REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 341�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 3�, en mi�rcoles 6 de octubre de 1999 Especial (De 17:26 a 18:49) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR SECRETARIO, EL SE�OR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA................................................................................���........�..... II. APERTURA DE LA SESI�N................................................................���...... III. TRAMITACI�N DE ACTAS................................................................���...... IV. CUENTA.................................................................................................���....... V. ORDEN DEL D�A: Acciones para liberaci�n de Senador se�or Pinochet.............................. VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cordero Rusque, Fernando --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Moreno Rojas, Rafael --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros de Relaciones Exteriores, Secretario General de la Presidencia, Secretario General de Gobierno, y el se�or Director Jur�dico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 17:26, en presencia de 16 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El acta de la sesi�n 32�, ordinaria, en 14 de septiembre del presente a�o, se encuentra en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios Del se�or Ministro de Planificaci�n y Cooperaci�n, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, referido a la disponibilidad de recursos para programas destinados a la tercera edad en la Und�cima Regi�n. Del se�or Ministro de Educaci�n, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Larra�n, relativo a la necesidad de dar soluci�n al problema que afecta a los profesores jubilados del Instituto de Normalizaci�n Previsional cuyas pensiones son inferiores a 250 mil pesos. Del se�or Ministro del Trabajo y Previsi�n Social, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Chadwick, referente a la necesidad de que los hijos discapacitados de un afiliado fallecido reciban pensi�n de orfandad aun cuando se encuentren trabajando. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Mociones Del Senador se�or Moreno, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcci�n de un monumento, en la ciudad de Rancagua, en memoria del ex Presidente de la Rep�blica don Eduardo Frei Montalva. (Bolet�n N� 2.411-04). --Pasa a la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a. (Este proyecto no puede ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria mientras no sea incluido en la Convocatoria). Del Senador se�or Moreno, con la que inicia un proyecto de ley que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al religioso se�or Antonio Casarin Manz�n. (Bolet�n N� 2.412-07). --Pasa a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. (Este proyecto no puede ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria mientras no sea incluido en la Convocatoria). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. V. ORDEN DEL D�A ACCIONES PARA LIBERACI�N DE SENADOR SE�OR PINOCHET El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, los Comit�s Renovaci�n Nacional, Uni�n Dem�crata Independiente e Institucionales 1 solicitaron a la Mesa que tuviese a bien citar a una sesi�n especial de la Corporaci�n para el d�a de hoy, a esta hora, a fin de analizar las acciones conducentes a poner fin a la detenci�n del Senador se�or Augusto Pinochet en Londres. Asimismo, solicitamos la presencia del se�or Ministro de Relaciones Exteriores don Juan Gabriel Vald�s �cuya asistencia agradecemos-, con el objeto de que pueda informar al Senado acerca de las gestiones que ha venido efectuando con dicho prop�sito. Todo esto, en momentos en que un miembro de esta Corporaci�n ha sido liberado de presentarse en la tarde de hoy en la Corte de Bow Street, debido a su mala salud. Pensamos, se�or Presidente, que es la oportunidad de hacer una reflexi�n y un an�lisis de lo ocurrido, cuando pr�cticamente estamos en v�speras de cumplirse un a�o de la detenci�n -el d�a 16 de octubre del a�o pasado- del Senador vitalicio don Augusto Pinochet Ugarte. Tambi�n es importante recordar que su detenci�n se produjo al d�a siguiente de la firma con que los distintos Jefes de Estado y Presidentes de la Rep�blica de los pa�ses iberoamericanos, en conjunto con el Rey de Espa�a, suscribieron en Oporto una Declaraci�n reiterando el respeto que se tiene, o que se ten�a �voy a decirlo en t�rminos pret�ritos- respecto de la territorialidad de las leyes y de la independencia y soberan�a de los pa�ses americanos. Nos encontramos tambi�n pr�ximos a la realizaci�n de una nueva Cumbre Iberoamericana, en la que probablemente la ausencia justificada de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica y de otros Jefes de Estado, como el Presidente de la Rep�blica Argentina, ha motivado una reflexi�n profunda de quienes somos parte del sistema iberoamericano. Y lo digo con cierta pesadumbre, se�or Presidente, porque lo cierto es que no hab�amos tenido en mente que se produjera una situaci�n de esta naturaleza, en cuanto a que el Presidente del Consejo de Ministros de Espa�a y el propio Rey de Espa�a, al d�a siguiente de la firma de esa Declaraci�n, hayan debido renunciar, en los t�rminos que lo hicieron, a un aspecto de principios y valores que nosotros s� tenemos muy claro. Las declaraciones y gestiones que ha venido efectuando el se�or Canciller, as� como el discurso que pronunci� en las Naciones Unidas, han sido una expresi�n elocuente de la situaci�n que se vive y han interpretado �y lo digo en t�rminos personales- a vastos sectores del pa�s. Creemos que el Senado tiene hoy la oportunidad de efectuar ese an�lisis. Con tal fin, quiero solicitar al Honorable se�or D�ez que al inicio del debate tenga a bien dar lectura a una declaraci�n redactada por un grupo de 23 Senadores, no como un proyecto de acuerdo, sino simplemente como la declaraci�n de una mayor�a importante del Senado en la que se dan a conocer los criterios que hemos tenido presentes para solicitar esta sesi�n especial. --Se autoriza el ingreso a la Sala del Director Jur�dico de la Canciller�a, se�or Jaime Lagos Erazo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ha solicitado la palabra el se�or Ministro. Sugiero escuchar primero al se�or Canciller, y que al final los se�ores Senadores den a conocer su declaraci�n, lo que es leg�timo hacer en la Sala o fuera de ella. Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or VALD�S (Ministro de Relaciones Exteriores).- Muchas gracias, se�or Presidente. Se�oras y se�ores Senadores, tal como se me ha solicitado, y en el marco del momento que antecede a un fallo que, sin duda� El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Me permite hacerle una precisi�n, se�or Ministro? Si en un momento estima que algunos de los antecedentes que proporcionar� son privados o secretos, ser�a conveniente que me lo hiciera saber a fin de constituir la Sala en sesi�n secreta. Lo dejo a su criterio. El se�or VALD�S (Ministro de Relaciones Exteriores).