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El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , tal vez la mayor utilidad de la discusión de este convenio, aparte lo señalado y compartiendo plenamente lo manifestado por el Honorable señor Prat , es que aquí se hace un llamado de atención a la autoridad administrativa. Porque qué duda cabe de que en Chile, desde su independencia, la esclavitud fue abolida, y de que, desde nuestro centenario Código Penal, el reclutar u ofrecer niños para la prostitución, la pornografía u otro tipo de actividades ilícitas constituye una figura penal, un delito que está tipificado como tal.
Por lo tanto, lo único del convenio que se nos puede aplicar dice relación a precavernos del trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños (incluso esto ni siquiera nos toca, porque -como señalé- ya está tipificado en nuestra legislación). De modo que, quizás, la letra d) del artículo 3 del Convenio es la única disposición que nos puede afectar, en cuanto a que haya trabajos que dañen la salud de los niños.
Desde tal perspectiva, ésta es una muy buena oportunidad para que el Senado discuta la materia, a fin de evaluar qué ha sucedido con la autoridad administrativa del país en lo concerniente al control de este tipo de situaciones que, más allá del Convenio, nuestra legislación penaliza debidamente.
Cuando consulté sobre esta materia en la Comisión, se me respondió que las policías informan de aproximadamente 3 mil niños que ejercen la prostitución infantil, lo que no concuerda con las cifras entregadas por las ONG, que hablan de 10 mil casos. Además, se agregó que se llevó a cabo una conferencia nacional sobre explotación sexual de niños y niñas en nuestro país.
Por su parte, el representante del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que este convenio, más que sancionar el trabajo infantil, busca evitar la comisión de delitos sobre niños, en los cuales se vulneran gravemente sus derechos. Y en verdad de todo lo anterior resalta la importancia de ir a una revisión ya no sólo del comportamiento del Ministerio del Trabajo, sino de la autoridad administrativa nacional respecto de lo que se ha hecho, se está haciendo y continuará haciendo, para evitar que los menores caigan en esas redes delictuales; y no analizar el problema únicamente desde el punto de vista laboral propiamente tal -considero inadecuado enfocarlo sólo desde este ángulo-, sino desde la perspectiva de toda la red social, a fin de impedir precisamente que los niños puedan caer en tales redes y organizaciones de narcotraficantes u organizaciones criminales.
La pregunta de fondo que cabe formularse es: ¿en qué estado se encuentra la niñez? En el informe se dice que 68 mil niños están participando en los programas del Servicio Nacional de Menores. Pero a raíz de este proyecto y de las observaciones hechas, debemos manifestar que, desde hace más de un año, el tema del discernimiento en los menores, para los efectos de su imputabilidad o inimputabilidad penal, todavía no ha sido resuelto. Y esto tiene mucho que ver con la comisión de delitos y con la participación de menores en ellos.
Desde esa misma perspectiva, debemos también llamar la atención sobre lo que está sucediendo en las cárceles, donde sí se vulneran violentamente los derechos de los jóvenes y de los niños, tema contingente que reviste dramática realidad.
En consecuencia, más que afirmar que el convenio en debate es urgente para Chile -porque no lo es, dado que en nuestro país estas materias fueron abordadas casi desde su inicio como nación independiente-, la pregunta que debemos formular es qué está ocurriendo hoy en día con la autoridad y con nuestros sistemas en lo tocante no digo a evitar estas formas de trabajo, sino a que estas figuras penales sigan produciéndose. Y ahí es donde la mirada debemos dirigirla más bien a los organismos de la policía y a las instituciones sociales y comunitarias, para determinar cuánto apoyo brinda la red social precisamente a todos aquellos programas destinados a impedir que los jóvenes y los niños sean presa de este tipo de actividades, debido a causas como, entre otras, la pobreza y las situaciones sociales desmejoradas.
Es relevante, asimismo, preguntar acerca del control que se está ejerciendo sobre organizaciones criminales que utilizan a los menores. Hace pocos días el Presidente de la República destacó que se pondrá énfasis en las leyes sobre control de drogas y del narcotráfico. Sin embargo, más que de leyes, ése es un problema de eficacia de la gestión policial. Todos los días vemos cómo aparecen nuevas organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y en las que tienen participación los menores. Ello se debe a la inexistencia de un control policial eficaz, efectivo, sobre tal tipo de organizaciones delictuales.
Por lo tanto, señor Presidente , cuando todavía se está discutiendo respecto del discernimiento de los menores, cuando todavía éstos se encuentran hacinados en las cárceles, cuando los servicios asistenciales no dan abasto en su misión encaminada a protegerlos, en circunstancias de que nuestro país cuenta con una legislación claramente establecida en este aspecto, es atinente preguntarnos si acaso la discusión de este tratado no es un llamado de atención para que se nos diga qué está sucediendo verdaderamente con los menores en nuestro país, en especial si se considera que estas figuras no afectan a Chile, pues desde hace mucho tiempo aquí fueron declaradas ilícitas.
Me gustaría saber qué medidas tiene previstas el Ejecutivo sobre el particular, pues aunque lo relativo al discernimiento no es área de la competencia del señor Ministro , sí lo es lo que ocurre en los recintos penales donde también se dan manifestaciones laborales que afectan a menores, los que están siendo comprometidos precisamente en lo que este convenio prohíbe.
Recalco que la aplicación del convenio en análisis es más propia en naciones de otros continentes. Por ello, estimo muy importante que, cuando se comunique a la OIT su aprobación, se le exprese también claramente que si bien adherimos a esta voluntad internacional -y el Director de la OIT, como chileno, lo debe saber muy bien-, lo hacemos casi por solidaridad o adhesión al resto de los países, pero que nuestra realidad dista mucho de precisar de un convenio como el que aquí se nos propone.
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