REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 338ª, ORDINARIASesión 21ª, en jueves 23 de julio de 1998(Ordinaria, de 10.39 a 13.58 horas) Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 5 II. Apertura de la sesión 7 III. Actas 7 IV. Cuenta 7-o- Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 7 V. Orden del Día. - Ampliación de competencia de tribunales. Primer trámite constitucional 7-o- - Informe de las Comisiones unidas encargadas de estudiar la situación del recurso jurel 10 VI. Proyectos de acuerdo. - Prácticas discriminatorias en el acceso al trabajo. (Continuación) 35 - Mantención de cinco millas de reserva para pesca artesanal. Oficio 35 - Modificación del decreto ley Nº 825, de 1974, para exceptuar a los libros del pago del iva. 39 VII. Incidentes. - Cuestionamiento de franquicias tributarias para Tierra del Fuego 41 - Suspensión de remate del Serviu en la Décima Región e irregularidad en arriendo de casa a Gendarmería. Oficios 43 - Pago de asignación docente en la comuna de Requínoa. Oficios 43 - Recuperación de terrenos en la Cuarta Región. Oficios 44 - Obras de infraestructura en San Antonio y aceleración de construcción de agencia del Banco del Estado en Llolleo. Oficios 45 - Información sobre distribución de becas “Presidente de la República”. Oficio 46 - Honras fúnebres y exequias de los restos del Zar Nicolás II y miembros de su familia 47 - Estudio sobre vías alternativas al paso Los Libertadores. Oficio 48 - Creación de tribunal penal internacional. Oficio 49 - Flexibilización de normas de extranjería en zonas de mayor contacto binacional 50 - Rebaja de tarifas de agua potable en Región de Atacama 51Pág. VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto que modifica el decreto ley Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales (boletín Nº 1824-03) 53 - Oficios de la Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos: 2. Deroga disposición que indica de la ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos (boletín Nº 2178-02) 62 3. Modifica el artículo 100, del Código de Procedimiento Penal, para garantizar el derecho de los menores a la defensa jurídica (boletín Nº 2184-07) 62 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios:Municipalidad de San Esteban-Del Diputado señor José García, personal no docente.Municipalidad de Zapallar-Del Diputado señor José García, personal no docente.Municipalidad de Negrete-Del Diputado señor José García, personal no docente.Municipalidad de Pichilemu-Del Diputado señor José García, personal no docente.Municipalidad de Chile Chico-Del Diputado señor José García, personal no docente.Municipalidad de Cobquecura-Del Diputado señor José García, personal no docente.Municipalidad de Litueche-Del Diputado señor José García, personal no docente.Municipalidad de La Granja-Del Diputado señor José García, personal no docente.Municipalidad de San Pablo-Del Diputado señor José García, personal no docente.Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos-Del Diputado señor Jiménez, eventual accidente por traslado de ácido sulfúrico desde Caletones hasta San Antonio.Consejo de Defensa del Estado-Del Diputado señor Vilches, irregularidades en venta de terrenos. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores Diputados: (85)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Alvarado Andrade, Claudio IND X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Allende Bussi, Isabel PS RM 29Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24Delmastro Naso, Roberto IND X 53Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Espina Otero, Alberto RN RM 21Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García Ruminot, José RN IX 50González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Leay Morán, Cristián UDI RM 19Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Prochelle Aguilar, Marina RN X 55Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soto González, Laura PPD V 14Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Eugenio Tuma. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.39 horas. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- El acta de la sesión 16ª se declara aprobada. El acta de la sesión 17ª queda a disposición de los señores diputados. IV. CUENTA La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación solicita autorización para sesionar en forma simultánea con la Sala. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍAAMPLIACIÓN DE COMPETENCIA DE TRIBUNALES. Primer trámite constitucional. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley iniciado en moción que amplía a tribunales de ciudades que indica, la competencia para conocer de infracciones a la ley General de Pesca y Acuicultura. Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca es el señor Álvarez-Salamanca. Antecedentes: -Moción, boletín 2180-01, sesión 5ª, en 9 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informe de la Comisión de Agricultura, sesión 19ª, en 21 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Pesca. Acordado. Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señora Presidenta, paso a relatar el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca acerca del proyecto que amplía a tribunales de Tocopilla, Caldera y Constitución la competencia para conocer de infracciones a la ley general de Pesca y Acuicultura. La idea matriz que inspira la proposición de esta iniciativa legal tiene por objeto incluir a los tribunales de justicia de las ciudades puerto de Tocopilla, Caldera y Constitución dentro de los señalados en el inciso segundo del artículo 124 de la citada ley, que tienen competencia para conocer de las infracciones a los tratados internacionales sobre protección y conservación de recursos hidrobiológicos, ratificados por nuestro país, cometidos en alta mar por naves chilenas. Los autores del proyecto, el Diputado señor Prokurica y quien les habla, sostenemos que la ley Nº 19.520, que introdujo dos modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura, incurrió en una omisión con respecto a las ciudades puerto cuyos tribunales serán competentes para conocer de las infracciones descritas en la letra H) del artículo 110, cometidas o que tuvieren principio de ejecución en el mar territorial, en la zona económica exclusiva o en alta mar, otorgando competencia a los jueces civiles de las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Chañaral, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt, Castro, Puerto Aisén, Punta Arenas e Isla de Pascua. Como se puede apreciar, no se incluyeron en el listado los puertos de Tocopilla, Caldera y Constitución, en los que también hay juzgados civiles, y en cuyo entorno existe bastante actividad pesquera que se extiende a alta mar y a la zona económica exclusiva. De esta forma, si una de las infracciones contempladas en la letra H) del artículo 110 se cometiere en la zona económica exclusiva o en alta mar de la cuadra de Tocopilla, por ejemplo, su juzgamiento correspondería al tribunal pertinente de Antofagasta. Por su parte, si una infracción se cometiere en iguales sectores de la cuadra de Caldera, su conocimiento le correspondería al juzgado de Chañaral. A su vez, si una infracción de la misma índole se perpetrare en los mismos sectores adyacentes a Constitución, su juzgamiento correspondería al juzgado civil pertinente de Talcahuano. El proyecto nace como una aspiración de los pescadores artesanales y gente de la comuna de Caldera, donde permanentemente se ha planteado lo problemático que resulta para aquellas personas que, a causa de alguna infracción a la ley de Pesca y Acuicultura, deben dirigirse al tribunal de Chañaral y no al que corresponde. La misma dificultad tienen los pescadores de las localidades de Tocopilla y Constitución. Se considera como un serio problema para aquellas personas que no cuentan con educación ni con los medios necesarios para atender un proceso ante un tribunal, aparte de generar un problema, desde el punto de vista del beneficio relativo a la multa aplicada, que corresponde en un 50 por ciento al fondo de pesca artesanal y en un 50 por ciento a la municipalidad del tribunal competente. Es indispensable, entonces, acercar la justicia a nuestros compatriotas y una de las formas de lograrlo es, precisamente, evitar su encarecimiento, de modo que todos los habitantes del país, cualquiera que sea su condición socioeconómica en sus diversas actividades, tengan acceso a una administración de justicia eficiente, moderna y expedita y, fundamentalmente, gratuita o, a lo menos, de costo mínimo.Personas escuchadas por la Comisión. Consultado acerca del contenido de la iniciativa, el Subsecretario de Pesca señaló que el proyecto en estudio plantea la posibilidad de acercar la justicia a los afectados. Destacó que, respecto de los temas de fiscalización pesquera, es necesario conocer si en todos estos lugares existe personal del organismo fiscalizador, es decir, del Servicio Nacional de Pesca, que pueda seguir las causas, ya que si se estableciera jurisdicción en un tribunal donde no se contara con oficinas del Sernap, se estaría corriendo el riesgo de que una denuncia se hiciera en el tribunal de una ciudad en que no hay un funcionario público responsable del caso. De tal modo que existen dos posibilidades: la primera, continuar con la lógica de la ley actual en que se enumeran los tribunales competentes y, desde ese punto de vista, agregar los que faltan. Parece del todo razonable seguir esta opción, por cuanto en los tres casos que se proponen existen oficinas del Sernap, es decir, en Chañaral, Caldera y Constitución. La segunda posibilidad sería innovar de manera general y dejar de tener en la ley un listado de tribunales, lo que requeriría una decisión mucho más compleja. En lo inmediato, existen tribunales nuevos en lugares donde se cuenta con oficinas del Sernap, por lo que el proyecto es plenamente justificable a juicio del Subsecretario de Pesca. La Comisión, luego de conocer los fundamentos de la iniciativa, expuestos en la moción, y la opinión favorable de la Subsecretaría de Pesca respecto de la conveniencia de legislar sobre la materia, consideró oportuno dar por finalizada la discusión general. Cerrado el debate y puesto en votación en general el proyecto, se aprobó por unanimidad.Discusión y votación en particular del proyecto. Sin discusión, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca procedió a aprobarlo en particular, por unanimidad, en los mismos términos propuestos. Es cuanto puedo informar. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En discusión general el proyecto. Tiene la palabra el Subsecretario de Pesca, señor Juan Manuel Cruz. El señor CRUZ (Subsecretario de Pesca).- Señora Presidenta, la relación del Diputado señor Álvarez-Salamanca corresponde exactamente al contenido del proyecto. Hemos estimado de toda justicia y conveniencia agregar las tres localidades mencionadas, en las que existen tribunales que podrían conocer de estas acciones, de modo que manifiesto el total acuerdo del Gobierno con la iniciativa, razón por la cual creo que no hace falta entrar en mayores explicaciones. Reitero que se trata sólo de agregar tres localidades que no se incluyeron en la lista, manteniendo la lógica actual de la ley de Pesca. Además, esta iniciativa permitirá que los pescadores artesanales concurran a un lugar más cercano a su domicilio cuando deben comparecer ante los tribunales por infracciones cometidas. Muchas gracias. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, el proyecto que hoy nos ocupa y del cual somos autores con los Diputados señores Bertolino, Mora, Álvarez-Salamanca, Longton y Rojas, tiene por finalidad subsanar un vacío en la ley Nº 19.520, publicada el 3 de octubre de 1997, que modificó la ley general de Pesca y Acuicultura. En virtud de esa modificación, se tipifica como infracción a la referida ley la realización de faenas de pesca en alta mar con naves que enarbolen pabellón chileno, cuando infrinjan normas de tratados o convenios ratificados por Chile y vigentes, que tengan por objeto la protección, conservación o uso racional de especies hidrobiológicas. Si dichas infracciones se cometieran en el mar territorial, en la zona económica exclusiva o en alta mar, serán competentes los juzgados civiles que la norma modificatoria enumera y que, en gran parte, comprende a las ciudades puerto de nuestro extenso territorio. Sin embargo, en dicho listado se omitió incluir a los puertos de Tocopilla, Caldera y Constitución, probablemente porque al dictarse el primitivo texto de la ley general de Pesca y Acuicultura, en 1992, no existían juzgados de letras en todos los puertos del país; por ejemplo, en la comuna de Caldera, que corresponde al distrito que represento. ¿Cuáles son los beneficios que conlleva la aprobación del proyecto en estudio? Debo decir que ha sido solicitado especialmente por dirigentes de pescadores de Caldera, como Hipólito López y otros, debido a los inconvenientes que hoy enfrentan cuando tienen problemas por infracciones a la ley. Por una parte, el proyecto acerca la justicia a todas aquellas esforzadas personas que hacen de la pesca su actividad cotidiana, de tanta importancia para el país, la que, además, les sirve de sustento diario. Cabe señalar que, tal como está redactada la ley actual, si se comete una infracción en la cuadra de Caldera, el infractor será citado al juzgado de Chañaral, que es el puerto más próximo. A su vez, si se cometiere en la de Constitución, el inculpado deberá concurrir al juzgado de letras de Talcahuano, y en caso de infringirse una de estas normas en la cuadra de Tocopilla, el infractor será citado al juzgado civil pertinente de Antofagasta. Como se puede apreciar, a los denunciados se les encarece el acceso a la justicia cuando deben comparecer por estas infracciones, pues se les obliga a desplazarse a puertos distantes, imponiéndoseles una carga adicional que, por cierto, no ha sido prevista ni querida por el legislador. Por otra parte, si se considera que el 50 por ciento del producto de las multas que se cursan por infracciones a la ley general de Pesca va en beneficio de la municipalidad de la comuna, donde está radicado el tribunal competente, es indudable que las citadas comunas se favorecerán con el proyecto, ya que tales recursos permitirán emprender nuevas obras en favor de los habitantes de estos pequeños puertos. Es de toda justicia, entonces, que demos nuestra aprobación al proyecto, en los términos señalados por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Solicito a la Sala que, hoy o el martes, lo aprobemos por unanimidad. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Waldo Mora. El señor MORA.- Señora Presidenta, quiero agradecer públicamente a los patrocinadores de esta iniciativa el haberme invitado, con generosidad, a colaborar y participar en ella, de lo cual me siento muy orgulloso, dada su naturaleza y la justicia que en sí implica, y porque afecta, precisamente, a una zona que represento. Como lo han señalado tanto el diputado informante como el colega Prokurica, se trata de subsanar los inconvenientes que significan para los pescadores artesanales concurrir a los tribunales de otros lugares, ajenos a aquellos en los cuales desempeñan sus actividades. Solicito a la Sala, en especial a la bancada democratacristiana, que aprobemos el proyecto por unanimidad, al igual que en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Una vez más agradezco el haberme permitido participar en una iniciativa que hará justicia a mucha gente, sobre todo a los pescadores artesanales. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Este proyecto se votará en la próxima sesión.INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS ENCARGADAS DE ESTUDIAR LA SITUACIÓN DEL RECURSO JUREL. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Corresponde conocer el informe de las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, encargadas de estudiar la situación producida con el recurso jurel. Diputado informante es el señor Miguel Hernández. Antecedentes: -Informe de las Comisiones Unidas, sesión 13ª, en 7 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 9. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta, vuestras Comisiones unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, encargadas de estudiar la situación producida con el recurso jurel, pasan a informaros acerca del mandato que la Corporación tuviera a bien encomen-darles. En la sesión 14ª de la legislatura extraordinaria, celebrada por la honorable Cámara el 23 de abril, se aprobó, por mayoría de votos, un proyecto de acuerdo sobre la materia. Algunos de sus considerandos señalaban: “Que, no obstante que la ley de pesca ha buscado regular y proteger nuestros recursos pesqueros, en la actualidad el jurel -que constituye el principal recurso- atraviesa una grave crisis. “Que, si bien no existe consenso entre los especialistas respecto a las causas de la crisis -en el sentido de que ella sea producto de la sobreexplotación o de los efectos derivados del fenómeno de El Niño-, sí existe acuerdo respecto de su gravedad. “Que, en esa perspectiva, es indispensable escuchar opiniones de los distintos actores involucrados y especialistas en la materia para que, en el más breve plazo, se propongan medidas de emergencia, sin perjuicio de realizar -más adelante- un debate sobre el fondo de la cuestión”. En ese contexto, la Cámara acordó constituir estas Comisiones unidas, las que en cumplimiento de su labor celebraron seis sesiones, con un total de 13 horas y 23 minutos de duración. Se escuchó a diferentes actores del sector: la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca; la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío, Asipes; la Asociación de Industriales Pesqueros de la Quinta y Sexta Regiones; la Federación Nacional de Sindicatos de Tripulantes de Naves Especiales, Fetrinech; la Federación Nacional de Oficiales de Naves Especiales, Fonechi; la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Gente de Mar, Marítimos, Portuarios y Pesqueros, Congemar, y al Comité Asesor constituido por la Subsecretaría de Pesca, integrado por investigadores y profesionales del Ifop, del Instituto de Investigación Pesquera de la Octava Región y del Departamento de Pesquerías de la Subsecretaría. En los antecedentes generales del informe que se encuentra a disposición de los señores diputados, figuran definiciones respecto del jurel, del fenómeno de El Niño y otras establecidas en la propia ley general de Pesca y Acuicultura, y diferente material recopilado que sirvió a los integrantes de la Comisión para analizar el tema.Medidas administrativas de protección del recurso: La Subsecretaría de Pesca ha establecido medidas de administración de la pesquería del jurel, mediante decretos supremos, durante el presente año, así como también resoluciones que autorizan el desarrollo de pesca de investigación sobre la misma especie, en los términos que a continuación se indican. Hasta el 27 de junio de 1998, se han dictado seis decretos supremos que establecen las vedas y seis resoluciones referidas a las autorizaciones para las pescas de investigación. En el informe aparece también un anteproyecto de ley que está estudiando la Subsecretaría respecto del tema. En cuanto a las opiniones de los representantes de las organizaciones que ya enumeré, me permitiré entregar las que, desde mi punto de vista, reflejan la importancia que cada uno de estos sectores asigna al tema. Por ejemplo, don Sergio Sarquis Menassa, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca, destacó que Chile es uno de los países con mayor embarque anual en especies marinas. Se extraen del mar aproximadamente 7 millones de toneladas, cifra que incluye desde las algas hasta los salmones de cultivo y las distintas especies. De este total, 6 millones son especies pelágicas de altas fluctuaciones, alta movilidad y sensibles a las condiciones ambientales. Las más importantes son el jurel, la anchoveta, la sardina y la caballa. Agregó que el manejo de los recursos pelágicos es de gran complejidad. La mayoría de los países han optado por una administración de este tipo de recursos, instituyendo sistemas de información ágiles y efectivos que manejan las variables relevantes en tiempo real y permiten tomar medidas oportunas. Respecto del jurel, señaló que tienen una base de datos muy completa, a la que se le ha adicionado la información de la flota de factoría rusa, que operó fuera de las 200 millas por muchos años, capturando más de 1 millón de toneladas de este recurso. A pesar de disponer de esta información -expresa-, estamos muy lejos todavía de poder manejar la información necesaria para hacer proyecciones más certeras de mediano y largo plazo. En este aspecto, señaló que ni los fatalistas del recurso ni los grandes optimistas tienen la razón. A ambos les falta información científica y modelos que correlacionen antecedentes biológicos con ambientales. Expresó que hace sólo un año y medio las proyecciones de biomasa y la situación del recurso jurel en la zona centro sur eran muy optimistas: se estimaba en 25 millones de toneladas la biomasa existente y se habían detectado exitosos años de reclutamiento. Todas las proyecciones eran muy positivas hasta que en 1997, y antes de la aparición de El Niño, se produjo un calentamiento de las aguas, lo que se intensificó con el fenómeno y mantiene en la actualidad una presencia de juveniles muy abundante en la zona comprendida entre las Regiones Quinta y Décima, espacio donde históricamente se ha distribuido el recurso con mayor abundancia. Termina señalando que las medidas que ha adoptado la Subsecretaría han sido, en general, razonables. Las aceptamos -dice-, porque entendemos que hay una imposición de la naturaleza; es un fenómeno natural el que se nos viene encima. Don Daniel Malfanti Pérez, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío, señaló que esa región es la zona de mayor concentración pesquera del país. Asociados a Asipes, se encuentran operando activamente 134 barcos, que representan 128 mil metros cúbicos de capacidad. Si a ello se suma la pesquería no vinculada a su asociación, la cifra se eleva aproximadamente a 135 mil metros cúbicos. Hasta el 30 de abril del presente año, estos barcos habían capturado 971 mil toneladas. Esa pesca incluye sardinas y anchovetas, pero el grueso corresponde al recurso jurel. Desde el punto de vista industrial, existen diecinueve plantas, de las cuales once se ubican en Talcahuano, siete en Coronel y una en Tomé. En cuanto a las plantas procesadoras de conservas, tres se encuentran en Talcahuano, tres en Coronel y una en Tomé. En relación con las plantas de congelados, dos se hallan en Talcahuano, una en Coronel y dos en Tomé. Por último, existen tres plantas que están produciendo “surimi”, dos de las cuales se encuentran en Talcahuano y una, actualmente paralizada, en Tomé. Los barcos que abastecen las plantas son muy modernos. Puede decirse que la flota se ha renovado completamente gracias a la aplicación de la ley de Pesca. Esto significa que las embarcaciones más antiguas, de menor tamaño y tecnología, han sido reemplazadas por barcos de mayor dimensión y capacidad de pesca. La industria pesquera de Talcahuano, Coronel y, en general, de toda la Región del Biobío da ocupación a 13.500 personas, donde trabajan ligadas a la producción de harina cerca de 10 mil personas. El presidente de esta organización dice que el sistema económico o los sistemas de cualquier tipo de industria tienen tres grandes puntos que analizar: el económico, que sustenta a las empresas; el social, que son los trabajadores, quienes permiten