REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 37ª, en martes 12 de septiembre de 2000
(Ordinaria, de 11.19 a 14.35 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor;
León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel, y de las señoras Caraball Martínez, doña Eliana, y Muñoz D’Albora, doña Adriana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.-ASISTENCIA
II.-APERTURA DE LA SESIÓN
III.-ACTAS
IV.-CUENTA
V.-FÁCIL DESPACHO
VI.-ORDEN DEL DÍA
VII.-PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.-INCIDENTES
IX.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia7
II. Apertura de la sesión10
III.Actas10
IV.Cuenta10
V.Fácil Despacho. 
Penalidades en relación a los vertederos clandestinos. Primer trámite constitucional10
VI.Orden del Día. 
Normativa sobre instalación de antenas de telefonía móvil. Primer trámite constitucional16
VII.Proyectos de acuerdo. 
Rechazo a erección de un monumento al ex Presidente de la República Augusto Pinochet Ugarte. (Continuación)31
Condonación de dividendos a propietarios de viviendas afectadas por temporales en Puente Alto33
Campañas de prevención del sida y recursos adicionales para programas terapéuticos33
VIII.Incidentes. 
Alcances de acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Luis Correa Bulo37
Declaración pública de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. Oficio38
Complemento de denominación de plaza en comuna de Recoleta en homenaje de Manuel Bustos Huerta. Oficio39
Situación estatutaria del Automóvil Club de Chile. Oficio40
Medidas para prevenir enfermedades de salud bucodental. Oficio41
Recursos para construcción de gimnasio en escuela industrial de San Fernando. Oficios41
Agradecimiento por apoyo recibido a raíz de fallo de desafuero de la Corte de Apelaciones de Arica42
Incorporación de jubilados y montepiadas de Dipreca y Capredena en eliminación de cotización previsional. Oficios43
Indemnizaciones a funcionarios de empresas estatales. Oficios44
Forraje para animales de zona precordillerana de la Novena Región. Oficio45
Pág.
Incorporación de campamento “Las Lilas”, de Loncoche, en programa ChileBarrio. Oficio45
Medidas sanitarias en favor de enfermos de sida en Novena Región. Oficio46
Información sobre programas de prevención por deterioro de la capa de ozono. Oficios47
Información sobre impacto ambiental de naves pesqueras industriales en aguas de la zona sur. Oficio47
Medidas en favor de ganaderos de Aisén afectados por los temporales. Oficio48
Antecedentes sobre la carne importada de Argentina. Oficios49
Respaldo a presidente de la Corte Suprema. Oficio49
IX.Documentos de la Cuenta. 
1.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la tabla de equivalencia de hectáreas de riego básico establecida en la ley Nº 18.910, orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, por lo que corresponde la formación de una comisión mixta que deberá proponer la forma de resolver las discrepancias producidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política de la República (boletines Nºs 158901 y 202301)51
Oficios del Senado, mediante los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos iniciados en moción: 
2.Autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Copiapó, en memoria del ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens (boletín Nº 254904) (S)51
3.Modifica la ley general de Pesca y Acuicultura para prohibir la pesca artesanal en regiones distintas a la consignada en la respectiva inscripción (boletín Nº 251503) (S)55
4.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que actualiza multas en la ley Nº 11.564 (boletín Nº 257507)56
5.Moción de los diputados señores Arratia y Delmastro, que modifica el artículo 146, de la ley Nº 18.892, general de Pesca y Acuicultura (boletín Nº 258501)60
6.Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales, para establecer una nueva causal de implicancia y recusación (boletín Nº 256307)61


X.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Comunicación:
Del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa de los siguientes cambios: 
a)En la Comisión especial de drogas, el diputado señor Díaz reemplaza al diputado señor Alvarado, y 
b)En la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el diputado señor Díaz reemplaza al diputado señor Paya. 
2.Oficios: 
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por el cual solicita que se incluya en la tabla más próxima el proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas (boletín Nº 51307).
Contraloría General de la República
Del diputado señor Masferrer, irregularidades detectadas en visita a municipalidad de Chimbarongo; auditoría practicada a la municipalidad de Las Cabras.
Ministerio del Interior
Del diputado señor Navarro, internación de sustancias tóxicas a Chile por parte de la empresa Promel.
Ministerio de Educación
Del diputado señor Encina, nueva planta de funcionarios para la Junji. 
De la diputada señora Lily Pérez, déficit atencional y estadísticas relacionadas al consumo de Ritalín u otros similares.
Ministerio de Obras Públicas
De la diputada señora Cristi, problema originado por caída de nieve en Quebrada Nido de Águilas, comuna de Peñalolén.
De los diputados señores Elgueta, Huenchumilla, Jaramillo, Navarro, Ojeda, Rocha, Seguel, Vega y de la diputada señora Pollarolo, situación del río Silala en la Segunda Región.
Del diputado señor Molina, expropiación canal alimentador, embalse Corrales, Cuarta Región.
Del diputado señor Navarro, Ruta PencoTomé, Octava Región; antecedentes río Silala, Segunda Región. 
Del diputado señor René García, puente Rodrigo de Bastidas en Villarrica.
Del diputado señor Recondo, camino CruceroHueyusca, comuna de Purranque. 
De los diputados señores Rosauro Martínez, Vega, Jarpa y Fossa, reposición Ruta N45 y puentes Cato y Nahueltoro. 
Del diputado señor Huenchumilla, aeropuerto Temuco, Novena Región.
De los diputados señores Felipe Letelier, Gutiérrez, José Pérez, Mora, Navarro y Ojeda, agua potable rural sector ribera río Ñuble, Octava Región. 
Del diputado señor Vega, plaza de peaje acceso a Cauquenes, Séptima Región. 
De los diputados señores Ceroni, Fossa, Jaramillo, Rosauro Martínez, Urrutia, Vega, Hales, Villouta y de la diputada señora Pollarolo, problema instalación plaza de peaje Ruta Los Conquistadores. 
De los diputados señores Hales, Masferrer, Pedro Muñoz y Sánchez, inundaciones de aguas lluvia en comunas Independencia y Recoleta, Región Metropolitana. 
Ministerio de Agricultura
De los diputados señores Mulet, Felipe Letelier, Reyes y diputada señorita Sciaraffia, seguro de riesgos climáticos en la Tercera Región. 
De los diputados señores Kuschel, Bertolino, Jiménez y Juan Pablo Letelier, consulta sobre volúmenes de importaciones de lácteos. 
Del diputado señor José Antonio Galilea, inspección de establecimientos faenadores de carne de bovino de Argentina. 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Del diputado señor Huenchumilla, Comités de Vivienda de la Novena Región; programas de viviendas, pavimentos participativos y equipamientos Serviu para la Novena Región.
De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Gutiérrez, Jaramillo, Núñez y Ortiz, construcción de 444 viviendas básicas en las comunas de Santa Cruz, San Fernando y Quinta de Tilcoco. 
Del diputado señor Encina, situación de beneficiaria de subsidio rural, cuya vivienda presenta defectos de construcción; programa de viviendas progresivas primera y segunda etapa, período 20002001. 
Del diputado señor Kuschel, planes maestros aguas lluvia, Décima Región de Los Lagos. 
De los diputados señores Navarro, Jeame Barrueto, Mulet y Ortiz, calle El Faro, sector Cerro Verde Bajo, comuna de Penco. 
Del diputado señor Villouta, evaluación de sistema de funcionamiento de prestaciones de servicios de asistencia técnica para beneficiarios del programa de subsidio progresivo. 
Del diputado señor José Antonio Galilea, programas de viviendas sociales a familias de la localidad de Marimenuco, comuna Lonquimay.
Del diputado señor José García, estado del proyecto de pavimentación de la avenida Luis Durand de la ciudad de Temuco.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
De los diputados señores Ibáñez, Delmastro, Kuschel y Ulloa, antena de telefonía móvil de la empresa Smartcom S.A.
Dirección Regional de Estadísticas V Región
Publicaciones sobre Encuesta Nacional del Empleo, índice de actividad económica regional e índices de producción y venta física de las industrias manufactureras de la Quinta Región.
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Estudio tarifario Essbío S.A.
Municipalidad de Santa Juana
Del diputado señor Navarro, indicadores de calidad del agua.
Parque Metropolitano de Santiago
De los diputados señores José García y Kuschel, costos por nueva imagen corporativa del Gobierno.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, WaldoPDCII3
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros de Transportes y Telecomunicaciones, señor Carlos Cruz, y de la Oficina de Planificación Nacional, señora Alejandra Krauss. Concurrió, también, el senador señor Hosaín Sabag.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 11.19 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 31ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 32ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor ÁLVAREZ.- Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Muy bien.
Se cita a reunión de Comités.


V. FÁCIL DESPACHO


PENALIDADES EN RELACIÓN A LOS VERTEDEROS CLANDESTINOS. Primer trámite constitucional.