- Gracias, se�or Presidente. Como dec�a, a pocas horas de un fallo que, sin duda, reviste suma relevancia para el proceso llevado a cabo en Gran Breta�a contra el Senador se�or Augusto Pinochet, parece entonces conveniente explicar c�mo el Gobierno ha aplicado lo planteado por el Presidente de la Rep�blica el 21 de mayo pasado, en el sentido de realizar todas las gestiones pol�ticas, jur�dicas y humanitarias conducentes a lograr el retorno del se�or Pinochet a Chile. En ese marco, me gustar�a exponer las gestiones que se han realizado en este caso, en particular aquellas que, actualmente y a la luz de los antecedentes que recoge incluso la prensa de hoy d�a, tienen m�s viabilidad para lograr el objetivo fijado por el Gobierno. Como se sabe, en este momento el caso se halla centrado en lo que se denomina "committal hearing", o juicio de extradici�n, y por lo tanto el fallo pr�ximo ser� de primera instancia en el proceso de extradici�n. Lo anterior significa que durante el a�o que lleva esta causa se han debatido fundamentalmente cuestiones de car�cter procesal; y ahora nos enfrentamos al primer fallo que se refiere de manera directa a la decisi�n de extraditar al se�or Pinochet a Espa�a. Me interesa, entonces �reitero-, recalcar en primer lugar el tema de las gestiones humanitarias. Desde la Cumbre de R�o de Janeiro, el Gobierno ha efectuado distintas gestiones ante el Gobierno brit�nico destinadas a subrayar, b�sicamente, que las condiciones de salud del General Pinochet hacen inviable el desarrollo de un juicio que, si ya lleva un a�o en cuestiones estrictamente procesales, deber�a prolongarse probablemente por un per�odo no inferior a dos a�os m�s, hasta completar el proceso de concesi�n de la extradici�n. Para este prop�sito, me he entrevistado en tres oportunidades con el Ministro de Relaciones Exteriores brit�nico. La primera vez en la ciudad de R�o de Janeiro, con ocasi�n de la Cumbre de los pa�ses de Europa con los de Am�rica Latina; la segunda, en la ciudad de Auckland, con motivo de la reuni�n de la APEC, y recientemente en las Naciones Unidas, para manifestarle la preocupaci�n que asiste al Gobierno por el deterioro en la salud del se�or Pinochet y probar estos asertos con documentaci�n m�dica que permita al Foreign Office y al Gobierno Brit�nico formarse una opini�n precisa acerca de su estado de salud y de las razones por las cuales Chile manifiesta preocupaci�n por el deterioro de esta condici�n. Debo se�alar que esas gestiones han estado basadas principalmente en el hecho de que el Gobierno brit�nico, de distintas maneras, ha se�alado que no est� en su intenci�n ni en su deseo que el deterioro en la salud del General Pinochet pueda producir un desenlace fatal, y que efectivamente la inminencia o las evidencias de que ello pudiera suceder llevar�an a dicho Gobierno a considerar razones que invoca la legislaci�n brit�nica, las cuales se han descrito principalmente como "razones humanitarias". El hecho de que hoy d�a el Magistrado Ronald Bartle haya aceptado que el Senador se�or Pinochet no comparezca el viernes pr�ximo a la notificaci�n de la sentencia, sobre la base de un informe m�dico, constituye una nueva demostraci�n de la deteriorada condici�n f�sica en que se encuentra el General Pinochet. Tambi�n significa que, en definitiva, lo sostenido por el juez �expres�: "Estoy convencido que la salud del senador Pinochet se agravar�a a�n m�s si tuviera que comparecer ante la corte"- indica que si el Gobierno ha impulsado este tipo de consideraciones es porque tiene bases suficientes para ser presentadas ante un juez y utilizarlas dentro del marco de las facultades jur�dicas que asisten al se�or Straw. Es preciso recordar que el 4 de junio pasado, cuando se celebr� el denominado "antejuicio" de la instancia actual de extradici�n, el entonces magistrado a cargo del Tribunal de Bow Street, se�or Parkinson, determin� que "la �nica instancia en que no puede eximirse la comparecencia del Senador es aquella cuando se dicte sentencia". Si su sucesor, Ronald Bartle, lo ha eximido hoy de esa exigencia, ello evidencia que en la actualidad el Senador se�or Pinochet no se encuentra capacitado f�sicamente para enfrentar en Londres un juicio procesal. Tambi�n cabe recordar que ya en marzo de este a�o el Secretario Robin Cook, respondiendo una interpelaci�n parlamentaria brit�nica originada a ra�z de una gesti�n de "compasi�n" efectuada por el Vaticano, expres� que dichas razones �las humanitarias- "seguramente figurar�n en nuestra decisi�n en el momento apropiado". Naturalmente, el determinar cu�l es el momento apropiado ha generado diversas conjeturas, toda vez que la legislaci�n brit�nica ofrece diversas interpretaciones en torno de esta materia, y los precedentes aplicables son escasos y no configuran una situaci�n procesal an�loga a la que vive hoy el Senador se�or Pinochet. En verdad, esta raz�n humanitaria puede invocarse por dos v�as. La judicial, que supone que la defensa del General Pinochet presente un recurso de h�beas corpus ante las Cortes brit�nicas. La otra supone que el Ministro del Interior -el "Home Secretary"- impida, dentro de las amplias facultades discrecionales de que dispone, la continuaci�n del proceso de extradici�n. Podr�a haber adoptado esta decisi�n antes de que se iniciara la fase propiamente tal de la extradici�n, es decir el "committal hearing", que hemos visto durante la �ltima semana y que se resuelve -como se ha informado- el pr�ximo viernes. En dos oportunidades anteriores, en sus llamadas "autorizaciones para proceder" a la extradici�n, el Secretario del Interior Straw no atendi� tales consideraciones humanitarias, se�alando que entonces el Senador se�or Pinochet no parec�a "estar imposibilitado de enfrentar un juicio". Eso s�, siempre dej� entrever que considerar�a nuevamente este tema si surg�an nuevos antecedentes "al momento en que deba ejercer, por �ltima vez, sus facultades discrecionales al t�rmino del proceso de extradici�n". Se ha sabido -ha sido informado incluso en la prensa- que el Ministerio del Interior brit�nico ha solicitado un informe legal a un abogado de Londres para investigar si es posible que el Ministro Straw utilice esa facultad discrecional de que dispone, aun antes de que se ordene la entrega del reclamado. Ello supone que hayan sido fallados todos los recursos que eventualmente se interpongan. La respuesta de ese abogado ha sido positiva. �Qu� significa esto? Que el Secretario del Interior, siempre a ra�z de las amplias facultades con que cuenta, puede anunciar, sobre todo despu�s de un fallo adverso a la causa del se�or Pinochet, que concluye todo el proceso de extradici�n (de acuerdo con la secci�n 12 del Acta de Extradici�n) ya que, en virtud de su estado de salud, podr�a considerarse opresivo o injusto entregar la persona reclamada a quien la solicita. Si bien pensamos que se trata de una facultad gen�rica de la que siempre dispone dicho Secretario de Estado, la opini�n de los abogados de Chile, y la de los abogados consultados al respecto en general en Gran Breta�a, es que a partir del fallo del pr�ximo viernes y mientras no haya apelaci�n o recursos de protecci�n de las partes, te�ricamente el caso ha vuelto a manos del Ministro Straw, quien puede ejercer tal facultad. Lo anterior es bastante l�gico, ya que resultar�a excesivo que el Secretario del Interior, estando ahora ya convencido de que el Senador se�or Pinochet no se halla posibilitado para enfrentar f�sicamente un juicio y de que, a la postre, se ver� por ello obligado a no aceptar su extradici�n, no pueda, desde ya, interrumpir todos los procedimientos que siguen formando parte del proceso hacia delante. En lo referente a la decisi�n humanitaria, cabe se�alar tambi�n que el Gobierno espa�ol, a trav�s de su Canciller, se�or Abel Matutes, ha anunciado que "respetar� cualquier decisi�n de la justicia del Reino Unido en el caso de que �sta o el gobierno brit�nico decidan apreciar razones de tipo humanitario" -o de salud- "para interrumpir la extradici�n a Espa�a y permitir el traslado a Chile del senador Pinochet.". Estoy citando una carta del se�or Matutes publicada el 11 de julio de 1999 en el diario "El Mercurio". Abordar� en seguida lo relativo al juicio de extradici�n. El fallo que debe pronunciar este viernes el magistrado Ronald Bartle es la octava vez en que una autoridad judicial o administrativa brit�nica adopta un dictamen con relaci�n al caso del Senador Pinochet. Sin embargo, tal como ya se ha se�alado, ser� la primera oportunidad en que habr� un fallo en el juicio de extradici�n propiamente tal, pues en seis ocasiones anteriores tal proceso fue interrumpido debido a la interposici�n de variados recursos, que no es pertinente analizar en esta oportunidad. Sin