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La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Arratia.
El señor ARRATIA.-
Señora Presidenta, voy a referirme a algunos puntos respecto del tema, que me parecen muy interesantes.
En primer lugar, en el punto 2 de las consideraciones del informe, se establece que: “El Código Sanitario deja encomendada la regulación de las sustancias tóxicas y productos peligrosos a un reglamento, cuerpo legal que no ha sido dictado...”. Esto es importante destacarlo porque, sin lugar a dudas, en esta materia ha existido una falencia por parte de la autoridad.
Luego, en el punto 3 se expresa: “A lo anterior se une la falta de ratificación por parte de nuestro país de las Enmiendas formuladas al Convenio de Basilea, durante la Tercera y Cuarta Conferencias de las Partes, en 1995 y 1998, que establecen la prohibición de exportar desechos desde países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Europeo hacia países no integrantes de dicha Organización...”.
Lo anterior nos indica que la no ratificación del Convenio de Basilea se transforma en una herramienta perjudicial, que nos daña, porque no nos permite aclarar la situación del ingreso de residuos peligrosos al país.
Sin embargo, junto a la legalidad o ilegalidad de este procedimiento, debemos hacer notar algunos elementos que nos parecen importantes.
Se ha insinuado -y quiero recalcarlo fuertemente- que la preocupación fundamental no sólo deriva del problema medioambiental que se produce en el norte, sino de que existen dos gasoductos en esa zona que potencialmente pueden generar electricidad para un amplio territorio, y una sobreoferta del gas natural para generar electricidad.
Por otro lado, a modo de competencia, aparecen otras empresas que empiezan a producir electricidad, como Edelnor, Electroandina, Guacolda y Norgener, utilizando un petcoke de baja calidad, que ingresa a un dólar la tonelada, pero que es altamente contaminante, con residuos de níquel, vanadio, metales pesados y concentraciones de azufre que oscilan entre 4 y 6 por ciento.
Entonces, las empresas generadoras de electricidad a través de gas natural, rápidamente reclaman y se produce un conflicto que compromete de alguna forma, directa o indirectamente, a las autoridades encargadas de la fiscalización. Así, a pesar de que existe un reglamento, el jefe jurídico del Servicio Nacional de Aduanas, para justificar la internación “ilegal” del petcoke, dice en el informe de la Comisión que el Director de Salud de Antofagasta , en “resolución Nº 1.793, con fecha 10 de octubre de 1989, prohibió la importación al territorio de la II Región de residuos o desechos industriales...”.
Respecto de esa resolución, que fue comunicada a la Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta a través del oficio ordinario Nº 3.907, de fecha 13 de octubre de 1989, el abogado del Servicio Nacional de Aduanas dice que no existe registro de haberse recibido sino hasta el 2 de marzo de 1999. O sea, aquí existe un problema de información, de transparencia, en el control y en el ingreso. Pero nos encontramos con la triste sorpresa de que, por un lado, el servicio de salud de la Segunda Región lo prohíbe y, por otro, el servicio de salud de la Octava Región, donde se utiliza petcoke de origen nacional, lo autoriza. A mayor abundamiento, cada región puede tener normativas distintas, pues no existe una de carácter nacional.
¿Qué significa esto? Que el mecanismo por el cual estamos controlando es mal aplicado y en esas condiciones, no podemos proceder. En segundo término, que estamos influidos, de alguna forma, por los grupos económicos que defienden sus intereses y que a veces, directa o indirectamente, presionan -así lo siento- a la autoridad -incluso, a los parlamentarios-, para que se sancione o no se sancione.
Hoy, en mi opinión, la utilización del petcoke debe estar dada, fundamentalmente, por su poder de contaminación. Sabemos que es un desecho industrial porque contiene altos niveles de níquel, vanadio, metales pesados y azufre. El petcoke de buena calidad, que no contiene níquel, vanadio ni alto contenido de azufre, no debe ser considerado residuo; pero la normativa nacional no lo define ni lo aclara.
En primer lugar, nuestra autoridad debe definir lo que no lo está. Hace mucho que estamos reclamando esa definición, porque su inexistencia también nos genera problemas en la Cámara de Diputados, como organismo fiscalizador.
En segundo lugar, sabemos que si un petcoke de mala calidad es utilizado a través de un sistema de lecho fluidificado, todas las partículas nocivas son retenidas y pueden transformarse perfectamente en un producto que no provoca desechos y, por consiguiente, no contamina el medio ambiente.
Debe normarse al respecto, y no sólo la calidad del petcoke debe influir en su utilización o no utilización, sino también su procedimiento. Acontece que, como dicho procedimiento, a través del lecho fluidificado, que no produce contaminación medioambiental, tiene un alto costo, algunas empresas quieren utilizar el petcoke sin emplear dicho sistema, lo que la autoridad no puede permitir porque perjudicará nuestra agricultura y la salud de las personas, garantizada en la Constitución.
Es muy importante hacer presente que no vamos a ser parte de una pelea entre capitales, entre intereses económicos, entre empresas que quieren producir a más bajo costo para hace quebrar a otras, entre empresas que internan gas. Por ejemplo, en el norte hay dos gasoductos -en circunstancias que a lo mejor debiera existir sólo uno- que están compitiendo por producir a más bajo costo que las empresas que utilizan el petcoke de mala calidad.
Tampoco vamos a permitir que, en el norte, empresas que generan electricidad utilizando sistemas contaminantes, con insumos de mala calidad, sigan produciéndola y contaminando, precisamente, a la agricultura y a la gente.
Creo que debemos ir al fondo del problema.
De la misma manera, debemos proceder respecto de la contaminación de Santiago. Hasta hoy, no ha sido aclarada la participación de los vehículos motorizados, camiones y buses, porque existen intereses económicos que la han ocultado. Asimismo, la calidad del combustible que produce la Enap no ha sido considerada, a sabiendas de que es la principal fuente de contaminación, porque hay intereses económicos muy poderosos que la están cubriendo.
Por otra parte, los intereses económicos involucrados en la utilización del petcoke y en la internación de residuos industriales extranjeros no pueden condicionar la actitud de esta Cámara.
Por eso, he querido formular esta denuncia y plantearla desde otro punto, diferente.
Estamos por la transparencia, gústele a quien le gustare y duélale a quien le doliere. La culpa es, fundamentalmente, de los inte-reses económicos que hoy están perjudicando la salud y el bienestar de la población y entorpeciendo el quehacer de nuestras autoridades fiscalizadoras de los temas medioambientales.
He dicho.
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