REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 342�, ORDINARIA Sesi�n 9�, en martes 11 de julio de 2000 Ordinaria (De 16:24 a 20:23) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE, Y EVELYN MATTHEI, PRESIDENTA ACCIDENTAL SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Y SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO, SUBROGANTES ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESI�N III. TRAMITACI�N DE ACTAS IV. CUENTA V. ORDEN DEL D�A: Nuevo informe de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a reca�do en su actuaci�n destinada a recopilar antecedentes relativos a paradero de detenidos desaparecidos (se toma conocimiento)����������������������. Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Cuba para la promoci�n y protecci�n rec�proca de inversiones (1820-10) (se aprueba en general y particular)����������. VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)�������������.. Reflexiones sobre juramento a la bandera (intervenci�n del se�or Prat)�� Incumplimiento de penas por delincuentes. Oficios (observaciones del se�or Bitar)��������������������������.. Vig�simo noveno aniversario de nacionalizaci�n del cobre. Oficios (intervenci�n del se�or Lavandero)��������������. Crisis en sector pesquero. Oficios (observaciones del se�or Viera-Gallo)�������������������������.. VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros de Relaciones Exteriores; de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, Miner�a, y Presidente de la Comisi�n nacional de Energ�a y de Justicia, y el se�or Director Jur�dico de la Canciller�a. Actuaron de Secretarios los se�ores Carlos Hoffmann Contreras y Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:24, en presencia de 25 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 2�, ordinaria, en 7 de junio del a�o en curso, en sus partes p�blica y secreta, que no ha sido observada. El acta de la sesi�n 3�, ordinaria, en 13 de junio del presente a�o, se encuentra en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: Con los tres primeros, retira las urgencias y las hace presentes, nuevamente, en el car�cter de "simple", respecto de los siguientes asuntos: 1) Proyecto que modifica el art�culo 8� de la ley N� 18.985, sobre donaciones para fines culturales, y otras disposiciones que indica. (Bolet�n N� 2.288-04); 2) Proyecto de ley que regula las ofertas p�blicas de adquisici�n de acciones y establece r�gimen de gobiernos corporativos. (Bolet�n N� 2.289-05), y 3) Proyecto de ley que crea la Defensor�a Penal P�blica. (Bolet�n N� 2.365 -07). --Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Con el �ltimo, hace presente la urgencia, en el car�cter de "simple", respecto del proyecto de ley que deroga la pena de muerte. (Bolet�n N� 2.367-07). --Se tiene presente la calificaci�n y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Oficios Dos de la C�mara de Diputados: Con el primero, comunica que ha dado su aprobaci�n al proyecto que modifica la Ley Org�nica Constitucional de Ense�anza y otras normas, prohibiendo pr�cticas discriminatorias. (Bolet�n N� 2.252-04). --Pasa a la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a. Con el segundo, informa que ha dado su aprobaci�n al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnolog�a Agropecuaria y el Convenio de Administraci�n de dicho Programa Cooperativo, suscritos en Cartagena de Indias, Colombia, el 15 de marzo de 1998. (Bolet�n N� 2.449-10). --Pasa a la Comisi�n de Hacienda y a la de Relaciones Exteriores. De la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, referido a la definici�n de los l�mites en el Campo de Hielo Sur. Del se�or Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Fern�ndez, relativo a la Enciclopedia Multimedia de la Ciencia. Del se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Lagos, referido a la situaci�n que afecta a un grupo de familias que habitan en Alto Hospicio. Del se�or Presidente del Sistema Administrador de Empresas de la CORFO, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Andr�s Zald�var, relativo a la privatizaci�n de ESSBIO S.A. Del se�or Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, con el que remite informaci�n financiera acerca de los fondos de pensiones. Del se�or Alcalde de Villa Alegre, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Larra�n, referido a los profesores contratados por dicho municipio. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informe De la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que crea la Defensor�a Penal P�blica, con urgencia calificada de "simple". (Bolet�n N� 2.365-07). --Queda para tabla. Moci�n Del Senador se�or Larra�n, con la que inicia un proyecto de ley que agrava las sanciones para quienes vulneren la franja protectora de la pesca artesanal. (Bolet�n N� 2.545-03). --Pasa a la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura. Solicitudes De los se�ores Mois�s Gabriel Mu�oz Maldonado, Igor Giovanni Barrera Inzunza, Juan de Dios Segundo Alderete Aldana, Armando Arturo Galasso Hodges y Angel Habner Estrada Manr�quez, con las que piden la rehabilitaci�n de sus ciudadan�as. (Boletines N�s. S 504-04, S 505-04, S 506-04, S 507-04 y S 508-04, respectivamente). --Pasan a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En primer lugar, deseo hacer presente que hoy, al t�rmino de la sesi�n -a las 19:30-, en el piso 15� se llevar� a cabo la celebraci�n del 189� aniversario del Congreso Nacional, a la que concurrir�n el personal de la Corporaci�n y, esperamos, todos los se�ores Senadores. En esta ocasi�n, adem�s, se har�n entrega a los funcionarios de medallas de reconocimiento por 25, 30, 35, 40, 45 y 50 a�os de servicios. En segundo t�rmino, se hab�a pensado tratar en la sesi�n de ma�ana el proyecto que regula la oferta p�blica de adquisici�n de acciones (OPAS) -del cual no se dio cuenta hoy d�a porque deb�an introduc�rsele algunas correcciones al informe-, pero el Ministro de Hacienda me ha comunicado que viajar� al extranjero junto con el Presidente de la Rep�blica. Por lo tanto, en la reuni�n de Comit�s informal de hoy se acord� discutirlo la pr�xima semana. Adem�s, se resolvi� iniciar en la sesi�n de ma�ana el debate en general del proyecto que crea la Defensor�a Penal P�blica, lo cual, si se despacha toda la tabla de hoy, podr�a hacerse despu�s del homenaje que se rendir� al ex Senador se�or Julio Von M�hlenbrock. Se escuchar�a al se�or Ministro de Justicia, al Presidente de la Comisi�n de Constituci�n y a todos los Senadores que deseen participar. El se�or BITAR.- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, �no se ha considerado la posibilidad de ver ma�ana el proyecto sobre OPAS? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se�or Senador, acabo de se�alar que, como el se�or Ministro de Hacienda viajar� ma�ana junto con el Presidente de la Rep�blica, se acord� postergar su an�lisis para la pr�xima semana. Asimismo, la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores me ha solicitado que, si fuera posible, la Sala agilice el despacho del proyecto de acuerdo reca�do en el Tratado entre Chile y Argentina sobre integraci�n y complementaci�n minera, cuyo informe a�n no se encuentra a disposici�n de los se�ores Senadores. V. ORDEN DEL D�A RECOPILACI�N DE ANTECEDENTES SOBRE PARADERO DE DETENIDOS DESAPARECIDOS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Nuevo informe de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a, reca�do en su actuaci�n destinada a recopilar antecedentes relativos al paradero de los detenidos desaparecidos. --Los antecedentes sobre el informe figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Se da cuenta en sesi�n 12�, en 16 de diciembre de 1998. Nuevo informe, sesi�n 7�, en 4 de julio de 2000. Discusi�n: Sesiones 13�, en 22 de diciembre de 1998 (queda para segunda discusi�n); 18�, en 19 de enero de 1999 (se acuerda enviar oficio al Ejecutivo). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Presidente de la Comisi�n. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, Honorable Senado, vengo en informar lo obrado por la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a, en cumplimiento del acuerdo de la Corporaci�n tendiente a recopilar antecedentes relativos al destino de los detenidos desaparecidos. Cabe se�alar que se trata del segundo informe sobre el particular, motivado en la extensi�n del mandato que, para los fines se�alados, hiciera la Sala en sesi�n ordinaria del 19 de enero del a�o reci�n pasado. Resulta importante destacar, en primer t�rmino, el profundo significado del acuerdo de esta Honorable Corporaci�n, que encarg� a dicha Comisi�n la tarea de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la soluci�n de este grave problema, constituyendo en el momento en que fue planteada una iniciativa pionera por la pluralidad de sus impulsores y miembros. La firme convicci�n en este imperativo superior, signific� prescindir de las consideraciones pol�ticas que cada miembro de la Comisi�n tuviere sobre los hechos acaecidos y las causas que los motivaron. Quiero hacer presente que tanto cuando esta Comisi�n fue presidida por el Honorable se�or Silva -que ocup� la mayor parte del tiempo que se dedic� a este trabajo- como cuando me ha correspondido ejercer dicho cargo, se ha desarrollado en el clima de entendimiento y altura de miras, que es preciso y justo resaltar. Pues bien, en cumplimiento del cometido antes referido, la Comisi�n se propuso recopilar los antecedentes disponibles y dise�� un amplio plan de trabajo. La Comisi�n acord� inicialmente, por la unanimidad de sus miembros, la conveniencia de sumar sus esfuerzos a hacer patente el derecho consagrado en el art�culo 6� de la ley N� 19.123, que cre� la Corporaci�n de Reparaci�n y Reconciliaci�n, que dispone a la letra "que la ubicaci�n de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparici�n o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las v�ctimas y de la sociedad chilena.". Para ello, se difundi� adecuadamente el objeto y forma en que tendr�a lugar el cometido de la Comisi�n, y previa autorizaci�n de la Sala, se iniciaron sesiones especiales en Santiago los lunes, las que se llevaron a efecto ininterrumpidamente, recibi�ndose en audiencias a delegaciones de la Agrupaci�n de Familiares de Detenidos Desaparecidos, del Partido Comunista de Chile, de la Agrupaci�n de Ejecutados Pol�ticos y algunos testimonios de particulares. El informe consigna detalladamente los planteamientos de las organizaciones mencionadas, como tambi�n el de don Alejandro Gonz�lez, Presidente de la citada Corporaci�n de Reparaci�n y Reconciliaci�n. Con lo anterior, se pudo establecer un diagn�stico preciso sobre la magnitud del problema. De la informaci�n proporcionada, particularmente por don Alejandro Gonz�lez, de acuerdo con los archivos de la Comisi�n de Reparaci�n y Reconciliaci�n, pudo establecerse que el n�mero de detenidos desaparecidos, que todav�a permanecen en condici�n de tales, asciende en la actualidad a 952 personas, de las cuales 39 son menores de edad y 9 mujeres embarazadas, 8 en Chile y una en Argentina. A tal guarismo se llega luego de encontrarse algunos restos en los �ltimos a�os o identificarse otros. Quiero se�alar a la Sala que he verificado tambi�n el caso recientemente aparecido en la prensa de do�a Tamara Callejas Leiva (fue dada en adopci�n a una familia), quien es hija de Mar�a Isabel Beltr�n S�nchez, la cual se encuentra en la lista a la que me refiero. No aparece como mujer embarazada, porque la se�ora Tamara Callejas Leiva no fue dada a luz mientras su madre estuvo prisionera, sino que ya hab�a nacido al momento de la detenci�n. En lo referente a la petici�n del Gobierno de los Estados Unidos de aclarar los tres casos de ciudadanos norteamericanos desaparecidos -los se�ores Charles Horman, Frank Teruggi (los dos en 1973) y Boris Weisfeiler (en 1985)-, cabe informar que estas personas no aparecen en la se�alada lista. La pormenorizaci�n por regiones a la fecha de la elaboraci�n del informe de la Comisi�n est� a disposici�n de los se�ores Senadores en sus despachos como anexo al informe. Ah� se puede constatar que la inmensa mayor�a de las personas detenidas desaparecidas se encuentra en la Regi�n Metropolitana, ocupando el segundo lugar la Octava Regi�n, seguida de las Regiones N�vena, D�cima, S�ptima, y Quinta. Del mismo modo, existen hip�tesis fundadas en presunciones serias que han podido determinar etapas en el proceso que origina las desapariciones y que tienen directa relaci�n con sus v�ctimas, con la forma en que acaecieron los hechos y con su paradero. En una etapa inicial, correspondiente a los �ltimos meses de 1973 y enero de 1974, la desaparici�n sigue a detenciones relativamente indiscriminadas, en los hogares o lugares de trabajo de los afectados, ocult�ndose el destino de los cuerpos o bien encontr�ndose �stos en r�os y cementerios clandestinos. Con posterioridad a enero de 1974, las desapariciones adquieren un car�cter m�s sistem�tico y afectan, principalmente, a disidentes pol�ticos, miembros de colectividades de Izquierda, pudiendo incluso establecerse un orden en las acciones, las que se orientaron inicialmente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), para seguir posteriormente con el Partido Comunista y el Partido Socialista. En este per�odo resulta m�s dif�cil encontrar testimonios del destino de las v�ctimas. Con ese diagn�stico, se inici� un di�logo con los principales actores de la vida nacional con el objeto de recabar opiniones sobre un camino de soluci�n. Entre ellos, se contaron los Auditores de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden -con los cuales se sostuvieron dos reuniones en la Comisi�n-, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Jorge Arancibia Reyes, el Ministro de Defensa de la �poca, don Edmundo P�rez Yoma, los entonces candidatos a la Presidencia de la Rep�blica, se�ores Ricardo Lagos Escobar y Joaqu�n Lav�n Infante y con el Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferencia Episcopal, Monse�or Francisco Javier Err�zuriz, consult�ndoseles sobre una moci�n, acordada un�nimemente por la Comisi�n, que interpretaba el citado art�culo 6� de la ley N� 19.123, estableciendo el secreto para quienes entregaran informaci�n a la justicia destinada a conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Por esos d�as y cuando nuestra Comisi�n avanzaba en el dise�o de alternativas de soluci�n al problema, como la se�alada, que inclu�a, posteriormente, solicitar a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden que requirieran a sus subordinados los antecedentes que pudieran tener sobre el destino de los detenidos desaparecidos, se tuvo conocimiento de la creaci�n de la denominada Mesa de Di�logo, considerando los miembros de la Comisi�n que la superposici�n de esfuerzos sobre la materia resultaba perjudicial, acord�ndose, por tanto, suspender su funcionamiento hasta que aqu�lla culminara su trabajo. No hago menci�n expl�cita en este informe de otras gestiones particulares que algunos miembros de la Comisi�n realizaron. Si ellos estiman del caso darlas a conocer a la Sala, lo podr�n hacer despu�s de mi intervenci�n. Se�or Presidente y Honorables colegas, nuestro esfuerzo no ha sido ajeno a las dificultades inherentes a su objetivo, y �stas han permitido que el destino y paradero de estos compatriotas contin�e siendo incierto, aun bastantes a�os despu�s de ocurridos tan lamentables hechos. Sin embargo, asiste a los miembros de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a la convicci�n de haber realizado un esfuerzo serio y sistem�tico por cumplir cabalmente la tarea que la Sala le encomend�, cual era la indagaci�n del paradero de los detenidos desaparecidos. Cabe destacar, en primer t�rmino, la relevancia del acuerdo del Senado que origin� el trabajo del organismo t�cnico en esta materia, en cuanto a realzar el tema de los detenidos desaparecidos como un asunto de importancia para todos los sectores de la sociedad, aun con sus diversas interpretaciones sobre nuestra historia reciente. Del mismo modo, resulta importante que, como fruto de este trabajo, la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a cuente ahora con informaci�n precisa sobre la materia, detallada caso a caso en disquetes computacionales, los que se encuentran a disposici�n de los Honorables colegas para su consulta, as� como la n�mina de los detenidos desaparecidos que consta en la carpeta que obra en su poder. Ella proviene de antecedentes entregados por la Agrupaci�n de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y nos imaginamos -no la hemos cotejado- que ser� similar a la que tiene la Corporaci�n Nacional de Reparaci�n y Reconciliaci�n. Por �ltimo, resulta muy significativo para el Senado el haber contribuido en forma seria a generar mutuas confianzas y un clima de entendimiento en una materia que por muchos a�os ha dividido a la comunidad nacional. Creemos, Se�or Presidente, que tales hechos justifican plenamente el esfuerzo realizado en cumplimiento del mandato de esta Corporaci�n. La importancia de la tarea desarrollada por la Comisi�n fue refrendada por el entonces Ministro de Defensa Nacional, se�or Edmundo P�rez Yoma, quien se�al� a esta instancia como un cimiento del trabajo de la posteriormente creada Mesa de Di�logo, cuyo resultado pudo conocer el pa�s recientemente, y cuyos frutos esperamos que se obtengan en su oportunidad, transcurrido el plazo de seis meses en ella establecido. A dicho t�rmino ha dejado suspendida la Comisi�n la tramitaci�n del proyecto de ley que elabor� en determinado momento de su quehacer, y cuyo texto apuntaba al mismo objetivo del aprobado recientemente por el Congreso Nacional, sobre secreto respecto de la identidad de los informantes, para quienes reciban informaci�n acerca del paradero de los detenidos desaparecidos. Al efecto, habr�a quiz�s dos diferencias que se�alar: primero, establec�amos que quien tuviera informaci�n que dar la proporcionara ante el juez. El proyecto que aprobamos hace pocos d�as consigna un camino distinto para entregarla. Segundo, consign�bamos que la persona quedaba libre de la responsabilidad por delitos de obstrucci�n a la justicia, falso testimonio o perjurio que hubiera cometido, justamente porque su identidad ser�a conocida por el juez. Como ello no suceder�, resulta innecesario establecerlo. Del mismo modo, la Comisi�n ha concluido en la existencia de diversos asuntos conexos al tema principal, respecto de alguno de los cuales ha realizado ciertas gestiones, en tanto que otras, que paso a rese�ar, debieran constituir en el futuro una preocupaci�n del Parlamento y del Ejecutivo: 1�.- Tipificaci�n del delito de desaparici�n forzada de personas: A este respecto, la Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada de Personas se encuentra suscrita por nuestro pa�s y su ratificaci�n est� en estudio en el Senado, habiendo recibido ya la aprobaci�n de la C�mara de Diputados y de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a de nuestra Corporaci�n, restando el an�lisis de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, para luego ser debatida por la Sala. Con posterioridad a su despacho debieran promoverse las enmiendas legales que tipifiquen en nuestra legislaci�n la conducta se�alada, aun cuando la desaparici�n forzada de personas se encuentra cubierta por el delito gen�rico de secuestro. 2�.- Creaci�n de un banco de ADN: En esta materia, la Comisi�n ofici� al Ministerio de Justicia el cual, a la fecha de la respuesta, en agosto de 1998, se�al� que el Servicio M�dico Legal hab�a iniciado la creaci�n del referido banco, constituyendo una comisi�n especial con dicho fin. En la actualidad, �ste se encuentra en plena operaci�n, habi�ndose tomado las muestras de 857 familias, por l�nea materna, de las v�ctimas, y utiliz�ndose este procedimiento en subsidio de las t�cnicas tradicionales, atendidos su costo y dificultades. 3�.- Identificaci�n de restos de detenidos desaparecidos localizados en el Patio 29 del Cementerio General, en Peldehue y en San Francisco de Mostazal: Esta inquietud fue planteada por la Agrupaci�n de Familiares de Detenidos Desaparecidos, respecto de la cual el Ministerio de Justicia ha informado que se ha avanzado en este proceso, identific�ndose los restos de 98 de los 125 cad�veres encontrados en el Patio 29, y de una de las tres personas halladas en Peldehue, en tanto que en el caso de San Francisco de Mostazal no se registran avances respecto de los tres cuerpos encontrados. A esto se suman las investigaciones que realiza el Ministro de fuero se�or Juan Guzm�n, que han tenido lugar en otras zonas del pa�s, como ocurri�, por ejemplo, en el Cementerio de Concepci�n. Esta �ltima materia est� cubierta por el secreto del sumario. 4�.- Creaci�n de normas destinadas a la regularizaci�n de ciertas situaciones de car�cter civil originadas en la desaparici�n: Los familiares de las v�ctimas, por razones completamente entendibles, se han negado hasta ahora a hacer uso de las normas relativas a la muerte presunta para regularizar la situaci�n patrimonial ligada a la herencia, lo que origina diversos problemas que se arrastran por muchos a�os. Resultar�a, pues, conveniente estudiar la creaci�n de una legislaci�n especial sobre la materia, se�al�ndose como ejemplo la dictada en la Rep�blica Argentina, que crea el status jur�dico de ausencia por desaparici�n forzosa. �ste es un tema al que se refiere el informe, y se acompa�a una rese�a de la legislaci�n del vecino pa�s. Se�or Presidente y Honorables colegas, la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a cumple con informar sobre el encargo recibido. Al concluir esta intervenci�n, quiero reiterar la convicci�n de todos sus miembros de haber hecho un esfuerzo significativo en la b�squeda de caminos para alcanzar la verdad sobre los detenidos desaparecidos, y as� poder, como afirma la Mesa de Di�logo, "legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.". He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La Sala toma conocimiento del informe. No procede adoptar ning�n acuerdo, puesto que se trata de un documento relacionado con una materia espec�fica encargada a la Comisi�n, y no de un proyecto de ley. Ofrezco la palabra. El se�or SABAG.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, deseo resaltar el trabajo muy serio y fecundo que realiz� la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. No podemos pasar por alto este hecho. La Sala encomend� a ese organismo t�cnico preocuparse de los detenidos desaparecidos. Ella trabaj� durante 18 meses, a raz�n de dos sesiones semanales; invit� a muchas personas afectadas, a organizaciones, instituciones, y evacu� este completo informe a que ha dado lectura su actual Presidente, el Honorable se�or Viera-Gallo. Anteriormente fue presidida por el Senador se�or Silva. Quiero felicitar muy sinceramente a Sus Se�or�as, y tambi�n a los Honorables se�ores R�os, Urenda y Lavandero, que en la oportunidad integraban la Comisi�n. Actualmente el Senador que habla es miembro de ella, pero no particip� en este trabajo tan serio y responsable que llev� a cabo. Por eso, reitero muy sinceramente mis felicitaciones a Sus Se�or�as, pues han honrado el cometido que les encomendara la Sala al entregar este informe tan completo que acabamos de conocer sobre la materia, el que culmin� en la Mesa de Di�logo, cuyos resultados conocemos, y en la cual tenemos puesta nuestra esperanza. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Silva. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, me cupo el honor de presidir esta Comisi�n durante dos a�os y fracci�n. Espec�ficamente, dentro de ese lapso me toc� dirigir los trabajos a que se refiri� el Honorable se�or Viera-Gallo, que preside el organismo t�cnico, y que culmin� el desarrollo de los trabajos sobre los cuales ha informado. En primer t�rmino, me place dejar constancia de algo que es muy positivo y que considero muy �til en relaci�n a la forma como el Senado debe desarrollar este tipo de materias: el grado de absoluta unanimidad con que los distintos miembros de la Comisi�n enfocaron su labor y aprobaron todo lo que ella deb�a desarrollar, en un campo que era extremadamente dif�cil. En verdad, eso facilit� el trabajo de la Comisi�n y permiti� que, cuando dicho organismo ya estaba a punto de culminar sus actividades exitosamente -por razones obvias que dec�an relaci�n a los contactos que era menester tomar en la etapa final a nivel de jefes de los comandos de las Fuerzas Armadas para los efectos de tener una reuni�n conjunta con ellos-, se realizara un encuentro con el se�or Ministro de Defensa Nacional de la �poca. �ste expres� que no se habr�a imaginado nunca un avance tan espectacular, y que tal avance, con el enfoque de la materia por parte de las Fuerzas Armadas, hac�a muy viable la posibilidad de encontrar un punto de soluci�n, que no fue otro el que �como consecuencia de ese encuentro- culmin� con la determinaci�n de formar la Mesa de Di�logo, la cual, afortunadamente, fue exitosa gracias �en mi modesta opini�n- a las aportaciones y antecedentes que la Comisi�n de Derechos Humanos del Senado tuvo a bien entregar al se�or Ministro de Defensa Nacional. En consecuencia, al poner t�rmino a esta gesti�n, para el Senador que habla es muy honroso dejar testimonio de que la actuaci�n exitosa de la Comisi�n durante ese lapso tan importante, en gran medida, se vincula al grado de concepci�n un�voca y un�nime con que los se�ores Senadores trabajaron en ese per�odo. Pudo tal vez esa culminaci�n ser m�s brillantemente definitiva, por cuanto est�bamos a punto de recibir antecedentes espec�ficos acerca de d�nde se encontraban ubicados los restos de un n�mero importante de personas desaparecidas y detenidas desaparecidas. Deplorablemente, en ese momento se produjo el cambio y la Comisi�n debi�, por razones obvias, poner t�rmino a su gesti�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, al igual que el Senador se�or Sabag, quiero sumarme a las felicitaciones a los miembros de la Comisi�n de Derechos Humanos por haber conducido y efectuado este trabajo. A mi juicio, se trata de un elemento de tal significaci�n en la vida del pa�s que, probablemente, en la Sala del Senado deber�a haberse dado mayor realce a sus conclusiones y, tambi�n, m�s difusi�n. Pero lo que en este momento no se pudo realizar quedar� en la memoria y en la Versi�n Taquigr�fica de la Corporaci�n. Deseo formular una breve pregunta al Senador se�or Viera-Gallo. El n�mero de personas detenidas desaparecidas por Regi�n asciende a 952. La informaci�n entregada por la Mesa de Dialogo �cuyo trabajo hemos seguido con atenci�n- no coincide con la cantidad reci�n mencionada. Por lo tanto, con el objeto de que quede constancia en la Versi�n Taquigr�fica, deseo consultar al se�or Senador cu�l es el n�mero real y la n�mina de detenidos desaparecidos, para no dejar dudas sobre el particular. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Gracias a la interrupci�n concedida por el Honorable se�or Moreno, tiene la palabra el Senador se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, tal como se�al�, la Comisi�n lleg� al convencimiento, por la informaci�n entregada tanto por la Agrupaci�n de Familiares de Detenidos Desaparecidos como por la Corporaci�n Nacional de Reparaci�n y Reconciliaci�n, de que faltan por descubrir 952 personas detenidas desaparecidas, de las cuales 39 eran menores de edad y 73, de sexo femenino (9 de ellas se encontraban embarazadas). �sa fue la informaci�n que tuvimos. Ahora bien, esos datos pueden no ser exactos, porque dentro de las investigaciones que los magistrados realizan todo el tiempo existen nuevas denuncias de personas que antes no se hab�an atrevido a presentarlas y, por lo tanto, no se encuentran calificadas. En segundo lugar, hay ciertos casos de detenidos desaparecidos que no figuran en el listado; me refiero al de los tres norteamericanos -cuya aclaraci�n de muerte es solicitada por el Gobierno de Estados Unidos-: dos ocurridos en 1973 (uno de ellos dio origen a la pel�cula "Missing") y otro en 1985, relativo a la desaparici�n del se�or Boris Weisfeiler. Entonces, puede ser que existan m�s o menos personas detenidas desaparecidas. Adem�s, tenemos el trabajo que se encuentra desarrollando permanentemente el Instituto M�dico Legal. En consecuencia, se trata de cifras que pueden ir variando. Pero �se es el universo del cual estamos hablando. Se�or Presidente, el Senador se�or Silva desea a�adir algo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Dentro de la interrupci�n concedida por el Honorable se�or Moreno, tiene la palabra el Senador se�or Silva. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, debo hacer presente que ya se han encontrado restos de detenidos desaparecidos por una cifra superior a 195 personas. El se�or MORENO.- �Adem�s de la se�alada precedentemente? El se�or SILVA.- S�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, deseo destacar la labor realizada en su oportunidad por la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. Lo hago con mucha franqueza, porque por primera vez en el Senado personas de distintos sentimientos y actividades pol�ticas lograron unirse para buscar un camino que pudiera facilitar la informaci�n y las condiciones en que se encontraban sus seres queridos a los familiares de los detenidos desaparecidos. En esta tarea asum� el papel que me otorg� la Comisi�n por unanimidad. Trabaj� muy estrechamente con el Senador se�or R�os, ya que debimos llevar a cabo algunos cometidos bastante complejos y reservados que hoy, desgraciadamente, no puedo dar a conocer en forma p�blica, pues los antecedentes que obtuvimos fueron entregados bajo la condici�n de ser aprovechados una vez que se hubieran aprobado determinados proyectos de ley. Quiero se�alar, sin mencionar nombres, que nos reunimos con algunos ejecutores, quienes nos manifestaron que en 1988 una comisi�n especial recorri� el pa�s para desenterrar los cuerpos de personas desaparecidas e inhumarlos en otros lugares, a fin de que nunca m�s se pudieran encontrar. El recuento que se nos entreg� excede con mucho las denuncias hechas llegar a los distintos organismos que se dedicaron a estudiarlas, lo que da cuenta de importante cantidad de detenidos desaparecidos. La informaci�n que recibimos de los propios ejecutores junto al Senador se�or R�os -cuya compa��a requer� pues no quise hacerlo solo-, por mandato de la Comisi�n, presidida en ese entonces por el Honorable se�or Silva, es que el n�mero de detenidos desaparecidos ascend�a a alrededor de dos mil, y que de �stos el 60 por ciento hab�a sido lanzado al mar. De manera que una cantidad muy relevante jam�s ser�a encontrada. Pienso que la Comisi�n se demor� en realizar estos estudios. En la historia del Senado quedar� la participaci�n de los Honorables se�ores Silva, Viera-Gallo, Urenda y R�os, quienes lo hicieron con mucha generosidad y con un esfuerzo muy concreto. Alg�n d�a, la Corporaci�n les reconocer� el tremendo m�rito de llevar adelante, m�s all� de sus pensamientos pol�ticos, tales trabajos. �stos, por alguna raz�n, fueron traspasados a la Mesa de Di�logo, la cual elabor� los antecedentes que han recibido los se�ores Senadores. Sin embargo, en cuanto a los que entregaron informaci�n, puedo a�adir hoy algo, por supuesto que sin decir ning�n nombre, porque me est� absolutamente vedado. Ellos sent�an una cierta lealtad hacia los que les ordenaron ejecuciones y quer�an buscar la forma de declarar sin atribuirles los desaparecimientos. Muchas de esas personas se interesan en descargar su conciencia. Y, si se les puede permitir hacerlo, resulta indudable que quienes se beneficiar�n en algunos aspectos son los familiares de aquellos cuyo paradero se ignora. En efecto, estaban en condiciones de entregar informaci�n sobre 149 detenidos desaparecidos y los lugares en que se encontraban enterrados. Creo que deb�a entregar estas explicaciones en la Sala para complementar las palabras del actual Presidente de la Comisi�n de Derechos Humanos. Y quiero reiterar, tambi�n, la satisfacci�n por haber trabajado en ese organismo con todos sus integrantes y, muy en especial, con su anterior Presidente, el Honorable se�or Silva, as� como despu�s con su sucesor, el Senador se�or Viera-Gallo. Son los antecedentes que quer�a proporcionar, se�or Presidente. �Muchas gracias! El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, deseo formular una consulta. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Su Se�or�a debe pedir una interrupci�n al Honorable se�or Gazmuri, luego de lo cual puede intervenir, con la venia de la Mesa. El se�or GAZMURI.- La concedo con mucho gusto, se�or Presidente. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, los datos entregados por el Senador se�or Lavandero son extraordinariamente importantes, al igual que delicados, por decirlo de alguna manera. Entiendo que no forman parte del informe de la Comisi�n. Y lo lamento, porque lo que se ha puesto en conocimiento de la Sala y de Chile, en buenas cuentas, en el sentido de que funcion� una verdadera comisi�n en el �mbito de que se trata y medi� una acci�n concertada, premeditada, para recorrer el pa�s desenterrando cuerpos de detenidos desaparecidos y coloc�ndolos en otro lugar, implica una operaci�n grande, no de personas aisladas. Porque la acci�n �repito- tuvo que ser concertada, sin lugar a dudas. Lo anterior ha podido constituir un elemento clave para todo el proceso de la Mesa de Di�logo. Y es algo que se vincula, asimismo, con el proyecto aprobado ac� en orden a entregar de alguna manera la posibilidad -a instituciones o a personeros- de recibir informaci�n, con la reserva del caso. El Senador se�or Lavandero no ha dado nombres -y eso est� bien, por las razones que explic�-, pero tal vez los hechos debieran ser puestos en conocimiento de quienes recabar�n los antecedentes. Me parece que constituyen un elemento demasiado importante y que debieran formar parte del informe que la Comisi�n ha entregado a la Sala. Porque el texto completo, seg�n entiendo, se har� llegar a las instancias que trabajan en el asunto. El se�or LAVANDERO.- �Me permite, Su Se�or�a? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No puede haber di�logo durante el debate. Tiene la palabra el Senador se�or Gazmuri. El se�or LAVANDERO.- �Me permite una breve interrupci�n, Honorable se�or Gazmuri? El se�or GAZMURI.- Con todo agrado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No procede la conducci�n del debate desde la Sala. No habr�a inconveniente en que... El se�or GAZMURI.- Doy la interrupci�n al Senador se�or Lavandero. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ser� la �ltima. El se�or LAVANDERO.- Solamente deseo agregar que fue el propio Senador se�or Viera-Gallo, Presidente de la Comisi�n, quien me pidi� en forma personal, junto con el Honorable se�or Silva, que entregara alguna informaci�n anexa acerca de la situaci�n tan delicada que nos ocupa. Por esa raz�n, creo que, m�s que con el objeto de que formase parte de los antecedentes entregados, era nuestra obligaci�n proporcionarla en forma reservada a la Sala. Agradezco al Senador se�or Gazmuri la interrupci�n concedida. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Hago presente que no se trata de algo reservado, pues la presente es una sesi�n p�blica. Y deseo puntualizar al Senador se�or Pizarro que no hay otro informe que el emitido por la Comisi�n. Por lo tanto, no se puede modificar. Por supuesto, de las intervenciones de cada uno de los se�ores Senadores queda constancia en la Versi�n Oficial y, por lo tanto, son parte de los temas analizados por la Corporaci�n. Puede continuar el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, solamente quiero felicitar a cada uno de los miembros de la Comisi�n, y destacar el gran valor pol�tico y moral del informe. Porque en verdad ha costado muchos a�os que el drama, el desgarro de los detenidos desaparecidos, se vaya esclareciendo y sea un hecho asumido por el conjunto de la sociedad. Entiendo que ese proceso no ha sido f�cil por mil razones, entre otras porque el sentido com�n de un pa�s se resiste con mucha fuerza a creer que ha sido posible la comisi�n de delitos tan graves, de manera sistem�tica, reiterada y masiva, por parte de agentes del Estado. Se registra, normalmente, una gran renuencia, en aquellos que no han sido v�ctimas de violaciones regulares de los derechos humanos, en reconocer que esos hechos realmente ocurrieron en una sociedad como la nuestra, que siempre se jact� de su grado de civilizaci�n. Y ahora una Comisi�n del Senado, en forma un�nime, plantea que tales episodios sucedieron y los da, junto con otras expresiones de la comunidad, como ciertos. No cabe olvidar que ello se neg� durante muchos a�os. Incluso, las propias instituciones armadas, cuando se dio a conocer el Informe Rettig, por ejemplo, cuestionaron la verdad de muchas de las afirmaciones que hoy una comisi�n plural, como la de Derechos Humanos, expone como parte de la historia dolorosa del pa�s. Por lo tanto, opino que el documento en debate presenta un valor pol�tico y �tico de la mayor significaci�n. Junto con reiterar ese juicio, solicito que la informaci�n sobre la lista larga de detenidos desaparecidos -que puede ser muy �til para el prop�sito acordado por la Mesa de Di�logo- sea enviada por el Senado al Ministerio de Defensa, de tal manera que pueda servir a aquellos que intentan determinar el paradero o las circunstancias de la desaparici�n de esos conciudadanos nuestros. Y, al mismo tiempo, por creer que ella interesa a la comunidad nacional, adem�s, pido que sea incluida en los servicios de informaci�n v�a Internet que esta Corporaci�n proporciona al p�blico. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El Honorable se�or Gazmuri propone remitir los antecedentes al Ministerio de Defensa. Pienso que perfectamente se puede enviar el informe de la Comisi�n, incluidos sus anexos. �Hay acuerdo para hacerlo en nombre del Senado? Acordado. El se�or N��EZ.- �Puedo formular una pregunta al se�or Presidente de la Comisi�n? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- S�, Su Se�or�a. El se�or N��EZ.- �Por qu� hay personas excluidas? Es algo que puedo certificar concretamente. Revis� el listado y no se consignan los nombres de por lo menos tres desaparecidos que conoc�, comprendidos, por lo dem�s, en el Informe Rettig. �C�mo se hacen llegar los datos respectivos, para los efectos de completar los antecedentes? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- La informaci�n se nos hizo llegar por la Agrupaci�n de Familiares de Detenidos Desaparecidos. No s� si se encontr� a las personas vinculadas a los casos mencionados por el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- No han sido encontradas, se�or Senador. El se�or VIERA-GALLO.- Si no lo han sido, entonces, quiere decir que, como ya lo expres� al Honorable se�or Moreno, siempre hay un cierto grado de aproximaci�n. Es posible que falte alguna persona, por lo que la lista no puede considerarse exacta. En todo caso, es importante que los se�ores Senadores vean los disquetes -son varios-, para que se enteren de que cada caso tiene su historia. Se sabe, m�s o menos, la fecha de la detenci�n, las circunstancias de la misma y los lugares por donde pas� hasta cierto momento, porque despu�s se pierde el rastro. Posteriormente, aparece la rese�a completa de todas las actividades judiciales realizadas para encontrar a cada una de esas personas. Si el Honorable se�or N��ez conoce otros casos, la informaci�n habr�a que verificarla y analizarla completamente, para lo cual pienso que ser� muy importante la labor de la Mesa de Di�logo. Si me lo permite, se�or Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para referirme a lo manifestado por los Senadores se�ores Lavandero y Pizarro. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La Mesa debe respetar el orden de inscripci�n. Ahora le corresponde intervenir al Honorable se�or Urenda. No tengo inconveniente en concederle la palabra posteriormente. El se�or VIERA-GALLO.- Muy bien, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, como se ha dicho, form� parte de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a durante todo el per�odo a que alude el informe, y he sido miembro de ella por m�s de seis a�os. Por ello, s�lo quiero hacer algunas breves puntualizaciones a fin de situarnos en el campo donde hemos actuado. Efectivamente, en general, hubo unanimidad en la Comisi�n en cuanto al objetivo fundamental: crear caminos que facilitaran obtener informaci�n acerca de los detenidos desaparecidos. Dentro de ese concepto, desarrollamos nuestra labor. Ahora bien, no est� dem�s recordar que -tal como se expres� en su oportunidad- la Comisi�n y el propio Senado pretenden atribuirse funciones judiciales e interferir en las facultades de otros organismos. En consecuencia, se ha hecho un esfuerzo para que la gente, de alguna manera, concurra voluntariamente a proporcionar informaciones, lo que ha permitido lograr un c�mulo de antecedentes que en cierto modo pueden orientar el camino futuro. Deseo referirme a dos situaciones que, en mi opini�n, es bueno recordar. Primero, en la medida en que efectu�bamos el trabajo, tuvimos la posibilidad de conocer la opini�n de gente vinculada a los detenidos desaparecidos, y de familiares de �stos. Se escuch� tambi�n a representantes de las Fuerzas Armadas y a distinguidos pol�ticos, incluso a los candidatos a la Presidencia de la Rep�blica, entre ellos al actual Primer Mandatario. Curiosamente, de las personas que concurr�an a conversar con nosotros, fue surgiendo la idea de que -tal vez, nucleada por la Comisi�n de Derechos Humanos u orientada por �sta- pudiera llegarse a una especie de mesa de di�logo o lugar donde la gente acudiera a proporcionar alg�n grado de informaci�n. Lo anterior deriv� -seg�n lo explic� el Presidente de la mencionada comisi�n- a la Mesa de Di�logo, donde -no s� si fue lo m�s propio- se pudo juntar a los involucrados en el tema para que conversaran y buscaran caminos. Se trataba de personas que hasta esa fecha carec�an de todo tipo de contacto y de posibilidad de di�logo. A mi juicio, esto fue positivo. En un momento dado, se lleg� a pensar que la Comisi�n -que estaba cumpliendo con mucha conciencia su tarea- pod�a ser depositaria de la informaci�n. No se avanz� m�s all� en esa idea, que fue planteada por distinguidas personalidades a las cuales escuchamos. Y ellas, tal vez con un an�lisis distinto, llegaron a la conclusi�n de que lo m�s adecuado era la Mesa de Di�logo. En segundo lugar, deseo puntualizar que el camino insinuado por nosotros -esto consta en el proyecto de ley que conoce el Senado- tend�a a precisar muy bien, desde el punto de vista procesal, la importancia que tiene el objetivo de saber lo que sucedi� con los detenidos desaparecidos. De ah� surgi� la proposici�n -idea que fue aprobada por esta Corporaci�n- en orden a que siempre deber�a quedar abierto un proceso penal, aunque no hubiere inculpado o eventualmente se hubiese sobrese�do, con el objeto de que los jueces siguieran investigando. Pero, en definitiva, se opt� por una v�a distinta, la que ojal� tenga el mejor de los �xitos. Por eso, desistimos de seguir adelante, pues se estim� -y el propio Gobierno hizo suya la idea- que el camino de la Mesa de Di�logo ten�a el m�rito tan extraordinario de ser fruto de un acuerdo entre instituciones o personas relacionadas con los hechos. Por lo tanto, s�lo nos queda desear buen �xito en esa gesti�n. De ah� consideramos que se podr�a interferir -sobre todo en los prop�sitos de la Mesa de Di�logo- si continu�bamos efectuando paralelamente la tarea realizada por ella, que se tradujo en determinadas ideas recogidas por el Gobierno y que hoy son ley de la Rep�blica en aplicaci�n. Con respecto a los antecedentes puntuales, ya ha habido una precisi�n en tal sentido. Recibimos informaciones, pero no estamos en condiciones ni tenemos los medios para comprobarlas. Curiosamente, las cifras son bastante parecidas a las que nos dieron diversos organismos. En tal virtud, cabe recordar que, desde un comienzo hasta ahora, se han identificado determinados cad�veres o se ha sabido probablemente el destino de algunas personas. Por lo dem�s, la trascendencia del asunto no est� en que se trate de m�s o menos casos, sino en que hay un n�mero muy importante de detenidos desaparecidos y, por consiguiente, una cantidad muy significativa de personas, de familiares, que anhelan saber qu� fue de aqu�llos y, si es posible, encontrar sus restos. En mi opini�n, hemos cumplido la tarea encomendada, dentro de las limitadas facultades que a este respecto tiene el Senado y con un esp�ritu que considero bueno, porque dispusimos de un antecedente previo al que posteriormente se manifest� en la Mesa de Di�logo. No obstante discrepar acerca de algunos de los muchos aspectos analizados en la Comisi�n, me parece que hicimos un trabajo en conjunto en busca del logro se�alado: encontrar caminos -ojal� f�rmulas- que, obviamente, facilitaran la tarea de quienes de alguna manera pueden estar involucrados en los hechos. No es nuestra labor convertirnos en investigadores profundos ni reemplazar la labor que corresponde a otros. Pero estimo importante demostrar nuestra preocupaci�n por el tema y que sobre el particular no hab�a , donde no hubo diferencias partidarias. Por esas circunstancias, no obstante pensar -as� lo considero- que dentro de las ideas que procesalmente pretend�amos establecer algunas pod�an ser mejores que las que se est�n aplicando, de ninguna manera pretendemos desmerecerlas, ni menoscabar o afectar lo que de ellas resulte. El pa�s est� muy esperanzado en lo que puede obtenerse a trav�s de las normas establecidas en la Mesa de Di�logo. A mi juicio, existe un problema que excede de lo t�cnico procesal y que apunta al aspecto humano y de sentimiento que es lo que hemos comentado otras veces-, en cuanto a que ese esp�ritu de unidad surgido sobre el particular de ninguna manera podemos afectarlo o menoscabarlo. Por lo anterior, se�or Presidente, me siento satisfecho de la labor realizada por la Comisi�n, pues considero que hizo un buen aporte sobre el tema. En consecuencia, s�lo nos queda desear que el resultado de la Mesa de Di�logo, la cual de alguna manera naci� de nuestros propios pasos, sea el m�s exitoso para la adecuada aplicaci�n de las normas que aprobamos hace pocos d�as. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, ser� muy breve. La Comisi�n fue informada y dio su pase para que los Senadores se�ores R�os y Lavandero realizaran las gestiones se�aladas por este �ltimo. Como esa labor concluy� en algo que escapaba de la funci�n propia de la Comisi�n -se trataba de una informaci�n extremadamente delicada y no era posible constatar la veracidad de lo relatado al respecto por las distintas personas, si bien lo manifestado por los se�ores Senadores era muy claro-, sus integrantes estimaron que no deb�a formar parte del informe. Sostuvieron que, no obstante que tales diligencias fueron autorizadas por ese �rgano t�cnico, se efectuaron en forma paralela y pod�an darse a conocer en el seno de la Corporaci�n. As� lo ha hecho el Honorable se�or Lavandero. La opini�n p�blica evaluar� despu�s el m�rito de ellas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En mi calidad de Presidente del Senado me sumo a los agradecimientos por la labor llevada a cabo por la Comisi�n. El informe -que fue aprobado en forma un�nime- es una manifestaci�n de pluralidad y constituye un aporte serio, que refleja el trabajo realizado por todos sus miembros sobre un tema que preocupa al pa�s en su conjunto. Es fundamental que su contenido trascienda a la opini�n p�blica. Para ello, soy partidario de darlo a conocer a trav�s de los medios de publicidad e informaci�n que sean necesarios, adem�s de insertar un resumen de �l en la publicaci�n que sobre el trabajo legislativo del Senado aparece todos los lunes en El Mercurio. ACUERDO ENTRE CHILE Y CUBA SOBRE PROMOCI�N Y PROTECCI�N REC�PROCA DE INVERSIONES El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de acuerdo de la C�mara de Diputados sobre aprobaci�n del "Acuerdo entre la Rep�blica de Chile y la Rep�blica de Cuba para la promoci�n y la protecci�n rec�proca de las inversiones" y su protocolo, suscritos en La Habana el 10 de enero de 1996, y el acuerdo interpretativo del art�culo 8 de dicho Acuerdo, celebrado por intercambio de notas. La iniciativa cuenta con nuevo informe de la Comisi�n de Relaciones Exteriores. --Los antecedentes sobre el proyecto (1820-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 16�, en 20 de julio de 1999. Informes de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 21�, en 11 de agosto de 1999. Relaciones Exteriores (nuevo), sesi�n 7�, en 4 de julio de 2000. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- El proyecto de acuerdo se encuentra en segundo tr�mite constitucional y se dio cuenta de �l al Senado el 20 de julio de 1999. En sesi�n de 11 de agosto del mismo a�o la Comisi�n evacu� a la Sala su informe, pero posteriormente pidi� que se le devolviera para nuevo informe. En el nuevo informe la Comisi�n, por tres votos a favor (de los Senadores se�ores Gazmuri, Romero y Vald�s) y uno en contra (del Senador se�or Bombal), propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos t�rminos en que lo despach� la C�mara de Diputados. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La se�ora Ministra ha solicitado recabar la autorizaci�n de los se�ores Senadores para que ingrese a la Sala el Jefe de la Direcci�n Jur�dica de la Canciller�a, se�or Claudio Troncoso. --Se autoriza. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Presidente de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, en conformidad a lo resuelto por el Senado en sesi�n de 31 de agosto del a�o pasado, la Comisi�n de Relaciones Exteriores tiene el honor de presentar un nuevo informe sobre el proyecto de la referencia. El prop�sito fundamental del tratado en debate, al igual que el de los ya suscritos con otros pa�ses sobre la misma materia, es establecer un marco jur�dico para regular tanto los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales como los de los inversionistas extranjeros, estatuto en el que se compatibiliza el inter�s de �stos con el del Estado receptor de las inversiones, favoreci�ndose de ese modo la transferencia y movilidad de los capitales. Como dije, Chile ha suscrito convenios similares con diversas naciones, entre las cuales puedo mencionar Alemania, Argentina, Australia, Austria, B�lgica, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Espa�a, Filipinas, Finlandia. En fin, es una larga lista y figura en el informe. Seg�n antecedentes entregados a la Comisi�n por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el total de la inversi�n de capitales chilenos materializada en Cuba entre los a�os 1990 y 1998 asciende a 37,8 millones de d�lares, mientras que el total de la inversi�n en proyectos alcanza a 49 millones de d�lares. En cuanto al volumen de intercambio entre ambos Estados, de 18 millones de d�lares en 1995 se lleg� a 33 millones en 1999, con una balanza comercial ampliamente favorable a nuestros intereses. De esos 33 millones de d�lares, 32,8 millones corresponden a exportaciones chilenas y s�lo 700 mil d�lares a importaciones realizadas desde Cuba. Las cl�usulas del convenio en informe son, en lo sustancial, an�logas a las de los numerosos tratados de la misma �ndole suscritos por Chile. En todo caso, cabe destacar que en materia de soluci�n de controversias que surjan en el �mbito de ese instrumento internacional, se distingue entre aquellas que pueden originarse entre una parte contratante y un inversionista de la otra, y las que pueden originarse entre las partes contratantes. Las primeras se hallan contempladas en el ART�CULO 8, el que establece que si una controversia no puede ser solucionada mediante consultas amistosas dentro del plazo de tres meses, el inversionista, a su arbitrio, podr� remitirla a los tribunales competentes de la parte contratante en cuyo territorio se efectu� la inversi�n, o al arbitraje internacional. La elecci�n de uno u otro procedimiento ser� definitiva. Las sentencias arbitrales ser�n, asimismo, definitivas y obligatorias para las partes en litigio. Con relaci�n a dicho art�culo, debo manifestar que la Comisi�n de Relaciones Exteriores de la C�mara de Diputados observ� la frase final del inciso segundo del N� 2, que expresa: "Para estos efectos" -el sometimiento de las discrepancias al arbitraje internacional- "las partes renuncian a exigir el agotamiento de recursos judiciales internos.", por estimarla contradictoria con lo preceptuado en el N� 3, en orden a que la elecci�n de uno u otro procedimiento ser� definitiva. Como consecuencia de dicha observaci�n, los Gobiernos de Chile y Cuba celebraron, mediante intercambio de notas diplom�ticas, un acuerdo interpretativo, adicional al que se informa y que entrar� en vigencia en la misma fecha que �ste, en el cual se precisa que la norma objetada en ning�n caso y bajo ninguna circunstancia podr� interpretarse como contraria o restrictiva de la opci�n �nica, definitiva e irrevocable de jurisdicci�n que el propio Acuerdo consagra en el N� 3 del art�culo 8. As�, se reitera que cuando un inversionista remita una controversia al tribunal competente de la parte contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversi�n, o al arbitraje internacional, la elecci�n de cualquiera de estos procedimientos ser� definitiva. Por otro lado, respecto de las diferencias que surgieren entre las partes contratantes, el art�culo 9 establece que si una controversia no pudiere ser resuelta por medio de negociaciones amistosas, cualquiera de las partes "podr� someterla a un Tribunal Arbitral Ad-hoc," y las decisiones de �ste ser�n definitivas y obligatorias para ambas. �se es, en s�ntesis, el informe de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, que -como se�al� el se�or Secretario- aprob� el proyecto de acuerdo por tres votos contra uno. El se�or MART�NEZ.- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, en el primer informe de la Comisi�n vot� en contra del Acuerdo. Hoy har� lo mismo, no porque me oponga a que Chile suscriba convenios de esta �ndole con otras naciones, sino por una raz�n de principios, que nace de la directa intervenci�n de Cuba en los asuntos internos de Chile en los �ltimos 33 � 34 a�os. No puedo apartar de mi decisi�n el hecho de que Cuba ha sido el gran proveedor de extremistas, el gran entrenador de terroristas y -lo que quiz� es m�s grave- el que ha prove�do las armas. Todav�a se encuentra pendiente la ubicaci�n de un tercio de las armas importadas a Chile y desembarcadas por buques cubanos en Carrizal Bajo. Se me dice: "Mire, no mezcle este tipo de situaciones con los acuerdos econ�micos que corresponden al Estado". No se trata de eso. Ocurre que aqu� hay una contradicci�n, cada vez m�s flagrante, entre lo que se afirma con referencia a la situaci�n pol�tica de Cuba y nuestra actitud. El Supremo Gobierno ha expresado p�blicamente -lo digo en presencia de la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores- que uno de los ejes de su pol�tica exterior consiste en buscar acuerdos con los pa�ses que promueven la democracia. Incluso, hace alg�n tiempo en Polonia se llev� a efecto una reuni�n para establecer la comunidad de la democracia. Pero resulta que en nuestro hemisferio Cuba es el �nico pa�s donde no existe democracia. Porque nadie puede negar que el se�or Fidel Castro es un dictador de tomo y lomo, con todas las de la ley, y que cumple todos los requisitos que la historia utiliza para definirlos. Este debate plantea, adem�s, otro problema. Existe una contradicci�n entre el discurso de la pol�tica exterior chilena y los hechos reales en ese �mbito. La presente iniciativa es un ejemplo claro. El Gobierno propone al Congreso, y en este caso al Senado, a trav�s del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ratificaci�n del Acuerdo, en circunstancias de que hasta hoy la situaci�n aludida sigue vigente. De igual manera, todav�a no hay respuesta a la petici�n de la Corte Suprema relativa al asilo dado en la isla a las personas que intervinieron en el asesinato de Jaime Guzm�n. Por otra parte, hay que tener presente que, si hablamos de derechos humanos, hoy estamos viendo c�mo, minuto a minuto, se acrecienta el n�mero de cubanos que, buscando su libertad, sale de su pa�s haciendo esfuerzos sobrehumanos, a pesar de todo lo que dice el se�or Fidel Castro. Entiendo muy bien que se trata de proteger las inversiones chilenas en Cuba, las que han alcanzado un promedio de 4,7 millones de d�lares anuales entre 1990 y 1998. Aun asumiendo que son 5 millones de d�lares al a�o, creo que, tras analizar las futuras perspectivas de inversiones y la posici�n tan brutal mantenida por el dictador, bien vale la pena esperar. Por esa raz�n, y por el hecho exacto y preciso de que la permanente intervenci�n de Cuba en los asuntos internos de Chile ha sido inhumana, violenta y de que, en gran medida, le cabe responsabilidad en todos los acontecimientos ocurridos aqu� desde 1965, con las consecuencias conocidas hasta el momento, votar� en contra del proyecto de acuerdo. Entiendo bien, repito, el beneficio que reportan a Chile convenios de este tipo; sin embargo, no puedo aprobarlo por ser muy alto el precio que estar�amos pagando por proteger nuestras inversiones. Podr�amos esperar hasta que cambie la situaci�n pol�tica, pero eso no suceder�. Cuando un pa�s s�lo est� invirtiendo entre 35 y 37 millones de d�lares, con una planificaci�n total de 40 millones, se justifica plenamente mantener una clara posici�n y no actuar como se est� proyectando. Por un lado, se dice que nuestra pol�tica exterior propugna la defensa de los derechos humanos y de la democracia y, por otro, el Ministerio encargado de ella presenta este documento para la aprobaci�n del Senado. Por esas razones, votar� que no. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora ALVEAR (Ministra de Relaciones Exteriores).- Se�or Presidente, el Acuerdo para la promoci�n y la protecci�n rec�proca de las inversiones suscrito entre Chile y Cuba, que se somete a la consideraci�n de esta Sala, contiene, tal como lo ha se�alado el se�or Senador informante, los principios contemplados en todos los acuerdos ya suscritos por nuestro pa�s, y en otros que se encuentran en el Congreso Nacional, cuyo objetivo y norte, como su nombre lo indica, es precisamente proteger las inversiones hechas por chilenos en el exterior. El acuerdo en discusi�n establece los mismos principios contenidos en los otros: en primer lugar, la libre transferencia, es decir que el inversionista pueda remitir los beneficios obtenidos con su inversi�n al pa�s de origen, as� como repatriar el capital invertido en caso de t�rmino de actividades o de liquidaci�n de su inversi�n; luego, la indemnizaci�n en caso de expropiaci�n o nacionalizaci�n, y en tercer lugar, la regulaci�n de un completo mecanismo de soluci�n de controversias. Como se ha dicho, la �nica particularidad de este Acuerdo reside en el hecho de haberse suscrito, adem�s, un protocolo interpretativo en su Art�culo 8, que persigue clarificar a cabalidad el procedimiento de resoluci�n de controversias establecido en el Tratado. Lo que con este instrumento buscamos es que las inversiones que ya se han realizado en Cuba, as� como las que se llevar�n a efecto en el futuro, tengan el adecuado marco de protecci�n. Me parece importante recoger otras observaciones a la pol�tica exterior al hacer un comentario con relaci�n a esta materia. Ha existido durante el Gobierno del Presidente Lagos -quiero decirlo con gran franqueza- absoluta coherencia entre dicha pol�tica y sus presentaciones e intervenciones en los foros internacionales de que formamos parte. Debo recordar que en fecha reciente, en la Resoluci�n de Naciones Unidas, acogimos una compleja definici�n, siendo en extremo consecuentes para defender los principios de derechos humanos que, a nuestro juicio, deben siempre ser preservados. En consecuencia, una cosa es ser coherentes con aquellos principios -que hemos destacado en la OEA, en los distintos foros internacionales, en la declaraci�n de la Cumbre Iberoamericana, entre otros, como un llamado de atenci�n respecto de los derechos humanos en todos los pa�ses del mundo, incluyendo a Cuba-, y otra por completo distinta es la materia que hoy est� en votaci�n, cuyo objetivo es la promoci�n y protecci�n de las inversiones de muchos ciudadanos chilenos. La defensa de los derechos humanos ser� una actitud que siempre asumiremos, como lo hemos hecho en las �ltimas resoluciones que nos ha correspondido votar en distintos foros internacionales. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Bombal. El se�or BOMBAL.- Se�or Presidente, el Gobierno de Cuba ha inferido un agravio al Senado desde el momento en que no dio respuesta a la consulta formulada por �ste �fruto de un proyecto de acuerdo- sobre el destino del exhorto que la Corte Suprema chilena envi� a ese pa�s. Con fecha 5 de junio de 1998 esta Corporaci�n aprob� un proyecto de acuerdo donde se solicitaba al Presidente de la Rep�blica que, en nombre del Senado de Chile, exprese su formal protesta ante el Jefe del Estado de Cuba por la falta de colaboraci�n de su Gobierno y de los tribunales de justicia para esclarecer la presencia en su pa�s de los dos extremistas chilenos condenados por el asesinato del Senador Jaime Guzm�n Err�zuriz, y posteriormente fugados de la c�rcel de alta seguridad en que estaban recluidos. Dicho acuerdo consignaba expresamente que el se�or Ministro en Visita, don Lamberto Cisternas, con fecha 7 de octubre de 1997, hab�a enviado un exhorto al m�ximo tribunal de Cuba, solicitando que se practicara una serie de diligencias atinentes a la presencia en ese pa�s de los asesinos de un Senador de la Rep�blica de Chile. Transcurridos m�s de siete meses desde el env�o de aquel exhorto, el Senado decidi� hacer llegar al Presidente de la Rep�blica esta formal protesta ante el Gobierno de Cuba. �Qu� respondi� el se�or Ministro de Relaciones Exteriores chileno de entonces, se�or Jos� Miguel Insulza? Que hab�a citado al Embajador de Cuba en Chile, se�or Aramis Fuente Hern�ndez, "a quien, junto con darle a conocer los considerandos consignados en el Acuerdo de esa H. Corporaci�n, del cinco de los corrientes, se le expres� formalmente la protesta del Senado de Chile, en los t�rminos solicitados e indicados en dicho documento. En respuesta a esta gesti�n diplom�tica, el Embajador Fuente se comprometi� a trasladar a su Gobierno, a la brevedad posible, la protesta del H. Senado de Chile, para su debida consideraci�n y respuesta.". Y agrega el Canciller de la �poca, se�or Insulza: "Junto con informar a VE sobre la gesti�n diplom�tica relatada en el p�rrafo precedente, me permito se�alar que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene plena conciencia de la preocupaci�n expresada en el Acuerdo del Senado de Chile, motivo por el cual instruy� oportunamente al nuevo Embajador de Chile en La Habana, sobre la prioridad que asigna el Gobierno de Chile a esta delicada materia.". Se�or Presidente, transcurridos ya dos a�os de este intercambio de comunicaciones a ra�z del acuerdo del Senado, ratificado por el Canciller en cuanto a su env�o al Gobierno de Cuba, no se ha recibido respuesta alguna. Se trata de un asunto que afecta nada menos que al Senado de la Rep�blica y al Senador asesinado, integrante de esta Corporaci�n, don Jaime Guzm�n Err�zuriz. Entonces, uno se pregunta cu�l es el sentido de aprobar un acuerdo con una naci�n que jur�dicamente no ha tenido la m�s m�nima consideraci�n con la nuestra, y particularmente -�para qu� decirlo!-, con el Senado. Carece de todo sentido, porque no es cre�ble un pa�s cuyo embajador es citado para recibir la nota que reclama por el exhorto y su falta de respuesta, que se compromete a enviarla a su Gobierno y dar oportuna contestaci�n, sin que nada de eso ocurra. Han pasado dos a�os y todav�a sigue sin respuesta ante la justicia chilena la situaci�n de los dos condenados que se fugaron y que est�n siendo protegidos por el R�gimen de Cuba. Y ahora se nos habla de protecci�n a las inversiones, en circunstancias de que a nuestra C�mara Alta se la ha agraviado en la forma indicada, pues ni siquiera se le ha dado al menos una contestaci�n. �El Gobierno cubano ampara a terroristas y nosotros estamos hablando aqu� de reciprocidad y de resguardo a las inversiones chilenas en la Isla! No nos pidan, pues, aprobar un acuerdo con un pa�s que no tiene ninguna credibilidad -desde el momento en que se ha comportado en la forma descrita con el Gobierno de Chile, con sus m�ximas autoridades, y particularmente con este Senado- y que, habiendo recibido aquella nota que se le envi�, hasta hoy no da respuesta alguna. Por tales razones, se�or Presidente, vot� contra el proyecto de acuerdo en la Comisi�n. Y como, al menos en lo personal, no estoy dispuesto a apoyar a un pa�s que tiene ese tipo de relaciones con nosotros, que protege a terroristas y que hasta el d�a de hoy mantiene la situaci�n que he detallado, no modificar� en la Sala esa posici�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, votar� a favor del proyecto de acuerdo, porque creo que es del mayor inter�s nacional. Chile ha resuelto mantener una pol�tica de relaciones normales con Cuba: tenemos con la Isla v�nculos diplom�ticos, comerciales, culturales. Por tanto, desde el punto de vista de nuestra pol�tica de Estado, de la l�nea de nuestra Canciller�a, opino que lo que importa al pa�s es normalizar esas relaciones. Lo anterior, sin perjuicio de que existan asuntos pendientes (como los hay con otros Estados) respecto de cuestiones que sin duda son relevantes (el exhorto de la Corte Suprema interesa a Chile; la Canciller�a lo ha estado siguiendo, y es un tema pendiente que tenemos con la Isla) y, asimismo, de las opiniones pol�ticas que pueda haber, sobre todo en cuanto a la situaci�n de los derechos civiles y pol�ticos en Cuba (no obstante los avances econ�micos y sociales que ha experimentado ese pa�s en estos �ltimos a�os o la crisis por la que atraviesa, incuestionablemente que los derechos civiles y pol�ticos contemplados por su Gobierno no son los que nosotros, como dem�cratas, quisi�ramos que existieran). Pero el asunto es otro: qu� pol�tica de Estado tenemos respecto de la Isla. Porque hay otro modelo de pol�tica respecto de Cuba, que incluso ha querido ser impuesto en muchos pa�ses de Am�rica Latina: el del aislamiento y el bloqueo que durante muchos a�os ha seguido Estados Unidos. Nosotros, derechamente, no somos partidarios de esa pol�tica. En primer lugar, por razones de principios, porque es claramente discriminatoria: Estados Unidos no aplica el aislamiento y el bloqueo respecto de reg�menes an�logos al cubano desde el punto de vista pol�tico, como los de China Popular y Vietnam, por ejemplo. Y adem�s porque, en cuanto al objetivo perseguido con ella, cual es el de presionar o influir para que haya procesos de apertura pol�tica en la Isla, esa pol�tica se ha mostrado n�tidamente ineficaz durante m�s de cuarenta a�os. Y no son pocos los que sostienen que precisamente el bloqueo arbitrario, discriminatorio, rigidiza una eventual evoluci�n pol�tica en Cuba en un sentido m�s moderno y m�s democratizador. Por tanto, si Chile no es partidario �al menos, yo no lo soy- del aislamiento y el bloqueo, estimo que corresponde desarrollar con la Rep�blica de Cuba las relaciones m�s normales posibles, sin perjuicio de que, como Estado o como ciudadanos chilenos, mantengamos las opiniones que nos merezcan su sistema pol�tico u otros asuntos pendientes entre ambos pa�ses. Tocante al m�rito del proyecto, es evidente que desde hace ya bastante tiempo una amplia comunidad empresarial chilena est� interesada en desarrollar negocios e inversiones en Cuba. Eso importa a nuestro pa�s. No hay duda de que esa naci�n es muy significativa en Am�rica Central y en el Caribe, y lo seguir� siendo, por historia, por su ubicaci�n geogr�fica. No sabemos c�mo va a evolucionar el r�gimen cubano; lo m�s probable es que lo haga en un sentido de mayor apertura y liberalizaci�n. Ignoramos en qu� plazos; pero �sa ser�a la tendencia natural de aquel sistema. Desde la independencia de Cuba -Mac-Iver, incluso, estuvo particularmente interesado en ese proceso- hemos tenido relaciones bilaterales estrechas. Por tanto, la presencia chilena en la Isla, a mi entender, sirve a los intereses internacionales de nuestro pa�s. En funci�n de aquello, dado que el Tratado en cuesti�n protege esencialmente inversiones chilenas �porque pr�cticamente no existe reciprocidad; la situaci�n de crisis en que vive la econom�a de Cuba no permite que haya inversiones de ese pa�s en Chile- y se inscribe en la direcci�n de nuestra pol�tica internacional y en la defensa de intereses nacionales significativos, anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or P�rez. El se�or P�REZ.- Se�or Presidente, en primer t�rmino, desde el punto de vista de lo que son el juicio pol�tico respecto a Cuba y al paraguas de protecci�n que ese pa�s tiende sobre el terrorismo, comparto las palabras del Honorable se�or Bombal. Y lo hago pensando, no s�lo en el caso del ex Senador se�or Guzm�n, que afecta particularmente a nuestra Corporaci�n, sino tambi�n en todo el fomento que la Isla ha hecho al terrorismo en Chile en los �ltimos a�os. No soy contrario a Cuba �nicamente por la ideolog�a que estimula y por el sistema que impone a su sociedad, sino adem�s porque me ha tocado presenciar all�, de cuerpo presente, las violaciones a las libertades m�s esenciales del ser humano. Recuerdo haber estado en la Isla, por razones oficiales de este Senado, en dos ocasiones. En la primera de ellas, el Comandante Fidel Castro sent� a su derecha a una suerte de "attach�" de la comisi�n chilena, Willy Serrano, muy amigo de muchos de los aqu� presentes. En la segunda, tres a�os despu�s, fui con el entonces Senador se�or Pi�era y otras personas a pedir clemencia por Willy Serrano, quien estaba encarcelado por ser disidente pol�tico. No obstante, me parece que debemos mirar los temas como el que nos ocupa hoy con independencia de los juicios pol�ticos o ideol�gicos o de la aversi�n que nos provoque un r�gimen de tal naturaleza. Porque, o usamos siempre un cristal pol�tico para analizar los convenios comerciales, o nunca. Al menos mi Partido y -estoy cierto- tambi�n los institutos militares tuvieron en el pasado una posici�n de independencia para tratar las relaciones econ�micas bilaterales o multilaterales. Recuerdo que, cuando Chile fue amenazado por distintos boicots, por diferentes razones que a veces se esgrimen como se�uelo de una postura frente a acuerdos econ�micos, a lo menos desde estas filas siempre planteamos la independencia de ambos temas. Porque en los juicios sobre determinados pa�ses hay posiciones subjetivas, aunque, ciertamente, en el caso de Cuba se trata de una de las dictaduras m�s atroces que todav�a perviven en el mundo. Empero, al margen de ello, es importante seguir con las pol�ticas de relaciones econ�micas y comerciales que se han llevado a cabo con los distintos pa�ses de Am�rica Latina. Unos, m�s dictaduras; otros, menos dictaduras. Unos, m�s corruptos; otros, menos corruptos. Pero, por lo menos desde mi punto de vista, es relevante en estos temas, o esgrimir siempre razones pol�ticas, o no esgrimirlas nunca, particularmente en el caso de Cuba. En mi concepto, trat�ndose de los agentes econ�micos chilenos, un acuerdo de protecci�n a las inversiones es de enorme utilidad para nuestros connacionales, quienes ma�ana se pueden ver afectados por los destellos de esa dictadura que tanto rechazo nos provoca. Por esa raz�n, y siguiendo lo planteado por el se�or Presidente de la Comisi�n de Relaciones Exteriores y, en t�rminos mayoritarios, por este �rgano t�cnico, votar� a favor del proyecto de acuerdo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, ser� muy breve. Primero, no tengo ni he tenido jam�s la menor simpat�a por el R�gimen cubano. Segundo, comparto la molestia de quienes han repudiado la conducta del Gobierno de Cuba con relaci�n a los involucrados en el asesinato del Senador se�or Guzm�n. Tercero, considero que la mejor manera de promover la democratizaci�n de ese pa�s es mantener con �l relaciones diplom�ticas y econ�micas, en contraste con el in�til y contraproducente boicot de Estados Unidos, que ha servido m�s que nada para fortalecer a dicho R�gimen. En mi concepto, esa raz�n pesa m�s que el repudio. Finalmente, si de resguardar inversiones chilenas se trata, vista la solemnidad de este tipo de instrumentos internacionales, con mayor raz�n conviene firmar un acuerdo de protecci�n con un pa�s que no se ajusta a lo que podr�amos llamar "un Estado de Derecho convencional". Por lo expuesto, votar� que s�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Novoa. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, creo que en todo tratado o acuerdo hay que analizar dos aspectos: el fondo o contenido y con qui�n se celebra uno u otro. En cuanto al fondo o contenido, no cabe la menor duda de que es muy loable proteger las inversiones realizadas por chilenos en el exterior. Pero debe tenerse en cuenta que las inversiones en Cuba se efectuaron sin que existiera tratado alguno. Por lo tanto, quienes las hicieron habr�n sopesado en su momento los riesgos envueltos en su decisi�n. En cuanto a las Partes Contratantes, es perfectamente leg�timo plantear dudas acerca de la confianza o desconfianza que pueda haber en la Contraparte. En lo que respecta a los Parlamentarios que hemos mantenido una posici�n contraria al Acuerdo, los de nuestra bancada, en especial, no confiamos en un Gobierno que aparentemente est� dando amparo al asesino del Senador se�or Jaime Guzm�n. Y, para anticiparme a cualquier objeci�n de car�cter t�cnico en el sentido de que se suscribe un tratado entre dos pa�ses y no entre dos gobiernos, debo se�alar que la diferencia en esa materia muchas veces es muy sutil. Por lo tanto, vale la pena analizar en cada caso si el Gobierno del pa�s con el cual se contrata es digno de confianza o no. Sobre este punto, debo subrayar que el Acuerdo parte se�alando: "El Gobierno de la Rep�blica de Chile y el Gobierno de la Rep�blica de Cuba en adelante "las Partes Contratantes";"... O sea, el Gobierno pasa a ser alguien muy importante, al punto que el Tratado incurre en el error de decir que la Parte Contratante es el Gobierno. Y m�s adelante se expresa: "en el territorio de la otra Parte Contratante". No se entiende bien qu� territorio puede tener una Parte Contratante que est� definida como "El Gobierno de la Rep�blica de Chile" o "el Gobierno de la Rep�blica de Cuba". Por lo tanto, es leg�timo hacer un an�lisis sobre la confianza que da o no da el Gobierno del pa�s con el que se est� suscribiendo un tratado. Y, al menos a m�, el Gobierno de Cuba no me merece confianza. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Silva. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, las argumentaciones que se han estado haciendo valer en este debate me inducen a relatar al Senado antecedentes que me cupo el honor de conocer mientras fui Ministro de Relaciones Exteriores. La Sala no ignora que fui designado Canciller por el primer Gobierno democr�tico al t�rmino del R�gimen autoritario. En aquella ocasi�n iniciamos el ejercicio del cargo a este respecto con una posici�n espec�fica: la adopci�n de relaciones diplom�ticas sin fronteras ideol�gicas. Como consecuencia de ello, se restablecieron v�nculos con diferentes pa�ses del mundo; por ejemplo, con la Uni�n Sovi�tica. Sin embargo, se hizo una excepci�n: Cuba. El Gobierno del Presidente Aylwin no inici� relaciones diplom�ticas con este pa�s porque en ese momento exist�an tres situaciones pendientes, las que, a nuestro juicio, no eran satisfactorias: primero, se ten�a conocimiento de que hasta ese instante se manten�a una pol�tica de instrucci�n de guerrillas hacia Chile y en relaci�n con chilenos; segundo, exist�a una deuda pendiente por adquisici�n de az�car, y tercero, un chileno se encontraba detenido en c�rceles de la Isla desde hac�a largos a�os sin sentencia ejecutoriada. A ra�z de lo anterior, se iniciaron conversaciones con el R�gimen de Cuba para los efectos de exigirle categ�ricamente la soluci�n de esos tres problemas. Y s�lo despu�s de dos a�os de discusi�n, cuando nuestro Gobierno tuvo constancia fehaciente de que las tres situaciones se hab�an resuelto, Chile acept� la posibilidad de establecer v�nculos diplom�ticos con la Isla, teniendo en consideraci�n precisamente aquello de las relaciones sin fronteras ideol�gicas, que era un principio determinante en la acci�n de Ejecutivo. No obstante, la Administraci�n del Presidente Aylwin, como medida de elemental cautela, restableci� s�lo relaciones consulares y comerciales, a consecuencia, fundamentalmente, de que hab�a chilenos que estaban invirtiendo en Cuba, desarrollaban all� una serie de actividades comerciales y, por consiguiente, era menester que de alguna manera nuestro Gobierno protegiese la gesti�n de esos connacionales. La Administraci�n Aylwin consider� que ya no hab�a inconvenientes para la existencia de relaciones diplom�ticas, pues se hab�an superado los obst�culos rese�ados. No obstante, se abstuvo de establecerlas, tanto m�s cuanto que restaban tres meses para el t�rmino de su mandato. Cumpliendo instrucciones espec�ficas, me entrevist� con el Presidente electo de la Rep�blica �el actual Senador se�or Frei-, al que inform� detenidamente sobre este asunto. Le manifest� que, por respeto a quien se aprestaba a asumir el mando de la naci�n, la Administraci�n del Presidente Aylwin somet�a a su consideraci�n si se restablec�an de inmediato las relaciones diplom�ticas con Cuba o se dejaba la resoluci�n al nuevo Gobierno, pero haci�ndole presente que, desde nuestro punto de vista, no exist�a ning�n inconveniente para adoptar dicha medida. De all� fue que el R�gimen del Presidente Frei, en consonancia total con su antecesor, restableci� relaciones diplom�ticas con Cuba sobre la base de comprobar que todos los impedimentos que a la saz�n exist�an fueron subsanados y desaparecieron. Quiero dejar constancia de que, como consecuencia de ello, el convenio sometido a nuestra consideraci�n fue suscrito precisamente en 1996, y su aprobaci�n est� pendiente desde esa fecha. Se trata �como se se�al� aqu�- de un Acuerdo que incide en una materia muy concreta y que tiene por finalidad proteger rec�procamente las inversiones de chilenos en el exterior. A este respecto, la pol�tica de nuestro pa�s ha obedecido a una tradici�n absolutamente uniforme, cual es la de mantener relaciones diplom�ticas con muchas naciones de distinto signo desde el punto de vista ideol�gico. De m�s est� recordar que incluso durante todo el Gobierno del Presidente Pinochet con China continental no hubo impedimentos de ninguna especie para consagrar, siguiendo la tradici�n del Estado de Chile, una cantidad de normas sobre protecci�n rec�proca de inversiones, cuya finalidad no es pol�tica, sino eminentemente de defensa de los intereses de compatriotas, quienes, en este caso, efectuaron inversiones en la isla caribe�a. El se�or PRAT.- �Me permite una interrupci�n, Su Se�or�a, para formularle una pregunta, con la venia de la Mesa? El se�or SILVA.- Con todo agrado, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prat. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, deseo saber de qu� manera se dieron por satisfechas las aprensiones del Gobierno de Chile, en particular acerca del apoyo que Cuba brind� a los movimientos terroristas durante m�s de una d�cada; de c�mo esa naci�n se ha ajustado al cumplimiento de formalidades para dar seguridades sobre la materia, y de qu� forma se condice lo anterior con el respaldo que de hecho otorga a dichos movimientos al proteger a personas buscadas por la justicia chilena por actos terroristas que significaron la vida de un Senador. El se�or SILVA.- Con todo agrado responder� su consulta, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Silva. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, en concreto, los antecedentes que se tuvieron a la vista para tomar la resoluci�n a que me refer� fueron los siguientes. La deuda de 50 millones de d�lares que Cuba manten�a con nuestro pa�s -por un cargamento de az�car que lleg� el 11 de septiembre a bordo de unos buques que se devolvieron sin descargar-, fue pagada. El chileno que estuvo detenido en Cuba durante largos a�os fue puesto en libertad. Al respecto, hubo un se�or Senador que, de alguna manera, intervino espec�ficamente, por cuanto se encarg� de transportarlo y asegurarse de que volviera a Chile. Por �ltimo, con relaci�n a la guerrilla, se hizo un an�lisis profundo, acotado, sistem�tico, comprob�ndose que efectivamente durante el R�gimen autoritario hubo instrucci�n de guerrillas de chilenos en Cuba, pero que esos adiestramientos terminaron completamente a ra�z de la exigencia categ�rica del Gobierno del Presidente Aylwin. Ahora, Su Se�or�a se refiere a circunstancias posteriores que yo ignoro. M�s bien, alude al hecho de que de alguna manera se estar�a dando protecci�n a chilenos que intervinieron en nuestro pa�s en determinados actos y que hoy se hallar�an en Cuba. Lo que yo digo ata�e al caso de chilenos que fueron instruidos en Cuba, para los efectos de hacer guerrilla en nuestro pa�s. Y eso, categ�ricamente, termin� en los inicios del Gobierno del Presidente Aylwin. En s�ntesis, se�or Presidente, por todos los antecedentes a que hice menci�n y dada la configuraci�n espec�fica del Acuerdo que est� sometido a nuestra consideraci�n, voy a votar a favor. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, soy partidario de no mezclar las materias pol�ticas con las relaciones comerciales y diplom�ticas, por cuanto, a mi juicio, es muy claro que en el mundo globalizado en que vivimos estas �ltimas deben seguir un camino completamente distinto de los asuntos pol�ticos. Por eso, es perfectamente posible suscribir convenios comerciales con pa�ses respectos de los cuales no se tiene ning�n tipo de afinidad ideol�gica. En el caso que nos ocupa esa distinci�n es v�lida. Por lo tanto, para los efectos de la argumentaci�n, estimo que debe dejarse de lado el r�gimen pol�tico imperante en Cuba; sus violaciones permanentes a los derechos humanos; su sistema de Gobierno, que no permite que haya Oposici�n ni prensa libre; en fin, la transgresi�n a todo tipo de principios, lo cual es abiertamente contrario a lo que sustenta y promueve el Estado chileno. Sin embargo, haciendo abstracci�n de lo anterior �que ya importa bastante-, es preciso entrar a examinar la conveniencia concreta del tratado en an�lisis, que dice relaci�n a la protecci�n de inversiones. No debemos olvidar que los principios b�sicos en materia de derecho internacional suponen la buena fe. Es decir, en todo convenio, al igual que en los contratos en el sector privado, se supone la buena fe de las partes. Por lo tanto, el principio esencial, que va mucho m�s all� de la letra o el texto de un tratado o un contrato, es la confianza rec�proca entre quienes lo suscriben. Porque nadie firma un contrato para tener un conflicto, aun cuando �ste se halle debidamente regulado en el convenio o en el contrato. Ninguna persona lo suscribe si no tiene confianza en su contraparte, por muy perfectos que sean los resguardos en el orden jur�dico que se establezcan. A este respecto, me parece que la contraparte del tratado en an�lisis no es confiable. Porque a algo muy elemental -como son los principios internacionales de buena convivencia y normas entre los Estados, en que uno de ellos es, por ejemplo, darse pronta y oportuna respuesta acerca de materias que le interesan al otro, vale decir, el respeto a la dignidad de Estado- no se ha dado cumplimiento en este caso. En efecto, a instancia del Senado, la Canciller�a formul� una petici�n al Gobierno de Cuba, d�ndole la debida tramitaci�n, y �ste ni siquiera la ha respondido. No se trata de que se le est� solicitando una contestaci�n determinada o que se est� suponiendo que lleva a cabo una cierta conducta, sino que ni siquiera ha dado respuesta a lo que el Gobierno de Chile le ha planteado. No es un grupo de Senadores, no es el Senado de la Rep�blica, sino el Estado de Chile quien ha formulado una solicitud al Gobierno de Cuba. Y han transcurrido m�s de dos a�os y a�n no hay respuesta. Me pregunto: �Qu� vale la firma de un Gobierno que act�a de esa manera? �Para qu� sirve firmar un tratado de protecci�n? �Vamos a proteger realmente a nuestros inversionistas ante un Gobierno que ni siquiera da cumplimiento a los m�s elementales principios del Derecho Internacional? Por lo tanto, considero que este convenio carece de todo significado y de toda posibilidad de ser eficaz en el momento en que realmente se necesite. Como instrumento, mientras las cosas funcionen bien, da lo mismo. Sin embargo, en el instante en que surja un conflicto, a nuestro juicio, la contraparte no ser� confiable. Por lo tanto, no creo que tenga sentido alguno suscribir un convenio de esta naturaleza. Por otra parte, no me cabe duda alguna de que con la firma del instrumento en an�lisis, se est� convalidando la conducta que el Gobierno cubano ha mantenido hasta ahora. Es decir, �ste puede se�alar: "No he dado respuesta, no pienso darla, no doy explicaci�n alguna al Estado de Chile", y si no obstante ello nuestro pa�s firma este tratado, obviamente que aqu�l se sentir� respaldado y convalidado en su conducta negligente. Por lo tanto, se�or Presidente, dadas las razones que he se�alado, independientemente del tema pol�tico -que, de por s�, puede dar motivo para muchos argumentos y consideraciones-, no es confiable la parte con la cual Chile est� celebrando este convenio. En tal virtud, la presunta o posible protecci�n de los intereses de los inversionistas chilenos es ilusoria. Me parece que, incluso, estamos dando una se�al equivocada a los inversionistas. Ser�a como decirles: "Miren, vamos a proteger sus inversiones, porque estamos ciertos de que, llegado el momento en que esto tenga que ejercitarse, la conducta de Cuba ser� invariablemente la misma que ha tenido respecto del cumplimiento de los principios del Derecho Internacional que ha omitido.". Por eso, como no puedo prestar mi aprobaci�n a un convenio de esta naturaleza, anuncio mi voto en contra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vald�s. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, vot� a favor del tratado en la Comisi�n de Relaciones Exteriores por las siguientes razones. En primer lugar, yo no ser� quien celebre, defienda o justifique el r�gimen pol�tico cubano. Lo conozco de cerca. Mientras ejerc�a el cargo de Subsecretario de Naciones Unidas, estuve seis veces en ese pa�s, y he mantenido una atenci�n permanente sobre los esfuerzos que realizan quienes luchan por obtener libertad y dignidad dentro de la Isla y en conferencias internacionales, en cuanto a las sanciones que se merece de parte de la comunidad internacional por no respetar los derechos humanos. El r�gimen de Cuba no es el que en Chile buscamos, tenemos y el quisi�ramos para todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, deseo manifestar que las opiniones tan respetables -sobre un tema de por s� delicado- que hemos escuchado de los adversarios a este tratado implican necesariamente, dentro de su l�gica, la idea de que a los pa�ses que no cumplen con normas de respeto a los derechos humanos, que carecen de Estado de Derecho, que abusan de las libertades p�blicas o que las suprimen, se les debe aplicar el bloqueo y no debe tenerse con ellos relaciones pol�ticas ni comerciales. Pienso que �sa es una visi�n errada de la pol�tica internacional. La historia as� lo prueba. En 1934, la Liga de las Naciones, a�n subsistente, aplic� sanciones de bloqueo internacional a Italia cuando invadi� Etiop�a. Me toc� estar en Italia en esa �poca y vi c�mo el dictador Mussolini se ri� del acuerdo de la Sociedad de las Naciones. Ocup� Abisinia, Eritrea y Libia, y cre� el famoso Imperio Italiano que se desmembr� despu�s de la guerra. En Espa�a sucedi� lo mismo. Por votaci�n pr�cticamente un�nime, Naciones Unidas censur�, conden� y bloque� el comercio con Espa�a que estaba gobernada por el General Franco. Voy a contar una an�cdota que, aunque poco elegante, es p�blica y notoria. Cuando Naciones Unidas vot� el bloqueo integral a Espa�a, el pueblo espa�ol, que no todo era franquista, se sinti� afectado en su dignidad y se movilizo en Madrid con un cartel enorme -cuya fotograf�a est� en el escritorio del Secretario General de Naciones Unidas-, que era llevado por un hombre, una mujer y una gran cantidad de ni�os y �perd�nenme la expresi�n, poco reglamentaria, pero castiza- que dec�a: "La familia P�rez se caga en la NU" (Naciones Unidas). �se fue el rechazo que recibi� el bloqueo. Franco muri� en su cama. Lo mismo ocurri� con Sud�frica. Se le aplic� un bloqueo dram�tico impulsado por Estados Unidos, Gran Breta�a y muchos otros pa�ses. Sin embargo, Sud�frica creci�. Quienes lo hemos visitado �me toc� hacerlo con ocasi�n de la asunci�n del Presidente Mandela- apreciamos que, si bien hubo problemas, era un pa�s que en la adversidad de un bloqueo, con inteligencia, construy� aviones, autom�viles y se desarroll�. Y hoy d�a Sud�frica es una potencia de segunda clase, pero potencia al fin. El caso de Cuba es mucho m�s dram�tico. La Isla, enclavada en Am�rica Latina, se mantiene no solamente por la fuerza y la personalidad de Fidel Castro, sino por el tremendo y monstruoso error hist�rico de Estados Unidos -como lo afirman todos los pensadores norteamericanos- de creer que, imponi�ndole un bloqueo, se iba a rendir. El sentimiento un�nime de quienes han estudiado esta materia es que si los norteamericanos hubieran tomado otra actitud, impulsando corrientes de capitales, olvidando la deuda y abandonado la Guerra Fr�a, realmente habr�an derrumbado dicho r�gimen de gobierno y hoy d�a la Isla ser�a lo que fue antes, o mejor. Por lo tanto, la concepci�n de que no se debe tener relaciones comerciales con un pa�s, o bloquearlo, en consideraci�n a su r�gimen interno no es una pol�tica internacional adecuada. La historia lo ha demostrado as�, y el caso cubano es un dram�tico ejemplo en ese sentido. El 28 de julio de 1964, la OEA acord� -con la sola abstenci�n de M�xico- romper relaciones pol�ticas, diplom�ticas, comerciales, consulares, telef�nicas, etc�tera, con Cuba, a ra�z del ataque que �ste realiz� a Venezuela. Pues bien, el ex Presidente Alessandri cumpli� el acuerdo, despu�s de consultar a don Eduardo Frei Montalva quien todav�a era candidato presidencial. Sin embargo, ninguno de los pa�ses firmantes lo cumpli�, salvo Estados Unidos, porque era antinatural romper relaciones telef�nicas. No se inclu�an en dicho bloqueo los remedios. En esos a�os hubo exportaci�n hacia all� de vino chileno, la que fue justificada por el Gobierno al cual serv� sosteniendo que el vino era medicina, lo cual tambi�n resolvi� algunos problemas internos. El se�or MORENO.- �Y ajos! El se�or VALD�S.- Y, adem�s, se enviaban ajos que se produc�an en Llaillay, los que no ten�an m�s comprador que Cuba, porque la realidad se impone. Entonces, si se sigue ese criterio extremadamente peligroso, no tendr�amos relaci�n con ning�n pa�s. �Por qu� relaciones pol�ticas -�que tenemos!- y no comerciales? �Por qu� se aplica s�lo a Cuba este criterio? Comprendo las razones de estar en una posici�n dif�cil respecto de Cuba desde el punto de vista econ�mico por lo que pas� con uno de los asesinos del Senador Jaime Guzm�n. Lo entiendo por lo que aqu� se ha planteado. Pero, si aplicamos el principio general de Derecho Internacional invocado en la Sala, tambi�n deber�a prohibirse hacer negocios con ese pa�s, lo que hace Estados Unidos y nosotros no. A nadie nunca se le ha ocurrido ni he escuchado decir que se debe impedir que fulano y zutano -no s� qui�nes son- tengan inversiones en Cuba. Y tambi�n deber�amos aplicar la misma doctrina a otros pa�ses, sobre todo a uno del Oriente, ubicado en el Oc�ano Pac�fico, segunda o tercera potencia mundial. �Es el r�gimen de China, al cual respeto, igual al nuestro? �Est�n all� los derechos humanos -como nosotros los concebimos- suficientemente protegidos? �A alguien se le ha ocurrido no hacer negocios con China? �Todo lo contrario! En el Senado hay entusiasmo por celebrar en Valpara�so la reuni�n del Foro de Cooperaci�n Econ�mica Asia-Pac�fico, y se espera una gran delegaci�n china. No he tenido ocasi�n de ir a ese pa�s durante los �ltimos veinte a�os, pero se lo visita con mucho entusiasmo. Y nadie dice: "�Ah, ocurre que en China en la plaza tanto aconteci� tal cosa y que a miles de personas les pas� esto otro!". Eso nunca ha funcionado. �Porque es un pa�s grande? �Por qu� all� se habla chino y en otro pa�s, espa�ol? No s�. Me parece que la vida ense�a que se debe tener medida para las cosas. Cuidemos nuestra casa; hag�mosla democr�tica. No repitamos nunca m�s lo que nos pas�. Y -por amor de Dios- no juzguemos a otros; ni los aplaudamos. Pero, en este caso tampoco se trata de hacer fe en el r�gimen pol�tico. La fe en una inversi�n no se obtiene por un tratado, no la hacemos nosotros. Yo no hago acto de fe en el cumplimiento del Acuerdo, pero s� el empresario deposit� su fe al efectuar su inversi�n (entiendo que hay varios inversionistas chilenos). Ellos asumieron el riesgo, y lo hicieron dentro de la libertad que tenemos en Chile. Y frente a ello el Gobierno se�ala: "Se�or, usted asumi� el riesgo; si le pasa algo, yo lo protejo". En el Tratado no hay disposiciones que indiquen que el Estado de Chile da garant�as al Gobierno cubano. Si existen riesgos ahora, yo prefiero que las inversiones de mis compatriotas est�n amparadas. A lo mejor, esto no ser� m�s que una hoja de papel. Pero es m�s que no tener ning�n amparo. Por eso voto a favor de este Acuerdo, porque no creo adecuado seguir esta visi�n agreg�ndonos al bloqueo, dejando solos a nuestros inversionistas. M�s a�n, si Chile constituyera una potencia como M�xico, Brasil o Estados Unidos, la �nica forma real de crear un problema serio en Cuba ser�a incrementando masivamente las inversiones. �Por qu� Espa�a es democr�tica? La Espa�a de Aznar, no solamente la de los socialistas, multiplica sus inversiones all�. Est�n preparando a la gente que abrir� el pa�s. Y ello se efect�a estando con ella, no aisl�ndose. Por lo tanto, las razones dadas por algunos se�ores Senadores, que respeto, no me convencen ni hist�rica ni jur�dica ni comercialmente. Y si se establece esa posici�n con Cuba, apliqu�mosla con todos los pa�ses. Corremos el riesgo tambi�n de incurrir en excesos con naciones vecinas u otras de Am�rica Latina a las cuales no consideramos suficientemente democr�ticas y, por tanto, debi�ramos aplicarles sanciones. Y m�s de alguno incluso pensar� que Chile tampoco cumple todas las normas de la democracia. Por algo estamos reformando la Constituci�n. En consecuencia, hay que ser prudentes y modestos en esta materia. Vot� a favor por esas razones, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Senador se�or Vald�s, lo consulto sobre mantener en la Versi�n Taquigr�fica el t�rmino castizo que utiliz� en su intervenci�n. El se�or VALD�S.- Por supuesto, se�or Presidente. En ese contexto, el t�rmino me parece correcto. La se�ora MATTHEI.- Obviamente hay que mantenerlo. El se�or GAZMURI.- Adem�s, es un hecho hist�rico, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Hago presente a la Sala que todav�a restan seis se�ores Senadores por intervenir. Y atendido el hecho de que a las 19:30 fue fijada la hora de t�rmino de esta sesi�n, para concurrir al acto de homenaje con motivo del aniversario del Congreso Nacional, planteo dos posibilidades: iniciar la votaci�n, dando preferencia a los se�ores Senadores inscritos para que en el mismo orden fundamenten su voto y as� despachar el proyecto, con lo que concluir�a el Orden del D�a, o, en caso contrario, continuar la discusi�n para que Sus Se�or�as puedan intervenir libremente, y dejar sin efecto la hora de Incidentes para proceder a la votaci�n. �Habr�a acuerdo respecto de la primera sugerencia? Acordado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En votaci�n. --(Durante la votaci�n). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero para fundamentar su voto. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, en primer lugar, en el debate ha quedado de manifiesto claramente el pensamiento mayoritario de rechazo a un r�gimen dictatorial de verdad, que ha establecido un sistema permanente de abuso con la libertad y los principios y valores que siempre hemos defendido. Tambi�n comprendo y respeto �y, dir�a, participo de ellos- los sentimientos expresados por quienes han manifestado su rechazo ante la falta de voluntad pol�tica y humana respecto del asesinato del ex Senador se�or Jaime Guzm�n. En la Comisi�n solicit� renovar un oficio a la Canciller�a a fin de que nos informe acerca del grado de avance de las diligencias requeridas por Chile al Gobierno cubano, con el objeto de reunir mayores antecedentes para esclarecer este homicidio. Sin embargo, considero importante que hagamos una diferenciaci�n en cuanto a los aspectos pol�ticos e ideol�gicos, los que, a mi juicio, deben tratarse en forma distinta de los temas econ�micos y comerciales. Aqu� bien se manifest� que en 1964, a instancias del ex Presidente Frei Montalva, el Presidente Jorge Alessandri puso t�rmino a las relaciones diplom�ticas y comerciales con ese pa�s. Empero, fui testigo de que, en 1969, el entonces candidato a la Presidencia de la Rep�blica don Jorge Alessandri hab�a tomado la decisi�n de renovar la relaci�n comercial con Cuba. Ello, porque no cab�a la menor duda de que �l distingu�a claramente -como yo lo hago ahora- los aspectos ideol�gicos y pol�ticos de los comerciales y econ�micos. Pienso que debemos entender que en materias comerciales y econ�micas tenemos la obligaci�n de contar con una visi�n realista, particularmente porque esa realidad nos indica que los intereses chilenos, directamente comprometidos en inversiones en Cuba, son los que estamos tratando de amparar al ratificar este Acuerdo. Y me parece que, aun cuando yo pueda reconocer que algunos en el Senado manifiesten dudas respecto de la confiabilidad que pueda tener un r�gimen de esa naturaleza, no cabe la menor duda de que con lo anterior mejoran los t�rminos de la relaci�n y las posibilidades de defensa en un momento dif�cil. Estas expresiones las vert� en la Comisi�n y las quiero renovar en la Sala, porque estimo que hay que distinguir claramente un aspecto del otro. Al mismo tiempo, deseo precisar que la familia a la que se refiri� el Senador se�or Vald�s no es de apellido P�rez, sino Gonz�lez, de Badajoz. La historia nos relata que el nombre de esta �ltima familia es el que qued� impreso en la hist�rica fotograf�a respecto de lo que ellos pretend�an hacer con Naciones Unidas. Tal vez, cuando Su Se�or�a lea la Versi�n Taquigr�fica pueda concordar conmigo en ese hecho. En todo caso, reitero mi voto afirmativo a este Acuerdo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Chadwick. El se�or CHADWICK.- Se�or Presidente, comparto algunas de las afirmaciones hechas por el Senador se�or Vald�s, sobre todo la que se�alaba que hay que tener cierta medida para evaluar las cosas y de alguna manera ser modesto en la perspectiva de nuestro pa�s. Creo que hay que tener medida para evaluar las cosas. Aqu� no estamos en presencia de un proyecto ni de un Tratado destinado a desbloquear a Cuba en su actividad econ�mica, ni a generarle bloqueos adicionales, como tampoco a comparar su actual estado con otras situaciones internacionales que, con mucho acierto, se han se�alado con respecto a Espa�a, Europa, etc�tera. Tan claro es eso, que nadie ha se�alado su oposici�n a que existan inversiones de chilenos o de extranjeros en Cuba. M�s a�n, �stas existen. Nadie las est� prohibiendo, impidiendo o censurando. De hecho las hay, y varias. Por lo tanto, no me parece que el proyecto que nos ocupa, guardando la medida de las cosas, apunte en la orientaci�n del problema de bloqueo o no bloqueo dentro de las pol�ticas internacionales. En segundo lugar, tampoco apunta -como lo han se�alado quienes lo rechazan- a una visi�n de las pol�ticas internacionales que se encuentre determinada por motivos ideol�gicos. A m� me resulta indiferente, en t�rminos de lo que pueden ser las relaciones internacionales del pa�s, la ideolog�a o el tipo de r�gimen que tenga la otra naci�n. Para mantener relaciones diplom�ticas o comerciales, nadie cuestiona que Cuba pueda ser o no una democracia, o tener o no un r�gimen dictatorial. Desde mi punto de vista, no est� en juego eso. En este caso se trata de una cosa absolutamente distinta, que s�lo ocurre en las relaciones de Chile con Cuba, y que se refiere a un hecho concreto, actual: el asesinato de un Senador de la Rep�blica, que se sentaba aqu�, en democracia, algunos a�os atr�s. Y el proceso judicial por el asesinato del Senador ha indicado que su autor intelectual, a quien se conoce con el apodo de "El Chele", es comandante del Ej�rcito cubano, casado con la hija de Ra�l Castro, hermano de Fidel Castro. Y ese crimen �reitero- se cometi� en Chile, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, en la persona de un Senador. Pasa el tiempo, y algunos de sus autores materiales, que estaban recluidos en la c�rcel de alta seguridad, los se�ores Palma Salamanca y Hern�ndez Norambuena, se fugan, en un hecho absolutamente p�blico, notorio y de connotaci�n internacional. En el proceso en el cual se investiga la fuga existen evidencias concretas y ciertas de que esas personas fueron protegidas por el Gobierno cubano. Porque nadie est� en Cuba si no es con autorizaci�n y benepl�cito de �ste. Y no puede ignorar, porque fue un hecho de repercusi�n mundial, la fuga de esas dos personas desde la c�rcel de alta seguridad, ocurrida durante el Gobierno del Presidente Frei. Frente a esos hechos, la Corte Suprema env�a un exhorto al Gobierno cubano, y lo reitera en distintas oportunidades. No hay respuesta. El Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del Presidente Frei cita al embajador y le representa la molestia. El personero se compromete a dar una contestaci�n. No hay respuesta. El Senado aprueba un�nimemente un proyecto de acuerdo pidiendo que esto se represente al Gobierno cubano. No hay respuesta. Entonces, no se trata de un problema de bloqueo econ�mico; tampoco de relaciones internacionales referidas a las caracter�sticas ideol�gicas de determinado r�gimen, sino del asesinato de un Senador chileno. Frente a eso, obviamente -y se ha expresado muy bien-, hay problemas de buena fe y de confianza en las relaciones internacionales con el Gobierno cubano, que no cumple sus compromisos. Quiero agregar algo m�s: ese r�gimen, que ha tenido tal actitud hacia Chile; que ha exhibido esa conducta con los Gobiernos democr�ticos chilenos, representados por los Presidentes Aylwin y Frei; que ha cohonestado y amparado a terroristas que asesinaron a un Senador de la Rep�blica, �merece que el Senado, en esta oportunidad, apruebe un tratado, un convenio que tiene por objetivo dar facilidades a la inversi�n en ese pa�s? Una m�nima reciprocidad en materia internacional, una m�nima dignidad como Estado nos debiera aconsejar que, mientras el Gobierno cubano no d� respuesta a estas graves situaciones que afectan al Estado de Chile, a su Poder Judicial, al Ejecutivo, al Senado, no merece que le demos facilidades para que se hagan inversiones en ese pa�s. Voto que no. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, quien me antecedi� en el uso de la palabra me ahorra muchos de los comentarios que quer�a formular. Lo principal es aclarar que no estamos discutiendo acerca del r�gimen existente en Cuba. Probablemente algunos se�ores Senadores son muy partidarios de �l, otros no; pero no es lo que est� en debate ni lo que estamos cuestionando. Por lo tanto, no propiciamos que las pol�ticas de Estado y las relaciones con otras naciones se gu�en por las consideraciones democr�ticas o no democr�ticas que pueda haber en su interior. Los pa�ses tienen su autonom�a y nosotros debemos ver si hay v�nculos econ�micos existentes, c�mo funcionan y de qu� manera continuarlos, con independencia de su situaci�n interna. Podremos revisar en ciertas circunstancias nuestras relaciones pol�ticas. �sa es una cuesti�n que depende de cada caso y se inscribe dentro de una l�nea tradicional que ha seguido Chile, independientemente de quien lo gobierne. Por consiguiente, no estamos discutiendo si mantener o no relaciones con Cuba por la naturaleza dictatorial de su Gobierno, o por la forma como se violan los derechos humanos en esa naci�n. Lo que se debate es si por los hechos narrados es confiable el Gobierno cubano como para suscribir con �l un tratado de reciprocidad en materia de inversiones. Decimos que no es confiable dicho r�gimen porque instruy� a la guerrilla donde se prepar� como terrorista Ricardo Palma Salamanca, el mismo que un 1 de abril, junto con otras personas, asesina a Jaime Guzm�n, Senador de la Rep�blica, y que el 30 de diciembre de 1996 se fuga y se dirige a Cuba, donde se le da amparo y no se ha permitido que el Gobierno de Chile, por medio de exhortos, pueda llevar adelante las investigaciones que la justicia requiere. Palma Salamanca est� condenado por la justicia chilena, y el r�gimen cubano no colabora con nosotros para que se lleven a cabo los procesos correspondientes y se cumplan las penas asignadas. Entonces, se trata de desconfianza en el Gobierno cubano. Por ese motivo, creemos que no es razonable firmar este tipo de acuerdos con �l. Quienes han hecho inversiones podr�n seguir realiz�ndolas. Ellos invirtieron sin este tratado en la mente. Por lo tanto, no hay detrimento alguno a la situaci�n de esas personas que efectuaron inversiones. Las hicieron bajo las condiciones jur�dicas que consideraron suficientes, en t�rminos de seguridad, en ese pa�s. No es el caso nuestro, pues tenemos la m�s profunda desconfianza en los gobernantes de Cuba en cuanto al cumplimiento de su palabra. Y haya o no un tratado, dada la historia que conocemos de ese r�gimen, tenemos la certeza de que si no le interesa, si no le conviene, no cumplir� con lo convenido en dicho instrumento. En consecuencia, consideramos in�til pactar con esa naci�n. Y en ese sentido creemos que el Senado, por las razones dadas, ya no necesita dar su visto bueno ni su voto favorable al proyecto presentado. Voto que no. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, intervendr� s�lo para respaldar tres ideas centrales que se han dado y anunciar desde ya que votar� afirmativamente. Primero, todos estamos de acuerdo en esta Sala, y nadie ha dicho algo en contrario, en que cualquier acuerdo que se celebre con Cuba, de ninguna manera puede ser tomado como respaldo al r�gimen pol�tico de ese pa�s. Particip� en la Comisi�n de Salud del Parlamento Latinoamericano que acaba de reunirse en Cuba, y he manifestado p�blicamente mi preocupaci�n en el sentido de que, a pesar de las inversiones extranjeras realizadas antes en ese pa�s, y de no haber acuerdo, tratado ni nada parecido, la verdad es que la situaci�n pol�tica no muestra una apertura hacia la libertad como nosotros la quisi�ramos. Es evidente que eso no significa, en modo alguno, pensar que votaremos en contra de lo que ha sido tradicional en Chile y en el Senado: firmar acuerdos comerciales independientemente del r�gimen pol�tico que gobierne los pa�ses con los cuales los pactamos. No se trata de eso. En segundo lugar, deseo destacar lo que ha pasado en las �ltimas semanas, en orden a que se ha levantado el bloqueo, por lo menos de alimentos y especies medicamentosas, seg�n tenemos entendido, por el propio Gobierno norteamericano. �ste fue un acuerdo de la Comisi�n del Parlamento Latinoamericano. Es cierto que el bloqueo no s�lo signific� unidad interna y una suerte de nacionalismo muy exagerado, sino que tambi�n constituy� un agravio a cualquier derecho y a lo que est� sucediendo en ese pa�s en esta materia. A modo de ejemplo, Chile tiene en uso del orden de 1.200 a 1.300 medicamentos habituales; Cuba utiliza no m�s de 160 a 170. Y el bloqueo limita su capacidad de atender pacientes. Sin embargo, los mismos que tienen acuerdos para bloquear a Cuba, cuando se trata de inversiones de cualquier tipo o inclusive en esta forma, los rompen motivados por los intereses econ�micos. Por lo tanto, enfatizo que no podemos plantear el tema del bloqueo, pues no est� en discusi�n. En un proyecto de acuerdo como el que nos ocupa deber�a debatirse acerca del establecimieno o no establecimiento de bloqueos a los pa�ses. A trav�s de la historia, �stos nunca han dado resultados, como expl�citamente se�al� el Senador se�or Vald�s. A�n m�s, quienes fuimos opositores al Gobierno militar, por lo menos en mi caso particular, jam�s aceptamos que bloquear a Chile formara parte de nuestra pol�tica de oposici�n, porque ello golpea a los pueblos y no a los reg�menes autoritarios o dictatoriales. Se�or Presidente, no desear�a que a trav�s de las palabras de algunos de los se�ores Senadores que intervinieron antes se vislumbrara que la aprobaci�n de este Convenio es una suerte de agravio, en el sentido de no defender nuestro derecho a reclamar sobre lo sucedido con el ex Senador se�or Guzm�n. En este caso, lo l�gico y natural es que la justicia pida la extradici�n. El Gobierno del Presidente Frei tom� todas las prevenciones para expresar su punto de vista contrario, incluso reclamando y no asistiendo a instancias donde Cuba estaba comprometida. Por lo tanto, derivar el debate hacia ese punto no condice con la argumentaci�n que se ha venido sosteniendo. Tener una visi�n de la lucha armada y de la guerrilla como parte de su proceso, y de la muerte de las personas si es necesario para cumplir sus intereses, es el patr�n normal de todos los reg�menes dictatoriales, cualquiera que sea su color. En consecuencia, no puede pedirse otra conducta ante Cuba, sino condenarla expl�citamente como lo estamos haciendo. Pero estimo contradictorio con el debate que hemos tenido convertir este punto en tema central de por qu� debe votarse en contra del proyecto de acuerdo. Por eso, voto favorablemente. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, tengo claro que son absolutamente justificadas las razones de los Senadores de las bancadas de Oposici�n respecto del tema de fondo que a ellos les duele. No me cabe la menor duda de que como pa�s debemos seguir haciendo un gran esfuerzo para los efectos de esclarecer el crimen de un ex colega. As� lo expresamos los socialistas en su momento y lo reiteramos ahora: el asesinato del Senador se�or Guzm�n fue un atentado a la democracia chilena y contra un hombre que mostr� en el Senado una manera espectacularmente saludable de entenderse entre quienes pensamos distinto en un pa�s tan plural como el nuestro. Pero �se no es el tema que nos convoca. Entiendo perfectamente que a prop�sito de otras razones podamos ligar ambas materias. Sin embargo, ni siquiera estamos discutiendo la naturaleza del r�gimen cubano, sobre el cual ya el Honorable se�or Gazmuri se�al� claramente nuestra posici�n. No nos gusta la manera como se estructura su vida interna, ni tampoco la democracia que ellos dicen practicar, que no es la que buscamos. Pero debemos ser extraordinariamente consecuentes, porque, de lo contrario, nos enredaremos nosotros mismos. No he o�do de las bancadas de enfrente ninguna opini�n contraria a Suiza, que neg� la extradici�n de uno de los terroristas vinculados al asesinato del Senador Guzm�n. Entonces, si realmente deseamos ser consecuentes, manifestemos tambi�n algo sobre ese pa�s. No se han expresado opiniones contrarias a esa naci�n. Es m�s, pienso que ning�n Senador har�a algo para poner en jaque la posibilidad de entendimiento comercial entre Chile y Suiza. Por lo anterior, me parecen adecuadas las palabras del Senador se�or Vald�s. Debemos tener justas medidas en las cosas. Reitero: nunca he escuchado de parte de la Derecha una opini�n contraria a Suiza, que neg� la extradici�n de uno de los terroristas que estuvo, al parecer, claramente vinculado al asesinato del Senador Guzm�n. Debo se�alar, a prop�sito de lo anterior, que hace pocos d�as se realiz� un debate sobre Cuba en el Senado de Estados Unidos, donde se dio a conocer una nueva enmienda: la "Ashcroft-Nethercutt", en la cual se hizo presente la necesidad de levantar parcialmente el bloqueo. Un enorme porcentaje de Senadores y tambi�n de miembros de la C�mara de Representantes de los Partidos Dem�crata y Republicano se�alaron claramente que no tiene sentido continuar tratando de derrocar el r�gimen de Castro por esa v�a. Se trata de un error hist�rico que est�n pagando caro no s�lo el pueblo norteamericano, sino tambi�n el cubano, que en este momento no tiene los alimentos suficientes, carece de medicinas y se encuentra sufriendo privaciones, porque el bloqueo es real. Quien ha visitado Cuba sabe perfectamente que esa medida es una realidad, que va m�s all� de cualquier dimensi�n de car�cter pol�tico-ideol�gico. Resulta absurdo que se contin�e practicando un bloqueo despu�s de tantos siglos de avance �se supone- del Derecho Internacional. S�lo quiero recordar que el Presidente don Jorge Alessandri fue extraordinariamente sabio en esta materia. Porque, aun cuando rompi� relaciones diplom�ticas con Cuba -a prop�sito de una decisi�n de la OEA-, permiti� un comercio relativamente fluido y gener� incluso mecanismos de protecci�n en aquella �poca. El ex Senador don Baltazar Castro export� el famoso vino "Don Balta". Las cebollas y los ajos de las Regiones Quinta y Sexta estaban en los mejores restoranes de La Habana. A mi juicio, �sa fue una muestra de sabidur�a pol�tica, porque el r�gimen pol�tico de Cuba en 1961 era exactamente igual al que existe en la actualidad. Por lo tanto, las buenas razones dadas en aquel tiempo, son absolutamente v�lidas ahora, pero de manera independiente al hecho doloroso que comentamos. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el �ltimo inscrito, el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, en el fundamento de mi voto, quiero razonar en torno de los valores en los cuales uno debe inspirarse para tomar una decisi�n de esta naturaleza y de la experiencia hist�rica, y a partir de ambos, sobre la pol�tica chilena. El m�s importante de los planteamientos en el que me inspiro para tomar tal determinaci�n se refiere a que las relaciones internacionales se sit�en en el espacio de lo que nosotros consideramos valores claves: de democratizaci�n, de pluralismo y de libertad; y, al mismo tiempo, el reconocimiento de una econom�a global en la cual progresivamente el tejido de las relaciones econ�micas va de la mano con el problema de la apertura pol�tica. Desde ese punto de vista, al tomar una decisi�n sobre la materia, parto de la base de la experiencia hist�rica. Ella demuestra en el mundo contempor�neo que la relaci�n econ�mica m�s fluida conlleva la apertura pol�tica. Entonces lo que hagamos como latinoamericanos para propender a una mayor apertura econ�mica y de relaciones comerciales con el r�gimen cubano o con otros, favorece y no dificulta el proceso de apertura pol�tica. En ese sentido, la experiencia hist�rica es clar�sima. Los norteamericanos en el debate reciente �ya fue citado- se�alaron que las enmiendas "Torricelli", primero, y, luego, la "Helms-Burton", han demostrado que mientras m�s se ha cerrado la pol�tica norteamericana y mayor ha sido el embargo, m�s se ha fortalecido el r�gimen de Castro y m�s control interno se ha establecido. Y en toda la discusi�n nacional y mundial se esgrime el argumento del embargo econ�mico como forma de mantener coacci�n interna. Por lo tanto, avanzar en esa l�nea va justo en direcci�n contraria al prop�sito de apertura pol�tica, si nuestra intenci�n tambi�n es mirar la situaci�n de esa manera. En consecuencia, la decisi�n de abrir ahora el bloque respecto de alimentos, de medicamentos, y de ampliar el turismo va en esa direcci�n. Europa y Canad� han hecho lo mismo. Las relaciones que mantenemos con China no modifican nuestra apreciaci�n en cuanto a la forma como funciona su pol�tica interna y su relaci�n con los derechos humanos. La pol�tica de cierre seguida con Irak e Ir�n tambi�n ha demostrado que en lugar de debilitar a Saddam Hussein, lo ha fortalecido. Por lo tanto, la experiencia internacional -a mi modo de ver- demuestra que el camino correcto es ampliar las relaciones econ�micas y, en forma simult�nea, emprender una acci�n para una apertura del r�gimen cubano. Y alg�n d�a tendr� que venir -espero que m�s temprano que tarde- la transici�n a una democracia de verdad. Por otro lado, al votar la decisi�n en an�lisis, no se trata s�lo de defender las inversiones chilenas de hoy: significa, tambi�n, no caer en desventaja respecto de aquellas que se pueden efectuar ma�ana y de otros pa�ses que asimismo invierten. �Por qu� dejar a Chile en una posici�n desmedrada? Y, por �ltimo, respeto y comparto los planteamientos de se�ores Senadores de la Uni�n Dem�crata Independiente en cuanto al tema de la justicia y al recuerdo de la actitud del Gobierno cubano en ese aspecto. Creo que el camino, en tal sentido, no es impedir la aprobaci�n del tratado, sino reforzar juntos todas las acciones necesarias para ejercer la m�xima presi�n, a fin de que opere la justicia y prosigan todos los canales judiciales en el cumplimiento de las leyes. Pero asimismo quiero consignar que circunstancias parecidas, de tipo judicial, pueden entrabar relaciones, como ocurri� recientemente con Espa�a y el Reino Unido. Algunos se�ores Senadores presentes sugirieron en un momento incluso la idea de romper relaciones econ�micas, actitud que, por cierto, no prosper�. Tampoco se puede dejar de lado el que en Per�, por ejemplo, ciudadanos chilenos, independientemente del delito que se les imputaba, fueron procesados por "traici�n a la patria", lo que constituye una aberraci�n, desde el punto de vista jur�dico. Por lo tanto, en esa l�nea, y reconociendo los hechos y el tremendo valor de Jaime Guzm�n, as� como rechazando totalmente el crimen y el terrorismo en esa situaci�n, creo que se debe empujar por el lado de la acci�n de la justicia, pero mantener una pol�tica internacional de proyecci�n econ�mica y, tambi�n, de respaldo a una apertura pol�tica en esa isla, la cual todos deseamos que tenga lugar lo antes posible y ojal� de manera pac�fica. De ese modo, estimo que existe coherencia en el planteamiento de respaldar la firma del tratado, instrumento t�pico, rutinario, normal, por lo dem�s, que Chile est� suscribiendo con todos los dem�s pa�ses del mundo, en particular los de Am�rica Latina. Por ello, voto que s�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La votaci�n proseguir� de acuerdo con el orden reglamentario. El se�or CANESSA.- Se�or Presidente, por la permanente ofensa de Cuba a los derechos humanos al negar a sus ciudadanos el derecho a salir de su territorio; por la penetraci�n que Castro mont� para implantar en Chile, por medio de la violencia, un r�gimen pol�tico copia del existente en la isla; por la reiterada negativa a entregar informaci�n sobre personas que han cometido delitos en Chile y se hallan refugiadas en ese pa�s; por las numerosas acciones internacionales emprendidas por Cuba en contra del Gobierno de Chile entre 1973 y 1990, destinadas a aislarlo; por la participaci�n de Cuba en el intento de asesinato del Presidente de la Rep�blica de Chile en ejercicio, en 1985, voto que no. El se�or CANTERO.