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El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento, ha solicitado la palabra el Diputado señor Víctor Pérez .
Tiene la palabra su señoría, hasta por cinco minutos.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , a raíz de las denuncias que formulamos en conjunto con la Diputada señora Lily Pérez , en el sentido de que la empresa Cave S.A., de propiedad de altos funcionarios de Gobierno, es proveedora de Codelco-Chile en sus divisiones de Chuquicamata y Andina, uno de sus dueños, el Subsecretario del Interior , don Belisario Velasco , entregó un comunicado escrito que pretende desmentir nuestras afirmaciones y trata de probar, por cierto, infructuosamente, que ellas son falsas.
En verdad, después de leer atentamente el comunicado, fuera de algunas descalificaciones de carácter personal, podemos afirmar que no existe ningún desmentido a nuestras afirmaciones y sólo hay referencias que la confirman en toda su extensión.
Vamos por parte.
1º El Subsecretario del Interior afirma que no ha sido ni es ejecutivo ni miembro del directorio de productos Cave, Sociedad Anónima. Coincidimos plenamente con el señor Subsecretario , pues afirmamos que es dueño de productos Cave, Sociedad Anónima; no ejecutivo ni miembro del directorio, sino dueño, lo que confirma al decir que posee un porcentaje de acciones de la misma. No dice cuánto, pero sabemos que es bastante. ¿Cuál es el desmentido? Ninguno. Además, creemos preciso expresar que los ejecutivos y directores de una empresa hacen lo que los dueños mandan, y el señor Velasco es uno de los dueños de Cave, Sociedad Anónima. Eso es un hecho absolutamente irrefutable.
2º Sobre la base del contenido de un oficio del Ministro de Minería , que remitió a la Cámara, afirmamos que productos Cave, Sociedad Anónima, es proveedora de Codelco, a través de sus divisiones de Chuquicamata y Andina . En el supuesto “desmentido” del señor Velasco , nada dice al respecto; por el contrario, amplía a la división El Teniente como contraparte de una negociación. Por lo tanto, le vamos a preguntar al Ministro de Minería ¿por qué no incorporó también a la división El Teniente? Según la información oficial, Cave no habría tenido negociaciones con dicha división.
Desde esta Sala, queremos decir al señor Velasco que la empresa de su propiedad, Cave S.A., es proveedora de Codelco Chile. Él no lo desmiente y lo confirma en toda su extensión. En realidad, lo que hace no es desmentir ni negar nada, sino tratar de justificar y explicar lo inexplicable. El vender poca cantidad, como es su argumento, no quita en nada el hecho de que no es aceptable que una empresa de propiedad de altos funcionarios de Gobierno sea proveedora de una empresa estatal de la importancia y significación de Codeldo Chile.
Señor Velasco , la ética no está relacionada con los números, sino con las actitudes.
Por otro lado, en cuanto a las cifras y montos en que se negoció entre las divisiones de Codelco Chile y la empresa de propiedad del señor Velasco , en verdad, nos atendremos a la respuesta de la información que solicitaremos al Ministerio de Minería, porque nos merece mayor credibilidad que la de un dueño que dice no tener idea de lo que hace su empresa. Por último, reitera sus amenazas e intenta amedrentarnos con impedir que llevemos adelante nuestra función fiscalizadora en un tema tan trascendental como es la necesaria separación de los negocios privados y las funciones públicas. No lo logrará y la opinión pública debe tener presente que las atribuciones fiscalizadoras de los diputados son para fiscalizar los actos del Gobierno y, por ende, los funcionarios del Gobierno son los únicos que no deben dar consejos sobre cómo ejercer esa función.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En virtud de la misma disposición reglamentaria, artículo 34, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Enrique van Rysselberghe .
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Señor Presidente, el viernes recién pasado, el Ministerio de Justicia, a través del Seremi de la Octava Región, don Pedro Muñoz, me acusó por la prensa de politizar un delicado proceso judicial que se ventila en la Corte de Apelaciones de Concepción.
Al señor Pedro Muñoz lo conozco desde hace muchos años y lo siento mi amigo, por lo que lamento tener que decir ante esta Cámara que la verdad está muy lejana de sus aseveraciones, ya que fue el propio señor Muñoz quien politizó la situación por las presiones indebidas ejercidas a los organismos bajo su dependencia, como son el Sename y la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, manipulando el resultado de un fallo judicial que pudo ser políticamente inconveniente para el Gobierno.
