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- rdf:value = " IRREGULARIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN PRIVADOS EN MELIPILLA. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , deseo intervenir en esta oportunidad para denunciar un grave hecho que, en el ámbito de la educación, afecta a familias y a la comunidad en general en la comuna de Melipilla.
En efecto, hace algunos días se ha destapado un escándalo de proporciones, que dice relación con la educación y la omisión de algunas instancias y/o autoridades locales frente a irregularidades, lo que ha posibilitado que alumnos y familias de la zona hayan sido engañadas y de paso lesionado la fe pública.
Caso "Instituto Francisco Bilbao".
Más concreto aún. Existe en Melipilla, en la calle Valdés (entre las calles Ortúzar y Silva Chávez ) una institución llamada “Instituto Francisco Bilbao ”, dependiente en los hechos de otro de similar nombre que funciona en Santiago y cuyo representante legal parece ser un señor Fernando Godoy Fernández , quien supuestamente habría entregado una “concesión” a la sede Melipilla para impartir planes y programas de enseñanza media para adultos, regulada por el decreto exento Nº 12/87. El responsable o “concesionario” de esta sede comunal es el señor Daniel Fernández Vicencio .
Aquí ya se aprecia la primera irregularidad, puesto que esta figura de “concesionario” no existe en el ámbito educacional descrito.
Pero aún más, el convenio que inicialmente había sido aprobado para dicha institución por la resolución exenta Nº 3417 de fecha 30 de noviembre de 1995, de la Seremi metropolitana, sólo rigió hasta noviembre de 1997, ya que posteriormente no se le renovó o se le caducó debido a otras graves irregularidades cometidas en la sede descrita; es decir, desde hace un año que este instituto no podría haber matriculado a ninguna persona para entregar recuperación de enseñanza media a adultos.
Amén de lo anterior, dicho instituto también realiza cursos de preuniversitarios para jóvenes de la zona.
En este ámbito, hace algún tiempo alumnos de dicho establecimiento cancelaron los derechos de inscripción para la prueba de aptitud académica al señor Fernández , situación que, definitivamente, no se produjo, dañando seriamente las posibilidades del alumnado para rendir su examen de ingreso a la educación superior.
Junto a lo anterior, debo señalar que un grupo de alumnos que realizaban su recuperación de enseñanza media en el mencionado establecimiento, fue llevado por el señor Fernández en un bus a la comuna de San Pedro (provincia de Melipilla) para rendir examen libre en el liceo de dicha comuna, situación que no fue posible gracias a que el director de dicho liceo impidió dicho acto irregular, ya que la normativa legal existente no permite validar estudios secundarios en un liceo que no sea el de sus respectivas residencias. Luego de ello los alumnos fueron abandonados en la comuna antes citada, debiendo regresar a Melipilla, al término del día, y en los medios que les fue posible, “caminando y a dedo”.
Caso "Instituto Aspro"
Tan grave como lo anterior, señor presidente , me parece el hecho de que el señor Fernández haya decidido también, hace ya más de un año, impartir capacitación técnica superior y/o profesional, sin tener la validación para ello ni del Sence, ni mucho menos del Ministerio de Educación.
En esta nueva empresa también abundan las irregularidades, ya que para ello nuevamente ocupando la figura inexistente de “concesionario”, aparece con otro nombre: “Instituto Aspro”, ubicado en la calle Vargas , entre Barros y Fuenzalida , también comuna de Melipilla; y que sería filial de otro de similar nombre también de Santiago y cuyo representante legal sería un señor de apellido Penna .
Además, en esta ocasión la mayoría de los alumnos que han llegado a “capacitarse” a este instituto Aspro , han debido firmar un contrato con el anterior instituto, “ Francisco Bilbao ”.
Otra agravante me parece el hecho de que los alumnos han recibido por el pago de sus mensualidades sólo un simple recibo de dinero, de ésos que cualquier persona adquiere en una librería, es decir al margen de la legalidad tributaria que para ello se requiere.
He concurrido personalmente al instituto en cuestión, sin poder encontrar una explicación, ya que su dueño no ha sido habido y actualmente lo reemplaza un hijo que, según me ha explicado, no conoce el tema, ya que él se desempeña laboralmente en otro ámbito.
Señor presidente , lo grueso de estas denuncias y el peligro de ellas ya habían sido advertidas en un concejo municipal, hace más de un año, por el ex alcalde y concejal de Melipilla , Manuel Humberto Riveros , y por el también concejal de Melipilla, Darío Jerez , situación que si se hubiese atendido en su momento al menos se le podría haber colocado atajo, por la vía de la caducación de la patente, que me imagino debe haber obtenido en algún momento para funcionar legalmente en la comuna en cuestión.
Pero lo que más me preocupa es la omisión de algunos servicios públicos y de algunas autoridades, concretamente, de la Dirección Provincial de Educación, que no habiendo renovado el convenio, tal como ya lo he explicado, jamás hizo pública tal determinación, y jamás fiscalizó que la institución en cuestión siguiera funcionando en un ámbito educacional para lo que no contaba con autorización, debido a anteriores irregularidades.
En esta perspectiva, tampoco aparece como razonable y lógico para las familias afectadas el saber que la Gobernación Provincial de Melipilla, a quien no sólo le corresponde representar al Presidente de la República , sino que también supervigilar los servicios públicos en la provincia (dentro de los cuales se entiende la Dirección Provincial de Educación), nunca haya actuado sino sólo hasta una vez detonado el conflicto público.
Esto aparece claramente como un notable abandono de los deberes que a cada una de las instancias señaladas les corresponde por ley.