llevar adelante el sistema de producción, y el recurso o materia prima que, en este caso, no es otra cosa que el recurso pesquero. Cree que el sector económico, el de las empresas, ha hecho su máximo esfuerzo: ha invertido, mantenido personal y sustentado las bajas de producción. Respecto del recurso, señala que le corresponde administrar al Estado, el que también tiene que correr algún riesgo. No se puede ser absolutista. Puede ser entendible que siempre el Estado sea más bien conservacionista, pero va a tener que ir fijando normas que le permitan correr un riesgo controlado. Acerca de las políticas futuras, cree que debiera haber un poco más de participación de parte de la Subsecretaría. Si bien la ley considera grupos de participación a través de los consejos nacionales, zonales y regionales, cree que en períodos críticos, como éste, debiera haber una interrelación más directa y permanente entre la autoridad y los agentes que explotan el recurso. En cuanto a la ley general de Pesca, opina que en un momento difícil, incluso de dudas científicas, no debiera modificarse, menos plantearse un cambio de la composición de la flota, materia que corresponde a una ley que entró en vigencia recién en 1992. Don Jean Stengel, director de Asipes, refiriéndose a la capacidad económica para soportar la crisis, señaló que se vislumbra un quiebre de la actividad. Unos podrán sobrevivir, pero otros no. Es una situación extremadamente dramática. La Asociación de Industriales Pesqueros de la Quinta y Sexta Regiones señalaron que esta actividad está prácticamente colapsada en esta zona, especialmente en el puerto de San Antonio, lo cual figura en el informe. Doña Carmen Godoy, gerenta técnica de esta organización, con respecto al fenómeno de El Niño, señaló que no es un hecho aislado lo que está sucediendo en el resto del país, sino un problema ambiental mundial. Los países de América que se han visto más afectados por el problema de la pesca son Perú y Chile. Entrega algunas cifras de lo sucedido en Perú con los recursos pelágicos, que estima conveniente que se tengan presentes. Al 3 de mayo, los peruanos lograron capturar 377 mil toneladas. El año pasado habían capturado 2,9 millones de toneladas. Es impresionante la baja que tuvieron ellos. En el caso chileno, dice que la baja de la pesca del jurel sólo representa el 43 por ciento a nivel nacional, con distintos impactos en las regiones. Esta organización da una serie de medidas paliativas para enfrentar esta situación, las que se encuentran contenidas en el informe. La Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Gente de Mar, Marítimos, Portuarios y Pesqueros, y la Federación Nacional de Sindicatos de Tripulantes de Naves Especiales, en la voz de su presidente, don Armando Aillapán, señaló que se debe recordar que el gobierno del Presidente Aylwin constituyó la Comisión Nacional de Pesca, en la cual participaron todos los agentes involucrados en la actividad pesquera. El trabajo de esa Comisión Nacional abarcó todos los aspectos que en ese momento ameritaban la dictación de una ley de pesca. Sin embargo, con el correr del tiempo, se han dado cuenta de que el reglamento de sustitución de naves, dictado a la medida de las embarcaciones de cerco, en especial para los jureleros, no cumplió con su cometido, puesto que esta flota se sobredimensionó aún más y no ha sido capaz de extender sus faenas más allá de la zona económica exclusiva para capturar en aguas internacionales. Por el contrario, se continúa insistiendo en realizar esta pesquería dentro de las aguas jurisdiccionales. Esta organización, en la voz de su presidente, señala que el Gobierno debe enfrentar esta grave crisis pesquera junto a todos los agentes involucrados en ella. Esta federación remitió una carta al Consejo Nacional de Pesca, en la que indicaban su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones concretas y denunciaban también a algunos agoreros que, aprovechándose de esta crisis globalizada, plantean la necesidad de implantar medidas de regulación pesquera, las que sólo sembrarían más confusión e, incluso, especulación financiera. El país necesita de una investigación pesquera seria y responsable, y no actuar bajo las técnicas de los supuestos. Para esto, el Gobierno y el sector privado, con la firme y siempre atenta colaboración de los trabajadores pesqueros, deben diseñar investigaciones que, sin titubear, vayan al fondo del problema, para que todo el mundo sepa a qué atenerse. El informe, que está a disposición de los señores parlamentarios, también contiene una serie de propuestas que ellos entregan, a continuación de las cuales figura un comentario final, que me ha parecido interesante dar a conocer. Allí dicen que están seguros de que la discusión sobre el recurso jurel es la gota que rebasó el vaso. Pero el problema es una crisis global, en que, por la conformación misma de la ley -aquí hay una crítica a la ley de Pesca-, ésta se ha convertido en camisa de fuerza, haciendo imposible cualquier arreglo para buscar una salida viable, ya que la única herramienta existente que tiene la Subsecretaría de Pesca es autorizar pesca de investigación, a fin de ayudar a la industria a salir de sus problemas económicos. Agrega que sus propuestas pasan por hacer modificaciones que vayan al fondo de la crisis; de lo contrario, los problemas se irán profundizando cada día, agravando la situación social, ya deteriorada, de todo el sector. Esperan que el Estado muestre su disposición a solucionar estos problemas. Los trabajadores están abiertos a colaborar en todo sentido, en el bien entendido de que este país mire más allá de nuestras 200 millas de zona económica exclusiva. Ellos fueron muy categóricos en expresar el incentivo a la pesca más allá de las 200 millas. La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, en la voz de su presidente don Humberto Mella, destacó que la autoridad pesquera de este país no reconoce que hay una crisis, ya que en esta misma Comisión, el Subsecretario dijo anteriormente que no había crisis; el Director Nacional de Pesca, a través de la prensa, también ha expresado que no hay crisis. Sin embargo, el más sencillo y común de los ciudadanos de este país lo visualiza de otra manera. Ello está graficando y significando que la corriente de El Niño sólo ha venido a desnudar una situación denunciada por los trabajadores desde hace muchos años. Hace una serie de críticas a lo que ha estado pasando con esta actividad y concluye diciendo que la pesca del jurel muestra evidentes signos de sobreexplotación. Sostiene que las tallas de captura son extraordinariamente bajas, que se pierden empleos, se cierran industrias, se pone en riesgo un patrimonio que es de todos los chilenos. También se refiere al tema de la pesca de investigación, donde hace un llamado para que se destinen mayores recursos y esfuerzos con ese objeto. Don José Valenzuela, secretario de esta misma Confederación, destacó que el tema de administración contempla algunas técnicas, para luego plantear la discusión que existe acerca de las tallas mínimas de explotación del recurso. La Federación Nacional de Oficiales de Naves Especiales, Fonechi, a través de don Luis Almonacid, su presidente, destacó que en cuanto a la administración pesquera del jurel, según lo informado por los técnicos de la Subsecretaría de Pesca, el recurso presenta claros síntomas de sobreexplotación. En las pocas prospecciones hechas, hasta la milla náutica 600, sólo se han identificado caladeros de jurel juvenil. Concluye diciendo que, como consecuencia de todo ello, las medidas de administración diseñadas para esta pesquería, como las vedas y talla crítica, han sido sobrepasadas largamente por la operación de la flota pelágica jurelera. También establecen propuestas para resolver el tema, las que, como ya lo he expresado en casos anteriores, están contenidas en este informe, a disposición de los señores parlamentarios. La Subsecretaría de Pesca constituyó un comité asesor, conformado por investigadores y profesionales del Instituto de Fomento Pesquero, del Instituto de Investigación Pesquera de la Octava Región y del Departamento de Pesquería de esa Subsecretaría. Ante consultas formuladas por los diputados en el seno de estas Comisiones unidas, explicaron que, tanto para la autoridad como para el comité asesor, son varios los factores que inciden en la situación actual del recurso y en la pesquería. Es difícil separar qué consecuencias corresponden a las condiciones climáticas y cuáles a las condiciones de la pesquería en términos del esfuerzo. Si bien la abundancia del recurso no está colapsada, la condición del mismo respecto de su talla está bastante más baja de lo normal, a pesar de que existen antecedentes de otras épocas, durante otros fenómenos de El Niño, en que la talla era igualmente pequeña. De acuerdo a las evaluaciones efectuadas por el comité asesor, se apunta a localizar las cantidades por extraer, de modo de mantener una actitud precautoria frente al desarrollo de la actividad durante el presente año. Durante los años 1994 a 1996 se hizo un estudio biológico-pesquero del jurel en la zona norte del país. Éste determinó una talla de primera madurez sexual de 22,4 cm. Se expresa que esta talla varía de una zona a otra, por el cambio en las condiciones ambientales. También expresaron que se hicieron evaluaciones acerca de la biomasa desovante y el reclutamiento entre los años 1977 y 1997. En este último año, se estimaba en alrededor de 20 millones de toneladas la biomasa total; la biomasa desovante se determinó en aproximadamente 12 a 13 millones de toneladas, y de reclutas, en alrededor de 3,5 millones de toneladas. Otra evaluación tenida a la vista es una hecha por el Instituto de Fomento Pesquero, que estima en alrededor de 15 millones la biomasa total. Desde 1991 hasta 1998, la biomasa total comenzó a declinar sostenidamente. La evaluación directa realizada durante mayo de 1997, una vez aparecido el fenómeno de El Niño, muestra un total de 3,8 millones de toneladas de biomasa en la zona más cercana, en un momento dado. Esta muestra, en términos de composición porcentual en número de los distintos grupos de edad, determina la mayor abundancia de la edad 3, con un tamaño aproximado de 24 centímetros, con el 33 por ciento del total. Explica que los individuos entre 0 y 1 año no son detectados adecuadamente por el método. Esta evaluación fue consistente con la realidad del recurso, ya que el 70 por ciento de la población correspondía a una talla menor a los 26 centímetros. Sólo el 30 por ciento correspondía a especies grandes y pegadas a la costa. Este comité asesor arribó a las siguientes conclusiones en el ámbito biológico-pesquero:1) Que en los últimos años se ha registrado una disminución sostenida de las tallas medias de los ejemplares capturados;2) Que el “stock” desovante registra una disminución sostenida hasta 1994;3) Que aun cuando se han estimado fuertes reclutamientos en los últimos años, existe incerteza en cuanto a si ellos fueron reales o sobrestimados, por la mayor disponibilidad del recurso;4) Que, en general, los indicadores del esfuerzo muestran menor disponibilidad del recurso, y5) Que, dada la incertidumbre asociada a las evaluaciones del “stock” en relación con la situación actual de las pesquerías, es conveniente profundizar y complementar los análisis efectuados. El comité asesor establece una definición respecto del cálculo de la talla de primera madurez, tema que realmente ha sido muy controvertido. Se ha dicho que en el norte la talla es de alrededor de 21 a 22 centímetros, como la que calculaban los rusos en la oportunidad que pescaron frente a nuestras costas. En el sur, los individuos son más grandes, por lo que, indudablemente, la talla será más alta. Entonces, los investigadores establecieron que, en algunos sectores, la talla era de 21 a 22 centímetros y las máximas encontradas alcanzaron los 33 a 34 centímetros, lo que da como resultado un promedio de 26 centímetros, que es una aproximación a las medidas aceptables.Recomendaciones del comité asesor:1) Limitar directamente la cantidad de captura por extraer.2) Limitar directamente el esfuerzo de pesca.3) Limitar las operaciones de la pesca de investigación en áreas definidas.4) Diseñar y aplicar un sistema de control efectivo de las capturas.5) Dar cobertura con personal embarcado en el máximo número de naves posibles para efectos de muestreo. Recomienda asimismo efectuar una evaluación directa que permita monitorear la disponibilidad y abundancia de las distintas cohortes o tallas que componen el stock de jurel que está frente a las costas chilenas, y mantener este esquema de explotación e investigación mientras prevalezcan las actuales características de la pesquería. Al tenor del conocimiento de toda esta información entregada por los actores directamente involucrados en el tema, las Comisiones Unidas arribaron a las siguientes conclusiones.1. Que la pesquería, en general, enfrenta hoy una situación de crisis, resultando indiscutibles los efectos de la corriente de “El Niño” sobre todos los recursos, en especial en el jurel.2. Que, según cifras de la Subsecretaría de Pesca, el esfuerzo pesquero se encuentra sobredimensionado. En efecto, entre 1985 y 1996, el tamaño de la flota en la pesquería centro-sur tuvo un crecimiento de 90 por ciento en número y de 523 por ciento en capacidad de bodega total instalada. Mayores informaciones al respecto se contienen en un cuadro que figura en el informe. Sin perjuicio de lo anterior, estiman necesario investigar y monitorear permanentemente el comportamiento del recurso, con el fin de establecer en forma fidedigna su posible disminución por sobreexplotación.3. Que es necesario validar el sistema de vedas como un mecanismo que permita a la autoridad administrativa proteger el recurso en tiempos de crisis. Proponen también a la autoridad pesquera recurrir a los mecanismos establecidos en la ley para utilizar la fijación de cuotas de captura por “unidad de esfuerzo”, ya que la actual crisis tiende a prolongarse y las vedas se hacen insuficientes como mecanismos permanentes de regulación.4. Que el funcionamiento de la institucionalidad establecida en la ley debe ser efectivo en la práctica, de manera que la autoridad administrativa haga reales esfuerzos en orden a que las instituciones representadas en los consejos zonales, regionales y nacional de pesca tengan efectiva participación en las decisiones de la autoridad, participación que se materializa tomando en consideración sus proposiciones y sin perjuicio de que ellos puedan acceder a la información de que ésta dispone.5. Que los recursos que el Estado destina a la actividad deben estar en directa relación con su desarrollo, asignando mayor presupuesto para la fiscalización e investigación, por cuanto han constatado que, a pesar de los esfuerzos realizados, éstos son insuficientes, dada la magni-tud y complejidad del manejo de este recurso. Recomiendan a la autoridad arbitrar todas las medidas a su alcance para el cumplimiento de la ley.6. Que hay que insistir en el criterio contenido en la ley general de Pesca y Acuicultura, que establece las cinco millas marítimas para uso exclusivo de las pesca artesanal.7. Que la autoridad no debe alterar la talla mínima de captura actualmente exigida ni los porcentajes de captura autorizados bajo la talla mínima, en tanto no existan antecedentes científicos que aconsejen lo contrario.8. Que respecto de los efectos sociales de la crisis que enfrenta el sector pesquero:a) Hay que asegurar la captura del recurso para la mantención de las plantas procesadoras y de la flota a través de las medidas administrativas que el Estado dispone, yb) Que los programas que el Estado desarrolle para mitigar la crisis deberán enmarcarse en el ámbito de la actividad pesquera.9. Que en cuanto a las modificaciones de la legislación pesquera, no es oportuno efectuarlas mientras persistan los efectos ocasionados por el fenómeno de “El Niño”. Sin embargo, hacen suyas las recomendaciones propuestas durante la realización del seminario denominado “La Ley General de Pesca y Acuicultura, un balance necesario”, en el sentido de iniciar el estudio de aquellas modificaciones que los hechos aconsejen.10. Que es de urgente necesidad que el sector pesquero nacional aborde la investigación e inversión con nueva tecnología para la captura y elaboración, que permitiría diversificar la explotación del recurso jurel y de los recursos marinos en general, aumentando el valor agregado en su elaboración, preferentemente orientados al consumo humano.11. Finalmente, que es conveniente sugerir a la autoridad pesquera lo planteado con mucha fuerza por diferentes organizaciones: el establecimiento de incentivos que estimulen la pesca fuera de las 200 millas. Cabe hacer presente que las Comisiones unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, aprobaron por unanimidad todas las proposiciones incluidas en este informe, con excepción del párrafo segundo del Nº 3, que fue aprobado por mayoría de votos. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Subsecretario de Pesca, señor Juan Manuel Cruz. El señor CRUZ (Subsecretario de Pesca).- Señora Presidenta, deseo iniciar mi intervención agradeciendo la invitación a participar en un tema de la mayor relevancia para el desarrollo económico de Chile, el cual está inserto en múltiples iniciativas que ha tenido la Cámara para abordar los temas pesqueros, tanto en el marco global de la legislación como en la coyuntura en que se vive actualmente. Vuelvo a destacar la importancia del seminario realizado el año pasado, que nos permitió evaluar la ley de Pesca después de seis años de vigencia. Sin duda, en el curso de este año, el tema de interés ha estado centrado justamente en la crisis pesquera -acerca de la cual ya hablamos-, y en el despacho de diversos proyectos de ley propios de nuestra competencia. El informe que presentó el Diputado señor Hernández, informante de la Comisión, cubre muchos aspectos. Para hacer un uso eficiente del tiempo, me limitaré a los temas centrales que nos preocupan, dejando oportunidad para continuar debatiendo otros. A fin de ordenar estos comentarios, es conveniente distinguir los hechos objetivos del problema, el manejo de la crisis durante el presente año, las opiniones sobre las causas de los problemas y las propuestas de acción para enfrentar el futuro. Avanzaré en ese mismo orden. Los hechos principales de la situación son cinco.1. La regulación de la pesca del jurel, que se ha basado en el control y congelamiento del esfuerzo pesquero, es decir, en la limitación del número y capacidad de los barcos autorizados para operar. Es una típica regulación del esfuerzo, como primera medida de administración pesquera.2. La regulación de talla mínima de captura, que se fija a partir de datos biológicos, y no en una cuota global anual de captura que, como medida de conservación, suele ser bastante eficiente. Hay que recordar que la fijación de esta cuota no depende sólo de la autoridad, sino que requiere también del acuerdo del Consejo Nacional de Pesca.3. La flota pesquera autorizada aumentó significativamente en los últimos años, como se menciona en el informe. Desde alrededor de 80 mil metros cúbicos de bodega autorizada para pescar jurel, entre las regiones Quinta y Novena, cuando se dictó la ley de Pesca, en 1991, se ha llegado a cerca de 140 mil metros cúbicos a esta fecha. Este enorme crecimiento se ha basado en la aplicación de los artículos transitorios de la propia ley, pero hay que agregar que, además del crecimiento del tamaño de la flota, el aumento de eficiencia por tecnología y modernización es francamente espectacular. De modo que la capacidad de la flota para pescar se ha más que duplicado en muy corto tiempo.4. La captura de jurel, hasta 1993, fue creciendo en forma sostenida y rápida. Es decir, hasta 1993, hubo un desarrollo sostenido y se llegó a 3 millones de toneladas o un poco más en algunos años; pero en 1994, 1995 y 1996, la captura subió a algo más de 4 millones de toneladas. Es decir, de un período de crecimiento, con un tope de 3 millones de toneladas, pasamos a un nuevo período de tres años, en los cuales las capturas sobrepasaron los cuatro millones de toneladas; naturalmente, dicho aumento coincide, en el tiempo, con la época en la cual se hace efectiva la operación del incremento de flotas de que recién hablábamos.5. En los últimos dos años, 1997 y 1998, la situación de la pesquería se ha caracterizado por la presencia muy alta de ejemplares juveniles bajo la talla mínima legal, situación en la cual los ejemplares adultos no están presentes, o lo están en muy pequeña cantidad. Además, se acentúa la disminución de talla de captura promedio que ya se venía observando desde años anteriores. Éstos son los hechos básicos. Sobre ellos hay que elaborar un manejo de las situaciones de corto y de largo plazo. Durante este año -como lo recoge el informe de vuestra Comisión-, la gravedad de la situación quedó de manifiesto en febrero, cuando se comprobó que el 75 por ciento del jurel estaba bajo la talla mínima legal. Ello exigió decisiones inmediatas para conservar el recurso y evitar un posible colapso de la especie, como también el inicio de acciones sobre la base de una perspectiva de más largo plazo. En lo más inmediato, se decretó una primera veda del jurel a partir del 10 de marzo pasado, la cual se ha mantenido en forma ininterrumpida; está vigente, por ahora, hasta el 31 de agosto próximo. Se reforzaron y priorizaron los programas de investigación, con el fin de generar mejores respuestas sobre los temas fundamentales que nos interesan. Se aplicó la facultad, que contiene la ley de Pesca, de exceptuar de la veda a las capturas destinadas a la elaboración de productos de consumo humano directo, de modo de evitar el costo social que podría generar. Debe destacarse que una parte muy pequeña de la captura -parte tan pequeña que realmente no altera la sustentabilidad del recurso en el largo plazo- genera alrededor del 60 por ciento de los empleos del sector. De modo que esta excepción es vital y al respecto el Gobierno ha sido categórico y mantiene la opción por el empleo. Se han realizado también diversas investigaciones en las zonas de pesca habituales de la flota, como también prospecciones con el barco de investigación “Abate Molina” -que está a cargo del Ifop- y con barcos de la zona industrial que también participan. Dichas prospecciones se han realizado dentro de la zona económica exclusiva y fuera de ella; es decir, dentro de las 200 millas náuticas y hasta las 600 millas náuticas de distancia de la costa, respectivamente. Se formó -como también lo señala el informe- un comité asesor de alto nivel, integrado por la Subsecretaría de Pesca, el Instituto de Fomento Pesquero, Ifop, y el Instituto Privado de Investigación Pesquera, Inpesca. Puedo agregar que, a partir de esta semana, contamos con la asesoría de un experto internacional y esperamos que contribuya, con una mirada independiente, en las respuestas a las grandes preguntas que nos hemos formulado. Por último, a fin de darles publicidad, se ha mantenido información y análisis permanente con el Consejo Nacional de Pesca y otros organismos relevantes del sector pesquero. En la medida en que todos compartan el diagnóstico de la realidad actual, se podrán aunar voluntades para buscar soluciones, tanto sobre el manejo de la crisis como también definitivas. Esto me lleva a formular distintos comentarios sobre las opiniones que se han ido formando y decantando durante este tiempo y también respecto de las opciones en el futuro. Felizmente, ya no se discute, como a comienzos de año, si esta crisis