REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 338ª, ORDINARIASesión 20ª, en miércoles 22 de julio de 1998(Ordinaria, de 16.10 a 20.57 horas) Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg, y Naranjo Ortiz, don Jaime. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- HOMENAJE VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 7 II. Apertura de la sesión 10 III. Actas 10 IV. Cuenta 10-o- - Prórroga de plazo a Comisión de Trabajo 10 - Réplica a expresiones formuladas en medios de comunicación. Aplicación del artículo 34 del Reglamento 10 - Autorización a Comisión de Régimen Interno para sesionar simultáneamente con la Sala 11-o- V. Orden del Día. Aumento de pensiones y modificación de normas tributarias. Tercer trámite constitucional 11 VI. Homenaje. - Homenaje en memoria de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura 43-o- - Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 53-o- VII. Proyectos de acuerdo. Prácticas discriminatorias para el acceso al trabajo 53 VIII. Incidentes. - Uso indebido del concepto “pertrechos” por Comisión de fraude aduanero. Oficio 57 - Rechazo a afirmaciones contenidas en libro del Senador Julio Canessa 58 - Constitución de la bancada rural agrícola 59 - Prórroga de programas de absorción de mano de obra en favor de ex mineros de Lota. Oficios 60 - Medidas que afectan a la zona franca de Iquique. Oficios 61 - Acceso a Puerto de Lirquén y ampliación de aeropuerto Carriel Sur. Oficios 63Pág. - Requisitos para vehículos de transporte interurbano de pasajeros. Oficio 63 - Contaminación de estero de Alhué y de aguas de Santa María de Pincha y Loncha, Región Metropolitana. Oficios 64 - Problemática relacionada con municipalidades de Región Metropolitana. Oficios 65 - Aumento de dotación de carabineros en comuna de Retiro. Oficio 66 - Irregularidades en compra y venta de entradas para partidos de Chile en mundial de fútbol. Oficios 66 - Restitución de bienes de entidades del antiguo sistema previsional en beneficio del sector pasivo. Oficios 68 - Supresión de oficinas de impuestos internos ubicadas en Viña del Mar. Oficio 70 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto de acuerdo relativo a la Convención sobre la prohibición, empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, suscrito en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997. (Boletín Nº 2209-10) 72 2. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias. (Boletín Nº 2160-05) 90 3. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias. (Boletín Nº 2160-05) 99 4. Moción de los Diputados señores Orpis y Alvarado, que modifica el artículo 33 de la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, perfeccionando la figura de la cooperación eficaz. (Boletín Nº 2208-07) 99 X. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación:-Del Grupo Interparlamentario Chileno-Argentino por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir Presidente al Diputado señor Villouta. 2. Oficios: -De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para prorrogar en 15 días, a contar del 30 del mes de curso, el plazo para informar las modificaciones al artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad. (Boletín Nº 1760-13).Contraloría General de la República-Del Diputado señor Correa, actuaciones de la Junaeb en la Región del Maule.Ministerio del Interior-Del Diputado señor Navarro, reparación o reposición de la Escuela de Talcamo, Octava Región.-De los Diputados señores Navarro y Velasco, inscripción definitiva de todas las obras de agua potable rurales que se han construido en la Octava Región.-De los Diputados señores Sánchez, Velasco, Rosauro Martínez, Navarro, José Pérez, Delmastro, Pablo Galilea y Ortiz, proyectos de inversión y planes de desarrollo de la Región de Aisén.Ministerio de Relaciones Exteriores-De la Corporación, ensayos nucleares efectuados recientemente por India y Pakistán.Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-Del Diputado señor Pablo Galilea, Banco Ganadero de Sacor en la Undécima Región.-Del Diputado señor José García, participación de empresas del Estado en la economía.-De la Corporación, situación económica por la que atraviesa el puerto de Taltal.Ministerio de Educación-Del Diputado señor Kuschel, obras en ejecución y proyectadas en las Regiones Décima, Undécima y Duodécima.-Del Diputado señor Soria, estatutos de las 16 universidades estatales.-De los Diputados señores Melero, Masferrer, Fossa, Díaz y Van Rysselberghe, radicación familia predio Carén.Ministerio de Justicia-Del Diputado señor Huenchumilla, creación de Juzgado de Policía Local en la comuna Padre Las Casas.-Del Diputado señor Ojeda, proyecto que crea Juzgados de Policía Local.Ministerio de Defensa Nacional-Del Diputado señor Felipe Letelier, decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968.-De los Diputados señores Navarro, Velasco, Rosauro Martínez, Sánchez, José Pérez, Delmastro, Pablo Galilea y Ortiz, accidentes de tránsito.Ministerio de Obras Públicas-Del Diputado señor Kuschel, reparación pasarelas en localidades de Huito y Aucar, Décima Región; estado de obras Maullín-Carelmapu; construcción de rampas y ampliación de otras en la Décima Región; construcción de muelle Quenuir Alto y conservación de rampa en La Pasada, Décima Región.-De los Diputados señores René García, Osvaldo Palma, García-Huidobro, Ojeda, Villouta, Manuel Bustos y Diputadas señoras Marina Prochelle y Rosa González, caminos Cunco-Melipeuco, Queule-Mehuín, Novena y Décima Regiones.-Del Diputado señor José Pérez, camino costero San Rosendo-Chiguayante.-Del Diputado señor Alvarado, diversas obras en Chaitén.-Del Diputado señor Vilches, tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado en la Tercera Región.-Del Diputado señor Ojeda, camino U-16 Osorno-Trumao, Décima Región. -Del Diputado señor Pablo Galilea, construcción de camino en Valle Verde, Undécima Región.Ministerio de Agricultura-Del Diputado señor Navarro, fondo de siniestralidad para incendios forestales.-Del Diputado señor José García, personas favorecidas por condonación de deudas en la Novena Región.-Del Diputado señor Kuschel, proyectos de riego en las provincias Llanquihue y Palena.Ministerio del Trabajo y Previsión Social-Del Diputado señor José García, número de personas pertenecientes a la ex Caja de Ferrocarriles del Estado.Ministerio de Vivienda y Urbanismo-Del Diputado señor Kuschel, acciones para evitar inundaciones en la ciudad de Calbuco; avance de obras en Cochamó; planes y normas de construcción; 7º llamado del Programa de Pavimentación Participativa.-De la Corporación, participación de empresas regionales en licitaciones.Consejo de Defensa del Estado-Del ex Diputado señor Hamuy, presuntos actos ilícitos cometidos por funcionarios de la Municipalidad de Recoleta.Municipalidad de Ninhue-Del Diputado señor Navarro, estudios para construcción del camino en la comuna de San Nicolás.Municipalidad de Freirina-Del Diputado señor José García, personal no docente. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores Diputados: (117)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Alvarado Andrade, Claudio IND X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60Allende Bussi, Isabel PS RM 29Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Ávila Contreras, Nelson PPD V 11Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caminondo Sáez, Carlos RN X 54Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Cornejo González, Aldo PDC V 13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24Delmastro Naso, Roberto IND X 53Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Espina Otero, Alberto RN RM 21Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García Ruminot, José RN IX 50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Leay Morán, Cristián UDI RM 19León Ramírez, Roberto PDC VII 36Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42Longton Guerrero, Arturo RN V 12Longueira Montes, Pablo UDI RM 30Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Pareto González, Luis PDC RM 20Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Pollarolo Villa, Fanny PS II 3Prochelle Aguilar, Marina RN X 55Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2Soto González, Laura PPD V 14Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Vega Vera, Osvaldo RN VII 40Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Venegas Rubio, Samuel IND V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Eugenio Tuma. -Asistieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Eduardo Aninat, y de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 16.10 horas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 15ª se declara aprobada. El acta de la sesión 16ª se encuentra a disposición de los señores diputados. IV. CUENTA El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE TRABAJO. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- La Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita el acuerdo de la Sala para que le sea prorrogado en quince días, a contar del 30 de este mes, el plazo de que dispone para informar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobada la petición. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Álvarez, Ascencio, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Dittborn, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Jarpa, Krauss, Kuschel, Leay, León, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Mora, Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Salas, Silva, Urrutia, Vega, Velasco, Villouta y Walker (don Patricio). -Votó por la negativa el Diputado señor Letelier (don Juan Pablo). -Se abstuvieron los Diputados señores: Bustos (don Juan), Hales y Montes.RÉPLICA A EXPRESIONES FORMULADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Aplicación del artículo 34 del Reglamento. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En virtud del artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor León, hasta por cinco minutos. El señor LEÓN.- Señor Presidente, en la prensa de hoy y en los noticieros de anoche de algunos canales de televisión, el parlamentario que habla, junto a los Diputados señores Luis Pareto y Patricio Walker, fuimos objeto de críticas muy duras por haber planteado frente a la opinión pública, con mucha altura de miras, en el ámbito de la crisis asiática, un tema muy importante relacionado con el derecho legítimo que tienen los partidos políticos, organizaciones sociales y personas naturales, a quienes se les expropiaron sus bienes durante el régimen militar, a recuperarlos o a cobrar la indemnización correspondiente. El proyecto que así lo establece será ley de la República mañana. Su artículo 1º transitorio prevé la posibilidad de que una vez cumplidos los trámites ordenados por la ley y fijada la indemnización, los decretos supremos que ordenan el pago podrán fijar fechas desde el próximo 1º de enero, de modo que a fines del primer trimestre de 1999, los expropiados tendrán derecho a percibir los dineros. Cuando se está pidiendo un esfuerzo al país, cuando se están haciendo recortes en programas sociales tan importantes como es el tema de la salud, cuando no hemos podido pagar antes un mayor reajuste a los jubilados, los diputados de la Democracia Cristiana creemos que no tiene ninguna presentación que los partidos políticos concurran a fines del primer trimestre del próximo año a pedir el pago de la indemnización que legítimamente les corresponde. Por eso, estamos planteando que la misma se postergue por un año más. Lamentablemente, recibimos críticas muy duras de mucha gente y de dirigentes, algunos de ellos bastante importantes, incluso socios nuestros. Esperábamos que la reacción fuera distinta y que hubieran dicho: “Efectivamente, es bueno para el país que los partidos políticos, así como lo hicieron todas las instituciones, incluyendo el Congreso Nacional, hagamos nuestro aporte. Si hemos aguardado veinticinco años, podemos esperar uno más.” Lamentablemente, la reacción de estos dirigentes políticos fue exactamente la contraria. Deseo reiterar la posición de los diputados democratacristianos, que no tenemos dos discursos. Cuando hablamos de que nos queremos preocupar de los temas de la pobreza, de hacer esfuerzos frente a las actuales situaciones, estamos dispuestos a ello y nos gustaría que el resto de los partidos e instituciones hicieran lo mismo, en vez de descalificarnos, como lo han hecho. Los llamo a la cordura, a la prudencia, a revisar su actual posición, porque estoy convencido de que, con un poco de calma, entenderán y, ojalá, se sumarán a nuestro planteamiento. He dicho.AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito autorización para que la Comisión de Régimen Interno pueda sesionar simultáneamente con la Sala por el lapso de una hora, de 16.20 a 17.20 horas. Acordado. V. ORDEN DEL DÍAAUMENTO DE PENSIONES Y MODIFICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. Tercer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones del honorable Senado al proyecto de ley que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento. Antecedentes: -Modificaciones del Senado y certificado de la Comisión de Hacienda, boletín Nº 2160-05. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, de esta sesión. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito la autorización para que pueda ingresar a la Sala don Jorge Kaufmann, asesor tributario del Ministerio de Hacienda. Acordado. Los Comités parlamentarios acordaron hoy destinar todo el Orden del Día a la discusión del presente proyecto y votarlo al término de la sesión, esto es, a las 18.15 horas. Las dos horas se distribuirán en la forma dispuesta para la hora de Incidentes, por lo cual solicito a los señores jefes de Comités que indiquen a la Mesa los nombres de los diputados que intervendrán en esta sesión y el tiempo que se les ha asignado. Se ha solicitado a la Comisión de Hacienda que haga un análisis de las modificaciones del Senado y que entregue a esta Sala un informe oral sobre la materia. En consecuencia, tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez, designado por esa Comisión para este efecto. Dejo constancia de que el tiempo que utilice el señor diputado no será de cargo de ninguna bancada, por lo cual la sesión se extenderá por los minutos que ocupe. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, como usted ha señalado, la Comisión de Hacienda se reunió ayer para analizar las modificaciones del Senado a este proyecto, cuyo fundamento principal es el reajuste de las pensiones. Como su Señoría ha dicho, no hay informe escrito, pero trataré de exponer las ideas que se discutieron ayer y dar a conocer la votación que se produjo en la Comisión. Me circunscribiré a las materias consideradas más importantes, ya que, como se sabe, el proyecto fue objeto de numerosas modificaciones pequeñas, muchas de ellas formales. Dividiré el análisis de las distintas normas según los textos legales modificados. En primer lugar, explicaré las enmiendas a la Ley sobre Impuesto a la Renta. Reviste extraordinaria importancia la relativa al artículo 14. La propuesta original del Ejecutivo consideraba dos grandes cambios. La primera era una modificación sustancial en la normativa del fondo de utilidades tributables, FUT, en la medida en que se igualaba la situación de las sociedades de personas y de otro tipo de contribuyentes a las sociedades anónimas. Con esto, se llegó a la conclusión de que, en la práctica, la mayor parte de los retiros que hicieran los socios de este tipo de sociedades u otros contribuyentes quedaban gravados con impuestos, como ocurre en las sociedades anónimas. Esta primera gran modificación sobre el FUT, que alteraba, sobre todo, las normas del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, fue aprobada por la Cámara, pero debido al acuerdo a que se llegó en el Senado, se suprimió. Aquí tenemos el primer gran cambio sustancial en relación con lo que aprobamos en nuestra Corporación. Sin embargo, se mantiene la otra gran modificación al artículo 14, que pretende evitar ciertos vacíos en materia tributaria o alteraciones en su buen funcionamiento. Consiste en que una persona retiraba fondos, los reinvertía acogiéndose a una garantía establecida en el artículo 14, pero de inmediato vendía las acciones, con lo cual no sólo producía un perjuicio a la sociedad, sino que también, en alguna medida, evitaba el pago de impuestos. Esta norma fue limitada por la Cámara, la que dispuso que si una persona retiraba recursos, los reinvertía en acciones y después las vendía, para acogerse a la norma que la eximía de tributar debía mantenerse reinvirtiendo, para lo cual le dio un plazo de veinte días. La única precisión del Senado fue en el sentido de que la inversión debía ser en acciones de sociedades anónimas abiertas; además, fijó el plazo en que debían desarrollarse estas reinversiones. Otro de los puntos centrales del proyecto era eliminar la posibilidad de que las empresas descontaran, como crédito tributario, el pago de contribuciones de bienes raíces, contenido en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La Cámara eliminó esa posibilidad. En el Senado se buscó una fórmula de acuerdo, por lo que esta norma pasó a ser artículo 3º transitorio. Dispone que, por el plazo transitorio de cuatro años, las empresas no podrán deducir las contribuciones efectivamente pagadas como crédito de su impuesto de primera categoría Otra norma menor, que altera lo aprobado por la Cámara, es la relacionada con la presunción de renta para los socios que utilizan automóviles, station-wagons, etcétera, contenida en el artículo 21 de dicha ley. A propuesta del Ejecutivo, esta presunción, que hoy es de 10 por ciento, subía a 33 por ciento. La Cámara la aprobó, pero el Senado la redujo a 20 por ciento. Una norma importante, aprobada por la Cámara, se relaciona con la concesión de determinadas garantías por parte de la sociedad hacia los socios, que debían estimarse rentas para ellos. Al respecto, el Senado ha modificado en alguna medida nuestro criterio, ya que señala que “cualquier bien de la empresa que sea entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los socios personas naturales o contribuyentes del impuesto adicional, y ésta fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones, se considerará retiro en favor de dichas personas hasta el monto del pago efectuado...”. En este caso, se trata de una modificación importante en relación con lo que había aprobado la Cámara. En el proyecto del Ejecutivo había una norma que otorgaba la posibilidad de descontar el 15 por ciento del valor de un activo inmovilizado nuevo en el primer año. Al mismo tiempo, se había aumentado el porcentaje de créditos por inversiones de activos fijos de un 4 a un 8 por ciento. Dichas normas fueron suprimidas en el Senado, porque, dentro del acuerdo a que se llegó, se consideró que era preferible utilizar esos recursos en otros instrumentos, a los cuales me referiré más adelante. Luego, una facultad entregada por la Cámara al Servicio de Impuestos Internos para impugnar las inversiones que realizaran distintos contribuyentes en el exterior, fue suprimida en el Senado. De acuerdo con lo informado ayer en la Comisión de Hacienda por el Director del Servicio de Impuestos Internos, esto se debió a que algunos senadores consideraron que este tipo de facultad ya la tenía el mencionado servicio. En seguida, otras enmiendas más relevantes en materia del Impuesto a la Renta eran las relativas a los instrumentos establecidos en el artículo 57 bis. Al respecto, se mantuvo el criterio del Senado, ratificado por nuestra Comisión, en cuanto a eliminar la letra A) del artículo 57. Además, se plantearon ciertas modificaciones a la letra B) del artículo 57 bis. En primer lugar, se restableció una norma que había sido derogada en la Cámara, la cual señalaba que, en el caso de que el contribuyente tuviera una cifra de ahorro positiva durante cuatro años consecutivos, a contar de dicho período la tasa referida para todos los giros anuales se aplicará sólo sobre la parte que exceda del equivalente de 10 unidades tributarias anuales. Es decir, se reconsideró un crédito para ciertos contribuyentes. Por otra parte, en una iniciativa muy importante, por lo cual, al menos en lo personal, felicito a la autoridad, se incluyó en el artículo 57 bis una nueva letra B), que significa la posibilidad de incluir en este tipo de incentivos al ahorro, la compra de acciones de sociedades anónimas abiertas que a la fecha de la inversión cumplan con las condiciones necesarias para efectuarlas en fondos mutuos. Es una norma extraordinariamente interesante, ya que abre una nueva posibilidad de ahorro para todos los chilenos y, en general, para los contribuyentes de este tipo de rentas. Otra modificación, también relevante, recaída en la letra A del artículo 57 bis, cambia la fecha de entrada en vigencia de la ley. El proyecto del Ejecutivo señalaba que entraría en vigencia el 1° de mayo y, debido a una indicación presentada en el Senado y votada favorablemente ayer, entrará en vigencia desde la fecha de su dictación. Ésas son las modificaciones más trascendentales respecto de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En cuanto a las modificaciones del Senado a la ley del Iva, diríamos que sólo hay una precisión importante acerca de la obligación de devolver los créditos fiscales que puedan tener los contribuyentes. Nosotros, como Cámara, ya habíamos señalado que el Servicio de Impuestos Internos debía contestar, en el plazo de 60 días, si había derecho o no a esa devolución. El Senado, además, precisó que si no contestaba se entendía que el contribuyente tenía derecho a la devolución del crédito fiscal. Debido a esa precisión se ha establecido también que, transcurridos esos plazos, la Tesorería dispondrá de cinco días para proceder a dicha devolución. En cuanto al Código Tributario, el Senado también introdujo una serie de modificaciones en el texto aprobado por la Cámara. En primer lugar, se hicieron algunos cambios menores en materia de declaración y de presentación por escrito o por carta certificada. Se dio una nueva redacción en el sentido de que las declaraciones de impuestos debían hacerse por escrito y bajo juramento. En segundo lugar, se suprimió la norma que permitía al Servicio solicitar cualquier tipo de información a aquellas personas que todavía fueran accionistas o socios de sociedades en el extranjero y que tuvieran más del 50 por ciento de participación en ellas. En tercer lugar, se estableció una norma, mejor redactada, sobre lo que primaba cuando existía un documento guardado: un microfilme o un archivo computacional, y al mismo tiempo se tenía la copia autorizada. Asimismo, se modificaron dos importantísimas sanciones o figuras que había aprobado la Cámara de Diputados. En primer término, sobre aquellos casos en que los contribuyentes no entregaban la información necesaria al Servicio de Impuestos Internos. Nosotros habíamos establecido una multa nueva más alta. El Senado modificó el artículo disponiendo que si el contribuyente no entrega la información, se le aplicará la multa normal consignada en el Código Tributario; si no la entrega al instarlo a ello, se le dará un nuevo plazo de 30 días y, en el caso de que no la entregara en esa ocasión, se le aplicará una multa nueva, distinta de la que aprobamos, porque se han rebajado sus topes. Además, se modificó la nueva figura que habíamos creado para el caso de que se abuse o utilice mal el crédito fiscal en beneficio de personas o sociedades vinculadas. La redacción nueva, en alguna medida, exige una reiteración de estas conductas y, además, precisa mucho mejor quiénes pueden verse beneficiados por esta acción equivocada del uso del crédito fiscal. En seguida, en los artículos transitorios, se establecen varios aspectos fundamentales. En primer lugar, se efectúa una modificación que no se consideró en el proyecto analizado por nosotros: un nuevo tratamiento del impuesto a las ganancias de capital como consecuencia del mayor valor resultante de la enajenación de acciones. En la disposición segunda transitoria se ha establecido -lo que también tiene plazo, al igual que las contribuciones- que el mayor valor originado de la enajenación de estas acciones tendrá una tributación a elección del contribuyente -se hará año a año-, entre el impuesto de 15 por ciento de primera categoría, en carácter de único -como lo establece el artículo 17, Nº 8º, de la Ley sobre Impuesto a la Renta-, y las normas habituales de tributación del impuesto global complementario, que comprende una escala distinta de tasas. Es decir -reitero-, habrá una opción de mayor ganancia, cualquiera que sea la condición, ya sea habitual o no en la enajenación de esas acciones, en el sentido de que el contribuyente podrá optar por utilizar el impuesto de primera categoría en carácter de único o por acogerse a las normas del global complementario. El artículo tercero transitorio contiene un aspecto central del proyecto, cual es no permitir deducir las contribuciones pagadas como crédito del impuesto de primera categoría. En todo caso, se establece una doble excepción. Por ejemplo, aquellas sociedades cuyo negocio es el arrendamiento de bienes inmuebles podrán deducir sus contribuciones como crédito de dicho impuesto, siempre y cuando no los arrienden o enajenen a personas relacionadas. Aquellas que no puedan acogerse a este régimen podrán, en el plazo de dos años, vender los bienes a algunos de sus socios y, además, a valor libro. En el artículo cuarto transitorio se preceptúa que un excedente de crédito que se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 de la ley mencionada, no sólo podrá utilizarse cada año, sino indefinidamente en el tiempo. El artículo quinto transitorio es una norma, nueva -felicito al señor Ministro por haberla presentado-, que establece la nueva posibilidad de ahorro -de hecho, de alguna manera la recogió también la Comisión Nacional de Ahorros-, de deducir, de la base imponible del impuesto global complementario, un 50 por ciento de las ganancias obtenidas en dividendos de sociedades anónimas abiertas o intereses provenientes de distintos instrumentos de instituciones financieras o bancos chilenos, con un tope de 12,5 unidades tributarias anuales. Ello, más el agregado de las acciones a que se refiere el artículo 57 bis y la norma sobre impuesto a la ganancia de capital, son, sin duda alguna, interesantes opciones de ahorro o de inversión en este momento. Sobre aspectos generales, no hay modificaciones respecto de cómo se entrega este aumento general y reajuste de pensiones. En materia de mutualidades, objeto de un acuerdo específico de gran interés para esta Cámara, sólo hay cambios menores que calificaría de mejor redacción o precisión. Tampoco hay cambios sustanciales acerca del número de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Por último, un informe financiero adjunto señala que el proyecto se encuentra financiado, tanto en cuanto al nuevo número de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos -que se pagará con cargo al presupuesto de este año-, como a las pensiones, a través de las normas tributarias que aprobó la Cámara y el Senado. En la Comisión se discutió sobre la procedencia constitucional y reglamentaria del proyecto, pero, en definitiva, se optó por aprobar, por unanimidad, las modificaciones introducidas por el Senado. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, me parece que el informe del Diputado señor Álvarez, en representación de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, sobre el resultado de la reunión efectuada ayer, contiene suficientes detalles como para omitir en mi presentación esos aspectos, lo cual permitirá agilizar más el debate. En primer lugar, deseo agradecer la labor de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ha mejorado el proyecto del Ejecutivo y agilizado también su tramitación. Creo que su análisis y evaluación deberían centrarse en lo medular de la iniciativa, más allá de los aspectos de complejidad técnica que contiene, sobre todo de financiamiento. La denominada agenda social especial que, en marzo de 1996, presentó al país el Presidente Frei, es, a nuestro juicio, la prioridad más urgente y coyunturalmente más importante del Gobierno. Si se la revisa, figura el propósito de seguir avanzado en los beneficios para la tercera edad y, particularmente, corregir la deuda histórica contraída con los pensionados y jubilados de las distintas cajas del antiguo sistema, agrupadas hoy en el Instituto de Normalización Previsional, INP. Creo que el aspecto central del proyecto es continuar la política de mejoramientos sucesivos para la tercera edad, en particular para los jubilados del antiguo sistema, iniciada en 1990 con una serie de acciones que reseñaré después. En concreto, el proyecto tiene como objetivo reajustar el valor actual de las pensiones asistenciales que hoy, por razones históricas de todos conocidas, alcanzan a valores bajos. Hoy una pensión asistencial asciende a 23.416 pesos y se pretende, a través del proyecto -una vez aprobado por esta Sala- dar un reajuste del 34 por ciento a ese grupo. Luego, para las pensiones mínimas, de entre 55 mil pesos y 60.800 pesos, se propone un reajuste especial real de 14 y medio por ciento. Pero creo que esta vez se hace una distinción importante: no excluir de este beneficio a ninguno de los jubilados del sistema antiguo, cualquiera que sea su nivel de pensión. Es una adición importante que, como es lógico, añade costos al proyecto. Estamos hablando de más de 500 mil personas adicionales con un beneficio que en promedio será cercano a un 7 por ciento real adicional. Es en ese sentido que, al beneficiar a 1 millón 380 mil personas, estamos incurriendo, como Estado, en un costo, en régimen, de 280 millones de dólares. Dicho costo, muy significativo, se agrega a la serie de acciones que los gobiernos de la Concertación han realizado en materia de pensiones. Quisiera, entonces, reseñar algunas brevemente. El gobierno de don Patricio Aylwin devolvió, por etapas, a los pensionados del antiguo sistema, el 10,6 por ciento que les fue quitado por un ajuste económico en la década de los años 80. El gobierno del Presidente Aylwin también fue reajustando sucesivamente las pensiones asistenciales, de vejez e invalidez y el subsidio único familiar que favorecen a ese grupo de beneficiarios. En los gobiernos de la Concertación, particularmente en el actual, del Presidente Frei, hemos hecho tres reajustes especiales en las pensiones del antiguo sistema, fundamentalmente concentrados en las pensiones mínimas; el último de ellos -como recordará la honorable Sala-, a fines del año pasado. Hemos creado el bono de invierno para los pensionados mayores de 65 años y hecho también una serie de ajustes a las pensiones de viudez, a las montepiadas, nivelándolas con las pensiones del causante, etapa que culmina precisamente en 1998. En suma, aquí ha habido preocupación consistente, activa y permanente, por razones de equidad y de justicia, respecto de los beneficios de los jubilados del sistema antiguo. Pero, hoy, gracias a la colaboración de las señoras y señores diputados y senadores, hemos logrado acuerdos para abrir espacio o agregar al proyecto de ley no sólo un financiamiento que lo sustenta, que es responsable y sano, sino también, dentro de las adecuaciones tributarias que describió en detalle el diputado informante, una serie de beneficios, de incentivos tributarios, parciales al ahorro y la inversión. Quisiera solamente concentrarme en dos de ellos. Se han modificado algunos pretéritos que ya no tenían justificación en cuanto a eficiencia ni a equidad, pero se han agregado y expandido algunos que contribuyen al ahorro nacional. Por ejemplo, se ha simplificado fuertemente la operatoria de la letra B del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Ésta es una operatoria existente desde algunos años, pero el Gobierno reconoce que su normativa era compleja y su grado de utilización limitado, precisamente debido a lo engorroso de su administración, aplicación y operación. Mediante una recomendación que nos fue dada por una misión técnica del Banco Mundial, a fines del año pasado, y con las mejoras introducidas en las comisiones técnicas de la Cámara de Diputados y del Senado, se ha caminado hacia el establecimiento de un valor único, de 15 por ciento, en las tasas de crédito y débito ligadas al ahorro o al desahorro, según el caso, ampliándose su cobertura e incluyéndose en ésta las acciones de sociedades anónimas abiertas, siempre que tengan presencia bursátil. En esta lista de nuevos incentivos, recogiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional del Ahorro, que presidió el señor Andrés Bianchi, y las mejoras y perfeccionamientos que se le han introducido en el Congreso, también se ha creado un nuevo incentivo al ahorro de personas naturales, el cual será importante para el pequeño inversionista, la clase media, los ahorrantes. Consiste, sencillamente, en permitir rebajar un 50 por ciento de la base imponible de aquellos intereses que se obtengan por depósitos y dividendos, con un tope anual de rentas del ahorro afectas a 25 unidades tributarias anuales. Así, se da progresividad a este mecanismo de incentivo del ahorro. Se ha agregado una serie de modificaciones que mejoran beneficios que establecía la Ley de Impuesto a la Renta. Una decisiva e importante es a parte de la letra A del artículo 57 bis, puesto que su demasiado generosa -llamémosla así; algunos dirían ineficiente y distorsionada- asignación hacia pocos y muy concentrados contribuyentes, ya no tenía justificación. Hacia adelante, eso será considerablemente modificado. El proyecto también incluye un incentivo a la pequeña y mediana empresa a través del tratamiento especialmente favorable que se da a la compra de activos fijos y a su depreciación. Esto es importante para el pequeño industrial, el pequeño artesano, el pequeño comerciante. Y, además, se ha llegado a un acuerdo sobre algo que se ha discutido durante varios años con la Asociación de Mutualidades. Sabemos que este sector es importante para una serie de segmentos de trabajadores y de empresas de todas las regiones. Es un sistema que ha proliferado, que da elementos de bienestar y de salud. Se trata del concepto de riesgo compartido, por cuanto en los futuros reajustes especiales a las pensiones, siempre en el sistema antiguo, se cautelará que las mutualidades no tengan que absorber el costo especial en perjuicio de su programa de inversiones en favor de los trabajadores. Este acuerdo ha sido muy positivo y, precisamente, quiero recogerlo en el ámbito de acción de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara. Se ha modificado, producto de la negociación con los sectores de Oposición, la moción original de la iniciativa respecto a parte de los artículos de la Ley sobre Impuesto a la Renta en que se introducían modificaciones. Por ejemplo, en el artículo 14. Sin embargo, se ha cautelado específica y fuertemente lo que corresponde a fiscalización, a campaña de IVA, a nuevas atribuciones para el Servicio de Impuestos Internos, a fin de sustentar una recaudación eficiente por el lado de los impuestos indirectos. En resumen, como siempre, en política no todo lo que se consigue es lo óptimo, lo deseable, lo viable. Pero la negociación que se ha abierto durante estas semanas ha permitido, en algunos artículos, mejorar su redacción y sentido; en otros, modificarlos y llegar a un pronto y ágil despacho de un proyecto de ley que, en realidad, en lo medular, está orientado a dar un financiamiento sano a los pensionados del antiguo sistema. Las negociaciones responsables siempre deben ir adaptándose, dentro de los principios y metas que las partes persiguen. Ha habido un proceso razonable de acercamiento y mejoría y, desde nuestro punto de vista, el Ejecutivo se encuentra tranquilo en cuanto a que esta iniciativa va a sustentar una mejora decisiva para las pensiones de 1 millón 380 mil personas afectas al sistema antiguo, con reajustes que van, como he dicho, entre el 34 por ciento real, en un caso, hasta el 7 por ciento real, en otro. Además, en el ciclo de ajuste económico en que estamos embarcados, el Gobierno está satisfecho de que hayamos podido, en esta instancia, con este proyecto, hacer espacio a modificaciones en pos del ahorro privado, necesario en esta coyuntura, sin menoscabar -por el contrario, sustentándolo- el ahorro fiscal. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Dentro del tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Manuel Bustos. El señor BUSTOS (don Manuel).- Señor Presidente, el proyecto, muy interesante, apunta a ayudar a más de un millón de chilenos que han estado marginados por muchos años, a los cuales, incluso, en algún momento, se les quitó un 10,6 por ciento de sus escuálidas pensiones. Ahora, cada uno recibirá ocho mil pesos más al mes, hecho que nos satisface y contenta. Sin embargo, quiero hacer presente que el Ministro de Hacienda fue bastante rígido en la Comisión de Trabajo de esta Corporación, durante el primer trámite del estudio de la iniciativa. No obstante, después, en el Senado, negoció, más bien, la pérdida de parte del financiamiento del proyecto. Creo que estos cambios no son buenos. Si aquí se plantearon inquietudes interesantes para el proyecto de pensiones, lo lógico hubiera sido que se tomaran en cuenta. En la discusión de la Cámara sólo hubo un desgaste político y no se avanzó mayormente. Me gustaría que el señor Ministro dijera cuánto se perdió en el Senado del total del financiamiento que consideró el Ejecutivo cuando envió el proyecto de pensiones al Parlamento y cuánto recuperó la Derecha, pues la verdad de las cosas es que ésta trató de quedarse con el máximo posible y de dejar que el Estado cargara con la totalidad de las pensiones. Sería altamente positivo que dijera lo que al final la Derecha logró descargar en beneficio de los ricos. Por otra parte, debe tomarse nota de que este proyecto no es terminal, sino un avance para mejorar, sin duda alguna, las características positivas que han tenido los gobiernos de la Concertación, primero el presidido por don Patricio Aylwin, secundado por don Alejandro Foxley, éste como Ministro de Hacienda, y enseguida por don Eduardo Frei y don Eduardo Aninat, respectivamente. Sin duda, es grande el esfuerzo por ayudar a los más pobres, quienes seguirán siendo pobres; algunos tan pobres como antes de recibir los ocho mil pesos, pues se ha reconocido que la pensión asistencial, con suerte, llegará a 34 ó 36 mil pesos. El hecho de que nos sintamos felices y orgullosos porque hemos logrado que un pensionado reciba 36 mil pesos al mes, después de un largo debate y de limosnear a los parlamentarios de Derecha que aprobaran el proyecto, francamente, me parece una vergüenza. Debiéramos tener un poco de moral y ser capaces de reconocer que aún no estamos en condiciones de comprender lo que es vivir con 40 ó 50 mil pesos al mes. Disponemos de un buen discurso cuando estamos en campaña y recorremos las casas de nuestros compatriotas. Incluso, un candidato a la presidencia ha ido a dormir a casas de los pobres. ¡Dios quiera que anote bien lo que falta en ellas, con el fin de que nos facilite el debate en el futuro! Ojalá vea que tienen muchos problemas y que los seguirán teniendo. Quienes hemos estado por muchos años en la lucha por mejorar cada vez más las pensiones y hemos planteado derechamente la vía de los impuestos a fin de que los que tienen más den más para los que tienen menos, consideramos que en esta oportunidad se da un paso gigantesco. Por eso, felicito al señor Ministro de Hacienda, a pesar de su negociación con la Derecha, por cuanto, al final, los que defienden a los ricos en el Parlamento recuperaron créditos para su bolsillo. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor José García, hasta por 10 minutos. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, hace algunos días, con motivo del análisis en esta Corporación de los efectos de la llamada crisis asiática, señalé que el acuerdo que se gestaba en el Senado entre el Gobierno y senadores de la Concertación y del Pacto Unión por Chile, sería extraordinariamente positivo para el país, y que, en momentos de dificultades económicas, actitudes de madurez y responsabilidad política eran las esperadas, principalmente de parte de quienes tenemos responsabilidades públicas. Esta tarde reafirmo esas palabras, y felicito tanto al Gobierno, representado por el señor Ministro de Hacienda, como a los senadores de la Concertación y de Oposición, por la capacidad y la generosidad demostradas para hacer realidad el incremento de las pensiones. Luego de escuchar el discurso del Diputado señor Manuel Bustos, pareciera que no existe cabal comprensión de cómo las naciones logran superar la pobreza definitiva y permanentemente. Está más que probado que la forma concreta es con crecimiento económico, para que cada vez haya más producción de bienes y servicios, y que esa mayor riqueza se distribuya con criterios de justicia. Así, con dos grandes pilares: desarrollo económico y desarrollo social, se consolida la democracia. El sector privado aportará al proyecto, por la vía de mayores impuestos, 241 millones de dólares, y el Fisco contribuirá, con recursos de la caja fiscal, con sólo 39 millones de dólares. ¡Qué mayor claridad en cuanto al aporte del sector privado, es decir, de todos los chilenos, porque todos pagamos impuestos! ¡Ése es el aporte del sector privado para incrementar las pensiones asistenciales, las mínimas y las superiores a las mínimas! Es importante tener presente que el proyecto se financiará con 28 millones de dólares, que se obtienen de la derogación de franquicias tributarias de la Ley sobre Impuesto a la Renta; con 24 millones de dólares provenientes de la reducción de vacíos legales; con 100 millones de dólares por la suspensión del crédito contra el impuesto de primera categoría de las contribuciones de bienes raíces, y con 160 millones de dólares por un plan de mayor fiscalización, especialmente del IVA. A estos valores hay que descontar lo que significarán los incentivos al ahorro, que se estima que representarán una merma fiscal del orden de los 60 millones de dólares. Por lo tanto, las cifras finales indican un aporte de 241 millones de dólares del sector privado y de 39 millones de dólares del Fisco. A mi juicio, lo importante es que todo el país haga este esfuerzo, a fin de incrementar las pensiones, en especial, las asistenciales. En este sentido, reiteramos nuestro llamado al Gobierno para que a todos los ancianos e inválidos que figuren con 600 puntos o menos en la respectiva encuesta social, se les asegure el derecho a recibir la pensión asistencial de vejez o de invalidez. También quiero destacar una norma del proyecto que probablemente ha pasado inadvertida para muchos y que hace justicia a un enorme sector de pequeños comerciantes e industriales y artesanos. Me refiero a la disposición que exime del impuesto territorial a todas aquellas propiedades cuyo destino original era la habitación, y que después se cambió parcialmente para transformarse en comercial o industrial. Pues bien, en la medida en que su avalúo fiscal sea igual o inferior a 8 millones 800 mil pesos -valor límite para la exención del pago de contribuciones, en el caso de bienes raíces con fines habitacionales- las propiedades de todos los pequeños comerciantes e industriales y artesanos, que en el país suman no menos de 80 mil personas, también quedarán exentas del pago de contribuciones. Estoy cierto que aún nos falta mucho por avanzar en materia previsional. Por ejemplo, nos preocupan las personas del antiguo sistema que no reúnen la densidad necesaria para jubilar, que cotizaron durante algunos años, que no tienen derecho al bono de reconocimiento -por lo tanto, no pueden cambiarse al nuevo sistema- y que no reciben ningún beneficio por el ahorro previsional que efectuaron. Es una cuestión pendiente, y estoy seguro de que en algún momento llegaremos a un buen acuerdo con el Gobierno para dar una solución a esas personas. Sin duda, quedan pendientes las negociaciones sobre rebaja de aranceles. El Ministro de Hacienda ha anunciado que en los próximos días ingresará al Congreso Nacional un proyecto de ley en tal sentido, manifestando que dicha rebaja necesariamente tendrá que ser compensada. Ello significará, probablemente, una nueva discusión tributaria, sobre qué impuestos subir, sobre qué sectores de la economía tendrán que soportar el costo de esa rebaja arancelaria. Espero que por el bien del país, una vez más, Gobierno y Oposición lleguemos a un buen acuerdo. Cuando el país ha logrado importantes consensos económicos y lleva años de continuo crecimiento económico y social, todo lo que hagamos en materia económica -sin duda, la tributación es parte fundamental de ella- debemos hacerlo con rigurosidad y extremo cuidado, velando por no afectar la inversión, la creación de nuevos empleos, el gasto social y los ingresos fiscales, para que el gasto social no disminuya. Así sucede con este proyecto que reajusta las pensiones. Por eso, todos debemos sentirnos satisfechos, porque en momentos de dificultades económicas el Gobierno, el Congreso Nacional y el país en su conjunto son capaces de tener un gesto de solidaridad con los pensionados más pobres. Eso es lo más importante del proyecto, y los diputados de Renovación Nacional daremos nuestros votos afirmativos con mucha alegría y complacencia. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, como se ha dicho aquí, lo más importante de este proyecto es el reajuste de pensiones: 280 millones de dólares incrementarán un poco las pensiones de muchos chilenos. Como dijo el Ministro, ha existido una acción persistente de la Concertación tendiente a ir mejorando la situación de los pensionados, pero todavía estamos lejos de dignificarlos. Sabemos que es necesario otro nivel de pensiones. Para aumentarlas y financiarlas debemos llegar a un gran acuerdo nacional; sin embargo, no hemos podido encontrar la fórmula adecuada. También es necesario que el país entienda que los pensionados no pueden vivir con sus actuales ingresos, y valoramos este paso que se está dando. El debate del proyecto se ha centrado en su financiamiento. Me resulta difícil comprender al Diputado señor José García cuando dice que el sector privado financiará 240 millones de dólares. Yo le digo que debe tener presente que de esa cifra, 169 millones de dólares corresponden a recursos provenientes de la fiscalización; es decir, de quienes estaban evadiendo impuestos. En esta iniciativa se dan nuevas facultades e instrumentos a Impuestos Internos para evitar que las personas que deben pagar -sobre todo las grandes empresas-, evadan impuestos. Este mecanismo fue diseñado por el Gobierno para financiar el reajuste de pensiones de muchos chilenos. Valoramos los incentivos al ahorro de los sectores medios incorporados por el Senado; creemos que es un paso importante. Sin embargo, queremos decir con mucha fuerza -y la opinión pública debe saberlo- que en el Senado se llegó a acuerdo respecto del reajuste de pensiones sobre la base de ciertos puntos que no corresponden a los planteados por la Cámara; pero en función de mejorar las pensiones, dimos nuestro asentimiento. En primer lugar, el Senado dejó como transitoria la eliminación de un beneficio tributario que existía. La Cámara había establecido que se terminaba con el crédito que permitía descontar las contribuciones del impuesto de primera categoría. El Senado propone que eso rija sólo por cuatro años. ¿Cómo es posible que un jubilado o una jefa de hogar pague contribuciones y una empresa tenga ese crédito sobre el impuesto de primera categoría? No existe relación alguna. Por eso, la Cámara había corregido esa situación inequitativa del sistema tributario nacional; pero ello queda como una medida transitoria, así como también los incentivos a la inversión y al ahorro. En segundo lugar, el Senado propone eliminar las normas que introducen ciertas modificaciones al artículo 14. ¿Qué significa eso? La Cámara había suprimido el tratamiento tributario especial que tienen las sociedades contractuales de personas, en cuanto a que pueden tener una depreciación acelerada de activos, de gastos de puesta en marcha, para efectos tributarios; pero una depreciación normal para efectos financieros, lo que les permite llevarse fuera del país sus utilidades, sin pagar impuestos por ellas. Tendrían que pagarlas al final, con otro valor, si llegaran a producirse después de terminado el proceso. Se están llevando el capital de inversión, y ello les conviene a las empresas con grandes instalaciones, con muchos activos. Por eso no hay ninguna empresa minera extranjera que no sea sociedad de personas, porque es el mecanismo a través del cual se llevan las utilidades del país sin pagar impuestos. La Cámara consideró muy importante este tema, y por eso decidió cerrar el forado que existía. Lamentablemente, el criterio del Senado fue distinto. La suma estimada por este concepto es de 10 millones de dólares. Nosotros creemos que es muy superior, y por eso hubo tanta reacción en contra del acuerdo de la Cámara. Quiero decirles a los colegas que en algún momento hay que cerrar este forado, porque está afectando los intereses nacionales. Se están llevando las utilidades, sin pagar los impuestos correspondientes. La situación no es equitativa, hay que corregirla, y lamento que la Oposición haya impedido que el Senado ratificara lo actuado por la Cámara. Por otra parte, en el Senado se originó un gran debate sobre el pago de contribuciones; se discutió qué ocurría con las sociedades inmobiliarias. Existía el acuerdo de que todas las propiedades no agrícolas debían pagar contribuciones. En el Senado se acordó exceptuar a aquellas que arriendan a partes no relacionadas para los efectos de ayudar al funcionamiento del leasing habitacional. ¿Dónde se centró la discusión? Creo que el país no sabe que una de las objeciones hechas por Jovino Novoa el viernes en la mañana en el Ministerio de Hacienda tenía que ver con este punto. Incluso, puso en riesgo la tramitación del proyecto. ¿Por qué? Porque se dijo que las casas de La Dehesa o las parcelas de agrado, que aparecen como propiedades pertenecientes a una sociedad inmobiliaria -de esa forma no pagan contribuciones-, no podían estar en la misma situación. En verdad, no creo que esto sea serio. Hasta ahora era una forma de eludir impuestos -no evadir, sino eludir-; pero en la medida en que se busca cerrar este forado, se cuestiona y se presiona para que éste no sea el mecanismo a través del cual se termine con esa elusión de impuestos. Es increíble que ello haya puesto en riesgo los acuerdos. En el debate en la Cámara manifestamos que el sector inmobiliario de la construcción está en una situación tributaria anómala. No podemos seguir con una situación en que las parcelas de agrado son la mejor forma de ahorro en el país. En Estados Unidos pagan una plusvalía anual, pero aquí no existe un sistema tributario adecuado para este caso. Lo mismo ocurre respecto de los sitios eriazos. Es lógico -se lo digo a los enemigos de los subsidios a la oferta- que la industria de la construcción tenga un subsidio al IVA, a la oferta. En el Senado se planteó el siguiente acuerdo: que aquellas personas que tienen sus casas en sociedades inmobiliarias puedan comprarlas al valor libro -inferior al comercial-, y que dispongan de dos años para hacerlo, siempre y cuando ocupen el bien raíz como casa-habitación. Ocupar un bien raíz como casa-habitación no es lo mismo que tenerlo como residencia; por lo tanto, lo mismo podría regir para las parcelas de agrado, y para sí o la familia. Familia es un concepto muy amplio, pues son muchas las personas que la componen. Creemos que este tema puso en riesgo el acuerdo, y es algo que resulta incomprensible. Ojalá el país supiera qué posiciones defiende cada uno en los grandes temas nacionales. Vamos a votar favorablemente el proyecto, pero nos habría gustado ir a una Comisión mixta para realizar allí un debate más a fondo, para que todo el mundo sepa lo que está en debate, porque eso es parte de la democracia: la transparencia, que se conozcan los diferentes puntos de vista. Y lo hacemos porque los propios jubilados nos han planteado la necesidad de que este reajuste se pague lo antes posible. Sabemos la situación que están viviendo. Creemos que hay que resolver los problemas de las inmobiliarias, de la construcción, de las parcelas de agrado, de los sitios eriazos; todas esas situaciones de los subsidios al IVA de las empresas constructoras, es un tema que no se puede seguir postergando. Asimismo, la salida de utilidades de las sociedades contractuales sin pagar impuestos. Creemos -le diría al Diputado señor José García- mucho en el crecimiento, pero con equidad y solidaridad. Sabemos que aquí estamos reuniendo recursos para hacer posible que los pensionados den un paso en el mejoramiento de sus niveles de vida. También necesitamos una estructura tributaria efectivamente equitativa para cubrir las grandes necesidades de muchos sectores postergados del país. He dicho. -Aplausos. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn, por cinco minutos. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, el Gobierno y la Oposición hoy deben felicitarse por haber llegado a un acuerdo que permitirá que, a partir del 1º de septiembre próximo, un segmento muy pobre de nuestra población, reciba un aumento en sus pensiones. Me refiero a todos los jubilados del sistema antiguo, tanto a aquellos que reciben pensiones asistenciales como mínimas, y al resto de los pensionados de las antiguas cajas de previsión. Es un motivo para estar contentos, pero como Oposición, lamentamos que el Gobierno haya recurrido al alza de algunos impuestos para financiarlo. En esta materia, hay que tener presente que el producto nacional bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que el país genera, ha estado creciendo en un 7 por ciento durante el último tiempo. Por ese solo hecho, la mayor recaudación de impuestos es de más de mil millones de dólares al año. Sin embargo, el Gobierno estimó que no podía echar mano a esos recursos, y decidió aumentar algunos impuestos para financiar este reajuste de las pensiones. Habríamos preferido que se hubiera financiado con los recursos provenientes del mayor crecimiento económico. Sin embargo, como el tema de las pensiones nos preocupa, concurrimos a discutir el financiamiento que, como se ha dicho, fue el que acaparó la mayor parte de la atención de la opinión pública. De la discusión de este proyecto, que aumenta las pensiones y modifica algunos impuestos, me surge una reflexión que, para mí, por lo menos, que soy nuevo en la Cámara de Diputados, me ha impactado, ya que su financiamiento nos ilustra, una vez más, sobre la importancia de los equilibrios de poder entre el Gobierno y la Oposición. Concluyo que para que un país tenga una legislación adecuada, debe existir un equilibrio de poderes entre Gobierno y Oposición que permita efectivamente una negociación. Donde existe ese equilibrio, hay una negociación, se moderan las posiciones, lo que finalmente, se refleja en mejores leyes. Donde no lo existe, quienes tienen una cuota preponderante de ese poder, tienden a imponer sus puntos de vista, no escuchan ni moderan sus posiciones. En pocas palabras, donde hay desequilibrio de poderes, finalmente, no priman las mejores ideas. ¿Por qué digo esto respecto de este proyecto? El país sabe que en la Cámara de Diputados, para aprobar iniciativas que requieren simple mayoría, el Gobierno no necesita negociar con la Oposición. Si algunas ideas le parecen bien, las toma y adopta; pero no existe un equilibrio de poder ni una negociación que permita, en definitiva, perfeccionar el proyecto. Por esta razón, el financiamiento que se aprobó en el Senado es radicalmente distinto del que se aprobó en la Cámara. Y no sólo distinto, sino que, a mi juicio, sustancialmente mejor, porque allí sí se produjo -debido al equilibrio de poderes entre Gobierno y Oposición- una negociación de verdad, con un resultado muchísimo más positivo para el país. Tanto miedo le tiene el Gobierno al equilibrio de poderes, que en la votación de estas enmiendas en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que iba a ser estrecha, decidió reemplazar a un diputado que estaba de acuerdo con la Oposición en algunos temas, por temor a que votara con nosotros ciertas disposiciones, con el fin de evitar el problema de la negociación e imponer absolutamente lo que llevaba preescrito. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se ha cumplido el tiempo que le asignó su Comité, señor diputado. Le ruego redondear la idea. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, no alcanzaré a hacer un análisis mayor de los cambios introducidos por el Senado, a mi juicio, muy positivos, de modo que terminaré señalando que, para mí, al menos, ha quedado en evidencia la importancia de que en nuestro sistema democrático hagamos todos los esfuerzos por mantener equilibrios de poder que permitan una negociación real. En la Cámara de Diputados no se dio eso, pero sí en el Senado y, en mi concepto, es muchísimo mejor para el país lo que obtuvimos de aquella Cámara en que la negociación política efectivamente se da. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, hoy comenzamos a discutir, en su último trámite legislativo, un proyecto de suma importancia para los jubilados. Todos sabemos la inmensa deuda social que la nación tiene con su sector pasivo que, en el pasado, siempre fue postergado, cuyas rentas fueron congeladas y el valor adquisitivo de sus pensiones fue disminuyendo en forma constante. Los gobiernos de la Concertación adquirimos un compromiso real con el sector pasivo para ir mejorando cada vez más su situación, aumentando gradual y persistentemente los subsidios asistenciales y las pensiones mínimas, con el objeto de satisfacer de mejor manera las necesidades de los adultos mayores. Durante nuestros dos gobiernos, las pensiones asistenciales, la asignación familiar y el subsidio único familiar duplicaron no sólo su valor nominal, sino también su poder adquisitivo. Desde 1990, el valor real de las pensiones mínimas se ha incrementado en más del 40 por ciento; a ello debe sumarse la ganancia que significa la reducción gradual y sostenida de la inflación, que de un 27 por ciento anual, en 1990, llegó a apenas un 5,5 por ciento el año recién pasado, con lo cual los ingresos se pueden planificar y administrar de mejor manera. También se han destinado grandes recursos para la mejor atención y focalización de las pensiones y beneficios asistenciales. Se han establecido nuevas asignaciones, como la de muerte, que permite una sepultura digna para los titulares de pensiones asistenciales. Tampoco se debe dejar de mencionar el bono de invierno, discutido no hace mucho tiempo en el Parlamento, que ha beneficiado a alrededor de 600 mil pensionados, y el otorgamiento de 45 mil nuevas pensiones asistenciales desde 1990, y la reducción de las listas de espera y mejoramiento de los sistemas de postulación a ellas. El proyecto en discusión es el fruto -hay que recalcarlo, porque a veces las cosas se olvidan- de la iniciativa del Presidente Frei, la cual se genera dentro de la agenda social anunciada en su último mensaje y debe ser visto como uno de los compromisos cumplidos por este Gobierno con el sector pa-sivo. En dicha oportunidad, el Presidente anunció el mejoramiento de todas las pensiones asistenciales y mínimas, cualquiera sea el régimen previsional en que se encuentren. Con esto, se persigue aliviar la frágil situación en que viven los beneficiarios de estas pensiones. Todos sabemos que en nuestro país existe un sistema en que la distribución de la riqueza es extremadamente desigual y poco equitativa, constituyendo un indicador de la falta de solidaridad de los que ganan mucho con quienes menos tienen, entre los cuales se cuentan los pobres de la tercera edad. La política de la Concertación ha sido conciliar de mejor manera el crecimiento económico con la equidad social, buscando aliviar y mejorar la calidad de vida de los jubilados. El proyecto en discusión tiene un alto costo para el país, pero, a pesar de ello, estamos seguros, no es suficiente para solucionar el problema de los jubilados, y por ello, debemos seguir haciendo esfuerzos para lograr dignificar sus ingresos. El financiamiento del proyecto proviene de una serie de ajustes y reformas en materia tributaria, las cuales -y hay que decirlo con claridad- ha costado mucho sacar adelante en el Parlamento por la posición negativa que al inicio tuvo la Oposición. Sin embargo, a pesar de ello, finalmente y para beneficio de los pensionados y jubilados del país, el proyecto será despachado, de tal forma que en septiembre de este año, un número significativo recibirá mensualmente, un aumento de 8 mil pesos por pensión. Señor Presidente, a estas alturas no puede caber duda de que las políticas implementadas por la Concertación en beneficio de los grupos más vulnerables del país han tenido impactos positivos; pero, por supuesto, son insuficientes. Falta aún mucho camino por recorrer para lograr niveles de asistencialidad más solidarios y satisfactorios. Debemos reconocer que un gran número de jubilados sigue viviendo con pensiones insuficientes para un existir digno a su edad. Por su significado social, el PPD apoya esta iniciativa y espera que en un plazo no muy lejano veamos con satisfacción que el desarrollo económico en que estamos empeñados ha significado realmente dignificación para la vida de los pensionados, de los pobres y de los sectores más postergados; en definitiva, que hemos construido un sociedad más justa. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En representación del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha, por cinco minutos. El señor ROCHA.- Señor Presidente, para los diputados del Partido Radical Social Demócrata, este proyecto constituye un gran esfuerzo para hacer menos dura la vida de aproximadamente un millón y medio de pensionados chilenos. Este país es, sin duda, exitoso, y en plena crisis, como la que hoy se vive, podemos demostrar superávit fiscal, una deuda externa debidamente controlada, equilibrio en nuestras cuentas nacionales, una inflación controlada y un desempleo aceptable. Pero, qué lejos estamos de sacar a este importante fragmento de compatriotas de la más tremenda de las pobrezas, porque constituye algo inadmisible -de la que es responsable toda la sociedad chilena- que, en medio de la prosperidad de la que nos ufanamos, este sector ciudadano subsista en condiciones tan desmedradas. Y este gran esfuerzo que hoy se hace -que no debemos minimizar-, en la mayoría de los casos, representa un aumento no superior a los 8 mil pesos. Esto significa que, a pesar de los ajustes y más ajustes que hagamos en este mismo sentido, seguiremos teniendo una gran cantidad de pensionados muy pobres. Deseo decir que nuestro apoyo al proyecto lo asumimos como el comienzo de uno mayor destinado a resolver, en forma definitiva, la situación de los pensionados de Chile. Del debate que se desarrolló ayer en el Senado, al que tuve acceso hoy en la mañana, deseo destacar la intervención del honorable Senador señor Augusto Parra, quien demostró con cifras inobjetables como, en materia de seguridad, el gran esfuerzo lo sigue haciendo el Estado de Chile. Es así como los ítems relativos a previsión social, de la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo, son los más altos, alcanzando a 2,5 billones de pesos, mucho más que los 1,5 billones destinados a salud y los 1,2 billones a educación. Esta situación se explica por las importantes transformaciones que ha sufrido nuestro sistema previsional. Al respecto, el Senador señor Parra señaló que “la disociación entre las cotizaciones pagadas por los trabajadores activos y las prestaciones previsionales otorgadas por el sistema ha provocado la necesidad de que el Estado efectúe un esfuerzo de esa envergadura. Sin embargo, no es irrelevante el hecho de que los beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas por el Instituto de Normalización Previsional estén aportando al financiamiento de esas prestaciones una parte no despreciable: más del 25 por ciento del costo que ellas representan, en tanto que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la de Carabineros de Chile, que se mantienen bajo el criterio tradicional de sistema de repartos, recogen por concepto de cotizaciones apenas un sexto del monto en que deben incurrir para otorgar las prestaciones que año tras año les obliga la ley”. Y continúa diciendo que el gasto estatal seguirá creciendo hasta el 2005, en que el Estado comenzará a ahorrar. Y ahí pensamos que se encuentra una importante fuente de financiamiento del sistema, que podría lograrse mediante una emisión de bonos, que el Senador Parra los llamó “de la solidaridad”. Nuestra propuesta, debidamente afinada, será planteada al Supremo Gobierno, esperando que sea acogida. Entonces, los pobres de hoy, que siguen siendo pobres con este proyecto, podrán acceder a un nivel de vida respetable y, sobre todo, más digno. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, cuando en marzo de este año su Excelencia el Presidente de la República dio a conocer la agenda social para el resto del tiempo de su mandato, planteó como algo esencial el reajuste de pensiones, que ha sido la norma desde 1990 hasta hoy. Por esa razón, el 20 de abril pasado ingresó a la Cámara el proyecto de ley que concede aumento a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias. Respecto de esta última materia hay que ser muy claro. Hay una gran diferencia entre lo aprobado por la Cámara de Diputados y lo que se establece en las modificaciones del Senado. Pero eso no es obra y gracia del Espíritu Santo, sino la consecuencia de una negociación que exigieron los senadores de Oposición. Las modificaciones del Senado, a lo menos en siete puntos, cambian sustancialmente lo aprobado en el primer trámite constitucional. En el tema de la distribución de utilidades en exceso del Fondo de Unidades Tributables, FUT, las disposiciones propuestas por el Ejecutivo, aprobadas en votación dividida tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala, fueron retiradas del Senado, por lo cual rige la normativa vigente sobre la materia. El tema del crédito en el impuesto territorial queda absolutamente igual. En lo de los préstamos a socios contribuyentes de impuesto adicional se han introducido modificaciones. En el tema de los automóviles station-wagons y vehículos similares, la Cámara agregó una norma en la que se planteaba una presunción de derecho que establecía que el valor mínimo del beneficio sería del 33 por ciento. El porcentaje fue rebajado por el Senado al 20 por ciento que, en todo caso, siendo objetivo y transparente, es superior a lo vigente. También se encuentran en esta situación los temas relacionados con la garantía en favor de los propietarios socios, la depreciación especial, el crédito por inversión en activos inmovilizados y el de inversiones en el exterior. Tal como lo expresó el honorable Diputado señor Carlos Montes, una de las materias debatidas más importante dice relación con las contribuciones, razón por la cual debe ser estudiada en profundidad. No puede ser que, por el hecho de conformar una inmobiliaria, sectores de altos ingresos en el país prácticamente no paguen nada. ¿Cuál es la realidad? Tenemos un Senado que tiene mayoría en los discursos, pero no en las votaciones, motivo por el cual no se ha podido lograr una mejor redistribución de ingresos en el país que permita beneficiar a los sectores de más bajos ingresos. Los parlamentarios de la Concertación miembros de la Comisión de Hacienda estuvimos al tanto de los planteamientos que se hacían y, al final, consideramos que teníamos que aceptar las sugerencias formuladas, porque no se podía dejar sin estos beneficios al casi millón 400 mil chilenos que tendrán un pequeño aumento en sus pensiones. Los beneficios que se otorgan se financiarán por medio de la transferencia de recursos desde los dueños de empresas y evasores a los jubilados y personas de la clase media. Hay una gran modificación en este tercer trámite constitucional. Se establecen incentivos al ahorro por 76 millones de dólares. Estoy de acuerdo con eso, pues creo que beneficia, especialmente, a la clase media chilena. En el fondo, las tres etapas están significando un avance. Aquí no se ha tocado el tema de las mutuales. Se acordó un mecanismo permanente de financiamiento de beneficios previsionales extraordinarios, debido a leyes especiales en un esquema de riesgo compartido. En esto tomamos en cuenta que esta ley es la que realmente está siendo beneficiosa para los trabajadores chilenos, pero no para un sector que está prácticamente a cargo de todo lo que significan las mutualidades. Con el plan de fiscalización tributario, que representará un rendimiento de 169 millones de dólares que se destinarán al gasto social, se pondrá término a la evasión, que atenta contra la equidad y la legitimidad del sistema tributario, porque genera una competencia desleal y distorsiones económicas indeseadas. La dotación del Servicio de Impuestos Internos se incrementa en 180 funcionarios. Hay adecuaciones tributarias que significan no innovar en el régimen de retiro del artículo 14. Además se otorga una vigencia transitoria por cuatro años a la norma que establece el crédito contra el impuesto de primera categoría de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas, y se establece un impuesto a las ganancias de capital por acciones de sociedades anónimas abiertas, con presencia bursátil, con tasa única de 15 por ciento para todo contribuyente y en toda circunstancia. Los incentivos tributarios al ahorro e inversión están dirigidos a ahorrantes menos sofisticados, sean personas o empresas. En el fondo, hemos dado nuestra aprobación a las modificaciones que se le han introducido al proyecto, porque desde el 1° de septiembre de este año se aumentarán las pensiones asistenciales en 8 mil pesos, que significan el 34 por ciento de aumento; desde el 1° de enero del próximo año las pensiones mínimas, y el resto de las pensiones, a contar del 1° de octubre del próximo año. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, Renovación Nacional es abierta y entusiasta partidaria de fortalecer y perfeccionar la acción social del Estado, con el propósito de avanzar con mayor eficacia y rapidez en la lucha contra la pobreza y en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades, siempre dentro de un marco de estabilidad y de crecimiento económico. Renovación Nacional, una vez más, concurre a apoyar el proyecto de aumento de pensiones, porque estamos convencidos de que para que la acción social sea realmente eficaz y oportuna se requiere de una política de Estado absolutamente al margen de la pugna tradicional entre Gobierno y Oposición. Renovación Nacional apoya y respalda la mejoría de las pensiones asistenciales que hoy alcanzan apenas a 23.400 pesos, y de las pensiones mínimas, que superan levemente los 55.000 pesos, pues este mejoramiento beneficiará a más de un millón de chilenos que hoy sobreviven su tercera edad en condiciones de suma pobreza. Esta medida permite avanzar en la superación de la deuda social que la sociedad tiene con los pensionados. Sin embargo, lamentamos que en este proyecto no se haya aumentado el número de pensiones asistenciales que, según nuestros cálculos, alcanzan a más de cincuenta mil personas. Éstas, desde el punto de vista de su pobreza y edad, califican para acceder a este beneficio, con lo cual no sólo se podría terminar con las actuales listas de espera, sino también permitir que decenas de miles de chilenos y chilenas, que merecen y reúnen los requisitos para una pensión asistencial, la puedan recibir y no queden excluidos por falta de cupo, como de hecho hoy ocurre. El proyecto de aumento de pensiones era absolutamente financiable, como de hecho ocurrió, sin necesidad de haber incorporado en el mismo una verdadera reforma a la Ley de la Renta que pretendía mucho más allá que la búsqueda de su financiamiento. Resulta criticable haber presionado a la Oposición para financiar un tema social, como el aumento de pensiones en que todos estamos de acuerdo, presentando conjuntamente esta casi reforma tributaria. Con las indicaciones formuladas en la Cámara de Diputados y los acuerdos materializados en el Senado se ha demostrado que la Oposición ha contribuido a dar un sano financiamiento al proyecto de aumento de pensiones. El recorte presupuestario acordado hace pocos días -y estando absolutamente de acuerdo con él- demuestra que el presupuesto de la Nación tenía holguras que habrían permitido acceder al beneficio otorgado a los pensionados, sin necesidad de aumentar impuestos. La buena focalización de los recursos y el tener de verdad dentro de las prioridades a los más necesitados permitirá avanzar en el desarrollo social a través del crecimiento económico. En marzo de este año, Renovación Nacional entregó su propuesta al Presidente Frei, que contemplaba el mejoramiento de las pensiones. Sin embargo, hay un sinnúmero de otros beneficios que buscan la solidaridad con las familias más pobres, que esperamos que el Gobierno las haga suyas sin necesidad de aumentar los impuestos, sino más bien buscando las holguras que estamos seguros existen en el presupuesto de la Nación. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, sin perjuicio de valorar el esfuerzo compartido que se hace para aprobar el proyecto, quiero señalar otros caminos pendientes a futuro y que son de la mayor importancia para solucionar el gravísimo problema que enfrentan los jubilados y las montepiadas de Chile. En primer lugar, está pendiente el tema de la revalorización de las pensiones, que es capital para hacer justicia de verdad a los jubilados. Aparte de las pensiones asistenciales y de las pensiones mínimas, a las cuales se les han dado algunos reajustes especiales a lo largo del tiempo, hay un grupo de aproximadamente 500 mil jubilados que desde hace casi veinte años sólo vienen recibiendo el incremento del IPC, con la desvalorización que ello significa en sus pensiones. Todos sabemos que dicho índice no representa lo que en verdad sucede con el alza de los precios en el país. Ése es el primer camino que debemos explorar: revalorizar las pensiones y montepíos. El segundo, de toda justicia, es la eliminación de descuentos absurdos que se sigue haciendo a los jubilados. ¿Sabían ustedes que hay 370 mil jubilados a quienes se les sigue descontando todos los meses para pagarle su propia jubilación? A los afiliados a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos, a la ex Caja de Capremer, a la ex Caja de Triomar y a otras, se les sigue descontando todos los meses un 4 por ciento por concepto previsional, y a los que están en la Dipreca y en la Capredena, un 6 por ciento. También es indispensable avanzar en forma definitiva en el tema de igualar los montepíos al ciento por ciento de la pensión del causante. No nos engañemos, lo que se hizo el año pasado fue una cosa muy distinta: nivelar los montepíos a la pensión mínima de viudez, que no es lo mismo que nivelarlos al ciento por ciento de la pensión que tenía el causante. He aquí tres caminos pendientes, sin perjuicio de una política general para la tercera edad que aborde los otros puntos que corresponden en la dignidad, en la salud, en el deporte, en la recreación, etcétera. ¿Cómo financiar estos aspectos? Desde luego, se requiere un acuerdo. La cifra que entregaba el Diputado señor José García no es ociosa. Lo que se debe hacer es tomar los dineros que existen en la caja fiscal. El Fisco aportará sólo 40 millones de dólares para financiar este reajuste y los 240 millones restantes saldrán del sector privado, de una u otra forma, pero el esfuerzo fiscal es de sólo 40 millones de dólares. Para 1999 se requiere un esfuerzo del Fisco no superior al 0,74 por ciento del presupuesto total de la Nación, y para el año 2000 el aporte baja al 0,57 por ciento. Ésos son los esfuerzos que está haciendo el Fisco. Este año el reajuste cuesta al Fisco 25 millones de dólares, porque se otorga sólo a las pensiones asistenciales y desde septiembre en adelante, y para los años siguientes, exiguas sumas que no alcanzan al 1 por ciento del presupuesto de la Nación. Como se ha dicho, hay dinero en la caja fiscal para hacer justicia de una vez por todas y en forma definitiva a los jubilados y a las montepiadas de Chile. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, nuevamente la Cámara se pronuncia sobre el proyecto que aprobamos hace algunas semanas en su primer trámite constitucional y que con tanto anhelo esperan cientos de miles de pensionados de nuestro país. Me parece importante resaltar dos aspectos que se han manifestado en el debate político. En primer lugar, hemos iniciado un camino que, espero, se amplíe a futuro en materia de reajustes de pensiones, pues constituye una ayuda a las precarias condiciones en que viven los jubilados. Si bien es cierto los gobiernos democráticos han mostrado una constante preocupación por la tercera edad, destinando mayores recursos al financiamiento de una serie de programas dirigidos hacia ese sector, el aumento de pensiones viene a ser un avance, más allá de la necesidad de que a futuro se puedan realizar reformas mayores, que permitan dar una vida digna a uno de los estamentos más postergados de nuestra patria. Además, es importante resaltar la capacidad del Ministerio de Hacienda en momentos en que nuestra economía enfrenta las dificultades derivadas de la crisis por la que atraviesan los países asiáticos. Por lo tanto, la aprobación del proyecto reviste un valor especial: apoyar a los sectores más sensibles de la población. En segundo lugar, aun cuando todos los sectores siempre manifestaron el ánimo de apoyar el aumento de pensiones, existían distintos criterios para abordar su financiamiento. A pesar de las dificultades que se vivieron en torno a este punto, el consenso alcanzado entre el Gobierno y la Oposición entrega una importante señal: que en este tipo de materias se puede y se debe llegar a acuerdos. De otro modo, el país no habría comprendido que una vez más se postergara una medida tan urgente, la que no hace más que establecer un mínimo de equidad y justicia para los miles de pensionados. Creo que la Comisión en la cual participo logró una negociación de verdad, por lo que adhiero en forma entusiasta al proyecto. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en verdad, en esta oportunidad no legislaremos sobre el incremento de pensiones, porque ya está aprobado. No es una materia en la cual el Senado haya modificado las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados. La discusión radica en cómo financiaremos dicho incremento y si estableceremos algunos estímulos al ahorro, que son los cambios introducidos por el Senado. Pero antes de hablar de esa materia, quiero referirme brevemente al incremento de las pensiones, porque todo el mundo coincide -yo también- en que un aumento de 8 mil pesos en las pensiones asistenciales, en las mínimas y en casi todas las pensiones, es bastante insuficiente, casi miserable. Eso significa un 30 por ciento en las pensiones asistenciales, un 16 ó 18 por ciento en las mínimas y, aún así, es un incremento casi miserable. Si hay tanta voluntad, deberíamos buscar un acuerdo nacional para incrementarlas a un nivel medianamente digno. Si hemos logrado un acuerdo -si mal no recuerdo fue unánime en la Sala- para llegar en forma paulatina a que el ingreso mínimo sea de 100 mil pesos mensuales, deberíamos buscar también un acuerdo similar para que la pensión mínima sea, por decir una cifra con la que no me quiero amarrar, de unos 75 mil pesos mensuales, y ver de qué manera llegamos a ese monto, que significaría un incremento bastante sustantivo respecto de los valores que estamos legislando. Si es cierto que hay voluntad de resolver el problema de los pensionados, entonces busquemos la fórmula. Si nos fijamos una meta, como fue en su momento los 100 mil pesos para el ingreso mínimo, veamos de dónde obtener los recursos para llegar, por lo menos, a una pensión de 75 mil pesos para todos los pensionados de aquí a un plazo de dos o tres años, al igual como lo estamos haciendo con el salario mínimo. Eso exige voluntad política y ponerse de acuerdo en determinada meta y ver cómo se obtienen los fondos para financiarla. Durante muchos meses se discutió la posibilidad de incrementar las pensiones y se decía que no había recursos. Sin embargo, el Gobierno presentó un proyecto en el cual no sólo ha quedado en evidencia que se puede apretar por algún lado. Como el Senado cambió casi en su totalidad el financiamiento, quiere decir que hay otros lados por los cuales se puede apretar, resolver injusticias, tapar forados tributarios y obtener recursos para continuar mejorando las pensiones. En el primer trámite, la Oposición se opuso terminantemente a modificar el artículo 14 de la Ley de Rentas, a pesar de que proponíamos una corrección para que las distintas personas tributaran igual. No aumentábamos el impuesto, sino que queríamos impedir que la gente que no paga sus impuestos haga lo que hace hoy. Por ejemplo, las empresas mineras se constituyen como sociedades anónimas en otros países y aquí no lo hacen sólo para pagar menos impuestos y se llevan una parte muy importante de los activos permanentes de Chile, de la minería, a través de dicha disposición. Pero no hubo voluntad de parte de la Derecha para corregir esa norma ni otros aspectos de las finanzas y de los sistemas de pago de impuestos. Sí hubo voluntad para incrementar, en forma transitoria, las contribuciones de bienes raíces que afectan a las empresas. Si esto es posible hacerlo hoy, en medio de una crisis internacional que afecta los mercados chilenos y de un proceso de ajuste, con cuánta mayor razón deberíamos hacerlo en cuatro años más, en forma permanente, porque no se afectará ninguna actividad industrial. Desafío desde hoy a la Derecha a que admita, una vez que veamos los resultados, que esto no tiene impacto en la actividad industrial y que los actuales cambios transitorios deben quedar permanentes. Durante la discusión del proyecto ha quedado demostrado que hay muchos aspectos tributarios que debemos corregir para que exista equidad entre los distintos actores y todos paguen lo que corresponde. Se ha estimado que se recaudarán 160 millones de dólares, a través de unas pocas atribuciones adicionales y de un importante incremento de la dotación del Servicio de Impuestos Internos; sin subir las tasas tributarias, sino que haciendo que la gente que no paga sus impuestos, lo haga. En esa misma perspectiva, para mí es un escándalo lo que tendremos que aprobar, porque permitirá reajustar las pensiones, pero que deberíamos haber rechazado en la Cámara. Aquí se ha chantajeado con el incremento de las pensiones para que un grupo de personas pueda continuar realizando un fraude tributario construyéndose sus casas a través de sociedades inmobiliarias, pues se les ha permitido no pagar impuestos por contribuciones de bienes raíces. Se ha debido negociar este punto, y ha quedado una disposición muy particular, que no me gusta, pero que estoy dispuesto a acoger para dar el incremento de pensiones. Se trata de que durante dos años ellos puedan traspasar, sin pagar impuestos de empresa a personas, los bienes raíces que construyeron como sociedades inmobiliarias. Eso significa no pagar impuesto por las ganancias de capital. ¿Favorece esto a alguien de pocos ingresos? No. Favorece a personas naturales que han constituido una sociedad que es como las nulidades matrimoniales, por decirlo de alguna manera; o sea, un fraude legal para no pagar impuestos. Ahora les hacemos una condonación de impuestos que no tiene efectos en el corto plazo, pero ignoramos su magnitud en el largo plazo. Lamentablemente, hemos debido aceptar la situación para poder financiar el incremento de las pensiones de los jubilados. Pero es algo que debe ser denunciado, porque constituye un verdadero escándalo. En definitiva, apoyaremos las modificaciones del Senado, porque no tenemos otra opción. Eran mejores las disposiciones que aprobamos en la Cámara de Diputados; pero el acuerdo alcanzado permitirá subir las pensiones en 8 mil pesos. Esperamos poder aumentarlas mucho más en el futuro, para que la pensión mínima y la asistencial lleguen a 75 mil pesos en corto plazo. Para ello, es necesario que tengamos la capacidad de ceder y de alcanzar acuerdos para alzar los impuestos y obtener los recursos a fin de financiar esta deuda social que tenemos con los jubilados. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Dentro del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches, por cinco minutos. El señor VILCHES.- Señor Presidente, lamentablemente, está ausente el Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat. El señor SEGUEL.- Estaba aquí. El señor VILCHES.- No sé si tengo mala suerte, pero cada vez que hablo, se encuentra afuera. Aquí se repiten situaciones que nos ha tocado vivir, porque en este proyecto de ley se establecen algunas medidas y acuerdos transitorios. El país recuerda que hubo un gran acuerdo respecto de la reforma tributaria de 1992, en el que el Gobierno de ese entonces se comprometió a rebajar el IVA en dos puntos, en un programa de cuatro años. Ese acuerdo, que el Ministro de Hacienda conoce perfectamente bien, nunca se cumplió, porque el Presidente de la República dictó las normas necesarias para no rebajar ese impuesto indirecto, el que más afecta a la gente modesta del país. No obstante lo anterior, hoy debemos firmar nuevamente un compromiso para aprobar este proyecto de ley, que contiene normas transitorias que deben cumplirse en un plazo de cuatro años. ¡Qué contradicción más grande se produce aquí, ya que todos estamos de acuerdo en reajustar las pensiones asistenciales y las mínimas, pero el debate se ha centrado en cómo financiar el proyecto! Por lo tanto, no puedo entender que se imponga un nuevo mecanismo y se modifiquen normas tributarias para allegar mayores recursos al Fisco, a fin de financiar el proyecto de pensiones, en circunstancias de que un partido de la Concertación, el Socialista, se opone, a través de los medios de comunicación, a que las indemnizaciones que se pagarán a los partidos políticos por los bienes expropiados se posterguen por un año, ¡sólo por un año!, cuando hay conciencia de que el país está siendo afectado por una crisis interna y por otra externa. Estamos de acuerdo en reajustar las pensiones a los jubilados; pero se da mal la información, ya que hay tres grupos muy diferenciados respecto de la manera en que recibirán este miserable reajuste de 8 mil pesos. No se ha dicho con claridad, porque los medios de comunicación que cubren la Cámara de Diputados y el Congreso señalan que se favorecerá a 1 millón 380 mil personas, en circunstancias de que sólo 570 mil recibirán este beneficio, no a partir del 1º de diciembre, sino el 1º de enero de 1999; otros 350 mil pensionados mínimos, que perciben 23.415 pesos, obtendrán el reajuste de 8 mil pesos mensuales el 1º de septiembre de este año, y el resto de los pensionados sólo lo recibirá desde el 1º de octubre de 1999. Como la Oposición –la que cuenta con una minoría transitoria en la Cámara-, le pedimos al Ministro de Hacienda que abriera la mano, porque existen los recursos, para que este beneficio se pagara a partir del 1º de septiembre a todas las montepiadas y a quienes perciben pensiones mínimas. Eso no ha sido posible. Sólo, como señalé, se otorgará el aumento en forma gradual. Ésa es la verdad y hay que decirla, porque existen falsas expectativas en el mundo de los pensionados, entre la gente más modesta del país. Se pagará una parte en septiembre de este año y el resto en 1999. Espero que podamos seguir trabajando para llegar a acuerdos que permitan ir mejorando la situación de los adultos mayores que reciben estas pensiones mínimas, realmente miserables, y confío en que el Gobierno cumplirá sus compromisos. También hay que reconocerlo que es casi una vergüenza: gracias a una mayor fiscalización del IVA se espera recaudar 160 millones de dólares de aquí para adelante. La obligación de las autoridades es hacer cumplir las leyes. No se ha modificado el impuesto, pero, reitero, se piensa recaudar 160 millones de dólares sólo con una mayor fiscalización. También hay que informarle al país sobre eso, con claridad y transparencia. Los jubilados tendrán un reajuste gradual y pequeño, pero, repito, estamos dispuestos a seguir buscando soluciones para ese sector. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Dentro del tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila, por cuatro minutos. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, la Derecha, en su típico lenguaje eufemista, nos dice hoy que es signo de madurez y de responsabilidad haber llegado a este tipo de acuerdo con el Gobierno. Califica de este modo los consensos que obtiene en defensa eficaz de los intereses concretos que representa en esta Cámara. En estos momentos se siente feliz. Naturalmente, aún pagamos lo que significa esa especie de anestesia que han constituido las políticas de los consensos, en donde la Derecha logra conseguir los propósitos que señalo, sin que la opinión pública se dé cuenta ni perciba exactamente cuáles han sido sus posturas en el seno de la Corporación y en las Comisiones donde se discuten los proyectos, para luego presentarse a recibir los aplausos, como si fueran filántropos que entregan recursos en forma generosa a los sectores más modestos del país. Vamos a decirlo claro para que la opinión pública sepa con exactitud de qué estamos hablando cuando ponemos el bisturí a esta clase de acuerdos que aquí se adoptan. En Chile existen 15 mil sociedades de inversión -escuchen bien los jubilados y la ciudadanía en general: 15 mil sociedades de inversión-, que son propietarias de la gran mayoría de las mansiones que se han construido en La Dehesa y que también han ido, como una especie de colonizadoras de nuevo cuño, invadiendo la zona central del país, al adquirir parcelas de agrado donde han construido casas que en cualquier parte serían calificadas como viviendas de lujo. Pues bien, ¿cuál es la martingala? En la mayoría de los casos en que un matrimonio tiene este tipo de viviendas -porque así lo permiten estas curiosas sociedades de inversión-, el esposo se la arrienda a la esposa o a otro familiar. La Derecha se apertrecha a su modo, burlando impunemente las legislaciones tan precarias que tenemos, las que, en definitiva, no son un buen resguardo para quienes sufren los rigores de la pobreza. ¡Nada menos que el señor Vilches viene aquí y habla de “reajuste miserable”! ¡Pero si esta criatura no nació en 1989; fue autoridad en el gobierno de Pinochet! El señor VILCHES.- ¡A mucha honra! El señor ÁVILA.- Y no reclamó ni levantó la voz cuando ese gobierno impuso los costos de la recesión de 1982 sobre los hombros de la clase más modesta, al descontarles el 10,6 por ciento a los jubilados, que nunca más les devolvieron. Entonces, ¿qué clase de honradez intelectual está demostrando la Derecha en este tipo de debate? ¡Basta de hipocresías, basta de rasgar vestiduras! Digamos las cosas por su nombre: en cada uno de estos proyectos, ustedes defienden la clase de intereses que he señalado. Son incapaces, como el señor Jovino Novoa, de asumir frente a la opinión pública las actitudes coherentes que debieran tener si nos atenemos a la retórica. Él se ha dedicado a hacer antesala ante el Ministro de Hacienda para defender los intereses de estas sociedades de inversión, que poseen mansiones en La Dehesa. El señor Novoa ha sido coherente en relación con el tipo de interés que defiende, pero no venga a presentarse con rasgos populares, porque eso es un engaño. La Derecha está en su sitio al defender con rigor los intereses de siempre. No ha cambiado nada. Lo que sí espera la ciudadanía entera es que, de una vez por todas, se logre remover ese tapón de los designados, para que la soberanía popular pueda expresarse legítimamente. He dicho.El señor ULLOA.- ¡Echa a tu suegro!El señor MASFERRER.- ¡Dile a tu suegro que renuncie como senador designado! El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, deberíamos recordar lo que era el proyecto inicial del Gobierno. Cuando se dice a la Derecha que ha cometido errores, equivocaciones y está defendiendo intereses, debemos recordar que ustedes, como Gobierno, presentaron uno de los proyectos más aberrantes desde el punto de vista tributario, donde incluso consideraban utilidades lo que en ninguna parte del mundo se puede estimar como tal; donde volvieron a utilizar un impuesto, como el de las contribuciones, que es del tipo que a ustedes les encanta porque afecta al derecho de tener una casa, ni siquiera producir una renta o ganancia. Sencillamente les gusta actuar así, y por el hecho de que alguien tenga una propiedad o un capital, ustedes le aplican impuesto. Si queremos hablar respecto de qué se está protegiendo, podríamos decir que ustedes defienden las políticas económicas de los años 60 y principios de los 70, absolutamente equivocadas desde el punto de vista tributario. En relación con el proyecto mismo, eran tan graves estas verdaderas aberraciones tributarias que incluso la Cámara fue cambiando algunas; lo que ahora ha hecho el Senado es confirmarlas, pues se trataba de facultades absolutamente ilegales. Imagínense que el Servicio de Impuestos Internos le pidiera a una persona que tiene una acción en el extranjero mucho más información de la que puede solicitarle por una que posee en Chile, o que le solicitara a una persona que tiene una acción en el extranjero más información de la que esa empresa puede entregarle por ley. Se estaban poniendo obligaciones absolutamente imposibles de cumplir por los contribuyentes, y estableciendo que por el solo hecho de que una sociedad entregara una garantía o un bien en depósito para poder crecer o hacer un nuevo negocio, ustedes lo consideraban renta. Es decir, normas tributarias totalmente aberrantes que sólo servían para paralizar el país y ser cada día más -como lamentablemente lo estamos siendo- no un ejemplo de una economía en desarrollo, en crecimiento, de una posible capital financiera en Sudamérica, sino, al contrario, el único lugar donde no hay que invertir porque las normativas tributaria y cambiaria están amarrando absolutamente las posibilidades de crecimiento y de inversión. Lo único rescatable del proyecto es, precisamente, que el Senado nos ha hecho caso y ha estado dispuesto a acordar normas importantísimas, como incluir las acciones en el artículo 57, lo que veníamos solicitando desde hacía muchos años; establecer un nuevo sistema de impuesto a la ganancia de capital, para efectos de la enajenación de acciones, o, por ejemplo, crear este nuevo instrumento para ahorro. Seamos serios. Este proyecto era aberrante cuando ingresó a la Cámara. Logramos cambiar algunas cosas, pero fueron los partidos de Gobierno quienes nos pasaron acá por la aplanadora política. Y sólo con el voto unánime de los senadores -porque no fue sólo con los de la Derecha, sino con contadas excepciones-, se aprobaron estas enmiendas porque las consideraron positivas para el país. Acá no se están defendiendo intereses mezquinos, egoístas, sino la posibilidad de que nuestro país siga creciendo, desarrollándose, y de que en el futuro, con un Gobierno nuestro, sí daremos a los pensionados las verdaderas jubilaciones que se merecen y que la Concertación sigue escatimando. He dicho. -Aplausos. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto y medio, la Diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, sin lugar a dudas, éste es un país singular. Al golpe de Estado le decimos pronunciamiento; a los asesinatos, excesos, y ahora resulta que nos encontramos con que este proyecto, que eleva las pensiones, que trata de reparar, por lo menos, esa enorme injusticia y deuda social que este país tiene con el sector pasivo, prácticamente se debe a la generosidad de la Oposición. Extraño país, señor Presidente, pero, por lo menos, pido que tengamos una actitud consecuente, porque aquí estamos elevando mínimamente las pensiones del sector pasivo, que tiene menos elementos de presión y que hoy constituye, en la práctica, lamentablemente, una carga familiar para sus propias familias. Deseo destacar lo expresado por el Diputado señor Montes. Los socialistas vamos a aprobar el proyecto, porque, desde luego, queremos elevar las pensiones de ese sector tan postergado; pero nos duele que aquí haya inequidad y transitoriedad respecto de medidas tan justas como las que se señalaban. Pregunto, ¿cómo entiende un simple ciudadano o ciudadana, que sí paga sus contribuciones, que haya empresas y “malls” que no pagarán el impuesto de primera categoría? ¿Acaso eso es una política equitativa? Por eso queremos coherencia y, simplemente -reitero-, vamos a apoyar la iniciativa porque no deseamos postergar más a ese sector. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- A continuación, dentro del tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra, por tres minutos, el Diputado señor Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, nuestra Corporación ha sido convocada para pronunciarse definitivamente acerca del proyecto que, por una parte, reajusta pensiones del antiguo sistema previsional del país y, por otra, establece nuevos tributos para financiar ese reajuste. Ciertamente, ¿quién se puede negar a lo primero? El país mantiene una deuda histórica con su sector pasivo, que urge remediar, aunque no sea más en la mínima proporción a que apunta este proyecto. Sólo cabe consignar que esa deuda existe no porque los actuales jubilados no hayan hecho en su momento suficientes ahorros, sino porque éstos fueron escandalosamente mal administrados, hasta el punto de que se perdieron del todo. No es ésta una cuenta que debamos pagar por una imprevisión de los mayores de nuestra Patria, sino por la ineficiencia socialista que durante cuarenta años asoló al país. Por lo mismo, no podemos dejar de manifestar nuestras reservas en cuanto a lo segundo. Es de todos conocido el sostenido aumento de la recaudación fiscal en estos años, como consecuencia del crecimiento económico que hemos experimentado. También es de todos conocido en cuán pocos beneficios para el país y para sus habitantes se ha traducido esa mayor recaudación. Como botón de muestra está la cada vez más dramática situación de los servicios de salud, financiados con estos dineros. Afirmamos categóricamente que si el Gobierno se concentrara en sus funciones propias y entregara a las personas particulares la ejecución de otras, como dar salud y educación, éstas tendrían mucho mejor calidad y menor costo, tanto para el Gobierno como para los usuarios, lo que abriría un espacio no pequeño para saldar en debida forma cuentas como éstas, que se mantienen con el cuerpo de jubilados. Al aprobar este proyecto, movido por un profundo compromiso con los jubilados de nuestra patria, no puedo dejar de subrayar, una vez más, que ellos son las víctimas de la aplicación en el campo previsional de las nefastas ideas que aún presiden la acción del Gobierno y de los partidos de la Concertación en campos tan importantes como educación y salud. Esto me motiva a proponer una pronta reflexión acerca de la legitimidad de los impuestos destinados a financiar actividades como estas últimas que, por lo visto, más que a prestar servicios a las personas, apuntan a establecer respecto de ellas vínculos de dominio y de amaestramiento. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En seguida, dentro del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por seis minutos, el Diputado señor Francisco Huenchumilla. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, hemos presenciado un debate en el que cada diputado ha puesto su estilo para enfrentar la realidad y discurrir sobre este tema tan importante que afecta en general al país y, específicamente, a más de un millón de chilenos que tienen una situación económica muy desmedrada. Quiero, más que todo, hacer un par de reflexiones políticas en torno al presente proyecto y al debate que ha habido esta tarde. En primer lugar, es positivo el hecho de que en el Senado se haya tenido que hacer una negociación respecto de esta iniciativa. ¿Por qué digo esto? Porque el Gobierno y el Ministro de Hacienda tenían un objetivo central, cual era obtener un proyecto que financie y mejore las pensiones de los sectores más pobres del país. Ese objetivo político se ha cumplido. Eso es lo importante y lo que la gente, en definitiva, percibirá. En el Parlamento confluyen distintos intereses y sectores sociales. Aquí está representada la sociedad. En esta Cámara faltan algunos; en el Senado, a lo mejor, sobran otros, pero, en general, el Parlamento es reflejo de los distintos sectores y actores de nuestra sociedad. Cuando el Ministro de Hacienda y el Gobierno han tenido que hacer una negociación con la Oposición, lo han hecho, en verdad, como lo dijo el Diputado señor Dittborn, por un problema de equilibrio de poderes. Pero, para ser justos, digamos también que lo que hay aquí es un cúmulo de intereses distintos que confluyen en la sociedad y en el Parlamento, porque la Derecha representa intereses diferentes de los de otros sectores. Acá se ha hecho esta negociación en forma democrática, cada cual defendiendo los intereses que representa, y hemos logrado este proyecto definitivo, que no es totalmente de nuestro agrado si uno examina el contenido de cada uno de sus artículos; pero la señal fundamental que damos a los pensionados y a los jubilados del país es que, en virtud de él, se les está otorgando un mejoramiento extraordinario, fuera de los ordinarios que ya se han dado, fuera de los avances que hemos hecho en el Parlamento como gobierno, fuera de las medidas que vienen regularmente con el bono de invierno, en septiembre y a fines de año. Ésa es una cuestión positiva que llegará a la gente más modesta y, por eso, sumando y restando, en definitiva es positivo el acuerdo que hemos logrado. Ahora, esta negociación ¿pudo haber sido mejor o peor? Evidentemente que depende del punto de vista con que se la mire; pero lo peor que puede haber en política son las conductas voluntaristas, en el sentido de pensar que siempre uno puede lograr lo que se propone, sin saber que tiene un escenario de realidad en que hay una sociedad compuesta por variado número de intereses, a veces contrapuestos. Naturalmente, me habría gustado haber avanzado en el artículo 14 respecto de las normas para igualar, por ejemplo, todo el problema del fondo de utilidades tributables o el tema de equiparar a los contribuyentes entre sociedades anónimas y sociedades de personas; que la norma sobre contribuciones para las empresas más grandes hubiera sido permanente y no sólo transitoria por cuatro años; pero avanzamos derogando la norma del artículo 57 bis que establecía un beneficio exclusivo para un grupo pequeño de contribuyentes de ingresos más altos. Es evidente que está pendiente el tema de las sociedades inmobiliarias, pero digamos las cosas como son: no hemos avanzado en esa norma, pero tampoco hemos retrocedido porque está y, por lo tanto, no hemos cedido estableciendo una peor que la que efectivamente contempla la Ley sobre Impuesto a la Renta respectiva. En consecuencia, sumando y restando, creo que hemos sacado un proyecto de ley que no es de nuestro agrado en cuanto a financiamiento, porque teníamos otros parámetros, pero, necesariamente, ellos tienen que compararse con los intereses que existen en el Parlamento, que son -como he dicho- distintos. Reitero que lo fundamental es que hoy les estamos diciendo a los jubilados que ese mejoramiento extraordinario que está dando el Gobierno del Presidente Frei será ley de la República, que en su momento se pagará y se juntará con los otros mejoramientos ordinarios que establecen otros cuerpos legales que aquí mismo hemos dictado. Pero, ¿cuál es el tema de fondo? Creo que tras la discusión puntual del proyecto quedan un par de temas pendientes. Lo lógico y serio sería que este Parlamento los pudiera debatir en algún momento. ¿Cuánto, como país, estamos dispuestos a gastar en nuestros adultos mayores, en las personas de la tercera edad, en los pensionados y jubilados más modestos? ¿Estamos dispuestos a gastar algo más que la recaudación tributaria que hoy tenemos? Es verdad, entre ganar una pensión asistencial de 23 mil pesos y otra de 31 mil pesos, para esa gente hay un avance. Todos sabemos que esa cantidad, en un contexto de país, de mundo, es absolutamente precaria, y que el dinero no nace de algún ente imaginario o de alguna máquina que hace billetes, sino del desarrollo económico y de un sistema tributario justo y equitativo, los cuales determinan que deben pagar más impuestos aquellos sectores que tienen más recursos. Por lo tanto, si nosotros, como país -éste es un debate pendiente para los tiempos que vienen, para 1999, en que vamos a tener una elección presidencial-, estamos dispuestos a gastar más en nuestros pensionados y jubilados y debemos estudiar una reforma tributaria a fondo, para resolver todos los problemas pendientes, como la tasa que pagan las empresas y las tasas marginales del impuesto global complementario. El sector pasivo, que lo dio todo por el país, espera del Parlamento, de los actores políticos, de la sociedad en general, una respuesta seria, más allá de los beneficios puntuales que reporta el proyecto de ley en discusión. Ese debate está pendiente y tendremos oportunidad, Dios mediante, de realizarlo próximamente. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para concluir el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez, hasta por siete minutos. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, después de escuchar el debate, es fácil concluir que se ha desviado el fondo del problema, que es, precisamente, el aumento de las pensiones. Se ha hecho referencia a cosas bastante accesorias: ¿Quiénes provocaron los problemas? ¿Quiénes propusieron sus soluciones? ¿Cuáles son los mecanismos y sus modificaciones? La negociación efectuada en el Senado significa, sin duda, un mejoramiento del proyecto, tal como lo afirmó el Diputado señor Rodrigo Álvarez. En una reunión en el Ministerio de Hacienda, los parlamentarios de la Oposición formulamos varias propuestas, incluidas algunas de orden social, para mejorar el proyecto del oficialismo, que entregamos al señor Ministro y a su equipo. Pero me preocupa que el oficialismo, en lugar de reconocer el aporte del Parlamento -no importa el sector de donde venga-, haya criticado y enrostrado cosas que no tienen nada que ver con la materia en discusión, en circunstancias de que “nobleza obliga”. Debe reconocerse el esfuerzo de los parlamentarios, más allá de su color político, para perfeccionar el proyecto. No se trata de echarse flores, pero nosotros pedimos que se fiscalice rigurosamente a las empresas que han evadido impuestos durante muchos años, para así recaudar recursos y financiar esta iniciativa. Se han recordado situaciones de la década de los 70; pero debería precisarse el período y el gobierno durante el cual se esfumaron los ahorros de miles de trabajadores. Chile tiene una deuda histórica con los jubilados, que va más allá de sus pensiones e incluye, por ejemplo, la eliminación de las listas de espera para cupos de las pensiones asistenciales de ancianidad e invalidez, Pasin. Hay una serie de asuntos de orden social que sería importante considerar, en lugar de seguir metiendo el dedo en la herida respecto del pasado. Por eso, de una vez por todas, corresponde que la Cámara, al margen de la división entre Oposición y oficialismo, apruebe el proyecto que mejora las pensiones. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Leal, hasta por dos minutos. El señor LEAL.- Señor Presidente, valoro el acuerdo gestado en el Senado, pues permitirá que los jubilados reciban aumento, aun cuando sea reducido, menguado -creo que existe consenso en esto-, que se sumará al reajuste de fin de año. En el debate, se han dado argumentos demagógicos. Se ha propuesto que no se devuelvan los bienes raíces arrebatados a los partidos políticos durante el régimen militar o que se espere un tiempo para hacerlo, sin considerar que se han esperado veinticinco años; que no se paguen a los exonerados los beneficios establecidos en el proyecto que en este momento se tramita en el Senado. Pero la Derecha no ha mencionado el cambio de status jurídico que requieren las empresas mineras, que seguirán constituyéndose como empresas de personas o contractuales y sin pagar impuestos. Es decir, por las grandes inversiones en recursos no renovables en el norte, no se paga impuestos, porque se elude esta obligación mediante una forma societaria que no es la sociedad anónima, la sociedad transparente, la sociedad abierta, que permite transar las acciones en la bolsa. Es necesario consensuar una reforma tributaria que permita que los pensionados reciban una pensión mínima semejante al salario mínimo, dentro del próximo período. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por seis minutos y medio, el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, cuando pedí la palabra, tenía una exposición totalmente distinta de la que desarrollaré, porque es difícil dejar de contestar las intervenciones de algunos parlamentarios. En primer lugar, el Gobierno contaba con los votos suficientes -le sobraban- en el Senado para aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara. Si el Ejecutivo accedió, en forma voluntaria, a un acuerdo, es porque era un pésimo proyecto.El señor MONTES.- ¡Eso es falso! El señor LONGUEIRA.- Después me referiré a los que viven en La Florida de arriba, porque ustedes han hablado de los que viven en La Dehesa. Ya diré lo que hacen los ricos que viven en La Florida. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, sucede que se cree que hay ricos sólo en La Dehesa. Pero también existen en La Florida alta, donde viven muchos ricos de Izquierda, a los que me referiré después, pues no es del caso hacerlo en esta ocasión, porque la demagogia con que se ha actuado en esta sesión tiene un límite. Creo que se ha llegado a un gran acuerdo. Se han incorporado normas de ahorro para la clase media, y se las debemos al Senador señor Jovino Novoa. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor LONGUEIRA.- Perdónenme, pero ¿alguno de ustedes vio estas normas sobre ahorro en el proyecto aprobado por la Cámara? Gracias a esa negociación, la clase media tendrá tres instrumentos, muy relevantes, para incentivar el ahorro, cuya ausencia dio origen a nuestra gran crítica. Algunos han hecho uso de la palabra sin saber lo que han dicho, como el Diputado señor Ávila,... -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor LONGUEIRA.- ...que no sabe de qué habló, porque el Diputado Montes le dio todos los datos. Su característica es hablar de cosas que no conoce. En el gobierno de la Unidad Popular -en el cual el Diputado señor Ávila fue interventor-, no sólo les robaron los fondos a los jubilados. Cuando se menciona la deuda histórica, es bueno preguntarse de cuándo data. Digámoslo: de los gobiernos de ustedes, señores. Ustedes son los responsables de las pensiones miserables, por un sistema que colapsó en el gobierno democratacristiano, cuando el señor Andrés Zaldívar, candidato presidencial de la Democracia Cristiana, reconoció, en el Congreso Pleno, que el sistema previsional chileno estaba quebrado. Después, en 1971, vino la Unidad Popular, que no sólo le robó a la empresa de la cual el señor diputado fue interventor, porque el país no nació el 73. El 73 es fruto de la Unidad Popular, de la destrucción que ustedes causaron desde el gobierno. Quiero recordarles a los diputados de la Izquierda que durante la Unidad Popular, además de no reajustarse las pensiones, no se concedieron. Hubo meses en que los jubilados debieron hacer colas para que les pagaran las insolutas. Fue el gobierno militar el que introdujo, por primera vez, la modalidad del IPC en el reajuste de los jubilados. ¿O ustedes creen que esto no lo saben los jubilados? Nosotros estamos arreglando lo que ustedes se farrearon en el pasado. ¿Dónde están los fondos de los jubilados? Las pensiones miserables son fruto de lo que ustedes hicieron, señores. Se decía que el sistema era solidario, ¡solidario de qué! Un millón y medio de chilenos reciben pensiones miserables por culpa de los gobiernos de ustedes. Ahora, piden subir los impuestos. ¡Con qué cara! Si aquí estamos los que percibimos los más altos ingresos en el país, y somos los que pagamos menos impuestos. ¿Por qué no decimos las cosas, alguna vez, por su nombre? No vamos a aceptar ningún otro cambio tributario mientras no paguemos todos impuestos por el ciento por ciento de nuestros ingresos. No cuesta nada pedir que se suban los impuestos a los chilenos, no cuesta nada decir que paguen aquellos que tienen sociedades. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Le ruego al señor diputado que se dirija a la Mesa. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, es muy fácil proponer que paguen los ricos, como lo ha hecho el Diputado señor Manuel Bustos. ¡Si él es uno de los más ricos del país! ¡Si nosotros somos de los más ricos! Pero, ¿cuánto pagamos de impuesto? Apoyaremos los cambios tributarios, como lo hemos hecho ahora, con los que hemos contribuido seriamente a tapar todos los forados; porque debo decir que la Oposición apoyó todas las modificaciones destinadas a evitar evasiones, en cuya comisión nunca hemos participado. Es muy fácil decir: subamos los impuestos, que se pague más, evitemos la evasión. Perfecto; discutamos todas las reformas tributarias, pero tengamos claro que la primera que patrocinaremos será la que nos imponga tributar igual que todos los chilenos, por el ciento por ciento de nuestras asignaciones y dieta. El acuerdo es relevante, importante. Permite financiar todas las modificaciones, en un ciento por ciento...El señor MONTES.- ¡Falso! El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado. El señor LONGUEIRA.- Pediría que los ricos que viven en La Florida paguen contribuciones, porque después, en otra sesión, voy a explicar lo que hacen. Como no podemos aprobar proyectos que no estén financiados, si éste no lo está, pido que sea declarado inconstitucional. Como hemos contribuido a su financiamiento, en un ciento por ciento, se podrá pagar lo que los jubilados quieren y, además, a partir del lº de septiembre. En verdad, la Concertación no tuvo argumentos para justificar un proyecto aberrante por la forma en que fue despachado por la Cámara. He dicho. -Aplausos. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Krauss, por seis minutos. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, en verdad, existían dudas en el país acerca de las razones de la baja temperatura que afectaba a la zona central. Ahora, nos lo explicamos: la frescura de los parlamentarios de la Oposición se ha trasladado al clima del país. Ciertamente, constituye una “frescura” manifestar, en primer lugar, preocupación por la deuda histórica contraída con los pensionados. ¿Dónde está el origen de esa deuda histórica? ¿Quién la generó? ¿Los gobiernos de la Concertación? ¿Los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei, que formularon y han formulado constantes proposiciones de reajustes y beneficios para el sector de los adultos mayores, y que hoy plantean esta iniciativa, que concede el más alto beneficio que haya recibido el sector pasivo en los últimos años, tal vez en la historia económica del país? Se nos dice que debemos preocuparnos de la deuda histórica, de la situación de los pensionados. ¿Quién provocó la situación que afecta al sector pasivo del país? -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor KRAUSS.- ¿Quién le quitó el reajuste del 10,6 por ciento, que los gobiernos de la Concertación han debido restituirle? Un señor Ministro de Hacienda, que luego fue el candidato a la Presidencia de la República de quienes hoy se sientan en el Congreso Nacional:... -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor KRAUSS.- ¡El señor Hernán Büchi! -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor KRAUSS.- ¡El señor Hernán Büchi! ¡El país lo sabe y lo saben dolorosamente los pensionados! ¡A ellos no se les puede hacer artilugios de palabras ni decir que la Concertación y el Gobierno tenían los votos suficientes para aprobar este proyecto de ley! ¡Si el proyecto lo empantanaron en las Comisiones Unidas de Trabajo y de Hacienda del Senado, donde, lamentablemente, tenían mayoría! ¡Allí presionaron, como ha sido la constante de estos ocho años, porque tenían mayoría para obstruir el despacho del proyecto! -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor KRAUSS.- ¡No mientan, porque el país y, sobre todo, los trabajadores y el sector pasivo lo saben! ¡Y saben también dónde está la preocupación de la Concertación, en especial de la Democracia Cristiana! -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor KRAUSS.