La injusticia es una de las realidades que más indignación causa. No sólo indignan los atropellos de que personalmente podamos ser víctimas, sino los que se cometen, especialmente, contra aquellos que no tienen cómo defenderse; pero más indignante aún es cuando la falta de justicia se promueve por entidades del Estado que entre todos financiamos, para apoyar a aquellos que no tienen los recursos, los medios, ni el conocimiento para lograr acceder a la justicia, pues con ello, además, socavan las bases esenciales de nuestra institucionalidad constituida para proteger a la ciudadanía y no para agredirla.
Digo lo anterior, a propósito del caso de Elenita Yáñez, una niña de sólo seis años, violada y asesinada por un antisocial reincidente como violador y prófugo de la justicia quien, en esta ocasión, no sólo contó con un abogado defensor, sino, además, con el apoyo de organismos gubernamentales que, debiendo defender a la víctima, en esta ocasión se confabularon para actuar en favor de un victimario reincidente y asesino, consiguiendo, en definitiva, una rebaja de la pena impuesta por la sentencia de primera instancia. Acuso a la Corporación de Asistencia Judicial y al Sename de la Octava Región de haber actuado en contra de lo que la ley les encomienda, por razones políticas.
Honorable Cámara, todos sabemos que la Corporación de Asistencia Judicial es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, cuya razón de existir es la defensa de las personas de escasos recursos, es ser la voz de los sin voz frente a los tribunales. Es, en definitiva, quien debe asegurar que la ley sea igual para todos los chilenos por sobre las diferencias económicas o de influencia. Sin embargo, con una serie de actos injustificados, la Corporación de Asistencia Judicial se encargó de que los familiares de la víctima no recibieran una defensa eficaz. Para ello cambió al abogado patrocinante que había conseguido en primera instancia la pena máxima del violador, reincidente y despiadado asesino, Juan Soto Campos ; pero más grave aún es que la Corporación de Asistencia Judicial no sólo cambie al abogado patrocinante, sino que permita que se presione a la nueva profesional encargada de la defensa de la familia de la víctima para que no pidiera la pena de muerte por el asesinato y violación de Elenita Yáñez, según versiones de la abogada, Eliana Valenzuela , que, valientemente, defendió los derechos de la familia de la víctima, a pesar de las presiones de las que fue objeto.
Como si lo anterior fuera poco, más tarde el Director de la Corporación de Asistencia Judicial , abusando de la confianza que la familia de Elenita Yáñez había depositado en él, le hizo firmar una carta renunciando al patrocinio de esta corporación, sin explicar los efectos de esta medida que significó que, en la práctica, por 17 días, esa familia de escasos recursos estuviera sin defensa, esto es desde el 11 de agosto hasta el 28 del mismo mes, haciendo perder un tiempo precioso mientras corría el plazo fatal para la presentación del correspondiente recurso de casación. Coronando esta actuación que involucra una terrible falta de ética, la Corporación se negó a colaborar, a entregar los datos del expediente al abogado que mi oficina parlamentaria consiguió para que la familia de Elenita Yáñez no quedara en la más completa indefensión. Acuso a la Corporación de Asistencia Judicial de obstaculizar la presentación del recurso de casación que ellos debieron haber presentado ante la Corte Suprema de Justicia y que no lo hicieron por razones políticas, para evitar que el Presidente Frei se viera en la disyuntiva de indultar nuevamente a un asesino y violador de menores, reincidente. Todos sabemos que es costumbre de nuestro Presidente amenazar con la aplicación del máximo rigor de la ley y del uso de la mano dura, pero llegado el momento de actuar, opta por eludir el problema, evitando la sanción y aplicando una mano cariñosa como la de una madre.
A todo lo anterior se suma la incomprensible actitud del Servicio Nacional de Menores, organismo también dependiente del Ministerio de Justicia, el que se hace parte en la causa pidiendo en principio, con la abogada Paquita Cabrera , la pena de muerte para el homicida de Elenita Yáñez ; pero en el momento de la apelación, al igual que la Corporación de Asistencia Judicial, cambia de abogado y el nuevo profesional, en su alegato, coincide con la defensa de Soto Campos, transformándose el Sename en un defensor más de un asesino y violador de niños.