El señor JEAME BARRRUETO (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que establece penalidades en relación a los vertederos clandestinos.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Gustavo Alessandri.
Antecedentes:
Moción, boletín Nº 2401-12, sesión 39ª, en 9 de septiembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 7.
Informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 35ª, en 6 de septiembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto que establece penalidades en relación a los vertederos clandestinos.
La iniciativa, obvia y sencilla, se originó en una moción parlamentaria presentada en el período legislativo anterior por los diputados señores Mario Acuña, Guido Girardi y Alejandro Navarro. Como muchas buenas iniciativas parlamentarias, durmió el sueño de los justos por muchos años hasta que fue enviado al archivo. Allí lo encontramos y, con autorización de sus primeros patrocinadores, lo reeditamos con sus firmas más la de Rafael Arratia, Roberto Delmastro, Leopoldo Sánchez y de quien habla.
Su objetivo principal es crear una figura penal que sancione a quien “mantuviere, administrare, operare o explotare vertederos, depósitos de basura o rellenos sanitarios ilegales”. Se sanciona, además, a quien “transporte, manipule, conduzca, traslade o deposite basuras, desechos o residuos en lugares clandestinos”. Las penas previstas son presidio menor en sus grados mínimo a medio, vale decir, de 61 a 540 días y de 541 días a 3 años.
La iniciativa contempla, además, penas que serán elevadas en uno o dos grados cuando las basuras o residuos “fueren tóxicos, peligrosos, infecciosos, corrosivos, combustibles, inflamables o pusieran en grave riesgo la salud de la población o el medio ambiente,”.
Los vertederos clandestinos o inmundos basurales son una lacra que se está generalizando en los centros poblados, en especial en la Región Metropolitana. Basta tomar el tren al sur para contemplar estos microbasurales a ambos costados de la línea. Lo mismo sucede en casi todas las comunas del suroriente, especialmente en Puente Alto, San Bernardo, Cerrillos y Estación Central.
Las penalidades que establece el proyecto se encuentran señaladas en un artículo único, que se introduce en el Libro II, Título VI, Párrafo XIV, De Crímenes y simples delitos contra la salud pública, del Código Penal. Ocupa el lugar del artículo 319A derogado por la ley Nº 17.934.
Los ilícitos que se tipifican dicen relación con el tráfico ilegal de residuos, que no ha podido ser combatido con la actual normativa, ya que las sanciones resultan insuficientes frente a las reiteradas infracciones.
Se estima que en el país se generan diariamente 7 mil toneladas de basura. El 75 por ciento proviene de la Región Metropolitana. Sólo en ella se han detectado 101 vertederos clandestinos, repartidos en 31 comunas, 78 en zonas urbanas y 23 en áreas rurales. Asimismo, se han detectado miles de microbasurales.
Durante el período en que el proyecto estuvo en la Comisión, se hizo un estudio acucioso del cual se da cuenta pormenorizada en el informe que obra en poder de los señores diputados.
El proyecto, en la forma que lo conoce hoy la honorable Cámara, fue aprobado por unanimidad en la Comisión, y se solicita a los señores diputados que procedan de la misma manera en esta oportunidad.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el proyecto establece una pena mayor a quienes operen y transporten residuos, tanto domiciliarios como tóxicos e industriales.
Esta es una práctica muy común en el país. Sin embargo, hasta ahora los municipios han demostrado una verdadera incapacidad para ejercer un adecuada fiscalización; es decir, los vertederos clandestinos funcionan al amparo o por la inacción de la autoridad.
El proyecto establece sanciones ejemplares para quienes operen o transporten basuras, desechos o residuos en vertederos ilegales. Hoy la responsabilidad recae en quien origina la basura o en quien la bota en un sitio no autorizado para ello. Además, introduce una sanción similar, presidio menor en sus grados mínimo a medio, para el que transporte, manipule, conduzca, traslade o deposite basura. Esto es muy importante, por cuanto la acción del servicio de Salud sólo se centra en el que opera, en el dueño o en el administrador del predio. La advertencia porque la sanción es para el que transporte basura, desechos o residuos debe ser tomada en cuenta por los transportistas, por los dueños de vehículos y, en definitiva, por quien, a veces en forma gratuita o de buena voluntad, transporte estos residuos.
En los vertederos hay una ilegalidad no sólo en los clandestinos e ilegales que pretende sancionar esta norma, sino que en los de rellenos sanitarios, que no cumplen la normativa vigente, es decir, el decreto supremo Nº 2.444, del Ministerio de Salud, que establece la obligación de que exista una distancia mínima entre estos depósitos y una casa o conjunto de casas. Además, no existe una legislación que sancione el depósito de residuos tóxicos peligrosos hospitalarios en los vertederos, ya que éstos sólo están autorizados para recibir residuos domiciliarios.
Por lo tanto, este proyecto aborda sólo una parte pequeña del problema. Sus autores entre ellos el diputado señor Alessandri, quien ahora lo reactivó buscábamos el accionar directo. Por cierto, la sanción la aplicarán los municipios y también Carabineros de Chile. 
Sin embargo, aumentar las penas como se señala en el proyecto y establecer claramente la tipificación del ilícito, no quiere decir que se cumpla lo establecido.
El proyecto establece mayor rigor en un instrumento jurídico que permite a los municipios actuar más fuertemente. Pero el problema de fondo subsiste, ya que sólo en la Región Metropolitana se han detectado 101 vertederos clandestinos, repartidos en más de 31 comunas: 78 ubicados en zonas urbanas y 23 en áreas rurales; asimismo, se han detectado potenciales áreas donde podrían instalarse otros.
Una resolución del Sesma de hace aproximadamente dos meses, determinó que el vertedero Lepanto no recibiera más residuos. Se cerró para más de 26 comunas que no forman parte de Emeres. Es un misterio el lugar donde se están depositando los residuos. Existe plena certeza de que están siendo llevados a lugares clandestinos y con el consentimiento, por supuesto, de los municipios, que tienen que cumplir la obligación de retirar la basura y de mantener la ciudad limpia, para lo cual requieren de un adecuado estilo, que hoy no existe.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero felicitar a mis colegas por esta moción, porque el tema es de extraordinaria vigencia e importancia para los municipios. Sin duda, además, los vertederos, si están cerca de sectores habitacionales, seguirán tocando fuertemente la salud de cada una de las personas que allí viven.
Se han cometido excesos e irregularidades manifiestas que perjudican especialmente a muchas comunas. En consecuencia, el tema de la basura debe ser tratado y analizado con mucha objetividad.
La iniciativa propone elevar en uno o dos grados la pena cuando las basuras o residuos fueren tóxicos, peligrosos, infecciosos, corrosivos, combustibles, inflamables o pusieren en grave peligro la salud de la población o el medio ambiente. Es decir, si sube en un grado, la pena puede llegar hasta cinco años de presidio; y si es en dos, hasta diez años de presidio.
Me he referido a este punto del informe, porque, desgraciadamente, la provincia de San Antonio, particularmente la comuna de Cartagena, ha sufrido las consecuencias del transporte de residuos peligrosos y tóxicos.
En el caso específico del puerto de San Antonio, hoy está desembarcando hacia el exterior 1 millón 300 mil toneladas de ácido sulfúrico. Si no se hubiera hecho presente o reclamado como ciudad puerto en defensa de la comunidad, habríamos tenido mayores dificultades, incluso, accidentes que lamentar. Gracias a Dios se impuso el criterio y se dieron órdenes estrictas a fin de que el transporte de dicho material sea vigilado en forma acuciosa y, sobre todo, controlado por la autoridad policial.
Me referiré a otros hechos relacionados con este proyecto que, sin duda, va a limitar los abusos que cometen ciertas personas que transportan elementos peligrosos y tóxicos.
Hace poco, residuos sólidos tóxicos y peligrosos específicamente desechos que bota la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, de Puente Alto fueron transportados desde Santiago para ser botados en la comuna de Cartagena. En el mismo vertedero se han depositado más de mil toneladas de plátanos en descomposición, y la mezcla de estos productos es de una tremenda peligrosidad.
Concedo una interrupción al diputado señor Silva.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Le queda un minuto de su intervención, señor diputado.
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Silva.
El señor SILVA.- Señora Presidenta, este proyecto establece sólo una pena: presidio menor en su grado mínimo para quien mantuviere, administrare u operare vertederos ilegales. También dispone que incurrirá en la misma sanción quien conduzca, traslade o deposite basura. Es decir, se le impone esta misma sanción incluso a la persona que deposita una bolsa de basura en el vertedero.
Uno de los temas que hemos discutido en la Cámara es precisamente la falta de concordancia entre la sanción y el acto penado, lo que lleva a los jueces a no aplicar la ley. De allí que la ley no surta el efecto perseguido.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Recupera el uso de la palabra el diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.- Señora Presidenta, quiero terminar mi exposición, a fin de que conteste, como corresponde, el diputado informante.
Quiero reiterar que la provincia de San Antonio ha estado recibiendo ilegalmente una serie de desechos tóxicos peligrosos y basura provenientes de otras regiones, y consideramos que ese solo hecho amerita las sanciones que establece este proyecto. 
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Diputado señor Alessandri, el diputado Exequiel Silva le formuló una pregunta. ¿Está en condiciones de responder ahora, o prefiere hacerlo más adelante?
El señor ALESSANDRI.- Señora Presidenta, prefiero contestar a continuación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor).- Señora Presidenta, estamos debatiendo un tema muy relevante para distintas comunas y provincias del país: los basurales que se instalan a orillas de los caminos, urbanos y rurales, y en distintos predios aledaños a las comunidades, hecho que hoy día no recibe ningún tipo de sanción, lo que permite que vayan creciendo y, por desgracia, multiplicándose.
Considero que, como país y sociedad, no hemos enfrentado en forma inteligente el problema de la basura y hemos ido generando estos basurales, en circunstancias que deberíamos tener vertederos que traten la basura, lo que permitiría no sólo mantener limpio nuestro medio ambiente, sino también producir mayor desarrollo, tal como ocurre en otros países.
La pregunta que debemos hacernos es si el proyecto en discusión resuelve el problema. En realidad, concuerdo con el diputado Navarro en cuanto a que aquí estamos atacando sólo una parte me temo que muy pequeña de las dificultades ocasionadas por los basurales clandestinos, mediante el establecimiento de una figura penal: a quien tenga un vertedero o traslade basura se le aplicará una determinada sanción.
Sin embargo, considero que estamos frente a una serie de otras figuras que no están consideradas en esta iniciativa. Por ejemplo, en la provincia de Biobío, que represento en esta Cámara, existe un basural en la comuna de Cabrero, autorizado por el servicio de Salud de esa provincia, pero no por la Comisión Regional del Medio Ambiente. De manera que el dueño de ese vertedero y las personas que depositan basura en él pueden argumentar ante los tribunales en el caso de que se establezca un procedimiento que fueron autorizados por una autoridad administrativa, la cual no aplicó el procedimiento contemplado en la ley ambiental. 
Pues bien, en la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico no considera la posibilidad de sancionar a esa autoridad que, en forma ilegal, autorizó la instalación de un vertedero y, por ende, evitar que siga funcionando. Por lo tanto, las autoridades ambientales de la región quedan en una situación de impotencia para cumplir las normas. Este proyecto de ley no resuelve esa situación que, además, se repite en otros lugares del país, en los cuales los servicios de salud, infringiendo las normas medioambientales, autorizan la instalación de vertederos.
En segundo lugar, veo como una objeción la pregunta formulada por el diputado Exequiel Silva. Aquí estamos frente a una única figura penal, que afecta al propietario del predio en el que se deposita basura, a los dueños de los camiones que transportan residuos en forma ilegal, pero que también puede afectar a las personas naturales que depositan una bolsa, un cajón o cualquier desecho en un vertedero ilegal. Al no existir una graduación, es decir, al no haber distintas penas, ocurrirá lo que siempre sucede en nuestros tribunales de justicia: los jueces evitarán aplicar sanciones, porque éstas pueden resultar desproporcionadas. 
Si bien la intención de los autores de la iniciativa y el informe que tenemos en nuestros escritorios apuntan en la dirección correcta, es necesario perfeccionarla de forma adecuada. Por ejemplo, ¿quién podrá ejercer esta acción? Por estar contemplada en el Código Penal, entiendo que se trata de una acción pública. Es decir, cualquiera persona podría formular una denuncia o presentar una querella ante los tribunales de justicia. Pero se sabe que cuando todos pueden iniciar una acción penal, al final nadie lo hace, porque no entregamos a una autoridad la facultad de representar a la comunidad. Considero que los municipios juegan un rol fundamental, porque sus autoridades saben lo que está pasando; sin embargo, en algunos casos, también son cómplices de la instalación de estos vertederos o basurales clandestinos, porque en determinado momento no tienen dónde depositar la basura.
A mi juicio, falta precisar mejor las normas, a fin de que tengamos una ley que responda adecuadamente al interés de las personas, en cuanto a que no existan basurales clandestinos. Lo que necesitamos es una ley que resuelva el problema del tratamiento de la basura en nuestras comunas y provincias. Con esta normativa avanzamos algo, pero no resolvemos en forma adecuada todos los problemas que hoy día vivimos en ellas.
Por lo tanto, considero que habría que reestudiar la iniciativa, a fin de perfeccionarla y responder así adecuadamente a los objetivos que sus autores tuvieron presente al momento de redactarla.
He dicho.
EL señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alessandri, a fin de que responda la pregunta formulada por el diputado Exequiel Silva.
El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me haré cargo de la consulta con el mayor agrado.
El diputado preguntó qué pasará con la gente que deposite sólo una bolsa de basura en esos microbasurales. Le respondo que será penalizada. 
Tal como señalé cuando lo informé, este proyecto es de antigua data. Fue iniciado por los diputados Acuña, Girardi y Navarro hace más de siete años, pero siempre surgió alguna razón para dejarlo pendiente y se dijo: “Considerando esto”, “teniendo en cuenta esto otro”, etcétera. Es un hecho muy conocido que lo mejor es enemigo de lo bueno, y durante un período muy largo no se hizo nada. Incluso, fue necesario desarchivarlo. Pero nos dicen que hay que buscar una solución integral, ocupamos años y años discutiendo eso y, mientras tanto, la basura invade los vecindarios. 
Diversas normativas contienen muchas disposiciones que quedan sin efecto, que no se aplican. Como lo señaló un distinguido colega, allí reside el meollo del asunto. Se señaló que el Código Sanitario debería establecer el reglamento respectivo. Pues bien, el reglamento todavía no se dicta, en circunstancias que el código existe hace muchos años. Entonces, si seguimos buscando un perfeccionismo tan absoluto y concreto, jamás vamos a echar a andar una eventual solución.
Por eso, los diputados autores de la iniciativa y quienes nos sumamos a ella la hemos defendido con tanto énfasis y calor, porque estamos convencidos de que hay que despacharla, y el día de mañana se podrá mejorar. Pero si continuamos con esta apatía, con este eterno no hacer nada, indudablemente no vamos a interpretar el sentir mayoritario de la gente que vive próxima a los vertederos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).- Señor Presidente, quiero recoger con mucha fuerza lo dicho, en particular, por los colegas Víctor Pérez y Alessandri, en cuanto a que falta una normativa esencial.
El artículo 78 del Código Sanitario establece que un reglamento fijará las condiciones de saneamiento, la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de los residuos sólidos. Y este reglamento jamás se ha dictado.
El Código Sanitario es el cuerpo legal con mayor cantidad de disposiciones relativas a la salud, como que tiene cerca de 28 reglamentos, pero le faltan varios, uno de los cuales es justamente éste.
Señala el código que corresponde a las municipalidades la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos, norma que se debe complementar, evidentemente, con el reglamento que menciona su artículo 78, a fin de que adquiera la debida consistencia.
Por lo tanto, solicito que se tomen todas las medidas necesarias, con el objeto de que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, cumpla con este importante deber legal de redactar el reglamento que señala el artículo 78 del Código Sanitario.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se adoptarán las medidas en los términos solicitados por su Señoría.
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, junto con concordar con las inquietudes planteadas por los señores parlamentarios, es válido señalar que la intención de los autores de la moción consiste en perfeccionar esta legislación. En efecto, como lo han señalado los diputados señores Patricio Cornejo y Víctor Pérez, no se han dictado algunas normas reglamentarias y queremos que eso se haga. Por su lado, la Comisión de Medio Ambiente también planteó la necesidad de dictarlas.
Por lo tanto, el objetivo del proyecto sin duda es importante, porque efectivamente hay situaciones que debimos asumir en el origen del proyecto, como es la falta de incentivos en la minimización y separación de los residuos. Creo que eso es relevante, porque acá entra a tallar todo lo que es el proceso cultural, de educación en la comunidad, que nosotros impulsamos.
También hay otra situación: el colapso de los grandes vertederos que hoy tienen autorización. Y ése sí es un problema mayor, respecto del cual desde ya se debe empezar a buscar una solución. Valga como explicación lo que sucede respecto de Lepanto y de otras situaciones existentes en la Región Metropolitana. Todo esto se complica porque las comunas pequeñas no cuentan con los recursos necesarios para hacer una elaboración tecnológica del tratamiento de la basura. 
Por lo tanto, voy a sumarme a la inquietud que ha planteado el diputado señor Víctor Pérez y a la posibilidad de que este proyecto se apruebe a la brevedad posible, porque es un paso importante para solucionar los problemas de los vertederos clandestinos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo destinado a Fácil Despacho.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no he presentado la indicación.
El señor MORA (Vicepresidente).- Entréguela a la Mesa, señor diputado.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Pido la palabra.
El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Me gustaría consultar si es posible votar este proyecto.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se me informa, por la Secretaría, que si hay unanimidad se puede votar.
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.- Le agradecería que, para la debida adopción de los acuerdos, la Mesa mirara a toda la Sala cuando pida la unanimidad. Creemos que no es necesario votar en esta oportunidad.
El señor MORA (Vicepresidente).- Señor Vilches, uno no tiene cualidades a fin de observar para todos los lados. Hice la consulta a requerimiento de diputados de todos los sectores.
Voy a reiterar la petición: ¿Hay unanimidad para votar el proyecto que aparece en Fácil Despacho?
No hay acuerdo.


VI. ORDEN DEL DÍA


NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Primer trámite constitucional.