se debe sólo al fenómeno de “El Niño”. Sin duda, es ambiental y tiene fuerte impacto, pero nadie desconoce hoy que la flota pesquera ha crecido excesivamente. Todos reconocen también que hemos llegado a niveles de captura muy altos, en los cuales los riesgos de sobreexplotación son cada vez mayores. Estas dos conclusiones, aparentemente muy sencillas, explican la actitud que empresarios, trabajadores y autoridades han tenido al respecto. Todos están empeñados en asegurar la sustentabilidad del recurso, aunque las medidas en el corto plazo han sido bastante duras. Nuestra experiencia, desde el Gobierno, coincide plenamente con lo recogido por la Comisión, en el sentido de que todos los actores reconocen que las vedas, aunque a nadie gustan, son indispensables para evitar una situación más grave en el futuro y no correr riesgos mayores que los actuales. Esto ejemplifica la actitud de responsabilidad que predomina, que ha pasado a ser una de las mayores fortalezas para tener éxito en la materia. En una visión de mediano a largo plazo, el informe de la Comisión recoge la discusión desarrollada al interior del Consejo Nacional de Pesca en torno a un proyecto de ley para reducir la flota pesquera. Ello demuestra que también se está trabajando en soluciones a futuro, de manera de evitar que la situación, de dos a tres años, vuelva a repetirse. El Consejo Nacional de Pesca, más allá de lo que la Comisión recogió, continúa trabajando y complementando dicho proyecto, y esperamos que en agosto ingrese a trámite legislativo. Puedo adelantar, como cosa básica, que se propondrán nuevos sistemas de administración para los recursos pesqueros. Debemos reconocer que la forma de administración de algunas pesquerías -control de esfuerzo y cuota global de captura- ha llevado a malos resultados. La que era una buena solución hace siete años, no es suficiente frente al desarrollo y las realidades del presente. En la actualidad, los cuatro regímenes de explotación que establece la ley de Pesca no son suficientes para abordar soluciones estables en casos tan importantes como el jurel. Desde nuestro punto de vista, debemos ser claros en señalar que la ley vigente no permite una buena solución. Sería un error continuar pensando que esto se resuelve sólo con mayores recursos para fiscalizar, sin tomar en cuenta la ineficiencia económica, los incentivos que genera la ley a los agentes pesqueros, contrarios a la conservación, y los costos sociales y políticos que acarrean estas malas regulaciones por no responder a las necesidades actuales. Estamos experimentando hechos conocidos en experiencias de desarrollo pesquero realizadas en otros países. Cuando la regulación se basa sólo en el esfuerzo pesquero -en alguna medida, es el caso aplicado en la pesquería del jurel-, cada vez es más compleja, ineficaz y limita la flexibilidad que debe tenerse para enfrentar situaciones ambientales cambiantes, y lleva a que la autoridad deba tomar decisiones que serían propias del ámbito privado, si hubiera buenos sistemas para garantizar la conservación y la sustentabilidad. Por otra parte, las regulaciones basadas en cuotas globales de captura, aunque pueden ser eficientes para la conservación, producen una verdadera carrera olímpica. Las empresas compiten por pescar la cuota global lo más rápidamente posible, antes de que se agote. Este mecanismo lleva a una sobreinversión en flota pesquera, tal como ocurre en Chile, por la que se acortan las temporadas de pesca y de trabajo y no hay incentivo alguno para aumentar el valor que se obtiene por la captura realizada. Por lo tanto, el proyecto que se propondrá al Congreso Nacional se basará en una nueva forma de asignar los derechos de pesca a los mismos que hoy los tienen, pero evitando los problemas señalados y permitiendo que el mercado opere en forma más eficiente. Incluso, sería más posible que ahora se produzca la salida y entrada de nuevas empresas a través de mecanismos económicos y no por meras decisiones administrativas de la autoridad. Esto se logra con un sistema de cuotas individuales. Deberemos ser muy cuidadosos en la discusión del diseño y en la forma en que se pasa de la situación actual a la que operará bajo el nuevo régimen. Por todo esto, creemos que el trabajo de la Comisión es tremendamente útil. Tal vez, procede señalar, como resultado global de él y con visión de futuro, que debemos ser capaces de aprender de esta crisis y de sacar provecho de ella, con el fin de transformarla en la gran oportunidad para realizar un avance importante en la modificación de la ley de Pesca, lo que resulta indispensable para mantener el desarrollo pesquero futuro. Muchas gracias. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señora Presidenta, bien ha hecho la Corporación en destinar un tiempo y una Comisión especial a analizar la problemática del recurso jurel, su declinación y los efectos derivados de la corriente de El Niño, así como el mayor esfuerzo pesquero y las medidas que pueden adoptarse en el presente y futuro al respecto. El recurso jurel no es poco significativo en la economía, menos en el sector pesquero. Chile es uno de los cinco países con mayores desembarques pesqueros anuales en el mundo. Se extraen sobre siete millones de toneladas y de ellas, seis millones son de las especies pelágicas más importantes, como jurel, anchoveta, sardina y caballa. Pero, especialmente, el jurel representa, como bien se ha señalado, de esos seis o siete millones, en 1996, cuatro millones y medio de toneladas. En la actualidad, la cifra es del orden de los dos millones y medio de toneladas al año. Así, el jurel representó el 60 por ciento de las capturas en 1994 y el 49 por ciento en 1997. Por consiguiente, la perspectiva del jurel, como principal recurso pesquero, influye sobre el empleo, la fabricación de productos para consumo humano y la industria reductora destinada a la harina de pescado. Lo primero, entonces, es determinar -y en parte se refirieron a ello el diputado informante y el subsecretario-, si el fenómeno que ha afectado al jurel y la declinación de su captura es sólo responsabilidad de la corriente de El Niño, o de las medidas de administración pesquera o del esfuerzo realizado al respecto en el país. Según mi conclusión, sin duda, es la conjunción de ambos factores, pero no en igual proporcionalidad. A mi juicio, es importante señalar que el mayor efecto que ha producido una baja en la captura está fuertemente asociado a un fenómeno climático ambiental como es la corriente de El Niño, que ha generado una variación de temperaturas, de uno a cinco grados por sobre lo normal, con repercusiones sobre el recurso jurel y otras especies pelágicas. Además de los efectos climáticos, la corriente de El Niño ha influido sobre la supervivencia de huevos y larvas, la reproducción, la disponibilidad de plancton y una serie de otros fenómenos oceánicos que afectan el recurso, su ciclo biológico y su instauración en nuestras costas. Es importante señalar que el jurel es una especie altamente migratoria, que cumple su ciclo de vida desde nuestras costas hasta las de Nueva Zelanda, en procesos largos, donde alcanza sus tamaños máximos en períodos de cuatro o cinco años. Por consiguiente, no podemos determinar su comportamiento solamente en razón de lo que ocurre frente a nuestro litoral, ya que su dispersión es oceánica. La corriente de El Niño ha tenido una fuerte influencia sobre el particular, y aquí viene una primera conclusión. Debemos entender y aceptar que este fenómeno climático estará presente permanentemente en el desarrollo pesquero, pues no se trata de una situación especial, coyuntural, de emergencia, de una sola vez. Si analizamos los efectos cambiantes en el mar desde 1837, con algunas lagunas de información, como las que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, podemos concluir que durante un tercio de este período la situación es más o menos normal o promedio, un tercio muestra fenómenos más fríos y un tercio, fenómenos más calientes. Y es importante tenerla presente, porque de ella va a depender la forma en que deberá administrarse el recurso en el futuro. Por otro lado, consignada la importancia relevante, determinante y constante en el tiempo del fenómeno de El Niño, también debemos decir que, desde 1987 a 1997, ha habido un sostenido aumento del esfuerzo pesquero, en que la capacidad de bodega instalada se ha elevado a 123.890 metros cúbicos, con 184 naves en operación y una captura máxima de 4 millones y medio de toneladas. Es importante consignar que el mayor esfuerzo pesquero se ha hecho dentro del marco de la ley, realidad que deberá tenerse presente. No ha habido irregularidad de los agentes pesqueros. Todo se ha hecho dentro de la ley que el Congreso aprobó, en virtud del artículo 3º transitorio. También considero importante consignar que las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad, en especial en lo relativo a las vedas, han sido, a mi juicio, buenas, acotadas en el tiempo; difíciles, quizás, pero han contado con el muy importante respaldo del sector pesquero privado y artesanal, de forma de evitar una influencia mayor sobre el futuro. No podemos pretender que con la veda del jurel se logrará un mayor crecimiento del tamaño mínimo. La suspensión de tres o cuatro meses sobre un recurso que demora cuatro o cinco años en renovarse, no es relevante. Tiene relevancia la protección de los futuros adultos, puesto que con el esfuerzo pesquero sobre la población de menor edad, obviamente, se está afectando la captura futura de especies adultas. Y en ese sentido, las medidas están bien dirigidas. Quiero hacer tres comentarios, quizás un poco más complejos. En primer lugar, sobre la pesca de investigación como fenómeno para paliar la crisis. Muchas veces me ha parecido que no se está enfrentando adecuadamente la restricción por la vía de la utilización de la pesca de investigación, que tiene un objetivo muy específico, definido y claro en la ley: la actividad pesquera extractiva que tiene por objeto cautelar e investigar la existencia del recurso pesquero a futuro. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Le queda un minuto, señor diputado. El señor MELERO.- La pesca de investigación tiene esa facultad y no debe utilizarse como resquicio a fin de mantener una actividad extractiva en el tiempo. Si queremos proteger la industria, sabemos que con el 3 por ciento de pesca de jurel se mantiene el 60 por ciento de la fuerza laboral del sector. Entonces, establezcamos una cuota máxima de captura de especies juveniles o especies bajo el tamaño mínimo. Ésa sería una salida para la industria, especialmente para la de productos destinados al consumo humano. Pero no utilicemos el resquicio legal de la pesca de investigación. La situación debe abordarse derechamente, y la pesca de investigación debe tener ese objetivo. El problema laboral debe solucionarse a través de una cuota de captura. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ha concluido su tiempo, señor diputado. El señor MELERO.- Con esto termino. En segundo lugar, me parece importante avanzar a una medida que establezca cuotas individuales de captura. Comparto el criterio del Gobierno en cuanto a introducir algunas modificaciones a través de un proyecto de ley. Es la forma para establecer una administración más racional del recurso a futuro. Un comentario final sobre la situación de la pesca artesanal. Con mucha claridad, la ley de Pesca dispuso, en su artículo 47, que la pesca artesanal está reservada a una superficie de territorio marítimo de 5 millas. Éste fue un logro muy importante, que se obtuvo y se entregó durante el gobierno del Presidente Pinochet. No obstante, la misma ley de Pesca señala que donde no hay actividad artesanal relevante, podrá entrar la flota industrial. Y la racionalidad de esto radica en no generar un lucro cesante y en aprovechar bien la zona de pesca artesanal para paliar los efectos de la crisis. Muchas veces, por razones políticas, ajenas a la administración pesquera, se ha cerrado la alternativa de utilizar una vasta zona pesquera artesanal, donde no hay actividad relevante, que podría servir de paliativo para enfrentar la crisis. El manejo de estas penetraciones a las 5 millas, autorizadas en la ley, mediante las cuales la flota industrial podría capturar el recurso que no aprovechan los artesanales, no debe politizarse, sino que enfrentarse desde la perspectiva técnica adecuada, a fin de generar un mayor ingreso por esa vía. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Jeame Barrueto. El señor JEAME BARRUETO.- Señora Presidenta, este debate -culminación del trabajo de las Comisiones unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente- es sumamente importante, porque permite acentuar la inquietud existente en el país, en cuanto a tomar medidas urgentes que eviten el aniquilamiento definitivo de un recurso tan importante para Chile y para los empresarios y trabajadores que laboran en el sector pesquero. Durante dos meses estuvimos divagando si la causa del problema era la corriente de El Niño o la sobreexplotación. A mí me llena de tranquilidad escuchar al Subsecretario de Pesca, cuando dice claramente que aquí hay un problema de explotación irracional del recurso que, a pesar de la ley de Pesca, no hemos logrado detener. Ése es el gran tema, y debemos ser muy claros para poner luz roja a la forma en que en los últimos años se ha estado llevando a cabo la explotación del recurso jurel. Quiero ser muy drástico para decir que la ley de Pesca -en cuya elaboración participé junto con muchos diputados aquí presentes- fracasó en su intento de evitar la sobreexplotación de un recurso plenamente explotado como el jurel, con riesgo de producir colapso, como está ocurriendo en la actualidad, y como sucedió antes con la sardina española y la anchoveta. Basta con que veamos el caso de Iquique, que tenía una floreciente industria pesquera, y en lo que está convertida hoy día. No quiero que pase lo mismo con Talcahuano, o con Mejillones, como acota el Diputado señor Valenzuela. Entonces, aquí estamos frente a un problema fundamental, y es responsabilidad nuestra, como parlamentarios, ponerle luz roja con toda claridad. Cuando en las Comisiones unidas escuchamos a los técnicos, se exhibió un gráfico que terminó por convencerme respecto de lo que estaba sucediendo. Dicho gráfico mostraba la forma en que han aumentado las capturas, la talla media del jurel que se pesca y los efectos de la corriente de El Niño a lo largo de la historia. Cuando dicha corriente nos afectaba, se producía una brusca baja en las capturas, y cuando pasaba, éstas se recuperaban. Por lo tanto, sus efectos no justificaban lo que estaba sucediendo con la tendencia histórica del aumento permanente de la captura y la baja permanente de la talla media del jurel que se estaba capturando. Sin duda, se trata de un gráfico clarísimo que demuestra que la corriente de El Niño puede haber influido en este momento y que ocurrirá lo mismo todas las veces que nos afecte; pero sus efectos son relativos, porque así como produce una baja drástica de la pesca, cuando se va, origina una subida. Sin embargo, este fenómeno no explica la tendencia histórica, causada porque se ha producido una sobredimensión en el esfuerzo pesquero, no obstante ser legal. Por eso no fue suficiente la medida adoptada hace algunos años para regular la captura del jurel y que apuntaba a que la explotación fuera racional, a fin de que no ocurriera lo mismo que sucedió con la anchoveta y con la sardina española. La fórmula consistió en congelar el esfuerzo pesquero. Sin embargo, según cifras oficiales entregadas por la Subsecretaría de Pesca, dicho esfuerzo aumentó de 80 mil metros cúbicos a 140 mil. Es decir, por la vía de artículos transitorios de la ley de Pesca y de nuevas leyes, prácticamente se dobló sólo en tonelaje, porque el esfuerzo pesquero no es sólo tonelaje, sino un conjunto de artes de pesca y capacidad de las naves, y como aquí se ha dicho -como un elemento positivo-, en la práctica, se han cambiado todas las embarcaciones por otras más modernas. Es decir, el esfuerzo pesquero se incrementó por la vía de aumentar la capacidad de bodega de las embarcaciones, y también mediante su modernización. Entonces, no es raro lo que ha sucedido. Cuando elaboramos la ley de Pesca y tomamos las medidas pertinentes, concluimos que el recurso jurel era una pesquería que ya no estaba sana; hace cinco años no estaba sobreexplotada, pero sí plenamente explotada. ¿Qué era natural que ocurriera? Que si por vías legales prácticamente se dobló el esfuerzo pesquero en una pesquería que ya estaba plenamente explotada, no resulta extraño que hoy estemos en una situación en que lo más probable es que tengamos una pesquería sobreexplotada, debido a lo cual se está cometiendo el crimen -no es otra cosa- de capturar la semilla. Me parece muy positivo que estemos reaccionando frente a esto -espero que no sea una medida tardía-, y está muy claro que deberemos hacer modificaciones urgentes a la ley de Pesca. Comparto las vedas establecidas por la Subsecretaría como una medida de emergencia, pero es imposible regular una pesquería a través de permanentes medidas de emergencia; de manera que debemos buscar algún mecanismo más adecuado. Como dicen, la experiencia es la madre de la ciencia. Si en 1991 no fuimos capaces de llegar a un acuerdo en cuanto a que esta pesquería se regulara mediante cuotas individuales de captura, parece que los hechos nos están llevando directamente a ello, como única solución. Incluso, la ley de Pesca estableció cuotas individuales de captura, pero sólo como una solución para pesquerías incipientes o en recuperación. No sería extraño que hoy tuviéramos que declarar a la del jurel como pesquería en recuperación. Y estaría bien que lo hiciéramos. Creo que lo más importante es definir las cuotas individuales de captura como mecanismo de regulación de la pesquería del jurel. No me convence del todo la iniciativa que apunta a eliminar las zonas de pesca, a cambio del retiro de embarcaciones, precisamente cuando estamos a pocos meses de que entre en vigencia el posicionador satelital y, por primera vez, podamos fiscalizar que las embarcaciones operen sólo dentro de la zona en que están autorizadas. Por eso, pondría el acento en la discusión que se abre para buscar una solución permanente a la necesidad de fijar cuotas individuales de captura. Junto con ello, aprovecho de hacer una reflexión respecto del desarrollo de largo plazo de esta industria. En realidad, el Chile pesquero es uno de los más importantes, y queremos que continúe siéndolo por mucho tiempo; que no ocurra lo que sucedió con algunos países pesqueros desarrollados, que dejaron de serlo y han tenido que salir a pescar y a invertir en otras partes del mundo, porque sus pesquerías colapsaron. Queremos seguir siendo un país pesquero por siempre. La gran riqueza de este país, que puede ser inagotable, es nuestro mar. La necesidad de ocupar plenamente nuestro territorio marítimo, que es mayor que el continental, hace que el cuidado del desarrollo de este recurso con sentido futuro sea uno de los puntos vitales. Para ello, debemos hacer un giro fundamental e introducir valor agregado en nuestra pesca, lo que significa hacer un esfuerzo país. En primer lugar, los chilenos debemos consumir más pescado. En los últimos veinte años, en vez de crecer el consumo por habitante, ha disminuido. Los empresarios suelen decir: “Bueno, pero díganme dónde vendo”. Entonces, el esfuerzo no sólo debe ser de ellos, sino de todo el país para conquistar nuevos mercados. Imagínense si conquistáramos China con jurel en conserva, con los millones de habitantes que tiene ese país. Otro punto importante: sería conveniente establecer incentivos -como quisimos hacerlo en la ley de Pesca, sin que dieran resultado las medidas tomadas- para que se pesque más lejos; las embarcaciones se han modernizado y cada vez están en mejores condiciones para salir un poquito más allá de las 50 millas. Termino planteando mi preocupación porque la crisis del jurel conlleva dos problemas: primero, es necesario cuidar el recurso para que la industria siga existiendo y dando trabajo siempre; segundo, las vedas han significado una disminución de trabajo, despidos y problemas sociales que están dañando particularmente a la ciudad de Talcahuano. Por lo tanto, es preciso estar alerta para adoptar medidas que permitan compensar esos efectos. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos y medio, el Diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señora Presidenta, en primer lugar, lamento sinceramente que un tema relacionado con un aspecto tan importante de nuestra economía nacional haya convocado a tan pocos parlamentarios. Estamos en presencia de uno de los sectores más productivos y que se ha desarrollado más rápidamente, sobre la base de recursos monetarios y de la vida de muchas personas, de tripulaciones de barcos industriales y de muchos -tal vez demasiados- pescadores artesanales que jamás han recibido aporte del Estado; por el contrario, siempre los hemos sometido a regulaciones y restricciones, y en algún minuto -dado que está presente el Subsecretario- vale la pena hacer algunas reflexiones y, tal vez, pensar un poco más en el sector artesanal. La bancada de la Unión Demócrata Independiente aprobará las conclusiones de las Comisiones unidas, relativas a la investigación solicitada, básicamente, por quienes representamos a distritos que están entregando al país un aporte muy grande. En Talcahuano -en general, ocurre en los puertos de la Octava Región- se ha llegado a desembarcar más de 3 millones de toneladas de pescado. Sin duda, Talcahuano es el puerto con mayor desembarque en todo el mundo. Existen cifras, valores y antecedentes que, lamentablemente, mucha gente desconoce, incluso nuestra Corporación y quienes somos representantes de la soberanía nacional. En ese sentido, desde mi perspectiva, quiero señalar que la ley de Pesca, elaborada para tratar de resguardar este recurso que pertenece a todos los chilenos, ha sido un instrumento eficiente, sin duda con las fallas y problemas que genera esta actividad. Sin embargo, quiero señalar con mucha fuerza que esa ley no ha fracasado, sino que ha ido cumpliendo con el propósito fundamental: cuidar el recurso. Tanto es así que la aplicación de medidas como la veda nos permite pensar que la pesca, en particular de una especie tan migratoria como el jurel, pueda seguir entregándole al país, a regiones y ciudades tan importantes como Talcahuano, el sustento para muchas personas. Entre empleos directos e indirectos, la Octava Región da trabajo a más de veinte mil personas vinculadas a la pesca de esta especie. Queremos que eso se siga manteniendo. Por esa razón, hay que hacer diferencias entre la sobreexplotación de este recurso -afirmación que no comparto- y un exceso de pesca, en lo cual sí podemos concordar. La sobreexplotación significa que la especie se termina y no se recupera sino al cabo de 25 ó 30 años. En este caso, la autoridad pesquera ha ido superando problemas tales como el de establecer, en la práctica, un nexo y una mayor comunicación con los actores. Una de las mayores dificultades que le hicimos presente al Subsecretario en cuanto a cómo controlar y hacer menos dañino este problema, fue, precisamente, que a los actores no se les daba mayor participación. Eso se ha ido subsanando. Me parece bien que se vayan corrigiendo los defectos que ponían en grave riesgo los empleos de mucha gente, tanto en la región como en la comuna de Talcahuano. Es cierto que ya hay una cantidad importante de despedidos; también lo es que hoy tenemos una pesca inferior casi en un 40 ó 50 por ciento a lo que se pescaba hace dos años. A la fecha llevamos sobre un 35 por ciento menos de lo que se pescaba el año pasado a la misma fecha, y el porcentaje del año pasado respecto del anterior, había sido también muy alto. En consecuencia, el Estado, hoy, debe poner mayor atención respecto de cómo mejorar una situación tan dramática y crítica como la que vive el sector pesquero, en particular la relacionada con la pesca del jurel. Un último antecedente: en cuanto a darle mayor valor agregado al sector pesquero, el sector industrial pesquero lo ha ido haciendo a pasos agigantados; precisamente hace menos de un mes y medio, se inauguró una nueva planta en Talcahuano para pescado tratado. En la práctica, significa que la posibilidad no sólo de tener mayores mercados, sino un tratamiento que permita entregar mayor valor al producto, será realidad en la medida en que tengamos el desarrollo de un sector normal. Evidentemente, la crisis provocada por el fenómeno de “El Niño”, la más profunda del siglo, nos ha perjudicado enormemente. Queremos apoyar las propuestas de las Comisiones unidas formulando fundamentalmente una petición al Subsecretario de Pesca: que se creen los incentivos necesarios para que, efectivamente, la pesca se realice más allá de las 200 millas y, con eso, de alguna manera, mejorar o proteger, además, a nuestro sector de pescadores artesanales. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Mulet. El señor MULET.- Señora Presidenta, el tema que hoy discutimos realmente tiene gran importancia y comparto la apreciación del colega Ulloa sobre la materia. En la actualidad, Chile exporta más de 1.800 millones de dólares por parte del sector pesquero, el cual, después de la minería, constituye la segunda fuente de ingresos por exportación más importante del país. Es lamentable -y comparto lo que señalaba el Diputado señor Ulloa- la escasa presencia de colegas parlamentarios en la discusión, sobre todo después de haber escuchado el informe serio y muy elaborado de las Comisiones unidas, así como la importante intervención del Subsecretario, que, indudablemente, lo complementan. Recordemos que la pesca genera al país alrededor de 200 mil empleos directos y, además, 200 mil indirectos. Hablamos de 400 mil personas que viven de ella o de puestos de trabajo que genera este sector; estamos hablando realmente de la segunda actividad económica más importante del país. El informe y sus conclusiones recogen mis apreciaciones sobre la materia, la que fue estudiada en profundidad. En general, comparto sus conclusiones, ya que represento a la Tercera Región, que, de alguna manera, está en una zona límite en lo que al recurso jurel se refiere, sin perjuicio de lo cual quiero formular algunas observaciones. A mi juicio, la veda no debería extenderse hasta la Tercera Región, porque si analizamos los antecedentes y conclusiones del informe, nos daremos cuenta de que en esa región no ocurre lo mismo que en el resto del país. Por ejemplo, los desembarques del recurso jurel, en 1984, llegaron en ella a 51.969 toneladas, y en 1997, a 51.093 toneladas, es decir, no se produce ese gran crecimiento sostenido que, hasta 1995, hubo en el sector en el nivel nacional. El año en que más recurso jurel se desembarcó en la Tercera Región fue 1989, con 124.028 toneladas, o sea, desde el año base, en el momento “peak”, no se superó más allá del 130 por ciento, y hoy estamos en el mismo nivel de captura o desembarque que en 1984. Indudablemente, eso no es lo que sucede en el país; y por ello digo que, en general, estoy de acuerdo con el informe. Si tomamos como base la Quinta Región, por ejemplo, en 1984 se desembarcaron 6.886 toneladas, y en 1995, 884.806 toneladas -más de cien veces de aumento-, y hoy, 181.500 toneladas. Lo mismo ocurre en la Octava Región, que tiene un crecimiento de casi 600 mil toneladas en 1984, hasta 3.200.000 en 1995, y después viene el descenso, en 1997, hasta llegar a casi 2.500.000 toneladas. Entonces, es evidente que desde la Tercera Región hacia el sur existe una pesca desmedida o depredación del recurso; pero quiero defender las apreciaciones de las industrias pesqueras y de los pescadores de la Tercera Región, quienes estiman que sus intereses se ven afectados por la veda del recurso -lo que es natural-, y que el problema no existe en esa zona, sino que sólo a partir de la Tercera Región hacia el sur. Como a la luz de estos antecedentes sus argumentaciones aparecen razonables, quiero -lo pediré a través del Subsecretario de Pesca- recabar mayores antecedentes para llegar a una conclusión definitiva sobre la materia. Estos antecedentes me fueron entregados por personas de mi región, quienes también indican que la talla del actual recurso existente y que pueden pescar en la zona, es la adecuada, y que están dispuestos a someterse a las fiscalizaciones necesarias. En resumen, redondeando esta parte de mi intervención, nuestro deseo es que la Tercera Región quede fuera de la veda, al igual que hoy lo están las regiones Primera y Segunda. Por otra parte, me referiré a dos cosas muy importantes, señaladas por el señor Subsecretario. En primer término, reconozco el profesionalismo de la Comisión y de la Subsecretaría. El mismo Subsecretario ha planteado la necesidad de modificar la legislación vigente sobre la materia, porque, a la luz de lo que sucede, la actual es insuficiente; y creo que ello representa un desafío no sólo para la Subsecretaría de Pesca, sino también para los legisladores. En ese sentido, quiero contestar dos aseveraciones del colega señor Melero, quien manifestó, en primer lugar, que la Subsecretaría o las autoridades del sector, en algunas materias, estarían actuando presionadas por razones políticas. Así, las perforaciones que se autorizan y las zonas de pesca que se cierran, de alguna manera se deberían a la influencia ejercida por el factor político -lo indicó en esos términos-. En segundo lugar, que la Subsecretaría de Pesca adolecería de falta de profesionalismo. Esas aseveraciones me parecen absolutamente demagógicas, sobre todo después de escuchar al diputado informante explicitar el estudio realizado sobre el recurso. Si hubiera que afirmar alguna cosa, es, precisamente, que hoy, en la Subsecretaría de Pesca existe profesionalismo. ¿Qué más profesionalismo y audacia que adoptar una medida de por sí odiosa, como es decretar la veda de un determinado recurso? ¿Qué más profesionalismo se demuestra con la actitud que ha tenido la Subsecretaría, la que, de por sí, representa algo contrario a los intereses económicos de sectores importantes del país? Por lo tanto, el profesionalismo de la Subsecretaría está absolutamente reconocido por estas acciones. ¿Qué más profesionalismo hay que el propio Subsecretario plantee que la actual legislación debe modificarse, desafío que también lo es para nosotros? En consecuencia, me parecen demagógicas las palabras expresadas por el Diputado señor Melero en ese sentido. El trabajo de las Comisiones unidas es serio, absolutamente profesional, con la salvedad que indiqué respecto de la Tercera Región, ya que las conclusiones del informe, a mi juicio, no dan sustento para mantener la veda del jurel en dicha región, sino que, a mi juicio, en ella debería excluirse, al igual que lo están las Regiones Primera y Segunda. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta, me sumo a las palabras de quienes me han antecedido, respecto de la escasa concurrencia de parlamentarios a esta importante sesión. La verdad es que los culpables somos nosotros mismos, dado que permitimos que las comisiones funcionen simultáneamente con la Sala. Solicito a mis colegas que vayamos tomando nota de esta situación para corregirla y así potenciar nuestra actividad. Reconozco que el trabajo serio, profesional y responsable desarrollado por las Comisiones unidas nos permitió llegar a un acuerdo que, a mi modo de ver, refleja la realidad. Es cierto que nos encontramos ante una crisis real en la captura del jurel; pero también lo es que el efecto principal radica en su carácter ambiental. Existe la participación de lo ambiental y estructural; pero, en este caso, la mayor participación del primer factor se ve corroborada por la presencia de la corriente de “El Niño” frente a nuestras costas, y esto se confirma, más aún, si consideramos que Perú ha tenido un descenso en su pesca del orden que mencionó el diputado informante, y que nosotros sólo hemos bajado en un 43 por ciento. A lo antes señalado, agreguemos la falta de información y de estudios técnico-científicos serios sobre esta especie, que es migratoria, como bien lo decía el Diputado señor Melero. Por ejemplo, la diferencia de criterio sobre la talla del jurel cuando obtiene su madurez sexual. El hecho de que, en la costa, se aprecie, en el último tiempo, gran cantidad de peces en edad juvenil nos hace concluir que existieron los padres, quienes, obviamente, migraron al sufrir un cambio de su hábitat por influencia de la corriente de “El Niño”, que aumenta las temperaturas de las aguas. Y esto lo corrobora una información que tengo desde hace una semana: en una pesca realizada a la altura de las 380 millas mar afuera, se ha encontrado el jurel adulto en cantidades bastante significativas, lo cual estaría confirmando que, dentro de su etapa migratoria, al retirarse la corriente de “El Niño”, estaría volviendo. Pensemos también que la corriente de “El Niño”, causante de estos cambios, tiene un proceso: llega a nuestras costas y, luego, se retira, lo cual no se lleva a cabo de inmediato, sino en forma progresiva, manteniendo en el tiempo esta situación, que ha llevado a alterar tanto la rentabilidad como la cantidad de empleo en esta tan importante actividad productiva de nuestro país. Si había una predicción de biomasa del orden de los 20 a 25 millones de toneladas, tiene que haber sólo un motivo ambiental para que el recurso desaparezca, aunque reconocemos que el esfuerzo pesquero ha aumentado. Llama la atención que antes de que se dictara la ley de Pesca, como bien dijo el Diputado señor Jeame Barrueto, sólo había 77 mil metros cúbicos de bodega autorizada, y hoy se han duplicado. Por lo tanto, el esfuerzo pesquero ha aumentado, producto de la ley de Pesca. También hay que señalar que nuestro país siempre fluctúa entre el tercero y quinto lugar, como uno de los más importantes extractores de pesca. En un futuro no muy lejano, tal vez seamos consumidores, en su integridad, de nuestra producción de harina de pescado. Chile es el segundo productor de salmón más importante del mundo, cuya dieta en el 65 por ciento se compone de harina de pescado, y en el 25, de aceite de pescado. Ello indica que, por esa vía, el país le está incorporando valor agregado a la harina de pescado, con lo cual se desvirtúa la afirmación hecha en la Sala en sentido inverso. Más aún, creo que todos coinciden -y esta es una de las conclusiones importantes del análisis hecho por la Comisión- en que es fundamental estudiar e investigar estas situaciones, de manera que, al enfrentar nuevas crisis, adoptemos medidas que no nos lleven jamás a una sobreexplotación del recurso. Es así como la reducción del esfuerzo, vía cuota individual, es una de las alternativas importantes por considerar, lo cual nos puede llevar a cuotas individuales en que se maneje sólo la cuota total del año. De esta manera, se mejorará una actividad que es bastante cambiante, dando estabilidad en el tiempo, tanto de la actividad laboral como de la oferta del producto al mercado. También es importante agregar que el manejo no ha sido irracional, porque he observado con mucho interés cómo todos los agentes que han participado en este análisis están conscientes de que el recurso pesquero es algo que si no se cuida, todo el proceso que ellos tienen -su actividad, sus industrias, su trabajo-, no podría seguir. Han sido esos agentes los más interesados en adoptar medidas para proteger el recurso. La Cámara se ha abocado a este estudio, porque algunos parlamentarios han sabido canalizar las inquietudes, tanto de un sector como de una actividad. Lo hemos hecho con pragmatismo, el mismo que se requerirá en el futuro para realizar estos estudios. Por ejemplo, si vamos a tomar algunas medidas, debemos considerar situaciones particulares y peculiares. Me refiero en este caso a la Primera Región, bastante atípica con relación al resto de las regiones pesqueras, porque su vecino, Perú, también es una potencia pesquera. Por lo tanto, si tomamos ciertas determinaciones pensando en la mayoría de las zonas, a lo mejor vamos a dejar en desventaja a la Primera, porque el sistema de la cuota individual del que estamos hablando o cuotas totales, no será implementado por el país vecino. En consecuencia, al regular esta actividad, le daríamos ventajas en una actividad en la que él también es potencialmente importante. Creo que, a futuro, toda esta situación nos llevará a reflexionar para enfrentar los problemas y los desafíos en forma científica y técnica. Sólo aunando voluntades y conocimiento, podremos mantener el sitial alcanzado por la pesca de nuestro país, con el objeto de conservarla para las generaciones futuras. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señora Presidenta, la Cámara analiza un problema que afecta fundamentalmente a los sectores pesqueros del país. Quiero referirme a algunos aspectos puntuales del proyecto de acuerdo Nº 17, que en su parte pertinente dice: “No obstante que la ley de Pesca ha buscado regular y proteger nuestros recursos pesqueros, en la actualidad el jurel -que constituye el principal recurso- atraviesa una grave crisis. “Si bien no existe consenso entre los especialistas respecto de las causas de la crisis -en el sentido de que ella sea producto de sobreexplotación o de los efectos derivados del fenómeno de El Niño-, sí existe acuerdo respecto de su gravedad”. Y se señala más adelante: “Aun cuando la talla de madurez del jurel es de 35 centímetros, en el año 1981 se autorizó, mediante decreto Nº 458, de Economía, Fomento y Reconstrucción, como tamaño mínimo de extracción, 26 centímetros, lo cual implica que durante 17 años se ha explotado el recurso antes de que sea apto para tales fines, lo que se ha traducido en que paulatinamente desaparezca el recurso de ciertas edades y se capture, cada vez más, el de talla 20 ó 21 centímetros, pescado con huevos o que nunca antes ha desovado, lo que importa el posible exterminio de la especie”. Una de las normas transitorias de la ley de Pesca -impulsada fundamentalmente por el ex Diputado señor Akin Soto Morales, Q.E.P.D.-, permitió que en la provincia y sobre todo en la comuna de San Antonio, se instalaran cerca de diez plantas reductoras de pescado, especialmente jurel. Creo que el Gobierno, responsablemente, impone las vedas no para perjudicar, sino para conservar la especie. Por ello, como diputado del Distrito Nº 15, en cuya jurisdicción se ubica el puerto de San Antonio, estoy plenamente de acuerdo con las disposiciones que la Subsecretaría, también en forma responsable, está estudiando sobre la materia. Frente al problema de la sobreexplotación, tenemos dificultades, porque las empresas pesqueras instaladas en San Antonio habían generado empleos, que hoy, lamentablemente, ya no existen. Debo aclarar que, cuando se instalaron las empresas pesqueras en San Antonio, muchos de sus trabajadores llegaron de la zona norte, porque, dado que el recurso es migratorio, como bien se ha señalado, ellos se trasladan a la zona de producción. Quiero referirme a un tema siempre recurrente: nuestra principal función es defender a los pescadores artesanales, porque cada vez que el sector sufre las consecuencias climáticas o hay problemas con el tamaño del jurel, las empresas pesqueras penetran las cinco millas reservadas exclusivamente para los pescadores artesanales. Si esto llega a ser permanente, las familias de estos miles de trabajadores se verán afectadas. Existen 140 mil pescadores artesanales en el país y no tienen quién los defienda. Por lo tanto, reitero la petición -y se lo ruego al señor Subsecretario- para que no se autorice ninguna penetración en las cinco millas reservadas para aquéllos en la ley. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señora Presidenta, quiero referirme a algunos conceptos que, de alguna forma, están en las conclusiones y proposiciones de las Comisiones unidas y, sobre esa base, dar algunas luces sobre cómo veo el problema de la pesca del jurel en nuestro país. En realidad, el jurel es un recurso natural renovable, y, a diferencia de otros recursos naturales que hoy explota el país, no es domesticado. Vale decir, es un recurso disponible en nuestra economía, pero que el chileno no domina, como, por ejemplo, el salmón. En la práctica, la industria salmonera está tecnificada, regula el recurso, lo explota y constituye una sólida economía a su alrededor. Hace años sufrimos la veda del recurso ostra, el cual era un producto tremendamente apetecido que, incluso, se vendía en el mercado negro cuando aún no se explotaba en forma artificial. En la parte forestal, tenemos hoy recursos forestales artificiales que son renovables domesticados. ¿Qué es un recurso natural renovable? Es aquel que existe en la naturaleza sin intervención del hombre, y es renovable porque sin la intervención del hombre es posible que se reproduzca y se mantenga en el tiempo, a diferencia de un recurso natural como las minas, que no lo son. ¿Qué debe enfocar la acción del hombre en estos recursos renovables? Debe centrarse en un manejo sustentable, que es lo que importa al país para las generaciones futuras. El manejo sustentable debe, en alguna forma, proveer los medios, las medidas y las leyes para que esta riqueza sea inagotable. Cuando hablamos de manejo, significa que el recurso se puede intervenir para obtener un producto económico que vaya en beneficio del hombre. Y si es sustentable, debe garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Eso es sustentabilidad de un recurso, y toda medida, legislación o norma que se aplique al manejo sustentable debe cumplir con tres condiciones: primera, que sea tecnológicamente aplicable; segunda, que sea económicamente viable, y tercera -y muy importante- que sea socialmente aceptable. Toda medida que adoptemos -en eso comparto la opinión de las Comisiones unidas- debe ser entonces tecnológicamente aplicable, económicamente viable y socialmente aceptable. Dicho eso, podemos definir qué hacer con el recurso jurel. Es opinión unánime de toda persona que se preocupe del manejo de recursos naturales, que cuando se cosecha un recurso natural, éste debe ligarse a su crecimiento. Cuando alguien tiene un capital en dinero, lo deposita en el banco, consume sólo los intereses y mantiene el capital intacto. El manejo sustentable de un recurso natural debe ser enfocado en el mismo sentido: cosechar sólo el interés, vale decir, el crecimiento del capital. Hoy, y de hecho la Comisión así lo estimó, hay dos factores que están influyendo en el recurso jurel: el efecto de la corriente de El Niño y la sobreexplotación del recurso. ¿Cuál de ellos está influyendo hoy en su escasez? ¿Uno o ambos a la vez? Lamentablemente, tenemos un efecto confundido. No podemos aseverar con certeza que hubo o ha habido una sobreexplotación, como tampoco que no la ha habido, porque está presente un efecto que genera confusión: la corriente de El Niño. En el primer acápite de las conclusiones de la Comisión se menciona expresamente el efecto probable de la corriente de El Niño en el recurso jurel. En el segundo, que es un hecho reconocido por la Subsecretaría, que el esfuerzo pesquero ha crecido y se ha sobredimensionado. Están las cifras: un 90 por ciento de aumento en el número de naves y un 500 por ciento en la capacidad de bodega total instalada. Las vedas es el tercer punto que la Comisión ha considerado importante consignar. Es la forma y el método mundialmente aceptado para otorgar al recurso la posibilidad de crecer, ojalá, manteniendo el volumen original. Las cinco millas marítimas reservadas a la pesca artesanal es una norma innegociable, no transable. De hecho, la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile y la Federación de Pescadores Artesanales de la Segunda Región solicitaron a la Contraloría General de la República un pronunciamiento acerca de las probables penetraciones en las cinco millas reservadas a la pesca artesanal. En el oficio de respuesta de la Contraloría, en que los pescadores artesanales solicitan un pronunciamiento acerca de la legalidad de las resoluciones de la Subsecretaría de Pesca que autoricen actividades pesqueras industriales en áreas de reserva artesanal, se señala, en síntesis, que si bien la ley permite esta posibilidad, para ello es menester, entre otras condiciones, que el desarrollo de actividades extractivas por naves industriales no interfiera en la artesanal, circunstancia que no concurriría en la especie, por cuanto los implementos de pesca autorizados en las mencionadas resoluciones afectarían el fondo marino y, consecuencialmente, la disponibilidad de recursos para la actividad artesanal. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señora Presidenta, quiero dar lectura a una inserción de don Guillermo Salfate Valenzuela, publicada en el diario “La Tercera”, en junio de 1997. Dice: “Me autodenuncio públicamente por la matanza que yo hago en el mar de Chile día a día, mes tras mes, con las embarcaciones industriales pesqueras sobre el recurso jurel en el área que abarca desde la Quinta a la Undécima Región. Me confieso abiertamente, y a viva voz, ser un criminal, porque las circunstancias actuales me obligan a hacerlo y las leyes de mi propio país me permiten seguir asesinando sin compasión alguna”. Pienso que no sólo este valiente chileno, don Guillermo Salfate, ha cometido el crimen en los mares chilenos, sino que hay muchas otras personas involucradas que deberían dar una explicación al país. La importancia que Chile tuvo en el pasado en el concierto de las naciones como país pesquero hoy está cada vez más lejos. El abuso a que fueron sometidos nuestros recursos marinos nos depara sorpresas desagradables y muy negativas. Basta acercarnos a las cifras. En 1994, la pesca del jurel alcanzaba a 230 mil toneladas anuales. Las embarcaciones aumentaron y en 1995 llegamos a 4.400.000 toneladas. La capacidad de bodega creció de 80 mil a más de 140 mil metros cúbicos y aumentó también la eficiencia de las embarcaciones. En los últimos meses, se ha registrado en las capturas de jurel la presencia de ejemplares juveniles y de baja talla en más de 75 por ciento, con lo que, una vez más, se comprueba este crimen con un recurso natural. Algunos industriales, so pretexto de estudios sofisticados, plantean la conveniencia de rebajar la talla mínima de 26 centímetros. La riqueza marina hoy se encuentra agotada y sobreexplotada. No sigamos culpando a la corriente de El Niño, que ya se alejó de nuestras costas. Los jureles adultos no han vuelto y jamás volverán, porque hace tiempo que se transformaron en harina de pescado. Debemos ser capaces de mantener las fuentes laborales de muchos trabajadores que viven de la pesca, de disponer las vedas a través del tiempo para conservar el recurso, de fiscalizar en forma eficiente y no como se hace hoy, de manera inadecuada; de proteger la pesca artesanal, porque es allí donde se genera más trabajo. Hay que reformular la ley de Pesca y adecuarla a las actuales circunstancias, por el interés de Chile, de su pueblo y de aquellos que soñaron en el pasado que éste era un trabajo y un recurso inagotable. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Miguel Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta, quiero expresar el reconocimiento a la forma en que las Comisiones unidas se abocaron al tratamiento de este tema, lo que nos permitió cumplir con nuestro mandato dentro de los plazos que la propia Cámara nos impuso. En ese sentido, es importante valorar el esfuerzo que hicimos los miembros de las Comisiones unidas y la gente que nos acompañó en el análisis de este tema. Es evidente que saltó a la luz un hecho concreto: el efecto de la corriente de El Niño nadie lo puede discutir; pero también quedó claramente establecido que hay una sobreexplotación de nuestros recursos pesqueros, aspecto que vale la pena ubicar en el contexto real de la situación que hoy se vive. La corriente de El Niño no es un elemento que podamos controlar, y se ha demostrado históricamente que se repite en forma cíclica. Aunque siempre estaremos afectados por fenómenos climáticos de esta naturaleza, tenemos posibilidades de regular la explotación sustentable de este importantísimo recurso. Hablamos de la segunda actividad económica del país que más recursos genera en exportaciones. Por ello, valoro lo expresado por el Subsecretario de Pesca, en el sentido de que se están estudiando modificaciones legales que serán pronto enviadas al Parlamento para ser analizadas, discutidas y ojalá promulgadas dentro del más corto plazo. También valoro lo dicho por los pescadores artesanales, que reclaman el derecho que la propia ley les establece: la protección de las cinco millas. Quiero repetir lo que expresan los pescadores artesanales a través de su presidente, Humberto Mella, y que está consignado en el informe: “Lo más grave, aun para la pesca artesanal y para los recursos pesqueros en general, es que al recurso objetivo jurel se le adosan, como fauna acompañante, 33 especies finas, que antes eran capturadas por los pescadores artesanales, para que hoy sean convertidas en harina de pescado. Daré como ejemplo algunas especies: cabrillas, cojinovas, congrios, corvinas, lenguados, merluza, reineta, robalo, tollo, etcétera. Ésta es, quizás, una de las razones de la insana competencia del sector pesquero industrial con la pesca artesanal por las cinco millas, porque estamos peleando por los mismos espacios y por los mismos recursos”. Aquí queda en evidencia que existe una competencia brutal entre sectores que defienden intereses diferentes. En la discusión en la Comisión quedó de manifiesto la responsabilidad con que el sector pesquero artesanal habla de la sustentación del recurso. Eso es entendible, aceptable y requiere de nuestra parte un tratamiento muy especial por lo que ellos plantean. La sustentabilidad del recurso, muchas veces, se opone a los intereses de las grandes empresas, a las que sólo les preocupan las ganancias y una explotación económica de un recurso respecto del cual debemos hacer todos los esfuerzos por mantenerlo y desarrollarlo de manera sustentable. Creo que en lo dicho por el Subsecretario de Pesca está la clave del asunto: se enviará el proyecto -que nos ha anunciado- para definir, a través de una cuota global autorizada, cómo asignar de mejor manera los recursos entre los actores que hoy operan en el sistema. En esta discusión ha quedado en evidencia la relevancia de un sector y los problemas que enfrenta, como también el espíritu y el ánimo de las intervenciones, en el sentido de concederle la importancia que tiene. Como dije, estamos hablando de la segunda actividad exportadora de Chile, la que genera más de 200 mil empleos directos. De manera que, sin lugar a dudas, la situación que enfrenta requiere de nuestra mayor atención. Pienso que la forma como se ha tratado hoy el tema está a la altura que el país nos demanda. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, quiero hacer un reconocimiento a la labor de esta Corporación. He escuchado al menos a dos colegas que han expresado su preocupación por la baja asistencia en la Sala cuando se trata un tema tan importante para muchas regiones, pero se olvidan de algo que también señaló otro colega: al comienzo de la sesión autorizamos a dos Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala. Lo hago notar con mucha fuerza, pues parece que se está haciendo una tradición en algunos colegas hacer una autocrítica que no corresponde a la realidad. Aquí cada uno asume sus responsabilidades y, sobre todo, tiene que estar tranquilo con su conciencia y con sus electores para cumplir el rol de diputado de la República. En abril de este año, parlamentarios de todos los partidos políticos, tanto de Gobierno como de Oposición, fuimos coautores de un proyecto de acuerdo cuya finalidad era que estas Comisiones unidas hicieran un estudio serio de un tema que no es responsabilidad de la autoridad administrativa, sino de un hecho climático: la corriente de El Niño. Se actuó en forma seria. Es cosa de leer y analizar en profundidad el informe que se nos hizo llegar y de haber escuchado la exposición del diputado informante. Al leerlo, uno se da cuenta de que se hizo un trabajo, como siempre sucede en la Cámara de Diputados, serio, responsable y pensando en el país. Creí mi deber y obligación expresar esto, porque situaciones como éstas no ayudan, efectiva y realmente, a hacer entender al país nuestra labor, más aún cuando hay un canal de televisión que lo está observando una cantidad importante de chilenos, quienes reciben una información absolutamente equivocada al respecto. En la Octava Región no es un tema menor. Tanto la pesca como la actividad forestal son lejos los dos grandes rubros que dan empleo y riqueza. La industria pesquera de la Octava Región da empleo directo a casi 14 mil trabajadores, e indirecto, a no menos de 10 mil personas. Por eso preocupa que se lleve por el camino que corresponde. Me parece que las conclusiones de las Comisiones tratan de solucionar una situación de crisis, pero no concuerdo totalmente con el número 8), que expresa: “Respecto de las modificaciones de la legislación pesquera, las Comisiones consideran no oportuno efectuarlas mientras persistan los efectos ocasionados por el fenómeno de “El Niño”;”. Considero que debe ser al revés: deberíamos legislar, perfeccionar y mejorar los cuerpos legales en los tiempos difíciles, complicados y de crisis, porque, de esa forma, estamos avanzando. Quiero terminar expresando mi apoyo total y absoluto a este informe, con excepción del mencionado número 8), porque, como dije, no concuerdo con lo que señala, pues, a mi juicio, debería ser al revés, por lo que solicito, aunque sea a título personal, que el Gobierno envíe modificaciones que apoyen el desarrollo de esta gran actividad, que genera riqueza, poder económico y, especialmente, empleo. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el informe de las Comisiones unidas. No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Alvarado, Allende (doña Isabel), Ascencio, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Fossa, Galilea (don José Antonio), González (doña Rosa), Gutiérrez, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leay, Lorenzini, Masferrer, Melero, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Soto (doña Laura), Ulloa, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).-Se abstuvo el Diputado señor Prokurica. VI. PROYECTOS DE ACUERDOPRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN EL ACCESO AL TRABAJO. (Continuación). La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En la sesión de ayer se leyó, debatió y votó el proyecto de acuerdo relativo a la utilización del test denominado “Minnesota Multifacetic Personality Inventory”, para condicionar el acceso al trabajo, pero corresponde repetir la votación, porque no se logró el quórum necesario. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 5 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Allende (doña Isabel), Ascencio, Bustos (don Manuel), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Fossa, Gutiérrez, Hernández, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Núñez, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Soto (doña Laura), Valenzuela, Villouta y Walker (don Patricio). -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: González (doña Rosa) y Paya. -Se abstuvieron los Diputados señores: Bertolino, Correa, Dittborn, Melero y Molina.MANTENCIÓN DE CINCO MILLAS DE RESERVA PARA PESCA ARTESANAL. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 79, de los Diputados señores Jeame Barrueto, Elgueta, Ortiz, Letelier, don Felipe; Urrutia, Navarro, Salas y Arratia. “Considerando:1. Que la zona de 5 millas de reserva para la pesca artesanal es una conquista histórica no sólo para ese sector, sino que para todo el país, en tanto ella apunta -además de preservar un área de desarrollo exclusivo para los pescadores artesanales- a constituir un área de protección ecológica.2. Que, en efecto, la plataforma continental de Chile es muy pequeña y en ella se lleva a cabo parte importante de la reproducción de los peces, por lo que la zona de 5 millas de reserva impide que la pesca industrial opere en esa área protegiendo el potencial de renovación de los recursos pesqueros de todo el país, incluido el utilizado por el propio sector industrial. En este sentido, la pesca industrial dentro de las 5 millas equivale a “cosechar la semilla” o ir a “cazar en sus nidos” a las especies.3. Que es necesario tener presente que no obstante la existencia de esta zona de reserva, se han producido perforaciones dentro de las 5 millas sea vía de perforaciones autorizadas legalmente en exceso -producto de la aplicación de un criterio permisivo para calificar aquellas zonas donde la pesca artesanal no es significativa según indica la ley- y a través de perforaciones de hecho a causa de falta de condiciones para fiscalizar las áreas de operación de las naves, situación esta última que podrá ser superada a partir de la entrada en vigencia de la normativa sobre el posicionador satelital, que permitirá determinar la posición exacta de las naves;4. Que, en este sentido, se hace urgente revisar la ley en cuanto a los criterios establecidos para autorizar perforaciones en esta zona de reserva, dado que la existencia de las 5 millas no sólo obedece a la protección de la pesca artesanal -sea ésta significativa o no-, sino que también a la protección del recurso;5. Que, de otro lado, es necesario constatar la crítica situación que afecta a la industria pesquera, especialmente la del jurel, que ha generado múltiples peticiones y/o presiones en el sentido de revisar -en el contexto de esta coyuntura- la vigencia de las 5 millas de reserva exclusiva de la pesca artesanal, sea en la perspectiva de eliminarla, autorizar transitoriamente el ingreso de naves de pesca industrial o reducir su extensión como forma de paliar la crisis y, asimismo, han resurgido argumentos en cuanto a que la pesca artesanal no es capaz de utilizar los recursos disponibles en esa zona;6. Que, frente a lo anterior, es posible diseñar alternativas que colaboren a solucionar la crisis del sector pesquero que, en vez de cuestionar la existencia de la zona de 5 millas, fortalezcan uno de sus sentidos originales: el desarrollo y modernización de la pesca artesanal. En esta perspectiva, por ejemplo, es posible facilitar convenios entre el sector artesanal e industrial, para que este último adelante recursos a fin de que los pescadores artesanales reparen y mejoren sus embarcaciones aumentando su potencial, de modo que puedan triplicar, cuadruplicar y hasta quintuplicar sus capturas y luego entregarlos al sector industrial, colaborando así a mantener la producción industrial y paliar la crisis. Por las consideraciones antes expuestas, los diputados que suscriben vienen en proponer el siguiente Proyecto de acuerdo: La Cámara de Diputados reitera su opinión en orden a la mantención de las 5 millas de reserva para el desarrollo de la pesca artesanal y respalda la actuación del Gobierno en su criterio de no ceder ante peticiones que pueden debilitar la existencia de estas zonas. Asimismo, se acuerda oficiar al señor Ministro de Economía, a objeto de que disponga que la Subsecretaría de Pesca revise los criterios establecidos en la Ley de Pesca en lo relativo a la posibilidad de autorizar perforaciones en aquellas zonas donde no exista pesca artesanal significativa y estudie mecanismos y alternativas de colaboración, sea como los descritos u otros, entre el sector industrial y artesanal para superar la actual situación de crisis”. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Jeame Barrueto. El señor JEAME BARRUETO.- Señora Presidenta, hemos presentado este proyecto de acuerdo debido a que la crisis pesquera que nos afecta en estos momentos, particularmente respecto del jurel, por lo que se ha generado nuevamente un movimiento entre el empresariado para que se revise la norma sobre las cinco millas exclusivas para la pesca artesanal, conquista histórica del país y de los pescadores artesanales. Se ha planteado reducirla a tres millas y a una milla. Se dice que los pescadores artesanales no son capaces de aprovechar los recursos que existen ahí, porque no tienen el potencial pesquero para ello, y que esta medida sería una alternativa para compensar un poco los efectos de la crisis pesquera. Frente a esto, queremos reiterar el valor de esa conquista histórica, que no es sólo una protección para los pescadores artesanales -cosa que socialmente es muy importante para el desarrollo del país-, sino que también para el equilibrio ecológico, ya que la plataforma continental de Chile es pe-queña y en esa zona se produce el grueso del proceso de reproducción de estas especies. Por lo tanto, si se permite la pesca industrial dentro de las cinco millas, no sólo se afectará al pescador artesanal, sino que a toda la actividad, ya que es autorizarlo para que capture la semilla de la pesca, lo que es un verdadero absurdo y suicidio como país. Por ello, es fundamental insistir en que estas cinco millas exclusivas se mantengan inalterables e, incluso, buscar precisiones mayores, para lo cual es necesario hacer lo siguiente: Primero, revisar los criterios de la ley de Pesca respecto de las perforaciones de la pesca industrial en sectores donde no hay pesca artesanal significativa, ya que, aunque ello sea así, de todas maneras allí se produce el proceso de reproducción de las especies, que podría ser afectado por la pesca industrial. Y segundo, proponer una alternativa distinta de solución o compensación a la crisis, cual es que la pesca industrial adelante recursos a la pesca artesanal, para que se pueda modernizar, con lo que podría duplicar, triplicar o cuadruplicar las capturas para ser entregadas a la industria pesquera. Ése es un camino que genera actividad y trabajo para enfrentar la actual crisis pesquera y, al mismo tiempo, respeta la filosofía de la ley de Pesca, que era generar la modernización y capitalización del sector artesanal. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Velasco. El señor VELASCO.- Señora Presidenta, la bancada democratacristiana y quien habla estamos total y absolutamente de acuerdo con este proyecto, porque el sector de la pesca artesanal es el más desprotegido, más pobre y más sacrificado. Muchas veces hemos visto que estos pescadores han salido a pescar a alta mar, pero han desaparecido debido al mal tiempo. Por ello, debemos protegerlos, ya que son muchas las familias que viven en torno a esta actividad, principalmente en el litoral chileno. Los pescadores industriales, con sus modernas embarcaciones, tienen la posibilidad de ir cada día más lejos a pescar, no así los pescadores artesanales, que cuentan con pequeñas embarcaciones. Desde nuestro punto de vista y preocupados por ellos, ya que se crearían conflictos sociales muy grandes si no se respeta esa reserva, daremos nuestra aprobación a este proyecto de acuerdo. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta, a pesar de que la ley establece la reserva de las cinco millas para el sector artesanal, creo que no debería ser exclusiva y excluyente, ya que algunos sectores no tienen caletas y en ellos no se puede acceder a la pesca. Entonces, es importante reconocer una condición a la que se aludió en el informe de las Comisiones encargadas de estudiar la situación del jurel, cual es que el hábitat normal de los pelágicos, como la anchoveta y la sardina, está dentro de las primeras cinco millas. ¿Qué va a pasar? Como se sabe que los pescadores artesanales carecen de infraestructura para su captura, el recurso envejecerá y tendremos anchovetas y sardinas de 8, 10 ó 20 años, que se morirán de viejas. Además, estas especies, por un proceso de estacionalidad y de meses, constituyen una pesca complementaria de la del jurel. Por lo tanto, reconociendo la importancia de guardar zonas de protección para los artesanales, se debe dejar la puerta abierta para la explotación. Es una de las formas en que podemos mantener la sustentabilidad tanto de la actividad como del recurso. De esa forma imperará la ley y no sucederá lo que se produce hoy, que es reconocido por todos: explotaciones ilegales. Es obvio que con el posicionador satelital se podrá manejar mucho mejor este aspecto. En consecuencia, no habrá problemas para que los pesqueros industriales puedan operar en zonas reservadas. Por esta razón, votaré negativamente el proyecto de acuerdo. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señora Presidenta, nuestro país tiene más de 4.500 kilómetros de costa, en los cuales se pueden explotar estos recursos. Un vasto territorio, que da para todo: para las actividades artesanal e industrial. La Sala consagró ese principio, y el artículo 47 de la ley es elocuente en cuanto a reservar a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en la franja del mar territorial de cinco millas, logro muy importante que obtuvo el sector artesanal durante el gobierno del Presidente Pinochet, a instancias del almirante Merino, que dio una reserva natural al sector más pobre de la actividad pesquera para que realizara su actividad. Pero con igual criterio la Cámara dijo que, no obstante, cuando no se realice pesca artesanal en una o más zonas específicas dentro de estas áreas, o si la hubiera, sea posible el desarrollo de actividades pesqueras extractivas por naves industriales que no interfieran en la actividad artesanal, puede autorizarse la utilización de dichas áreas. Ése es el criterio correcto. Aquí se habla mucho del sector más pobre. El 80 por ciento de la captura del sector artesanal lo compra la industria, y si no queremos hacer más pobres a los pescadores artesanales, debemos impedir que exista lucro cesante, para lo cual debemos autorizar la pesca industrial en vastas zonas a las que no acceden los pescadores artesanales, porque no cuentan con los medios o las naves que permitan realizar la captura en dichas zonas. Los chilenos no podemos darnos el lujo de empobrecer aún más al país por reservar una zona a la cual no tendrían acceso los pescadores artesanales. Nadie podría estar en contra de fortalecer el sector artesanal. ¡Por Dios, cómo podríamos oponernos a ayudar a ese sector y cuestionar el legítimo derecho que tienen sobre las cinco millas! Pero, en igual dimensión, ¿cómo podríamos oponernos a que la flota industrial pueda extraer en zonas -como la artesanal, si es que puede llegar a ella-, donde no exista esa actividad relevante? Cerrarse, en forma antojadiza, inflexible y excluyente, a que una riqueza natural, que genera ingresos y divisas al país, fuentes de empleos para muchos pescadores también artesanales, pueda ser explotada, me parece una aberración que no tiene lógica con el respaldo técnico ni con lo que señala la propia ley. Por esa razón, por el futuro de la pesca artesanal, voy a votar en contra de este proyecto. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 4 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se contabilizará a favor el voto del Diputado señor Antonio Leal. Aprobado el proyecto de acuerdo. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Ascencio, Bustos (don Manuel), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Delmastro, Gutiérrez, Hernández, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leal, Molina, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ortiz, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Valenzuela, Velasco, Villouta y Walker (don Patricio). -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Bertolino, Fossa, Ibáñez, Melero y Van Rysselberghe. -Se abstuvieron los Diputados señores: Galilea (don José Antonio), Orpis, Palma (don Joaquín) y Rojas.MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 825, DE 1974, PARA EXCEPTUAR A LOS LIBROS DEL PAGO DEL IVA. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 80, de la Diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los Diputados señores Rincón, Velasco y Silva. “Considerando:1. Que el texto original del D.L. N° 825, sobre impuesto a las ventas y servicios, declaraba en su artículo 13, Nº 2, exento del pago de este impuesto a las ventas que recayeran sobre textos, cuadernos escolares, libros, diarios y revistas destinadas a la lectura.2. Que el artículo 12 del actual D.L. N° 825, contempla las ventas y servicios que se encuentran exentos del pago de iva (impuesto al valor agregado), no considerándose entre ellas la venta de libros.3. Que mediante la dictación de la ley Nº 19.227 se creó un Fondo Nacional del fomento al Libro y la Lectura, a cargo de la División de Cultura del Ministerio de Educación, destinado a financiar proyectos, programas y acciones de fomento del libro referidos a la creación o reforzamiento de los hábitos de lectura; la difusión, promoción e investigación del libro y la lectura; la organización de ferias locales, regionales, nacionales e internacionales del libro, etc.4. Que el artículo 1º de dicha ley señala que “el Estado de Chile reconoce en el libro y en la creación literaria instrumentos eficaces e indispensables para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud”.5. Que el artículo 2º de la ley Nº 19.227, en sus letras a) y b), define “libro” como toda publicación unitaria impresa, no periódica, que se edite en su totalidad de una sola vez, o a intervalos en uno o varios volúmenes o fascículos, incluidas las publicaciones científicas, académicas o profesionales con periodicidad no inferior a bimestral, comprendiéndose también los materiales complementarios o accesorios de carácter electrónico, computacional, visual y sonoro, producidos simultáneamente como unidades que no puedan comercializarse separadamente, y “libro chileno” como el libro editado e impreso en Chile, de autor nacional o extranjero.6. Que no obstante la preocupación que existe a nivel gubernamental para desarrollar el hábito de la lectura, una de las principales limitantes en el acceso de la población a los libros es su alto costo. Venimos en presentar el siguiente Proyecto de acuerdo: Ofíciese al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda con el objeto de que se presente proyecto de ley mediante el cual se modifique el D.L. N° 825, de 1974, creándose un nuevo numeral 2 para la letra A del artículo 12, del siguiente tenor: “Los libros chilenos de acuerdo a la definición establecida en el artículo 2º letra b) de la ley Nº 19.227”. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señora Presidenta, el proyecto de acuerdo tiene por objeto que el Ejecutivo presente una iniciativa para modificar el decreto ley Nº 825, de 1974, a fin de crear un nuevo numeral 2 para la letra A del artículo 12, del siguiente tenor: “Los libros chilenos de acuerdo a la definición establecida en el artículo 2º, letra b), de la ley Nº 19.227.” ¿A qué se refiere esto? Mediante la dictación de la ley Nº 19.227 se creó un fondo nacional del fomento al libro y la lectura, a cargo de la División de Cultura del Ministerio de Educación, destinado a financiar proyectos, programas y acciones de fomento del libro referidos a la creación o reforzamiento de los hábitos de lectura; la difusión, promoción e investigación del libro y la lectura; la organización de ferias locales, regionales, nacionales e internacionales del libro, etcétera. El fomento de la lectura es uno de los objetivos que ha planteado este Gobierno y que es mermado por el alto costo de los libros, en el cual el iva tiene una incidencia muy grande. Por eso, pedimos al Ministro de Hacienda que presente un proyecto de ley para eximir del pago del iva a los libros. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Antonio Leal para hablar a favor del proyecto. El señor LEAL.- Señora Presidenta, quiero subrayar que tenemos una crisis bastante grave en cuanto a la lectura. Por ejemplo, las estadísticas indican que el 80 por ciento de la población se informa a través de las imágenes televisivas y que ello se debe, en gran medida, al alto precio de los libros. A su vez, este fenómeno está referido, por una parte, al iva, y, por otra, al hecho de que las propias editoriales perciben ganancias mayores que las de otros países. Por ejemplo, nos encontramos frente al hecho de que un libro en Santiago de Chile vale mucho más que en Argentina, en Ciudad de México o en los países desde donde se importa. De manera que aquí hay dos tipos de problemas: la necesidad de fijar precios a los libros, de regularlos, y la eliminación del iva que, por lo demás, está bastante extendido en América Latina. En Argentina, los libros no están afectos al iva. Creo que esta medida es una gran estímulo. Ha sido pedida por escritores, ensayistas, por la gente de la cultura, durante muchos años. Por eso, adhiero firmemente a la idea de que eliminemos el iva de los libros y estudiemos la fijación o regulación de precios en esta materia que, a mi juicio, es un elemento fundamental para ampliar la cultura de nuestro país y plantear el acceso a un mercado que hoy es bastante elitista. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señora Presidenta, realmente, atendidos sus objetivos, es bastante difícil oponerse a este proyecto de acuerdo. Pero, escarbando un poco, hay razones para hacerlo, porque, sin perjuicio de tratar de promover la lectura en nuestro país, ello requiere de un estudio más acucioso y, sobre todo, de no provocar subsidios a un sector a costa de otro. Obviamente, si rebajamos los impuestos en un lado, vamos a tener que subirlos en otro. De ahí que, por lo menos, debería ser objeto de un estudio más detenido. No hay tiempo para desarrollar una teoría acerca de por qué hay poca lectura en nuestro país y cómo se podría desarrollar; pero creo que esto la favorecería muy poco, menos aún en cuanto a lo que señalaba nuestro colega Leal, de apuntar a una fijación del precio de los libros. Eso sería fatal. Por todo lo que va incluido en un acuerdo como éste, y sin perjuicio de manifestar mi disposición a trabajar más a fondo el tema de la promoción de la lectura, me permitiré votar en contra del proyecto. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 2 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 3 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- No hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados hasta por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Continúa la sesión. En votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 3 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- No hay quórum nuevamente. Queda pendiente el tratamiento del proyecto de acuerdo para la próxima sesión. VII. INCIDENTESCUESTIONAMIENTO DE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS PARA TIERRA DEL FUEGO. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista. Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Muñoz. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Señora Presidenta, quiero solicitar la atención de la Cámara en una materia que ya ha sido mi preocupación en otras oportunidades, y que se refiere al desarrollo de la región de Magallanes, a las medidas tributarias que se aplican en la zona y a la acción de grupos ecologistas que rechazan los proyectos forestales. La comunidad nacional ha conocido, desde hace tiempo, una extensa polémica por la ejecución del proyecto Río Cóndor de la Forestal Trillium, que persigue la explotación del bosque de lenga magallánico, y el cual, luego de una larga tramitación, fue aprobado por la Corporación Nacional del Medio Ambiente, Conama, que, sin embargo, lo sujetó a una serie de exigencias con el propósito de asegurar la sustentabilidad ambiental de la iniciativa. Los intereses de los grupos ecologistas se estrellan, en este caso, con las precarias condiciones económicas de la zona. La provincia de Tierra del Fuego requiere fuentes de trabajo e inversiones que mejoren sus actuales condiciones. Evidentemente, no se trata de que su desarrollo se produzca a ultranza, desatendiendo los medios, sin cautelar adecuadamente el medio ambiente, con el objeto de hacerlo sustentable en el tiempo; pero, una vez adoptadas las medidas necesarias para su conservación, no puede condenarse a una región a la mera contemplación de sus recursos naturales, como pareciera desprenderse de los dichos y actos de algunos personeros ambientalistas. Lamentablemente, las medidas impuestas a la Forestal Trillium para llevar a cabo el proyecto no han satisfecho a esos grupos, quienes, además de continuar su ofensiva judicial, han lanzado críticas abiertas a franquicias económicas de gran importancia para la región y cuyo alcance escapa a la actividad forestal. En efecto, la ciudadanía magallánica no olvida que, en un intento por ganarse su confianza, diputados y dirigentes de organismos ecologistas solicitaron un plan especial para la zona. Por ello, no comprenden y han recibido con sorpresa la noticia de que los mismos sectores ahora se lanzan en una campaña en contra de la Ley Navarino, amenazando, incluso, con denunciarla en el exterior. La región de Magallanes tiene una importancia geopolítica excepcional para nuestro país. Su situación económica es deficiente y precaria, lo que ha sido reconocido por el Gobierno, el cual ha impulsado un plan austral que, en su aspecto legislativo, se encuentra en trámite en el Senado. Las franquicias constituyen un aspecto esencial en el desarrollo económico de la zona, pues compensan el aislamiento geográfico y el encarecimiento del transporte y de las comunicaciones. Respecto de ellas, sólo cabe mantenerlas y, más aún, extenderlas a comunas que hoy no se benefician, al tiempo que reclamamos un mejoramiento de las medidas administrativas que entraban su aplicación. Ello ha ocurrido con las disposiciones contenidas en el DFL Nº 15, que bonifica la inversión, y con el decre-to ley Nº 889, que bonifica la mano de obra. Por eso no se puede aceptar que, persiguiendo intereses entendibles que se pueden compartir, como la protección del medio ambiente, se intenten cuestionar herramientas fundamentales para el desarrollo de la zona. Las objeciones surgidas al proyecto Río Cóndor y otros, como Goncar o Russfin, pueden ser o no atendibles, dependiendo de los objetivos que se tengan y de la mayor o menor confianza que inspiren los organismos fiscalizadores. Somos respetuosos de las posiciones discrepantes expresadas oportunamente y mediante las instancias correspondientes, pero no podemos aceptar que, como último recurso, pretenda ponerse en cuestión instrumentos tributarios tan imprescindibles para la zona, incluso a través de la amenaza de denuncias en el extranjero. Ello resultaría nefasto para la región y no sería explicable para la comunidad. Por eso, hago un llamado a quienes se han opuesto al proyecto Trillium a centrar su oposición a éste en sus propias características, ventajas y perjuicios, evitando que la discusión se extienda a áreas que puedan causar un hondo perjuicio para la zona. Apelo, para ello, a la consecuencia de quienes sólo ayer proponían un plan especial para el fomento de la provincia de Tierra del Fuego. Algunas de esas medidas especiales existen. No requerimos defensores que luego nos den vuelta la espalda. La Región de Magallanes conoce la potencialidad de sus recursos naturales, y sabrá protegerlos si fueren afectados; defiende las normas de excepción que con esfuerzo ha ganado y reclama del país y del Congreso Nacional su extensión y mejoramiento rápido a través de la pronta aprobación del Plan Austral. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los Diputados señores Fossa, Delmastro, Ibáñez, Patricio Walker, Jaramillo, Valenzuela, Núñez, Joaquín Palma, Velasco, Seguel, Jiménez y Andrés Palma.SUSPENSIÓN DE REMATE DEL SERVIU EN LA DÉCIMA REGIÓN E IRREGULARIDAD EN ARRIENDO DE CASA A GENDARMERÍA. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Gabriel Ascencio, por dos minutos. El señor ASCENCIO.- Señora Presidenta, en primer lugar, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda para que instruya a las autoridades pertinentes de la Décima Región a fin de que impidan el remate de cinco viviendas que se pretende realizar a deudores habitacionales del Serviu. Está anunciado, mediante avisos en los diarios, para el 7 de agosto, pero es necesario y posible que haya una regularización, renegociación o repactación, lo que evitaría que se pusiera en peligro la propiedad de las viviendas de esos deudores. Aunque han reconocido la deuda, hay razones que han impedido el pago de los dividendos, por lo cual es posible evitar el remate. En segundo lugar, solicito que se oficie a la Ministra de Justicia, a raíz de una denuncia grave aparecida en los medios de comunicación, en contra del director de Gendarmería, señor Mario Morales, donde también aparece involucrado el subdirector administrativo de esa institución. Se dice que el señor Morales se arrendó su propia casa, con dineros de Gendarmería. En 1993, habría adquirido dos terrenos: vendió uno y dejó en su poder el otro, según consta en los planos municipales correspondientes. Luego, construyó una casa y la arrendó, a contar del 1º de marzo de 1997, a Gendarmería. Para ello, en el contrato de arriendo aparece la firma del señor Gustavo Poullier Girón, representante del propietario del inmueble, es decir, del señor Mario Morales, y por parte del arrendatario, Gendarmería de Chile, representada por el propio Mario Morales. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiempo, señor diputado. El señor ASCENCIO.- Es muy rara la situación. Son 900 mil pesos los que están en juego, y como el director dice que fue autorizado por el subdirector administrativo, solicito que se envíe el oficio del caso, para que se remitan todos los antecedentes sobre la materia. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la bancada de la Democracia Cristiana.PAGO DE ASIGNACIÓN DOCENTE EN LA COMUNA DE REQUÍNOA. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, en 1980, mediante el artículo 40 del decreto ley Nº 3.151, se aprobó una asignación docente para mejorar las remuneraciones de los profesores. Cuando los establecimientos educacionales fueron traspasados, muchos municipios no la incorporaron y hoy la adeudan. Ésa es la situación del municipio de Requínoa, que encabeza el alcalde Rubén Cavieres, de la Unión Demócrata Independiente. Lamentablemente, no sólo no ha reconocido la asignación, sino que, además, ha utilizado prácticas dilatorias y procedimientos ante los tribunales para ganar tiempo y no negociar. Acaba de perder un incidente de exclusión de embargo y, en la práctica, jurídica y procesalmente, ya no tiene herramientas para seguir negando el pago de un derecho de remuneraciones que corresponde, legítimamente, a los profesores de Requínoa, una de las comunas del distrito Nº 33, que represento. La deuda supera los mil millones de pesos. La liquidación se pactó judicialmente hace más de dos años y supera los cuatrocientos millones de pesos. Hay vehículos y bienes municipales embargados, como los estadios de Requínoa y Los Lirios. No obstante, el alcalde se niega a negociar con los profesores y a abrir un canal, un acuerdo que posibilite el pago a los profesores, previa incorporación en el presupuesto municipal de los recursos correspondientes. Se pretende que con su actitud de pleitear en los tribunales, los profesores causan un perjuicio al municipio; que una negociación generaría recortes presupuestarios que irían sólo en perjuicio de quienes se educan en la comuna, en circunstancias de que, repito, se trata de defender un derecho. En definitiva, mediante acciones totalmente engañosas, se intenta no pagar -repito- lo que corresponde. Esta actitud debe ser rechazada categóricamente por la comunidad de Requínoa y de toda la Sexta Región. En atención a que el problema ha causado conmoción en la comuna de Requínoa y en la Sexta Región y ha trascendido a todos los medios de comunicación, repudio públicamente la actitud del alcalde de la UDI, Rubén Cavieres, y solicito que se envíe el texto de mi intervención a la municipalidad, al concejo y a la organización de los profesores municipalizados de la comuna de Requínoa, para que, al menos, conozcan mi actitud de respaldo frente a una acción irresponsable, de denegación de derechos y de justicia. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN LA CUARTA REGIÓN. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma. El señor PALMA (don Joaquín).- Señora Presidenta, desde hace bastante tiempo, un profesional de la zona no ha tenido respuesta a una solicitud de recuperación de seis hectáreas en la Avenida del Mar, en La Serena, Coquimbo. En efecto, en diciembre de 1996, el señor Antonio Parada hizo una presentación al Secretario Regional de Bienes Nacionales; el 10 de febrero de 1997 reiteró otra al procurador fiscal, representante del Consejo de Defensa del Estado en la Región, y durante el primer trimestre de este año, igual cosa ante la Contraloría Regional, sin obtener, hasta ahora, respuesta. Tampoco la ha obtenido del gobierno regional, a pesar de lo interesante que es la recuperación de terrenos que hoy ocupa el hipódromo de Peñuelas. Son alrededor de seis hectáreas fiscales, cuyo avalúo es, de acuerdo a los antecedentes de que se dispone, de alrededor de mil millones de pesos. O sea, el valor comercial, probablemente, supera los tres mil millones de pesos. Con recursos de esa magnitud, el gobierno regional podría, por ejemplo, resolver el problema de vivienda de las personas de la Cuarta Región que hoy no tienen dónde instalarse. Existe interés. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Ni siquiera se han respondido las presentaciones, muy bien documentadas, con investigaciones desde 1920 hacia adelante, según los antecedentes de los conservadores de bienes raíces. Por eso, solicito que se oficie a la Ministra de Bienes Nacionales, a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, al Contralor General de la República y al Intendente de la Cuarta Región para que se investigue y se me responda por qué razones ni la Secretaría Regional de Bienes Nacionales, ni el Consejo de Defensa de la Cuarta Región, ni la Contraloría Regional han dado respuesta a las presentaciones hechas por don Antonio Parada, en distintas oportunidades, respecto de la recuperación de seis hectáreas de terrenos fiscales que ocupa el Club Hípico de Peñuelas, y se ordene iniciar, cuanto antes, ante los tribunales, los procedimientos para recuperarlos, porque, entre otras cosas, hay prescripciones que pueden operar a partir del 8 de septiembre por algunas ventas de terrenos que no son propios del Club Hípico. También quiero que se oficie a la Ministra de Justicia, para que ordene investigar por qué en la inscripción fojas 5976, Nº 2386, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, de 1993, y en la copia autorizada a fojas 113, Nº 93, de la notaría de Coquimbo de don Alberto Mozo, de tal fecha, que corresponde a la venta de un terreno a la Sociedad de Turismo Peñuelas Limitada, se hace referencia al plano archivado con el Nº 253, en circunstancias de que fue inscrito en el Conservador seis meses después de que las escrituras fueron realizadas: el 5 de julio de 1993. Aparentemente, hay una irregularidad que solicito a la Ministra de Justicia que investigue. Asimismo, quiero que se oficie al Director de Impuestos Internos, para que verifique la superficie sobre la cual se están pagando contribuciones en el hipódromo de Peñuelas y revise si coincide con la del plano Nº 253, de 1993, del Conservador de Coquimbo, sobre cuya base se han hecho las tasaciones fiscales, porque en dicho plano las superficies no coinciden con las estipuladas en los datos de Impuestos Internos. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Andrés Palma, Sergio Velasco, Gabriel Ascencio y Ricardo Rincón.OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SAN ANTONIO Y ACELERACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA DEL BANCO DEL ESTADO EN LLOLLEO. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señora Presidenta, la Cámara acaba de aprobar el informe de las Comisiones Unidas de Agricultura y de Recursos Naturales, encargadas de estudiar la situación producida con el recurso jurel. También aprobó un proyecto de acuerdo que dice relación con la mantención de las cinco millas de reserva para la pesca artesanal. Desgraciadamente, un tabloide vespertino santiaguino ha hecho un apocalíptico reportaje a un importante sector productivo de la comuna de San Antonio, que represento en la Cámara. Como toda interesada entrevista, tiene las dos caras de la medalla. San Antonio no está en el caos ni en la anarquía; muy por el contrario. Si bien es cierto que el artículo 3º transitorio de la ley de Pesca, de 1991, en la que trabajamos con el ex Diputado Akin Soto Morales, que en paz descanse, permitió la instalación de industrias reductoras del jurel, o sea, harina de pescado, y dio empleo a gran cantidad de gente, no es menos cierto que la sobreexplotación permitió la desaparición de este recurso. Y me he referido a dicha entrevista para señalar que las autoridades de Gobierno, tanto del Ministerio de Hacienda como de Vivienda, deben preocuparse de la falta de ocupación de mano de obra en nuestro puerto. Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda, para que, con prontitud se realicen las obras correspondientes al paso bajo nivel en Diez Sur con Barros Luco, lo que permitirá absorber mano de obra. Asimismo, que se oficie al presidente del Banco del Estado, a fin de que acelere la construcción de la agencia de ese banco en la ciudad de Llolleo. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Ibáñez.INFORMACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE BECAS “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señora Presidenta, la semana pasada tuvimos oportunidad de acompañar a una delegación de estudiantes beneficiados con la beca “Presidente de la República”, que visitó la Cámara. Dentro de los antecedentes que nos entregaron, hay uno muy importante que se refiere a la distribución comunal y provincial de las becas otorgadas, tanto a nuevos postulantes como a renovantes, quedando demostrada una situación que ya he denunciado con profundo malestar en anteriores oportunidades. Se relaciona con la actitud de algunos profesores, que no entregan los formularios a los alumnos que solicitan la beca, por considerar que su situación económica les impediría ser beneficiarios de ella, actitud que considero totalmente arbitraria. Si amparado en sus notas, un estudiante se considera apto para recibir la beca “Presidente de la República”, que es muy completa, los profesores no deberían limitarla, puesto que existen normas y parámetros que permiten verificar la situación del alumno y otorgarla sin discriminación. Por ejemplo, me llaman mucho la atención los casos de Lonquimay y Lumaco, dos de las setenta y tantas comunas más pobres del país. Mientras la primera cuenta con nueve becarios, entre postulantes y renovantes, Lumaco tiene solamente 14. Si consideramos la situación económica de los alumnos de la mayoría de las escuelas de esas comunas, uno sabe perfectamente que tendría que ser mucho mayor el número de alumnos beneficiados. Una situación similar ocurre en Los Sauces, con sólo siete alumnos becados, y en Traiguén, con 17, en circunstancias de que el promedio de beneficiarios por comuna es de 29, que lo da Angol, cabecera de la provincia. Debido a ello, solicité al secretario nacional de la organización que me informara sobre el número de postulantes originales en cada comuna de la provincia de Malleco. En esta oportunidad, pido que se oficie al Ministerio del Interior, encargado de distribuir las becas “Presidente de la República”. Sería interesante conocer la distribución comunal, provincial y regional de las becas entregadas entre 1990 y 1997 -ya tenemos la correspondiente a 1998-, puesto que los profesores deben entregar los formularios correspondientes a los alumnos que tengan un promedio superior a 6. Hemos tenido conocimiento de que la mayoría de los alumnos han postulado, basados no sólo en su situación económica, sino que en su capacidad intelectual, ya que tienen notas superiores a 6,5. De manera que es lógico suponer que un alumno que tenga un promedio inferior no optará a la beca. En todo caso -reitero-, los profesores tienen la obligación de entregar las solicitudes que los alumnos o los padres les soliciten. No son ellos los llamados a poner trabas a las postulaciones, y el listado nacional o provincial que se efectúa debe ser determinado exclusivamente por los parámetros señalados. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ortiz, Ascencio, Andrés Palma, Joaquín Palma y Olivares.HONRAS FÚNEBRES Y EXEQUIAS DE LOS RESTOS DEL ZAR NICOLÁS II Y MIEMBROS DE SU FAMILIA. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señora Presidenta, en días pasados, un hecho verdaderamente inusual conmovió al mundo y atrajo la atención de todos los medios de comunicación: en Rusia -más exactamente en San Petersburgo- se procedió con toda solemnidad a dar sepultura a los restos del último zar, Nicolás II, así como también a los de su esposa, a los de algunas de sus hijas y a los de los servidores que les acompañaron hasta el final. Todos ellos fueron salvajemente asesinados en 1918 por mandato de las máximas autoridades del régimen comunista que, con Lenin a la cabeza, un año antes habían conquistado el poder por la fuerza y por la astucia en esa desgraciada nación, convirtiéndola en la tristemente célebre Unión Soviética. Al concurrir a los funerales, el Presidente Yeltsin declaró que, con ellos, la nación rusa buscaba reparar la injusticia de esas muertes y el enorme crimen cometido contra el zar y su familia. Subrayo estas declaraciones, no sólo porque fueron los comunistas los que se encargaron de crear y difundir una leyenda negra en torno a ese desgraciado monarca, sino también porque en esa tarea fueron ayudados por muchos que se decían partidarios de la libertad y de la democracia y que, ocupados en denigrar a las antiguas autoridades y en descargar en ellas el peso de sus propias culpas, abrieron camino al afianzamiento del poder comunista. Así, se generó la idea de que, si bien el comunismo cometía excesos, eran el precio que había que pagar para liberar a Rusia y al mundo de lo que llamaban el “oscurantismo” precedente. No creo que Nicolás II haya sido un gran gobernante ni me corresponde a mí, en ningún caso, hacer su defensa ni menos un panegírico sobre él. Sí quiero subrayar la tremenda fuerza moral de quienes organizaron esas exequias, porque con ellas han dado un paso fundamental para develar la verdad de lo que fueron los setenta años de dominación marxista sobre Rusia y sobre buena parte del mundo. Recientes investigaciones calculan en cerca de cien millones de víctimas el costo que debió pagar la humanidad al ser sometida a tan terrible experimento. Ello, sin contar el empobrecimiento y ruina de regiones enteras del planeta ni las emigraciones colectivas y en condiciones miserables de millones de personas que se negaron a vivir en el “paraíso” que prometían los comunistas. En toda la historia de la humanidad, nunca se había visto en acción ni organizado siquiera una máquina de destrucción, muerte y miseria como aquélla, todo ello en nombre de los derechos de los más desposeídos, de la liberación de los más pobres y de la definitiva emancipación del género humano de toda servidumbre. El fenómeno marxista es abismante por la magnitud de sus crímenes; pero, por lo mismo, lo es más por el silencio cómplice de las principales democracias occidentales, cuando no por el apoyo soterrado que le brindaron gobiernos, medios de comunicación, centros de estudios, empresas y núcleos de poder del llamado occidente liberal. Hasta en el mismo interior del clero y de las jerarquías católicas hubo quienes se identificaron con esa ideología, a pesar de la explícita condenación que sobre ella había descargado Su Santidad Pío XI al calificarla en su encíclica Divini Redemptoris como “intrínsecamente perversa”. Estoy cierto, eso sí, que ese pontífice nunca imaginó a qué extremos llegaba y llegaría esa intrínseca perversidad. Mientras nuestra patria era sometida a toda suerte de vejámenes internacionales, a controles y condenaciones por el pecado de haberse liberado de tan terrible tiranía, miles de personas seguían sucumbiendo en los países marxistas. Pensemos, nada más, en los experimentos de ingeniería social a que fueron sometidas Cuba, China continental y Cambodia, o en los miles de vietnamitas que, en medio del jolgorio internacional que causó la caída de su país en las manos comunistas, optaron por huir en frágiles embarcaciones que las más de las veces los condujeron al fondo del océano. Las pocas veces que tuvieron éxito en alcanzar otros horizontes, fueron, como indeseables, devueltos por las democracias occidentales a sus lugares de origen, donde, por cierto, se perdieron sin dejar rastro alguno. Para ellos nunca hubo relatores de las Naciones Unidas ni defensa de sus derechos humanos violados, ni siquiera memoriales que recuerden sus nombres y sus números a las generaciones posteriores. Ellos son los muertos que molestan, las víctimas que sobran, el precio inevitable que había que pagar por transitar por el camino de la total liberación hacia la sociedad sin clases. De a poco llega la hora de la verdad. El funeral de los Romanov es, sin duda, un paso fundamental en ese sentido, y no tengo dudas de que será seguido por otros, aunque no sea más que por la fuerza de los hechos. No podemos, sin embargo, impedir que, al contemplar la devastadora tragedia provocada en todo el mundo por el marxismo, se nos encoja el alma, se detenga nuestro caminar, a lo menos por un instante, y brote de nuestros labios una oración para pedir a Dios por tantas víctimas y también por sus victimarios, y para que Él libre al mundo -en especial a nuestra patria y a nuestros hijos- de toda otra experiencia como la marxista. He dicho.ESTUDIO SOBRE VÍAS ALTERNATIVAS AL PASO LOS LIBERTADORES. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Correa. El señor CORREA.- Señora Presidenta, a fines de 1996, el Ministerio de Obras Públicas encomendó a una empresa consultora, mediante licitación internacional, la exploración de vías alternativas al paso fronterizo Los Libertadores, debido a que la construcción de un túnel de baja altura resultaba altamente antieconómico -más de mil millones de dólares- y a que resultaba urgente evitar los más de 60 días que, por motivos climáticos, dicho paso permanece cortado cada año. Vencido el plazo para dicho estudio, aún no conocemos su resultado. Por eso, nos llama poderosamente la atención que en su última visita a la región del Maule, en compañía del Ministro de Obras Públicas, y después de haber recorrido sólo la zona cordillerana de la provincia de Talca, el Presidente de la República haya mencionado el paso Pehuenche como alternativo al de Los Libertadores. Así, hemos visto cómo se ha desatado una gran polémica en nuestra vecina ciudad de Talca -digo vecina porque soy de Curicó- entre los partidarios de la variante Campanario y los que prefieren la de Los Cóndores. Se formulan críticas al Presidente Frei por no haberse decidido por una de ellas, cuestión que a nosotros nos deja indiferentes, porque somos partidarios del paso Vergara, que lo consideramos una real alternativa, tomando en cuenta los intereses generales del país y no sólo los de una provincia. Lamentablemente, el Presidente Frei ha ordenado iniciar los trabajos desde el sector de Armerillo hacia el interior y efectuar un estudio, con un costo cercano a los 4 millones de dólares, para determinar si el paso se hace por la variante Campanario o por Los Cóndores. Insiste en que el paso alternativo a Los Libertadores es el paso Pehuenche, sepultando de esa manera las aspiraciones de toda la provincia de Curicó. Nosotros confiábamos en que al entregarse la responsabilidad de buscar alternativas a una empresa consultora, ésta lo haría en forma seria y profesional y que, por lo tanto, se consideraría dentro de las posibilidades el paso Vergara, atendidas sus características y las distancias, factores que superan abiertamente al paso Pehuenche. Si consideramos la altura, el paso Vergara está a 2.370 metros de altura; el paso Pehuenche, a 2.500 metros. Ahora, en cuanto a la distancia, San Rafael -capital del departamento de Mendoza- por el paso Ver-gara, está a 530 kilómetros; por el sector de Pehuenche, a 750 kilómetros; es decir, 220 kilómetros más lejos. La misma ciudad argentina está 219 kilómetros más distante del puerto de San Antonio y 94 kilómetros más apartada de Concepción. La distancia entre Talca y el límite con Argentina es de 173 kilómetros; entre Curicó y el límite, 90 kilómetros. También resulta increíble que se decida gastar 120 millones de dólares en el paso Pehuenche, en circunstancias de que hacerlo por el paso Vergara costaría la mitad de esa cifra, debido a que de los 93 kilómetros que separan a Curicó del límite, 70 de ellos serían construidos y mantenidos por una empresa privada. Estamos ante un hecho evidentemente político, y es lógico, pues la provincia de Talca cuenta con más electores y como hoy no tiene un senador democratacristiano, quiere tenerlo en el próximo período. Por ello, están abiertamente decididos a apoyar al próximo candidato a senador que, se dice, sería el actual Presidente de esta Corporación. Por último, por haberse postergado la decisión final y tomando en cuenta todos los factores -incluido el resultado del estudio, que aún desconocemos-, solicitamos formalmente al Presidente de la República y al Ministro de Obras Públicas, considerar el paso Vergara en la decisión final, ya que constituye una efectiva alternativa para reemplazar el paso de Los Libertadores. Pido enviar oficio, en mi nombre, al Ministro de Obras Públicas a fin de que informe a la Corporación sobre el estudio encargado a una empresa constructora para determinar el paso alternativo de Los Libertadores. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.CREACIÓN DE TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señora Presidenta, por la prensa nos hemos informado de la participación del Gobierno de Chile en las comisiones encargadas de los trámites previos para la organización de un tribunal penal internacional, cuyo trabajo se realizará en Roma. Esta información es congruente con un proyecto de acuerdo aprobado hace un tiempo por la Cámara -cuyo alcance desconocía en ese momento-, en el sentido de incentivar la creación de ese tribunal internacional. Llamo la atención sobre este hecho, porque me parece extraordinariamente grave. De acuerdo con la Constitución Política, las autoridades establecidas por ella ejercen la soberanía, pero no tienen poder para enajenarla, y uno de los atributos esenciales de la soberanía lo constituye la capacidad de juzgar las causas pendientes y de aplicar las penas y sanciones correspondientes, es decir, la función judicial. Sin embargo, con este tribunal, aparentemente, se estaría menoscabando ese elemento esencial de la soberanía, al otorgársele jurisdicción y competencia sobre hechos acaecidos en nuestro país. Este hecho reviste una gravedad extraordinaria. Aquí se está jugando con el elemento esencial de una nación, cual es su soberanía. Por eso, solicito enviar oficio a su Excelencia el Presidente de la República, como la autoridad encargada de las relaciones internacionales, para que informe a la Cámara sobre los alcances de esa iniciativa, de la competencia que se le otorgaría a este tribunal penal internacional y de la participación de nuestro país y del Gobierno en su organización. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Fossa.FLEXIBILIZACIÓN DE NORMAS DE EXTRANJERÍA EN ZONAS DE MAYOR CONTACTO BINACIONAL. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, en esta oportunidad me referiré al proyecto de ley sobre habitantes de zonas fronterizas, tema que también preocupa al Diputado señor Leopoldo Sánchez, con quien elaboramos la moción. Dicha iniciativa, que conocemos en su tercer trámite constitucional, tiene por objeto crear la categoría jurídica de “habitante de zona fronteriza” y establecer la denominada tarjeta vecinal fronteriza. Asimismo, a pesar de su ya dilatada tramitación en el Parlamento, puesto que ingresó el 29 de octubre de 1993, da cuenta de la necesidad de establecer mecanismos que hagan más fácil y expedito el tránsito de las personas que habitan en los territorios fronterizos del país, hacia los Estados vecinos. Esta flexibilización de las normas de extranjería constituye una necesidad y una demanda de décadas en las zonas de mayor contacto binacional, como son las regiones de Magallanes, Aisén y la de Los Lagos, que represento en la Cámara. El proyecto fue una proposición formulada por la Comisión chileno-argentina de complementación e integración física. Todavía más, una norma legal argentina autoriza la existencia de tarjetas vecinales fronterizas, razón por la cual el Gobierno chileno estimó oportuno que nuestro país elaborara una norma similar, que se constituya, de hecho, en un instrumento jurídico de apoyo a la integración regional, incluso más allá de la relación vecinal chileno-argentina. La iniciativa legal modifica la ley de extranjería creando una nueva modalidad de ingreso al territorio nacional, cual es la de habitante de zona fronteriza, portador de la tarjeta vecinal fronteriza. La persona que ingrese en esa condición, no está autorizada para desempeñar labores remuneradas en el país que visita y su estada será por un tiempo determinado. El proyecto entrega al Ejecutivo la facultad de dictar un reglamento que determine las zonas limítrofes chilenas donde se aplicará este instrumento, su duración, forma y procedimiento de su otorgamiento y otros detalles técnicos. La disposición del Ejecutivo es implementar este mecanismo en las regiones australes. Aún más, ya se conocen los pasos fronterizos que contarán con esta modalidad. En las Regiones Décima y Undécima, pasan de 14, algunos son fronterizos y otros lacustres, lo que redundará en el mejoramiento de las vías de abastecimiento de muchos asentamientos humanos fronterizos. La mayoría de las modificaciones propuestas por el Senado al texto despachado por esta Corporación, mejoran el articulado del proyecto. En esto merecen especial atención las modificaciones referidas, primero, al aumento del plazo de estadía, que se incrementa de 5 a 7 días; segundo, la supresión de la norma que establece en 15 dólares norteamericanos el monto del derecho a pagar por parte de los extranjeros para el otorgamiento de la tarjeta, dejando esta cuestión al reglamento, y tercero, la sanción para el caso de que las personas se excedan en el plazo de permanencia autorizado o que se ingrese sin estar habilitado para ello y, en ese caso, se establece una gradualidad de las sanciones que van desde amonestación escrita, pasando por abandono del territorio nacional y término del beneficio, en circunstancias de que el texto de la Cámara sólo consideraba el inmediato abandono del territorio nacional y el término del beneficio para el extranjero infractor. Estas medidas serán aplicadas por el gobernador provincial que corresponda. Respecto de este punto y para la historia fidedigna del establecimiento de la norma, es menester dejar constancia, en esta discusión parlamentaria, que las medidas sancionadoras aplicadas por el gobernador provincial quedan sometidas al régimen general de impugnación jurídica... La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiempo, señor diputado. El señor JARAMILLO.- ...a través del recurso de protección cuando importe una violación a los derechos constitucionales garantizados para todos los habitantes de la República. Sin embargo, llama la atención -y esto es lo grave- la modificación referida a establecer la obligación del Ministerio del Interior de requerir, antes de la dictación del reglamento y sus modificaciones, la opinión del Ministerio de Defensa. Esta disposición no hace sino involucrar a las Fuerzas Armadas en una decisión de naturaleza política, que corresponde a la competencia exclusiva del encargado del gobierno interior y de extranjería, cual es el Ministro del Interior. Por último, con esta nueva exigencia, sólo se dilata en el tiempo la dictación de la norma reglamentaria. Como suele suceder en el debate parlamentario, enfrentando la eventualidad de un nuevo trámite constitucional y Comisión mixta, que sólo dilataría esta iniciativa que es necesario constituir en ley a la brevedad, he decidido dar mi voto favorable a todas las modificaciones de la Cámara Alta, haciendo presente mi objeción jurídica y política a esta última norma que he comen-tado. He dicho.REBAJA DE TARIFAS DE AGUA POTABLE EN REGIÓN DE ATACAMA. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Leal. El señor LEAL.- Señora Presidenta, me referiré a un tema que está discutiendo el Consejo Regional de Atacama, en relación con una rápida negociación con la Emssat y con el convenio propuesto por el Gobierno de reembolso, para compensar inversiones efectuadas por el gobierno regional de Atacama en obras de empresas de servicios sanitarios de la región. El consejo regional y el intendente, señor Eduardo Morales, están buscando la mejor manera de defender el patrimonio de la región y, en particular, los intereses de su población, afectados por una tarifa de agua potable que es una de las más caras de Chile. Ha habido una resolución del consejo regional, en orden a rechazar, en primera instancia, la propuesta del Gobierno en torno al reembolso, la que tiende a subrayar el peso que los organismos regionales deben tener en una democracia que potencia la regionalización y descentralización en las decisiones en que están involucrados los intereses de la región y, por lo tanto, me parece normal que se produzca un desacuerdo entre el Ejecutivo y los órganos regionales, el cual debe ser superado, sin embargo -y éste es mi llamado-, en una negociación realista, que tenga en cuenta, por una parte, que no hay más fondos fiscales que los destinados para esta operación, es decir, los 2 mil 500 millones de pesos destinados por el Ejecutivo y, por otra, que se efectúe una negociación directa con la Emssat para compensar a la región, de mejor manera, por las inversiones realizadas. En mi opinión, el consejo regional, que ha tenido una posición de defensa de los intereses de los usuarios, debe iniciar una urgente negociación destinada a lograr que el aporte de más de 9.300 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Regional, hecho al Emssat para infraestructura, sea devuelto de manera compuesta. De una parte, a través de los 2.500 millones comprometidos por el Gobierno para esta compensación y, de otra, por medio de una rebaja sustantiva de las tarifas del agua potable. A ello se debiera agregar, posteriormente, la posibilidad de gestionar con el Gobierno la ampliación de los montos de subsidio que actualmente entrega el Estado. Estimo que es muy importante recuperar en cuatro años los fondos de la compensación establecida por el Gobierno, pero lo más importante es lograr que la Emssat se comprometa de inmediato a una rebaja de tarifas en toda la región, especialmente en las comunas situadas en el tramo 2, es decir, en aquellos lugares donde es más alta la tarifa del agua. Mientras en Santiago se paga 150 pesos por un metro cúbico, en Chañaral, Diego de Almagro y en otras comunas, se paga 600 pesos. Este compromiso entre el gobierno regional y la Emssat se debe oficializar en un documento que dé plenas garantías de que la empresa operará en tal sentido, y ello pueda dar lugar a un acuerdo global que permita suscribir el convenio con el Gobierno, pero con la garantía de que la población tendrá rebaja de tarifas por los aportes hechos por el Fondo Regional. Finalmente, me parece muy importante que haya preocupación del Gobierno respecto de la Superintendencia para lograr que en Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro, Huasco, Freirina, en definitiva, en toda la región de Atacama, se rebajen las tarifas del agua y la gente no siga pagando estas tarifas onerosas para su propio patrimonio. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.58 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales. (boletín Nº 1824-03)“Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, iniciado en una moción de los señores Diputados Tuma, don Eugenio; Errázuriz, don Maximiano; Pérez, don Aníbal; Longton, don Arturo y de los ex Diputados señores Arancibia, don Armando; Hamuy, don Mario; Sabag, don Hosaín; González, don José Luis y Wörner, doña Martita, individualizado en el epígrafe. Para un mejor conocimiento de la materia y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento de la Corporación, la Comisión recibió a las siguientes personas, quienes, en representación de las instituciones que se indican, entregaron sus observaciones sobre la iniciativa legal en informe:1. Secretario General de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, señor Manuel Melero Abaroa;2. Presidente de la Unión de Farmacias de Chile A.G. (Unfach), señor Mauricio Huberman Rodríguez;3. Director de Unfach, señor Luis Farah; y,4. Primer Vicepresidente de Unfach, señor Víctor Carvajal Game.-o-I. ANTECEDENTES GENERALES. Uno de los principios que guía el actuar del hombre en su medio social es la búsqueda de la igualdad con sus semejantes. En este sentido, los países se han dado normas constitucionales y legales para consagrar esta igualdad, que se traduce en prohibir la discriminación arbitraria. En nuestro país, la Constitución Política de la República incluye entre las garantías, una norma que asegura la igualdad ante la ley. Para reforzar este principio, se agrega en el texto constitucional que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Para mayor abundamiento, en el artículo 19, Nº 22 de la Carta Fundamental, se reitera en forma expresa la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. Por último, el artículo 98 de la Constitución Política de la República, al regular la actividad del Banco Central, en su inciso cuarto dispone: “El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.” El establecer normas que discriminen entre iguales, provoca reacción negativa por parte del sector afectado, ya que siente que su derecho se encuentra amagado y no reconocido por la autoridad, que debe velar por este derecho esencial. La reflexión anterior nos lleva a definir y precisar el concepto de discriminación en el derecho mercantil. La Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo II, Editorial Civitas S.A. (España), 1995, nos entrega una definición al decir, en una de sus acepciones, que “La legislación contra la competencia desleal emplea el término discriminación como rúbrica de un precepto aplicable tanto a la negativa a mantener relaciones comerciales con un tercero, como al trato desigual a un tercero en las relaciones comerciales; la particularidad de esta norma consiste en el establecimiento de criterios de deslealtad diferentes según el discriminado sea un consumidor o un cliente profesional o un proveedor. “Discriminación como acto de competencia desleal frente a los consumidores.