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El señor NARANJO.-
Señor Presidente, al iniciar mi intervención, quiero traer a colación una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1979, destinada a sancionar toda forma de discriminación en contra de la mujer.
En su parte medular, señala que los Estados partes tomarán todas aquellas medidas tendientes a modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquiera otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en función de estereotipos de hombres y mujeres.
Han transcurrido casi dos décadas desde que la comunidad mundial asumiera en forma orgánica esta tarea. Sin embargo, pese a su masiva ratificación, los modelos societarios, entre los cuales se incluye el nuestro, carecen de medidas efectivas que eviten que las conductas discriminatorias roben los espacios que tan difícilmente han logrado conquistar las mujeres.
El artículo 5º de nuestra Carta Fundamental señala que los tratados internacionales sobre derechos humanos se encuentran incorporados a nuestra institucionalidad, circunstancia que constituye un imperativo aún mayor respecto de la aprobación de las modificaciones al proyecto, ya que es obligación de quienes suscriben dichos tratados armonizar su legislación conforme a ellos.
En la actualidad, la discriminación que sufre la mujer es más difícil de atacar, ya que su base no está dada por razones de género, sino económicas. Hoy se dice que la mujer no debe trabajar porque económicamente no es rentable su contratación o, como lo he escuchado de muchos empresarios, porque el riesgo de un embarazo en su ser hace que su trabajo sea un 25 por ciento más costoso que el de un hombre. Es curioso que los empleadores carguen esa eventualidad en todas las mujeres, estén o no en estado de gravidez o estén o no en edad fértil, y las contratan en iguales funciones que un hombre, pero con un salario inferior al que reciben sus pares.
En nuestra sociedad algo ha cambiado, incluso el enfoque de segregación. Ya no se habla de la maternidad como un don, como un privilegio concedido por la naturaleza a uno de los sexos, con preeminencia de cualquiera otra aptitud que éste posea. Hoy se habla de la maternidad como un estigma, como un mal presagio y, lo que es aún peor, como un factor a considerar en la productividad de una empresa. Hoy diríamos que la maternidad representa un gasto y no una utilidad; una pérdida y no una ganancia.
Nuestra legislación garantiza el derecho a la vida y la igualdad ante la ley. Sin embargo, penaliza a la mujer con la cesantía y el hambre, muchas veces, para su familia si ésta opta por formar una propia.
Este hecho constituye no sólo un contrasentido, sino una inmoralidad, toda vez que se está haciendo un llamado velado al aborto. En Europa, en donde primero se vieron los efectos de este cambio radical de mentalidad, en cuanto a relegar a la maternidad a un segundo plano, hoy se preguntan cómo pueden revertir el crecimiento sostenido del envejecimiento y el peligroso estancamiento que experimenta la tasa de crecimiento demográfico.
Esos países han evidenciado su error y han comenzado, con urgencia, a desarrollar políticas tendientes a proteger y fomentar la maternidad como un medio de revertir sus efectos.
Chile se encuentra ahora ante la disyuntiva de tomar este camino nefasto o de adoptar medidas que eviten que se vulnere el legítimo derecho a formar una familia y a participar de la vida económica del país, más aún cuando el propio Presidente de la República ha señalado, en numerosas oportunidades, avalando el valioso aporte de la mujer a la economía del país, que el 50 por ciento del crecimiento económico experimentado en la década de los 90 se ha debido a la creciente participación de la mujer en la vida productiva, así como el innegable hecho de que las mujeres representan nada menos que el 35 por ciento de la fuerza laboral activa del país.
En esta línea de análisis, quienes luchamos de manera incansable por el respeto a los derechos humanos hemos asumido una especial preocupación por la protección de la mujer y, en especial, de la maternidad, en la plena conciencia de que no es posible ampararla debidamente y hacer efectivo el principio de la no discriminación si en nuestra legislación se mantienen disposiciones arbitrarias o se permite que ésta guarde silencio cuando debe manifestarse en forma clara, como es el caso que nos ocupa.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Puede continuar en su segundo discurso, señor diputado.
El señor NARANJO.-
Las modificaciones al proyecto, que en su parte medular viene a eliminar la posibilidad del empleador a exigir a las trabajadoras su sometimiento al test de embarazo, a exámenes inmunológicos o ultrasonografías o a cualquier otra prueba destinada a detectar la presencia del embarazo, no sólo vienen a llenar un vacío en la legislación laboral, sino a dar eficacia a la garantía constitucional consagrada en el Nº 16 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, ya que si bien aquí se señala como un derecho inalienable de todo ser humano el acceso al trabajo, en el caso de muchas mujeres jóvenes, en edad de concebir, éste es sólo una utopía, ya que estando plenamente capacitadas y dispuestas para desempeñar un oficio, no se les da la posibilidad de acceder a él debido al fantasma de la fecundidad que las rodea o a su posibilidad cierta o incierta de tener un hijo en su momento, y consecuentemente, de formar una familia, en especial, cuando estas trabajadoras se encuentran en una edad que no supera los treinta y cinco años.
Como he dicho, éste es un gran paso, pero no el único. Nuestra legislación y nuestra sociedad están plagadas de normas y conductas discriminatorias, que humillan y deshonran la dignidad de la mujer. Basta citar como ejemplo el hecho de que la mujer que cotiza en el sistema privado de salud debe pagar más que un hombre, por iguales prestaciones, sólo por el hecho de estar en una edad considerada como fértil. Nuevamente, el don de la vida se torna una carga difícil de soportar y de sobrellevar, más aún cuando quien la asume es una mujer carente de recursos.
En el último tiempo, nuestra tarea se ha enfocado prioritariamente a la adopción de medidas y al debate acerca de cómo debemos enfrentar en nuestro país los efectos de la crisis asiática. Estamos conscientes de que esta crisis mundial dejará una estela negra, producto del aumento de la cesantía. Es en esta línea de razonamiento que creemos que la primera medida que debemos adoptar, como parlamentarios, es evitar que ella recaiga injustamente sobre quienes representan el 51 por ciento de la población mundial, como son las mujeres.
Hace poco, en esta misma Sala, denuncié públicamente las prácticas que estaban llevando a cabo empleadores inescrupulosos para, en uso de la política del terror, amedrentar a sus trabajadores y privarlos de sus derechos laborales esenciales bajo la amenaza del cese de sus funciones, la cesantía y el hambre para sus familias. Asimismo, denuncié que las principales afectadas por estas conductas ilegales y arbitrarias eran las mujeres, ya que al estar abiertas a la posibilidad de embarazarse y gestar una familia podían acceder al beneficio del fuero maternal, circunstancia que privaba al empleador, sin previa autorización judicial, del derecho a dar por terminado su contrato de trabajo según las causales legales.
Por estas razones, estoy convencido de la enorme trascendencia que reviste el proyecto que despacharemos en tercer trámite constitucional.
Sin lugar a dudas, la aprobación de las modificaciones constituye un gran avance, ya que el proyecto no sólo contribuirá a restablecer la igualdad de trato a la mujer a la hora de acceder al mundo laboral, sino que racionalizará la conducta de los empleadores en momentos en que la mantención de las fuentes laborales para paliar los efectos de esta crisis no es sólo una necesidad de los trabajadores y sus familias carentes de recursos, sino de toda la sociedad, más aún cuando del crecimiento y la estabilidad de algunos depende directa o indirectamente la de todo un país.
Por eso, votaremos favorablemente las modificaciones, porque creemos que es un acto de justicia en favor de todas las mujeres que están incorporadas al mundo del trabajo.
He dicho.
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