- Se�or Presidente, dado el tenor tomado por el debate y para que nadie sea inducido a confusi�n respecto de las posiciones adoptadas al votar, se hace necesario precisar los criterios orientadores que definen la posici�n de cada cual. El que nos ocupa es un acuerdo entre la Rep�blica de Chile y la Rep�blica de Cuba para la promoci�n y la protecci�n rec�proca de las inversiones. En realidad, no se trata -porque pareciera que hay derivaciones que se alejan del tema- el bloqueo econ�mico. Me pregunto a t�tulo de qu� surge esa asociaci�n. Tampoco se analiza la actitud del Gobierno de Cuba en relaci�n con el asesinato de Jaime Guzm�n, por todos lamentado y que es doloroso para todo Chile. El asunto no tiene que ver, adem�s, con el r�gimen pol�tico ni econ�mico, ni con la condici�n de dictadura o democracia del Gobierno de esa isla. Reitero que el debate se centra en la promoci�n y protecci�n rec�proca de las inversiones. Y sobre esa base, entonces, abordo el punto, entendiendo que se hace referencia a una cuesti�n esencial en el esquema de globalizaci�n en que nos hallamos inmersos, globalizaci�n que presenta como uno de sus ejes fundamentales las relaciones comerciales en el marco de la econom�a social de mercado. Es decir, hombres libres de empresa buscan aprovechar mercados, abiertos o cerrados, para realizar negocios, para beneficiarse de oportunidades, para dejar accionar el esp�ritu de iniciativa, de empresa, de libertad que les permite efectivamente hacer un buen uso del costo de oportunidad que van apreciando. Y esas acciones comerciales no obedecen a consideraciones acerca de un r�gimen pol�tico o ideol�gico. Tampoco se analiza el esquema econ�mico de un pa�s. Simplemente, se efect�an porque se genera el acuerdo para poder concretar el intercambio. Algunos afirman que el Gobierno de Cuba no es confiable. Precisamente porque puede no serlo resulta tan necesario un acuerdo para la promoci�n y la protecci�n de aquellos que, en el marco de su esp�ritu de libertad y aprovechando el concepto b�sico y fundamental de la globalizaci�n, ejercen el libre acto de comerciar. Precisamente por esa desconfianza es que se hace m�s conveniente que nunca el avance en la protecci�n del ejercicio fundamental que es el acto de emprender. Ahora bien, no estamos refiri�ndonos a cuestiones te�ricas. Tampoco aludimos a aspectos presuntivos. Se trata de hechos concretos: hoy existe comercio. Y habr� mucho m�s en el pr�ximo tiempo. En consecuencia, ser� preciso crear las condiciones para motivar ese mayor intercambio y proteger a quienes act�en en ese �mbito. El acuerdo para la promoci�n y la protecci�n rec�proca de las inversiones me parece, entonces, muy importante y b�sico. Y espero que sirva para generar ambientes de confianza y, adem�s, para que se vaya tomando conciencia de la lamentable y triste condici�n econ�mica que vive el pueblo de la isla, sumido en la miseria, la desesperanza, la necesidad m�s profunda. Y quienquiera que haya visitado Cuba y haya compartido algunas jornadas con sus habitantes tendr� que coincidir en que resulta esencial promover iniciativas que les abran las ventanas del mundo, para que efectivamente puedan salir de su condici�n. Aspiro a que el acuerdo en estudio sirva para concretar m�s comercio, a que se construyan lazos de fraternidad y confianza. Y, por ello, voto a favor. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, me pareci� de extraordinaria relevancia la intervenci�n del Senador se�or Vald�s sobre los aspectos en discusi�n. Fue muy profunda, muy responsable y seria. Y en verdad cualquiera de nosotros que intente dar otras argumentaciones no har�a m�s que repetir los buenos argumentos que Su Se�or�a entreg� hace un momento. Quiero agregar o destacar algunos otros aspectos que tambi�n me hacen compartir la idea de votar a favor del tratado. Cuba ha sido sometida a un bloqueo extraordinariamente severo, situaci�n muy grave para un pa�s peque�o. Y resulta m�s grave si se trata de una isla que carece de ciertos elementos b�sicos para su desarrollo, como el petr�leo, el parque automotriz, y diversas maquinarias que se utilizan en la construcci�n y en las empresas. Sin embargo, eso no es todo. En dicho pa�s se aplican medidas internas que a muchos no nos gustan, pero que ellos pueden justificar, no s�lo por la agresi�n permanente de Estados Unidos, sino que por la verdadera invasi�n de propaganda por radio, televisi�n y hasta por aviones que, adem�s de atropellar su soberan�a, los inundan con panfletos. Asimismo, en el contexto de las agresiones sistem�ticas, el caso del ni�o cubano que fue separado de su padre, de su colegio y de sus ra�ces, agrava a�n m�s el problema de soberan�a de ese pueblo. Las medidas adoptadas por Estados Unidos, m�s que afectar al Gobierno cubano, las padece el propio pueblo, muchas veces con bastante dolor. Lo manifestado por el Senador se�or Vald�s es efectivo. Si m�s inversiones llegaran a Cuba, sus habitantes contar�an con mayores alternativas. Me correspondi� viajar a esa naci�n con un importante grupo de empresarios chilenos que realizan inversiones en ella, ninguno de los cuales adujo dificultades con ese Gobierno; por el contrario, todas sus observaciones reflejaron el entendimiento y real preocupaci�n hacia los inversionistas chilenos que all� operan. Por tales razones, me parece absolutamente conveniente aprobar el Tratado, m�s a�n si ata�e a pa�ses de Am�rica Latina. Voto que s�. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, en general, soy partidaria de votar a favor cualquier convenio que permita resguardar las inversiones. Creo que efectivamente los temas pol�ticos y comerciales corren por carriles separados, y que cuanto mayor sea el desarrollo econ�mico de un pa�s, mayores son tambi�n sus posibilidades de contar con un gobierno democr�tico que respete los derechos y las libertades de las personas. Considero tambi�n muy cruel imponer sanciones o restricciones a los pa�ses, pues nunca son los gobernantes los que finalmente sufren las consecuencias, sino que siempre son las personas. Por desgracia, en este caso hay otros problemas envueltos, los que, obviamente, son muy dolorosos para nosotros. Por eso, me pronuncio en contra. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, al igual como lo expresaron distintos se�ores Senadores, en particular el Honorable se�or Vald�s, quien representa a la bancada de la Democracia Cristiana en la Comisi�n de Relaciones Exteriores, votaremos favorablemente el proyecto conforme a los principios que nos han guiado a lo largo de la vida y no por un problema de coyuntura. Siempre hemos cre�do en el respeto irrestricto a la soberan�a de cada pueblo, en el respeto a la libertad, a la democracia y a los derechos humanos. En virtud de ello, permanentemente hemos hecho una separaci�n entre la visi�n que interesa a Chile y los juicios que pol�ticamente tengamos respecto de lo que sucede m�s all� de las fronteras de nuestro pa�s. Como muy bien se ha recordado, conforme a decisiones pol�ticas adoptadas en determinados momentos, Chile ha roto o establecido relaciones diplom�ticas con pa�ses cuyo signo pol�tico era diferente al de los Gobiernos de la �poca. Y ello no s�lo se dio en los casos citados en esta Sala, vinculados con don Jorge Alessandri, don Eduardo Frei Montalva y otros ex Primeros Mandatarios, sino que tambi�n aconteci� durante el Gobierno militar, el cual mantuvo, estrech� y cultiv� profundas relaciones con la Rep�blica Democr�tica China, que se hallaba en las ant�podas pol�ticas, econ�micas e ideol�gicas de ese R�gimen. Sin embargo, no he escuchado a ning�n se�or Senador sostener -por lo menos, para la historia fidedigna de la ley- que se trat� de un acto de inconsecuencia, de una contradicci�n, porque quienes en ese momento adoptaron la decisi�n pertinente lo hicieron teniendo en vista los intereses de Chile y, desde ese punto de vista, seg�n su criterio, se justificaban tanto las relaciones pactadas con esos gobiernos como los intercambios comerciales y las adquisiciones consiguientes. Por lo tanto, en este caso es necesario tener una visi�n clara respecto de lo que conviene al pa�s. En esa misma l�nea -lo record� en forma muy elocuente y simp�tica el Senador se�or Vald�s-, el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, siguiendo el mismo principio, no obstante que las relaciones diplom�ticas estaban rotas, hizo un esfuerzo en Am�rica Latina para romper el injusto bloqueo impuesto a la isla. Fue en ese per�odo cuando se realiz� una exportaci�n de ajos, de frijoles negros y de vinos, como una se�al tendiente -sobre todo en el caso de los dos primeros productos- a generar un aporte, una dieta, que era tradicional y a la que estaban acostumbrados. Posteriormente, se agregaron las cebollas, por si alguien quiere dejarlo establecido. Me correspondi� dirigir esa operaci�n desde el punto de vista productivo. Fueron los campesinos de la reforma agraria quienes aportaron esos productos. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Y participaron otros Parlamentarios. El se�or MORENO.- As� es, se�or Senador, entre ellos el ex el Senador don Baltazar Castro. Se�or Presidente, nunca hemos cre�do que los sentimientos deben regir las relaciones internacionales. Respeto los manifestados en esta Sala por distintos Honorables colegas acerca de hechos relacionados con cr�menes, agresiones y los dolores ocasionados. Pero los Estados est�n sobre los sentimientos y act�an en funci�n de mecanismos creados para relacionarse tanto externa como internamente. Por eso, este Acuerdo de promoci�n y protecci�n rec�proca de inversiones se ajusta a una l�gica elemental: si existen relaciones diplom�ticas con Cuba, no hay argumento alguno que contradiga la aprobaci�n del mencionado instrumento, que afirma las relaciones internacionales existentes. Quien no lo crea as�, debe pedir el rompimiento de relaciones, y no esgrimir argumentos contradictorios, derivados de sus sentimientos, por respetables que sean, acerca de las relaciones internacionales entre Chile y Cuba Deseo dejar constancia de ello en acta y voto favorablemente el proyecto de acuerdo. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, no coincido con el planteamiento de algunos se�ores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que �ste s�lo ser�a un tema econ�mico. Tal argumento, a mi juicio, es de un pragmatismo demasiado fr�o y constituye una metodolog�a para justificar, en algunas oportunidades, posiciones acordes con el grado de inter�s existente en determinado instante. Por el contrario, considero que �sta es la oportunidad para expresar en este Hemiciclo el rechazo a un r�gimen que, lisa y llanamente, es una dictadura, que no avalo, porque permanentemente he sostenido que soy enemigo de ellas, sean de Derecha o de Izquierda. La historia ha demostrado que las dictaduras siempre llegan al mismo final: a la crueldad y atropello de los derechos humanos. Un se�or Senador se refiri� a la �ltima historia que el mundo conoci�: la del balserito cubano. La verdad es que no entend� el ejemplo, porque la situaci�n de ese ni�o es, al menos desde mi perspectiva, una ventana que muestra la desesperaci�n de un pueblo que se siente oprimido, que no estima garantizada su libertad. Se trataba de una mujer madura que reneg� de un sistema dictatorial y muri� en el mar luchando por buscar esa libertad, dejando a un peque�o ser humano que fue disputado dentro de las apetencias y las intervenciones pol�ticas. Rechazo que dejemos de lado ese caso en su filosof�a humana aduciendo que estamos frente a un tema econ�mico. �Para quienes creemos en la democracia de verdad, cuarenta a�os de dictadura no tienen ninguna justificaci�n! Repito: he sido, soy y ser� siempre amante de los reg�menes democr�ticos, aunque tengan muchas debilidades. Voy a dar mi voto favorable al Acuerdo porque se han aprobado sin discusi�n tratados similares con dictaduras de gran poder de consumo, que comprenden a mil doscientos millones de seres humanos y respecto de los cuales no ha habido posiciones de an�lisis o de cr�tica. �El "laissez faire" de las econom�as! o, como alguien dec�a, "Los intereses de los Estados a veces pasan por encima del respeto de las libertades de los pueblos". Se�or Presidente, en forma muy sucinta, fundamento mi voto rechazando categ�rica y en�rgicamente la dictadura cubana; pero entrego mi voto al convenio en debate por cuanto, como se ha se�alado, tiene s�lo orientaciones y finalidades de tipo econ�mico destinadas a salvaguardar tanto las inversiones de los empresarios chilenos como las que puedan provenir de la isla encadenada. He dicho. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, a veces pienso que en el Senado hay, o una suerte de di�logo de sordos o un desencuentro argumental notable. La ratificaci�n del convenio se ha planteado como si estuvi�ramos cuestionando la censura o no censura al r�gimen de Gobierno que existe en Cuba, la conveniencia o inconveniencia de establecer relaciones comerciales m�s all� de las diferencias ideol�gicas, y la utilidad o inutilidad de los bloqueos, seg�n lo demostrado por la historia. Todos estamos absolutamente de acuerdo en que las relaciones entre los pa�ses deben ser prescindentes de las cuestiones religiosas, ideol�gicas o de otra naturaleza; en que los bloqueos han demostrado ser in�tiles, y en que la mejor manera de influir en los pa�ses es conect�ndose con ellos. Entonces, �para qu� perder tanto tiempo en argumentar algo en lo cual existe plena coincidencia! Lo que nos divide con relaci�n al proyecto de acuerdo es si para Chile tiene sentido y utilidad avanzar en la suscripci�n de un Acuerdo de protecci�n mutua de inversiones frente a un interlocutor que, dadas las experiencias hist�ricas y presentes, a muchos no nos da confianza. �se es el punto y en �l deber�amos haber centrado la discusi�n. En primer lugar, los hechos promovidos por el Gobierno de Cuba -el mismo Gobierno y el mismo gobernante de los a�os pasados, como ha quedado constancia aqu� por las palabras del ex Canciller y actual Senador se�or Silva-, que fomentaba, financiaba y adiestraba la guerrilla que se desarrollaba en Chile, debieran pesar en nuestra decisi�n. Porque nunca se ha manifestado arrepentido al respecto ni jam�s ha dado garant�as en cuanto a que, si renaciera la guerrilla, no volver�a a hacerlo. Por lo tanto, �se es ya un factor de razonable duda. Pero a la vez hay hechos presentes que tambi�n nos llevan a desconfiar, como lo que sucede hoy cuando el r�gimen de La Habana no ha dado satisfacci�n a demandas oficiales del Gobierno de Chile -que representan la acci�n de los tribunales- con relaci�n a personas requeridas por la justicia chilena por hechos dram�ticos que afectaron a este Senado. Son hechos presentes. No estamos analizando qu� pasa al interior de Cuba, ni qu� sucede respecto de la ideolog�a cubana en el entorno mundial. Eso no debe interesarnos al adoptar una decisi�n sobre el Acuerdo. Lo que ahora interesa es qu� acontecer� entre nuestro pa�s y las autoridades cubanas que administrar�n el convenio. En segundo t�rmino, hemos de resolver si es responsable de nuestra parte dar se�ales erradas a los inversionistas sobre una protecci�n que, vistos los hechos, resulta ilusoria. Me pregunto si el Gobierno de Chile y el Senado est�n actuando responsablemente frente a inversionistas que comprometer�n su capital ante interlocutores para quienes probablemente el tratado ser� letra muerta si, llegado el caso, estiman que no les conviene cumplirlo. En fin, la ratificaci�n del Acuerdo �no implicar� adem�s validar el proceder del r�gimen cubano de no dar respuesta a las consultas y demandas de nuestro Gobierno, que ha actuado en representaci�n del Poder Judicial? �No significar� validar ese proceder contrario a Chile? Esta tarde se ha tra�do a colaci�n el caso de Suiza e incluso el de Espa�a. Es efectivo que hemos tenido otra actitud frente a Suiza, pero sus autoridades contestaron. Habr�a que ver si su respuesta se ajust� a Derecho o a sus prerrogativas. Sin embargo, no nos hallamos resolviendo nada respecto de Suiza. Cuando enfrentamos el conflicto con Espa�a porque ese pa�s hab�a afectado la soberan�a jurisdiccional chilena en el caso de un Senador, el Presidente de la Rep�blica -y hoy Senador se�or Frei- tuvo el buen criterio de no asistir a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, celebrada en Cuba a fines del a�o pasado, por estimar que esa Asamblea era parte de un contexto que estaba siendo incumplido, pues a pesar de que todos los Estados miembros hab�an firmado el acuerdo de Oporto, donde se comprometieron a respetar el principio de territorialidad de la ley, Espa�a lo transgredi�. Chile no pod�a validar eso. Es decir, nuestras relaciones con el Gobierno espa�ol se vieron afectadas por el incumplimiento de �ste en esa materia. Se�or Presidente, creo que �sos son los temas que debemos resolver, y, vistos los antecedentes, no hay bases razonables para concurrir a la aprobaci�n del proyecto de acuerdo. Voto que no. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, coincido plenamente con lo expresado por el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra en el sentido de que en este momento no se hallan en discusi�n nuestras relaciones diplom�ticas o comerciales, ni si los actores pol�ticos deben influir en las decisiones de tipo comercial. Nos encontramos analizando un problema concreto y actual con respecto a un tratado. Es bueno recordar que no se trata de un convenio de gran trascendencia econ�mica ni de mucha urgencia. Las inversiones chilenas en Cuba no representan m�s del dos por mil de las nuestras; y las de Cuba en Chile son pr�cticamente inexistentes. El problema es que estamos llevando a cabo un gesto amistoso con un pa�s que nos ha ofendido. Prescindamos del hecho de que no concordamos con el R�gimen que all� existe, el que nos parece execrable. El Senado se encuentra abocado hoy (11 de julio de 2000) a hacer un gesto de amistad hacia un Gobierno que directa o indirectamente es responsable de la muerte de un Senador de la Rep�blica -�de uno de nuestros colegas!- y que ni siquiera ha tenido la cortes�a de dar excusas, no s�lo por lo ocurrido sino por no dar respuesta a los requerimientos de las autoridades chilenas y proteger a los autores materiales de ese asesinato. En consecuencia, yo esperaba esta tarde del Senado un gesto en defensa de nuestra propia dignidad. Y precisamente porque no estamos en grandes discusiones sobre temas internacionales, sino ante la decisi�n de dar un paso aparentemente amistoso para con un pa�s que no nos ofrece garant�as. Pareciera, entonces, que lo menos que podr�amos hacer ser�a negarnos a darlo, por tratarse de un Gobierno que ha procedido mal con Chile y que, espec�ficamente, ha tenido una actitud del todo repudiable con respecto a este Senado. A mi juicio, �sa es la raz�n que debe guiarnos. No estamos hoy fijando criterios, ni estableciendo grandes pol�ticas, ni se�alando c�mo deben manejarse las relaciones exteriores. Nos encontramos ante la necesidad de tener, por propia dignidad, un gesto y decir: "Se�ores, en este instante no estamos dispuestos a aprobar un Acuerdo con un pa�s que no s�lo es responsable indirecto de la muerte de un Senador, sino que, adem�s, ni siquiera ha tenido la gentileza de responder a nuestros requerimientos acerca de un pr�fugo que protege". Tales circunstancias son las que me mueven a rechazar el proyecto de acuerdo. Voto que no. El se�or VEGA.- Se�or Presidente, quiero hacer tambi�n una diferencia y dejar claro que entiendo el Acuerdo como una relaci�n permanente de Estado. No creo que esta clase de tratados tenga como prop�sito resolver problemas coyunturales, como aqu� se ha expresado. De otra parte, ha quedado de manifiesto, asimismo, el repudio de la totalidad de los se�ores Senadores hacia el r�gimen existente en Cuba. Todos hemos sido testigos, por m�s de cuarenta a�os, de la presi�n que el Gobierno de ese pa�s ejerce sobre su pueblo. Personalmente, conoc� a muchos camaradas aviadores que perecieron en c�rceles de la Isla. Por tanto, cuento con informaci�n muy directa sobre el significado que esa dictadura oprobiosa ha tenido para el mundo. Igualmente, hemos sido testigos muy directos de la pol�tica que aplic� aquel Gobierno para exportar el terrorismo y el debilitamiento de la democracia, particularmente en los pueblos sudamericanos. El caso de Chile antes de 1973 es una conclusi�n muy directa y concreta de ella. Sin embargo, hoy nos encontramos frente a una pol�tica de Estado (propia de la naci�n organizada) permanente y que mira al ma�ana. Aqu� estamos hablando del desarrollo y mejoramiento de nuestro modelo econ�mico; del perfeccionamiento de nuestras relaciones internacionales en momentos en que avanzamos hacia la globalizaci�n con todos los pa�ses del orbe, independiente de sus estructuras ideol�gicas. Cuba va a ser ma�ana, sin lugar a dudas, un punto muy importante del mundo. Porque aqu� estamos hablando, no de esa naci�n, sino de su pueblo, que ser� permanente. Y gran parte del pueblo cubano se halla hoy en Miami, donde ha experimentado un tremendo crecimiento econ�mico. Entonces, cuando Cuba recupere su libertad y se integre al modelo internacional, se constituir� a corto plazo en un pa�s muy desarrollado, con el apoyo precisamente de sus residentes actuales en Miami. Por tanto, opino que el Acuerdo que hoy nos ocupa debe ser mirado con esa perspectiva, independiente de los problemas coyunturales que hemos tenido, dram�ticos algunos de ellos, como el vinculado al asesinato del Senador Jaime Guzm�n �tantas veces citado en esta oportunidad-, que, al igual como lo han manifestado todos en esta Sala, repudio y rechazo desde todo punto de vista. Mirado el asunto como pol�tica permanente de Estado, estamos relacion�ndonos con el desarrollo de un pueblo: el cubano. Y �se es el prop�sito de fondo. Voto que s�. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, lo que se encuentra en votaci�n es nada m�s que un proyecto de acuerdo que tiende a promover y proteger inversiones rec�procas entre dos pa�ses. No hay que confundir eso. No estamos de ninguna manera haciendo un gesto de simpat�a o de aprobaci�n hacia algo por el estilo respecto del r�gimen pol�tico existente en Cuba, lamentablemente, desde hace ya muchos a�os. Cuando oigo las argumentaciones de los se�ores Senadores de la Uni�n Dem�crata Independiente, siento y aprecio el gesto de lealtad hacia la memoria de uno de los suyos. Me parece que lo hacen bien y que su actitud es muy destacable. Pero eso en manera alguna nos puede llevar a confundir los planos. Simplemente, hoy debemos pronunciarnos acerca de si tenemos inter�s o no en proteger nuestras inversiones, por peque�as o grandes que sean. En tal sentido, pienso que votar a favor el proyecto de acuerdo sometido a nuestra consideraci�n implica seguir fortaleciendo el desarrollo de Chile en todos los aspectos. Por �ltimo, dejar� un testimonio que me parece importante. Creo que el r�gimen cubano es pat�tico. Incluso, es in�til y (por qu� no decirlo) rid�culo que pretenda seguir manteni�ndose en el tiempo. Pero, igualmente, creo que la actitud de los Estados Unidos de Am�rica, que hace ochenta a�os hac�a gala de una jactancia y una prepotencia muy bien expresadas en la figura de Teodoro Roosevelt y otros, ahora raya en la tozudez, porque, en vez de ayudar a lo que considera necesario proteger e incentivar, no ha implicado sino preservar un r�gimen tan absurdo y rid�culo como el cubano. Me alegra, s�, que hoy d�a exista coincidencia entre todos nosotros para apreciar que dicho r�gimen no tiene sentido. Otrora, en Chile despert� simpat�as entre muchas personas, quienes pensaban incluso que hab�a que aplicarlo y desarrollarlo aqu�. Por lo menos en eso, a mi entender, hemos logrado un gran avance: hoy todas las fuerzas pol�ticas repudian una dictadura como la cubana. Por tales razones, apruebo el proyecto de acuerdo, pero manifestando mi esperanza en que, mediante este paso y otros, esa dictadura carente de sentido termine, para que en Am�rica haya libertad para todos los pueblos. Voto que s�. El se�or ZURITA.