- La discriminación de consumidores no es un supuesto inimaginable, pero tampoco es cosa obvia su racionalidad económica. Por discriminación en este contexto ha de entenderse la no aplicación de las mismas condiciones comerciales a todos los consumidores, incluida la negativa de venta. La represión de la discriminación de los consumidores como acto de competencia desleal es, ante todo, una medida de política de defensa de los consumidores, que no corrige ninguna disfunción del orden concurrencial: la discriminación no lesiona la autonomía de decisión de los consumidores en el mercado y, de otra parte, la par conditio sólo es presupuesto estructural de la competencia económica en el lado de los agentes profesionales. De hecho, es preocupación expresa de la legislación autonómica de disciplina de mercado el aseguramiento de la igualdad de trato de los consumidores y la supresión de las discriminaciones injustificadas entre los consumidores. “La discriminación de los consumidores es desleal si concurren dos requisitos. En primer lugar, la discriminación ha de tener por objeto el precio y las demás condiciones de venta, incluida la propia celebración de la transacción; la fuerte institucionalización de la información que se ha de suministrar al consumidor en la fase de formación del contrato y en la de su ejecución de un lado, y, de otro, del régimen de comprobación, reclamación y garantía dificultan la aparición del supuesto de hecho. En segundo lugar, la discriminación ha de ser injustificada; circunstancias tales como el pago al contado o la contratación de servicios de mantenimiento justifican el menor precio o las condiciones de venta más favorables. A falta de justificación objetiva, la discriminación de precio u otras condiciones de venta es desleal per se”. El primer antecedente que existe en nuestra legislación sobre represión de monopolios se encuentra en la ley Nº 13.305, de fecha 6 de abril de 1959. Este texto reguló las normas destinadas a reprimir las prácticas monopólicas que afectan la buena competencia en los mercados. Luego de un período de vigencia de catorce años de esta ley, se promulgó el día 22 de diciembre de 1973, el decreto ley Nº 211, que fijó normas para la defensa de la libre competencia. Se justificó este texto legal diciendo que el monopolio impide el normal abastecimiento de los mercados, ya que mediante el control de la oferta y de la demanda es posible determinar precios artificiales y lesivos para el consumidor, que esta clase de actividades no incentivan la producción, que protegen al productor o distribuidor ineficiente, que tienden a la concentración del poder económico y, finalmente, que distorsionan el mercado en perjuicio del consumidor. Ante la situación expuesta, se legisló sobre la materia sancionando al que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al comercio exterior. Se considera una pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, la que se aumenta en un grado, cuando el delito incida en artículos o servicios considerados esenciales, tales como los correspondientes a alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud. Con el objeto de precisar lo preceptuado anteriormente, el texto legal, en su artículo 2º dispone que se considerarán entre otros, como hechos, actos o convenciones que tiendan a impedir la libre competencia, los siguientes:a) Los que se refieran a la producción, tales como el reparto de cuotas, reducciones o paralizaciones de ellas;b) Los que se refieran al transporte;c) Los que se refieran al comercio o distribución, sea mayorista o al detalle, tales como el reparto de cuotas o la asignación de zonas de mercado o la distribución exclusiva, por una sola persona o entidad, de un mismo artículo de varios productores;d) Los que se refieran a la determinación de los precios de bienes y servicios, como acuerdos o imposición de los mismos a otros;e) Los que se refieran a la libertad de trabajo o a la libertad de los trabajadores para organizarse, reunirse, o negociar colectivamente, como los acuerdos o actos de empresarios, sindicatos, u otros grupos o asociaciones, tendientes a limitar o entorpecer el libre curso de negociaciones colectivas dentro de cada empresa o los que impidan o entraben el legítimo acceso a una actividad o trabajo, yf) En general, cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. Fluye del texto legal que queda comprendida toda persona natural o jurídica, de derecho privado o público, sea que actúe personalmente o a través de órganos externos o mandatarios, ya se trate de un particular o de una autoridad. Lo anterior se ha visto reforzado por dictámenes emanados de la Comisión Resolutiva, consagrada en el artículo 16 del decreto ley Nº 211, en su calidad de órgano máximo, la que ha señalado que, según el tenor de los artículos 1º y 2º del texto legal en comento, no permite que persona jurídica alguna pueda excluirse de la aplicación de las normas expresadas. El artículo 2º del decreto ley Nº 211 refuerza la idea contenida en el artículo 1º de ese texto legal ya que éste se encuentra redactado en términos muy amplios, por lo que se hace necesario describir ciertas conductas que vulneran la libre competencia. Ahora bien, el concepto de libre competencia vinculado a la materia se hace necesario analizarlo en detalle. Los tratadistas lo definen como la facultad de fijar precios y condiciones con plena libertad, con la intención de atraer a la clientela por las ventajas ofrecidas. Otros señalan, que es la actuación independiente de varias empresas para conseguir cada una de ellas en el mercado el mayor número de contratos con una misma clientela, ofreciendo los precios, calidades o condiciones contractuales más favorables. También, se ha dicho que libre competencia, en sentido jurídico, significa igualdad de los competidores ante el Derecho, que los que participan en una operación comercial tengan igualdad de tratamiento y de oportunidades.II. SÍNTESIS DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME. La iniciativa legal tiene como idea matriz o fundamental, incorporar a la legislación vigente, disposiciones que permitan desalentar y sancionar conductas que constituyen competencia desleal o discriminación en los precios o en los términos de las transacciones comerciales. Dentro de los considerandos del proyecto, los diputados patrocinantes señalan: -Que el actual ordenamiento jurídico no contempla normas eficaces que permitan desalentar y sancionar conductas que atentan contra la libre competencia; -Que la Cámara de Diputados ha denunciado en reiteradas oportunidades la existencia de competencia desleal o de conductas monopólicas en las distintas áreas productivas. Así, ha investigado la situación que afecta al mercado farmacéutico, concluyendo que existen antecedentes sobre prácticas que alteran la libre competencia, lo que ha sido ratificado por la Fiscalía Nacional Económica, en los procesos que ha instruido esa entidad. A modo de ejemplo, se ha detectado tal circunstancia en el trato que dan ciertos laboratorios a algunas farmacias, a través de descuentos subjetivos, ofertas combinadas, ventas especiales para algunos clientes y privilegio en la información de las listas de precios; -Que el Estado no dispone de los instrumentos jurídicos ni administrativos que permitan sancionar los actos contra la libre competencia, y -Que se requiere introducir normas a la legislación chilena para solucionar el problema señalado.-o-III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME.a) En general. La Comisión, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento de la Corporación, celebró una sesión para recibir las observaciones de las personas o instituciones que se vinculan a la materia. En primer término, recibió al señor Manuel Melero Abaroa, en representación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, quien expresó que dicha Institución no comparte los fundamentos de la iniciativa legal en informe. Agregó, que nuestro ordenamiento jurídico contempla herramientas eficaces para actuar con diligencia frente a conductas que tengan como propósito interrumpir la libre competencia, las que permiten obtener resultados satisfactorios gracias a una oportuna y eficaz intervención de los organismos que existen para combatir las conductas monopólicas. Por otra parte, señaló que la Comisión Resolutiva dispone de amplias atribuciones para resolver situaciones en las que un acuerdo puede ser atentatorio contra la libre competencia. Expresó que para su sector empresarial, es altamente inconveniente alterar el actual sistema consagrado en el decreto ley Nº 211, ya que éste describe sólo de una manera genérica las conductas tipificadas como atentatorias a la libre competencia, por cuanto ello ha permitido mantener vigentes las disposiciones legales antes referidas por más de dos décadas, dando la flexibilidad necesaria en su aplicación conforme al crecimiento y expansión de los mercados. Asimismo, ha permitido recoger, en su normativa, la tendencia internacional vigente, según la cual no existirían acciones o comportamientos per se, constitutivos de delito, sino que su cuestionamiento dependerá en cada caso, de las circunstancias particulares de la conducta respectiva, así como de las características propias del mercado en que ella tenga lugar. Todo lo anterior ha significado, asimismo, disponer de una abundante jurisprudencia sobre la materia. En relación con el texto del proyecto de ley en informe, señaló el señor Manuel Melero Abaroa, Secretario General de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que la discriminación que se debe sancionar es aquella que resulta arbitraria, es decir, aquella que no obedece a circunstancias objetivas, generales, razonables y propias de la respectiva operación, sino a características especiales del comprador o usuario, en términos tales que hacen de él un caso excepcional. Agregó que, a su juicio, existen numerosas situaciones en que la discriminación del distribuidor mayorista tiene un fundamento objetivo, y por ende, no es reprochable, tales como descuentos por volumen, por pago de contado y por mínimos de distribución, entre otros. De lo contrario, impedir una discriminación objetiva, conduce a una suerte de fijación de precios, contraria al sentido de la libertad económica que asegura la Constitución Política de la República. El sistema vigente, a juicio del señor Melero, Secretario General de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, es el que ha permitido el surgimiento de grandes cadenas de supermercados, permitiendo que los consumidores tengan acceso a productos más baratos y a mejores servicios. En el caso particular que, al parecer, afectaría a algunas farmacias señaló que, si bien no lo conoce en detalle, las distintas condiciones de precio que se puedan apreciar no corresponden a una distorsión ni irregularidad que deba corregirse por medio de una ley debido a que, a su juicio, ello es consecuencia simplemente de la existencia de un mercado libre; pero, de no ser así, se debe recurrir a los organismos competentes encargados de sancionar las conductas antimonopólicas. Luego usó de la palabra el señor Mauricio Huberman Rodríguez, Presidente de la Unión de Farmacias de Chile A.G. (Unfach), quien señaló que el proyecto a diferencia de lo que opina la Cámara Nacional de Comercio, ayudará a una parte importante del mercado, atendido que hay sectores discriminados en cuanto a la posibilidad de acceso igualitario, y no se puede hablar de discriminación objetiva cuando ésa se efectúa en favor de unos pocos, sin transparencia y con cambio de condiciones en forma arbitraria; cuando las condiciones son generales y transparentes, de tal manera que todos puedan acceder a ellas, no hay discriminación. Cada entidad sabe que puede acceder a un volumen, el cual debe tener una escala. Se discrimina cuando se aplica una escala para unos y otra escala para otros. Hay o no hay discriminación, las condiciones son generales o no lo son; no conviene calificar si se trata de discriminación objetiva o subjetiva (las condiciones son generales o no lo son); y, a su juicio, es a este punto al que se refiere el proyecto. Se ha dicho, agregó, que el sistema de fiscalización vigente en el país es bueno y suficiente. Por el contrario, se ha demostrado en diversas investigaciones, algunas efectuadas por esta Cámara de Diputados, que las reglas vigentes son obsoletas debido a que, por un lado, no se cuenta con la capacidad física ni de personal para llevarla a cabo, y por otro, la conformación de las comisiones no es técnica debido a que sus integrantes no cuentan con formación idónea para resolver temas tan específicos como los regulados por el decreto ley Nº 211. Sobre este punto, cabe hacer presente que las comisiones preventivas están integradas por miembros representativos de juntas de vecinos, por ejemplo, que pueden ser muy buenos para dicha actividad, pero que no tienen los conocimientos técnicos adecuados que son necesarios en estas materias. Además, se trata de servicios cuyos miembros cumplen funciones ad honorem, a diferencia de lo que sucede en otros países. El hecho que se requiera una fiscalización adecuada no significa que con ello habrá menor libertad, pues ésta se resguarda con igualdad; sin embargo, en Chile, los pequeños y medianos comerciantes no están protegidos frente al abuso que pueda cometerse por parte de los grandes laboratorios de consuno con las cadenas, en el caso de las farmacias (los descuentos de precios de los fármacos se “esconden” vía descuentos por publicidad, por vitrina y otros). Se ha dicho, agregó el señor Huberman, Presidente de la Unión de Farmacias de Chile A.G. (Unfach), que las farmacias no tienen problemas en la comercialización de los productos farmacéuticos, lo cual no es efectivo. Prueba de ello es que, recientemente, la Excma. Corte Suprema ha resuelto sancionar a las grandes cadenas farmacéuticas por acuerdo de precios.-o- En el debate habido en la Comisión, el señor Diputado Eugenio Tuma apoyó la iniciativa legal en análisis, diciendo que ella busca velar por la transparencia del mercado y evitar la ocurrencia de discriminación respecto del proveedores y consumidores. Insistió el señor diputado que, al no hacerse una aplicación igualitaria de las condiciones de comercialización, existirá discriminación y, por lo tanto, competencia desleal. El señor Diputado Jaime Orpis se pronunció en contra de la idea de legislar del proyecto de ley en informe, en razón de que existirían dos formas de concretar la legislación en análisis: uno, detallar en la norma jurídica la conducta que se desea sancionar y, otra, en forma más general, dar facultades al juez para que adapte su criterio a las conductas del mercado y del tiempo. Hizo presente que en el decreto ley Nº 211, la letra f) del artículo 2º, hoy vigente, puede abarcar varias posibles conductas, que no están señaladas en las letras a) a la e) del mismo artículo, pero sí están contempladas por vía de ejemplo, en forma casuística pero no excluyente, al decir “...entre otros...”. Agregó el señor diputado que no es del caso analizar la discriminación en una operación comercial, sino que ésta sea arbitraria. Ahí, sí constituye una tendencia nefasta, ya que no hace aplicable el principio de la igualdad. La Comisión aprobó la idea de legislar por seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.-o-b) En particular.Artículo 1º(letra a) del artículo único del texto propuesto por la Comisión) Este artículo tiene por objeto incorporar en el artículo 2º del decreto ley Nº 211, una letra nueva, como f) pasando la actual letra f) a ser g), del siguiente tenor: “Discriminar en las condiciones de venta de los productos a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, por parte de proveedores a los intermediarios en la comercialización de dichos productos al consumidor. Para los efectos previstos en la letra c) incurrirá también en responsabilidad el comprador que acepte o solicite condiciones discriminatorias en su beneficio”. El artículo 2º del decreto ley Nº 211 es del siguiente tenor: “Artículo 2º.- Para los efectos previstos en el artículo anterior se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia, los siguientes:a) Los que se refieran a la producción, tales como el reparto de cuotas, reducciones o paralizaciones de ellas;b) Los que se refieran al transporte;c) Los que se refieran al comercio o distribución, sea mayorista o al detalle, tales como el reparto de cuotas o la asignación de zonas de mercado o la distribución exclusiva, por una sola persona o entidad, de un mismo artículo de varios productores;d) Los que se refieran a la determinación de los precios de bienes y servicios, como acuerdos o imposición de los mismos a otros;e) Los que se refieran a la libertad de trabajo o a la libertad de los trabajadores para organizarse, reunirse, o negociar colectivamente, como los acuerdos o actos de empresarios, sindicatos, u otros grupos o asociaciones, tendientes a limitar o entorpecer el libre curso de negociaciones colectivas dentro de cada empresa o los que impidan o entraben el legítimo acceso a una actividad o trabajo, yf) En general, cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia.”. El señor Diputado Edmundo Villouta se manifestó partidario de precisar en el texto legal propuesto de que la discriminación en la comercialización que impida la libre competencia deber ser arbitraria y notoria para que sea sancionada, ya que al aplicar fuertes descuentos en ventas, se puede presumir que, en definitiva, alguien que está en la cadena de comercialización, presumiblemente el consumidor, tenga que absorber el descuento. El señor Diputado Eugenio Tuma aclaró que la iniciativa legal no busca establecer limitaciones a los descuentos que, por diversas razones, pudiesen efectuar productores a distribuidores, sino que la idea central es obligar al productor a ofrecer condiciones de venta similar a todos los intermediarios o distribuidores. El señor Diputado Jaime Orpis expresó su temor de que, si se impide discriminar en artículos de primera necesidad, se estaría atentando contra la esencia de las prácticas comerciales que existen en todos los mercados.Indicación 1 Los señores Diputados Edmundo Villouta, Gabriel Ascencio, Juan Núñez y Eugenio Tuma formularon indicación para agregar a continuación de la palabra “Discriminar”, el vocablo “arbitrariamente”. La Comisión aprobó esta indicación por siete votos a favor, uno en contra y una abstención.Indicación 2 El señor Diputado Patricio Hales formuló indicación para intercalar entre las frases: “Discriminar en las condiciones de” y “de los productos”, la frase siguiente: “comercialización, tanto en la compra como en la venta y distribución.”. Se expresó por parte del señor diputado autor de la indicación, de que su objeto es establecer en forma indubitable que la discriminación arbitraria no puede producirse en ninguna de las etapas de una transacción comercial. La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación referida.Indicación 3 El señor Diputado Patricio Hales formuló indicación para suprimir el inciso segundo del artículo 1º del proyecto de ley en informe, por el cual se proponía agregar un inciso nuevo al artículo 2º del decreto ley Nº 211, en referencia a su letra c). Esta indicación se aprobó por asentimiento unánime y sin debate, por estimarse que el contenido de este inciso se encuentra inserto en el texto de la indicación del señor Diputado Hales, antes aprobada.-o- En consecuencia, el artículo 1º del proyecto se dio por aprobado por asentimiento unánime.Artículo 2º(letra b) del artículo único del texto propuesto por la Comisión) Este artículo tiene por objeto agregar un artículo nuevo, signado como 2º bis, al decreto ley Nº 211. Establece la obligación para productores, importadores, distribuidores mayoristas y distribuidores en general, de exhibir en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos y servicios, incluyendo los descuentos y rebajas por volumen, por pronto pago y por servicios conexos que se ofrecen. Sin debate, la Comisión aprobó este artículo por ocho votos a favor y uno en contra.-o- La Comisión acordó facultar a la Mesa para que realice las modificaciones de forma y concordancia en el texto del proyecto de ley en informe.-o-IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO. No existen en el proyecto de ley en informe artículos en esta situación. V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. No corresponde que este proyecto sea conocido por la Comisión de Hacienda por no existir materia de su competencia. VI. EL PROYECTO DE LEY EN INFORME FUE APROBADO EN GENERAL POR MAYORÍA DE VOTOS.VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN. No existen artículos e indicaciones en la situación reglamentaria referida. -o- Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo os propone que aprobéis el siguiente:PROYECTO DE LEY:“Artículo único Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 211, que fija normas para la defensa de la libre competencia y cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 27 de octubre de 1980:a) Para consultar en el artículo 2º como letra f) nueva, la siguiente, pasando la actual letra f) a ser letra g): “f) Los que se refieran a la discriminación arbitraria en las condiciones de comercialización, tanto en la compra como en la venta y distribución de los productos a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, por parte de proveedores a los intermediarios en la comercialización de dichos productos al consumidor.”b) Para agregar el siguiente artículo nuevo, como artículo 2º bis: “Artículo 2º bis.- Para los efectos previstos en la letra c) del artículo 2º, los productores, importadores, distribuidores mayoristas y en general los distribuidores, estarán obligados a exhibir en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos o servicios, incluyendo descuentos o rebajas por volumen, por pronto pago y servicios conexos que se ofrecen rebajados.”.-o- Se designó Diputado informante al señor Juan Núñez Valenzuela. Sala de la Comisión, a 14 de julio de 1998. Acordado en sesiones de fecha 14 de julio de 1998, con la asistencia de los siguientes señores Diputados: Tuma, don Eugenio (Presidente); Ascencio, don Gabriel; Caminondo, don Carlos; Delmastro, don Roberto; Hales, don Patricio; Núñez, don Juan; Orpis, don Jaime; Recondo, don Carlos; Velasco, don Sergio; y, Villouta, don Edmundo. (Fdo.): LUIS PINTO LEIGHTON, Secretario de la Comisión”.2. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema. “Oficio Nº 1183 Ant.: AD-14.222 Santiago, 8 de julio de 1998 Esa honorable Cámara de Diputados, por Oficio Nº 1991 de 9 de junio pasado, y de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema, para su informe, copia del proyecto de ley que deroga una disposición de la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos. Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia consultada, en sesión del día 3 de julio pasado, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los Ministros señores Jordán, Faúndez, Álvarez García, Carrasco, Garrido, Navas, Libedinsky, Ortiz, Benquis, Tapia, Gálvez, Rodríguez, Cury, Pérez, Álvarez Hernández y Marín, y aunque no tiene relación con la organización y atribuciones de los Tribunales, y precisando que el artículo que contiene la disposición que se pretende derogar es el veinte y no el diecinueve de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, como se señala, se acordó informar favorablemente el proyecto. Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen. Saluda atentamente a V.S., (Fdo.): ROBERTO DÁVILA DÍAZ, Presidente; CARLOS MENESES PIZARRO, Secretario.AL SEÑORPRESIDENTE DE LAHONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO”3. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema. “Oficio Nº 1182 Ant.: AD-14.233. Santiago, 7 de julio de 1998. El señor Presidente de la honorable Cámara de Diputados, don Gutenberg Martínez Ocamica, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema copia de un proyecto de ley, iniciado mediante moción de los señores diputados que lo suscriben, por el que se modifica el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal. El proyecto de ley mencionado consta de un artículo único, que agrega el siguiente numeral cinco, al artículo 100 del Código de Procedimiento Penal: Nº 5: “Los que ejerzan la acción penal derivada de delitos cometidos contra menores y del delito de asociación ilícita que pueda afectar a menores”. En la fundamentación del proyecto se expresa, en síntesis, que en un alto porcentaje los menores que son víctima en el proceso penal, por abusos sexuales y maltratos, carecen de la adecuada representación judicial, incidiendo esta ausencia de representación en los elevados porcentajes de sobreseimientos y absoluciones que favorecen a los inculpados y procesados en delitos cometidos en contra de menores (98% en delitos de facilitación y promoción de corrupción y prostitución de menores; 87% en delitos de violación y abusos deshonestos. Estadísticas Anuario de Justicia I.N.E. 1989). Se añade que el Servicio Nacional de Menores tiene limitaciones en su Ley Orgánica, para actuar judicialmente, por lo cual no se le considera comprendido entre los servicios incluidos en el artículo 100 Nº 4 del Código de Procedimiento Penal, entre aquellos que no están obligados a rendir fianza de calumnia, y por este motivo los abogados que hoy actúan en programas de estudio de los problemas de maltrato y abuso sexual de menores así como en tareas de asistencia de menores víctimas de tales situaciones, deben cumplir con el requisito del artículo 94 Nº 6 de ese Código cuando intervienen judicialmente, restricción que quedaría salvada con la exención de la fianza de calumnia en los casos de que se trata, que es en esencia la finalidad del proyecto de ley. Esta Corte reunida en sesión de Pleno, el día tres de julio último, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los Ministros señores Jordán, Faúndez, Toro, Álvarez García, Carrasco, Garrido, Navas, Libendisnky, Benquis, Tapia, Gálvez, Chaigeau, Rodríguez, Cury, Pérez y Marín, y teniendo en consideración que el proyecto que se informa tiende en efecto a garantizar el derecho de los menores a la defensa jurídica, acordó expresar su parecer favorable a dicha iniciativa legal, no obstante estimar que su contenido no estaría contemplada en las materias a que se refiere el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política. Es cuanto puedo informar. Dios guarde a U.S., (Fdo.): ROBERTO DÁVILA DÍAZ, Presidente; CARLOS MENESES PIZARRO, Secretario”.