El señor MORA (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la instalación de antenas de telefonía móvil.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas es el señor Juan Pablo Letelier.
Antecedentes:
Moción, boletín Nº 2532-15, sesión 9ª, en 4 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 13.
Informe de la Comisión de OO.PP., sesión 24ª, en 8 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 17.
El señor MORA (Vicepresidente).- Solicito a los señores diputados su autorización para que pueda ingresar a la Sala el señor subsecretario de Telecomunicaciones.
Le pediría al diputado señor Ibáñez que accediera a la solicitud, con el objeto de tratar un tema que a todos interesa.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, tengo el honor de informar acerca de un proyecto de ley, iniciado en moción patrocinada por los diputados señores Carlos Montes, Luis Pareto, presidente de la Comisión de Obras Públicas; René Manuel García, Gustavo Alessandri, Felipe Letelier, Jorge Ulloa, Exequiel Silva, Jaime Naranjo, la diputada Eliana Caraball y por quien les habla, cuya finalidad es solucionar un vacío de la legislación vigente.
Efectivamente, regula la instalación de las antenas de telefonía móvil correspondientes al servicio público, exigiendo a los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones el permiso previo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Asimismo propone modificar la ley general de Urbanismo y Construcciones, a fin de que se requiera, además, el permiso de la municipalidad respectiva.
Para su estudio, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Christian Nicolai; del jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría, señor Jaime Prado Berger, y del jefe del Departamento de Fiscalización de la misma, señor Juan Luis Pérez.
Invitados por la Comisión, asistieron, también, el presidente ejecutivo de la Asociación de Telefónicas Móviles, señor Guillermo Pickering de la Fuente, acompañado de los asesores técnicos de esa entidad, señores Marcial Santelices, Marcelo Maturana, y el encargado del Programa de Contaminación Atmosférica del Ministerio de Salud, señor Walter Folch.
En términos generales, el proyecto propone, como indicaba, llenar un vacío que existe en nuestra legislación. Actualmente, el procedimiento para aprobar las concesiones está en manos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la que le corresponde aprobar el proyecto técnico presentado por el peticionario. En términos genéricos, lo autoriza si existe espacio en el espectro electromagnético para prestar este servicio. Sin embargo, en relación con la instalación de antenas, hay un vacío legal que este proyecto pretende llenar.
Las municipalidades, de acuerdo con la legislación vigente, tienen la facultad de recibir información sobre instalaciones de telecomunicaciones, tales como antenas, torres y parabólicas construidas en el terreno incorporado a los edificios, pero no es tan claro que la tengan respecto de la instalación de antenas de telefonía móvil, y los instrumentos que tienen se relacionan con la paralización de cualquier obra en caso de que pudiera afectar ciertos parámetros de construcción.
El proyecto pretende hacerse cargo de los múltiples problemas que han afectado a la población durante los últimos años como consecuencia de la emergencia de la industria de telefonía móvil, de tanta importancia para el país. Durante los últimos cuatro años, hemos sido testigos de cómo el despliegue de esta industria ha implicado la instalación de antenas y estructuras metálicas en diferentes lugares, lo que ha generado conflictos, en particular en zonas cercanas a colegios, pues se presume que pueden generar daños a la salud, y en poblaciones, donde existe la percepción de que su instalación puede dañar el patrimonio y el paisaje de esas comunidades.
En atención a ello, se ha querido llenar un vacío legal y designar las autoridades que deben tomar conocimiento de cómo y cuándo se deben instalar esas antenas, de modo de evitar que el desarrollo de esta industria entre en conflicto con las comunidades locales. En tal sentido, el proyecto pretende regular un conflicto de intereses entablado entre una industria emergente, muy importante para el país, y los intereses de la comunidad, en particular de las comunidades locales, en cuyos espacios se ha instalado parte importante de las antenas de telefonía móvil.
El proyecto pretende establecer los siguientes criterios:
Primero, que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, responsable de autorizar las concesiones y servicios, tenga a la vista los proyectos antes de aprobarlos. La idea es que los proyectos técnicos que den cuenta del servicio, incluyan información sobre la instalación de las antenas, ubicación específica, cercanía a sectores poblacionales, existencia de antenas de iguales o similares características, etcétera. Además, el proyecto señala que en ningún caso podrá aprobarse un proyecto técnico si la Dirección de Obras Municipales deniega el permiso a que se refiere el artículo 116 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley general de Urbanismo y Construcciones. En tal sentido, el artículo 1º señala que las peticiones de un concesionario o de una persona interesada en el servicio, deben especificar la ubicación de las antenas en el proyecto técnico.
En seguida, la iniciativa señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 A, para la instalación de las antenas correspondientes al servicio público de telefonía móvil se requerirá de autorización otorgada por la Subsecretaría, la cual deberá pronunciarse dentro de un plazo definido. En ningún caso podrá conceder esa autorización cuando la Dirección de Obras Municipales hubiere denegado el permiso a que se refiere el citado artículo 116 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976. Es decir, en primer lugar, la empresa deberá identificar dónde emplazará las antenas y, en segundo lugar, se establece que la Subsecretaría será el organismo responsable de autorizar o no la instalación de antenas, para lo cual deberá tomar en cuenta antecedentes de naturaleza local, específicamente lo señalado en la ordenanza municipal que se emita para tal efecto.
El artículo 2º modifica el artículo 116 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, e incorpora el siguiente inciso: “También se requerirá de permiso para la instalación de las antenas correspondientes al servicio público de telefonía móvil. Una ordenanza especialmente dictada al efecto, que deberá ser aprobada por los dos tercios del concejo municipal, determinará los lugares específicos de instalación de las antenas, para lo cual deberá considerar criterios que resguarden la calidad de vida y el entorno urbanístico”. El criterio del artículo 2º es muy sencillo y consiste en consultar a la comunidad respecto de los lugares aptos para la instalación de antenas.
El artículo 3º introduce modificaciones al artículo 10 de la ley Nº 19.300, de Bases del Medio Ambiente. Es necesario señalar que al momento de aprobarse ese cuerpo legal, esta industria no mostraba el desarrollo actual. La idea es que los proyectos de concesión de telefonía móvil que involucran la instalación de una red de antenas a lo largo del país, sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental. Con todo, el proyecto no define si ellos deben someterse a un estudio o declaración de impacto ambiental. En todo caso, el propósito del artículo es llenar un vacío legal que se produjo como consecuencia de la expansión del servicio público de telefonía móvil, de modo que, como cualquier iniciativa pública o privada, estos proyectos se sometan a las normas generales establecidas en la ley de Bases del Medio Ambiente, con el objeto de mitigar el impacto ambiental generado por su desarrollo.
Por último, el artículo transitorio establece procedimientos y plazos para que las concesionarias de servicios de telefonía móvil se adecuen a la nueva normativa. De no cumplir con ellos, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 148 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976.
En resumen, el proyecto concede facultades para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones apruebe no sólo las concesiones, sino también la instalación de antenas, para lo cual los peticionarios deben incluir en los proyectos técnicos información sobre su ubicación. En seguida, modifica la ley de vivienda y urbanismo, con el objeto de que los directores de obra tengan la facultad de determinar los permisos factibles de conceder, para lo cual deberán tomar en consideración la opinión de las autoridades locales, en particular la del concejo municipal. Asimismo, el desarrollo de esta industria se adecua a los criterios establecidos en la ley de Bases del Medio Ambiente. Además, se consigna un artículo transitorio que establece plazos para que la industria de telefonía móvil se adecue a la nueva normativa.
Todos los artículos del proyecto fueron aprobados por unanimidad. La Comisión entendió que es necesario regular esta materia, por cuanto es menester mitigar el impacto negativo que genera esta industria sobre algunos sectores del país. Quiero ser claro en que no existe ánimo de deteriorar el desarrollo de la telefonía móvil; no obstante, al contrario de lo que ha sucedido en otros países, esta industria ha sido un tanto voraz en su proceder, poco amigable con la comunidad y ha generado conflictos en muchas localidades del país. En tal sentido, el proyecto pretende establecer un reglamento a fin de solucionar esos problemas. La idea es fijar criterios que apunten, por ejemplo, a compartir las mismas torres de instalación de antenas, no emplazarlas en las cercanías de colegios, y que la norma que dictó la Subsecretaría este año se complemente con otros resguardos, estudios y prácticas y, por último, que se tome en cuenta algo básico en democracia: consultar a las autoridades locales sobre cómo quieren el desarrollo de esta industria, de manera que el vacío de la ley no lo deje arcaico, desordenado y perjudicial para el objetivo colectivo.
Entendemos que el desarrollo de esta industria también está vinculado al de otras actividades, en particular a internet. Ninguno de los patrocinantes de la moción quiere frenar tal desarrollo, sino hacerlo armónico con los intereses urbanos y de salud de la comunidad.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Obras Públicas.
El señor CRUZ (Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, estamos regulando, tal vez, la industria más dinámica de los últimos diez años. De hecho, a principios de los años 90 la cantidad de aparatos celulares en el país no llegaba a 100 mil, y en este momento superamos con creces los dos millones. La industria ha crecido, en los últimos años, a una tasa promedio de 15 por ciento, a pesar de las importantes oscilaciones económicas. De hecho, este año, en que se pronostica un incremento del orden del 5 a 6 por ciento, dicha industria crecerá a tasas superiores a 15 por ciento. Esto ha llevado a que su participación en el producto interno bruto pase de 1,2 a 4 por ciento, lo cual constituye una demostración de cómo el país se ha ido adecuando al desarrollo de las tecnologías de la información y de cómo visualiza los desafíos de futuro.
Tal como decía el diputado señor Juan Pablo Letelier, la idea del Gobierno es promover la incorporación acelerada de Chile a las nuevas tecnologías de la información para participar activamente en los grandes desafíos de la globalización. En ese sentido, en su Mensaje del 21 de mayo, el Presidente de la República planteó un desafío de gran envergadura: la masificación del acceso a las tecnologías de última generación, como internet, y a los soportes que se requieren para hacerlas extensivas a lo largo y ancho de todo el país. Eso significa potenciar aún más la telefonía, en particular la modalidad inalámbrica, de manera de cubrir la geografía nacional sin necesidad de incurrir en grandes inversiones, como sería la telefonía alámbrica, que es la que predomina en la actualidad.
En estas condiciones, el tema de las antenas pasa a ser muy relevante. El crecimiento de esta industria ha significado que existan alrededor de 1.400 antenas localizadas. Si miramos hacia lo que sucederá en un futuro cercano, sin duda el número de antenas se incrementará en forma considerable.
Por lo tanto, en opinión del Ejecutivo, es necesario legislar al respecto y buscar distintas modalidades que permitan normar acerca de la ubicación de las antenas y del uso adecuado del espacio público para su localización. 
En ese sentido, manifestamos nuestra disposición a apoyar el proyecto en general, sin perjuicio de reservarnos algunas opiniones respecto del articulado en particular, que en algún momento nos gustaría discutir y precisar.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el informe de la secretaría de la Comisión, pues pocas veces se encuentran textos que, de manera sintética, expresen muy bien las exposiciones, el debate y los contenidos. Cualquiera que no haya estado presente durante el debate del tema puede imponerse cabalmente de él a través del informe. Felicito a la Secretaría por ello.
Como se ha dicho, las nuevas tecnologías producen nuevos problemas, y es fundamental enfrentarlos oportunamente. Nadie desconoce que los teléfonos celulares representan un gran avance para la humanidad y para el país. Hace 15 años, era inimaginable contar con estas tecnologías. Por lo tanto, ésa no es la discusión, sino que ella está centrada en los problemas que produce el progreso, con el objeto de mitigarlos o evitarlos.
En muchos lugares, la comunidad va reaccionando. Las empresas seducen con ciertos aportes a las organizaciones, les ofrecen recursos para lograr algunos progresos, o bien, llegan de noche y levantan sus antenas en terrenos comprados previamente. En el caso de La Florida, por ejemplo, los vecinos han cerrado los pasajes para evitar que se sigan instalando; el municipio ha puesto objeciones al uso de maquinaria pesada sin el permiso correspondiente, y se buscan distintas fórmulas para evitar que ellas proliferen como hasta ahora, porque la comunidad está reaccionando. Esto ocurre en distintas partes de Chile en forma cada vez más sostenida.
Aquí hay dos problemas: el primero, que las radiaciones electromagnéticas producen daños en la salud de las personas. Es una afirmación. Es cierto que hay debate al respecto, pero existen estudios que así lo señalan, y esas radiaciones serán mayores si la potencia de las antenas aumenta.
El segundo, que nuestras ciudades ven afectado el panorama urbano con las horribles antenas que se van levantando por todos lados. Como bien decía el ministro, el problema se agudizará en la medida en que aumente el uso de celulares. Un informe sobre la materia señala que, en Chile, en l989 había 4.886 aparatos; en l999 existían 2.260.000, y que a fines de 2000 llegaremos a 3 millones. Por lo tanto, sólo en el año 2000 aumentarán en 800 mil. Todo ello con una gran inversión, estimada en 800 millones de dólares el año pasado, y con bastante empleo: 40 mil personas.
Mientras más celulares, más antenas. Todos sabemos que el sistema funciona como una malla: en la medida en que hay más celulares, la malla debe achicarse para mejorar la cobertura. Cuando hay pocas antenas y muchos celulares se producen los problemas que hemos constatado: se cortan las comunicaciones, hay dificultades para operar, en fin. Por lo tanto, debe achicarse la malla.
Si no legislamos, si esto no se ordena y queda sujeto sólo a una autorización de la Superintendencia sin evaluar el impacto sobre la ciudad y adoptar medidas precisas respecto de la salud de las personas se pueden generar grandes dificultades a futuro. El ministro decía que hay l.400 antenas instaladas. Seguramente, se trata de datos de fines de l999, pero como se estima que en el año 2000 habrá 800 mil aparatos más, o sea, casi un 25 por ciento, también se incrementará en 25 por ciento el número de antenas por instalar.
Las normas dictadas por la Superintendencia resuelven una parte del problema, pero no el conjunto. Por eso es necesario legislar. Además, la tecnología que se usa en Chile no es la única que existe. En el caso mexicano, por ejemplo, la comunicación se hace vía satélite, sin la malla de antenas por toda la ciudad, pero es cierto que el satélite se saturó y que se está viendo la forma de ampliarlo. Por su parte, los italianos han creado formas que compatibilizan los soportes con el panorama urbano, mediante antenas que imitan árboles, como palmeras y otros, las cuales no sé por qué no han llegado al mercado chileno. Se trata de que las antenas no se vean, no afecten ni perjudiquen el panorama urbano, sino que lo enriquezcan.
El alcalde de Ñuñoa, señor Sabat, sobre la base de que ese municipio tenía una ordenanza muy vaga en materia de antenas, ha negociado con las empresas, particularmente con Entel, para ubicarlas en lugares en que ocasionen menor daño y con soportes que apoyen a la ciudad; concretamente, ha instalado un paraguas de luces, cuya parte superior tiene una antena muy corta. Un paraguas de luces ilumina zonas muy oscuras, que tienen distintos problemas y que están dentro de las celdas que la malla de los celulares requería. O sea, la tecnología que se está empleando en Chile no es la única; hay variantes y alternativas.
La discusión sobre el tema de la salud es un poco ambigua. El señor Guillermo Pickering nos ha dicho que la telefonía móvil no tiene efecto sobre la salud. En cierta forma, el subsecretario, señor Christian Nicolai, también nos dice eso. Pero los que tienen que demostrar las consecuencias son las personas que se han visto afectadas en su salud.
Parece ser de mínima lógica que quienes deben demostrar que la telefonía móvil no afecta a la salud son los que están invirtiendo en este nuevo negocio e implementando esta nueva tecnología.
Hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que dicen que esto produce leucemia, cáncer y tumores. Hay otros que dicen que las consecuencias sólo se podrían medir en treinta años.
Otros estudios, como uno que tengo acá, afirman que es necesario seguir estudiando el tema, porque el efecto no sería sólo a largo plazo, sino también a corto. Sostienen que recientes descubrimientos indican que la telefonía móvil y sus antenas causan cambios en la actividad cerebral, en los tiempos de reacción. O sea, que nos ponen más lentos y con un cerebro con problemas y que también altera los patrones de sueño. Quizás, esto puede explicar muchas cosas, pero no voy a entrar en detalles.
Voy a quedar hasta aquí con este estudio, porque es muy comprometedor. Hay alguna gente que lleva muchos años usando celulares.
(Risas).
En relación con lo urbano, porque no es sólo el tema de la salud, mucha gente no lo considera algo relevante. A la salida de Santiago, en la esquina de General Velásquez con Alameda, se observa una antena horrible, como si eso no fuera importante para una ciudad. Cuidar la ciudad tiene que ver con la cultura de ciudad; en definitiva, con la cultura ciudadana. Imagínense lo que es vivir inmediatamente al lado de una de estas antenas, que le echa a perder todo el barrio, todo el sector, todo lo que eso significa para mucha gente.
Nuestra mentalidad respecto de todo esto debe cambiar. Sin lugar a dudas, estamos con el progreso; pero lo único importante no son las ganancias, sino también el efecto sobre la salud de la población y sobre la ciudad.
En la actualidad, nuestras ciudades están llenas de torres de alta tensión, que también tienen un efecto muy negativo sobre la salud. En muchos países se impide que dichas torres pasen por lugares donde hay población, y se obliga a que la transmisión de alta tensión sea subterránea.
Cuando teníamos otro ingreso per cápita, no nos quedó otra cosa que la alta tensión fuera por superficie, sabiendo que provocaría daño; pero ya ha llegado el momento de que en Chile exista la norma de que toda transmisión de alta tensión sea subterránea, porque se conocen los daños que sus ondas causan en la salud de las personas. Necesitamos normas superiores.
Debemos sacar las antenas de los colegios. No puede ser que haya colegios que, en su interior, tengan antenas, como el colegio San Esteban y como en muchos más. ¿Por qué están instaladas? Porque constituyen un aporte de recursos a los colegios. Los niños están sometidos a los efectos negativos de las ondas electromagnéticas durante las clases. Es absurdo.
Nadie puede dormir a una distancia de dos o tres metros de las antenas instaladas, como está ocurriendo ahora, inmediatamente al lado de las casas.
Hay que compatibilizar la salud con el crecimiento del parque de antenas. Necesitamos nuevos estándares para que esto no provoque daños. Por eso, en el proyecto se ha consignado que la Superintendencia precise los estándares a medida que tengamos más conocimientos. En la actualidad hay determinados conocimientos sobre los efectos en la salud. Los municipios deben velar por que esto no dañe a la ciudad.
Votaremos a favor del proyecto que hemos presentado, porque creemos que es un aporte importante para regular un aspecto de un avance tecnológico que no puede seguir quedando en manos de decisiones individuales, sino que debemos velar por el interés de toda la ciudad.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, todos los diputados de la Comisión coincidimos en que nadie está en contra del desarrollo. Tan cierto es esto que llevo ya como “decano” 11 años en la Comisión y que cuando elaboramos la primera ley de comunicaciones, no tomamos en cuenta los celulares, porque había 30 mil, 40 mil o 50 mil. Entonces, dijimos que esto era un hecho raro y que en Chile nunca llegaríamos a tener esta telefonía, en circunstancias que hoy se calcula que, a fines de este año, será más que la telefonía fija, lo que nos alegra mucho.
El proyecto no se contrapone con el desarrollo del país, con las comunicaciones, con las empresas que dan trabajo, pues es sólo un ordenamiento.
Tanto es así, señor ministro, que usted manifestó que el Ministerio se guardaría algunas cosas. Quiero decir lo mismo que el ejecutivo señor Pickering que usted conoce muy bien, un señor que fue subsecretario, que transpira mucho y que hoy, como abogado, está defendiendo a las empresas telefónicas. Ahí el diputado señor Pareto tuvo una gran pelea con él.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se suspende la sesión. 
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Puede continuar con el uso de la palabra el honorable diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, también quiero aclarar lo que decía el señor Guillermo Pickering, quien como expresé, tuvo un altercado muy duro con el presidente de la Comisión, diputado señor Pareto.
Quiero coincidir en que las empresas no han violado ni un centímetro de la ley ¡ni uno! en todas sus instalaciones de antenas, ya que hay que ser honestos sobre esto. Pero cuando uno analiza un proyecto, justamente quiere reparar algunas anomalías que, a juicio de la Comisión y de los señores diputados patrocinantes del proyecto, sí lo son. No estoy diciendo que las empresas hayan actuado en forma ilegal, porque eso sería una mentira. En verdad, las antenas están puestas con todas las autorizaciones. 
Sin embargo, quiero referirme a las autorizaciones. Como requisitos para instalar una antena que aparecen en la página 9 del informe se señalan los siguientes: “2) acompañar los respectivos planes de instalación; 3) demostrar que cuentan con las aprobaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y 4) ceñirse a los distanciamientos exigidos por la misma Ordenanza”. Además, aquí viene la parte buena: “1) dar aviso previo de instalación a la Dirección de Obras Municipales”.
¿Qué significa esto? Que, cuando cumplen todos los requisitos, basta con dar un aviso a la municipalidad, diciéndole que se va a poner una antena en tal parte, sin que ella tenga ninguna facultad para negociar ni para decir: “Que me van a liquidar este barrio, que este es un plan de expansión, que es un área que queremos proteger”, en fin. Ese es el problema: que las municipalidades tengan algo que decir en estas instalaciones.
El diputado señor Montes decía que el señor Pedro Sabat, alcalde de Ñuñoa, ha negociado porque ha tenido la voluntad, pero también porque la empresa ha querido participar. Sin embargo, bastaba con que la empresa dijera: “Oiga, voy a poner la antena en tal parte”, y nadie podía impedir colocarla, sin tomar en cuenta a la municipalidad, que es el órgano rector de la comuna y que tiene que administrar para que todas las comunas estén mejor dentro de sus posibilidades. Además, las empresas no pagan ningún permiso, nada.
También hay otro dato curioso. Los honorables diputados aquí podrían decirme, por nombrar una zona, que en Providencia no hay antenas, en circunstancias que, curiosamente, es la comuna que más antenas tiene dentro del gran Santiago. En verdad, no se ven. ¿Cómo lo han hecho? Han ahorrado los fierros y los andamios, pues han logrado que se pongan antenas en ciertos edificios, mediante convenios, que ayudan a pagar los gastos comunes y ocupan los techos, sin molestar ni contaminar el ambiente. Allí tenemos otra solución que se ha aplicado en la comuna de Providencia.
Otra cosa. Dicen aquí que se pueden presentar recursos de protección. ¿Cuánta gente tiene acceso a comprar los diarios y ver lo que va a pasar con estas antenas? El ejemplo más claro fue cuando se quiso poner una antena en La Dehesa, única municipalidad que ha ganado el juicio a las empresas, y no la pusieron allí. Me pregunto si la gente de Conchalí, de Cerro Navia o de cualquiera municipalidad pobre va a tener los recursos para contratar abogados, ver los diarios y denunciar que van a liquidar el barrio. Esos son los problemas que queremos ver. 
Habría que ser obtuso para oponerse al desarrollo que las empresas han dado, con 40 mil empleos, sobre todo si se considera que se necesitan en las zonas rurales. Por ejemplo, proponíamos alternativas dentro de este contexto. Gran parte del cerro Santa Lucía o del cerro San Cristóbal de uno de ellos, de Santiago, es del Serviu o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y allí puede darse una concesión para instalar antenas, a fin de ver cómo se va copando, para ir ordenando. 
No es que el proyecto sea discriminatorio o que queramos liquidar a la empresa. Sería un absurdo. Desde el Presidente de la República hasta todos los parlamentarios, estamos quejándonos de la cesantía y ojalá tengamos mucha creación de empleos; de modo que no podemos ir coartando los propósitos de estas empresas.
