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El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , con relación al proyecto en debate, resulta oportuno recordar lo que sucedió hace poco.
En días pasados se mostró a altas autoridades del Ministerio del Interior, de la Alcaldía de Santiago y al Diputado señor Espina algunas imágenes televisivas que denunciaban públicamente la acción de una red de narcotraficantes, que operaba a escasas cuadras del palacio de La Moneda. Esas imágenes, que son testimonios irrefutables, se grabaron. La policía procedió e hizo un allanamiento. Pues bien, hace 24 horas, todos los detenidos en la diligencia quedaron en libertad.
Reitero: operaban a escasas cuadras del palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago. Se vio cómo niños y gente mayor ingresaban a lo que se ha dado en llamar el "supermercado de la droga", en las inmediaciones de calle Santo Domingo, donde se vendía y entregaba cocaína; no pasa base. ¡Y todos los detenidos por el hecho han quedado en libertad, lo que constituye un escándalo! Inclusive la autoridad -esta mañana vi en la televisión al señor Subsecretario del Interior - tuvo que brindar protección policial a los ciudadanos que se atrevieron a mostrar esa realidad que se estaba viviendo en pleno centro de Santiago. ¡La autoridad debió dar esa protección, porque los tribunales de justicia dejaron en libertad a una red completa de narcotraficantes!
De las palabras del señor Subsecretario del Interior se desprende que en las esferas del Gobierno también se presume, o se asume, que hay algo extraño en el hecho, porque no se explican (es natural que no lo puedan hacer a estas alturas) cómo pueden estar en libertad los narcotraficantes cuya acción fue filmada por el Canal 13 de Televisión y que fuera mostrada a todo el país.
Reitero que el hecho relatado tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo, pues bajo el concepto a mi juicio equivocado de que la libertad del procesado es un derecho que él tiene y que puede exigir siempre y no un beneficio que le concede la sociedad, con cargo a ese principio garantístico de la libertad del procesado. Pero ocurre que los delincuentes están en las calles y que la gente vive atemorizada y bajo una realidad patética. Si a pocas cuadras del Palacio de La Moneda operan narcotraficantes en gran escala, ¡qué queda para todo ese inmenso mundo de las poblaciones, donde no está cerca la autoridad policial, sea por carencia de un retén de carabineros, sea porque aquéllas no son frecuentadas por la policía en sus rondas preventivas! ¡Si en pleno centro de Santiago operan los narcotraficantes y quedan en libertad después de ser detenidos, se podría afirmar que la batalla contra tal delito se perdió!
Como señalé, el punto se relaciona con lo que estamos analizando. En efecto, en 1991 se introdujo ese concepto garantístico en nuestra legislación procesal penal, conforme al cual todo delincuente siempre tiene derechos, en circunstancias de que la Constitución es muy clara al disponer: "La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad". La Carta no habla de un derecho.
Es más, pese a que el Acta Constitucional Nº 3 consagraba tal derecho, el constituyente de 1980 lo eliminó, para dejar claramente establecido que la libertad provisional procederá en los términos señalados.
En 1991, con las "Leyes Cumplido", se debilitó tal principio, pues ellas disminuyeron las atribuciones de los jueces de conceder la libertad provisional, por ser ésta un derecho sagrado del delincuente. A tal punto se llegó en aquel entonces que en 1997 hubo que reponer los criterios existentes antes de 1991, modificados por las "Leyes Cumplido". Se dictó esta normativa amplia, según la cual el delincuente tiene todas las garantías, y la sociedad, ninguna. En 1997, se restringieron aquéllas. Y ahora lamento profundamente el rechazo de las indicaciones que presenté con otros señores Senadores y de la del Honorable señor Urenda -que también era muy importante-, pues buscaban que el reincidente, el delincuente peligroso, el que tiene prontuario y representa una amenaza real para la sociedad, no tuviese nunca la posibilidad de acceder fácilmente a este "derecho" a la libertad. Por eso, creo que hoy estamos viviendo el mundo al revés.
