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El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , como ha señalado el diputado informante , este proyecto de ley tiene por objetivo central prorrogar la vigencia de la ley Nº 19.583, del año 1998, que benefició a los propietarios de bienes raíces urbanos en los cuales se han instalado viviendas que han sido objeto de modificaciones y ampliaciones o en donde se asienten viviendas nuevas que teniendo o no permiso municipal no han sido objeto del trámite de recepción definitiva por los organismos pertinentes.
La prórroga del plazo es hasta el mes de marzo del año 2001, con lo cual la popularmente conocida “ley del mono” verá extendida su vigencia en un año exacto. Asimismo, se amplía la superficie de las edificaciones objeto de regularización de 70 a 100 metros cuadrados. Se amplían estos beneficios a los predios rústicos, siempre que se trate de viviendas sociales, y se permite pactar el pago de los derechos municipales, beneficiando a los pobladores de escasos recursos.
En el caso de mi región, Aisén , el problema de la construcción irregular es bastante extendido, aunque no en la dimensión existente en otras comunas urbanas del país, particularmente de la Región Metropolitana. No puedo dejar de llamar la atención respecto al hecho que muchas veces da pábulo a este tipo de situaciones, cual es las escasas dimensiones de las viviendas sociales que se construyen con recursos fiscales. Además de pequeñas, las viviendas están, o han estado, mejor dicho, inspiradas en el principio estético del feísmo. Sí, estimados colegas, las otroras viviendas dignas de la década del 60, muchas de las cuales están en pie, han sido reemplazadas, por la necesidad de ampliar la cobertura de los planes habitacionales, por verdaderos adefesios, que vulneran los más mínimos derechos de las personas modestas de este país.
Sé de los esfuerzos por revertir estas situaciones, pero hago constar este hecho, por considerarlo fundamental, en el marco de las futuras políticas de vivienda. Equipamiento urbano, plazas, espacios para la vida de barrio, sedes vecinales, etcétera, son un avance, pero sigue faltando mucho por hacer.
No puedo dejar de mencionar el hecho reiterativo en mi región de que los programas privados de viviendas sociales progresivas denotan permanentes falencias que dan pie a asentamientos irregulares. La construcción sobre terrenos fiscales en las regiones extremas es común y la administración permite muchas veces que los comités de vivienda y específicamente los contratistas de obras, pagados con recursos públicos, inicien su trabajo sin contar con las desafectaciones previas, lo que produce asentamientos irregulares, y la imposibilidad de acceder a títulos de dominio.
La calidad de las viviendas es otro drama en Aisén. Recientemente se ha ordenado demoler un conjunto de varias decenas de viviendas en una localidad rural, por mala calidad de las edificaciones, pese a que dichas unidades habitacionales fueron revisadas por los organismos técnicos del Serviu, que ha cursado estados de pago, supuestamente sobre la base de los informes de sus inspectores de obras. En fin, a eso sumamos graves denuncias de faltas a la probidad que lamentablemente no han sido debidamente enfrentadas por las autoridades nacionales del sector.
Doy mi voto afirmativo a esta ley, aunque espero que estas leyes no sean la constante en un sector que, por mucho abarcar, ha dejado a un lado los factores de calidad, tan importantes cuando se trata de crear el espacio íntimo para el desarrollo de las familias del país.
He dicho.
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