El ministro decía que nos guardáramos algunas aprensiones. ¡Démosle, a lo mejor, más posibilidades a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y que podamos regular con cosas innovadoras! También, preguntando a las municipalidades. A lo mejor, van a decir que están involucradas todas porque, cual más, cual menos, todas tienen antenas. Entonces, busquemos algún mecanismo para poder centrar esta fuerza en lo que estamos proponiendo como proyecto.
También, cuando se habla de la salud, aquí han coincidido todas las opiniones en que los estudios al respecto son recientes y el proyecto así lo estima; y cuando examinamos ese tema, decimos que son incipientes los estudios que hay sobre la materia, porque recién se está viendo el problema. Ojalá no tengamos que lamentar en veinte años más que no nos hayamos preocupado de que las antenas tenían radiación; pero, efectivamente, hoy eso no se conoce. A lo mejor, es mucho más preocupante el tema de la avenida Cuarto Centenario, de Santiago, donde los cables de alto voltaje pasan por encima de las casas. También podría ser un tema en discusión.
Entonces, se trata de un ordenamiento; no estamos contra las empresas.
Sin embargo, tengo una duda respecto del proyecto, del cual soy coautor, junto con el diputado señor Juan Pablo Letelier, y quiero ser muy honesto. Se trata del artículo transitorio. Estudiándolo más a fondo, tengo una aprensión. No sé si tendremos facultades, como parlamentarios, para elaborar un proyecto de ley con efecto retroactivo, vale decir, respecto de las antenas que ya cumplen todos los requisitos; con todo lo que se ha dicho y con todas las presentaciones que se han hecho, si tenemos facultades para decir: “está bien; pero dentro de un año, usted me las retira”. Creo que mover 1.400 antenas dentro del país, suponiendo que sean 800 urbanas, implica un costo sideral, y capaz que no se pueda realizar. Por lo tanto, tengo dudas respecto de la constitucionalidad del artículo transitorio, en cuanto a determinar si los parlamentarios tenemos facultades para legislar con efecto retroactivo.
En consecuencia, quiero ser muy honesto. No es en ningún caso un ataque a las empresas; en ningún caso queremos coartar la telefonía móvil; en ningún caso deseamos poner en jaque a las compañías o que tengan gastos desmedidos, y, en ningún caso, que estas empresas se vean en la necesidad de disminuir personal. Lo que buscamos es una armonía perfecta entre la municipalidad y la Subtel que, lógicamente, debería ser la que mayores facultades tuviera la materia es de su competencia, para dar una solución concreta a estos problemas.
Me gustaría que la Mesa, por su intermedio, se pronunciara sobre el artículo transitorio, que es mi única duda; y como muy bien ha dicho el señor ministro y coincido plenamente con él este no es un proyecto menor, desde el punto de vista de poner una antena y se arregla aquí. No es así. Pero ya estamos en el camino correcto de dar una solución a este problema, que tanto ha preocupado a la gente, de que, cuando se instala una antena, se le desvaloriza su terreno.
El diputado señor Hales decía muy bien, en privado, que no se toman en cuenta las rasantes que debieran considerarse ni el temor que siente la gente al ver este monstruo instalado al lado de su casa. ¡Muy bien! Él es arquitecto y entiende perfectamente los temas de que estamos hablando. Así que le agradezco que me haya hecho ver estas situaciones, porque no podemos siempre ser dueños de la verdad ni de la razón.
El fondo es ése y quiero que así se tome en cuenta; y no me voy a referir a otros temas porque los demás colegas integrantes de la Comisión también van a hablar, como otros que, aunque no lo son, entienden el problema.
Insisto en dejar en claro que nuestra postura no es en ningún caso la de coartar la libertad de las empresas, sino que se ordenen.
Hoy, que estamos en campañas electorales municipales, se aduce, de uno u otro lado, que, gracias a los alcaldes, se colocan estas antenas, que perjudican a la gente, en las comunas, cuando en verdad, hay que ser honestos y decir, aquí, fuerte y claro, que las municipalidades no tienen ninguna facultad para impedirlo; y tan cierto es esto que el primer requisito consiste en dar aviso previo de la instalación a la Dirección de Obras Municipales, cuando se han cumplido los otros requisitos; pero la municipalidad no puede decir si se instalan o no se instalan, sino sólo tomar conocimiento de que las antenas se van a instalar y punto.
Por lo tanto, me gustaría que, antes de seguir adelante, se aclarara mi duda respecto de la constitucionalidad del artículo transitorio. Los otros artículos, indudablemente, los voy a votar a favor.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Oportunamente, la Mesa se pronunciará sobre la solicitud planteada por su Señoría. Recuerdo a la Sala que estamos en la discusión general del proyecto, y cuando nos aboquemos a la discusión en particular, la Mesa tendrá una posición al respecto.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en primer lugar, como ha sido mi norma durante estos diez años y seis meses en que soy representante popular por Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, siempre he aprobado la idea de legislar sobre las mociones, y hoy nos encontramos con una muy buena presentada por los colegas señores Juan Pablo Letelier, Luis Pareto, Carlos Montes, René Manuel García, Gustavo Alessandri, Felipe Letelier, Jorge Ulloa, Exequiel Silva, Jaime Naranjo y Eliana Caraball. Como representantes populares, estamos en el camino correcto: preocuparnos de temas que no se visualizaron en el momento oportuno.
Pero también quiero ser muy claro y preciso en este tema.
Hace algunos días aprobamos en general el proyecto de ley que permite la continuación del fondo de desarrollo de las telecomunicaciones. Ahí hicimos historia de la ley de telecomunicaciones AAA, publicada el 10 de marzo de 1994, que creó, entre otros, el multicarrier, y en Chile, prácticamente, la telefonía fija se transformó en un consumo básico más, a nivel de la luz eléctrica o del agua potable, entre sus habitantes.
Ahora, este proyecto de ley tiene por objeto regular la instalación de antenas correspondientes al servicio público de telefonía móvil modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones, de 1976, y, además, la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones, de 1982. La Subsecretaría de Telecomunicaciones fue creada en 1977.
La legislación sobre telecomunicaciones está contenida repito en la ley Nº 18.168, de 1982. En ese tiempo no se conocía en Chile el teléfono celular; solamente empezó a aparecer en 1989, y, según se señaló, no había más de cinco mil suscriptores. ¿Cuál fue el efecto de la ley de telecomunicaciones AAA y de las ordenanzas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones? Un aumento increíble de suscriptores, que en 1999 alcanzaron a casi 2.300.000, entre los que nos encontramos los 120 diputados. La proyección para diciembre de este año indica que se llegará a los 3 millones.
El ministro dijo y lo han expresado varios diputados que me antecedieron en el uso de la palabra que el sector que ha hecho más inversión en Chile es, precisamente, la actividad de telecomunicaciones. En su informe explícito, el secretario de la Comisión recuerda que, en 1999, se invirtieron 800 millones de dólares en telefonía móvil, lo cual ha significado para el país alrededor de 40 mil empleos directos. Me interesa mantener esa inversión. Tenemos el gran drama de la cesantía. Seamos capaces de legislar dando señales precisas de que el país necesita mayor inversión para generar más empleos.
Por eso, creo que también hay que ser objetivo sobre este tema. Quiero recordar lo siguiente:
Muchas veces, a los funcionarios públicos sólo se les reconoce lo malo y se olvidan sus cualidades y fortalezas. Cuando el subsecretario de Telecomunicaciones lamentablemente, no puede estar aquí por circunstancias internas de la Corporación asumió, se reunió inmediatamente con los ministros de Salud y de Vivienda y Urbanismo para trabajar en la autorización de la telefonía móvil. El 8 de mayo de este año se publicó en el Diario Oficial la resolución Nº 505, que fijó las normas técnicas sobre requisitos de seguridad aplicables a las instalaciones del servicio de telecomunicaciones que generan ondas electromagnéticas. Es decir, antes de dos meses, desde que asumió el actual subsecretario de Telecomunicaciones, se dictó esta normativa para responder a las inquietudes del propio Gobierno, de los parlamentarios, de los concejales, de los alcaldes, de la ciudadanía y de la opinión pública en general.
Además, quiero recordar que, desde 1982, todas las empresas de telecomunicaciones, las concesionarias de servicios intermedios y las que representan a esta actividad, han actuado como corresponde, dentro del marco legal que existe en Chile, y no en forma arbitraria como se da a entender en algunos casos. No es cierto que se haya pasado por alto el pronunciamiento de alguna municipalidad, puesto que es la ley la que establece el procedimiento para el otorgamiento de concesiones en lo relativo a las actuaciones municipales. La ley general de Urbanismo y Construcciones hace referencia a la distancia que debe cumplirse en la instalación.
En consecuencia, tanto las empresas como el Estado, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se han ajustado estrictamente a la legislación vigente.
En ese aspecto, quiero recordar otros antecedentes. Cuando en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones expuso el profesional a cargo de la Subsecretaría, señor Christian Nicolai, hizo presente que las exigencias requeridas en los Estados Unidos para la protección contra la radiación no ionizante son más bajas que en Chile. Por eso, es importante que todos los parlamentarios demos una señal con el fin de que las inversiones sigan. No hay que detenerlas.
El ministro expresó que en Chile hay alrededor de 1.800 antenas; que 600 están instaladas en la región Metropolitana, de las cuales 109 pertenecen a la comuna de Santiago, que tiene el mayor número de antenas del país. Añadió que, en los próximos años, las compañías de telecomunicaciones proyectan aumentar a 4.000 las 1.800 antenas existentes, lo cual significará una inversión que será bienvenida.
Por eso, es conveniente aprobar, sin discusión, la idea de legislar; pero dejando en claro que para el otorgamiento de la concesión se requiere de la presentación de un proyecto técnico que debe ser aprobado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Además de eso, autorizará la publicación de un extracto con el fin de que puedan oponerse quienes sientan afectados sus intereses. Si la oposición es rechazada, el interesado puede recurrir a la corte de apelaciones para que resuelva en definitiva.
Es cierto lo expresado por algunos colegas: nuestros pobladores muchas veces no ven el extracto. Pero aquí debemos cumplir nuestro rol los representantes populares, los concejales, los alcaldes, los diputados, los senadores. Como poder autónomo independiente del Estado, donde se hacen las leyes, una de nuestras preocupaciones debería ser eso.
Por otro lado, sería excelente aprobar en general la idea de legislar. Con algunos parlamentarios, hemos presentado indicaciones para mejorar el proyecto, compuesto por pocos artículos, pero en los cuales nos interesa hacer claridad en algunos temas. Por ejemplo, hemos propuesto una indicación a la letra a) del artículo 2º para intercalar, entre la expresión “antenas correspondientes al servicio público de telefonía móvil” y el punto seguido (.), la siguiente frase: “dentro del radio urbano de la comuna respectiva”. Con esta indicación se pretende aclarar que la regulación que se introduce sólo afecta las instalaciones que deben ubicarse en las zonas urbanas de las comunas respectivas. En consecuencia, se excluyen las áreas rurales para incentivar la instalación de este tipo de infraestructura pública en tales lugares.
Estimamos que en las zonas excluidas del desarrollo urbano de las poblaciones, este tipo de elementos no trae aparejados los inconvenientes o dificultades que presenta para los sectores densamente poblados.
En cuanto al artículo transitorio, expuesto por el colega René Manuel García, creo que hay un problema constitucional, porque el artículo 148 de la ley de Urbanismo establece causales de demolición como sanción al incumplimiento de la normativa urbanística vigente al ejecutarse determinadas obras.
Las antenas existentes hoy han sido instaladas correcta y legítimamente, al amparo de la vigencia de una normativa legal y reglamentaria que las permite, y con pleno cumplimiento de dichas reglas. Si no han incurrido en infracción alguna al ejecutarse, no procede sancionar con efecto retroactivo.
Con el mismo criterio, si se construyeran viviendas o edificios bajo un determinado régimen legal de zonificación o altura que luego se modifica, cabría concluir que los residentes debieran adecuar sus casas o departamentos bajo amenaza de demolerlos si no cumplen en el plazo. Es una conclusión que no resiste argumentación a favor.
La destrucción o demolición de algunas instalaciones de telecomunicaciones podría configurar una verdadera expropiación de las concesiones otorgadas y de lo construido para su funcionamiento, además de un perjuicio increíble en los avanzados servicios de telefonía que, por las inversiones efectuadas en los últimos años, exhibe a Chile como un ejemplo a nivel latinoamericano.
Por otra parte y a fin de perfeccionar la iniciativa, también hemos presentado indicación al artículo 2º para aclarar que a la autoridad edilicia sólo le corresponde determinar zonas específicas que quedarán excluidas para la instalación de las antenas que regulará el precepto. Ello corrige la norma propuesta, concordante, que impone que la regla sea permitir la actividad económica, y, sólo por excepción, restringirla o limitarla.
Por último, presentamos indicación para reemplazar, en el artículo 3º, la expresión “telefonía móvil” por la frase “servicios de telecomunicaciones del artículo 3º de la ley 18.168”. Ello se debe a que el proyecto, sin discusión, demuestra la preocupación de los colegas parlamentarios por los eventuales efectos que pudieran producir en la población o en el medio ambiente las ondas electromagnéticas de los equipos de transmisión de telecomunicaciones.
Consistente con este propósito, resulta necesario incluir la totalidad de los restantes servicios de telecomunicaciones, tanto de uso civil como militar, que mantienen en la actualidad este tipo de elementos técnicos y que, según se manifestó en la discusión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, generarían aun una mayor potencia que las antenas de telefonía móvil.
Para abordar una solución integral al problema planteado y evitar posibles reparos de constitucionalidad del proyecto derivado de la discriminación que supone incluir sólo una de las concesiones que opera en este tipo de instalaciones de transmisión, vale decir, la telefonía móvil, proponemos esta indicación.
Con el reconocimiento a los colegas autores de la iniciativa por su preocupación, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar, pero creo que debería volver a la Comisión para su perfeccionamiento.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, es tan grande la mirada de menosprecio que hemos ido instalando respecto de la belleza, que, para poder argumentar en contra de las antenas, se tiene que utilizar el argumento del atentado a la salud, por cuanto se supondría que atentar contra la hermosura no tendría el mismo valor que atentar contra otros derechos, y es tan grande el menosprecio y la mirada de segundo orden que hay hacia el derecho de vivir en un ambiente urbano hermoso, bello, armonioso, proporcionado, que no existen los argumentos favorables para decir que eso debe defenderse y, por lo tanto, lo que debería defenderse serían estrictamente los daños al funcionamiento del cuerpo humano, y no a su percepción de la armonía.
Lo absurdo de esto es que, más bien, representa un retroceso en el transcurso de la humanidad, porque en realidad en los anteriores quinientos años, el ser humano, si hay algo que fue construyendo a partir de la cultura, fue la idea de ir conquistando un mundo cada vez más hermoso, más lleno de belleza y donde sus ciudades, sus viviendas y su entorno pudiera estar cada vez más cercano a la hermosura que la propia naturaleza le había entregado como orden. Pero se ha retrocedido al punto de que, si se entrega como argumento la necesidad de vivir en un espacio hermoso, éste no se considera suficiente y se hace necesario descubrir, a la desproporción de las antenas, una desproporción en la fisiología del ser humano y no en su deseo de vivir en armonía con la naturaleza o con su entorno.
En verdad, existe un verdadero agnosticismo estético, como si la estética no pudiese ser conocida. La belleza sería despreciable, porque no sería medible ni cuantificable. Para algunos la belleza es la verdad, y, para otros, la verdad es sólo la ciencia. Para algunos la belleza es Dios, porque Dios sería la verdad.
En realidad, la belleza es cuantificable y medible y también es medible su relación con el orden universal. Esto no es una novedad del siglo XXI, aun cuando el mundo de hoy debería aproximarse pareciera ser así en los países civilizados cada vez más a la idea de un mundo armonioso, ordenado, donde el afecto, la intuición y la belleza comiencen a primar como una necesidad del ser humano. Es curioso el menosprecio que tenemos hacia esto, porque cuando el ser humano se ordena en el día a día busca ordenarse con la belleza.
Una persona reclama al observar que en frente o al lado de su casa el vecino coloca un objeto que afea su inmueble. Hoy no tiene derecho a reclamar ante algo tan desproporcionado como una antena que se alza entre 35 y 70 metros de altura. Si le afean su entorno subiendo la pandereta 25 centímetros, está consagrado su derecho a decir que quiere un ambiente de hermosura y que no acepta que le suban la pandereta; sin embargo, hay quienes argumentan, frente al adefesio de una antena que se instala en el jardín del vecino, que podría quedar consagrado el derecho de esa empresa a instalarla con completo desprecio de la armonía.
Cuando el matemático Luca Pacioli investigaba el “Tratado de las proporciones” de Durero, allá por los años del Renacimiento, descubrió que la relación que existía entre los objetos bellos se debía a los griegos. Así, en los años 1500, cuando quisieron conocer lo que habían hecho los hombres 500 años antes de Cristo, mil años antes de los renacentistas, descubrieron que la obra de los griegos perduraba a través de la historia de la humanidad e inclusive hasta hoy, porque las proporciones en que habían diseñado y construido sus obras eran parecidas al orden natural.
Cuando fray Luca Pacioli hace este descubrimiento, dice que el valor no es sólo de los griegos, sino que es inevitable en el ser humano, porque éste nunca será capaz de producir más belleza que la que el ser humano aprende de Dios, y lo aprende mirando el orden natural, es decir, la naturaleza, que Pacioli llama la “divina proporcione” y Da Vinci, la “sección áurea”.
Si se divide el largo del Partenón por su alto, curiosamente va a dar el número matemático 1,618; si se divide un cuerpo proporcionado, a partir de la raíz del cabello hasta sus pies, dividido por el factor del ombligo, encontrará el mismo número 1,618, y si observa sus manos, si son proporcionadas, señor Presidente, encontrará entre las partes de sus dedos el mismo 1,618 que puede encontrar en una estatua griega, en un ánfora, en un jarro o en la fachada del Partenón.
La proporción se descubre en el 1500. Es decir, pudieron transformar en aritmética lo que estaba plasmado en una geometría del diseño; o sea, la belleza podía ser cuantificada. Sin embargo, a pesar de que lo había escrito también Vignola, Bárbaro, el patriarca de Aquilea; a pesar de todos los volúmenes desde la anomónica, la catóptrica, la escenografía hidraúlica del padre Kircher; a pesar de todo lo que ha dicho Kepler y de todo lo que se ha establecido, hoy se da el absurdo de que cuando se tiene una casa habitación, cuando se ha querido buscar las proporciones al construirla, cuando se han preocupado del parrón, del árbol, del macetero, del jardín, de la pintura de la fachada, de pronto, un artefacto extraño irrumpe y desproporciona completamente todo trazado urbano y de vivienda y atenta contra la proporción instalada nada menos que en el orden con que la naturaleza marcó los ángulos de las hojas, las proporciones del cuerpo humano, las proporciones del orden que los renacentistas llamaron divino. Hoy, la mano del hombre parece no respetar la cultura. Bien hacía Da Vinci al llamar número de oro al 1,618.
Mal hace la legislación si al aplicar la ordenanza general de Construcciones no se atiene al rigor de mantener una estética de proporción. El derecho de vivir en un ambiente urbano hermoso es inseparable del progreso. Quiero que haya progreso, pero no se ha cumplido la ley, no se ha cumplido la ordenanza. Apoyo el proyecto, y vamos a legislar porque debemos elevar a rango legal la responsabilidad de los directores de obras de hacer cumplir las normas mínimas vigentes. El propio artículo 2.6.3 de la Ordenanza lo señala con toda claridad al decir que las instalaciones de telecomunicaciones, tales como antenas, torres y parábolas, construidas sobre el terreno o incorporadas a los edificios, deberán cumplir con los distanciamientos exigidos en el presente artículo. Incluso agrega que deberán considerarse para estos efectos como si la antena fuese una fachada sin vano.
En mi opinión, debemos agregar a la idea de legislar para cumplir exactamente con lo que se quiere plantear en las ordenanzas especiales o para las diligencias del permiso de edificación que necesitan estas antenas, una concordancia con las disposiciones de la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones. 
De esta manera va a suceder, como esto ya está estudiado, que entre la Primera y la Tercera regiones del país habrá que tener una rasante de 80 grados; entre la Cuarta y la Novena regiones, una rasante de 70 grados, y entre la Décima y la Duodécima regiones, una rasante de 60. En términos sencillos, a partir de esta fórmula se podrá descubrir exactamente a qué distancia debe estar una antena y la altura máxima que podrá alcanzar.
Por ejemplo, si se tiene que determinar en Santiago, Región Metropolitana, una rasante de 70 grados, simplemente se debe aplicar la fórmula de la tangente trigonométrica del ángulo respectivo, y para determinar la altura máxima, multiplicar la tangente de 70 grados por el distanciamiento. ¿Cuáles son éstos? 4 metros, si se considera que la antena tiene tres pisos, y 4 metros, también, si se la considera como una fachada sin vano. Es decir, si tiene tres o más pisos se mantienen los cuatro metros de distancia, se aplica el ángulo y se va alejando hasta quedar dentro de la rasante.
Discrepo con quienes dicen que no se ha cumplido la ley. 
Ruego reservarme el tiempo de mi segundo discurso, señor Presidente.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, a las 13.20 horas termina el Orden del Día; por lo tanto, su discurso quedará pendiente para la próxima sesión. Haré un planteamiento a la Sala al respecto.
El señor HALES.- Señor Presidente, quiero pedir unos minutos no he terminado mis dos discursos para defender el proyecto y entregar mi indicación.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, reglamentariamente su discurso debe continuar en la próxima sesión, salvo acuerdo unánime de la Sala.
El señor HALES.- Señor Presidente, ¿podría pedir el acuerdo de la Sala para que me dé unos seis minutos?
El señor LEÓN (Vicepresidente).- No hay acuerdo, señor diputado.
El señor HALES.- Entonces, terminaré en un par de minutos. Le pido que me inscriba para la próxima sesión.
Estaba diciendo que no se han cumplido la ley ni la ordenanza. Sin embargo, nunca les hemos dicho a quienes deben cumplir las normas que regulan la instalación de antenas que queremos inventar una disposición que los obligue a obedecer una ley con efecto retroactivo, sino que deben cumplir con la normativa vigente al momento de instalar la antena, porque en ese instante todo estaba normado en forma detallada. 
No puedo argumentar que las antenas hacen daño a la salud, porque no lo sé ni lo entiendo. Es probable que la afecten, pero también podrían afectar la belleza que el ser humano ha tratado de construir durante toda su vida para obtener una vivienda. Piensen en lo que debe haber significado para los vecinos del barrio oriente de Santiago con buenos recursos y muchos contactos, el que se haya conseguido sacar la antena en menos de 24 horas. Si una persona, durante muchos años, está preocupada de ver crecer un árbol en el jardín de su casa, no le gustaría que el día menos pensado, entre gallos y medianoche, aparezcan setenta metros de estructura. Y como si esto fuera poco, la belleza no fuera apreciable y el valor de la hermosura no fuera un derecho humano de las personas, está, además, el sentimiento de riesgo.
¿Saben lo que significa vivir en una casa habitación que tiene al lado una estructura metálica de 70 metros de altura, la cual, por muy bien calculada que esté, provoca una sensación de riesgo? De allí la necesidad de buscar a la gente un ambiente seguro, calmo y ordenado; de lo contrario, habría que tirar a la basura todas las normas sobre distancia, alturas y ordenamientos fijados por la Ordenanza General de Construcciones y los 170 artículos de la ley de Urbanismo y Construcciones. Incluso, si retrocediéramos a los tiempos más primitivos, veríamos que 500 años antes de Cristo, el ser humano fue capaz de estructurar su forma de vivir y de ordenar sus ciudades.
Como la discusión del proyecto continuará en la próxima sesión, en esa oportunidad terminaré con los minutos reglamentarios de mis dos discursos.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Informo a la Sala que ha concluido el Orden del Día. Sin embargo, como hay gran cantidad de diputados inscritos, solicito el acuerdo unánime de la Sala para insertar sus discursos.
El señor ALESSANDRI.- No.
El señor RINCÓN.- No.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Informo a la Sala que el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ha señalado que, dada la importancia del proyecto, el Gobierno lo incorporará en la legislatura extraordinaria.