incurrir en juicios aventurados acerca de lo que ocurrir� el viernes, podemos no obstante afirmar en este momento que es posible, desde luego, que el juez confirme la sentencia ya dictada por la C�mara de los Lores y se atenga escrupulosamente a ella y a las autorizaciones para proceder del Ministro Straw. Y puede dejar incorporado en el juicio s�lo el caso de tortura que afect� a Marcos Quezada o recoger la ampliaci�n del auto de procesamiento pedida por el juez Garz�n, que incluye todos los nuevos casos de conspiraci�n y tortura presentados por este �ltimo, ascendentes, en total, a 34. Una vez dictada sentencia, y si se deniega la extradici�n, el Estado solicitante �Espa�a- tiene 21 d�as para apelar ante el mismo magistrado. Ese recurso se ver�a ante la Alta Corte de Londres, cuyo fallo es, a su vez, apelable ante la C�mara de los Lores. La defensa del Senador Pinochet tiene tambi�n abierto el recurso y con los mismos plazos, aunque �stos pueden extenderse. Sin embargo, la defensa del Senador puede siempre, si el fallo le es contrario, interponer un h�beas corpus, para lo cual dispone de 15 d�as. En ese caso, una persona juzgada no es entregada al Estado requirente, en ninguna circunstancia, hasta que expire dicho plazo o si el procedimiento de h�beas corpus se encuentra pendiente. A su vez, el recurso de h�beas corpus es apelable ante la C�mara de los Lores. Por lo tanto, la situaci�n que se presenta el viernes es b�sicamente la siguiente. Si se falla a favor del proceso de extradici�n, el caso vuelve al se�or Straw y los abogados del Senador Pinochet cuentan con 14 d�as para apelar. Por el contrario, si se rechaza, el requirente -es decir, el se�or Garz�n- tendr�a que plantear de inmediato su decisi�n de apelar y podr�a hacerlo dentro de 21 d�as. En el curso de las �ltimas horas, como Sus Se�or�as seguramente se han impuesto por la prensa, se ha suscitado la discusi�n acerca de si el juez Garz�n, para los efectos de la apelaci�n, precisa nuevamente contar con la decisi�n del Consejo de Ministros o no necesita renovar el mandato original concedido por ese organismo. Es un debate no solamente radicado en los tribunales, sino tambi�n aparentemente en la prensa espa�ola, y tiene una enorme relevancia desde el punto de vista del tiempo que se deber�a utilizar para interponer un recurso que eventualmente paralizara la liberaci�n del Senador Pinochet una vez rechazada la solicitud de extradici�n. Tal es el cuadro formal en torno del caso. Pero antes de terminar quiero decir que las instrucciones del Presidente de la Rep�blica en el sentido de agotar, por parte de quien habla y de la Canciller�a, los recursos pol�ticos y jur�dicos, as� como los planteamientos humanitarios conducentes al retorno del Senador Pinochet, han sido cumplidas en la medida en que se ha podido establecer, en el marco del di�logo con el Gobierno brit�nico, una relaci�n que ha permitido la exposici�n del conjunto de los factores pol�ticos, de consideraciones acerca de la transici�n democr�tica chilena y de la situaci�n en que se encuentra en este momento la investigaci�n por los procesos sobre derechos humanos que se llevan a cabo en el pa�s. Lo anterior igualmente se extiende a los razonamientos jur�dicos iniciales y permanentes del Gobierno de Chile en cuanto a que el juez espa�ol carece de jurisdicci�n y facultades para intervenir y procesar los delitos cometidos en nuestro pa�s durante el per�odo transcurrido entre 1973 y 1990. Nosotros hemos mantenido el conjunto de argumentos jur�dicos y pol�ticos conocidos por el Honorable Senado y, a la luz de la informaci�n con que contamos en el aspecto de la salud, hemos incorporado aquellas consideraciones que nos parecen necesarias para que, en el caso de que el se�or Straw lo estime as�, pueda aplicar las facultades que le entrega su propia legislaci�n para suspender el proceso de extradici�n y para que el General Pinochet vuelva a a Chile. Me parece que ello resume todos los planteamientos que el Gobierno est� en condiciones de formular en este momento, y, naturalmente, estoy a disposici�n de Sus Se�or�as para contestar todas las preguntas que les parezcan convenientes. Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, los integrantes de estas bancas, de la UDI y varios independientes e institucionales queremos dar a conocer una declaraci�n que hemos elaborado como fruto de nuestra preocupaci�n por la situaci�n que afecta, primero, al pa�s, en su honor, su dignidad, su soberan�a, y, segundo, a la condici�n personal de uno de nuestros colegas. El texto, suscrito por 23 Senadores, dice: "1.- Chile ha venido construyendo, con el concurso de todos los sectores de la vida nacional, las bases para concluir un proceso de transici�n basado en la tolerancia y el respeto a las instituciones y las personas, e inspirado en el anhelo com�n de fortalecer la unidad entre los chilenos mediante una sincera y genuina reconciliaci�n. La presencia en Chile del senador Augusto Pinochet es indispensable para el �xito de este esfuerzo, por lo que la mantenci�n de su ileg�tima privaci�n de libertad en el extranjero perturba gravemente el camino libremente decidido por los chilenos y representa una inaceptable interferencia extranjera en sus decisiones soberanas. "La generosa actitud demostrada por el senador Pinochet, no obstante la situaci�n que lo afecta, no ofrece dudas respecto a la contribuci�n que est� dispuesto a ofrecer en este esfuerzo de unidad y reconciliaci�n. Ella ha sido nuevamente manifestada en la carta que nos hiciera llegar el pasado 11 de septiembre, la que valoramos como un genuino e importante aporte en el af�n de superar definitivamente los obst�culos que a�n se oponen a la pacificaci�n y el reencuentro entre los chilenos. "2.- Desde la detenci�n del ex Presidente Pinochet Chile es v�ctima de un ultraje. Los hechos y actitudes de las autoridades extranjeras envueltas en este conflicto han significado permanentes y reiterados atropellos a su dignidad y soberan�a que, en ocasiones, han traspasado los l�mites de la groser�a. Ellos no s�lo han agraviado el honor de Chile y el leg�timo sentimiento de dignidad de su pueblo, sino que envuelven tal desprecio por la independencia y condici�n de Estado soberano de nuestro Pa�s que, adem�s de infringir principios y normas b�sicas del Derecho Internacional, violentan las m�s elementales pr�cticas del trato entre los Estados. "3.- Concordamos con la posici�n oficial asumida por el Gobierno de Chile a trav�s del Ministro de Relaciones Exteriores, se�or Juan Gabriel Vald�s. En especial la denuncia de estos abusos ante las naciones del mundo que formul� desde la alta tribuna de Naciones Unidas, reclamando el respeto de los derechos de Chile como Naci�n soberana. "Esta posici�n se justifica a�n m�s por cuanto el gobierno de Espa�a no s�lo ha dejado de honrar unilateralmente sus obligaciones con Chile, sino que, con su actitud, violenta el esp�ritu mismo de la Organizaci�n de Naciones Unidas, que descansa en el respeto a las formas pac�ficas de soluci�n de las controversias entre los Estados, rechazadas por Espa�a. Por ello, no s�lo respaldamos la demanda formulada por nuestro Gobierno contra esa Naci�n ante el Tribunal Internacional de La Haya, sino que contribuiremos a todo aquello que conduzca a reafirmar los derechos de nuestro Pa�s y demostrar la ilegalidad de la conducta espa�ola, hasta que sea restablecido definitivamente el imperio del derecho. "Por lo expresado, valoramos tambi�n la decisi�n de S. E. el Presidente de la Rep�blica de no asistir a la pr�xima reuni�n de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrar� en Cuba, como una manifestaci�n de protesta ante el incumplimiento por parte de Espa�a de compromisos libremente adquiridos en el seno de dicha organizaci�n. "4.- No podemos dejar de manifestar hoy nuestra gratitud a los gobiernos e instituciones de los pa�ses hermanos de Am�rica que nos han acompa�ado y otorgado su solidaridad en nuestras demandas, demostrando su voluntad de exigir respeto por el trato que merecen las naciones de Am�rica Latina de parte de los pa�ses de los dem�s continentes. "5.