- Nuestra opción -porque la vida es una secuencia de opciones- no está en proteger, como valor inamovible y elemento tabú, el sistema tributario; nuestra preocupación es por los pobres, y si es necesario modificar el sistema tributario para configurar, por fin, una economía que auténticamente recoja la solidaridad propia de una comunidad que trata de luchar en conjunto, evidentemente que vamos a hacerlo. No estamos comprometidos, como otros, con el sistema tributario como valor inamovible; estamos comprometidos con los valores esenciales de los sectores más postergados del país. Por eso, a pesar de que hubiéramos querido que el proyecto se despachara en los términos en que lo hizo la Cámara, entendiendo la actitud del Gobierno para avanzar en la iniciativa, a contrapelo, vamos a votar favorablemente las modificaciones del Senado, porque lo que nos interesa es que, definitivamente, los pensionados tengan esta mejoría. He dicho. -Aplausos. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Cerrado el debate. En votación las modificaciones del Senado en conjunto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobadas las modificaciones del Senado. Despachado el proyecto en su tercer trámite constitucional. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Cornejo (don Aldo), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, después de este desenlace muy favorable y positivo para el sector de pensionados del país, me gustaría resumir nuevamente lo esencial del proyecto en cuanto a sus beneficiarios y, luego, hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, con esta votación maciza, contundente y clara, estamos culminando un proceso que se inició hace dos meses y medio y que permite, a partir de septiembre -eso es lo sustantivo- empezar a pagar este reajuste especial a un primer grupo de 400.000 personas -quiero hacer resaltar la cifra-, beneficiarias de pensiones asistenciales. Más allá de lo que aquí se ha dicho, esas personas recibirán un bono especial de 96 mil pesos al año, cifra que representa el 34 por ciento de reajuste. En este sentido, quiero destacar las observaciones, llamados y cartas que hemos recibido, precisamente, de los beneficiarios. Junto con asumir la deuda histórica que el Gobierno siempre ha reconocido con el sector de pensionados que vienen del antiguo sistema -no hemos soslayado el tema-, quiero volver a hacer resaltar que, más allá de lo que han dicho algunos diputados, éste es un reajuste importante y valorado por quienes lo van a recibir. En eso tenemos que ser muy claros. En segundo lugar, la política social del Gobierno del Presidente Frei no se ha agotado ni se agota con la aprobación de este proyecto, por importante que sea. El país sabe lo que hoy se hace con la inversión social y con la reforma educacional; lo que se ha hecho con las pensiones durante el período 1990-1997; lo que se ha hecho en el ámbito de acceso a la justicia, y lo que está en curso con la agenda social especial anunciada del 26 de marzo recién pasado. Por lo tanto, me gustaría que, más allá de la pasión entendible en esta Sala, valoremos el conjunto de las políticas sociales, y no nos concentremos en uno o dos artículos del proyecto, por importante y significativo que ello sea. Junto con agradecer el voto macizo de la Sala, me veo, lamentablemente, en la obligación de hacer algunas puntualizaciones, y procuraré que la pasión no domine mi lenguaje. En primer lugar, debo decirle al Diputado señor Dittborn que el Gobierno no teme a ningún proyecto. No tuvo temor de éste, al cual el señor diputado también concurrió con su voto favorable. Resulta triste que deba recordárselo al señor diputado -se lo digo con respeto-, pero el Gobierno no cambia parlamentarios en las comisiones; él representa al Poder Ejecutivo. Durante dos meses y medio hemos representado nuestros puntos de vista; en todas las ocasiones posibles hemos mantenido abiertas las puertas del Ministerio y negociado con todos los sectores, lo que nos enorgullece en vez de entristecernos. En segundo lugar, respecto de las observaciones del Diputado señor Bartolucci, en otra sesión, si se nos invita, podríamos aclarar exactamente las diferencias entre el concepto de caja fiscal y ahorro fiscal. Resulta incomprensible para el Ministro que habla que, por un lado, técnicos del propio partido de su Señoría soliciten ajuste económico y reducciones presupuestarias y, por otro, digan que se tiene fácil acceso al concepto de ahorro fiscal para financiar cualquier iniciativa. Es un tema recurrente, como quiera que siempre se trae a colación en la discusión del Presupuesto de la Nación, y estamos dispuestos a abordarlo nuevamente, por quinto año consecutivo, con todos los antecedentes, en la discusión del próximo Presupuesto para 1999. Creo que el proyecto del Ejecutivo no era aberrante ni ineficaz. Si se le examina de nuevo sin pasión y con objetividad -invito a todos los sectores a recabar la opinión, incluso, de técnicos de otros países, de gente que no está apasionada ni encastillada en una u otra posición-, se puede comprobar que hemos recogido buena parte de la legislación moderna para una economía abierta que quiere inscribirse dentro de las de los países desarrollados. Así, por ejemplo, el cambio parcial efectuado por cuatro años a las contribuciones de bienes raíces no agrícolas -se excluye al sector agrícola-, no hace más que ponernos al día con el tratamiento moderno que hoy existe -los desafío a comprobarlo- en las legislaciones de Norteamérica, en el resto de países de América Latina y en toda Europa. Eso es lo que estamos haciendo: avanzando en equidad e intentando modernizar nuestro sistema tributario donde existan vacíos. El Gobierno no ha obtenido todo lo que quería; pero eso no significa abdicar de nuestra visión y de nuestras precisiones. Hemos debido negociar. Quiero decirle con respeto al Diputado y camarada Manuel Bustos que hoy no estoy en condiciones de hacer un balance sobre lo que se ganó o se perdió en las negociaciones realizadas en el Senado; pero quiero recordarle que fueron los Senadores Foxley, Boeninger y Ominami quienes, con plena información -por lo menos les consta a los diputados de la Comisión de Hacienda-, llevaron a cabo dichas negociaciones. En lo personal me siento tranquilo. Creo que el país ha ganado, porque lo medular es que hoy día 1 millón 380 mil pensionados tienen financiado su reajuste y accederán a una calidad de vida superior. Éste no es el punto final, sino un punto seguido, puesto que la Concertación seguirá avanzando en favor de la tercera edad. Gracias, señor Presidente. -Aplausos. VI. HOMENAJEHOMENAJE EN MEMORIA DE PABLO NERUDA, PREMIO NOBEL DE LITERATURA. El señor NARANJO (Vicepresidente).- De conformidad con el acuerdo de los Comités, corresponde rendir homenaje en memoria de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura. Cada Comité dispondrá de un tiempo máximo de cinco minutos. En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra al honorable Diputado señor Iván Mesías. El señor MESÍAS (de pie).- Señor Presidente, es justo y legítimo -y para mí constituye un honor- rendir en esta honorable Cámara, nuestro homenaje al gran poeta chileno Pablo Neruda, quien por estos días habría cumplido 94 años de edad. Justo y legítimo, por cuanto se trata de una de las mayores glorias de nuestra cultura -en particular de nuestra poesía- y que en 1971, le diera a Chile su segundo Premio Nobel de Literatura. Justo y legítimo también, porque desde este Parlamento contribuyó con su talento y patriotismo a legislar, muy especialmente, en beneficio de los sectores más expoliados de nuestro país, y precisamente en una época en que expiraba, por fin, la más terrible guerra conocida por la humanidad, que dejaba millones de muertos y grandes zonas de Europa y Asia devastadas. En aquella guerra, en la de España antes, y en otras muchas batallas, el poeta agregó a sus calidades, el de convertirse en político y militante, ciudadano del mundo. Neruda fue demócrata consecuente. Activo partidario de la paz, enemigo declarado del nazi-fascismo, luchador incansable por las causas del humanismo. Su vida está jalonada por los más puros y dignificadores ideales. Nació y se formó en las tierras del Sur. La zona que represento en esta honorable Cámara, vio a su padre y a sus abuelos ganarse la vida desempeñando los más variados oficios, lo mismo que la vecina Parral, lugar de su nacimiento. Sin embargo, fue en Temuco, en la Frontera, donde con más fuerza se nutren sus raíces. Allí, cuando aún no se extinguían los cuatreros, en medio de colonos y pioneros que se dedicaban a forjar el nuevo Chile, el joven Neftalí recogía las enseñanzas de los patriarcas radicales que eran parte de la familia: los Mason, los Ortega, los Reyes, ellos contribuyeron a plasmar su inquieta alma de poeta. Afortunadamente, nuestro insigne vate fue profeta en su tierra. Se le aplaude y elogia ya desde sus primeras creaciones: “Hombre”, donde aparece el seudónimo que le acompañará toda su vida; “La Canción de la Fiesta”, primer premio en el Concurso de los Juegos Florales de 1921; “Crepusculario”, en 1923 y “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada”, un año más tarde. Luego vendría una de sus obras cumbres, “Residencia en la Tierra”, escrita en su peregrinar por Oriente. Después, “España en el Corazón”, escrita en medio de la cruenta guerra civil. En 1945 es elegido senador por las Provincias de Tarapacá y Antofagasta. Ese mismo año se le otorga el Premio Nacional de Literatura. En 1954, como parte de la celebración de sus cincuenta años, la Universidad de Chile lo invita a dictar cinco conferencias sobre su vida y su poesía, las cuales son la base de sus memorias publicadas más tarde en el libro “Confieso que he vivido”. Ese mismo año publica sus “Odas Elementales”. El 30 de marzo de 1962, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile lo recibe en el salón de honor como miembro académico “en reconocimiento a su vasta labor poética de categoría universal”. En 1969, es proclamado precandidato a la Presidencia de la República y en 1971, designado embajador en París. Sin embargo, fuera de nuestros límites fue más leído, apreciado y admirado. A pesar de su militancia política no hubo país que no le rindiera tributo. La voz poética de Neruda es la más potente e innovadora, venida de nuestra América, desde Rubén Darío, dijo Federico García Lorca. También ha sido la más universal nacida del castellano en este siglo, siendo traducida a la gran mayoría de los idiomas del mundo. Fue su verbo universal también, porque enfrentó todos los temas, desde el amor más humano y material, al amor universal que nace de la fraternidad y hermandad entre los hombres. Desde su particular visión de mundo, nos ha hecho viajar en su poesía desde la más acerba soledad del hombre, a la felicidad simple y sencilla de estar frente a un caldillo de congrio. La obra de Neruda es el triunfo de la verdad y el amor en la poesía contemporánea. Este reconocimiento universal culmina el 10 de diciembre de 1971, cuando recibe de manos del rey Gustavo Adolfo de Suecia, el Premio Nobel de Literatura. Señor Presidente, estimados colegas: Pablo Neruda es y seguirá siendo una de las figuras más señeras de nuestra Patria, y así debemos proclamarlo -no importa que en determinados períodos de nuestra historia se le haya perseguido y negado merecimientos. Creo que es una obligación proyectar su figura y su obra hacia las futuras generaciones. Estimo imperativo preservar y difundir su valiosa creación, esa poesía que no sólo es “fraternidad con la rosa, y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas...” Con él la poesía no cantó en vano, y la fuerza que de ella emana hará que con “ardiente paciencia logremos conquistar la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres”. He dicho. -Aplausos en la Sala y en las tribunas. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Por el Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO (de pie).- Señor Presidente, es un honor inmerecido el que me otorga la bancada democratacristiana para representarla en esta oportunidad. Una tarea imposible por tratarse de un maestro de las letras. De aquí, de allá y del mundo entero. Para los escritores, la poesía es el camino por el que se expresan estéticamente sus sentimientos más íntimos. A través de palabras es capaz de provocar emociones en quienes estén dispuestos a contemplar la belleza de los versos. Su cadencia, como su espiritualidad, la elevan a nivel artístico y sublime. Nuestra tierra nos ha brindado el privilegio de compartir nacionalidad con importantes poetas de nuestra lengua. Es que sólo nombrarlos provoca que el aire se llene de tan hermosos versos que han instalado a Chile en el mejor sitial en lo que respecta a este género literario. La Mistral, De Rokha, Huidobro, han cantado a nuestros paisajes, a nuestras comidas y a nuestras idiosincrasias, es decir, nos han presentado y desnudado, a la vez, ante el mundo y de la mejor manera, a través de la poesía. De estos creadores, Pablo Neruda es el más universal. Su obra ha sido traducida a los idiomas de los lugares más recónditos del planeta. Hasta allá llega Chile y así es como se emocionan quienes se atreven a sumergirse en su obra literaria. ¿Cuántos amantes han utilizado sus sonetos y sus poemas de amor para seducir a su amada? ¿Cuántas damas han caído rendidas ante tanta belleza? No es por menos que podemos aventurarnos a decir que es el principal poeta de amor de este siglo. Por esto y por muchas más cualidades, hoy homenajeamos su memoria. Como hombre, como político, diplomático, humanista de carne y hueso. Eterno para la eternidad. Buscando en su figura el encuentro nacional. Utilizando su poesía como ese líder inexistente en nuestra juventud. Traemos a esta Sala la fuerza de la poesía chilena en manos de Neruda, traemos a través de ella los aires de la cordillera de los Andes, como la brisa de Isla Negra, los aromas de los bosques del sur e imágenes de doncellas en su lecho, esperando ser amadas. Permítanme una licencia, colegas. Sería muy bello que nuestra labor parlamentaria fuera tocada por la vara de la poesía. Es muy cierto que nos debemos a la terrenal misión de legislar. Chile está compuesto de miles de hombres, mujeres y niños que representamos en esta imperfecta democracia. No la hagamos más dura y cruel, dando vuelta la espalda o tratando de desconocer a quienes con su arte nos llenan de gloria, como país, en el campo de la cultura universal. El pasado día viernes 10 de julio, la Comisión de Educación de esta honorable Cámara, que me honro en presidir, junto a la División de Cultura del Ministerio de Educación, celebramos en Isla Negra el 94º natalicio de nuestro más insigne poeta. Quisimos que este homenaje fuera distinto. No con largos discursos sobre su vida, ni extensos elogios a su obra: sólo nos unimos a su personalidad y nos impregnamos de sus gustos. Así, nos reunimos en su ambiente, junto al mar, entre amigos. En ese momento concordamos en que la poesía nerudiana tenía el gran valor de unir, de sensibilizarnos en lo más profundo de nuestros espíritus, de relacionarnos con nuestro medio ambiente, que somos parte de él y no sobre él, mirando todos -a los pies de la tumba de Pablo y Matilde- el horizonte crepuscular de nuestras otrora envidiables, puras y transparentes costas del litoral central. Por eso debemos difundir su obra en nuestro país, enseñándoles a nuestros niños los valores que entregan sus poesías, el respeto a la naturaleza , el amor a la Patria y a sus costumbres, la belleza de nuestros parajes, el amor a la mujer, a la política, a la oratoria, en fin, lo que nos enaltece como personas. Nuestra vida consiste en un eterno buscar, en llenarnos de estímulos, y así emparejar este tumultuoso camino. Los poetas, en especial el que hoy homenajeamos, nos muestran uno: el de la sensibilidad, el de no dejar que las cosas pasen sin contemplarlas, en aprovechar los momentos felices, en disfrutar un atardecer como si fuera único, el último. La lengua española está plagada de palabras que la enaltecen como idioma. Nos regala la posibilidad de combinarlas para lograr un mejor sentido de lo que se desea expresar. Así, la importancia del poeta crece, ya que articula el lenguaje, provocando el nacimiento de la palabra con el espíritu. El sitial en que se encuentra Neruda en la actualidad es el más importante de nuestra literatura. Por eso, hoy, humildemente, ofrezco mi trabajo en su honor, por lograr que Chile amanezca inspirado en su obra, y así construir el país deseado, hermoso y lleno de vida. He dicho. -Aplausos. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Por el Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE, doña Isabel (de pie).- Señor Presidente, un 12 de julio, hace ya 94 años, nace, en la ciudad de Parral, Neftalí Reyes Basoalto, hijo de Rosa y de José del Carmen; maestra de escuela, ella; maquinista ferroviario, él. Después de dar a luz a quien llegó a ser insigne poeta, según el juicio universal, se extinguió la vida de Rosa. La grave enfermedad que la afectaba puso término a la dulzura que aquella madre entregó a tan genial creador de belleza poética, el que, a través de su obra, elevó la condición del ser humano, expresando sus pasiones, angustias, miserias, traiciones, soledades, amores y sus grandes ideales. Neftalí Reyes Basoalto se convirtió en Pablo Neruda. El mismo poeta lo explica en los siguientes términos: “Yo me firmé Neruda, por primera vez, a los 14 años. Necesitaba un nombre para que mi padre no viera mis poemas en los periódicos. Él le echaba la culpa a mis versos de mis malas notas en matemática. Tomé el nombre del escritor checo Jan Neruda, uno de cuyos cuentos me impresionó mucho”. Así nació Pablo Neruda, cuya vida y obra son inseparables. En efecto, su poesía expresa el registro de su vida enfrentada a circunstancias diversas, las que describe con una profunda capacidad de emoción. Neruda -ya con el nombre-, joven, se traslada al mundo de la capital, que lo absorbe, encontrando sitio propicio para hacer públicas sus creaciones a través de la revista “Claridad”, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Son los años en que recibe su primer premio literario, en los Juegos Florales de 1921. La calle Maruri se convierte en su refugio santiaguino. De esa primera época surgen “Crepusculario”, “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada”, quizás la obra más conocida de este autor chileno. También la política lo llevaría a conocer el norte de Chile. Como Senador de la República representa a las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Allí supo no sólo de la persecución y la proscripción, que denunciara magistralmente en su discurso titulado “Yo acuso”, sino también de la crudeza de la vida del norte. Abrazó el servicio público a través de la carrera diplomática, sirviendo a Chile como Cónsul en Birmania, Ceilán, Java, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires. Su peregrinar en el mundo lo hizo estrellarse de bruces con el horror de la Guerra Civil Española que lo va a marcar profundamente, alejando su poesía, como él mismo lo dijera, de “los volcanes de su país natal”, haciéndola más concreta, más doliente. “Venid a ver la sangre por las calles...”, fue su clamor al mundo en “España en el corazón”. Su congoja no queda en la mera denuncia y, de regreso a Chile, luego del triunfo del Frente Popular, participa en una de las gestas humanitarias más hermosas de nuestra historia patria. Un añoso carguero, el “Winnipeg”, cruza el Atlántico -en un viaje organizado por Neruda-, repleto de refugiados españoles, que supieron de la solidaridad de nuestro pueblo y de la tenacidad y empeño del poeta. Nuestro país supo también de su esfuerzo, laboriosidad con perenne gratitud. Así Neruda adquiere una dimensión universal, pues su poesía supo encarnar principios humanos fundamentales. A la vez que el poeta de la belleza y la simpleza de las cosas: del mar, del caldillo de congrio, de nuestro cobre, también Neruda es certero y profundo para expresar, como en Canto General, las desventuras de un continente agobiado, históricamente postergado, y también para abrazar la esperanza de un futuro mejor, más fraterno, justo y solidario, para alcanzar, como diría el propio Neruda, “el día que esperamos a lo largo del mundo tantos hombres, el día final del sufrimiento”. Durante su desempeño como Embajador de Chile en Francia, la academia sueca -como aquí se ha recordado- lo distingue en 1971 con el Premio Nobel de Literatura, otorgándole este galardón largamente esperado y merecido, pues su obra ya era universalmente conocida y valorada. Chile entero se conmovió con este trofeo que prestigiaba por segunda vez sus letras. Neruda dejó este mundo un 23 de septiembre de 1973, siendo sepultado, penosamente, casi en la misma clandestinidad con que inició su camino en las letras y, acaso, recordando la persecución que sufrió en la década del 40. El dolor de un país dividido y del sufrimiento de miles de chilenos, junto a un cuerpo cansado de peregrinar por el mundo cantándole a la belleza, a la solidaridad y a la justicia, pudo más que su ansia de vivir. Luego de muchos años, a fines de 1992, sus restos pudieron, cumpliendo el deseo del vate, descansar con Matilde Urrutia, en Isla Negra, junto a la majestuosidad del océano Pacífico y del viento que vieran agitar su mágica pluma. Neruda nos deja no sólo su poesía, sino un ejemplo de vida, de servicio público y de sensibilidad para conmoverse con las maravillas del mundo, como también para condolerse con el dolor y el sufrimiento del prójimo. Con hombres de la talla de Pablo Neruda, por cierto que “la poesía no ha cantado en vano” y con él muchos hombres y mujeres, a lo largo del mundo, mantenemos inalterable nuestro empeño, con Rimbaud, de trabajar para “con una ardiente paciencia, conquistar la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres”. Por último, quiero recordar el emocionado saludo que hiciera llegar el gran Rafael Alberti, con motivo del funeral oficial de Pablo Neruda, realizado a fines de 1992, luego de que sus restos pasaran largos años en un humilde nicho del Cementerio General de Santiago: “Pablo se queda con nosotros. Mi hermano vive y vivirá para siempre en el corazón de los pueblos”. He dicho. -Aplausos. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ (de pie).- Señor Presidente, el distrito 29, en plenitud, le rinde homenaje esta tarde a Pablo Neruda. Alzo mi voz en representación del Partido Renovación Nacional y, en mi condición de miembro de la Comisión de Educación de esta Cámara, para rendir un sentido homenaje a la figura de nuestro Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. No deseo transformar este homenaje en una enumeración de fechas, lugares y obras del poeta. En cuanto a estas últimas, si bien sus “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” y sus “Cien sonetos de amor” son las obras más conocidas, fueron muchas otras las que escribió. Quizás, si estuviera vivo, le daría la misma rabia que sentía mi apreciado amigo Benjamín Subercaseaux cuando se le recordaba sólo por “Chile o una loca geografía”. Neruda fue muchas cosas. Además de un insigne poeta, fue diplomático y recorrió muchos países. Fue escritor, y muy prolífico; fue político, senador y uno de los jefes de campaña de Gabriel González Videla. Pero, por sobre todo, fue un gran amante de todo lo que tenía y de todo lo que hacía. Amó cada rincón del mundo que visitó, pero luego se aburría y sentía nostalgia de Chile y de su terruño. “Más de un año de vida en estos destierros, en estas tierras fantásticas, entre hombres que adoran la cobra y la vaca. Yo sufro, me angustio con hallazgos horribles, me quema el clima, converso días enteros con mi cacatúa, pago por mensualidades un elefante. Los días me caen en la cabeza como palos. No escribo, no leo, vestido de blanco y con casco de corcho, auténtico fantasma, mis deseos están influenciados por la tempestad y las limonadas.”, escribía Neruda a un amigo, cuando se encontraba en Birmania. En su obra “Confieso que he vivido”, se conoce a un hombre que si bien fue admirado por Chile y el mundo entero, era muy solo y profundamente triste. Tenía confianza en sí mismo, pero jamás desconoció de dónde venía. Su Parral y Temuco queridos. ¡Con qué alegría copatrociné un proyecto de ley, presentado por el Diputado señor Huenchumilla hace un tiempo, para erigir un monumento en su memoria en esa ciudad! En 1971, decía en Estocolmo: “Creo que mis deberes de poeta no sólo me indican la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a mi poesía... Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así, la poesía no habrá cantado en vano”. Señor Presidente, Pablo Neruda, seudónimo que tomó Neftalí Ricardo Reyes Basoalto de un admirado poeta checo, merece nuestro homenaje y recuerdo como el gran poeta, el gran político, el gran escritor, el gran coleccionista, pero, sobre todo, el gran amante de lo que hacía. Lo que hizo, lo hizo bien, porque tenía fe y confianza en sí mismo. Sigamos teniendo la ardiente paciencia de que nos hablaba para conquistar la espléndida ciudad y el país que dé luz, justicia y dignidad a todos los hombres. He dicho. -Aplausos. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bartolucci. El señor BARTOLUCCI (de pie).- Señor Presidente, esta tarde nos convoca una amable invitación de nuestra colega Diputada señora Laura Soto, para rendir un merecido homenaje al insigne poeta don Pablo Neruda. En nombre de la UDI, concurro con especial agrado a cumplir esta misión. Se rinde este homenaje a la memoria del poeta cuando se conmemora lo que sería su nonagésimo cuarto cumpleaños. Como Diputado por Valparaíso y presidente de la Corporación de Arte, Cultura y Turismo de esta ciudad, y destacando la rica faceta de su enorme personalidad, la cual de alguna manera ya se ha hecho presente en este hemiciclo, quiero centrar mi intervención en esa relación mágica, divina, que mantuviera Neruda y la ciudad de Valparaíso; en ese idilio permanente al cual dedicó parte importante de su vida y de su obra. Neruda, sin duda, es el poeta más grande que ha dado nuestra patria. Al decir esto, me refiero no sólo a sus cualidades literarias y humanas, sino también a aquellas hondas convicciones estéticas y políticas con las que fue creciendo y derramando su trabajo poético y humanista, en múltiples y variadas direcciones. Neruda resulta hoy inclasificable por los innumerables temas y territorios que abarcó su palabra; pero, sin duda, la influencia que ha tenido su creación sobre nuestro idioma, tanto en la propia América como en España, es de tal magnitud, que sólo podríamos compararla con la de Rubén Darío, quien, por lo demás, desde la magia, el enigma y el encantamiento de esta ciudad de Valparaíso, con su libro “Azul”, en 1888, destacó lo que eran las letras españolas. Sólo a él es comparable Pablo Neruda, en importancia y trascendencia, para el desarrollo de la lengua en este siglo. La relación de Neruda con Valparaíso se remonta a junio de 1927, cuando desde este mismo rincón de la ciudad, donde hoy lo homenajeamos y se encuentra construido el Congreso Nacional, es decir, en la esquina de Deformes con Victoria, parte en tren, junto a su amigo Álvaro Hinojosa, rumbo a Buenos Aires para embarcarse en el “Baden”, que lo llevaría a Rangún, Birmania, a cumplir su primer destino diplomático. La primera mención de Neruda de Valparaíso la encontramos en el poema “Alberto Rojas Jiménez viene volando”, que constituye parte de su obra “Residencia en la Tierra”. Dice Neruda: “El viento negro de Valparaísoabre sus alas de carbón y espumapara barrer el cielo donde pasas:vienes volando.Hay vapores, y un frío de mar muertoy silbatos, y meses, y un olorde mañana lloviendo y peces sucios:vienes volando. La relación del poeta con Valparaíso va creciendo. Él se enamora de la ciudad y la ciudad lo acoge y le entrega lo que tiene: callejones tejidos de oscuridad, de penumbra, escaleras que sostienen al habitante; casas de maderas y mucho mar en el horizonte. Esta relación entre Valparaíso y Neruda, crece. Se hace una simbiosis. En 1954, en su libro “Odas Elementales”, rinde su homenaje a Valparaíso. “Valparaíso,qué disparateeres,qué loco,puerto loco,qué cabeza con cerros,desgreñada,no acabasde peinarte,nuncatuvistetiempo de vestirte,siemprete sorprendióla vida...”“Pronto,Valparaíso,marinero,te olvidasde las lágrimas,vuelvesa colgar tus moradas,a pintar puertasverdes,ventanasamarillas,todolo transformas en nave, eresla remendada proade un pequeño,valerosonavío”. “Todo lo transformas en nave...” cantaba Neruda a Valparaíso. Y es así como empieza a gestar en su mente la aventura de esa casa marítima del cerro Florida. Con estrechas escaleras, techos curvos y ventanas redondas que recuerdan lo que es Valparaíso y un viaje lleno de mar. En 1958, Neruda adquiere la obra gruesa de esta casa, La Sebastiana, como la llamará después en homenaje a Sebastián Collados, un comerciante y constructor español que la había comenzado a construir y que falleció diez años antes, dejando inconclusa una extraña construcción de la que nadie pensaba hacerse cargo. La poetisa Sara Vial lo lleva, le muestra la casa. Neruda se enamora de esta construcción y en su mente concibe lo que será La Sebastiana, encumbrada en los cerros y en la noche de Valparaíso. En tres años se convierte en la última casa que el poeta adquirió en Chile. La habita en sus tiempos de descanso y especialmente en la noche de Año Nuevo. Allí, Neruda, celebra y agasaja a sus amigos, cuando la pirotecnia que resplandece en el follaje marítimo del puerto, ilumina la ciudad. Y en su libro “Plenos Poderes”, nos cuenta de la casa.