VII. PROYECTOS DE ACUERDO


RECHAZO A ERECCIÓN DE UN MONUMENTO AL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AUGUSTO PINOCHET UGARTE. (Continuación).

El señor LEÓN (Vicepresidente).- Recuerdo a la Sala que quedan cuatro minutos para hablar en contra del proyecto de acuerdo Nº 464.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, el Congreso Nacional ha hecho grandes esfuerzos para que Chile se reconcilie. Tan cierto es que el Senado suprimió el feriado del 11 de septiembre y, en su reemplazo, se fijó como Día de la Reconciliación Nacional el 4 de septiembre; pero ninguna de las dos cosas ha funcionado. Hoy la Cámara quiere suprimir el feriado del día 4, porque tampoco ha habido reconciliación.
El proyecto de acuerdo, por el cual se rechaza la erección de un monumento al ex general señor Augusto Pinochet en la comuna de Puerto Cisnes, Undécima Región, es una falta de respeto a la unidad que ha reglado esta Corporación.
Cuando se le pidió a la Oposición que aprobara la erección de un monumento al ex Presidente de la República Salvador Allende, ésta accedió y votó a favor, porque significaba un gesto de reconciliación. La Derecha en la cual me incluyo a gran honor votó a favor del proyecto, pero parece que ahora hay que pegarle con la puerta a todo lo que se relacione con el general Pinochet.
En muchas oportunidades, he dicho que hay líderes de uno y otro lado y que también han tratado de reconocer sus errores. Pero la Cámara de Diputados no puede cometer errores en este sentido, porque es una Corporación política. 
Todos, sin importar su color político, tienen derecho a erigir un monumento a la persona que consideran que ha sido útil al país y en la cual han creído, da lo mismo del lado que sea, porque ésa es la verdadera democracia. No impidamos con un proyecto de acuerdo lo que se hará de igual forma, porque basta con pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacionales para tener la autorización. Pero ahora, cuando se está construyendo, presentan esta iniciativa para que no se proceda a su erección, lo cual me parece increíble. Se puede estar o no de acuerdo con ello, pero hay personas bien inspiradas que ven en él a alguien que ha hecho mucho por la zona, ya que hasta hace unos años vivían aisladas, pero ahora, gracias a la construcción de la Carretera Austral, se encuentran conectadas con el resto del país. Esa gente no está erigiendo un monumento porque sí, sino porque quiere hacer un reconocimiento a quien ordenó hacer esa carretera para poder acceder a tierras vírgenes. El día de mañana es posible que se desee erigir un monumento al Presidente Lagos, y no porque sea de otro color político vamos a votar en contra. Me parece realmente increíble el sectarismo con que se actúa respecto de unas y otras personas. La Derecha, a pesar de no ser partidaria del ex Presidente de la República Salvador Allende, no dudó en votar a favor de la iniciativa, porque consideraba que era un paso hacia la reconciliación nacional.
A los autores del proyecto de acuerdo no les interesa que Chile se reconcilie y, mediante estas pequeñeces, están abriendo brechas que pueden conducir al país a situaciones ocurridas en el pasado.
Este proyecto de acuerdo se debiera rechazar o retirar, a fin de no crear más fisuras entre los diputados que estamos haciendo un esfuerzo para reconciliar el país, por lo cual anuncio mi voto en contra.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, seamos serios. Hay varios diputados que aparecen votando y no están presentes en la Sala.
En ese caso, se debe repetir la votación. 
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Reglamentariamente, corresponde votar de nuevo, porque es efectivo que aparecen votando algunos diputados que no se encuentran en la Sala.
En votación el proyecto de acuerdo.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 12 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Ávila, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jiménez, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Montes, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Rocha, Sánchez, Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Valenzuela, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Delmastro, Díaz, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Leay, Martínez (don Rosauro) y Rojas.
-o-
El Vicepresidente informa que en la tribuna de honor se encuentra una delegación del parlamento sueco, que encabeza su presidenta, Birgitta Dahal, acompañada de su secretario general y del embajador de Suecia en Chile.
-o-


CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS A PROPIETARIOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR TEMPORALES EN PUENTE ALTO.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- El señor Prosecretario accidental dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 468, de los diputados señores Errázuriz y Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría.
El señor HALES.- Señor Presidente, quiero informar a la honorable Sala que, después de presentar este proyecto de acuerdo junto con el diputado señor Errázuriz, el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales ofreció como solución adquirir las viviendas de los deudores morosos. 
Por lo tanto, pido la postergación de su tratamiento. Ahora, si no se cumpliera la solución ofrecida, naturalmente volveremos a pedir el estudio de la condonación de las deudas.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Diputado señor Errázuriz, ¿está de acuerdo con el planteamiento del diputado señor Hales?
El señor ERRÁZURIZ.- Sí, señor Presidente. Ya lo habíamos conversado, precisamente al momento de iniciarse el tratamiento de los proyectos de acuerdo.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Como los diputados Hales y Errázuriz son los únicos firmantes del proyecto de acuerdo, la Mesa acoge la solicitud del primero en cuanto a dejar pendiente su tramitación.


CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL SIDA Y RECURSOS ADICIONALES PARA PROGRAMAS TERAPÉUTICOS.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 469, de la diputada señora Fanny Pollarolo y de los diputados señores Valenzuela, Rojas y Mora:
“Considerando:
1.Que, con justificada preocupación, la opinión pública de la Segunda Región ha tomado conocimiento respecto del alarmante incremento de la pandemia del VIH/sida en esta región, ya que durante el primer semestre del presente año, según las cifras oficiales de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Segunda Región, el número de nuevos casos de VIH/sida notificados en lo que va corrido del presente año es superior al total de casos notificados durante todo el año anterior, siendo la tendencia gravemente ascendente y estimándose que el número total de casos notificados oficialmente esto es, sin considerar la siempre subyacente cifra negra de casos que no se certifican oficialmente, durante el presente año 2000, duplicará el total de casos en todo el año 1999.
2.En efecto, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, la realidad de la Segunda Región es particularmente alarmante en cuanto a la progresión de esta pandemia, toda vez que se sitúa por sobre el promedio nacional y porque los datos de este último semestre rompen la tendencia de los últimos cuatro años, durante los cuales, en promedio, se notificaron anualmente como nuevos casos entre 30 y 32 casos. Sin embargo, sólo a junio del 2000 el total de nuevos casos notificados asciende a 36 casos y a agosto de 2000 ya ascienden a 38, estimándose que en estos últimos días la cifra de nuevos casos se sitúa ya en los 40.
3.La realidad regional de la Segunda Región exhibe que, del total de casos acumulados en estos años, la distribución regional es la siguiente: el 64% se encuentra en Antofagasta (149 casos); el 24% en Calama (57 casos); el 6% (14) en Tocopilla; y que ya se registra un caso en San Pedro de Atacama.
La relación hombre/mujer es de 6 varones por cada 1 mujer contagiada, en circunstancias que la media nacional es de 8,5 a 1, siendo en el 91,4% de los casos la vía de contagio la sexual. En este sentido, es necesario destacar con alarma que los datos arrojados por el actual diagnóstico regional confirman la estimación en el sentido de que la pandemia del VIH/sida ya no se concentra, como ordinariamente se estima, en grupos minoritarios, tales como homosexuales, trabajadoras/es sexuales o drogadictos por vía endovenosa. Así, del total de las mujeres contagiadas, el 45% son dueñas de casa y el 23% asesoras del hogar, quienes son, además, normalmente jefas de hogar.
Desde el punto de vista etario, se constata que el 88,2% de los casos tiene entre 20 y 49 años de edad, siendo evidente el perjuicio que ello causa al desarrollo económico y social, al afectar a población que se encuentra en la plenitud de su capacidad intelectual y de trabajo.
4.Las posibilidades de tratamiento terapéuticas en la región son también alarmantes.
En la actualidad el Estado otorga atención terapéutica a 37 personas. De ellas, sólo 15 reciben la terapia óptima, esto es, la triterapia de drogas; 20 personas reciben biterapia, pero 19 de éstas requieren urgentemente que se les otorgue la tercera droga; 2 casos son de Sidapediátrico.
Más grave aún es que 51 personas, sin capacidad de acceso privado a las terapias, se encuentran en lista de espera de todo tratamiento. De éstas, 23 necesitan triterapia y 9 biterapia. Si no se les entrega al corto plazo estas terapias, las estimaciones médicas son que todos ellos fallecerán irremediablemente durante el curso del año.
5.Nada indica, sino por el contrario, que la alarmante y nueva realidad que exhiben estas cifras de la Segunda Región, y que marcan un quiebre en la tendencia de nuevos casos de VIH/sida notificados en los últimos años, correspondan a una realidad aislada en el país. Los especialistas que conocen de esta nueva y alarmante realidad consideran que ella es resultado directo de la inexistencia o falencia de las políticas preventivas que se desarrollan en el país.
Es de conocimiento público que en los últimos dos años no se han realizado ni siquiera las tímidas campañas de prevención nacionales que el país conoció hasta 1997 y que tanta polémica causaron en algunos sectores. La incomprensión acerca de esta urgente necesidad de educación colectiva de estos sectores y de algunos medios de comunicación ha conducido a este rebrote de contagios que hoy estamos comenzando a detectar.
Es preciso y urgente poner término a esta situación y acometer políticas intensas, claras y científicamente adecuadas que permitan cambiar aspectos tan difíciles y complejos de modificar como son los hábitos preventivos, especialmente de conductas sexuales, de la población.
6.Esta honorable Cámara aprobó por unanimidad el proyecto de ley de prevención de la infección causada por la infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de inmunodeficiencia humana (Sida). Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. El país no puede esperar a la total tramitación de este proyecto de ley que señala los principios normativos y científicos obligatorios por los cuales el Estado deberá encabezar el esfuerzo preventivo de la pandemia del VIH/sida en nuestro país, sino que debe reforzar hoy, a la luz de esta urgente realidad, su voluntad al respecto y comenzar a rediseñar y aplicar urgentemente adecuadas políticas preventivas, científicamente diseñadas y debidamente dotadas de recursos, así como otorgar mayores recursos para otorgar terapias para el tratamiento de una enfermedad que afecta a población fundamentalmente joven, en la plenitud de su capacidad de aporte a la sociedad, y que es desgraciadamente mortal si no se trata oportuna y adecuadamente, y que hoy, por los avances científicos, con las debidas terapias de drogas, es perfectamente tratable y capaz de otorgar una adecuada calidad de vida a sus víctimas.
Por tanto, considerando lo expuesto y los derechos humanos y constitucionales a la vida y a la salud, venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
Se oficie a la señora ministra de Salud a fin de:
1.Expresarle la preocupación de esta honorable Cámara por la progresión de la pandemia del VIH/sida en el país, especialmente en la Segunda Región;
2.Para que informe a esta honorable Cámara acerca de los programas de prevención y tratamientos en materia de VIH/sida en el país, así como de los recursos disponibles al efecto; y
3.Para que, si lo tiene a bien, disponga lo pertinente a fin de que:
a.Disponga la ejecución urgente de campañas nacionales preventivas claras, científicamente adecuadas y debidamente dotadas de recursos, capaz de detener la expansión de la pandemia del VIH/sida especialmente en nuestra juventud;
b.Disponga la asignación de recursos adicionales a los programas terapéuticos, particularmente en materia de triterapias de drogas, especialmente focalizadas en aquellas regiones que, como la Segunda Región, exhiben un alarmante incremento de casos en lo que va corrido del presente año”.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, los parlamentarios de la Segunda Región específicamente los diputados Manuel Rojas, Valenzuela, Mora y quien habla nos reunimos con las autoridades de salud de la Segunda Región y, con gran preocupación, tuvimos conocimiento del alarmante incremento de la pandemia del VIH/sida en esa región. 
En concreto, dicha pandemia está experimentando una grave evolución. En los últimos años, el promedio de nuevos casos notificados era entre 30 y 32. En el primer semestre de este año, a junio del año en curso, los nuevos casos notificados más que se duplican han aumentado a 36 casos, y en agosto llegan a 38. 
Sin duda, este hecho es extraordinariamente grave, más aún si en cerca del 90 por ciento de los casos los afectados tienen entre 20 y 45 años de edad, lo que demuestra que un importante número de ellos adquirió la infección durante la adolescencia, es decir, diez años antes. Es lo que nos indican los estudios científicos.
Pero el caso de la Segunda Región no es una realidad aislada dentro del país, hecho que nos señala que estamos cayendo en una grave falencia de las políticas preventivas que se desarrollan en el país, específicamente en la educación sexual, que como lo hemos manifestado en otras oportunidades todavía es una necesidad insatisfecha. Además, las campañas educativas orientadas a una conducta sexual responsable y protegida, en los últimos años prácticamente no han existido.
A todo esto debemos agregar el problema del tratamiento terapéutico para las personas que han contraído el VIH o que sufren una alta incidencia del virus. En nuestra región se otorga atención terapéutica a 37 personas, de las cuales sólo 15 reciben la triterapia, en circunstancias que deberían administrarse a otras 19. Pero lo más grave es que se encuentran en lista de espera 51 personas, de las cuales 33 requieren triterapia y 9 biterapia; sin embargo, ninguna está recibiendo tratamiento.
Por eso, he querido dar a conocer aquí el deseo de todos los parlamentarios de la región sin distinción de bancadas de que cuando se discuta el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año, se considere la necesidad de que el Ministerio de Salud reciba los recursos que son indispensables para llevar a cabo las campañas preventivas y para entregar el tratamiento que requieren los pacientes afectados por el VIH. 
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. 
El señor ROJAS.- Señor Presidente, sólo quiero sumarme a las palabras de la diputada señora Fanny Pollarolo. En efecto, junto con ella y los diputados Felipe Valenzuela y Waldo Mora somos los autores de este proyecto de acuerdo. 
Pero no deseamos que exista preocupación sólo por el problema del sida en la Segunda Región, porque esta pandemia afecta a todo el país. No me gustaría que los colegas de otras regiones vieran algún titular de prensa similar al que apareció el domingo 10 de septiembre en “Las Últimas Noticias”, bastante complicado para nuestra región, que decía: “Calama, el prostíbulo de las mineras”. A continuación, hace una reseña del caso de una persona que, no obstante llevar una vida familiar, se ha visto afectada por la enfermedad. 
Sin duda, lo planteado por la diputada Fanny Pollarolo se suma a la inquietud que nosotros, los parlamentarios de la región, hemos planteado.
Por lo tanto, solicito recabar la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto, que ojalá sea una muestra de la intención de la Cámara para enfrentar un problema complejo de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Álvarez, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Cornejo (don Patricio), Díaz, Encina, Errázuriz, García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Jaramillo, Jiménez, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Masferrer, Mesías, Monge, Mora, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Paya, Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Rocha, Rojas, Vega, Venegas y Villouta.


VIII. INCIDENTES


ALCANCES DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA LUIS CORREA BULO.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- En Incidentes, en el tiempo del Comité del Partido Socialista tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, quiero plantear aquí que hoy debemos recordar y pensar que la institución de la acusación constitucional es la máxima expresión de la facultad fiscalizadora radicada en esta honorable Cámara, y que ella está referida siempre a ilícitos, a causales de la más alta relevancia pública e institucional. Por lo tanto, el ejercicio de esta facultad debe ser concordante con la enorme trascendencia de esta máxima institución de fiscalización política.
Cuando se abusa de esta facultad o se la utiliza con fines espurios, de presión o destrucción del prestigio de personas e instituciones, no sólo se desprestigia quien así procede, sino que es la propia Cámara la que daña el prestigio y majestad del conjunto de sus atribuciones y, por ende, la democracia misma. Por eso el ejercicio de esta facultad implica el deber político y ético de proceder con la máxima altura de miras, no dejando lugar a dudas para que se estime que esté motivado de manera espuria.
Lamentablemente, en la acusación constitucional que se discutirá mañana en la Sala, formulada por la Derecha en contra del ministro Luis Correa Bulo, la actitud y conducta de los diputados que actúan como acusadores impide tener la certeza y genera la legítima sospecha acerca de las verdaderas motivaciones y finalidades de esta acusación.
La forma irregular y escandalosa en que están procediendo algunos diputados y diputadas de Derecha que patrocinan esta acusación y esto lo digo más allá de la falta o no de contundencia y seriedad de los cargos, a fin de crear escándalo al convocar a testigos que se refieren a hechos no contenidos en los capítulos acusatorios; al hacer trascender testimonios revestidos de secreto por petición expresa de los mismos testigos citados por ellos, dándoles ribetes de escándalo público a gravísimas acusaciones, todas genéricas, todas no probadas, pero que, sin duda, generan el efecto publicitario inmediato de descalificar y enlodar la honra y el prestigio de personas respetables y honorables, y de instituciones que son fundamentales para el normal funcionamiento institucional, las cuales están avanzando en la línea de sumarse a una democracia, por lo que deben funcionar con plena transparencia y autonomía.
Por eso, aquí tenemos el legítimo derecho, ante la debilidad de los cargos y pruebas hasta ahora conocidos, de plantearnos cuál es la verdadera intención de esta acusación constitucional. ¿Es acaso desmantelar la Sala Penal de la Corte Suprema para frustrar el proceso de apertura que este alto tribunal ha comenzado respecto de la necesidad de que haya verdad y justicia sobre los crímenes masivos, sistemáticos y más crueles de nuestra historia contemporánea, para evitar que se den los próximos y trascendentales pasos en el proceso a Pinochet por su responsabilidad indudable en la llamada “caravana de la muerte”? ¿Se trata de materializar las amenazas explícitas y veladas por el voto de los ministros de la Corte Suprema en el caso Pinochet? ¿Se pretende advertir a todos los jueces del país de la suerte que correrán si se deciden a reparar la falta de coraje moral que el Poder Judicial tuvo durante la dictadura para detener los crímenes sistemáticos y sancionarlos? ¿O esta manera irregular y escandalosa de proceder en esta acusación constitucional es sólo la expresión de la desesperación ante la debilidad probatoria de sus imputaciones?
Por tanto, llamamos a los parlamentarios de la Derecha interesados en esta acusación constitucional, a enmendar la forma de conducirse, a no confundir la necesidad de estar permanentemente atentos a las debilidades e irregularidades que acaecen en los Poderes sujetos a nuestra fiscalización, con manipulaciones políticopartidistas u operaciones publicitarias.
Junto con reiterar nuestra permanente voluntad para dotar al país de un Poder Judicial cada vez mejor, más eficiente, más justo, más accesible y más cercano a la necesidades de justicia de la población, los llamamos a desarrollar, especialmente mañana, un debate serio, concreto y preciso, acotado al ámbito del ejercicio de la facultad fiscalizadora y no transformarlo en un circo publicitario, que no contribuirá a nada de provecho para esta honorable Cámara ni para la consolidación de la democracia.
He dicho.


DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA BANCADA DE DIPUTADOS DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA. Oficio.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, voy a proceder a dar lectura a una declaración pública referida a los últimos acontecimientos que está viviendo el país:
“La bancada de diputados de la Democracia Cristiana considera un deber manifestar su opinión en relación con los últimos acontecimientos relacionados con la acusación constitucional que la Cámara de Diputados estudia en contra del ministro de la Corte Suprema, Luis Correa Bulo.
“1.- Manifestamos nuestro más absoluto respaldo a la Corte Suprema de Justicia, que ha considerado impropio el actuar de ciertos diputados que han proferido acusaciones, sin fundamentos confiables, a todo el máximo tribunal de manera ciertamente irresponsable. No es la Corte Suprema ni el Poder Judicial los que son objeto de esta acusación y, por cierto, no corresponden las acusaciones o presunciones de protección a sus pares que se ha hecho irresponsablemente en contra del más alto Tribunal de la República. En este sentido, compartimos plenamente la percepción de los jueces respecto de que el actuar de algunos parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional constituye una “grave ofensa” en contra del Poder Judicial y un claro intento por continuar la campaña de desprestigio de la justicia chilena.
“No nos es indiferente el hecho de que estas actuaciones se produzcan coincidentemente con claras demostraciones de independencia y respeto al estado de derecho de nuestras instituciones democráticas.
“2.- Lamentamos que estos diputados de la UDI y de Renovación Nacional hayan usado esta acusación constitucional contra el ministro Luis Correa Bulo no sólo para inferir esta “grave ofensa” en contra de la justicia chilena, sino también que hayan politizado y abusado en extremo de una de las más importantes facultades de este Congreso para sacar un mezquino provecho político que es imprescindible denunciar.
“3.- Por último, reafirmamos, una vez más, que nuestra actitud respecto del fondo de la acusación constitucional sólo será en función del mérito de los antecedentes, cumpliendo, de este modo, de manera estricta, el mandato que la Constitución nos impone”.
En nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, solicito que se envíe esta declaración, vía oficio, a la Corte Suprema.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la bancadas del Partido Socialista y del Partido por la Democracia.


