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La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señora Presidenta , tal como lo han destacado en los últimos días los medios de comunicación, la justicia civil, en muy pocas semanas, ha hecho todo lo que la justicia militar no pudo o no quiso hacer durante 11 años. Esto en el marco de la investigación por el homicidio calificado de doce jóvenes, ocurrido en 1987, en Santiago, en manos de agentes de la Central Nacional de Informaciones, que formaba parte del régimen militar del general Pinochet, en la llamada “Operación Albania”.
A pesar del incansable trajinar de los familiares y de que desde el primer momento se dudó de la versión oficial de los enfrentamientos, nada hizo variar la fría actitud de la justicia militar, la que encontró un sinnúmero de argumentos y obstáculos para no determinar la verdad de lo ocurrido y no sancionar a los culpables de los asesinatos. No hubo voluntad real para ayudar a la investigación. Por el contrario, se idearon múltiples estrategias para engañar a los jueces, como entregar identidades falsas de los agentes que participaron, etcétera.
Sólo la actitud de los familiares, el informe de la Comisión Rettig, la persistencia de los abogados y nuevas situaciones ocurridas gracias a la recuperación de la democracia, han abierto un gran espacio de esperanza para la verdad y la justicia.
En este sentido debo destacar que, pese a la oposición de los parlamentarios representantes de la Derecha, la Cámara de Diputados jugó un papel extraordinariamente importante para los logros que hoy se destacan.
En efecto, el 21 de junio de 1994, la Cámara de Diputados aprobó, por 34 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, un proyecto de acuerdo que, en su parte dispositiva, resolvía oficiar a la Excelentísima Corte Suprema para que dispusiera que el proceso fuera tramitado por un ministro de corte, en atención al tiempo transcurrido y a la alarma pública producida. En esa oportunidad, la Corte Suprema denegó el nombramiento de un ministro en visita extraordinario. Sin embargo, instruyó a la fiscalía militar para que mensualmente le informara sobre el avance del proceso. Lamentablemente, a pesar de esa resolución, en ese tiempo nada varió.
Esta situación originó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, con fecha 6 de julio de 1995, insistiera en la petición de un ministro en visita, apoyando una petición que, en el mismo sentido, hizo el abogado de los familiares de las víctimas. Una vez más, la Corte denegó tal petición.
En la sesión del 8 de julio de 1997, nuevamente, a través de un proyecto de acuerdo aprobado por 38 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados insistió ante la Excelentísima Corte Suprema solicitándole que, atendida la gravedad de los hechos, dispusiera la designación de un ministro en visita con el objeto de que se abocara al conocimiento e investigación de dicho caso y lograr su definitivo esclarecimiento.
Los esfuerzos de esta Corporación, que se unieron a los de los familiares, sólo dieron sus frutos con el cambio de Ministros de la Corte Suprema , y por fin a comienzos de 1998, luego de reiterarse la petición de que el proceso se trasladara de la justicia militar a la civil, se nombra un ministro en visita, el señor Hugo Dolmestch , quien avanza rápidamente en el caso, en forma insospechada por todos, labor que le es facilitada por otra resolución de nuestro máximo tribunal, que ordenaba a las Fuerzas Armadas entregar la nómina completa de las identidades de todos los funcionarios asignados a la CNI en 1987, con lo cual logra individualizar a algunos de los responsables y someter a proceso a siete ex agentes, incluso, a algunos en servicio activo.
Estos sucesos han abierto la comprensible esperanza de que también en este caso, si se cuenta con la voluntad de quienes saben lo que ocurrió, habrá justicia.
Los hechos de los cuales hemos sido testigos en estos últimos días son, sin lugar a dudas, una merecida recompensa para tantos años de dolor y trabajo en pos de la verdad, emprendida por los familiares y las organizaciones de derechos humanos.
Junto con agradecer el esfuerzo de esta honorable Cámara en los términos señalados, quiero aprovechar esta oportunidad para leer la declaración que el Consejo Nacional de mi Partido, el Demócrata Cristiano, aprobó ayer por la unanimidad de sus integrantes:
“El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, en su sesión de hoy, en consideración a los últimos acontecimientos vinculados con el caso referido a la denominada “Opera-ción Albania”, ha acordado lo siguiente:
“1º. Manifestar su satisfacción por la acuciosidad y el celo profesional observados en la tramitación del proceso judicial por el señor Ministro en visita, don Hugo Dolmestch , actitud que ha significado un notable e importante avance en la aclaración de los hechos y sus circunstancias y en la aplicación de la justicia.
“2º. Reiterar la necesidad de que los tribunales ordinarios de justicia sigan llevando adelante todas las investigaciones pendientes que permitan la aclaración de éste como de otros casos que conmovieron al país y en los cuales, hasta el día de hoy, no se han determinado responsabilidades ni se han aplicado las correspondientes sanciones.
“3º. Instar a los chilenos y chilenas a mantener la confianza en los resultados de tales investigaciones, ya que, como ha quedado de manifiesto, el sistema democrático no sólo permite, sino que estimula a los jueces independientes a cumplir con su misión de hacer justicia.
“4º. Reiterar nuestra convicción de que lo anterior contribuirá a una real y sincera reconciliación y asegurará que tales hechos no se vuelvan a repetir.
“Santiago, 3 de agosto de 1998, Partido Demócrata Cristiano.”
He dicho.
"
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