Delmastro Naso.I. INTRODUCCIÓN. La legislación vigente en materia de promulgación de las leyes no contiene normas especiales acerca del contenido de este trámite que, para algunos, tiene por objeto fijar el texto de la ley, admitir su existencia y fuerza obligatoria, y, para otros, atestiguar al cuerpo social la existencia de la ley y ordenar su ejecución como tal. Es la atestación solemne de que existe una nueva ley y que en su gestación y dictación se han observado las normas constitucionales. Tampoco nuestra legislación dice mayor cosa sobre la forma en que habrán de publicarse las leyes, pese a que ambos trámites son indispensables para que la ley tenga plena validez y fuerza de obligar. La Constitución Política de la República señala en su artículo 32, Nº 1º, que es atribución especial del Presidente de la República, concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas. Su artículo 69, por su parte, establece que, aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. Su artículo 70, que regula las observaciones o vetos del Presidente de la República, dispone que si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación. Agrega el mismo precepto que si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación. Su artículo 72 se pone en la situación de que el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días contados desde su remisión, caso en el cual se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. Si el Congreso cerrare sus sesiones antes de cumplirse los treinta días en que ha de verificarse la devolución, el Presidente lo hará dentro de los diez primeros días de la legislatura ordinaria o extraordinaria siguiente. La promulgación, acorde con este precepto, debe hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente. La publicación, por último, debe hacerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. Su artículo 82, Nº 5º, confiere al Tribunal Constitucional la facultad de “resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda o dicte un decreto inconstitucional”, cuestión que puede promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiere el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. Acorde con el artículo 48 de la ley Nº 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, la sentencia que, al acoger el reclamo, promulgue la ley, rectifique la promulgación incorrecta o declare la inconstitucionalidad de un decreto, se remitirá a la Contraloría General para el solo efecto de su registro. Cumplido dicho trámite, ésta ordenará de inmediato su publicación en el Diario Oficial, la que se efectuará dentro de los cinco días siguientes. Esta nueva publicación, en su caso, no afectará la vigencia de la parte no rectificada del fallo. La ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no contiene en la actualidad norma alguna sobre la promulgación y publicación de la ley. El Código Civil, en su artículo 7º, señala que la publicación de la ley se hará en el Diario Oficial y que desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria, y que la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de que en cualquier ley puedan establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia. Esto es todo lo que hay en nuestro ordenamiento jurídico acerca de la promulgación y publicación de la ley, cometidos que corresponden al Presidente de la República. La Constitución no detalla el contenido ni la forma como se practica la promulgación, pero establece, como se ha visto, que debe realizarla el Presidente de la República y, como toda orden suya, no puede ser obedecida si no lleva la firma del Ministro respectivo, según previene el artículo 35 de la Carta Fundamental. Para cumplir con esta tarea, el Presidente de la República debe dictar un decreto promulgatorio, que va a la Contraloría General de la República para su registro. En ese decreto, que es el que en definitiva se publica en el Diario Oficial, se emplea tradicionalmente la fórmula: “Teniendo presente que el honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley (-se transcribe el texto-) Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República”. Luego vienen el lugar y la fecha, así como el nombre del Presidente de la República, con indicación de su cargo y el nombre y cargo de los ministros que correspondan, para terminar con la frase “Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda atentamente a Ud.”, seguida del nombre y cargo del subsecretario que corresponda. En el oficio de ley por el cual se comunica al Primer Mandatario la aprobación de un proyecto de ley por el Congreso Nacional, en el decreto promulgatorio y en la publicación de la ley en el Diario Oficial, no existe ninguna mención de la forma en que se dio inicio al proyecto, esto es, si lo fue por mensaje del Presidente de la República o por moción y, en este último caso, sobre el nombre de los diputados o senadores autores de la misma.II. FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN. Para los autores de la moción, la ausencia de una norma que establezca requisitos especiales que regulen adecuadamente el contenido del decreto promulgatorio de una ley ha generado la ocurrencia de una situación extremadamente injusta, pues en ninguna parte de ese documento se indican los autores de la iniciativa. En el caso de que se haya iniciado el proyecto por mensaje, la