COMPLEMENTO DE DENOMINACIÓN DE PLAZA EN COMUNA DE RECOLETA EN HOMENAJE DE MANUEL BUSTOS HUERTA. Oficio.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, el 1º de diciembre de 1982, en la plaza Artesanos, ubicada en la comuna de Recoleta, en Santiago, ocurrió un hecho importante para el país, en especial para el movimiento sindical: los trabajadores organizados llevaron a cabo una manifestación dirigida, entre otros, por Manuel Bustos Huerta. Como consecuencia de esa movilización, aparecieron por primera vez en Chile los famosos “gurkas”, delincuentes vestidos de civil que golpeaban impunemente en las calles a trabajadores y gente común. En esa ocasión y luego de haber sido golpeado por esos delincuentes, Manuel Bustos fue detenido y, posteriormente, el 2 de diciembre, expulsado a Brasil, donde permaneció por cerca de seis meses.
¿Por qué recuerdo esto? Porque en los próximos días, específicamente el 27 de septiembre, se cumplirá un año del fallecimiento de Manuel, compañero de trabajo y amigo de toda una vida. Con motivo de esa conmemoración, la bancada del Partido Demócrata Cristiano solicita que se oficie al alcalde de la comuna de Recoleta, señor Ernesto Moreno y, por su intermedio, al concejo, a fin de que la plaza Artesanos, ubicada a un costado del río Mapocho, pase a llamarse “Plaza Artesanos Manuel Bustos Huerta”, en recuerdo y cariño de nuestro colega, camarada y amigo. Con mucho sentimiento formulo esta petición en nombre de mi bancada y en el de las del Partido Socialista, Partido Radical, Partido por la Democracia, y en especial en nombre del diputado señor Patricio Hales, quien representa el distrito donde se ubica la mencionada plaza. Para quienes fuimos amigos de Manuel, constituye un hecho muy importante que ella pase a llamarse “Plaza Artesanos Manuel Bustos Huerta”, porque fue allí donde nuestro colega fue brutalmente golpeado a raíz de ello, parte de su cuerpo se vio seriamente afectada y por primera vez aparecieron los denominados “gurkas”, quienes, a partir de entonces, agredieron a muchos de nuestros conciudadanos.
Por lo expuesto, reitero mi solicitud para remitir oficio, en nombre de las bancadas mencionadas, al alcalde de la comuna de Recoleta a fin de que se practiquen las diligencias pertinentes para hacer realidad la solicitud formulada.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las bancadas del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Socialista y del Partido por la Democracia.


SITUACIÓN ESTATUTARIA DEL AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE. Oficio.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.- Señor Presidente, el Automóvil Club de Chile es una corporación de derecho privado; sin embargo, por la importancia de su papel en el desarrollo y promoción del turismo y del deporte internacional, tiene un significado muy relevante. Lamentablemente, la estructura estatutaria establece un mecanismo en virtud del cual para postular a su directorio se requiere del patrocinio del tres por ciento de los socios, esto es, alrededor de 1.200 personas. Sin embargo, el listado de socios y sus respectivos domicilios no está disponible. Este requisito no rige respecto de quienes integran los directorios en vigencia. De esa manera y al discriminar arbitrariamente, se ha generado una autoelección sucesiva que impide respetar un principio básico en este tipo de corporaciones: la representatividad de los asociados.
Esta situación ha sido representada por el Consejo de Defensa del Estado y los tribunales electorales, que se han pronunciado al respecto, y ha suscitado preocupación en las autoridades laborales. En este contexto, el diputado señor Seguel señaló en una oportunidad las dificultades en la administración de determinados recursos por parte de esa institución.
Es importante que el Ministerio de Justicia adopte medidas si, dentro de la normativa legal y reglamentaria, cuenta con facultades y arbitrios para que, efectivamente, esta representatividad real se pueda establecer, tal como lo han dispuesto fallos de tribunales y pronunciamientos del Consejo de Defensa del Estado. En caso contrario y previendo en términos generales la situación, la idea es que dicha Cartera recurra a un pronunciamiento legislativo.
En mérito de estas razones, sin emitir ningún juicio de valor respecto del rol que está cumpliendo la institución aludida, pero preservando el derecho de los asociados, solicito que se oficie al ministro de Justicia a fin de que informe sobre la situación estatutaria de esta corporación y las medidas administrativas que pudieran aplicarse, con el objeto de eliminar las normas discriminatorias que subsisten. Si ello no fuere posible, pido que efectúe una proposición de carácter legislativo genérico para precaver que este tipo de situaciones pueda darse en nuestro ordenamiento.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Seguel, Gutiérrez, Arratia, Núñez y Ortiz.


MEDIDAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE SALUD BUCODENTAL. Oficio.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).- Señor Presidente, quiero referirme a un problema de salud pública de la mayor importancia.
La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer el informe de la salud mundial del año 2000, en el que sitúa a Chile en el primer lugar en el concierto latinoamericano en materia de salud pública, por sobre otros países que ostentan muy buenos índices, como Cuba y Costa Rica. Sin embargo y pese a nuestros buenos indicadores biomédicos en materia de mortalidad infantil, materna y de adultos, cobertura de vacunaciones, red de atención pública, etcétera, tenemos serios problemas en dos áreas específicas: salud mental, con niveles de prevalencia de cerca de un 40 por ciento, y salud bucodental, con niveles de prevalencia entre 80 y 90 por ciento.
Un estudio elaborado por el Departamento Odontológico del Ministerio de Salud y la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile revela que los niños de 6 a 8 años presentan una prevalencia de patologías relacionadas con caries dentales que alcanza a un 84,6 por ciento, y que los niños de 12 años, que presentan dentición definitiva, presentan una prevalencia de 84,3 por ciento, con un promedio de 3,4 dientes dañados por niño.
En materia de enfermedades gingivales y periodontales, es decir, aquellas patologías que se presentan en las encías y alvéolos dentales, también presentamos una alta incidencia, con cifras cercanas a un 96 por ciento de gingivitis en escolares de 6 a 18 años en la Región Metropolitana; 98,7 por ciento en adultos de 35 a 44 años, y cerca de un ciento por ciento en adultos sobre 65 años. Las tablas demuestran que las personas desdentadas parciales, entre 65 y 74 años de edad, presentan una incidencia de 48 por ciento y que los desdentados totales, sobre 65 años de edad, alcanzan a un tercio de la población del país.
También cabe señalar que las anomalías dentomaxilares, en especial las maloclusiones, representan valores que varían entre 23 y 68 por ciento, en especial en los niños y adolescentes.
Estos hechos, que deseo recalcar, de alta incidencia en las patologías odontológicas, se pretenden subsanar con un programa muy importante, encabezado por la Primera Dama de la nación, señora Luisa Durán de Lagos, denominado “Sonrisa de mujer”. Con un crédito del Banco del Estado y la colaboración del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, se ayudará a las mujeres a recuperar su dentadura.
Solicito que se oficie a la ministra de Salud a fin de que defina con la mayor prontitud, dentro del presupuesto de la salud odontológica, los niveles adecuados para implementar medidas de educación, fomento y prevención en materia odontológica. Además, para que a la brevedad se lleve a cabo un sistema de fluoración del agua potable en todas las regiones del país y, por último, para que se pronuncie sobre la incorporación de las prestaciones odontológicas en el sistema de libre elección del Fonasa.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.


RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN ESCUELA INDUSTRIAL DE SAN FERNANDO. Oficios.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, quiero referirme a un proyecto muy demandado por la comunidad de San Fernando.
Hace algunos días me entrevisté con la presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Industrial de San Fernando, institución muy apreciada por la comunidad, quien me solicitó que ayudara a que se apruebe este año, con fondos regionales, la construcción del gimnasio techado de dicha escuela.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la ministra de Planificación y Cooperación con el objeto de que nos informe sobre el estado del proyecto de arquitectura y diseño respectivo, y al ministro del Interior, a fin de que el intendente de la Sexta Región señale el estado y condiciones técnicas en que se encuentra el proyecto y qué posibilidades de financiamiento existen para el año 2001, en el presupuesto que debe votarse en los próximos días en el Consejo Regional de la Sexta Región.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se despacharán los oficios solicitados por su Señoría.


AGRADECIMIENTOS POR APOYO RECIBIDO A RAÍZ DE FALLO DE DESAFUERO DE LA CORTE DE APELACIONES DE ARICA.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- Los Comités de Renovación Nacional y de la UDI acordaron alterar el orden en que figuran en la Tabla.
Por lo tanto, en el tiempo de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, en verdad no tenía pensado intervenir hoy; pero luego de escuchar el apoyo de toda la gente ante una aflictiva situación, decidí dar respuesta a Daniela Marchant, alumna de la Escuela Matte, ubicada en la calle Nataniel vive en Lord Cochrane, quien obtuvo un promedio de notas 6,6, por lo cual su padre le ofreció un premio. Ella pidió ir a Arica, a conocer a la diputada independiente con la cual esa ciudad había dado un ejemplo.
Tengo en mi poder la grabación, y solicito se incluya en la versión el mensaje que me dejó Daniela y que me obliga a darle respuesta.
¿Qué quieres que te diga, Daniela? No puedo decirte nada, porque este tema no tiene explicación. Así como no te puedo explicar las razones por las cuales en Arica la ciudad que me eligió como única diputada independiente de Chile, que le dio un ejemplo a todo el país, la corte de apelaciones decidió desaforarme.
No te puedo dar una explicación al respecto. Sólo te puedo decir que, además de tu llamado, he recibido cientos de llamados telefónicos de todo el país y que esta Cámara es el único lugar desde el cual puedo agradecer públicamente a toda la gente. Decidí contestarte especialmente a ti, porque eres una niña de 17 años y quiero que sigas teniendo confianza, la misma que tengo yo, en la justicia. Que tengas confianza en que en el Parlamento seguiremos fiscalizando. Quiero decirte que nunca he calumniado ni injuriado a nadie. No está en mi ánimo de mujer ni en la lucha que he dado por Arica durante 13 años el injuriar ni calumniar.
Desde esta Cámara quiero decirte que sólo estoy cumpliendo con el rol para el cual me eligió la comunidad ariqueña. No sé qué explicación darte a ti y a toda esa gente de Arica que el viernes me demostró su apoyo y afecto. Cómo voy a explicarles a tantos funcionarios municipales que no podré defenderlos de despidos arbitrarios, que todos conocemos. Por ejemplo, Daniela, si miras el diario “El Mercurio” de hoy, en el cuerpo C, puedes leer lo siguiente: “Arica: Despiden a ejecutivo que reveló altos sueldos”. Yo estaba investigando por qué el 53 por ciento de los gastos públicos de la Emporchi están destinados a tres ejecutivos. Eso significa que cada uno de ellos percibe sobre doce millones de pesos, lo que denuncié públicamente desde esta Sala.
Quiero felicitar muy sinceramente al señor Héctor Riveros Vidal, quien milita en la Democracia Cristiana, por ser tan valiente y ayudar en la tarea de fiscalización.
Hay muchas cosas que no te podré explicar, Daniela; pero yo sigo creyendo en la justicia, pues aparte de la Corte de Apelaciones de Arica la misma ciudad que le dio un ejemplo a Chile queda otra instancia: la Corte Suprema. Estoy absolutamente segura de que ahí expondremos nuestras razones y quedará en claro que no he injuriado ni calumniado a nadie, que sólo cumplí el rol para el cual la comunidad ariqueña me eligió, o sea, fiscalizar y legislar.
Hay que pensar que todos pagamos impuestos la dueña de casa cuando compra el pan, la persona que maneja un taxi; porque el Estado no genera recursos, con los cuales se financian gastos tan importantes como la educación y la salud.
Quiero agradecer muy sinceramente a los colegas que me llamaron a Arica, en especial a la diputada señora Laura Soto, al diputado señor Felipe Valenzuela, a mis amigos de la Democracia Cristiana, a la bancada de la UDI, que, en pleno, me ha dado su apoyo; a Renovación Nacional, a la gente de Antofagasta, de Coihaique; en fin, sería muy largo nombrarlos a todos. En forma especial quiero agradecer a la gente de Arica que, como dijeron en forma muy clara, este no es un problema de una diputada, sino de esa ciudad.
Como bien sabes, Daniela, estoy en la bancada de la UDI, pero, como soy diputada independiente, no habría reemplazo en mi distrito, de modo que Arica quedaría sólo con un diputado.
Tengo la absoluta convicción de que la Corte Suprema determinará claramente que el desafuero no procede. Pero, créeme Daniela, igual como luché por años para defender una ciudad deprimida, seguiré exactamente igual hablando por ti y por todos los que lo necesitan, sobre todo por los que no tienen derecho a ser escuchados, por los sin voz y por toda la gente que me necesita.
He dicho.


INCORPORACIÓN DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS DE DIPRECA Y CAPREDENA EN ELIMINACIÓN DE COTIZACIÓN PREVISIONAL. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Francisco Bartolucci hasta por cuatro minutos.
El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, ayer, su Excelencia el Presidente de la República sostuvo una reunión con dirigentes de jubilados y montepiadas, básicamente de organizaciones de Santiago.
En primer lugar, lamento que no se haya invitado a las organizaciones de jubilados y montepiadas de Valparaíso, que tuvieron un papel preponderante en la decisión que se anunció ayer.
En segundo lugar, la decisión que el Gobierno anunció es terminar con los descuentos previsionales que afectan a aproximadamente 200 mil jubilados y montepiadas por sobretasa de cotización.
Desde luego, es una noticia positiva; pero no hay claridad respecto de cómo se va a aplicar en concreto. Se habla de que se hará en tramos y que el procedimiento demorará aproximadamente dos años. Uno debe lamentar que se demoren dos años en terminar con estos descuentos tan absurdos e injustos que están gravando la ya muy baja pensión de los jubilados.
En tercer lugar, cabe señalar que es indispensable que en esta medida del Gobierno también se incluya a quienes están afiliados a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, Dipreca, y a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, porque, por las noticias recibidas, da la impresión de que los jubilados de estas cajas no están incluidos en la eliminación de estos descuentos previsionales.
Es importante señalar que los afiliados a Dipreca y a Capredena tienen un descuento previsional superior al de quienes están en el Instituto de Normalización Previsional, INP, para los cuales, según se ha anunciado, sí se va a eliminar este descuento.
De modo que debe aplicarse la ley pareja, y los descuentos por sobretasa previsional a los jubilados también deben suprimirse en favor de quienes están en la Dirección y en la Caja mencionadas.
Al respecto, solicito que se oficie a los ministros de Defensa y del Trabajo para consultarles concretamente si también dentro de esta decisión del Gobierno están incluidos los jubilados y montepiadas de ambas instituciones previsionales. Es conveniente que ambos Ministerios contesten esta interrogante que quedó ayer.
Finalmente, pido que se oficie al ministro secretario general de la Presidencia para que el Gobierno tenga a bien contestar el oficio de fiscalización y el proyecto de acuerdo que le envió la Cámara sobre esta misma materia, de eliminación de descuentos, porque ahí vamos a tener una respuesta oficial acerca de qué se trata en definitiva.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los tres oficios solicitados por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención para mejor comprensión.