Pese a que aprobaré la iniciativa en debate, deploro el hecho de que sigamos insistiendo en este criterio garantístico. El Estado no puede garantizar a la sociedad la protección y seguridad que requiere, si a la par estamos entregando a los delincuentes una verdadera impunidad.
A mi juicio, sobre el procesado no puede recaer una presunción de culpabilidad. No puede ser de otra manera; pero, mientras se investiga un caso, hay que dar a los magistrados las herramientas necesarias para mantener recluido a quien resulta peligroso para la sociedad.
Hoy nos encontramos ante la patética realidad de personas que contribuyeron -seguramente se sintieron aliviadas por ello- a denunciar un delito. Es más, la presencia de algunas autoridades en el allanamiento, como el Subsecretario del Interior y el Alcalde de Santiago , significó decir a la sociedad chilena: "Estamos preocupados por frenar los delitos", ¡Pero 24 horas después, los mismos delincuentes detenidos se pasean delante de toda la gente, al punto que la autoridad debió ordenar que resguardaran la seguridad de aquellas persona!
Nos encontramos ante una situación inconcebible. Éste es el escándalo del narcotráfico que vive nuestro país, el que, desgraciadamente, se ve más corrompido por esa realidad.
Y agrego más. Razón tenía la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado cuando en su tiempo, con motivo de una acusación constitucional al señor Presidente de la Corte Suprema , se refirió a que el gran poder corruptor de las organizaciones criminales radicaba precisamente en lograr que en algunos sectores de la sociedad (legislativos, ejecutivos, policiales, judiciales) no las atacaran, con lo cual se van generando redes de compromisos como las que hoy observamos, donde se facilita y garantiza una y otra vez libertad para transitar por las calles al delincuente, a través de estos criterios jurídicos equivocados, y que la ciudadanía se vea amenazada -¡por supuesto!- hasta el punto en que lo es en la actualidad.
El drama del narcotráfico que se vive hoy día en las poblaciones y en otras partes de la ciudad queda de manifiesto con el paseo por las calles de los narcotraficantes, a quienes se les otorga todo tipo de beneficios.
Esto es un escándalo, señor Presidente. Por eso me parece muy bien que aquí se mencionen iniciativas para modificar la ley de drogas. Pero mientras no seamos capaces de ingresar y mantener a los narcotraficantes en las cárceles, la lucha en nuestro país contra la droga y el narcotráfico está perdida.
No quiero ser catastrofista, pero lo que vimos ayer en los rostros de las autoridades que observaban la tragedia que significó haber desplegado todo un esfuerzo para que 24 horas después los tribunales pusieran en libertad a los delincuentes, no resiste análisis.
Estimo que, incluso, deberíamos detener la tramitación de este proyecto, o invocar alguna norma excepcional del Reglamento para analizarlo de nuevo, o permitir el reestudio de algunas indicaciones presentadas, para que, a raíz de la situación vivida, se apruebe una normativa que, junto con dar una señal muy clara al delincuente, implique una medida protectora hacia la opinión pública.
No me parece que en este minuto, no obstante que estamos frente a una buena iniciativa, debamos desconocer otras realidades. Lo digo a modo de sugerencia. A lo mejor es el momento apropiado para contemplarlas, especialmente para evitar la presentación de nuevos proyectos, los cuales pueden significar una larga tramitación, en circunstancias de que en la actual legislatura estamos constreñidos por el tiempo. Con ello podríamos dar una señal a la opinión pública en el sentido de que el Senado ha detenido la tramitación de la iniciativa en debate para estudiar un cuerpo legal más efectivo y riguroso en la materia, que responda a la gente afectada y a esos miles de hogares que hoy se ven atemorizados con el narcotráfico.
Sin perjuicio de que voy a votar favorablemente el proyecto, agradeceré a la Mesa considerar la petición que formulo.
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