- Se�or Presidente, no me voy a referir -ya lo han hecho muchos se�ores Senadores- al r�gimen pol�tico de Cuba, porque cada pa�s tiene el gobierno que elige, o el que se le impone, o, muchas veces, el que se merece. Para fundamentar mi voto a favor del proyecto de acuerdo, tengo en consideraci�n las siguientes razones de hecho y de Derecho. Cualquiera que sea el r�gimen de gobierno que impere en el pa�s con el cual celebramos un tratado, ello no tiene influencia en la aprobaci�n o en el rechazo, pues una u otro depende de las materias en que incide el instrumento internacional pertinente y del beneficio que de �l pueda surgir para Chile. De otro lado, se ha hecho bastante caudal del rechazo, aparente, de un exhorto. Pero el hecho de que en Cuba se retarde la respuesta no puede hacernos perder de vista que el exhorto no constituye una orden que deba cumplirse forzosamente. La sanci�n para el incumplimiento es nuestra negativa futura ante solicitudes semejantes de aquel pa�s. Porque, en este aspecto, el principio de la reciprocidad es el que norma las relaciones exteriores. Y aqu� doy respuesta a quienes echaban de menos una contestaci�n a Suiza. Nada hab�a que responder a ese pa�s. El d�a que nos pida algo semejante a lo que nos neg�, no quepa a nadie la menor duda de que la Corte Suprema responder�: "Suiza, las relaciones internacionales se fundan en la reciprocidad. Lo que usted nos ha negado, nosotros se lo negamos ahora". Por �ltimo, atendidas las caracter�sticas de las econom�as cubana y chilena, no cabe la menor duda de que las inversiones nuestras van a ser infinitamente mayores que las de la Isla. Por esa raz�n, voto a favor del proyecto de acuerdo. El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba el proyecto de acuerdo (29 votos por la afirmativa, 12 por la negativa). Votaron por la afirmativa, los se�ores Bitar, Boeninger, Cantero, Foxley, Frei (do�a Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Lavandero, Matta, Moreno, Mu�oz Barra, N��ez, Ominami, P�ez, Parra, P�rez, Pizarro, Romero, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vald�s, Vega, Viera-Gallo, Zald�var (don Adolfo), Zald�var (don Andr�s) y Zurita. Votaron por la negativa los se�ores Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Fern�ndez, Horvath, Larra�n, Mart�nez, Matthei, Novoa, Prat y Urenda. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Antes de dar t�rmino al Orden del D�a, quiero proponer a la Sala que en la sesi�n ordinaria de ma�ana discutamos con tr�mite de F�cil Despacho los proyectos signados con los n�meros 3 y 4 en la tabla de hoy, que constan de art�culo �nico y fueron aprobados por unanimidad. Y luego continuar�amos con la iniciativa que crea la Defensor�a Penal P�blica. --As� se acuerda. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Debo reiterar a Sus Se�or�as que est� programada una recepci�n para alrededor de las 20, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del Congreso Nacional. Sugiero entonces que, concluido el homenaje que el Honorable se�or Prat rendir� al juramento a la bandera, demos por terminada la sesi�n, con el objeto de cumplir el objetivo antes se�alado. Y en la hora de Incidentes de ma�ana se podr�an efectuar las intervenciones... El se�or LAVANDERO.- Yo deseo intervenir hoy, se�or Presidente, por motivos muy fundamentales. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El problema radica en que est� programada una recepci�n propia del Senado, con todos los funcionarios, en la que se entregar�n medallas por a�os de servicios. El se�or LAVANDERO.- Mi intervenci�n no durar� m�s de un cuarto de hora, se�or Presidente. El 11 de junio es un d�a muy especial, que deseo conmemorar. El se�or VIERA-GALLO.- �Me permite, se�or Presidente? Tambi�n deseo intervenir en Incidentes, por no m�s de cinco minutos, para referirme a un problema coyuntural. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Pido por favor a Sus Se�or�as... El se�or VIERA-GALLO.- Entiendo, se�or Presidente. �Cu�nto va a durar el homenaje? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Diez minutos, se�or Senador. El se�or VIERA-GALLO.- Entonces, creo factible intervenir tambi�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En todo caso, pido concluir las intervenciones a las ocho de la noche, porque a esa hora voy a dar por levantada la sesi�n, en cumplimiento de lo que acordamos al comenzarla. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. ______________ --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or BOMBAL: A la Ministra de Salud, a la Directora de la CONAMA y al Alcalde y Concejo de La Granja, referentes a PROBLEMAS SANITARIOS A RA�Z DE ESTACIONAMIENTO DIARIO DE CAMIONES DE EMPRESA EMASA EN CALLES DE LA GRANJA. Del se�or HORVATH: A los se�ores Ministros del Interior y de Obras P�blicas y de Transporte y Telecomunicaciones, e Intendentes de la D�cima y Und�cima Regiones, sobre ANTECEDENTES T�CNICOS Y ECON�MICOS PARA T�RMINO DE CONEXI�N TERRESTRE DE REGI�N DE AIS�N Y PROVINCIA DE PALENA CON D�CIMA REGI�N Y RESTO DE CHILE. A los se�ores Ministro del Interior, General Director de Carabineros y Alcalde de Hualaihue, relativos a INFORMACI�N SOBRE APOYO ESTATAL A LOCALIDAD DE VODUDAHUE. A la se�ora Ministra de Educaci�n, tocante a GRADOS ACAD�MICOS PARA PROFESORES NORMALISTAS. A los se�ores Ministro de Vivienda y Urbanismo y Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, referentes a INCLUSI�N EN SUBSIDIOS HABITACIONALES DE FOMENTO A DESCENTRALIZACI�N. Del se�or LAGOS: Al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto a PROBLEMAS DE AGRUPACI�N DE EMPRESAS DE TAXIS COLECTIVOS DE ARICA (PRIMERA REGI�N). Del se�or LARRA�N: Al se�or Ministro de Agricultura, referente a RECORTE EN PRESUPUESTO DE S�PTIMA REGI�N PARA PROGRAMA DE RECUPERACI�N DE SUELOS DEGRADADOS A�O 2000. Del se�or RUIZ (don Jos�): Al se�or General Director de Carabineros, relativo a PROBABLE CIERRE DE COMISAR�A Y RETENES EN PUNTA ARENAS (DUOD�CIMA REGI�N). Del se�or STANGE: Al se�or Ministro de Obras P�blicas, acerca de RAMPA ADICIONAL PARA ISLA ALAO (COMUNA DE QUINCHAO, D�CIMA REGI�N). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Para rendir homenaje, tiene la palabra el Honorable se�or Prat. REFLEXIONES SOBRE JURAMENTO A LA BANDERA El se�or PRAT.- Se�or Presidente, el domingo reci�n pasado el pa�s fue part�cipe de las ceremonias, realizadas a lo largo del territorio, en que el contingente de j�venes que cumple su servicio militar prest� juramento a la bandera. La ceremonia central, realzada con la presencia de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, se llev� a cabo en la austral ciudad de Punta Arenas. La circunstancia de realizarse en la Duod�cima Regi�n permiti� recordar y reconocer la meritoria contribuci�n de un numeroso contingente de j�venes que hace 22 a�os sirvieron en esa �rea, ayudando activamente a preservar la paz, entonces gravemente amenazada, y a partir de ello, a construir los lazos de cooperaci�n y amistad que actualmente estrechan a las naciones chilena y argentina. Hoy quiero emplear esta alta tribuna para traer algunas reflexiones en cuanto al sentido que contiene el juramento a la bandera que a�o tras a�o realizan decenas de miles de j�venes y a c�mo es de significativo que la ceremonia se haga coincidir con la fecha en que la comunidad nacional conmemora la batalla de La Concepci�n, hecho hist�rico en que 77 j�venes chilenos ofrendaron su vida por mantenerse fieles al cumplimiento de su deber. Hace algunos a�os �seis, para ser preciso- tuve el privilegio de intervenir en este Senado a prop�sito de la conmemoraci�n de los hechos del 9 y 10 de julio de 1882 en la sierra peruana. En el tiempo transcurrido desde entonces han acaecido situaciones que hacen necesario profundizar sobre la materia, adicion�ndose esta raz�n a la justicia que encierra el que esta Alta Corporaci�n reviva el reconocimiento que la naci�n debe a sus hijos m�rtires. El acto de juramento incorpora efectivamente a los j�venes reclutas a las filas de nuestras Fuerzas Armadas. Antes, por espacio de algunos meses, ellos han tenido un per�odo de entrenamiento y formaci�n, alcanzando as� las condiciones para asumir el compromiso de fidelidad para con la patria, que se expresa en el juramento. Son testigos, en primer lugar, Dios Todopoderoso, y la bandera, que en su estrella solitaria representa a la patria toda. A los j�venes juramentados les acompa�an, en la solemnidad de la ocasi�n, sus padres, sus amistades, sus seres m�s queridos. Asisten, asimismo, las autoridades, que con su presencia sellan el car�cter oficial de la ceremonia. Y, sin lugar a duda, desde lo alto est�n presentes quienes cumplieron el juramento entregando sus vidas. Entre �stos se encuentran, en un lugar privilegiado, los 77 h�roes de La Concepci�n. Ellos supieron all�, en la lejan�a de la sierra, cumplir con su deber, defendiendo la posici�n que les hab�a sido encomendada, aun a costa de entregar, una a una, sus vidas en 20 horas de lucha sin cuartel frente a fuerzas inmensamente superiores. Es por ellos que se ha elegido para el d�a del juramento la fecha del 9 de julio. Se debe a que el ejemplo que brindan con su sacrificio constituye una luz que alumbrar� el proceder de quienes est�n jurando. Actualmente, diferentes aspectos de la realidad social sirven de base para que ciertos grupos pongan en tela de juicio las instituciones que dan origen a la ceremonia que estamos recordando, cuestionamiento que alcanza tambi�n a los valores que la informan. Unos son los "ismos" que afectan a la sociedad occidental. El hedonismo y similares desviaciones de la naturaleza humana impulsan a aquellos envueltos en sus redes a justificarse abrazando activismos para enrolar a otros en su condici�n. Se agrega, asimismo, una peligrosa fuerza uniformadora que pesa sobre los centros de decisi�n en un mundo globalizado y caracterizado por un orden pol�tico unipolar; y, por cierto, no faltan quienes, llevados por rencores y animosidades que arrancan de ideolog�as materialistas, se entregan a la tarea de atacar a la institucionalidad castrense y a todo cuanto la fundamenta. En tales condiciones, se hace necesario identificar c�mo los ideales y virtudes que inspiran a nuestros Institutos Armados son los que estructuran nuestra nacionalidad y est�n presentes en el seno de las familias chilenas. Esta identificaci�n explica el c�lido apoyo ciudadano a nuestro Ej�rcito, a la Marina y a la Aviaci�n, y la concurrencia masiva que concitan ceremonias como las del pasado fin de semana. La fe existencial que orienta las vidas y la vocaci�n de paz, as� como el amor a los semejantes, que se resume en el amor a la patria, son haberes espirituales que cristalizaron en el proceso de formaci�n de la nacionalidad en una dosificaci�n que hace del ser nacional una individualidad diferente del resto. Esa combinaci�n ha demostrado, en los momentos m�s cr�ticos, donde ha estado en juego la defensa de la patria, ser capaz de activar las voluntades hacia el cumplimiento del deber sin miramiento de la propia vida. Es un hecho que, en nuestra naci�n, pueblo y Fuerzas Armadas son un todo inseparable. Esta unidad se ha manifestado con plena fuerza en los momentos m�s cr�ticos de nuestra historia. Tambi�n en La Concepci�n. Los 77 de La Concepci�n comprend�an una mayor�a de j�venes y ni�os, y tambi�n, algunas mujeres. Los integrantes que hab�an recibido formaci�n militar previa eran una �nfima minor�a. Fue lo que ocurri� en la generalidad de las acciones de la guerra. Los hechos de La Concepci�n resaltan la inclinaci�n de nuestra comunidad por el cumplimiento del deber que impone la defensa de la patria, en ese caso identificada en el honor del pabell�n. La guerra entonces ya est� resuelta, y lo que suceda en esa lejan�a no cambiar� el resultado. Los j�venes, encabezados por Ignacio Carrera Pinto, son conminados a rendirse antes de que se inicien las acciones y, reiteradamente, a lo largo de ellas. A pesar de conocer lo primero, y estar conscientes de que negarse a lo segundo les llevar� a la muerte, no dudan en mantenerse en la actitud de cumplimiento de su deber. Las conclusiones acerca de c�mo debi� ser el desarrollo de aquel drama �recordemos que nadie qued� vivo que hiciera de testigo- permiten intuir una entrega a su destino de muerte y gloria envueltos en una paz interior, cercana a la de los m�rtires de la fe cristiana que estructura la civilizaci�n que integramos. Las Instituciones Armadas cultivan valores que son queridos por la comunidad nacional toda. El amor a la patria, el honor, la valent�a, el compa�erismo y el cumplimiento del deber son virtudes apreciadas entre nosotros, y afloran con particular intensidad en las conductas cuando la naci�n se ve enfrentada a desaf�os superiores. Las Instituciones Armadas los promueven en forma expresa y n�tida por medio de su quehacer profesional, manteniendo tradiciones y s�mbolos y honrando la memoria de los m�rtires. A trav�s de la instituci�n del Servicio Militar Obligatorio los inculcan a los j�venes conscriptos, quienes no s�lo son instruidos en el uso de las armas, sino formados en los valores que los hacen hombres de bien y amantes de la paz. Dec�amos anteriormente que hay quienes, impulsados por diferentes motivaciones, encuentran en la instituci�n del Servicio Militar Obligatorio una puerta de entrada para levantar sus cuestionamientos y promover sus particulares orientaciones. La misma oportunidad se les presenta en las circunstancias de enfrentar, las Fuerzas Armadas, los desaf�os de modernizaci�n que les demandan las nuevas realidades pol�tico estrat�gicas y las nuevas caracter�sticas de la guerra. En el presente se ha agregado el aprovechamiento de situaciones judiciales que afectan a oficiales que sirvieron principalmente en el Ej�rcito, las que son impulsadas y manipuladas con intencionalidad pol�tica. Dentro de ella es posible identificar los intentos que se hacen por debilitar los valores militares. La ciudadan�a no puede caer en enga�o ni quedar desinformada a este respecto. Es ella, y su patrimonio espiritual, la que resultar�a finalmente afectada de prosperar esos intentos. En cuanto a las modernizaciones, siempre v�lidas, es posible avanzar en muchas modificaciones que adecuen las modalidades e instituciones a las necesidades emergentes, pero el sustento val�rico en que est�n estructuradas las actuales, que es parte esencial de nuestra identidad nacional, debe ser a toda costa preservado. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ha terminado el homenaje. En Incidentes, solicito a los se�ores Senadores que van a intervenir que lo hagan en forma breve, para cumplir con los compromisos a que me refer� anteriormente. El Comit� Institucionales 2 no har� uso de su tiempo. En el turno del Comit� Mixto, tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. INCUMPLIMIENTO DE PENAS POR DELINCUENTES. OFICIOS El se�or BITAR.- Se�or Presidente, he pedido la palabra para informar al Senado de un grave problema que he detectado en el transcurso de las �ltimas semanas. Este tiene que ver con el hecho de que en nuestro pa�s existe un n�mero importante de peligrosos delincuentes que han sido condenados por nuestros tribunales y que, en definitiva, no est�n cumpliendo las penas que se les impusieron despu�s de un arduo trabajo, que en algunos casos, seguramente, dur� a�os. Se trata de personas que fueron condenadas a penas mayores, es decir, superiores a cinco a�os, y que, por lo tanto, no pueden acceder a los beneficios contemplados en la ley N� 18.261 (remisi�n condicional de la pena, reclusi�n nocturna y libertad vigilada). Se trata, adem�s, de condenados rebeldes, por lo que tampoco pueden acceder a la libertad condicional, en conformidad a los requisitos establecidos en el reglamento que prescribe normas para la concesi�n de este beneficio. De una muestra obtenida en cuatro tribunales de la Rep�blica, nos encontramos con un promedio de alrededor de seis casos de condenados por delitos de alta peligrosidad -entre ellos, violaci�n, robo con intimidaci�n, tr�fico de estupefacientes-, lo que permite proyectar una cifra que es preocupante a nivel nacional. Consult� a determinados jueces al respecto, quienes me se�alaron que ello ocurre en sus juzgados y que, seg�n sus apreciaciones, las personas que se hallan en esas condiciones podr�an ser cerca de mil. La cifra a que yo llegu�, de acuerdo con la estimaci�n de los promedios de los juzgados en que indagu�, y teniendo en consideraci�n que existen 172 con competencia en materia criminal, se aproxima a la que se me se�al�. A modo de ejemplo se pueden citar los siguientes casos: Un condenado a veinte a�os, por el delito de robo con intimidaci�n y violaci�n, por el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, el cual se encuentra condenado desde 1993. Dos condenados a diez a�os y un d�a, por el delito de robo con intimidaci�n, por el Decimos�ptimo Juzgado del Crimen de Santiago. Siete condenados a cinco a�os y un d�a, por el delito de robo con intimidaci�n. De ellos, cinco corresponden a sentencias del Decimos�ptimo Juzgado del Crimen de Santiago; uno al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, y uno al Sexto Juzgado del Crimen de Valpara�so. Siete condenados a cinco a�os y un d�a, por el delito de tr�fico de estupefacientes. De ellos, cuatro corresponden al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago; dos al Segundo Juzgado del Crimen de Arica, y uno al Sexto Juzgado del Crimen de Valpara�so. Se trata de delincuentes de gran peligrosidad, que se encuentran absolutamente al margen de la sociedad, sin posibilidad alguna de obtener trabajo, ya que est�n siendo requeridos por la justicia, y lo m�s probable es que se hallen delinquiendo nuevamente. Por cierto, esta situaci�n afecta la credibilidad de nuestro sistema de represi�n penal y da�a el efecto disuasivo que �ste debe tener, ya que los delincuentes de mayor peligrosidad, en un porcentaje importante, terminan sin cumplir sus condenas. Por ello, me reun� la semana reci�n pasada con el Presidente de la Corte Suprema, don Hern�n Alvarez, quien se comprometi� a obtener de los tribunales de todo el pa�s con competencia en materia criminal el antecedente exacto acerca del n�mero de delincuentes que se hallan en la situaci�n antes descrita, a fin de coordinar una labor conjunta de los tribunales y la polic�a. Asimismo, ayer me reun� con el Director General de Investigaciones, don Nelson Mery, lo que me ha permitido detectar un serio vac�o en el sistema de captura de los delincuentes m�s peligrosos. En este sentido, destaco que la informaci�n que recibe la polic�a civil al ordenarse un arresto nada dice respecto de tres aspectos que son esenciales: el delito por el cual se est� requiriendo al sujeto; la pena asignada a dicho delito, y la calidad del sujeto requerido dentro de un proceso penal (testigo, imputado, procesado, acusado, condenado). Por lo tanto, existe una falla en el sistema de informaci�n entre el Poder Judicial, Investigaciones y Carabineros que redunda en esta menor eficacia en la lucha contra la delincuencia. Parece sorprendente que en esta �poca digital se llegue a detener a una persona con una orden que s�lo contiene el nombre y RUT como datos para su individualizaci�n. Esta situaci�n no s�lo impide a Investigaciones priorizar la b�squeda de los delincuentes m�s peligrosos, sino que genera un riesgo permanente para sus miembros, que a veces carecen de un conocimiento detallado de los hechos por los cuales una persona est� siendo buscada. Por ello, considero indispensable la creaci�n de un formulario en que aparezca al menos la informaci�n mencionada, para que la polic�a pueda establecer un criterio de discriminaci�n al momento de aprehender a los delincuentes. S�lo de esta manera mantendremos realmente en las c�rceles a los de mayor peligrosidad, lo que constituye una tarea fundamental. En tal virtud, es importante conocer el parecer de la Corte Suprema sobre la conveniencia de dictar un auto acordado que regule el tema de las �rdenes de aprehensi�n, indicando la forma de registrar la informaci�n. Junto con la informaci�n solicitada al Presidente de la Corte Suprema, requerir� a la Direcci�n de Gendarmer�a los antecedentes que este organismo pueda recabar en relaci�n con esta materia. Lo anterior se debe a que Gendarmer�a recibe las sentencias impuestas a los condenados, y a trav�s de sus registros podr� entregarnos informaci�n �til que complementar� la solicitada al Poder Judicial. Decantada dicha informaci�n, es imprescindible poner en marcha un operativo especial de b�squeda de estos delincuentes con la coordinaci�n de Investigaciones y Carabineros. Al mismo tiempo, y como una manera de atacar el fondo del problema, considero indispensable efectuar un estudio para crear un sistema p�blico de informaci�n de seguridad ciudadana mejor que el que tenemos. Existe un gran d�ficit sobre el particular, y una de las principales l�neas de trabajo es sistematizar los datos y antecedentes, generando un acervo que puede ser �til para el dise�o de pol�ticas p�blicas en este campo. Asimismo, propongo estudiar la creaci�n de una Direcci�n Nacional de Ejecuci�n de Penas, que deber�a estar destinada, como sucede en los pa�ses desarrollados, a realizar un seguimiento a las personas que a continuaci�n se indican: De los condenados, para saber la situaci�n exacta en que se encuentran y c�mo est�n cumpliendo sus respectivas condenas. Al mismo tiempo, dicha entidad deber�a recopilar la informaci�n respecto de los delincuentes que han accedido a alguno de los beneficios que establece la ley, ya sea libertad condicional o alguno de los beneficios que contempla la ley N� 18.261 (remisi�n condicional de la pena, reclusi�n nocturna y libertad vigilada), a fin de contar con informaci�n fidedigna acerca del efectivo cumplimiento de las condiciones que exigen estos beneficios para ser aplicados. b) De los procesados que se encuentran con el beneficio de la libertad provisional, debiendo existir para tal efecto una oficina t�cnica de libertad provisional que recopile y sistematice el tipo de informaci�n descrita. De esta forma, los jueces contar�n con la suficiente informaci�n para determinar si este beneficio efectivamente procede respecto de un procesado, debido a que podr� hacer predicciones fundadas acerca del comportamiento que �stos observar�n mientras se encuentren en libertad. Por todo lo anterior, y esperando la adhesi�n de los se�ores Senadores presentes en la Sala, solicito que se oficie a las instituciones que a continuaci�n indico: 1) A la Corte Suprema, a fin de que proporcione los antecedentes de los delincuentes que se encuentran en esta situaci�n y, al mismo tiempo, para que se pronuncie sobre la conveniencia de dictar un auto acordado que regule los contenidos que las �rdenes de aprehensi�n deben tener, de manera que la polic�a pueda llevar a cabo una labor m�s eficaz en esta materia. 2) A Gendarmer�a de Chile, con el objeto de obtener la informaci�n que pueda entregar sobre los delincuentes que se hallan en la situaci�n descrita; es decir, condenados a m�s de 5 a�os y con aprehensi�n pendiente. 3) A la Polic�a de Investigaciones y a Carabineros de Chile, con el fin de que den a conocer sus opiniones acerca de las razones que motivan esta situaci�n y sus sugerencias tocante a los cambios de procedimiento para hacer m�s eficaz la acci�n. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. ______________ --Pasa a dirigir la sesi�n la Senadora se�ora Matthei, en calidad de Presidenta accidental. ______________ La se�ora MATTHEI (Presidenta accidental).- En el tiempo del Comit� Dem�crata Cristiano, tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. VIG�SIMO NOVENO ANIVERSARIO DE NACIONALIZACI�N DEL COBRE. OFICIOS El se�or LAVANDERO.