INDEMNIZACIONES A FUNCIONARIOS DE EMPRESAS ESTATALES. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Restan tres minutos y medio al Comité de la UDI.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en los últimos días hemos sido testigos de una grave denuncia que afecta a Correos de Chile, según la cual se habrían pagado indemnizaciones ciertamente exorbitantes y desmedidas a algunos gerentes y ejecutivos que dejaron sus cargos una vez que se realizó el cambio de administración.
Ante esa grave denuncia, solicito que se oficie al Presidente de la República y, a través de él, al Sistema de Administración Centralizada del Estado para que informe sobre el monto y las condiciones de toda indemnización pagada en los últimos 18 meses a gerentes, ejecutivos y principales asesores de empresas públicas, en particular de Enap, Codelco, Banco del Estado, Metro de Santiago, Polla Chilena de Beneficencia y empresas sanitarias y portuarias no privatizadas, y circunstancias en que se acordaron.
Paralelamente, debemos señalar que la supuesta legalidad contractual de indemnizaciones desproporcionadas para el carácter de una empresa pública, si bien pueden obligar al pago de las mismas, no liberan de la responsabilidad de ministros y gerentes generales que hubieren estado dispuestos a acordar estas indemnizaciones desmedidas para una empresa pública.
El argumento invocado de que esto sería similar al sector privado de por sí falso tampoco justificaría el pago de estas indemnizaciones.
Además, queremos denunciar que contamos con antecedentes de que personas que habrían obtenido estas cuantiosas indemnizaciones habrían sido recontratadas de inmediato en esas empresas públicas o en otras pertenecientes al mismo “holding”, lo que también nos parece una situación absolutamente equivocada y grave.
Por ello, también solicitamos al señor Presidente de la República que nos informe si tales personas, después de cesar en su relación laboral, en los últimos 18 meses, en las empresas públicas, han sido recontratadas por otras empresas públicas.
Con esto queremos reafirmar nuestra voluntad de buscar la mayor transparencia en el uso de los recursos públicos; porque eso es lo que tiene una empresa del Estado, que, aun cuando sea autónoma, está manejando dineros de todos los chilenos.
Por lo tanto, reitero la solicitud de oficio al Presidente de la República y, a través de él, al Sistema de Administración Centralizada del Estado para los efectos de que nos informe sobre las indemnizaciones y circunstancias de todo término de relación laboral en los últimos 18 meses respecto de gerentes, principales ejecutivos y asesores y si ellos fueron recontratados en otras empresas públicas apenas recibieron estas indemnizaciones desmedidas y cuantiosas.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo están manifestando.


FORRAJE PARA ANIMALES DE ZONA PRECORDILLERANA DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio.

La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Gracias, señora Presidenta, y me alegra mucho que usted dirija esta sesión, pues le da un toque de distinción.
Señora Presidenta, solicito que se envíen tres oficios.
El primero está relacionado con el hecho de que aunque todo el mundo estaba contento porque venía la primavera, en la semana recién pasada nuevamente la zona de Lonquimay, Melipeuco, Cunco y Curarrehue ha sido azotada por una tremenda nevazón que ha dejado más de un metro de nieve.
Ello significa que, como está terminando el invierno, los pocos animales que le quedan a la gente de esa zona los inviernos pasados fueron atroces, están muriendo por falta de forraje, debido a que éste ha quedado enterrado bajo la nieve.
Solicito que el primer oficio se envíe al ministro de Agricultura para que informe sobre cuáles medidas ha tomado para favorecer a la precordillera de la Novena Región, vale decir, las comunas de Lonquimay, Melipeuco, Cunco y Curarrehue; si se va a enviar forraje, concentrado o lo que sea, porque ello es urgente. No importa que el oficio demore en llegar; pero lo que no puede demorar por parte del Ministerio y las autoridades pertinentes es el envío de forraje para salvar a los animales de la gente afectada.
Por lo tanto, por favor, solicito que se envíe esto en calidad de urgente, porque es una situación realmente preocupante en la zona precordillerana de la Novena Región.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.


INCORPORACIÓN DE CAMPAMENTO “LAS LILAS”, DE LONCOCHE, EN PROGRAMA CHILEBARRIO. Oficio.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, el segundo oficio se refiere al campamento “Las Lilas”, situado al oriente del río Cruces, al lado de la planta lechera Loncoleche, en Loncoche.
Hace cinco años que esta gente está en un comité de emergencia, en casas prefabricadas; es gente que está viviendo en el barro. Estuve con ellos el domingo recién pasado, en la mañana.
El campamento “Las Lilas” es el único, en Loncoche, que no fue incorporado en el programa ChileBarrio; de manera que solicito al ministro de Vivienda, con mucha humildad, que se incorpore dicho campamento a la brevedad, para que esa gente salga del barro en que está sumida.
En esa reunión había bastantes niños y daba pena ver cómo estaban.
Reitero que se oficie para que el campamento “Las Lilas” sea incorporado a ChileBarrio, para que se le dé una solución habitacional, ya que ésa es el área destinada a tener poblaciones en la comuna de Loncoche.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.


MEDIDAS SANITARIAS EN FAVOR DE ENFERMOS DE SIDA EN NOVENA REGIÓN. Oficio.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, con respecto al tercer oficio, me alegra enormemente que hoy en la mañana la Cámara haya aprobado por unanimidad un proyecto de acuerdo relacionado con la progresiva pandemia del sida en nuestro país, especialmente en la Segunda Región.
Hace tiempo, denuncié en la Sala el problema del sida en la Novena Región. Tanto es así que tenía las nóminas de personas recluidas en la prisión de Villarrica y que fueron trasladadas a Temuco.
Hoy, a través de una investigación del diario “Austral”, de Temuco, nos hemos enterado de que es la región con el índice más alto de crecimiento del sida en el país, ya que asciende al 400 por ciento, lo que significa que en todas las comunas de la región tenemos este flagelo.
Lo trágico es que los enfermos de sida no tienen medicamentos para su tratamiento. Tan cierto es esto que hoy día me ha llamado una persona para que le otorguemos medios para comprarlos. Debido a lo cruel que resulta esta enfermedad, considero que es un deber del país dar los medicamentos a estas personas para que puedan tratarse.
Por lo tanto, pido oficiar a la señora ministra de Salud para que agilice la entrega de medicamentos y los tratamientos para las personas enfermas de sida.
No quiero que me den nombres, pero sí deseo que me contesten si se ha hecho seguimiento a los contagiados por esta enfermedad para determinar si han tenido contacto sexual con otras personas, con el objeto de hacerles los análisis correspondientes e irlas incorporando a los tratamientos si lo requieren. Planteo esto porque sólo se considera a las personas enfermas, pero hay que pensar que detrás de ellas hay una familia, una esposa, un conviviente.
Reitero, me gustaría que a esas personas les hicieran un seguimiento, como se hacía antiguamente con los contagiados de sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual, para que también tuvieran la oportunidad de acceder a un tratamiento antes de que la enfermedad no tenga remedio.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención, para una mejor comprensión del tema, y con la adhesión de los honorables diputados Felipe Letelier, Roberto Delmastro y Pablo Galilea.


INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN POR DETERIORO DE LA CAPA DE OZONO. Oficios.

La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señora Presidenta, es un agrado que esté dirigiendo esta sesión.
El 10 de octubre del año pasado hice presente en esta misma Sala mi preocupación por una materia respecto de la cual, a mi juicio, la opinión pública está poco informada, pero que cobra gran relevancia justamente en primavera. Me refiero al deterioro de la capa de ozono que observamos en el hemisferio sur todos los años. Sin duda, nuestro país es uno de los más afectados en el mundo por este fenómeno climatológico y químico que se produce en la atmósfera en primavera.
La falta de conciencia de la población afectada por esta disminución de la capa de ozono es bastante evidente. Incluso, diría que algo similar sucede a nivel de autoridades sobre el daño que produce este fenómeno.
En esa oportunidad solicité enviar alrededor de diez oficios a diferentes ministerios, con el objeto de, por un lado, crear conciencia sobre este problema y, por el otro, obtener los recursos necesarios para que se hagan campañas de prevención y de alerta en la población más afectada, que son las de la Décima, Undécima y Duodécima regiones; pero, lamentablemente, muchos de esos oficios no fueron respondidos.
Por lo anterior, pido reiterar el envío de oficios, especialmente a la Conama y al Ministerio de Salud, para que nos informen sobre cuáles son los programas de prevención y de alerta para el presente año, o sea, los que deberán aplicarse en los próximos meses.
Sabemos que tenemos alrededor de 28 millones de kilómetros cuadrados afectados por la disminución de la capa de ozono y que la situación crítica no se producirá sino hasta el próximo mes.
Reitero que quiero saber cuáles son los planes de prevención y de alerta a la población que tienen contemplados tanto la Conama, como programa general del país, cuanto el Ministerio de Salud, a nivel de las regiones mencionadas, para prevenir el daño que va a producir este fenómeno en la próxima primavera, y cuál es el presupuesto que se ha establecido para estos diferentes programas.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL DE NAVES PESQUERAS INDUSTRIALES EN AGUAS DE LA ZONA SUR. Oficio.

La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).- Quiero aprovechar esta tribuna para solidarizar con los pescadores artesanales de la Décima, Undécima y Duodécima regiones y manifestar mi preocupación en relación con la posible autorización para que los industriales pesqueros de la Octava Región invadan las aguas jurisdiccionales de las regiones antes señaladas.
La relación de los hechos es la siguiente: en 1998, empresas pesqueras de la Octava Región solicitaron a la Subsecretaría de Pesca autorización para iniciar actividades extractivas en las aguas exteriores de la Décima, Undécima y Duodécima regiones. Su objetivo es desplazar a la zona una flota industrial compuesta por más de cien barcos de pesca de cerco, destinados a la captura de la merluza de cola, merluza de tres aletas y fauna acompañante.
La Subsecretaría denegó tal solicitud, por lo que las empresas recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, causas que serán vistas los días 12, 13 y 14 del presente mes.
Quienes solicitan estos permisos son dueños de barcos pesqueros industriales, cuya eslora fluctúa entre 30 y 60 metros, con una capacidad de captura por marea que sobrepasa las 400 toneladas; utilizan para las faenas extractivas redes de cerco que tienen una altura de hasta 150 metros, las que una vez desplegadas en el mar atrapan todo lo que habita ese perímetro, lo que implica que las naves no sólo capturan merluza de cola o de tres aletas, como argumentan, sino toda la fauna que cohabita con estas especies, es decir, recursos finos, como merluza española.
Al proyectar el impacto de la actividad de estas embarcaciones en el ecosistema austral se establece que acabarán con los recursos en el corto plazo, tal como ocurrió con el jurel y con la sardina en la zona central, donde estas naves operan en la actualidad.
La capacidad de captura de estos barcos es cien veces superior a las cuotas de pesca autorizadas hoy, lo que implicará la extinción de las principales y más finas especies pesqueras del país, como es la merluza.
Esto no sólo es un atentado ecológico, sino también un mal negocio, ya que la pesca de estas embarcaciones se destina en un ciento por ciento a la elaboración de harina de pescado. Comercializar merluza de esa forma es, por decir lo menos, un acto criminal, pues su valor de comercialización como pesca artesanal es muy superior al de dicho producto.
Si esto se aprueba, no sólo resultará dañado el ecosistema de los mares australes, sino también todo el entorno social de las regiones del sur. Más de 8 mil pescadores artesanales viven en esa zona y su principal fuente de ingreso es precisamente la pesca de la merluza.
Atentar contra esa especie es atentar también contra el desarrollo de sus familias y de las regiones donde habitan, ya que, de manera indirecta, la pesca artesanal es una de las principales fuentes de trabajo en el sur del país.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la Subsecretaría de Pesca, con el objeto de que entregue los estudios sobre el real impacto que tendrá en el ecosistema esta decisión de que los barcos de cerco invadan las aguas jurisdiccionales de la Décima, Undécima y Duodécima regiones.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Roberto Delmastro.
MEDIDAS EN FAVOR DE GANADEROS DE AISÉN AFECTADOS POR LOS TEMPORALES. Oficio.
El señor GALILEA (don Pablo).- Por otro lado, señora Presidenta, quiero manifestar mi preocupación por la situación que vive la Región de Aisén debido a los últimos temporales de nieve.
Por lo tanto, pido oficiar al Ministerio de Agricultura, con el objeto de que nos informe respecto de todas las medidas que se han tomado, como entrega de forraje y el otorgamiento de créditos por las instituciones relacionadas con el agro, para apoyar a los ganaderos de la zona, que viven una asfixiante situación.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Roberto Delmastro.


ANTECEDENTES SOBRE LA CARNE IMPORTADA DE ARGENTINA. Oficios.

La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, me parece insólito que los distribuidores de carne anuncien un alza del 15 al 20 por ciento del producto durante estas Fiestas Patrias. ¿Por qué me parece increíble e inaceptable la actitud de estos empresarios? Porque la carne proveniente de la República Argentina ha sido muy cuestionada en los mercados internacionales, especialmente en los de Europa y América, lo que significa que, prácticamente, no está siendo comercializada en estas zonas. Incluso, los uruguayos, que son sus vecinos y que siempre han comprado carne a Argentina, no lo están haciendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque la ganadería argentina está declarada con aftosa.
Curiosamente, desde Chile se han enviado inspectores al vecino país, con el objeto de fiscalizar e inspeccionar mataderos de distintas provincias. Al respecto, he sabido que prácticamente el 85 por ciento del territorio argentino está afectado por la fiebre aftosa, aunque la información que se entrega en Chile señala que el problema afecta sólo a parte de los mataderos trasandinos. Curiosamente, se nos dice que Chile acepta importar carne argentina, siempre y cuando sea deshuesada. No es suficiente decir que porque el producto llega a Chile deshuesado está exento de la aftosa. Quiero rigurosidad en este tipo de cosas, que tienen que ver nada menos que con la salud y la vida de las personas de nuestro país.
Como Argentina dispone de un sobrestock de carne y pese a que ha tenido que sacrificar miles de reses, el precio del producto ha bajado.
Entonces, parece increíble que, si ha bajado el precio de la carne en Argentina, en Chile suba entre un 15 y 20 por ciento en esta fecha. Eso es desde todo punto de vista inaceptable e inadmisible, sobre todo cuando vivimos una situación económica crítica. Pero sencillamente los empresarios anuncian a los sectores más modestos que pretenden comer en estos días un trozo de carne, que eso no será tan fácil, porque ellos van a subir el valor de un producto que han importado a un precio más bajo. Entonces, llamo a estos empresarios a ser solidarios.
Por ello, pido dos oficios. Uno, al señor ministro de Agricultura para que informe, técnica y administrativamente, si es veraz la información de que sólo basta deshuesar la carne argentina para que esté libre de la aftosa. Otro, en la misma línea, al señor ministro de Economía, para que informe cuáles son los precios de la carne importada de Argentina o de otros países del Cono Sur, porque no es posible que si se compra a dos dólares, se venda al consumidor chileno en cinco o diez dólares.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.


RESPALDO A PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA. Oficio.

El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, como parlamentario, quiero expresar mi preocupación por lo sucedido en los últimos días respecto de la acusación constitucional deducida contra un señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema.
Me da mucha pena que a partir de dichos y de un par de elementos, se haya expresado lo que se le ha venido a la cabeza a distintos personeros.
Entre ellos, me preocupa enormemente que el señor presidente del Colegio de Abogados A.G. haya hecho un sinnúmero de aseveraciones en la Comisión, pero ha pedido que esto quede en secreto. Siempre he entendido que quien nada teme, no tiene por qué esconder una información, una opinión.
A partir de esta acusación, mi temor es que se dispare a un Poder del Estado, el cual ha hecho tremendos esfuerzos en los últimos tiempos por modernizarse, por hacer más eficiente y más transparente su institucionalidad y la administración de justicia, sobre todo para que llegue a distintos sectores.
Además, anoche, en un programa televisivo, la parte acusadora expresaba que el presidente del Colegio de Abogados A.G. ha señalado públicamente que en los tribunales del país se venden, se compran, se transan juicios. Me preocupa mucho lo que se ha dicho.
De manera que las distintas instancias tendremos que tomar cartas en el asunto, porque no se ha dicho una cosa menor, sino que aquí hay un “negociado”, “tráfico de influencias”, “corrupción”, en fin.
Por lo tanto, pido que se envíe una nota al señor presidente de la Excelentísima Corte Suprema para manifestarle que quienes creemos en la justicia, reconocemos los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos. Con mi nota quiero respaldar al presidente de la Corte Suprema y a ese Poder del Estado. No es posible que, a partir de un caso que se originó en un par de elementos y que hoy se ha rebasado de antecedentes y de datos, se pretenda encontrar un chivo expiatorio. Aquí se quiere buscar el pato de la boda; sectores políticos del país se quieren vengar, lo que no es bueno ni contribuye a la paz ni a la reconciliación. Entrometernos en otro Poder del Estado, sencillamente atenta contra el estado de derecho.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención.


Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.35 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.