Lo verdaderamente inexplicable es que el Sename, por definición, debe cautelar los derechos de los menores, pero en esta oportunidad terminó defendiendo al asesino y violador de una pequeña de tan sólo 6 años de edad. Para justificar lo injustificable, el Sename de la Octava Región manifestó que es política de esa institución la defensa de la vida y que no son partidarios de la pena de muerte. Si de verdad la gente del Sename hubiera tenido objeciones de conciencia sobre la pena de muerte, lo moralmente correcto hubiera sido que se abstuviera de participar en este caso, en el que nadie lo obligaba a hacerse parte, pero permítaseme poner en duda la verdadera posición del Sename en esta materia y preguntarme si es lícito que un organismo del Estado pueda tener objeciones al ordenamiento jurídico vigente, especialmente si consideramos que, al principio, este mismo organismo pidió y obtuvo la pena máxima para Juan Zenón Soto . Más grave aún es que al abogado del Sename...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiempo, señor diputado .
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
...que participó en esta apelación -voy a redondear- se le condicionó su permanencia en este servicio público, si no pedía el presidio perpetuo en lugar de la pena de muerte para el asesino de Elenita Yáñez.
En lo personal, estoy disponible para discutir si la pena de muerte debe existir o no en nuestro ordenamiento jurídico, pero si existe, lo menos que se puede exigir a un organismo público es que la aplique.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , está sumamente excedido en el tiempo. Le corresponden cinco minutos y va para los siete.
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Por aplicación de la misma disposición reglamentaria, tiene la palabra hasta por cinco minutos el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente, respecto de la situación a que se ha referido el Diputado señor Enrique van Rysselberghe, tengo en mi poder publicaciones de prensa del viernes 4 de septiembre pasado, en los que el seremi de justicia acusa a diputados. En una de sus partes, el funcionario señala: “Creo que sí, una materia que era netamente judicial fue politizada por la actuación de dos Diputados: Enrique van Rysselberghe y Jorge Ulloa. Estos parlamentarios, primero, contrataron a un abogado para la familia de la menor Elena Yáñez y después los presionaron para hacer una denuncia ante el Colegio de Abogados”.
A diferencia del Diputado señor Enrique van Rysselberghe , no conozco al Seremi don Pedro Muñoz . No es mi amigo. Sin embargo, puedo calificarlo de una sola forma: es un mentiroso. Y lo es, primero que todo, porque él afirma, sin ninguna prueba, que mi colega y yo habríamos contratado a un abogado, en circunstancias de que no ha sido así; y también lo es porque, además, ha señalado que he presionado a la familia de la víctima, a la cual ni siquiera conozco.
Quiero señalar que sí es verdad que hay una serie de anomalías en la presentación que hicieran, tanto el Sename como la Corporación de Asistencia Judicial de nuestra región, respecto de no pedir la pena máxima, cuando existían todos los antecedentes para que así fuera.
Lo que sí he hecho, en una conferencia de prensa anterior a la dictación del fallo, es solicitar en este caso la aplicación del máximo rigor de la ley, precisamente para defender a la ciudadanía de la delincuencia. Si nuestro ordenamiento jurídico establece que, existiendo determinadas circunstancias y situaciones, hay que aplicar tales o cuales penas, sin ninguna duda que así se debe proceder para proteger a la sociedad. Para eso estamos en esta posición.
Lo que no puedo aceptar a este funcionario, ni a nadie, es que mienta a diestro y a siniestro.
Es vergonzoso lo que ha ocurrido en este caso, pues la abogada, señora Eliana Valenzuela , a quien tampoco conozco -sólo a través de la prensa me he enterado de sus gestos de honestidad- ha debido renuciar a la corporación, puesto que ella denunció una serie de irregularidades. A causa de ellas, se ha solicitado al Colegio de Abogados efectuar un juicio ético.
Siento que no estamos preocupados de lo que le inquieta a la gente: la seguridad de la ciudadanía, porque la gran mayoría de los chilenos somos gente decente que queremos vivir tranquilos.
Por lo expuesto, tanto por el Diputado señor Enrique van Rysselberghe como por mí, solicito -lo voy a formalizar en el minuto correspondiente- que la Contraloría General de la República inicie una investigación respecto de estos dos servicios: la Corporación de Asistencia Judicial y el Sename de la región, frente a esta situación de carácter administrativo.
He dicho.
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