- Se�ora Presidenta, me agrada mucho el hecho de que, en esta oportunidad, una mujer dirija la sesi�n del Senado y que, adem�s, haya integrado la Comisi�n de Miner�a, pues me referir� a una materia relativa a ese sector. Hoy d�a, en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, se celebr� una reuni�n que cont� con una multitudinaria asistencia: diplom�ticos, rectores universitarios, organizaciones de trabajadores, federaciones estudiantiles, ex Ministros de Estado -como don Alejandro Hales y Orlando Cantuarias-, ex Senadores y ex Diputados que participaron en los procesos de chilenizaci�n y nacionalizaci�n del cobre. Nos reunimos para celebrar el d�a en que el pueblo de Chile rescat� de las multinacionales extranjeras la principal riqueza que nuestro pa�s posee: su cobre, "la viga maestra" o "el sueldo de Chile", como el pueblo lo denomin�. Hasta el �ltimo chileno comprendi� y tuvo conciencia de que del cobre depend�a en gran parte su destino y desarrollo. �stas son las razones para, primero, chilenizar el cobre rescatando el 51 por ciento de esta riqueza y, finalmente, nacionalizarlo al adquirir el 49 por ciento restante. Por eso, quedar�n para siempre grabados en la conciencia hist�rica de nuestro pueblo los nombres de Radomiro Tomic, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Rescatar esta enorme riqueza no fue f�cil, hubo que crear en la conciencia de cada chileno la importancia y el valor que ello ten�a y tendr�a en el desarrollo de nuestro destino como pa�s. �ste fue un largo esfuerzo de muchas generaciones de compatriotas. Ya en los a�os cincuenta, en el Senado intervinieron Salvador Allende, Radomiro Tomic y Eduardo Frei Montalva. En 1951, los Senadores se�ores Ocampo y El�as Lafertte presentaron un segundo proyecto de nacionalizaci�n. Diez a�os m�s tarde, los Senadores socialistas se�ores Allende, Ampuero, Corbal�n, Rodr�guez, Quinteros, Chel�n y Palacios presentaron otra iniciativa que ni siguiera se logr� discutir en la Corporaci�n. En 1951, se aprueba el Convenio de Washington que restringe las ventas directas de cobre al 20 por ciento y permite las por debajo del precio internacional fijado en la Bolsa de Londres. En febrero de 1952, se aprueba la primera Ley del Cobre -N� 10.255- en virtud de la cual el Estado chileno vend�a por intermedio del Banco Central la totalidad del cobre de la gran miner�a. El Gobierno norteamericano y las empresas extranjeras boicotearon este intento de soberan�a, bloqueando el cobre chileno en los puertos e impidiendo su venta. En los a�os sesenta, el Partido Dem�crata Cristiano aboga con mucha fuerza por la chilenizaci�n del cobre o la nacionalizaci�n pactada. En 1970, la iniciativa de ley de nacionalizaci�n del Presidente Allende impulsa a hacer aprobar una reforma constitucional para deshacer las amarras legales que imped�an la nacionalizaci�n total. El proyecto fue aprobado el 11 de julio de 1971, hace justamente 29 a�os. El pueblo denomin� esta fecha el D�a de la Dignidad Nacional, porque el proyecto fue aprobado por la unanimidad del Congreso Nacional, incluida la Derecha. La Iglesia Cat�lica, fijando su doctrina en materia econ�mico-social, reconoc�a la existencia de "ciertas categor�as de bienes respecto de las cuales se puede sostener con raz�n que deben ser reservados a la colectividad cuando llegan a conferir un poder econ�mico tal que no es posible, sin hacer peligrar el bien p�blico, dejarlos en manos de personas privadas". Se citaba, adem�s, el C�digo Social de Malinas, elaborado por economistas y te�logos cat�licos, donde se le�a: "la moral cristiana no condena, en principio, la nacionalizaci�n ni la socializaci�n.". Un destacado Senador de la Derecha, don Francisco Bulnes Sanfuentes, en nombre de su partido, declar� que "ser partidario de la propiedad privada no significa oponerse en principio a que determinadas actividades econ�micas pertenezcan al Estado por razones excepcionales"..."nunca nos hemos opuesto conceptualmente a que el Estado chileno se haga due�o de la gran miner�a del cobre, que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el pa�s, que es adem�s una fuente considerable de recursos para el erario Nacional y cuya permanencia en manos extranjeras significa, obviamente, que el producido de una riqueza natural imposible de reponer no queda totalmente en Chile, sino que se va en parte al exterior". Es necesario destacar hoy tanto como ayer que el cobre no s�lo da trabajo, sino que es una fuente considerable de recursos para el Estado. El Senador Bulnes Sanfuentes recordaba que "en oportunidades anteriores, sobre todo porque las empresas exig�an condiciones excesivamente favorables para ampliar sus explotaciones, estuvimos muy cerca de decidirnos por la expropiaci�n de la gran miner�a del cobre. En 1965 se�alaba uno de nuestros parlamentarios," -del derechista Partido Nacional- "el Honorable Senador se�or Julio von M�hlenbrock, present� un cuerpo de indicaciones que dispon�an la expropiaci�n.". Luego, agregaba que "contribuimos a aumentar mucho la injerencia de la Corporaci�n del Cobre en la comercializaci�n de los productos y a�n en la explotaci�n misma de los minerales. M�s adelante, en 1969, acogimos con mucha satisfacci�n la renegociaci�n de los convenios, que daba lugar a la nacionalizaci�n pactada, que se realizar�a dentro de un t�rmino prudente". Y conclu�a sosteniendo que "en el momento presente estamos de acuerdo en que la nacionalizaci�n se lleve a efecto de una vez por todas y mediante decisi�n soberana del Estado de Chile.". Hasta aqu� las palabras del vocero oficial de la Derecha. Fue un Senador democratacristiano, don Ren�n Fuentealba, quien en la discusi�n parlamentaria formul� la indicaci�n "de acuerdo con el pensamiento un�nime de los miembros de la Comisi�n de Miner�a del Senado, para introducir con mucha fuerza el t�rmino "nacionalizaci�n".". El mismo Parlamentario se�al� en la sesi�n del Congreso Pleno que la letra b) del art�culo 1� de la Ley de Nacionalizaci�n zanja definitivamente la discusi�n que exist�a, "en el sentido de cu�l era el verdadero titular del dominio sobre los minerales, si el Estado o los concesionarios". Fuentealba concluye que, "mediante esta reforma, que cont� con nuestra total aprobaci�n, qued� establecido para siempre que es el Estado quien tiene ese dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas". Radomiro Tomic, como candidato a la Presidencia, propon�a en su programa: "se nacionalizar�n inmediatamente las principales empresas productoras de cobre, complet�ndose el proceso iniciado en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva". Y agregaba: "la recuperaci�n nacional de las empresas de la Gran Miner�a, realizada en condiciones equitativas de plazo y precio, permitir� disponer de un volumen importante de recursos adicionales para la transformaci�n de nuestra estructura econ�mica. Es decir, la nacionalizaci�n no consume recursos; por el contrario, deja excedentes. Los recursos as� generados no ser�n dilapidados. La tr�gica equivocaci�n del salitre no se repetir�.". Nuevamente, Radomiro Tomic destaca el concepto de recursos para un Estado empeque�ecido y lleno de injusticias sociales que resolver. El mismo Tomic ten�a duros juicios respecto al ordenamiento jur�dico de la �poca, al cual denunciaba como "un sistema inoperante, anacr�nico, contrario al inter�s general de la comunidad chilena e incompatible con las necesidades de un desarrollo integral y eficiente de la miner�a nacional". Por eso, en el caso de ser elegido, Tomic propon�a "establecer inequ�vocamente el dominio y propiedad estatal de las riquezas mineras del suelo y del subsuelo", reemplazando el sistema de "pertenencias a perpetuidad, y pr�cticamente gratuitas, por un sistema de concesiones administrativas con compromisos claros y definidos de explotaci�n, investigaci�n y producci�n, adem�s de explotaci�n racional de yacimientos o minas, respet�ndose las pertenencias legalmente constituidas a la fecha de la nueva legislaci�n.". Los hombres y mujeres que vivieron y lucharon por sus ideas en todos los �mbitos de la vida nacional, el debate en el Congreso Nacional y en todas las instituciones democr�ticas del pa�s, son antecedentes permanentes y forman parte de la memoria hist�rica del pueblo de Chile. Todos los chilenos en esa �poca se empaparon de tales ideas, que llegaron a transformarse en las ideas fuerza del desarrollo de nuestra patria. Hoy como ayer, a casi 30 a�os de esa declaraci�n solemne, damos por constituida en este acto la Comisi�n de Defensa del Patrimonio Nacional, con todos aquellos chilenos dispuestos a defender nuestras riquezas b�sicas, el h�bitat humano y el medio ambiente. Invocamos razones de seguridad, soberan�a nacional y de justicia social, hoy amenazadas, adem�s, por un tratado minero presentado falsamente, por compa��as transnacionales, como la integraci�n de dos pueblos hermanos. Por eso, el pa�s debe tener conocimiento profundo en una de las materias de mayor relevancia para nuestro desarrollo personal, econ�mico y social. �Sab�an, se�ores Senadores, que a esta fecha el cobre se ha reprivatizado hasta en 63 por ciento y se han vuelto a entregar estas riquezas a las mismas multinacionales contra las cuales el pueblo se organiz�, luch� y nos hizo legislar? �Sab�an que esto se hizo subrepticiamente, a espaldas del pueblo de Chile, en tiempos del Gobierno militar, y que ha continuado inclusive hasta la fecha? �Sab�a el pueblo de Chile que estas multinacionales, al igual que ayer, han manipulado los mercados, han iniciado desde Chile una sobreproducci�n mundial, haciendo caer el precio del cobre, destruyendo los ingresos del Estado chileno y provocando una cesant�a en el norte de m�s de 29 mil personas? �Sabe el pueblo de Chile que hasta 1989 el cobre financiaba el 25,6 por ciento del Presupuesto de la Naci�n, y hoy, con una producci�n tres veces mayor, financia apenas el 1,5 por ciento? �Sabe el pueblo que estas empresas transnacionales del cobre no pagan impuestos en Chile y que todas declaran p�rdidas, como es el caso de la Disputada de Las Condes (filial de la EXXON), que en 22 a�os ha declarado p�rdidas y por este concepto jam�s ha pagado un solo peso de impuestos? �Saben, Sus Se�or�as, que mediante precios acordados entre las filiales chilenas y las casas matrices extranjeras se transfiere el cobre chileno a precios hasta 30 por ciento por debajo del precio internacional, que son los denominados "precios de transferencia"? �Sab�an que todos los pa�ses del mundo que explotan el cobre cobran un royalty (o regal�a) por explotar un recurso no renovable que se agota, y que Chile no lo cobra? �Sab�an que nuestro pa�s ha retrocedido en esta materia hasta tal punto que hoy percibe menos ingresos por cobre que cuando estas empresas pertenec�an totalmente, en el pasado, a las multinacionales extranjeras? Hoy renovamos nuestra fe para rescatar nuestra dignidad e iniciar una batalla para recuperar lo que se denomin�, y a�n est� vigente, "el sueldo de Chile" y "la viga maestra" de este pa�s. Tambi�n nos parece sorprendente que los Gobiernos de la Concertaci�n le hayan bajado el perfil a su principal Ministerio, como lo es el de Miner�a, y no se preocupen de la carencia de funciones y facultades que en �l existen, en un pa�s minero como lo es Chile. Queremos decir que buscaremos el acuerdo de todos los sectores pol�ticos, sociales y religiosos para hacer entender que la pol�tica minera debe ser desarrollada en nuestro pa�s fundamentalmente para suplir las deficiencias de los sectores m�s pobres, de los trabajadores, campesinos y clase media, a fin de que se considere esta tan importante materia como una verdadera pol�tica de Estado. Por estas razones, es necesario expresar hoy como ayer, en este d�a, nuestra voluntad pol�tica para recorrer el pa�s, hacer seminarios, revelar lo que hoy nos ocurre en esta materia, a objeto de crear conciencia social acerca de la necesidad de defender la principal riqueza de Chile: el cobre para todos los chilenos. Al lado de los dirigentes de la CUT; de la Federaci�n de Trabajadores del Cobre; de la Confederaci�n Minera; de la Federaci�n de Supervisores del Cobre; del Colegio de Profesores; de los pensionados y jubilados; de los estudiosos del tema, como el Profesor Orlando Caputo, Juli�n Alcayaga, H�ctor Vega, Carlos Tomic y acad�micos y estudiantes universitarios, daremos esta batalla. El pueblo de Chile debe ser una barrera infranqueable para quienes atenten contra nuestra soberan�a y nuestra principal riqueza: el cobre. �Chilenos y chilenas, abramos las puertas y ventanas de nuestras conciencias para que entre en nosotros el c�lido sol del futuro! Se�ora Presidenta, pido que se env�e esta intervenci�n al se�or Presidente de la Rep�blica y a los se�ores Ministros de Miner�a y de Hacienda. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. La se�ora MATTHEI (Presidenta accidental).- Corresponde intervenir al Comit� Renovaci�n Nacional, que no tiene representantes presentes en la Sala. El turno siguiente pertenece al Comit� Institucionales 1. Tiene la palabra el Honorable se�or Canessa. El se�or CANESSA.- Se�ora Presidenta, s�lo quiero decir que iba a intervenir, pero en vista de las circunstancias que hoy se viven y de la hora que es, lo har� en la sesi�n de ma�ana. La se�ora MATTHEI (Presidenta accidental).- En el tiempo del Comit� Socialista, tiene la palabra el Senador se�or Viera-Gallo. CRISIS EN SECTOR PESQUERO. OFICIOS El se�or VIERA-GALLO.- Se�ora Presidenta, en forma muy breve quiero intervenir hoy d�a para llamar la atenci�n del Honorable Senado acerca de la crisis por que atraviesa el sector pesquero, muy particularmente la industria pesquera de la Octava Regi�n, en lo referente a la extracci�n del jurel. Lo hago hoy y no ma�ana porque, simult�neamente, la C�mara de Diputados est� llevando a cabo una sesi�n especial sobre la materia. Por ello, considero significativo que esto se ponga de realce tambi�n en el Senado. Cinco mil despidos desde 1997 y tres a�os de prolongada veda del jurel tienen en serios problemas a la industria pesquera de la Regi�n del Biob�o. Durante este a�o, 340 personas perdieron sus trabajos recientemente. La C�mara de la Producci�n y del Comercio ha informado que no deber�an producirse m�s despidos, y que el n�mero de empleados del sector ser� en general de unos ocho mil, similar a los actuales ocupados. Pero la incertidumbre se mantiene, particularmente en el sector de la flota. Sin embargo, hay muchas indicaciones en el sentido de que esa afirmaci�n, desgraciadamente, puede verse desmentida por los hechos. �Cu�l es el problema central que hay en el pa�s? Que existe una sobredimensi�n de la flota y del esfuerzo pesquero respecto de la cantidad de recurso jurel hoy disponible. La Mesa Regional de Pesca, que han fomentado el Gobierno y el se�or Intendente de la Octava Regi�n, don Jaime Toh�, tuvo como virtud aliviar coyunturalmente el problema en parte levantando la veda del jurel. Pero, a poco andar, se han producido los despidos. El diagn�stico que se tiene, desde el punto de vista cient�fico, es que el esfuerzo pesquero est� muy por encima de las posibilidades reales de pesca con mantenci�n del recurso. Y por eso, quer�moslo o no, la industria pesquera extractiva en el pa�s est� en una crisis muy de fondo. Por esto, que hemos visto ya desde hace varios meses, queremos llamar la atenci�n del Senado y del Gobierno para que se tome plena conciencia de la situaci�n y se adopten las medidas adecuadas que permitan, respetando la l�gica econ�mica, regular adecuadamente la actividad, salvar la industria, en lo que sea rescatable, y paliar los negativos efectos en el campo social. Si dejamos las cosas tal cual est�n, seguir� la llamada "carrera ol�mpica", en que las empresas tratan de pescar lo m�s r�pido posible la mayor cantidad que puedan, porque hay una cuota global predeterminada. Y, como inevitablemente se producir�n situaciones de falencia, es probable que se tienda a una concentraci�n de la propiedad en la industria, como ha ocurrido en la Primera Regi�n. Por ello, nos parece indispensable ir a una transformaci�n m�s de fondo, en la l�nea de la iniciativa que presentamos el a�o pasado, en conjunto con los Senadores se�ores Boeninger y Sabag, en el sentido de que, junto con la cuota global anual de captura de jurel, se establezcan por el plazo de dos o tres a�os cuotas fraccionadas, seg�n la capacidad de pesca de cada una de las distintas industrias, porque as� se podr�a, de alguna manera, racionalizar la divisi�n de esa cuota global, evitar la "carrera ol�mpica" y dar mayor estabilidad a la actividad y al empleo. Por conversaciones llevadas a cabo con el actual Subsecretario de Pesca, vemos que existe en �l la voluntad de avanzar en esta misma direcci�n, aunque tal vez con una modalidad jur�dica distinta, que no es la de cuota individual no transferible, sino de otra manera, siguiendo la l�gica de la actual Ley de Pesca. Lo importante no es la f�rmula jur�dica, sino avanzar, o sea, que no permanezcamos en total indiferencia mientras el sector pesquero se ve tan fuertemente afectado. Al respecto, puedo se�alar que a lo menos cuatro plantas han finalizado sus operaciones en los �ltimos tres a�os, y que es evidente la sobredimensi�n de la flota. La pesca del jurel se ha transformado en una actividad discontinua, en lo que algunos empresarios llaman "de temporada", por la aplicaci�n de vedas que, por lo dem�s, est�n plenamente justificadas, porque no se cumple con la talla m�nima que el recurso debe tener para asegurar su reproducci�n. Entonces, los trabajadores viven en un estado no s�lo de inestabilidad laboral, sino de verdadera angustia frente a lo que puede ser su futuro ocupacional. Y son muy cr�ticos de la actual Ley de Pesca, porque no ha sido suficiente para establecer instrumentos eficaces que permitan que exista un equilibrio entre esfuerzo pesquero y preservaci�n del recurso. Estamos ante una industria sobredimensionada que, de mantenerse como est�, puede colapsar. Por eso, la C�mara de Diputados, simult�neamente con esta reuni�n del Senado, ha celebrado una sesi�n especial, con asistencia del Ministro de Econom�a y seguramente del Subsecretario de Pesca, para llamar la atenci�n sobre este grav�simo problema nacional, que tiene un impacto social enorme en la Octava Regi�n. Quiero se�alar, adem�s, que deben tomarse medidas de emergencia, porque mientras el pa�s hace un esfuerzo muy serio para disminuir la desocupaci�n, a ra�z de la crisis pesquera comienza a aumentar el desempleo. En concreto, el Gobierno debiera, por un lado, en primer t�rmino, en forma clara, n�tida e irredarg�ible, crear conciencia a nivel nacional acerca de la crisis que afecta a la industria pesquera, especialmente a la del jurel, en la Octava Regi�n, que incide tan determinantemente en la suerte de puertos como Talcahuano, y sobre todo en el nivel ocupacional de la zona. Por otra parte, habr�a que establecer un plan de emergencia para esta actividad. No me refiero necesariamente a uno que contenga medidas artificiales para mantener a flote -valga la met�fora- una industria con pies de barro, pero s� a algunas que, manteniendo la l�gica del mercado, sean amigables con �ste y permitan paliar el efecto en un sector que, abandonado a su propia l�gica, pr�cticamente va hacia el colapso total. Porque, como los propios industriales pesqueros han se�alado, no est�n en condiciones de ponerse de acuerdo entre s� en c�mo distribuir la cuota global. Adem�s, este a�o hemos tenido la paradoja de que por malas relaciones pol�ticas, sociales o humanas no se fij� en el momento oportuno la cuota global, cosa bastante ins�lita. En resumen, primero, se debe crear conciencia de la crisis a nivel nacional; segundo, establecer un plan de emergencia; tercero, enviar a la brevedad al Parlamento, con car�cter urgente, un proyecto con los mismos fines que tuvo el que present� en su momento junto con los Honorables se�ores Boeninger y Sabag, y concitar el consenso suficiente acerca de �l de parte de todos los sectores representados en el Congreso Nacional; cuarto, hacer una revisi�n a fondo de la Ley de Pesca y, tal vez, buscar una forma de incentivar el menor despido posible de trabajadores, estableciendo alguna relaci�n entre asignaci�n de cuota individual o de permiso seg�n esfuerzo pesquero, y la disposici�n del empresario a mantener el nivel ocupacional. M�s que establecer planes de reconversi�n para los trabajadores -a veces muy costosos e ineficientes-, o beneficios para las personas que dejan de trabajar, que pueden transformarse en un incentivo para que el empresario se deshaga de mano de obra que, a su criterio, ya no necesita, debe idearse un est�mulo para que contin�e dando ocupaci�n a niveles lo m�s altos posibles y, en todo caso, en concordancia con la racionalidad de su empresa. Adem�s, creo que en este plan debieran activarse los mecanismos existentes en la ley del SENCE, para que los trabajadores cesantes puedan acceder a planes especiales de capacitaci�n que despu�s les permitan reinsertarse laboralmente. Hasta ahora, las empresas que despidieron a las 340 personas a que me refer� han cumplido cabalmente las leyes laborales y pagado todas las indemnizaciones. No es �se el punto. De lo que se trata es de impedir que ese sector reduzca en forma dr�stica su actividad, y muy en especial su capacidad ocupacional. Reitero: me parece importante que se ponga en marcha este plan, que se tramite un proyecto de ley, se usen los mecanismos existentes en materia de capacitaci�n, se estudien nuevos incentivos y se estimule la reconversi�n de la industria en forma an�loga a lo que se hizo con el �rea textil. En este �ltimo caso hubo un acuerdo entre empresarios, Gobierno y sindicatos que dio buenos resultados, como pude apreciar en algunas industrias del distrito que representaba en la C�mara de Diputados. Creo que medidas an�logas podr�an tomarse para enfrentar una situaci�n tan grave en la industria pesquera y, adem�s, satisfacer algunas demandas de los pescadores artesanales, que son perfectamente justas y estaban contenidas en la iniciativa legal que propiciamos. Termino pidiendo que se oficie a los se�ores Ministros de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n y Secretario General de la Presidencia se les transcriba mi intervenci�n y se les demande dar r�pido cumplimiento al env�o de un proyecto de ley, a fin de paliar la grave crisis que atraviesa la industria pesquera del jurel. La se�ora MATTHEI (Presidenta accidental).- Deseo agregar que tambi�n en San Antonio �sector al cual me toc� representar como Diputada- han cerrado pr�cticamente todas las empresas; hay una cesant�a enorme, no s�lo de las personas que en ellas trabajaban, sino tambi�n de muchas otras independientes que les prestaban servicios. Por lo tanto, junto con adherir al oficio solicitado por el Honorable se�or Viera-Gallo, hago presente que se trata de una situaci�n generalizada en Chile. El se�or LAVANDERO.- Pido agregar mi nombre, se�ora Presidenta. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, de conformidad al Reglamento, en nombre del se�or Viera-Gallo, con la adhesi�n de los Senadores se�ores Matthei, Lavandero, Vega y Canessa. El se�or VEGA.- �Me permite, se�ora Presidenta? La se�ora MATTHEI (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vega. El se�or VEGA.- Se�ora Presidenta, deseo preguntar al Senador se�or Viera-Gallo c�mo explica Su Se�or�a la presencia de pesqueros gallegos ante esta situaci�n de crisis. Ellos est�n pescando m�s o menos dentro de la misma �rea que los nuestros y, sin embargo, al parecer no tienen el problema. El se�or VIERA-GALLO.- Se�ora Presidenta, iba a referirme a ese tema, pero no lo hice por apartarse un poco del problema preciso que deseaba plantear. Sucede que la flota gallega pesca albacora; y, al parecer, ese recurso -no soy t�cnico pesquero- todav�a no ha sido sobreexplotado. La grave situaci�n que afecta a la industria pesquera de la Octava Regi�n se deriva de que est� orientada b�sicamente al jurel. �se es el punto, sin entrar al debate muy necesario de si debi�ramos abrir los puertos para que la flota gallega pueda descargar, ni al an�lisis de los problemas con la Comunidad Econ�mica Europea. El tema que nos ocupa se refiere a la grave crisis de la industria pesquera, sobre todo del jurel. No es la misma situaci�n de la salmonera, que es una industria de la acuicultura con gran futuro. El se�or LAVANDERO.- Tambi�n de la anchoveta y de la sardina. El se�or VIERA-GALLO.- S�, de la "pesca acompa�ante", como se la denomina. La se�ora MATTHEI (Presidenta accidental).- Sin embargo, es bastante claro que en el caso de la industria salmonera se requiere un cambio legal para agilizar las concesiones acu�colas. Habi�ndose cumplido el objeto de la sesi�n, se levanta. --Se levant� a las 20:23. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n