situación descrita no es de extrema gravedad, pues la promulgación corresponde al Presidente de la República y muchas veces se efectúa en una ceremonia pública, con participación suya, de ministros de Estado y autoridades de Gobierno, representantes de la comunidad, etc., con lo cual queda debidamente garantizada su participación en el proceso formador de la ley. La situación descrita les parece particularmente grave en el caso de las mociones, pues sus autores o no participan en estas ceremonias, o no son invitados a ellas, o no son mencionados en el transcurso de las mismas, con lo cual quedan en el más absoluto anonimato, desconociendo la ciudadanía el papel que han tenido en la génesis de la iniciativa que se promulga, como integrantes de uno de los cuerpos colegisladores, como es el Congreso Nacional a través de alguna de sus ramas, el Senado o la Cámara de Diputados.III. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES Y CONTENIDO DEL PROYECTO. El proyecto busca reparar la falta de mención de los autores de una iniciativa legal en el respectivo decreto promulgatorio, imponiendo la obligación de indicar expresamente en él el nombre de los diputados o senadores autores de la moción. Con el propósito anterior, se propone un proyecto de ley que consta de un artículo único, por el cual se dispone que en el decreto mediante el cual el Presidente de la República disponga la promulgación de un proyecto de ley, conforme lo dispone la Constitución Política, deberá indicar expresamente el nombre de los diputados y senadores autores de la moción. IV. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO. La Comisión, atendida la circunstancia de tratarse de una iniciativa que consta de un artículo único, que introduce en nuestro ordenamiento jurídico una norma específica acerca del contenido de los decretos promulgatorios de las leyes, acordó discutirla en general y en particular a la vez. Después de analizar la iniciativa original y sus fundamentos, hubo coincidencia de pareceres en la Comisión acerca de la necesidad de legislar sobre la materia a que se refiere. Como consecuencia del debate producido, se llegó a la conclusión de que la idea del proyecto se materializaba de mejor forma si se establecía la obligación de mencionar a los autores de un proyecto en el oficio de ley por el cual se comunica al Presidente de la República su aprobación por el Congreso Nacional, en el decreto promulgatorio y en la publicación en el Diario Oficial, pues los tres instrumentos están íntimamente relacionados entre sí y uno sirve de antecedente del otro. Al margen de lo anterior, a la Comisión le pareció razonable que en estos tres instrumentos se indique, cuando corresponda, que el proyecto ha tenido origen en mensaje del Presidente de la República, con lo cual la proposición resulta aplicable a ambas situaciones. Atendido lo expresado, se presentó indicación sustitutiva suscrita por los señores Ascencio, Delmastro, Elgueta, Krauss, Orpis, Walker, don Ignacio, y señora Soto, que recoge los planteamientos anteriores.-o- Cerrado el debate y puesta en votación la indicación sustitutiva, se aprobó en general y en particular por unanimidad. A continuación, la Comisión debatió si la norma debía ser incorporada en un proyecto de ley independiente, o en el Código Civil o en la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, como se hiciera con el proyecto Bol. 2375-07, como ya se ha expresado. En definitiva, descartada la idea de incluir la norma en el Código Civil, se optó por introducirla en la ley Nº 18.918, con algunas adecuaciones formales, por considerar que la promulgación y publicación constituyen importantes institutos de la fase conclusiva o integradora de la eficacia de la ley.V. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS. Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento, se hace constar lo siguiente:1º El artículo único del proyecto, en cuanto incide en una materia relacionada con la tramitación interna de las leyes y modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, tiene el carácter de norma orgánica constitucional.2º El artículo único no requiere de informe de la Comisión de Hacienda.3º El proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular, por unanimidad.4º No hubo artículos rechazados por la Comisión.VI. TEXTO APROBADO. En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os pueda dar a conocer en su oportunidad el señor diputado informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguientePROYECTO DE LEY Artículo único.- Agrégase en la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, el siguiente artículo 58, nuevo: “Artículo 58. La publicación de las leyes, efectuada en conformidad al artículo 7º del Código Civil, deberá indicar el nombre de los diputados o senadores autores de la moción o la circunstancia de haberse iniciado por mensaje. Para el efecto señalado en el inciso precedente, el oficio en que la Cámara de origen comunique al Presidente de la República que el Congreso Nacional ha dado su aprobación a un proyecto de ley deberá incluir, a título informativo, la referida mención, la que será citada en el correspondiente decreto promulgatorio”.VIII. DIPUTADO INFORMANTE. Por acuerdo unánime de la Comisión, se acordó designar diputado informante al señor Jaime Orpis Bouchón. Sala de la Comisión, a 4 de