Esta omisión claramente ha permitido que estos abusos y engaños hayan ocurrido y por sobre todo que se haya lesionado la fe pública de toda la comunidad en general, pero en particular de los propios jóvenes, alumnos y padres y/o apoderados que han creído ver en dichas instituciones, una instancia legal para la educación que buscaban, puesto que hasta el día de hoy siguen funcionando en cada lugar antes descrito, con sendos letreros, carteles y propaganda pública que aparentemente hacen ver una situación normal a vista y paciencia de las autoridades antes descritas, desde hace ya más de un año a la fecha.
Al finalizar, sólo interrogantes, señor Presidente : ¿quién responde por esta vulgar estafa cometida contra nuestros jóvenes?, ¿quién repara el tiempo perdido por ellos?, ¿quién le explica a los esforzados padres y a sus familias que fueron vilmente engañados a vista y paciencia de las autoridades locales?
Tal vez para las autoridades que llegan de paso a cumplir un rol meramente administrativo en la zona, ésta no sea más que una simple dificultad en el desempeño de sus funciones; pero para los que somos nacidos y criados en la zona, para quienes sentimos como nuestro el problema de cada vecino, esto constituye un episodio repugnante, que nunca más debe ocurrir en perjuicio de algún hijo de nuestra tierra.
De paso, deseo dejar expresamente manifiesto mi rechazo a considerar, como se pretendió en algún momento de la historia de nuestro país, que la educación es sólo un mero producto que el mercado debe regular... Al menos esta experiencia así lo indica.
Por ello, señor Presidente, como representante popular y en uso de las atribuciones que la ley me confiere, solicito se envíen los siguientes oficios:
1º Al señor Ministro de Educación :
a) En primer lugar para agradecerle su personal gestión ante la Dirección Nacional de la Prueba de Aptitud Académica de la Universidad de Chile, con el fin de garantizar, en forma extraordinaria, la posibilidad de que los alumnos afectados por la situación antes explicada, pudiesen realizar la inscripción correspondiente;
b) Para solicitarle que la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana , fuera de los plazos reglamentarios y haciendo una excepción en atención a las irregularidades antes descritas, pueda habilitar un establecimiento educacional en la zona para que los alumnos afectados por el engaño que ya hemos conocido, rindan los exámenes libres que les permitan cumplir con la Enseñanza Media requerida para cualquier enseñanza o capacitación superior;
c) En tercer lugar, para pedirle un informe pormenorizado de la situación descrita; y, particularmente, respecto de la legalidad de los Institutos “ Francisco Bilbao ” y “Aspro”, tanto en Santiago como en Melipilla u otra ciudad del país;
d) Para solicitarle que se sirva instruir la investigación y/o sumario interno que corresponda a fin de establecer las responsabilidades administrativas de la Dirección Provincial de Educación de Talagante y Melipilla;
e) Para solicitarle que se sirva denunciar públicamente las irregularidades existentes, con el fin de advertir a las familias chilenas y, en particular, a las de la zona, ante un posible nuevo engaño educacional de las características descritas.
2º Al señor Ministro del Interior:
a) Para solicitarle una investigación y el sumario administrativo interno que corresponda con el fin de establecer las responsabilidades que le cabe a la gobernación provincial de Melipilla, como organismo público encargado de supervigilar los servicios públicos, entre los cuales se encuentra la Dirección Provincial de Educación.
3º Al Director Nacional del Sernac:
a) Para solicitarle una fiscalización en el caso en comento, con el fin de determinar la posible transgresión a las normas que protegen a cualquier consumidor en nuestro país;
b) Para solicitarle que este caso sea incluido en el próximo número de la revista que el Sernac edita periódicamente, con el fin de difundir a otras familias las irregularidades acaecidas, de manera que ello permita evitar otros engaños similares.
4º Al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:
a) Solicitarle que instruya una estricta fiscalización a los Institutos “ Francisco Bilbao ” y “Aspro” de Melipilla, con el fin de que se sirva informar a esta Corporación acerca de la tributación realizada respecto a los fondos recaudados de los alumnos matriculados en dichas instituciones.
5º Al honorable Concejo Municipal de Melipilla.
a) Solicitarle se sirva debatir e informar a esta Corporación acerca de su posición respecto a lo ocurrido;
b) Solicitarle informar respecto del permiso de funcionamiento de los citados institutos y sus respectivas patentes y/o autorizaciones otorgadas por la Municipalidad.
6º Al alcalde de la comuna de San Pedro, de la Provincia de Melipilla:
a) Solicitarle remitir a esta Corporación un informe pormenorizado acerca del episodio descrito en la presente exposición y que dice relación con el Liceo Municipal de dicha Comuna;
b) Solicitarle recabar del ámbito educacional de su comuna, la información contractual y cumplimiento en los correspondientes pagos por los servicios profesionales prestados por algunos profesores de esa comuna al Instituto “ Francisco Bilbao ”, de Melipilla.
7º Al Ministro del Trabajo :
a) Solicitarle instruir a la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, fiscalizar el cumplimiento de las leyes en los respectivos contratos de los profesores que han prestado servicios en los Institutos “ Francisco Bilbao ” y “Aspro”, en la comuna de Melipilla; y, particularmente, respecto de los profesores pertenecientes a la Comuna de San Pedro.
b) Solicitarle enviar un informe a esta Corporación, de la fiscalización indicada en el punto anterior.
8º Al Contralor General de la República:
a) Solicitarle fiscalizar las irregularidades descritas en mi exposición y que dicen relación con servicios públicos, e informar a esta Corporación acerca de los tópicos consultados en todos y cada uno de los oficios solicitados en los puntos números 1, 2, 5, 6 y 7; y que anteriormente he precisado.
Finalmente, señor Presidente , solicito que, junto a los oficios señalados y para una mejor comprensión del problema en cuestión, se envíe copia de esta intervención a cada una de las autoridades e instancias señaladas en los ocho puntos anteriores.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.
"
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