- La situaci�n que afecta al senador Pinochet es de car�cter y origen completamente pol�tico y no judicial como se pretende por Espa�a e Inglaterra, lo que queda claramente demostrado si se considera que ella jam�s hubiese tenido lugar si los hechos hubieren ocurrido cuando en esas naciones exist�an otros gobiernos. Por ello, lo que se intenta juzgar no son las conductas de una persona, sino una �poca de la historia de un pa�s; y se pretende hacerlo contra la voluntad de su pueblo y de su gobierno, en un claro e inaceptable acto de intervenci�n. "Denunciamos ante la opini�n p�blica internacional y ante los Senados de los pa�ses de Am�rica este intento espurio que, de tolerarse, sentar� un precedente nefasto para la convivencia equilibrada entre las naciones, ya que no s�lo se pretende juzgar por otro Estado la historia de un pa�s, sino a sus instituciones civiles y militares, y a todos quienes ejercieron en un momento cargos de autoridad, lo que no s�lo resulta ins�lito, sino completamente inaceptable entre naciones revestidas de independencia e igualdad jur�dica. "6.- Se act�a con el pretexto del inter�s por los derechos humanos; sin embargo, el trato dado al senador Pinochet ha sido inhumano y degradante. Las condiciones de privaci�n absoluta de libertad y la presi�n psicol�gica que se le impone mediante una completa falta de privacidad, invadiendo su hogar y neg�ndole el m�s elemental derecho a la vida familiar, no eran esperables de las tradiciones inglesas y de los recursos de esa Naci�n, que hac�an presumir dispondr�a medidas de seguridad compatibles con el respeto a la dignidad y humanidad que se deben a un enfermo de 84 a�os, al que una vez se preci� de considerar amigo y aliado. Sin embargo, la condici�n a que se le ha sometido representa una violencia tal, que hace presumir que lo que en realidad se pretende no es juzgar al senador Pinochet, sino infligirle un castigo con el juicio mismo y no como resultado de �ste. Con esta actitud, la bandera de los derechos humanos ha sido m�s pisoteada que enaltecida. "7.- Chile es un pa�s con memoria de hombres libres y honorables, por lo que durante mucho tiempo recordar� la forma en que hemos sido tratados, y sabremos representarlo cada vez que sea necesario en las m�ltiples ocasiones que se presentan en el seno de la convivencia internacional. "No obstante ello, carecen de todo fundamento los temores de eventuales medidas contra los intereses de ciudadanos de las naciones que nos han agraviado, porque Chile adopta sus decisiones soberanamente y no como reacci�n a las conductas de otros o por desmedradas razones pol�ticas. Actuamos basados en s�lidos principios �ticos forjados en una historia que nos caracteriza como una Naci�n honorable y justa, de la que nada tienen que temer quienes de buena fe confiaron en sus instituciones y en sus leyes, actitud que no han tenido quienes hoy nos ofenden.". Se�or Presidente, s�lo quiero agregar, desde un punto de vista personal, mi complacencia por el fondo y la forma como el actual Canciller ha manejado el caso del Senador se�or Pinochet. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, ciertamente, la declaraci�n le�da por el Senador se�or D�ez, en nombre de los integrantes de todas estas bancas, nos compromete e interpreta absoluta y totalmente. Por ello, s�lo quiero complementar en forma muy breve, en nombre de nuestro Comit�, estos conceptos reafirmando algunas consideraciones. Pero primero queremos expresar al Canciller se�or Vald�s nuestro reconocimiento real por los esfuerzos que el Gobierno, a trav�s de su Ministerio, est� efectuando (particularmente, en el �ltimo tiempo) con miras al retorno del Senador se�or Pinochet, a que nuestra atropellada dignidad sea restablecida. Lo hacemos con mucha honestidad y gratitud. Ese empe�o se une al de muchos otros y, por cierto, a la defensa jur�dica que desde el principio ha llevado adelante el propio Senador se�or Pinochet, lo que se ha traducido en un denodado trabajo durante todo el presente a�o para terminar con esta injustificada y arbitraria situaci�n. Con todo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno en todos los planos o de la propia defensa jur�dica del Senador se�or Pinochet, tenemos temores de que el fallo judicial del pr�ximo viernes sea adverso. Y ello, por la sencilla raz�n -como lo hemos apreciado a lo largo de este per�odo- de que, m�s que razones jur�dicas, hay motivos pol�ticos que han permitido que la cuesti�n se mantenga en el tiempo. Es algo que nos preocupa, porque un fallo adverso puede generar en nuestro pa�s la sensaci�n de que el problema permanecer� indefinidamente sin soluci�n. Y no s�lo se abre un espacio para que el estado de salud, ya deteriorada, del Senador se�or Pinochet pueda agravarse. Por cierto, nos preguntamos qui�n responder�a ante cualquier evoluci�n negativa que el hecho pudiera tener. En seguida -como se se�al�-, tenemos la convicci�n de que la reconciliaci�n que Chile estaba intentando antes de la detenci�n del Senador se�or Pinochet se ha visto obstaculizada. Y, por eso mismo, su reanudaci�n, para obtener el �xito que todos queremos, requiere que �ste vuelva a Chile. Por estas consideraciones y ante el panorama que se puede abrir a partir del viernes, respecto del cual hoy d�a se nos han entregado nuevos antecedentes que permitir�an que el Gobierno brit�nico nuevamente tomase en sus manos esta situaci�n durante un tiempo, en el evento de un fallo adverso, quisi�ramos pedir muy especialmente al Gobierno que en esta nueva etapa comprometa la acci�n personal del Presidente de la Rep�blica en los pasos que siguen. El 21 de mayo pasado, en sesi�n de Congreso Pleno, el Primer Mandatario manifest� su voluntad de hacerlo y, en �ltimo t�rmino, de no entregar su per�odo sin que el asunto quedase zanjado. Ello se ha visto reflejado por las acciones de la Canciller�a. Pero creemos que, dada la inquietud que provoca el que se mantenga la situaci�n, el per�odo que seguir�a a un eventual desenlace negativo en el fallo exigir�a una acci�n todav�a m�s intensa que la reci�n desplegada, que cuenta con todo nuestro respaldo e, incluso, nuestra gratitud. Creemos que la intervenci�n del Primer Mandatario, en di�logo directo -ojal� fuera personal- con los Ministros brit�nico y espa�ol, unida a la acci�n de la Canciller�a chilena, puede dar el resultado que esperamos. Por lo mismo, la ofensiva diplom�tica que se ha venido desplegando debiera tambi�n intensificarse, de manera de lograr el respaldo, particularmente de los Gobiernos latinoamericanos, a esta iniciativa que Chile emprender�a. Pensamos que no se deben escatimar recursos. Y si la Santa Sede fuese un camino al cual recurrir, tambi�n debi�ramos intentarlo, porque, a nuestro juicio, �ste es un minuto crucial no s�lo para lograr el retorno del Senador se�or Pinochet, sino tambi�n para fortalecer la reconciliaci�n y la unidad, lo cual requiere de su presencia en el pa�s. Por estas consideraciones, rogamos al Gobierno que tenga a bien desarrollar el intenso esfuerzo que se necesita en esta �ltima etapa que se avecina, en el evento de un fallo adverso. Estimamos que ahora m�s que nunca debemos unir a las distintas instituciones del Estado, particularmente al Senado y a nuestra Corte Suprema, tambi�n vejada. Porque al no confiarse en que la justicia chilena puede resolver los problemas que ocurren en Chile, esa instituci�n ha sido tambi�n desacreditada. Y la actitud que desde el principio han adoptado el Presidente de la Rep�blica y el Gobierno demuestran que estamos ante una situaci�n de Estado, y como tal debemos asumir la etapa que viene con la fuerza, la dedicaci�n y la intensidad que ella requiere. La gravedad de los hechos que se pueden suscitar en el pa�s, de no continuar en esta tendencia y en esta posici�n, exige lo mejor de todos nosotros. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or P�rez. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, deseo formular tres preguntas al se�or Canciller, partiendo de la hip�tesis remota de que la sentencia del pr�ximo viernes sea positiva y de que se rechace el pedido de extradici�n. O� decir a un periodista, interpretando al se�or Canciller, que era posible que, de ser favorable el fallo, el Senador se�or Pinochet podr�a estar el pr�ximo martes de vuelta en el pa�s. La primera interrogante es si es necesario esperar 21 d�as para tener una resoluci�n a firme, en caso de no apelar. En el diario "La Segunda" de hoy aparece la disputa existente en Espa�a y en Europa por la facultad que tendr�a el Gobierno espa�ol de anular la orden del juez Garz�n de apelar. La segunda pregunta es si el Crown Prosecutor Service tiene la facultad, representando al juez Garz�n y al Gobierno espa�ol, de apelar por s� solo, o si esa orden de apelaci�n deber�a venir de uno o de otro. La �ltima interrogante es si la decisi�n del Ministro se�or Straw -entiendo que tiene 15 d�as para adoptarla-, en caso de ser positiva, es decir, si acogiera las razones humanitarias, es o no apelable por la contraparte, esto es, por el fiscal ingl�s o por el juez Garz�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Seguramente el se�or Canciller querr� responder al final, despu�s que intervengan todos los se�ores Senadores. Tiene la palabra el Senador se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, a prop�sito de lo consultado por el Honorable se�or P�rez, el Senado debe recordar algo trascendente en relaci�n con el tema de la apelaci�n: que existi� una determinaci�n y un acuerdo que el propio Jefe del Gobierno espa�ol, se�or Aznar, comunic� al se�or Presidente del Senado en los momentos en que la C�mara de los Lores, en su segundo dictamen, estableci� las condiciones, fechas y acciones que corresponder�an frente a un solo caso, de car�cter policial, ocurrido en Chile. Por eso es importante no olvidar que al se�or Presidente del Senado chileno se le asegur� -y as� lo declar� el propio se�or Matutes- que cualquiera que fuera la determinaci�n que se adoptara en las instancias posteriores a la decisi�n de la C�mara de los Lores, en caso de ser ella favorable al Senador se�or Pinochet, Espa�a no apelar�a. Es relevante record�rselo a las autoridades europeas y, fundamentalmente, a las espa�olas, para que eso se tenga presente -espero que as� lo hayan manifestado- en el juicio en que el juez deber� pronunciarse. Destaco lo dicho, porque existe un importante acuerdo, que el se�or Presidente del Senado dio a conocer p�blicamente, y esperamos que Espa�a lo respete ante un fallo que, eventual o remotamente, como se�al� el Senador se�or P�rez, pueda favorecer al Senador se�or Pinochet. No obstante, deseo destacar un par de cosas que la acci�n del se�or Ministro de Relaciones Exteriores ha dejado al descubierto en t�rminos positivos para la posici�n chilena. De partida, la acci�n de la Canciller�a ha provocado, sin duda alguna, una adhesi�n del pa�s, con excepci�n de peque�os grupos o personas muy aisladas. Desde un punto de vista global, Chile est� de acuerdo con la postura sustentada y la acci�n que est� desarrollando el Gobierno, particularmente a trav�s del se�or Ministro de Relaciones Exteriores. Lo importante es que ello ha significado, asimismo, que el continente americano, tambi�n globalmente, ha manifestado su adhesi�n a los postulados de Chile. Este hecho produce dos realidades pol�ticas en dos per�odos distintos. Es evidente que en el mes de octubre de 1998, cuando se detuvo al Senador se�or Pinochet, los d�as posteriores mostraron a Chile en una enorme soledad frente a la gran unidad en torno de Espa�a, que hab�a tomado una decisi�n en contra de una persona que ten�a, y tiene -hoy d�a menos que antes-, una muy mala imagen pol�tica en el mundo. Transcurrido el tiempo, y llevando aquel pa�s las situaciones a un �mbito jur�dico bastante m�s complejo, en virtud de acciones pol�ticas tomadas por su propio Gobierno al interior del pa�s, Chile lo enfrenta en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y llega, se�or Canciller -as� lo entendemos todos-, con el apoyo de todo un continente, versus una naci�n que se est� quedando sola frente al resto de Europa y del mundo, por cuanto la acci�n que se lleva adelante -y as� lo dijeron los juristas con quienes me reun� en Espa�a-, evidentemente, favorecer� a Chile, por todas las caracter�sticas y condiciones de este hecho. El que la Canciller�a haya manifestado que, independientemente de lo que ocurra el d�a viernes, Chile continuar� con el juicio que entablar� ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, constituye un segundo elemento de gran relevancia para nosotros. El problema de Chile no es s�lo lo relacionado con el Senador se�or Pinochet, sino tambi�n la globalidad institucional del pa�s, su historia y la acci�n del actual y de los futuros Gobiernos. Por eso, mantener la causa emprendida ante la Corte Internacional de Justicia, independientemente de lo que ocurra con el Senador se�or Pinochet, desde nuestro punto de vista es adecuado y corresponde efectivamente a la defensa de la institucionalidad chilena. En tercer lugar, los gestos. El primero de ellos -y lo destaco- es el del Embajador de Chile en Francia durante la ceremonia de saludo del Presidente de esa naci�n a todas las delegaciones diplom�ticas, a fines de 1998. Al referirse �ste ma�osamente, en un momento determinado, al Senador se�or Pinochet, nuestro Embajador se retira para manifestar su molestia por tales expresiones. Despu�s es llamado por el propio Gobierno para dar disculpas. Cabe recordar tambi�n el gesto del Contralor General de la Rep�blica, don Arturo Aylwin, al hacer sentir su ausencia, en Paraguay, por la presencia de personeros que han provocado tanto da�o al pa�s. Se trata de gestos que van configurando, sin duda alguna, un cuadro absolutamente distinto del que vivimos durante los meses pasados. Y eso nos da mayor fortaleza y �nimo para continuar en un tema que nos interesa. Creo -y con esto termino- que es b�sico, por ser un hecho muy trascendente, que la determinaci�n de Aznar de no apelar sea necesariamente fortalecida con la nueva gesti�n del Gobierno o del Presidente del Senado, a fin de tener la seguridad de la existencia de una decisi�n del Gobierno espa�ol antes de la resoluci�n del viernes. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, se�or Canciller, deseo hacer cuatro consultas respecto a esta situaci�n: Primero, �qu� suceder� despu�s del fallo, no desde el punto de vista de la persona del ex Presidente don Augusto Pinochet Ugarte, sino desde el de la lista de 50 chilenos que el se�or Garz�n ha hecho correr en INTERPOL? Pareciera que la situaci�n que afecta al ex Presidente de Chile don Augusto Pinochet no se acaba con el fallo, sino que es uno de los puntos pendientes en la acci�n del se�or Garz�n, pues en cualquier momento �l puede activar dicha lista, y basta con que lo pida para que la Polic�a Internacional detenga e inmovilice a las personas afectadas por ella. Segundo, si el fallo es favorable al ex Presidente de Chile don Augusto Pinochet y en el Reino Unido se resuelve no cursar su extradici�n, �qu� pasar� con las instancias jur�dicas similares preparadas por Francia, Noruega, Italia, Suiza y otros pa�ses? Evidentemente, si la resoluci�n en el Reino Unido es positiva podr�a correrse el riesgo de que aqu�llas se activen y se repita el mecanismo en otras naciones. Tercero, si la resoluci�n de la Corte Internacional de La Haya es favorable a Chile, �qu� certeza existe de que Espa�a la acepte? Esto, porque en las noticias aparecidas en INTERNET -muchas de las cuales no se publican y ni siquiera se mencionan en nuestro pa�s- se se�ala que varios juristas espa�oles han planteado que aunque dicha determinaci�n sea favorable a Chile, Espa�a no la aplicar�, porque ello significar�a detener el proceso de su justicia, que corre por carriles independientes del Ejecutivo. Por supuesto, esto implicar�a estar frente a una pared imposible de salvar. Y cuarto, cabe preguntarse hasta qu� punto el Estado de Chile podr�a salir victorioso en el Tribunal Internacional de La Haya sin antes haber agotado como Estado -no se trata de reconocer la jurisdicci�n espa�ola- los recursos judiciales internos en el Estado espa�ol, cuando nunca se ha solicitado al tribunal constitucional de dicho pa�s un pronunciamiento por la violaci�n de los derechos humanos de que ha sido objeto el ex Presidente de la Rep�blica y Senador don Augusto Pinochet Ugarte. Finalmente, con el debido respeto y aprecio que me merece el se�or Ministro, debo decir que me duele cuando se habla del se�or Pinochet, porque se trata de un ex Presidente de la Rep�blica de Chile y eso no lo podemos olvidar. Hemos sido tremendamente respetuosos de los ex Mandatarios, sin importar quienes fueron ni qu� opini�n tenemos de ellos. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pizarro. El se�or P�REZ.- �Me permite una interrupci�n, Su Se�or�a? El se�or PIZARRO.- S�, se�or Senador, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or P�rez. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, ser�a interesante que el Canciller contestara las preguntas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se acord� que el se�or Ministro responda las consultas al final de las intervenciones. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, ocurre que las respuestas del se�or Canciller podr�an dejar nuevas dudas. Entonces, ser�a interesante ir dialogando y revisando los nuevos elementos de an�lisis que entregue. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El problema radica en que ya tomamos un acuerdo en el sentido se�alado. El se�or P�REZ.- Podemos revocarlo, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No tengo inconveniente en que la Sala, o el se�or Canciller, modifique su posici�n. Pero mientras tanto, debo cumplir con lo acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Pizarro. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, deseo dejar constancia, en primer t�rmino, del respaldo entregado por la Concertaci�n al Gobierno -y al se�or Canciller- por la forma de enfrentar el tema este �ltimo a�o. Y, en segundo lugar, quiero hacer constar expresamente -tambi�n a nombre de nuestro conglomerado- la discrepancia que la Concertaci�n tiene con la declaraci�n le�da por los Senadores representantes de la Derecha, que no dice relaci�n s�lo con la forma, sino que fundamentalmente con las materias de fondo que han motivado la situaci�n por la cual atraviesa el Senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte. En dicha declaraci�n no se plantea nada respecto del tema de fondo, cual es la responsabilidad en materia de violaciones a los derechos humanos en nuestro pa�s. �se es el problema que el Chile de hoy -y desde hace bastante tiempo- debe enfrentar. No quiero entrar al fondo del asunto. Sin embargo, para efectos de la discusi�n en esta sesi�n especial y de la Versi�n Taquigr�fica, queremos dejar claramente establecida la discrepancia de la Concertaci�n respecto de tal declaraci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, s�lo deseo formular algunas preguntas que encuentro relevantes para tener un panorama m�s completo del proceso que se est� viviendo en Londres, lo que el Senador se�or Mart�nez, en cierto sentido, ya plante�. Entiendo que hay otros pa�ses que han hecho requerimientos por violaci�n a los derechos humanos de algunos de sus ciudadanos en nuestro pa�s. Lo que no ha quedado claro de la lectura que uno hace es en qu� momento esos requerimientos pueden activarse de acuerdo a la legislaci�n brit�nica. Seg�n una informaci�n aparecida hoy, en caso de que la determinaci�n del pr�ximo viernes del juez Bartle sea favorable al Senador se�or Pinochet, al menos uno de los tres pa�ses cuyos ciudadanos murieron en Chile por violaci�n de sus derechos humanos presentar�a de inmediato un requerimiento en las cortes inglesas. Desear�a que el se�or Canciller nos informara acerca de los mecanismos que operar�an en tal situaci�n. Del mismo modo, ser�a importante conocer la existencia de alg�n tipo de precedente que permita determinar si el juez Bartle se encuentra en condiciones o no de incorporar los 34 casos presentados por el juez Garz�n, considerados necesarios para un adecuado juicio de extradici�n al Senador Pinochet. En definitiva, ser�a bueno conocer exactamente cu�les son los m�rgenes jur�dicos y cu�les son los precedentes que existen respecto a este tipo de situaci�n. Porque en anteriores juicios de extradici�n realizados en Gran Breta�a, particularmente de individuos provenientes del mundo isl�mico, se han podido incorporar nuevos casos de acusaciones en contra de esas personas. Pero, sin duda alguna, importar�a conocer los elementos de car�cter jur�dico sobre el particular, pues cualquiera sea la decisi�n del viernes, los dos hechos antes descritos pueden cambiar radicalmente el cuadro se�alado por el se�or Canciller. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Foxley. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, deseo expresar brevemente en el Senado lo que hemos se�alado p�blicamente en otras ocasiones: nuestro completo respaldo �como lo acaba de manifestar el Senador se�or Pizarro- a las gestiones (en cuanto a la forma y al tono de las acciones) desarrolladas por el Canciller chileno Juan Gabriel Vald�s, particularmente en estas �ltimas semanas, respecto de la situaci�n del General Pinochet. Incluso, el se�or Ministro de Relaciones Exteriores, con motivo de una reuni�n que tuvo con empresarios espa�oles, recibi� cr�ticas de ese sector, que estima que el Gobierno de Chile estar�a ejerciendo una presi�n excesiva o indebida en la materia. Muy modestamente, y con el cuidado del caso, deseo manifestar que, a mi juicio, tales acciones y presiones de nuestra Canciller�a est�n comenzando a producir resultados. En efecto, durante el fin de semana �ltimo, encontr�ndome en Estados Unidos, un importante miembro de la C�mara de los Lores de Inglaterra pidi� conversar conmigo para intercambiar informaci�n sobre el caso y, desde luego, solicitar mi opini�n. Obviamente, no puedo ni debo referir aqu� el tenor de la conversaci�n, pero s� se�alar algunos de los elementos con que me qued�. Se est� produciendo un cambio en la actitud con que el Gobierno espa�ol est� encarando el problema. En este momento se halla abierto a la consideraci�n de las razones humanitarias. Y se est�n haciendo las consultas pertinentes entre Espa�a e Inglaterra. Por lo tanto, considero que este momento es oportuno para que el Gobierno y la Canciller�a de Chile mantengan una posici�n tan firme como la que han tenido y concentren la energ�a precisamente en persuadir al Gobierno brit�nico de que las dudas que pudiera abrigar sobre la materia est�n m�s que resueltas por los datos recientes que hay sobre la salud del General Pinochet. Existe preocupaci�n, obviamente, por las acciones que podr�an emprender otros pa�ses, que de hecho las han anunciado. Empero, hall�ndome yo al menos convencido de la conveniencia del retorno del General Pinochet a Chile, estimo que las acciones tomadas por el Gobierno y la Canciller�a, que han sido muy coherentes y firmes, est�n comenzando a producir resultados -sin que ello signifique generar expectativas m�s all� de lo razonable-, y, por lo tanto, corresponde brindar un apoyo muy claro a la l�nea del Gobierno, esperando que desde afuera se entienda -as�, por lo dem�s, lo hicimos saber al referido miembro de la C�mara de los Lores- que la idea del retorno del General Pinochet a Chile es muy ampliamente compartida en nuestro pa�s, incluso por quienes fuimos claros opositores durante su Gobierno. Es cuanto deseaba expresar, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vald�s. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, pasada cierta preocupaci�n por la naturaleza de esta sesi�n, estimo que ella ha sido �til e importante. Porque no podemos dudar ni desconocer la circunstancia de que un sector relevante de nuestro pa�s se encuentra en cierta tensi�n creciente por lo que pueda ocurrir en Londres. Pero parece bueno que en el Senado, que es el �rgano colectivo de mayor jerarqu�a en Chile, se trate este tema con la seriedad, la tranquilidad y la serenidad con que se ha hecho en esta oportunidad. A mi juicio, eso resulta positivo. Nuestro pa�s, se�or Presidente, tiene muchos motivos de divisi�n. Por ende, es fundamental encontrar, cueste lo que cueste, espacios y ocasiones de acuerdos. Y este Senado -as� ha sido a lo largo de su historia; tambi�n en este momento-, frente a una acci�n del Gobierno de Chile dif�cil, complicada, llena de dificultades, manifiesta, por parte de todos sus miembros, una concepci�n de Estado, un concepto de est�mulo, para que ingleses y espa�oles vean que en nuestra naci�n los partidarios del R�gimen presidido por el ahora Senador se�or Pinochet y quienes fuimos sus adversarios declarados estamos en este momento unidos en los esfuerzos que realiza el Poder Ejecutivo. En mi opini�n, eso es muy importante para los efectos externos. Porque ahora debemos prescindir de los efectos internos, los cuales, ante un problema de Estado, deben quedar subordinados a los intereses del pa�s como naci�n. Por otro lado, participo de la mayor parte de las ideas y expresiones contenidas en la declaraci�n le�da por los Senadores de Oposici�n. No participo de conceptos que no tienen que ver necesariamente con el caso. Y hay omisiones que me crean una ausencia de acuerdo. Convengo en lo referente a la significaci�n internacional del Derecho chileno, que est� muy bien expresado. Y debo recordar que fui uno de los primeros que reclamaron en el Senado por el atropello que Chile sufr�a con motivo de la acci�n iniciada por un juez espa�ol; de ello hay constancia en las actas y en las publicaciones. �se es un problema extremadamente grave desde los puntos de vista jur�dico y pol�tico. En especial cuando el mundo avanza hacia la globalizaci�n, m�s que nunca el respeto a los derechos de las naciones pasa a ser dram�ticamente necesario. Me parece que todos estamos de acuerdo en que en los aspectos financiero, comercial y tecnol�gico, e incluso cultural -y lo vemos tambi�n en funci�n de los derechos humanos-, hay un proceso de globalizaci�n bajo formas a veces irregulares, y en muchas ocasiones, arbitrarias; pero se va hacia all�. Y la �nica manera de que un pa�s libre y serio participe con intensidad en dicho proceso -que es complejo, pero unitario- es sosteniendo la dignidad y la autonom�a en las decisiones que afectan su convivencia interna. Y eso est� plasmado en el Derecho. Por lo tanto, la lucha que estamos dando tiene una muy grande significaci�n para Chile y para los dem�s naciones que se encuentran sometidas -quer�moslo o no- a las presiones de pa�ses mayores. Se ha criticado al Ejecutivo por estimarse que puede haber sido muy duro en sus expresiones respecto de alg�n Gobierno extranjero. Quiero recordar que �sa ha sido la tradici�n chilena. Desde nuestros problemas con un pa�s del norte, el Gobierno de Chile tuvo una actitud de extremado coraje, que le provoc� -fue con Espa�a tambi�n- el bombardeo de Valpara�so. Y hubo aqu� fuerza y decisi�n, a riesgo de las p�rdidas que sufrimos. Luego sucedi� en muchos otros casos. Me toc� como Ministro de Relaciones Exteriores -antes que al joven Canciller que nos acompa�a hoy-, con motivo de la invasi�n de Estados Unidos a Rep�blica Dominicana, en tiempos del Presidente Johnson. �ste manifestaba muchas simpat�as por Chile y gran aprecio por la Organizaci�n de los Estados Americanos, pero, sin pedir permiso a nadie, de la noche a la ma�ana, hizo desembarcar 22 mil soldados norteamericanos e invadi� la isla. La protesta de nuestro pa�s fue muy fuerte. La formul� el Canciller de la �poca ante las Naciones Unidas, y tambi�n, el Presidente de la Rep�blica. Chile recibi� por eso castigo de parte del Secretario de Estado norteamericano y del Presidente de Estados Unidos. Sufrimos p�rdidas concretas. Se suspendi� un contrato en virtud del cual la AID iba a hacer en Santiago regalos muy importantes, pues Chile no hab�a respetado el derecho del pa�s del Norte a ser la autoridad que maneja los asuntos norteamericanos y latinoamericanos. �sa es la tradici�n chilena. Por eso, no me asusta que, cuando ocurre un atropello al Derecho, Chile conteste en forma vehemente. Es nuestra manera de ser y constituye el �nico mecanismo con que cuenta un pa�s peque�o para hacer respetar el Derecho, �nica forma de vivir en paz. Espero que las gestiones que realiza el Gobierno sean fruct�feras y el asunto tenga un buen resultado. Me asaltan ciertas dudas, por la congesti�n pol�tica existente en Europa respecto del caso y por la gran confusi�n que hay all� en este momento a ra�z de los hechos de Kosovo e Indonesia. Sin embargo, de lo conversado con tres Cancilleres en mi �ltimo viaje y de los escritos que he le�do, deduzco que la posici�n chilena ha sido entendida y est� siendo progresivamente respetada. De modo que conf�o en que la situaci�n pueda tener un desenlace favorable. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- A continuaci�n le corresponde usar de la palabra al se�or Ministro, para responder las diferentes preguntas que se le han formulado, sin perjuicio de las observaciones que desee agregar. El se�or VALD�S (Ministro de Relaciones Exteriores).- Muchas gracias, se�or Presidente. Quisiera hacer un comentario general acerca de las afirmaciones que he escuchado, particularmente sobre la forma como el Gobierno del Presidente Frei ha conducido este caso. Pero antes prefiero referirme a las consultas puntuales. El Senador se�or P�rez pregunt� si, en caso de que la sentencia rechazara la extradici�n, el retorno del Senador se�or Pinochet podr�a realizarse en forma r�pida. Pienso que ello es factible siempre que el Gobierno espa�ol, a trav�s del magistrado se�or Garz�n, no apele de inmediato o no manifieste su voluntad de hacerlo. En esta �ltima eventualidad -como ya he se�alado- se abrir�a un plazo de 21 d�as para entregar la apelaci�n. En tal cuadro tampoco habr�a intervenci�n del Ministro del Home Office, lo cual podr�a generar alguna dificultad si el Gobierno brit�nico decidiera un procedimiento orientado por criterios de car�cter m�dico o humanitario. �Y qu� sucede a continuaci�n? Naturalmente, eso lleva el asunto a la High Court, procedimiento que demorar�a un par de meses. Los abogados opinan que, de ocurrir tal, se llegar�a a un cuadro que se extender�a hasta mediados de diciembre y en que, al producirse un fallo, el Ministro se�or Straw tendr�a nuevamente la posibilidad de intervenir, si es que no se presentara otra apelaci�n para ante la C�mara de los Lores. La otra consulta del Senador se�or P�rez es similar a la primera que formul� el Honorable se�or Mart�nez, en cuanto a qu� ocurrir� despu�s del fallo del viernes 8 de octubre. Ya me refer� a la posibilidad de que se deniegue la extradici�n. Ahora, si �sta es aceptada, se abre un per�odo de 14 d�as, durante el cual los abogados del General Pinochet podr�an presentar una apelaci�n. Si �sta demorara los 14 d�as, el se�or Straw tendr�a 14 d�as para considerar el asunto. Podr�a intervenir. Tambi�n podr�a no intervenir. No est� obligado a hacerlo. Paso a contestar en seguida lo expuesto tanto por el Senador se�or Mart�nez como por el Honorable se�or N��ez en el sentido de qu� acontecer� con los casos de jueces de otros pa�ses europeos, como Francia y Suiza, que han planteado solicitudes o iniciado procesos de extradici�n. Ese punto se halla determinado hoy por la decisi�n que adopt� el 9 de diciembre de 1998 el se�or Jack Straw, quien, luego de analizar las solicitudes y el