julio de 2000. Tratado y aprobado, conforme se consigna en el acta de la sesión de igual fecha, con asistencia de los diputados y diputadas Laura Soto González (Presidenta), Gabriel Ascencio Mansilla, Francisco Bartolucci Johnston, Juan Bustos Ramírez, Juan Antonio Coloma Correa, Sergio Elgueta Barrientos, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Alberto Espina Otero, Pía Guzmán Mena, Enrique Krauss Rusque, Zarko Luksic Sandoval, Aníbal Pérez Lobos e Ignacio Walker Prieto. (Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Secretario de la Comisión”.4. Oficio de la Corte Suprema. “Of. Nº 001200 Ant.: AD-16.297 Santiago, 5 de julio de 2000. Por oficio Nº 2.886, de 13 de junio último, V.S. ha enviado a esta Corte Suprema y en conformidad con lo establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, copia de un proyecto de ley -iniciado en moción- que regula las comunicaciones electrónicas. Boletín Nº 2512-07. Reunida esta Corte en Tribunal Pleno, con fecha cinco de julio en curso, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Faúndez, Carrasco, Correa, Garrido, Navas, Libedinsky, Benquis, Chaigneau, Rodríguez, Cury, Pérez, Álvarez Hernández, Marín, Yurac y Espejo acordó informar en la siguiente forma: El artículo 34 del proyecto de ley establece las infracciones de las normas reguladoras de la firma electrónica y los servicios de certificación, infracciones que clasifica de gravísimas, graves y leves, las que describe, y cuyo incumplimiento acarrea sanciones de pago de una multa a beneficio fiscal, que fluctúa entre 100 y 5.000 UTM por cada infracción, de acuerdo al carácter de la misma. Además, como sanción -sin perjuicio de la multa- el autor de una infracción gravísima perderá el derecho a prestar servicio de certificación por un plazo de 10 años y similar sanción se aplicará al autor de una infracción grave en caso de ser reincidente. El artículo 35 del proyecto de ley, a su vez, establece que antes de aplicarse sanción alguna, la Subsecretaría de Telecomunicaciones deberá notificar previamente al infractor del o de los cargos que se formulan en su contra. El afectado, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la notificación, deberá formular sus descargos y, de estimarlo necesario, solicitar un término de prueba para los efectos de acreditar los hechos en que basa su defensa. Sus descargos deberán formularse por escrito ante el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señalar los medios de prueba con que se acreditarán los hechos que los fundamentan, adjuntar los documentos probatorios que estuvieren en poder del imputado, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago. Vencido el plazo para el traslado, sin la respuesta del afectado o, si existiendo descargos, no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones resolverá sin más trámites. En caso de existir descargos y haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el ministro recibirá la causa a prueba, la que se rendirá conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 16 bis de la ley Nº 18.168. Expirado el término probatorio, se haya rendido prueba o no, el ministro resolverá sin más trámites. La resolución que imponga sanciones será apelable para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a menos que se apliquen sanciones por infracciones gravísimas o graves, en cuyo caso la apelación se hará para ante la Corte Suprema. La apelación deberá interponerse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución, ser fundada y, para su agregación a la tabla, vista y fallo, de ser de conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, se regirá por las normas aplicables al recurso de protección. Si fuese de conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, se regirá por las normas del recurso de amparo. En concepto de este Tribunal la resolución que imponga sanciones, sea por infracciones leves o bien por infracciones gravísimas o graves, debe ser de conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, toda vez que no existe ninguna razón o fundamento suficiente y valedero, en el campo procesal, para derivar las apelaciones en dos Cortes de distinta jerarquía. Más aún, este aspecto que se examina conduciría al hecho de que se constituirían al mismo tiempo en Tribunales de Segunda Instancia, en materia de infracciones de las normas reguladoras de la firma electrónica y certificación, tanto una Corte de Apelaciones como la propia Corte Suprema, y todavía con procedimientos diferentes. Finalmente, como se ha consignado reiteradamente en informes anteriores, tratándose de proyectos de ley que implican aumentar los asuntos que conocen los tribunales, como ocurre en el presente y, por ende, se trata de iniciativas que importan mayores gastos en la gestión de los órganos del Poder Judicial, deberían suplementarse los recursos que financian su actividad, acorde también con el principio que consagra el inciso 4º del artículo 64 de la Constitución Política de la República. Es todo cuanto puede informar este Tribunal en torno a la presentación legislativa contenida en la moción parlamentaria de esa honorable Cámara de Diputados. Saluda atentamente a V.S., (Fdo.): HERNÁN ÁLVAREZ GARCÍA, Presidente; CARLOS A. MENESES PIZARRO, Secretario.AL SEÑOR PRESIDENTEHONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO”.