material adicional que le hizo llegar el Gobierno suizo, conforme al art�culo 12 de la Ley de Extradici�n y al art�culo l7 de la Convenci�n Europea sobre Extradici�n, dio preferencia a la petici�n espa�ola. En consecuencia, notific� a los Gobiernos de Francia y de Suiza que la solicitud de Espa�a ten�a preferencia. Si a lo anterior se agrega lo se�alado en la resoluci�n de la C�mara de los Lores en orden a que s�lo podr�a procederse a extraditar al Senador se�or Pinochet sobre la base de delitos cometidos con posterioridad a 1988, refiri�ndose las solicitudes de los pa�ses mencionados por el Honorable se�or Mart�nez a delitos perpetrados antes de ese a�o, no resulta previsible la iniciaci�n de otro proceso sobre la base de esas denuncias. Por lo tanto, si se denegare la extradici�n, cabr�a esperar, de acuerdo a los antecedentes jur�dicos mencionados, que el se�or Straw no admitiera a consideraci�n ning�n otro juicio de extradici�n planteado por la Fiscal�a brit�nica. Por otro lado, se hizo referencia a la lista de personas a quienes el juez se�or Garz�n, seg�n ha dicho, desear�a interrogar en el mismo proceso contra el General Pinochet. Debo se�alar, en primer t�rmino, que la Canciller�a chilena solicit� a la INTERPOL que le informara si ten�a dicha lista. El referido organismo respondi� negativamente y que, por consiguiente, no existe orden de detenci�n en contra de tales personas, con excepci�n de una: Manuel Contreras Sep�lveda. En segundo lugar, es efectivo que, si alguna de esas personas viajara fuera de Chile, el juez se�or Garz�n podr�a solicitar su detenci�n a la INTERPOL, por hallarse incluidas en un documento agregado en el proceso que �l ha desarrollado. Esa misma raz�n ha llevado al Gobierno de Chile a exponer la necesidad de avanzar en el marco de lo que establece la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por cuanto, incluso si se produjera -por las razones que fuesen- el retorno del General Pinochet al pa�s, el planteamiento del juez se�or Garz�n de continuar investigando los delitos cometidos en Chile durante el per�odo de que se trata e involucrando a otras personas continuar�a vigente y, por ende, surtiendo efectos. Desde ese punto de vista, el Gobierno chileno desea que, sobre la base de la Convenci�n contra la Tortura, la cuesti�n relativa a la competencia de los tribunales espa�oles sea juzgada definitivamente por el Tribunal de La Haya. De otra parte, el Senador se�or Mart�nez hizo un planteamiento respecto de declaraciones de abogados espa�oles -tambi�n las conocemos- en el sentido de que en Espa�a no se aplicar�a una sentencia del Tribunal de La Haya eventualmente favorable a Chile. Nosotros pensamos lo contrario. Creemos que, de acuerdo a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas, los Gobiernos est�n forzados a aceptar los fallos de dicho Tribunal. Adem�s, debo reconocer que el Canciller se�or Matutes y su Gobierno han manifestado p�blicamente que Espa�a se someter� al fallo del Tribunal de La Haya. En tal sentido, es del caso precisar que la demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia contra Espa�a sobre la base de la Convenci�n contra la Tortura, de 1984, sigue el art�culo 30 e implica dirimir una contienda acerca de un importante aspecto de Derecho Internacional. Durante la semana reci�n pasada, Espa�a acept� dos cosas. Primero, manifest� que daba por concluido el plazo de seis meses contemplado en el citado art�culo 30 como necesario previo a interponer la demanda ante la Corte de la Haya; asumi� que, con motivo del debate generado en torno de eventuales arbitrajes y consultas al Consejo de Estado, se ha cumplido ya ese plazo y, por ende, no es menester esperar otros seis meses para proceder a presentar la demanda. Y segundo, expres� que se encuentra en condiciones de agilizar los procedimientos sobre la materia, en forma tal de avanzar con mayor rapidez en el marco del Tribunal de La Haya. Con todo, este proceso durar�a aproximadamente un a�o. En seguida me referir� a los 34 casos a que aludi� el Senador se�or N��ez y a la consulta que Su Se�or�a hizo acerca de si ellos se incorporan o no al proceso. Est� claro que los 34 nuevos casos que el juez se�or Garz�n desea agregar a su demanda inicial no fueron incluidos oportunamente. Por lo tanto, es funci�n del juez Bartle decidir si cabe o no considerarlos. Puede estimar que no, con lo cual el proceso de extradici�n se mantendr�a sobre la base de un solo caso. Si cree que s� corresponde, naturalmente tendr�a que justificar las razones por las cuales le parece adecuado adoptar este fallo. Se�or Presidente, me parece que he contestado las preguntas puntuales que se han formulado. Quiero plantear algunas precisiones en materia del compromiso del Gobierno en torno a este asunto. Las observaciones relativas a como el Ejecutivo ha desarrollado este proceso se corresponden de modo muy preciso con la forma en que el Presidente de la Rep�blica defini� el problema desde su inicio, en el sentido de rechazar categ�ricamente la pretensi�n de un juez espa�ol de tener jurisdicci�n sobre delitos o supuestos delitos cometidos en Chile. El planteamiento del juez espa�ol adquiri� todav�a un car�cter m�s inaceptable en la medida en que el juicio en Gran Breta�a determin� que tales delitos s�lo pod�an ser aquellos cometidos con posterioridad a 1988. El Gobierno de Chile ha se�alado en m�ltiples oportunidades que existen razones para pensar que el proceso conducido en Espa�a deber�a haber sido revisado en su momento para no permitir que se generaran algunas din�micas procesales que efectivamente lo han alargado y no han permitido que el Tribunal Supremo espa�ol d� una opini�n categ�rica o definitiva acerca de la jurisdicci�n del juez Garz�n sobre estas materias. Sin embargo, desde el punto de vista del enfoque pol�tico del Gobierno, me parece absolutamente necesario subrayar que su decisi�n se ha manifestado desde el principio y fue impulsada con extraordinaria fortaleza y vigor por el Canciller se�or Jos� Miguel Insulza en el per�odo en que le toc� conducir este proceso. Ello ha respondido a una orientaci�n del Gobierno. Y me parece que es posible decir, si Sus Se�or�as me lo permiten, que los estilos y el vigor no han sido distintos entre los dos Cancilleres a quienes les ha correspondido administrar esta situaci�n que el Gobierno de Chile no busc�, que sin duda es la m�s compleja que ha enfrentado el Ejecutivo en materia internacional y que en caso alguno constituye una raz�n de orgullo o una manifestaci�n que lo lleve a sentir una profunda satisfacci�n, sino que representa una tarea de Estado, una necesidad del Estado de Chile, pero que tiene el m�rito de unir -como se ha se�alado en esta Sala- los criterios de sectores muy distintos en cuanto a no admitir intromisiones en la jurisdicci�n de los tribunales nacionales, ni tampoco a pretender que la transici�n chilena no sea administrada por nosotros mismos sobre la base de sostener que tiene fallas que deben ser reparadas desde el exterior. Se�or Presidente, si hemos considerado esto como una tarea de Estado, como una tarea de responsabilidad, y la hemos cumplido desde posturas pol�ticas que discrepan muy radical, clara e hist�ricamente con las que sostuvo la persona afectada por esta situaci�n, lo hacemos con la esperanza de que todos, en la medida en que el retorno a Chile del General Pinochet se produzca -y esperamos que as� ocurra-, reflexionemos, sobre la base de los mismos criterios �ticos, acerca de las violaciones de los derechos humanos registradas en el pasado, a fin de permitir que la sociedad chilena deje atr�s la visi�n escindida de su pasado y se contin�e en la construcci�n del proceso democr�tico que todos deseamos. He dicho, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No habiendo m�s se�ores Senadores inscritos para intervenir, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 18:49. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n