“Yo construí la casa. La hice primero de aire.Luego subí en el aire la banderay la dejé colgadadel firmamento, de la estrella, dela claridad y de la oscuridad.Cemento, hierro, vidrioeran la fábula,valían más que el trigo y como el oro,había que buscar y que vender,y así llegó un camión:bajaron sacosy más sacos,la torre se agarró a la tierra dura-pero, no basta, dijo el Constructor,falta cemento, vidrio, fierro, puertas-,y no dormí en la noche.Pero crecía,crecían las ventanasy con poco,con pegarle al papel y trabajary arremeterle con rodilla y hombroiba a crecer hasta llegar a ser,hasta poder mirar por la ventana,y parecía que con tanto sacopudiera tener techo y subiríay se agarrara, al fin, de la banderaque aún colgaba del cielo sus colores.Me dediqué a las puertas más baratas,a las que habían muertoy habían sido echadas de su casas,puertas sin muro, rotas,amontonadas en demoliciones,puertas ya sin memoria,sin recuerdo de llave,y yo dije: “Venida mí, puertas perdidas:os daré casa y muroy mano que golpea,oscilaréis de nuevo abriendo el alma,custodiaréis el sueño de Matildecon vuestras alas que volaron tanto.”“Entonces la pinturallegó también lamiendo las paredes,las vistió de celeste y de rosadopara que se pusieran a bailar.Así la torre baila, cantan las escaleras y las puertas,sube la casa hasta tocar el mástil,pero falta dinero:faltan clavos,faltan aldabas, cerraduras, mármol.Sin embargo, la casasigue subiendoy algo pasa, un latidocircula en sus arterias:es tal vez un serrucho que navegacomo un pez en el agua de los sueñoso un martillo que picacomo alevoso cóndor carpinterolas tablas del pinar que pisaremos.Algo pasa y la vida continúa.La casa crece y habla,se sostiene en sus pies,tiene ropa colgada en un andamio,y como por el mar la primaveranadando como náyade marinabesa la arena de Valparaíso,ya no pensemos más: ésta es la casa:ya todo lo que falta será azul,lo que ya necesita es florecer.Y eso es trabajo de la primavera”. Pablo Neruda, nuestro más grande poeta, se dedicó desde muy joven al servicio público. Otras de las facetas de su vida que aquí ya se ha resaltado. No quiero cansarlos con una larga enumeración de lo que fue su brillante, exitosa y abnegada carrera al servicio de Chile en muchos cargos públicos. Sólo quiero resaltar, para abreviar esta exposición, que en 1947 es nombrado jefe nacional de propaganda en la candidatura de don Gabriel González Videla a la Presidencia de la República. Las vicisitudes propias de la política de la época, de la historia política de nuestro país que todos conocemos, producen el distanciamiento entre el Partido Comunista y don Gabriel González Videla. El 6 de enero de 1948, Neruda pronuncia un discurso en el Senado de la República, publicado con el título “Yo acuso”, refiriéndose en términos ásperos al Presidente González Videla. La Corte Suprema aprueba el desafuero de Neruda y los tribunales de justicia ordenan su detención. Desde ese momento, Neruda permanecerá oculto en Chile, escribiendo el “Canto General”. Pues bien, uno de los rincones que acoge al Neruda fugitivo fue nuevamente la altura y el silencio de los cerros de Valparaíso. En esa permanencia marítima y nocturna, se sella una hermandad para siempre, indisoluble, entre el poeta y la ciudad. Y en su “Can-to General” narra estos tiempos de soledad:“En mi día solitario el marse alejaba: miraba entoncesla llama vital de los cerros,cada casa colgando, ellatido de Valparaíso:los altos cerros desbordantes de vidas.”“Ventana de los cerros ¡Valparaíso, estaño fríoroto en un grito y otro de piedras populares!Mira conmigo desde mi esconditeel puerto gris tachonado de barcas,agua lunar apenas movedizainmóviles depósitos del hierro.”“Que se entienda, te pido, puerto mío,que yo tengo derecho a escribirte lo bueno y lo malvadoy soy como las lámparas amargascuando iluminan las botellas rotas”. Neruda sigue en su vida pública. Trabaja activa e intensamente en las campañas presidenciales de 1958 y 1964. Designado candidato a Presidente de la República en 1969, realiza una exitosa gira electoral por todo el país, para luego deponer su candidatura en favor de don Salvador Allende. En 1971, fue designado embajador en Francia por el Presidente Allende y viaja a París junto a su esposa, Matilde Urrutia, para asumir sus funciones diplomáticas. En octubre del año siguiente renuncia a su cargo como embajador en Francia, a causa de su salud resentida por una enfermedad que lo corroe: el cáncer. Regresa, entonces, definitivamente y por última vez a Chile, donde es recibido en un multitudinario homenaje en el Estadio Nacional. Sus males se agravan. Trasladado a la Clínica Santa María de Santiago, fallece un 23 de septiembre de 1973. Sólo varios años después, como ya se ha hecho recuerdo aquí, en 1992, se cumple por fin la voluntad del poeta, en cuanto a ser enterrado en Isla Negra, junto a Matilde Urrutia. Neruda recibió innumerables distinciones también en el plano literario, como aquí ya se ha resaltado, dentro y fuera de Chile, destacando el Premio Nacional de Literatura, en 1945, y el Premio Nobel de Literatura, en 1971. En fin, hay una larga lista de sus éxitos académicos y literarios. Baste destacar los dos que he señalado en beneficio del tiempo. Recibió múltiples homenajes en muchos países hermanos y, como aquí se ha dicho, sin duda es el escritor chileno más edi-tado y difundido en el mundo, pues sus obras hoy se encuentran traducidas a 35 idiomas. Neruda es un poeta excepcional. Hasta hoy, a 25 años de su muerte, nos sigue entregando su conocimiento, su escritura. Su verso es un aire fresco a una lengua necesitada de esa relación originaria con la que se escriben las grandes obras que mueven, transforman y oxigenan el idioma. Además, fue un extraordinario servidor público en diversos cargos y tareas que emprendió en la vida cívica del país y, más allá de su color partidario, que podemos o no compartir, fue un hombre, un poeta y un político consecuente, que luchó por sus ideales y fue fiel al pensamiento y a la época en que le tocó vivir. Fue, en definitiva, un hombre entregado a la tarea de engrandecer al país con su figura y con su obra. He querido rendir este homenaje desde lo nuestro, desde lo que más me toca como diputado por Valparaíso, ciudad en que -reitero- vivió, escribió y amó entrañablemente. Su poesía da cuenta de ello y no cabe duda alguna de la razón que tuvo para gritar desde lo más hondo de su alma: “Valparaíso, te declaro mi amor”. He dicho. -Aplausos. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En representación del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto. La señora SOTO, doña Laura (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, distinguidos invitados: Entre todos los nombres que surgen desde la tierra, entre todos los rostros que se asoman entre cordillera y mar hay uno cuya voz no se apaga, que contiene a todos; hay uno que fue en vida hecho de un amasijo de estrellas y de lluvia, uno que va cantando por los ríos y los montes de la patria. Es uno que, como pocos, fue hijo de dos madres amantes, amamantado por la luna, arrullado por los trenes, los vientos y las lluvias del sur que no dan tregua. Uno que antes de aprender a caminar fue atrapado por la palabra que lo encerró con su magia, lo coronó de laureles y llevó el nombre de Chile por los confines del mundo. Fue el poeta que dijo de sí mismo: “He sido un hombre demasiado sencillo. Este es mi honor y mi vergüenza”. Y así, con sencillez de agua clara, cantó a las cosas simples de la vida, pero también a las más altas, que lo hicieron así único entre todos. Escogió llamarse Pablo Neruda, porque ese nombre tenía sonoridad de pájaros, y aunque era amante de los suyos, respetuoso de todo afecto, eligió entre muchos a un hermano del alma, a Federico García Lorca, que siendo de las antípodas de su ser era, sin embargo, hecho de la misma fibra poética de la que nace la luz y la belleza. Fueron estos dos grandes, que no conocían fronteras ni límites, los que unidos un día en Buenos Aires, con ese espíritu juguetón y ligero que los unía, decidieron, ante el homenaje de los escritores, hacer una travesura para nombrar al gran vate de América y España, Rubén Darío. Este duelo de poetas se basaba en una de las proezas más raras y difíciles que en el ruedo taurino pueden hacer solamente dos toreros que sean hermanos o tengan sangre común. Una hazaña de ésas sólo ha sido posible dos o tres veces en un siglo. Y así como con el toro, en una suerte de baile de belleza, estos poetas, como dos espadachines con su verbo sonoro, declaman ante una concurrencia desconcertada en un dúo sincronizado de pura poesía, en que fueron una sola voz, un poema, un golpe de sangre y un solo corazón. Fue por el poeta andaluz que Neruda aprendió a amar a España; por él sufrió como propias las heridas de la guerra fratricida y gritó con dolor ante el asesinato innoble del poeta. Dijo así: “Lo han escogido bien quienes al fusilarlo han querido disparar al corazón de su raza, agotarla en su perfume más rápido, quebrarla en su respiración más vehemente, cortar su risa más indestructible”. Pero nuestro poeta, generoso y abierto como un lirio al rocío, estaba sobre las cumbres, muy por encima de la perversión y la violencia. Sus ojos de mirada infinita vieron pasar grandes acontecimientos de la historia del mundo, descubrimientos de enorme importancia, espectaculares hazañas del hombre, nacimiento y muerte de ideologías, oscuridad y luces, frustraciones y desengaños, sueños y esperanzas. Atravesó los mares y recogió los pequeños y raros objetos que les resguardaban del olvido. Fue envidiado, perseguido y anatematizado por seres pequeños, incapaces de comprender su grandeza y su espíritu libertario. Pero también fue enaltecido, amado, y muy amado; él amó también con la intensidad del corazón del poeta, toda sensibilidad, toda hermosura, más allá de las estrellas, más allá de los cielos conocidos o desconocidos. Hoy, en que a veces los dolores de la patria afloran, que la verdad pugna por aparecer, hemos querido recordar al poeta que, sin ser político, usó su verbo encendido para fustigar toda tiranía, que con su corazón de justo abogó por un pueblo de hermanos. Porque su voz y su canto serán imperecederos, porque cuando hayamos olvidado a quien le hizo mal, su nombre y sus versos estarán por siempre en la memoria de la humanidad que escoge a sus hijos dilectos. He dicho. -Aplausos.El señor NARANJO (Vicepresidente).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. -o-AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor NARANJO (Vicepresidente).- La Comisión de Salud solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala. ¿Habría acuerdo? Acordado.-o-VII. PROYECTOS DE ACUERDOPRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS PARA EL ACCESO AL TRABAJO. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo, a los cuales dará lectura el señor Prosecretario. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 78, del Diputado señor Longton, de las Diputadas señoras Fanny Pollarolo y Lily Pérez, y de los Diputados señores Vargas, Vilches y Mora. “Considerando:1. Que el libre y justo acceso al trabajo constituye un derecho humano y constitucional fundamental, atendida la esencial importancia que el trabajo tiene para la dignidad de las personas y para sus posibilidades de dotarlas de medios imprescindibles para su pleno desarrollo material y moral;2. Que la ciudadanía posee una justificada preocupación respecto de la existencia de diversas prácticas empresariales discriminatorias que impiden el libre y justo acceso de las personas al trabajo;3. Que la opinión pública ha sido impactada recientemente por informaciones que indican que se estaría condicionando el acceso de las personas al trabajo a un test denominado “Minnesota Multifacetic Personality Inventory”, instrumento del todo inadecuado para dimensionar la real aptitud laboral de las personas y que se inmiscuye indebidamente en aspectos impertinentes para la vida laboral, tales como aspectos relativos estrictamente a la vida privada de las personas;4. En efecto, el referido test consta de 566 preguntas dirigidas, básicamente, a indagar acerca de la vida personal o estrictamente privada e, incluso, íntima del postulante a un trabajo, las que son del todo impertinentes para medir la capacidad laboral del trabajador, se inmiscuyen indebidamente en aspectos irrelevantes para tal ponderación y, todo ello, en el marco de una objetiva situación de desequilibrio y coacción, cual es la de hacer depender de este hecho el acceso al trabajo de parte del postulante, lo que evidentemente configura una situación abusiva. Así, por ejemplo, en el referido test se les pide a los postulantes marcar verdadero o falso a preguntas tales como “mi vida sexual es satisfactoria”, “nunca me he entregado a prácticas sexuales fuera de lo común” o “algo anda mal en mis órganos sexuales”;5. Lo anterior, junto con resultar inadecuado y del todo impertinente para la finalidad de seleccionar a trabajadores, pues no mide sus capacidades laborales, ofende la dignidad personal de los interesados en acceder a un trabajo, provocando un daño que no resulta aceptable;6. Que según especialistas el referido test constituye un instrumento diagnóstico de la sicología clínica aplicado en general para la detección de patologías o disfunciones sicológicas, pero no constituye un instrumento funcionalmente creado para medir aptitudes o capacidades laborales;7. Que la Constitución vigente garantiza a todas las personas la libertad de trabajo y su protección, prohibiendo expresa y tajantemente “cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley puede exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos”, como lo dispone en su artículo 19, Nº 16; por otra parte, el Nº 4 de este mismo artículo constitucional garantiza el respeto y protección de la vida privada de las personas;8. Que los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos generales y laborales, son también suficientemente claros en la consagración absoluta del derecho de no discriminación de las personas por cualquier causa, así como en el respeto a la vida privada, derechos todos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución, poseen rango constitucional;9. Que, por su parte y concordante con lo anterior, el Código del Trabajo es explícito e imperativo en sus disposiciones iniciales (Art. 2º), que fundan todo el orden jurídico laboral privado nacional, en su prohibición de toda discriminación en el goce y ejercicio de los derechos de naturaleza laboral;10. Que la discriminación en el acceso al trabajo por razones ajenas a la capacidad personal para el ejercicio de una labor determinada o que esté fundada en cualquier razón relativa a la vida privada o íntima del trabajador, constituye una práctica antijurídica, antiética y, además, socialmente dañina en la medida que tiende a marginar grupos de personas del mercado laboral por razones arbitrarias, así como a dotar de un poder arbitrario e irracional a quienes detentan la propiedad de las empresas;11. Que desterrar toda forma de discriminación arbitraria contra las personas contribuye a promover los derechos y dignidad de las personas, a generar mayores grados de unidad y cohesión social y nacional y a mejorar la calidad de vida de los chilenos, todo lo cual es una de las finalidades y responsabilidades primordiales de los poderes públicos y, por supuesto también, de esta honorable Cámara; y12. Que conocer en detalle esta situación, así como reunir los antecedentes que al respecto poseen los órganos públicos fiscalizadores, resulta imprescindible para determinar la forma de perfeccionar nuestra legislación laboral, a fin que la ley contribuya cada vez de mejor forma a combatir toda práctica discriminatoria en este ámbito. Venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:1. La honorable Cámara de Diputados acuerda expresar su preocupación por la existencia de prácticas discriminatorias que afectan el derecho de los ciudadanos al libre acceso al trabajo, en especial por el condicionamiento del derecho al libre acceso al trabajo a un test como el denominado “Minnesota Multifacetic Personality Inventory”, el cual se inmiscuye indebidamente en la vida privada personal e íntima de los trabajadores, ofendiendo la dignidad y derechos de éstos; y2. Se oficie al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social a fin de que:a) remita a esta honorable Cámara todos los antecedentes que posea acerca de prácticas discriminatorias actualmente existentes en el país en materia de acceso al trabajo y, en especial, acerca de la práctica de test de ingreso a un puesto laboral, entre ellos, el antes señalado;b) para que, si lo tiene a bien, instruya a la Dirección del Trabajo a desarrollar un pronto y enérgico proceso de fiscalización a las empresas del país destinado a detectar si los test de ingreso al trabajo en actual aplicación en la generalidad de las empresas se ajustan al orden constitucional y legal vigente y, en particular, si las empresas del país están aplicando o no el antes señalado test”. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo. La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo surge de la preocupación que un grupo de diputados hemos sentido ante la información, que se conoció hace algunos días, de que se estaría condicionando el acceso de personas al trabajo a través de la utilización del test denominado “Minnesota Multifacetic Personality Inventory”, muy conocido por los especialistas, que se utiliza en la sicología clínica, es decir, que aporta en el diagnóstico de patologías sicológicas o siquiátricas, pero que no mide ninguna capacidad ni está orientado para medir aptitudes laborales. Este test, que consta de 566 preguntas, está orientado a indagar acerca de la vida personal de los postulantes, ya que les pide marcar verdadero o falso a preguntas como si su vida sexual es satisfactoria, si nunca se ha entregado a prácticas sexuales fuera de lo común o si algo anda mal en sus órganos sexuales. Es decir, cuestiones o temas que se refieren a la vida privada, que no tienen ninguna relación con capacidades laborales. Por eso, nos parece un hecho grave y una práctica empresarial discriminatoria, que estaría dificultando el libre y justo acceso de las personas al trabajo. Por lo tanto, consideramos indispensable solicitar antecedentes a las autoridades del Ministerio del Trabajo y de la Dirección del Trabajo, con el objeto de determinar si es necesario perfeccionar la legislación y conocer exactamente los métodos que utilizan las empresas en los procesos de evaluación para acceder al trabajo. Ése es el sentido que tiene el proyecto de acuerdo y, por tanto, solicito la aprobación de la Sala. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, anuncio nuestro voto favorable al proyecto de acuerdo, porque nos parece que debemos apoyar todo lo que contribuya a promover los derechos y dignidad esenciales de las personas, a generar mayores grados de unidad y cohesión social y nacional, y a mejorar la calidad de vida de los chilenos, finalidades y responsabilidades primordiales de los poderes públicos y, por supuesto, de esta honorable Cámara. Sin embargo, debemos estar muy atentos ante este tipo de test importados de otros países, al igual que ante otras medidas que van en contra de la libertad de trabajo, porque no hay otra forma de pesquisarlos que a través de la prensa, como lo ha señalado la Diputada señora Fanny Pollarolo, autora del proyecto de acuerdo. En consecuencia, debiéramos pensar en incorporar a nuestra legislación medidas que impidan este uso arbitrario de sistemas de medición de personalidad, según el título, que vienen a discriminar más que a seleccionar a las personas para determinados trabajos, lo que debiera hacerse de acuerdo con normas aceptables y conocidas por todos. Sin duda, evitar la aplicación de este tipo de medidas, significa el perfeccionamiento de un mercado poco claro en esta materia. Por eso, votaremos favorablemente el proyecto de acuerdo. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, deseo manifestar que, en general, estos proyectos de acuerdo y las disposiciones legales o reglamentarias que eventualmente puedan surgir de él realmente discriminan a los trabajadores, y en lugar de beneficiarlos los perjudica, sobre todo en algo tan delicado como es la búsqueda o el cambio de trabajo. Está archidemostrado que todas estas medidas que aparentemente tienen por objeto beneficiar a los más pobres, terminan condenándolos a ser más pobres todavía. Por eso, quiero manifestar mi desacuerdo con el proyecto de acuerdo, el cual votaré negativamente. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Por no haberse reunido el quórum, se va a repetir la votación. En votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados. Se suspende la sesión por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Continúa la sesión. En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- No hay quórum. De acuerdo con el artículo 113, este proyecto se votará en la próxima sesión.VIII. INCIDENTESUSO INDEBIDO DEL CONCEPTO “PERTRECHOS” POR COMISIÓN DE FRAUDE ADUANERO. Oficio. El señor NARANJO (Vicepresidente).- El primer turno de Incidentes corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto por cuatro minutos. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, la acepción de la palabra “pertrechos”, tan en boga en los últimos días, al parecer ha abierto el apetito de algunos. Y esto no es una parodia, es un hecho de la causa, puesto que al amparo de la partida 001, un audaz y conocido empresario importó carnes y otros alimentos, como arroz y aceite, para Carabineros. El asunto se inició con una denuncia sobre falsificación de documentos, que permitió utilizar la franquicia aduanera, que es un régimen excepcional y, por ende, de interpretación restrictiva. Lo grave de la situación descrita es que esto afecta o abre sospechas sobre la actuación de miembros de la institución, atendido a que un ex coronel de Carabineros, y a la sazón, en ejercicio, era quien aparecía firmando las órdenes de compra al amparo de la glosa “pertrechos”. Los hechos fueron denunciados por la propia institución policial ante la Segunda Fiscalía Militar y paralelamente ante el tribunal aduanero de Valparaíso, el cual se declaró incompetente y envió los antecedentes al tribunal aduanero de Los Andes, donde se conoce como causa 62-98. La falsificación de los documentos tenía toda la apariencia de legalidad, puesto que se adjuntaban al mismo los respectivos formularios de importación para su tramitación, por intermedio de un banco. El engaño tenía los visos de un negocio mercantil. Lo que se hacía en el fondo era utilizar la glosa “pertrechos” para importar la carne, burlando así los derechos aduaneros y haciendo pingües negocios, puesto que los alimentos no servían para la ingesta de Carabineros, sino que para venderlos a terceros, incluyendo a nosotros mismos, al Congreso. O sea, nos hemos estado comiendo el cuerpo del delito. No cabe duda de que aquí estamos en presencia no sólo de un atentado a la fe pública, sino que de una defraudación a los intereses fiscales, quizás de qué cuantía, si los hechos denunciados se hubiesen cometido durante un largo tiempo y en épocas en que no era posible investigar, y que hoy, gracias a Dios, se pueden aclarar en democracia. El asunto, como se ve, no es baladí, porque el empresario aludido ha defraudado al Fisco al burlar los derechos aduaneros y, al parecer, además ha cobrado un valor superior por las mercaderías que fueron entregadas a Carabineros. El Consejo de Defensa del Estado ha encontrado mérito suficiente para hacerse parte en el asunto, entendiendo que en el caso referido se ha cometido un ilícito penal que afecta los intereses del Estado. Esta situación, añadida a otras anteriores, hace necesario que deba aplicarse claramente el concepto “pertrechos” como material propio de actividades de combate, con lo cual los controles aduaneros no tendrán excusa para permitir este tipo de figura semántica que avala el delito. Aparece clarísimo que, después de reiteradas denuncias sobre el mal uso de la glosa “pertrechos”, se hace imperativo que al respecto haya claras instrucciones de parte del Ministro de Defensa a las Fuerzas Armadas para que no se produzcan situaciones irregulares o de abuso, o, peor aún, de comisión de delito, cuestión que ya ha salido a la luz pública y que, en aras del prestigio de Carabineros y de otras ramas de las Fuerzas Armadas, urge investigar hasta las últimas consecuencias, entendiendo que los delitos sólo se pueden imputar a quien los comete y no a la institución. Asimismo, solicitamos que se oficie a la Dirección de Aduanas a fin de que el juez aduanero defina el concepto “pertrechos” y se utilice restrictivamente la partida 001. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.RECHAZO A AFIRMACIONES CONTENIDAS EN LIBRO DEL SENADOR JULIO CANESSA. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por cuatro minutos, el Diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, quiero expresar mi categórico rechazo a las afirmaciones injuriosas que el ex general Julio Canessa expresa en su libro “Pinochet y la restauración del consenso nacional” en contra de la ex Primera Dama de la nación, Hortensia Bussi de Allende, las que constituyen una verdadera bajeza moral que retrata de cuerpo entero la mediocridad intelectual y el revanchismo del ex general Canessa. Es legítimo tener opiniones y reconstrucciones históricas distintas. Eso es parte del pluralismo y en democracia nadie es asesinado ni desaparece por sostener sus ideas, como, en cambio, ocurrió en el régimen del cual uno de los máximos exponentes fue el ex general Canessa. Sin embargo, esa reconstrucción no puede tergiversar y acomodar la historia de manera de ignorar y transformar en legítimos todos los horrores cometidos en contra de los derechos humanos y los escándalos que los prohombres del régimen militar llevaron a cabo, desde los puntos de vista ético y financiero. Yo valoro el hecho de que en sectores de la Derecha civil chilena haya un reconocimiento del drama de los desaparecidos y de otras formas de lo que el derecho internacional reconoce como crímenes de lesa humanidad, y que a partir de ahora serán también juzgados por un tribunal especial de las Naciones Unidas, creado en Roma para tal efecto. En el libro del ex general Canessa no hay una palabra de arrepentimiento de los crímenes cometidos y menos un gesto a través del cual se pida perdón a los chilenos -como, en cambio, lo hizo públicamente el comandante Balza, en Argentina-, para lo cual se requiere una estatura moral que, ciertamente, Canessa no tiene. Por el contrario, el ex general Canessa afirma que el régimen militar estuvo imbuido de un espíritu cristiano y que por ello actuó con generosidad. ¿De qué generosidad y humanismo puede hablar un régimen que comprobadamente hizo desaparecer a más de dos mil personas; que torturó, asesinó y encarceló a miles de chilenos; que barrió con todos los más elementales principios de libertad y dignidad de las personas? Por ello, no debe sorprender a nadie que las páginas de ese libro estén repletas de juicios injuriosos y de odios. Este Canessa, hoy vestido de civil, es el mismo que daba las órdenes represivas como comandante de la región norte del Ejército. De allí que las afirmaciones contra Hortensia Bussi de Allende sean parte de esta verdadera cobardía moral. Quiero expresar, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, mi solidaridad y aprecio a esta valerosa e inteligente mujer que, con su enorme dignidad, enfrentó la muerte de su esposo, el Presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y los atropellos de que fue víctima su familia. Ella representa un verdadero símbolo en Chile, y en el mundo, del amor a su país y a la lucha por reponer la democracia y la libertad. Deseo manifestar desde esta aula, de la única Cámara completamente elegida por el pueblo, nuestro apoyo a Hortensia Bussi de Allende y nuestro saludo afectuoso hoy, que cumple 84 años de vida. El ex general Canessa cita, en sus páginas, a Su Santidad el Papa Pablo VI. Lo que olvida Canessa es que Su Santidad recibió en audiencia especial a Hortensia Bussi y oró por la muerte del Presidente Salvador Allende. Lo que el ex general Canessa intenta esconder es la firme oposición de la Iglesia Católica chilena al régimen militar y a sus crímenes, y la condena permanente de los obispos y del propio Papa Juan Pablo II a las violaciones de los derechos humanos. El libro del ex general Canessa ofende de tal manera la memoria de las víctimas de la represión del régimen -del cual fue vicecomandante-, que ello nos obliga a elaborar un verdadero prontuario de los hechos en que el propio ex general Canessa tiene directa responsabilidad. En efecto, durante el período en que fue jefe del Estado Mayor y, posteriormente, vicecomandante del Ejército, se cometieron los degollamientos de tres profesionales chilenos; fueron quemados por una patrulla militar Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, falleciendo el primero en virtud de dichas heridas; fue asesinado el sacerdote André Jarlan y se aplicó, también por órdenes de Canessa -tengo copia de los documentos que entregaré a la presidencia de la Cámara de Diputados-, una política de represión masiva en las poblaciones populares. Señor Presidente, el ex general Canessa debería tener la hombría de aclarar el crimen contra el ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, ya que él fue uno de los generales -escúchenlo bien- con quien el ex embajador Rojas se contactó desde Buenos Aires para pedirle autorización a fin de que al general Carlos Prats se le entregara pasaporte chileno para salir de esa ciudad, dos semanas antes de ser asesinado por los aparatos de seguridad. Y, en virtud de una resolución del régimen militar, del cual Canessa formaba parte en su máxima estructura, al general Carlos Prats se le negó su pasaporte chileno para ir a Francia, donde estaba invitado por el Presidente de ese país, situación que, probablemente, lo habría salvado del horrendo atentado cometido por el régimen militar contra él y su esposa. De esto debe darnos cuenta el ex general Canessa, pues tiene una evidente responsabilidad en esos crímenes. Creo que, después de su libro, queda aún más demostrado cuán profundamente indigno es que un hombre de esta catadura moral forme parte del Senado de la República chilena. He dicho.CONSTITUCIÓN DE LA BANCADA RURAL AGRÍCOLA. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, ayer, en el Congreso Nacional, quedó constituida formalmente la bancada rural agrícola. Su constitución obedece a necesidades objetivas que se presentan en el sector y su principal misión será preocuparse de los diversos problemas que afectan al sector rural, en especial de todos los proyectos y políticas socioeconómicas dirigidas hacia él. Esta idea representa el sentir de muchos parlamentarios provenientes de diversas zonas, donde la actividad agrícola y la vida rural son una tradición. Su propósito será, entonces, bregar desde este Congreso para que las políticas dirigidas al agro sean las correctas, resulten eficaces y apunten finalmente a satisfacer las reales necesidades del mundo rural del país y de millones de chilenos que se benefician con la producción agrícola. Saludo esta iniciativa, pues la constitución de este grupo de parlamentarios se lleva a cabo dejando de lado las legítimas diferencias que podemos tener en el plano político, pero con la común voluntad de entendernos y trabajar por el desarrollo de un sector clave de nuestro país que, lamentablemente, en estos últimos treinta años ha visto, día a día, deteriorarse su situación, llegando a niveles no pensados por ningún gobierno y que nadie ha deseado. La cantidad de campesinos que están abandonando sus lugares de origen para trasladarse a los centros urbanos llega a cifras alarmantes. Ésta es la razón por la que me he integrado a la iniciativa y a sumar mis fuerzas a esta justa lucha por lograr una política agraria correcta y coherente. No puede escapar a esta Cámara la preocupación por escuchar el clamor constante del campesinado chileno. Por ello, estoy convencido de que este grupo de parlamentarios bien intencionados y profundos conocedores del tema, y con muchos años de dedicación como dirigentes gremiales del sector agrícola, han tomado la decisión de ayudar a construir una política agrícola, tarea que ningún gobierno, lamentablemente, ha logrado satisfacer en forma adecuada. No está en el espíritu de esta nueva bancada oponerse a lo que se quiere hacer o se está haciendo, por cuanto consideramos que es el momento de aunar ideas y esfuerzos para tener, de una vez por todas, una política agraria que interprete realmente al campesinado chileno. He dicho.PRÓRROGA DE PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA EN FAVOR DE EX MINEROS DE LOTA. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, nuestro Gobierno ha apoyado a los ex trabajadores del carbón. Con gran esfuerzo -que reconocemos- los ha contratado para ejecutar obras públicas, si no de gran complejidad, con el mérito suficiente como para permitir que esos ex trabajadores puedan superar, con dignidad, el difícil momento que viven. El objetivo ha sido darles trabajo. Mientras se hacía realidad el proyecto que hizo comprensible el cierre del yacimiento de Lota y la crisis de la pequeña y mediana minerías del carbón de la provincia de Arauco, fueron contratados ex trabajadores en la construcción, reparación y desmalezamiento de caminos. El tiempo ha pasado; se apagaron las lámparas de los mineros del carbón; no se han encendido los motores de las nuevas industrias, y hoy el Estado chileno, en manos de nuestro Gobierno de la Concertación, no quiere seguir financiando estos programas. Estima que son muy gravosos, que los recursos escasean y se desconoce el compromiso implícito contraído con motivo del término de las fuentes laborales. Hoy, un número cercano a 500 personas, sometido a contratos celebrados con empresas que licitan las obras, vive la angustia de quedar cesante al terminar cada contrato, los cuales se prolongan, tímidamente, por uno, dos o tres meses. Reconozco el esfuerzo realizado por los Ministros de Obras Públicas, de Hacienda y del Interior; pero no me parece aceptable, comprensible ni compatible con la dignidad de estos trabajadores, que vivan de esta manera. Por esta razón, pido que, en mi nombre, se oficie al Ministro de Obras Públicas para solicitarle que se prorroguen esos trabajos, y en el mismo sentido al Ministro de Hacienda. Así lograremos no hacer más dura y difícil la existencia de estos compatriotas de Lota y de la provincia de Arauco. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.MEDIDAS QUE AFECTAN A LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).-En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por diez minutos, la Diputada señorita Sciaraffia, La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, hoy me corresponde intervenir sobre una situación que nos tiene particularmente preocupados en nuestra provincia. Es conocido el hecho de que Iquique ha tenido una economía pujante en los últimos años; pero no todo ha sido gratis. Tuvo momentos difíciles, en los cuales su economía se vio fuertemente afectada y la ocupación de mano de obra se redujo en forma muy importante. Hoy tenemos una situación distinta. Su palanca de desarrollo más importante ha sido la zona franca y, como consecuencia de ese desarrollo tan vigoroso, han relacionado también, de manera relevante, las actividades turística e inmobiliaria de la zona. La pesca ha sufrido un decaimiento notable en el último tiempo, por lo cual en esta misma Sala pedí, hace algunos meses, que se apoyara a sus trabajadores. La minería también había dado un fuerte impulso a la economía de la provincia, pero lamentablemente gran parte de sus trabajadores no son de Iquique, sino de otras regiones. Por lo tanto, la zona franca sigue siendo su principal palanca de desarrollo. Es necesario destacar que el 75 por ciento de la fuerza laboral y de servicios que en la actualidad existe en Iquique depende, directa o indirectamente, de ella. Sin embargo, en el último período se han tomado algunas medidas que, de manera muy fuerte, afectan, atentan y amenazan al sistema de zona franca. Primero, un hecho que no depende, por supuesto, del Gobierno, pero que es real y que ha afectado fuertemente. Hace un año y medio, Perú prohibió la exportación de vehículos usados a ese país, con lo que se dio un gran golpe a los empresarios de la zona franca que los comercializan. El mercado peruano es uno de los más importantes en este sentido y con esa medida se han desvalorizado los vehículos que negocia la zona franca y ha aumentado considerablemente el desempleo en el sector que trabaja en los cambios de volantes. Como si eso fuera poco, el Gobierno de Bolivia -otro mercado potencial importante que tiene la zona franca- ha decretado que, a partir del 11 de diciembre de 1998, cerrará definitivamente su frontera para el ingreso de vehículos usados. Esto, evidentemente, nos preocupa, porque se estima que el promedio -de 128.714 vehículos- de los tres últimos años bajará y disminuirá el movimiento global del puerto, de agencias de estiba y desestiba, agencias navieras, empresariado, choferes, mecánicos, cambiadores de volantes, etcétera. Bolivia, en este momento, representa el 80 por ciento de las ventas totales de vehículos, entre los cuales, los autos figuran, por lo menos, con el 50 por ciento. Si la restricción sólo afectara a los autos y las condiciones generales permanecieran estables, aun así las ventas de la Zofri al extranjero bajarán el 27 por ciento, respecto de las del año pasado. Además de la prohibición de exportar vehículos usados al Perú y Bolivia, es sabido por todos que Chile ha suscrito el tratado comercial del Mercosur, lo cual nos parece una buena medida de integración. Sin embargo, se dejaron fuera las zonas francas, medida que tiene un efecto nefasto en la comercialización de los productos de esta actividad. Aunque parezca increíble, hace pocos días, se ha firmado un convenio de complementación económica con el Perú, pero también se ha dejado fuera el sistema de zona franca. Y resulta que el Perú es uno de nuestros mercados potenciales más importantes. La Cancillería ha manifestado su voluntad de revisar la posibilidad de incorporar algunos productos, a través de un seminario que tendremos en los próximos días. En este momento, tal como están las cosas, la zona franca originaria, la mayor generadora de empleos en Iquique, se encuentra fuera del comercio bilateral con el Perú. A los hechos negativos se suma -y aquí debo hacer un análisis muy objetivo- una propuesta que está estudiando el SAE, filial de la Corfo, encargada de la administración de las empresas del Estado, cuyo espíritu es bueno y positivo: mejorar la situación de Arica, con la cual estamos absolutamente de acuerdo. Lo digo con mucha propiedad, no sólo en nombre propio, sino en el de todos los sectores de la provincia de Iquique, particularmente de los gremios más importantes. Aplaudimos muchas disposiciones que contendrá la propuesta del SAE, porque permitirán mejorar la situación de Arica; pero ella contiene no sólo una o dos medidas que serán tremendamente nefastas para la continuidad y desarrollo de la actividad comercial de la zona franca de Iquique. Lo más increíble: una de ellas ni siquiera ha sido solicitada por los ariqueños. Se refiere al establecimiento de módulos de venta al detalle en Arica, de la misma calidad de los que operan en Iquique; de un centro de exportación, por parte de la zona franca; al desarrollo del parque industrial de Chacalluta por parte de la Zofri y la creación de un recinto extraportuario. Cabe señalar, en primer lugar, que la instalación de un mall de zona franca, en las mismas condiciones que en Iquique, es una medida que ni siquiera beneficia a nuestros queridos vecinos de Arica. No nos parece que debamos tener más de lo mismo. Es sabido que el comercio en Arica está sobredimensionado. La construcción de un mall en la zona franca de Arica no será una medida muy creativa ni generará necesariamente mayores empleos. Al contrario, incluso podría producir el cierre de muchos locales del comercio establecido en el centro de la ciudad. Además, duplicar los módulos no significa doblar las ventas. Tal vez, sólo se conseguirá repartir entre ambas ciudades lo que hoy se está vendiendo. A continuación, haré un análisis objetivo acerca de estas medidas, que no ha solicitado la gente de Arica. Tengo en mis manos la propuesta del Consejo Gremial de Defensa de Arica, donde se solicitan incentivos a la inversión privada, es decir, exención del impuesto de primera categoría a empresas que funcionen en Arica y Parinacota; provisión de los fondos del DFL Nº 15, para financiar el 20 por ciento de las inversiones que se realicen en la zona; sustitución del crédito fiscal por devolución efectiva del 20 por ciento de las inversiones a que se refiere la ley Arica; que el Ministerio de Obras Públicas entregue a los agricultores de Azapa la explotación exclusiva de los pozos perforados; la regulación del uso de los pozos perforados para los agricultores; medidas para reactivar el comercio; la creación de una zona de tratamiento especial para la comercialización de productos nacionales, eliminándose el IVA y el ILA; medidas para activar la minería -esta medida sí puede tener un impacto muy importante y sostenido en el tiempo-; la declaración de Arica y Parinacota como zonas de desarrollo minero, compatibilizado con el cuidado del medio ambiente. Claramente, estas medidas no afectan a la realidad de Iquique y, como vecinos solidarios, consideramos que Arica merece tener mejor situación. Sin embargo, la propuesta glogal del SAE merece reparos. Obviamente, la creación de un centro comercial en el Parque Chacalluta hará menos atractivo comprar en Iquique, porque el mall quedará más cerca de Bolivia y Perú. Tampoco interesará a los chilenos ir a dicha ciudad, porque en Arica tienen posibilidad de pasar a Tacna, y lo que es peor, nosotros perderemos uno de los enganches más importantes para el desarrollo del turismo, situación que afectará a hoteles, taxistas, restaurantes y, en general, el desarrollo potencial de la ciudad. Pido que esta intervención se envíe a los ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia, con el objeto de que nos sentemos a dialogar sobre estas medidas, junto a todos los gremios de Iquique. El intendente ha asumido el compromiso de no permitir la implementación de aquellas iniciativas que resulten negativas para la ciudad. Queremos crecer con toda la región, pero sin desvestir un santo para vestir otro. No hay que nivelar para abajo, sino para arriba. Además, debemos propender al desarrollo de Tarapacá en su conjunto. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Señorita diputada, se hará llegar su intervención a las autoridades pertinentes, con el apoyo de la bancada de la Democracia Cristiana.ACCESO A PUERTO DE LIRQUÉN Y AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO CARRIEL SUR. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el Diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en estos últimos años, la Octava Región, en general, ha experimentado un gran desarrollo, en particular por las exportaciones a través de los puertos que posee. Sin embargo, la crisis asiática ha provocado una baja en el número de barcos que llevan los productos, especialmente forestales y pesqueros. Por eso, me ha parecido muy buena la idea de que el Diputado señor Edmundo Salas, con tres alcaldes de su distrito, el número 45, se reunieran con el Presidente de la República, con el objeto de plantearle su inquietud respecto del camino de acceso al puerto de Lirquén. Por eso, en señal de adhesión, solicito que se oficie, en mi nombre y en el de la bancada de la Democracia Cristiana, al Presidente de la República, en el mismo sentido. En segundo lugar, pido oficiar al Ministro de Obras Públicas, a fin de que definitivamente fije la fecha de llamada a concesión para la ampliación del aeropuerto Carriel Sur, de gran significado para todos los habitantes de la región. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por el señor diputado, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana.REQUISITOS PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. Oficio. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Mulet, por tres minutos. El señor MULET.- Señor Presidente, en el último tiempo, se ha producido una discusión pública en mi región, a raíz de la autorización dada a una empresa para prestar servicio de transporte interurbano de pasajeros, con buses y minibuses, entre las comunas de Copiapó y Chañaral. La empresa, de alguna forma, ha puesto en riesgo el trabajo de casi 200 empresarios dueños de taxis colectivos. Idéntica situación se produjo, a fines de enero de este año, con la misma empresa, en las ciudades de Vallenar y Huasco, a raíz de una autorización similar para el transporte de pasajeros entre ambas ciudades, que afectó a aproximadamente cien pequeños empresarios colectiveros. La gran discusión está en que los buses y minibuses son aparentemente deficientes o, al menos, de calidad inferior a los vehículos de transporte público interurbano de pasajeros, que se autorizan en otras regiones. Además del problema que aflige a los 200 colectiveros que cubren el tramo de Tierra Amarilla y Copiapó y al ciento que hacía el recorrido entre Huasco, Freirina y Vallenar, me preocupa la transparencia del proceso de otorgamiento de los permisos y, lo que es más importante, la seguridad de los pasajeros, que, a mi juicio, se vulnera con los buses y minibuses de origen chino, según me han dicho. Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que, en primer lugar, informe sobre los requisitos y exigencias técnicas y legales que deben reunir los vehículos e interesados, respectivamente, en prestar servicio con buses y minibuses de transporte público de pasajeros, como los que hoy operan entre Tierra Amarilla y Copiapó y entre Huasco y Vallenar, y pida que se remitan a la Cámara todos los antecedentes en que se basó el secretario regional de transporte de Atacama para otorgar las respectivas autorizaciones; en segundo lugar, si los requisitos que deben cumplir los vehículos de transporte colectivo son para todo el territorio nacional o sólo para algunas regiones, y en tercer lugar, en caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuese afirmativa, como yo lo entiendo, que se den a conocer las motivaciones para no restringir su autorización en la Región de Atacama, que represento. Asimismo, solicito que informe si su Ministerio, de alguna forma, verifica la calidad de fabricación de buses y minibuses, especialmente en relación con la protección de la vida e integridad física de los pasajeros. En verdad, los buses y minibuses a que me he referido, a simple vista, son de calidad inferior a los que circulan en el resto del país, y una rebaja transitoria de tarifa de la locomoción colectiva entre las comunas que mencioné, en caso alguno se justifica si pone en riesgo la vida o la integridad física de las personas. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana, del PPD y del Partido Socialista.CONTAMINACIÓN DE ESTERO DE ALHUÉ Y DE AGUAS DE SANTA MARÍA DE PINCHA Y LONCHA, REGIÓN METROPOLITANA. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, el último fin de semana, al recorrer mi distrito, constaté dos problemas de contaminación que afectan a los vecinos de Alhué, una de las comunas más apartadas de la Región Metropolitana y con mayor índice de pobreza. El primero dice relación con la contaminación que se está produciendo del lecho del estero de Alhué, bien nacional de uso público, debido a que hasta la fecha ha sido utilizado para depositar la basura recolectada de la comuna. La situación reviste especial gravedad, toda vez que, al crecer el caudal, la basura -si bien el municipio ha tomado la precaución de quemarla cada cierto tiempo- es arrastrada por las aguas, contamina todo lo que está a su paso y llega finalmente al lago Rapel, centro turístico que nos pertenece a todos los chilenos. Por eso, quiero llamar la atención sobre esto y pedir que se oficie al Intendente de la Región Metropolitana, al Director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, a la Dirección de Aguas del MOP, a la Municipalidad de Alhué y a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, a fin de que, en conocimiento de mi intervención -pido que se remita a los organismos mencionados-, tomen las medidas tendientes a evitar la contaminación que, a su vez, representa un foco de infección para los animales que se alimentan o abrevan allí y luego vuelven a los poblados de la comuna. La segunda situación se relaciona con el relave de Codelco que existe en la localidad de Loncha, en la misma comuna de Alhué, que ha contaminado las aguas de los vecinos de Santa María de Pincha y de Loncha mismo. Codelco nos ha informado que ha dispuesto los recursos para la construcción de pozos profundos, a fin de extraer agua apta para la bebida de los vecinos del sector. Por lo tanto, solicito que se oficie a la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, Emos, con el objeto de que acelere las medidas para dotar de agua potable a la comuna, y al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma, para que verifique la contaminación a que están expuestos los vecinos de esas localidades. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la bancada democratacristiana.PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON MUNICIPALIDADES DE REGIÓN METROPOLITANA. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por cuatro minutos, el Diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero pedir que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de que informe sobre qué alcaldes cobran horas extraordinarias en el desempeño de su cargo y si en la Región Metropolitana existe alguno que, además de percibir el sueldo correspondiente a su cargo, tenga contrato a honorarios con el mismo municipio. Asimismo, solicito que se oficie al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que informe por qué no se hizo parte en la denuncia que interpuso la Contraloría General de la República en contra del alcalde de Recoleta. El 13 de mayo pasado envié un oficio, a través de la Secretaría de la Cámara, al Director Nacional de la Digeder, a fin de que me informara sobre la cantidad de recursos entregados durante 1997 y lo que va corrido de 1998, a las municipalidades de Maipú, Cerrillos y Estación Central, para ser invertidos en infraestructura o para el desarrollo de otras actividades. Dicho oficio no ha tenido respuesta. Ahora deseo reiterar mi petición, pero esta vez al Ministro de Defensa, agregando que deseo conocer la cantidad y el costo de las agendas 1998 enviadas por esa Dirección a diferentes autoridades del país, con un listado completo de quienes las recibieron. Asimismo, deseo conocer la suma total que invierte la Digeder en promocionar a las autoridades, explicitando cómo se distribuye el gasto. De más está decir que ese servicio está cuestionado, y al interior de la Cámara una comisión especial está investigando sus actividades. Por lo tanto, espero que el Ministro de Defensa instruya a la Digeder para que dé respuesta a lo solicitado. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.AUMENTO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS EN COMUNA DE RETIRO. Oficio. El señor ALESSANDRI.- Finalmente, la comuna de Retiro, enclavada en la Séptima Región, entre las comunas de Longaví y Parral, tiene la suerte de contar con un alcalde de selección, dedicado enteramente y con éxito -como el señor Presidente bien lo sabe- al progreso de su comuna. Me refiero al señor José Ramírez, quien solicitó al Diputado Osvaldo Vega y a quien habla que pidiéramos oficiar al Ministro del Interior o a quien corresponda, a fin de que se aumente en dos plazas la dotación de carabineros de su comuna, por problemas generalizados en el país y que no es necesario explicar en esta Cámara, con indicación de que, si se accede a tal petición, los funcionarios permanezcan en la localidad, porque en destinaciones anteriores, luego de algunos días, han sido transferidos a otras comunas vecinas. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.IRREGULARIDADES EN COMPRA Y VENTA DE ENTRADAS PARA PARTIDOS DE CHILE EN MUNDIAL DE FÚTBOL. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, es un hecho de público conocimiento que el señor Leonidas Luccardi Leiva, ciudadano chileno, denunció públicamente hechos que constituyen, a lo menos, presunciones graves de irregularidades en que habrían incurrido funcionarios de la Embajada de Chile en Francia, con motivo de la compra y venta de entradas para los partidos de fútbol que nuestra selección disputó en el último mundial. Los hechos fueron puestos en conocimiento del diputado que habla por el señor Luccardi, quien, junto con otras personas, me expresaron su indignación e impotencia por el hecho de haber pagado las entradas para presenciar los partidos de Chile, las que no llegaron a su poder, debiendo conformarse muchos de ellos con ver los partidos por televisión o tener que comprar las entradas a revendedores a un precio muy superior al oficial. ¿Cuáles son los hechos que menciona el señor Luccardi? Sostiene que se contactó con un señor de apellido Farías de la Agregaduría Naval de la Embajada de Chile en Francia, para analizar la posibilidad de comprar 42 entradas para los partidos de nuestro país en el mundial. Agrega que, de inmediato, el señor Farías lo contactó con otro funcionario de la Embajada de Chile, de nombre Johnny Faúndez, a quien el señor Luccardi le envió el dinero para comprar, en distintas partidas, las 42 entradas, todo lo cual consta en la documentación que solicitaré que se adjunte al oficio que pediré que se envíe a la Contraloría General de la República. Se señala que en la operación no sólo habría participado el señor Johnny Faúndez, sino también el señor Farías -como señalé- de la Agregaduría Naval, y que este último habría expresado al señor Luccardi, en fax de fecha 21 de abril de 1998, enviado desde la misma Embajada de Chile con los membretes respectivos, que se había hecho reserva de las entradas y que depositara el dinero en la cuenta corriente de otra funcionaria de la Embajada, doña Josefina Roma. El señor Luccardi pagó las entradas a cuatro veces su valor comercial y, finalmente, las correspondientes a los partidos de fútbol, particularmente el de Chile con Italia, nunca llegaron a su poder, no obstante haberlas pagado a través de la cuenta corriente que le fue indicada desde la Embajada de Chile y haberse acusado recibo del dinero. Además, señala que, al reclamar las entradas, éstas llegaron a nombre de una persona llamada Estela Barros, o de una agencia que operaba en la venta de entradas, y que las correspondientes al partido de Chile con Camerún estaban entre las que aparecían involucradas en un escándalo de compra y venta de entradas de la Federación de Fútbol de Camerún y que fueron incautadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Fifa. El valor que el señor Luccardi tuvo que pagar al señor Faúndez por las entradas -monto que, como señalé, depositó en una cuenta corriente a nombre de doña Josefina Roma- fue cuatro veces superior a su precio oficial. Así, el valor original de cada entrada era el equivalente a 10.730 pesos chilenos; sin embargo, tuvo que pagar 44.400 pesos chilenos. Agrega el señor Luccardi que, frente a estos hechos, tomó contacto, a través de un fax de fecha 4 de junio, con el Embajador de Chile, señalándole que necesita conversar en forma urgente con él sobre un tema delicado que estaba ocurriendo en la Embajada. El fax aparece recibido con fecha 4 de junio, a las 16.27 horas. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta de la Embajada sobre estos hechos y no se inició investigación alguna. Posteriormente, estos hechos fueron conocidos por mí e inmediatamente se los di a conocer al Ministro de Relaciones Exteriores, mediante una carta de fecha 10 de julio, en la cual le solicito que instruya la respectiva investigación y que se aclaren las responsabilidades existentes en este lamentable episodio. El Ministerio de Relaciones Exteriores efectuó la investigación solicitada y se concluyó, sorpresivamente, que no existió ninguna falta a la probidad; que los funcionarios actuaron en forma diligente, y que no hubo mala fe. Sin embargo, cabe agregar que la principal persona involucrada, el señor Faúndez, renunció a la Embajada, precisamente a raíz de las denuncias formuladas. Hoy he recibido un fax del señor Luccardi, en el cual me señala que formuló una declaración pública en Londres, con fecha 23 de julio, donde señala: “A pesar de que la información que he recibido proviene de informes de la prensa chilena, no me ha sorprendido mucho el resultado final de la investigación de la Embajada de Chile en Francia, la cual puedo definir como ‘barrer la basura debajo de la alfombra’.”. Agrega que el supuesto interrogatorio a que fue sometido en el sumario que se habría instruido, se hizo en forma sorpresiva, pocas horas antes de darse a conocer el resultado de dicho sumario, que absolvió a todos los funcionarios; que nunca se le señaló que estaba siendo parte de una investigación; que sostuvo una conversación absolutamente informal y, lo que es más grave, que sus dichos fueron sacados absolutamente de contexto. Es evidente que se trata de una materia delicada, en primer lugar, porque pone en duda la eficiencia y el adecuado cumplimiento de los deberes que corresponden a una embajada de nuestro país en el extranjero y, en segundo lugar, porque resulta realmente grave que un ciudadano chileno se acerque a un parlamentario, para hacerle presente que ha recurrido a la Embajada de su país en el extranjero; que allí lo han contactado con otros funcionarios de la misma sede diplomática, quienes le dicen que están dispuestos a comprarle las entradas, que finalmente compra; que paga el dinero, y que, por último, éstas no se entregan y -lo que es más grave- tampoco se devuelve el dinero. Adicionalmente, me preocupa el hecho de que, al ser consultado por los periodistas acerca de cómo interpreta la denuncia que, de acuerdo con mis facultades y mi obligación he debido realizar, el Subsecretario de Relaciones Exteriores señala, textualmente: “Éstas son cosas que le hacen mal a Chile. Aquí hay gente que realiza denuncias basadas en apreciaciones muy superficiales y que después resultan en esta investigación”. Quiero protestar formalmente, porque un Subsecretario de Gobierno pretende descalificar la gestión que he realizado en forma responsable y seria. Me he limitado a poner en conocimiento de la autoridad hechos que un ciudadano de este país me ha dado a conocer. La respuesta del Subsecretario me hace pensar que, a lo mejor, lo correcto para él era que yo hubiera guardado silencio. No creo que ése sea el rol que le corresponda a un diputado de la República. Simplemente, he tomado los antecedentes, le envié una carta al Canciller, hablé con él y los puse a su disposición, a la espera de que se haga una investigación a fondo. Me parece que estos hechos deben ser investigados, que hay fundadas razones para creer que ciertas circunstancias no han sido esclarecidas a fondo. Basta señalar, entre ellas, las siguientes: Razón por la que los funcionarios de la Embajada de Chile en Francia participarían en una operación de reventa de entradas del mundial de fútbol a un valor cuatro veces superior al oficial. Destino de los fondos de los dineros del señor Luccardi, que pagó a los funcionarios de la embajada de Chile, cuya finalidad era cancelar las entradas para los partidos de nuestra selección, algunas de las cuales nunca llegaron a poder de los compradores. Motivo por el cual el señor Farías, de la Agregaduría Naval, en el fax dirigido desde la embajada de Chile, con fecha 21 de abril de 1998, al señor Luccardi, le ratifica la compra de las entradas: “Informar a este mando al ejecutar depósito y enviar copia vía fax”. Por lo limitado del tiempo, no podré formular una serie de otras consultas, como razón por la cual el Embajador de Chile, don Fabio Vío, no habría conocido estos hechos, a pesar de que el señor Luccardi envió a nuestra sede diplomática un fax con fecha 4 de junio del año en curso, solicitándole una audiencia para tratar un tema muy delicado. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado. El señor ESPINA.- Señor Presidente, para poder finalizar, solicito al Comité que le corresponde intervenir a continuación que me conceda algún tiempo. El señor NARANJO (Vicepresidente).- No es posible, señor diputado; pero solicite los oficios. El señor ESPINA.- Solicito que se oficie a la Contraloría General de la República para que, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, inicie la investigación y sumarios administrativos ante las eventuales infracciones detectadas con los hechos relacionados con la venta y reventa de entradas al mundial de fútbol, en la Embajada de Chile en Francia. Además, que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que remita íntegramente el sumario instruido en la embajada de Chile en ese país, con el objeto de que se conozcan y esclarezcan todos estos hechos. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Comités de la Unión Demócrata Independiente, del Partido Socialista y del Diputado señor Mora.RESTITUCIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL EN BENEFICIO DEL SECTOR PASIVO. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Van Rysselberghe. El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, hoy hemos visto en esta Sala cómo el Gobierno y la Concertación dejan de manifiesto el doble estándar que acostumbran tener en temas económicos y sociales. Un botón de muestra son las precarias condiciones en las que se encuentran tantos chilenos, que habiendo ahorrado toda una vida en forma obligada en el antiguo sistema previsional -garantizado por el Estado de Chile-, que aseguraba a sus imponentes que el esfuerzo que realizaban les permitiría tener un pasar digno, cuando su edad ya no les permitiera una vida laboral activa, hoy, apenas cuentan con los recursos para subsistir, la mayoría de las veces como allegado de algún familiar. Como dije, la ilusión de esa gente estaba avalada por el Estado, pero, desgraciadamente, se vio frustrada, porque en el pasado los gobiernos ocuparon esos dineros para invertirlos en Chile. Si lo hicieron bien o mal, es materia opinable que la historia juzgará; pero la verdad es que esos gobiernos quebraron al país con sus políticas y, con ello, al antiguo sistema previsional que protegía a los trabajadores de Chile. Lo anterior genera una deuda que hoy el país está en condiciones de pagar. Por lo tanto, el Estado debe hacer el esfuerzo para cubrir la gran deuda que tenemos con los miembros de esa generación, hoy jubilados, y por ello es injusto que el gobierno de la Concertación haya amarrado una reforma tributaria profunda e infundada al ir mucho más allá del financiamiento necesario para cubrir el minúsculo y ridículo reajuste determinado para el sector pasivo. Lo anterior pone en evidencia que el Gobierno no pretende pagar la inmensa deuda social que el país tiene con el sector pasivo, sino que sólo se quiere forzar una mayor recaudación fiscal, utilizando para ello a los jubilados como escudo y justificación, pero la inequidad va mucho más allá. Todos sabemos que recientemente el gobierno de la Concertación ha incurrido en gastos superfluos, inconsecuentes con su discurso y discriminatorios con el resto del país, en especial con el sector pasivo. Se dice que no hay plata para los jubilados, pero el Presidente se compra un avión de más de 30 millones de dólares, para que su Excelencia pueda ducharse mientras vuela a insertar el país en el mundo, lo que no parece resultarle, ya que cada día que pasa se reduce la inversión extranjera en Chile. Y lo más grave es que también disminuye el prestigio de país serio, que tanto nos había costado ganar. Se dice que no hay plata para los jubilados, pero junto con ello se envía al Congreso un proyecto de elecciones primarias, cuyo costo es de miles de millones de pesos, para solucionar problemas políticos de la Concertación. Ello es una clara muestra de la inequidad del Gobierno para favorecer la política y a los políticos de su conglomerado. Como si todo lo anterior fuera poco, también se discrimina negativamente a los jubilados respecto de los partidos políticos. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que favorece en forma mayoritaria a los partidos de Gobierno. Me refiero a la devolución de los bienes de los partidos políticos, adquiridos con fondos de los militantes. Pues bien, a lo largo de Chile también existen numerosos bienes fiscales comprados por las distintas cajas de previsión, es decir, con los fondos obtenidos por el Estado y que salieron del bolsillo de muchos trabajadores, los mismos que hoy son jubilados del antiguo sistema. También deberíamos presentar iniciativas que hagan justicia respecto de los bienes comprados por el Estado con fondos recolectados de las cotizaciones de las cajas de previsión, patrimonio que debería beneficiar a los jubilados, pensionados o montepiadas, que son quienes hicieron el sacrificio obligado de pasarle ese dinero al Estado, pero con un objetivo distinto del que cumple hoy. Esta actitud estatal compromete la fe pública. A raíz de lo anterior, es fundamental conocer un inventario nacional que nos permita una clara idea de las propiedades y bienes que el Estado de Chile ha adquirido con fondos de las distintas cajas de previsión y del Instituto de Normalización Previsional. Ello permitiría apoyar de manera concreta a este golpeado sector de nuestra sociedad. Tal como se devolvieron los bienes de los partidos políticos, podríamos propiciar devolver este patrimonio que, en justicia, pertenece en gran parte a los jubilados, pero que hoy se encuentra en poder del Estado. Con dicho patrimonio debería formarse un fondo de solidaridad con la tercera edad, ocupando estos recursos en el desarrollo de acciones concretas que vayan en directo beneficio del sector pasivo, como construir, a lo largo y ancho de Chile, casas de reposo, centros de asistencia y recreación para la tercera edad, como también otorgar rebajas en la locomoción colectiva, subsidios en la compra de medicamentos y otras posibles subvenciones que signifiquen un real mejoramiento de la dramática situación por la que hoy atraviesan los jubilados. Esta iniciativa se hace indispensable cuando todos somos testigos de que los proyectos presentados por el Gobierno no solucionan el problema que hoy afecta al sector pasivo. La nación es testigo de cómo el gobierno de la Concertación todavía no cumple con los compromisos adquiridos con este sector tan necesitado; sólo parece conformarse con crear comisiones, que resultan inoperantes para enfrentar la dramática situación que viven los jubilados. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la Comisión del Adulto Mayor, que nació hace casi cuatro años, con el fin de asesorar sobre el tema al Presidente de la República, sin que hasta hoy el país vea mayores resultados. Todos han sido testigos de cómo hoy he dado mi aprobación al proyecto del Gobierno, mal llamado de aumento de pensiones; pero me molesta que el Ejecutivo ponga a la Corporación en una situación tal, que muchos parlamentarios, con el deseo de hacer algo de justicia por los jubilados, nos veamos prácticamente obligados a aprobarlo, como un mal menor, a “reajustitos” que parecen propinas y que resultan ofensivos ante el esfuerzo realizado por tantos chilenos, en especial si detrás de eso existe la mezquina finalidad de recaudar más impuestos que, como siempre, afectan principalmente el bolsillo de los más pobres. Tenemos el imperativo ético de hacer justicia a aquellos compatriotas jubilados y burlados por el Estado, que pretende quedarse con lo que moralmente no le pertenece. Por ello, insisto en la obligación de impulsar la formación del fondo de solidaridad con la tercera edad. Tengo la seguridad de que las herramientas y el patrimonio para formarlo están en poder del Estado y sólo falta voluntad política para concretarlo. Para estudiar la factibilidad de lo planteado, pido a la Mesa oficiar a la Ministra de Bienes Nacionales y al Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que informen qué bienes raíces pertenecientes al Estado fueron comprados por las distintas Cajas de Previsión, y que se incluyan los adquiridos por el Instituto de Normalización Previsional, indicando su ubicación, superficie, valor actual, otras características relevantes y su destino. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.SUPRESIÓN DE OFICINAS DE IMPUESTOS INTERNOS UBICADAS EN VIÑA DEL MAR. Oficio. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En los treinta segundos que restan al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, solicito se oficie al Director Nacional de Impuestos Internos para que informe acerca de las intenciones y decisiones que dicho servicio tiene proyectadas respecto de las oficinas situadas en la ciudad de Viña del Mar y confirme o desmienta las informaciones referidas a una eventual supresión de las mismas. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 20.57 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo relativo a la Convención sobre la Prohibición, Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, suscrito en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997. (boletín Nº 2209-10)“Honorable Cámara de Diputados: Tengo el honor de someter a la aprobación de vuestras señorías la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, adoptada en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, y suscrita por Chile, el 3 de diciembre de 1997, en Ottawa, Canadá. Dicho instrumento internacional, que consta de un Preámbulo y 22 Artículos, tiene por propósitos fundamentales prohibir el empleo, el desarrollo, la producción, la adquisición, el almacenamiento, la conservación o transferencia, directa o indirectamente, de minas antipersonales; ayudar, estimular o inducir de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad que no pudiese realizar un Estado Parte, conforme a la Convención; y, finalmente, destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales, de acuerdo con lo prevenido en la Convención.I. OBLIGACIONES GENERALES. Tales objetivos constan en los números 1 y 2 del Artículo 1, denominado precisamente obligaciones generales. El Artículo 2, recoge las definiciones básicas para la aplicación de la Convención, estableciéndose en sus números 1 a 5 lo que ha de entenderse por “minas antipersonales”, “mina”, “dispositivo antimanipulación”, “transferencia” y “zona minada”. A su turno, el Artículo 3 contempla las excepciones a las obligaciones generales del Artículo 1, que son dos: la retención o la transferencia de una cantidad mínima de minas antipersonales para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento de dichas técnicas. La transferencia de minas antipersonales sólo está permitida cuando se realiza para su destrucción. El artículo 4, referido a la destrucción de las existencias de minas antipersonales, consigna la obligación del Estado Parte de proceder a la “destrucción, o a garantizar la destrucción, de todas las existencias de minas antipersonales que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control”, lo que debe concretarse a más tardar en un plazo de 4 años, plazo que se contará a partir de la entrada en vigor de la Convención para cada Parte Contratante. Diferente al anterior, es el caso que contempla el artículo 5, que dice relación con la destrucción de minas antipersonales colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control; toda vez que si bien el compromiso de destrucción también debe materializarse lo antes posible, se les confiere a los Estados Parte un plazo de 10 años desde la entrada en vigor para cada uno de ellos. Lo anterior, por cuanto la Convención se hace cargo de las dificultades técnicas y financieras involucradas en tareas masivas de desminado. No obstante, si un Estado Parte “cree que será incapaz” de destruir o garantizar la destrucción de todas las minas antipersonales sembradas en las “zonas minadas” dicho plazo de 10 años puede serle prorrogado por la Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Revisión por hasta diez años más, previa presentación de un solicitud fundada. Más aún, el Artículo 5, número 6, prevé la posibilidad de renovación de la prórroga aludida precedentemente (por un plazo que también puede llegar a diez años) tras someter la presentación de una nueva solicitud fundada a la consideración de la Conferencia de los Estados Parte o de la Conferencia de Revisión. En consecuencia, aplicando todas las disposiciones del referido Artículo 5, los Estados Parte pueden teóricamente llegar a disponer de un plazo total de 30 años para destruir las minas antipersonales sembradas en las “zonas minadas”.II. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. El Artículo 6, haciéndose cargo de las grandes dificultades que para ciertos Estados Parte puede significar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en el instrumento, detalla mecanismos -bilaterales y multilaterales- para articular la cooperación internacional en las tareas de desminado. Estas provisiones son de importancia considerable para Estados pobres en los que se haya plantado cantidades considerables de minas antipersonales. La Convención otorga a todos los Estados Parte el “derecho a solicitar y recibir ayuda de otros Estados Parte” para dar cumplimiento a las obligaciones que adquiere (número 1). Cada Estado Parte puede solicitar tanto a las Naciones Unidas, a organizaciones regionales y otros Estados Parte, su ayuda para elaborar un Programa Nacional de Desminado (número 7); al hacerlo, sin embargo, asume el compromiso de garantizar la “completa y rápida puesta en práctica de los programas de ayuda acordados” (número 8). Paralelamente, todos los Estados Parte asumen el compromiso de “facilitar el intercambio más completo posible de equipo, material e información científica y técnica en relación con la aplicación” del Tratado y adquieren además “el derecho de participar en este intercambio” (número 2) -lo que puede interpretarse como una medida de fomento de la confianza- como también el compromiso de “proporcionar información a la base de datos sobre limpieza de minas establecida en el sistema de Naciones Unidas, especialmente la información relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza de minas...” (número 6). Además, los Estados Parte “que estén en condiciones de hacerlo” proporcionarán ayuda: a) para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas antipersonales;b) para las labores de desminado en sí mismas, yc) para la destrucción de existencias de minas antipersonales (bajo condiciones seguras que ciertos Estados Parte -generalmente pobres- donde se han sembrado grandes cantidades de minas, no podrían garantizar técnicamente) (número 3, 4 y 5).III. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA. En el universo del desarme, los sistemas de verificación constituyen un requisito de eficacia y legitimidad de los Tratados pertinentes. En la Convención, este régimen descansa en las “Medidas de Transparencia”, definidas en el Artículo 7º, y en el mecanismo de “Facilitación y Aclaración de Cumplimiento”, consignado en el Artículo 8º. Las “Medidas de Transparencia” consisten básicamente en información amplia que cada Estado Parte se compromete a hacer llegar al Secretario General no después de 180 días contados desde la fecha de entrada en vigor de la Convención para cada Estado Parte. Dicha información se actualizará anualmente y será transmitida periódicamente por el Secretario General a todas las otras Partes Contratantes. La información se refiere a: a) las medidas de aplicación de la Convención a nivel nacional, b) el total (con descripción detallada) de minas antipersonales que posea, c) la ubicación (con descripción detallada) de las “zonas minadas” bajo su jurisdicción o control, d) el detalle de las minas antipersonales que desee conservar para fines de desarrollo de técnicas de desminado y entrenamiento para el desminado (Artículo 3º);e) el detalle de las minas antipersonales que el Estado Parte eventualmente transfiera para el solo fin de ser destruidas en otro (o por otro) Estado Parte; f) los programas de reconversión o cierre definitivo de plantas de producción de minas antipersonales; g) el detalle de la situación de los programas de destrucción de minas antipersonales incluyendo las medidas tanto de seguridad como ambientales que se observarán; h) los tipos y cantidades (con detalle) de las minas antipersonales destruidas; i) las características técnicas de cada tipo de minas antipersonales que haya sido introducida o que sea poseída por el Estado Parte para facilitar las labores de desminado, y j) las medidas adoptadas para prevenir a la población civil sobre la existencia de “zonas minadas” en su territorio. A su vez, el mecanismo de “Facilitación y Aclaración de Cumplimiento”, detallado en el Artículo 8º, consiste en un procedimiento que se activa cuando uno o más Estados Parte quieren: a) “aclarar”, y/o b) “buscar resolver cuestiones relacionadas con el cumplimiento (de la Convención) por otro Estado”.IV. ACLARACIONES. Para ello, el o los Estados Parte interesados en la aclaración y/o en la resolución de la cuestión relacionada con el cumplimiento por otro Estado Parte, deben presentar a éste -por intermedio del Secretario General- una “Solicitud de Aclaración” acompañada de “toda información apropiada”. En la práctica, esta “Solicitud de Aclaración” puede equipararse a la “denuncia” que contemplan otros Tratados de Desarme. Por lo mismo, resulta importante destacar que la Convención dispone a la letra que “Cada Estado Parte se abstendrá de presentar solicitudes de aclaración no fundamentadas, procurando no abusar de ese mecanismo” (número 2), precisión que es de gran valor para Chile, que en el pasado ha sido objeto de denuncias motivadas por razones de políticas internas de otros países. Indudablemente un Estado Parte que abuse del mecanismo de la “Solicitud de Aclaración” no obtendrá el apoyo de los restantes Estados Parte para proseguir hacia las instancias más avanzadas del procedimiento contemplado en el Artículo 8º (ver 8.5.5. infra). El Estado Parte que reciba la “Solicitud de Aclaración” debe absolverla en un plazo de 28 días (número 2). Pero si no la responde o entrega una respuesta que el o los solicitantes estiman insatisfactoria éstos -por intermedio del Secretario General- pueden elevar la cuestión a la próxima Reunión de los Estados Parte, los que recibirán de aquél todos los antecedentes, como también el Estado al que se formula la “Solicitud de Aclaración”, el que tendrá “el derecho de réplica” (número 3). No obstante, en el lapso precedente a la Reunión de los Estados Parte, cualquiera de “los Estados Parte involucrados puede solicitar al Secretario General que ejercite sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada” (número 4). El o los solicitantes pueden también proponer -siempre por intermedio del Secretario General- la convocatoria de una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte “para considerar el asunto”. El procedimiento para convocarla está detallado en el número 5, bastando poner de relieve que se requiere al menos el asentimiento de un tercio de dichos Estados Parte par que el Secretario General la convoque. Los Estados Parte, convocados ya sea en el marco de la Reunión (ordinaria) o una Reunión Extraordinaria y teniendo a la vista “toda la información presentada por (...) los afectados”, debe decidir en primer lugar “si ha de proseguir en la consideración del asunto”. Esta disposición otorga a la Reunión la posibilidad de resolver sobre el mérito de la “Solicitud de Aclaración”, pronunciamiento que debe procurar obtener por consenso, pero que, en caso de no conseguirse éste, adoptará “por mayoría de los Estados Parte presentes y votantes” (número 6). Si la Reunión acuerda continuar ocupándose del asunto, lo tratará contando con la cooperación plena de todos los Estados Parte (número 7) y, en el caso de requerir mayor aclaración, podrá autorizar “una misión de determinación de hechos” (fact-finnding mission), cuyo mandato específico será decidido por mayoría. Empero, el Estado Parte destinatario de la “Solicitud de Aclaración” tiene “en cualquier momento” la opción de “invitar a su territorio una misión de determinación de hechos”, la que no requiere de la autorización de la Reunión (número 8). Estas misiones estarán integradas por hasta nueve expertos, que serán escogidos de una lista permanente (previa y actualizada) que el Secretario General conformará a partir de propuestas de nombre que le harán los Estados Parte. Una vez incluidos en la lista, los expertos que en ella figuren se considerarán como designados “para todas las misiones (futuras) de determinación de hechos”. No obstante, la lista preparada por el Secretario General será puesta en conocimiento de todos los Estados Parte, los que tendrán la posibilidad de rechazar por escrito uno o más nombres en ella. Estos expertos rechazados por un Estado Parte no dejarán de integrar la lista, pero no podrán participar en misiones “en el territorio o en cualquier otro lugar bajo la jurisdicción o control del Estado Parte que lo rechazó, si el rechazo fue declarado antes del nombramiento del experto para dicha misión” (número 9). El Secretario General nombrará a los miembros de cada “misión de determinación de hechos”, incluso su jefe, pero -reafirmado el carácter diplomático del procedimiento- sólo lo hará después de consultas con el Estado Parte cuestionado y en todo caso excluyendo de la misión a los nacionales de todos los Estados Parte que soliciten la misión “o que se vean directamente afectados” por la misma. Los miembros de cada misión gozan de los privilegios e inmunidades acordados a oficiales de las Naciones Unidas (número 10), según lo estipulado en el Artículo VI de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización, adoptada el 13 de febrero de 1946. Los números 11 al 14 aseguran que las “misiones de determinación de hechos” contarán -dentro del territorio del Estado Parte que visiten (y en el que pueden permanecer por no más de 14 días, “a menos que se acuerde otra cosa”)- con los siguientes derechos:a) ingreso y facilidades de alojamiento y transporte;b) garantías de seguridad “al máximo nivel posible”:c) introducción de “equipo necesario”, y d) acceso a personas, áreas e instalaciones donde “se puedan recoger pruebas relativas al asunto del cumplimiento cuestionado”. Este último derecho, empero, puede estar sujeto a “cualquier medida que el Estado Parte (visitado) considere necesario adoptar para: i) proteger equipo, información y áreas “sensibles”,ii) observar las disposiciones de su constitución respecto del derecho de propiedad, “registros, incautaciones u otros derechos constitucionales”, y iii) la protección y seguridad física de los miembros de la misión.”. La limitación referida en ii), privilegia el derecho constitucional que puede asistir a personas naturales o jurídicas nacionales del Estado Parte visitado para oponerse a la inspección de equipos, registros o instalaciones privadas. Sin embargo, si el Estado Parte visitado impone limitaciones de acceso, “deberá hacer todos los esfuerzos razonables para demostrar, a través de medios alternativos, que cumple la Convención” (número 14, párrafo final). El número 16 del Artículo 8º contiene la regla de protección de la información confidencial “no relacionada con el asunto” que es común en los Tratados de Desarme y los Acuerdos de Salvaguardias del OIEA, y que constituyen una garantía para la seguridad del Estado Parte visitado. Una vez realizada la visita de la “misión de determinación de hechos”, la Reunión (ordinaria) o Extraordinaria de los Estados Parte evaluará los resultados y podrá:a) solicitar al Estado Parte requerido que “tome medidas para remediar el asunto del cumplimiento cuestionado dentro de un período de tiempo especificado”, medidas de cuya ejecución el Estado Parte cuestionado deberá informar (número 18), o b) “sugerir a los Estados Parte afectados, modos y maneras de aclarar aún más o resolver el asunto bajo consideración, incluido el inicio de procedimientos apropiados de conformidad con el Derecho Internacional”. Cuando se determine que el asunto en cuestión “se debe a circunstancias fuera del control del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la Reunión podrá recomendar medidas apropiadas”, entre ellas las de cooperación internacional del Artículo 6º. La Reunión “deberá hacer todo lo posible por adoptar sus decisiones (resultantes de la visitas de las misiones de determinación de hechos) por consenso”. “En caso contrario, las decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes”.V. MEDIDAS. Por otra parte, a la entrada en vigor de la Convención para sí, cada Estado Parte deberá adoptar un conjunto de medidas orientadas a:a) impedir las violaciones a su texto, y b) suprimir las violaciones que eventualmente puedan cometerse dentro de su propio territorio, o territorio sometido a su jurisdicción y control. Estas medidas, previstas en el Artículo 9º, son variadas: “legales, administrativas y de otra índole”. Se incluyen, asimismo, “la imposición de sanciones penales” a quienes infrinjan la Convención. Ésta es una precaución que también contempla la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas y que tiende a prevenir las infracciones cometidas por particulares. Tales controversias son, en todo caso, distintas de aquellas que se resuelven mediante el mecanismo de “Facilitación y Aclaración de Cumplimiento” contenido en el Artículo 8º y cuyas disposiciones el Artículo 10 no menoscaba. Si las consultas y la cooperación bilateral que “los Estados Parte se comprometen” a emprender para resolverlas no fueren fructíferas, “cualquier (a) (de ellos) puede presentar el problema a la Reunión de los Estados Parte”, que “podrá contribuir a la solución de controversias”:a) “por cualquier medio que considere apropiado, incluyendo el ofrecimiento de sus buenos oficios...”, y b) instando a las Partes en una controversia” a comenzar los procedimientos de solución que hayan elegido (...recomendado) un plazo para su finalización.VI. REUNIONES REGULARES. El Artículo 11 prevé reuniones regulares -anuales- de los Estados Parte “para considerar cualquier asunto en relación con la aplicación o el cumplimiento de la Convención”, en particular aquellos que detalla en los literales a) a f), y que incluyen la adopción de las Reglas de Procedimiento de la Conferencia, como también las Reuniones Extraordinarias que se han reseñado al comentar el Artículo 8º. La periodicidad de las Reuniones y de las Conferencias de Examen o Revisión (y eventualmente de Enmienda) es una característica saliente de los Tratados de Desarme y No Proliferación que denota:a) la gravitación de su temática sobre la seguridad internacional;b) consecuentemente, su sensibilidad política, y c) el carácter evolutivo (desde las perspectivas política y técnica) de las materias que gobiernan. Todas las Reuniones -incluyendo las Extraordinarias- como también las Conferencias de Examen son convocadas por el Secretario General. La primera Reunión (ordinaria) será convocada dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigor de la Convención. Los Estados que todavía no son Parte, organismos internacionales pertinentes y las O.N.Gs. “pueden ser invitados” -tanto a las Reuniones como a las Conferencias de Examen y de enmienda- a participar como observadores, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento. La primera Conferencia de Examen será convocada cinco años después de la entrada en vigor de la Convención. El Secretario General convocará las Conferencias de Examen siguientes cuando se lo soliciten uno o más Estados Parte, en intervalos no menores de cinco años (Artículo 12). Las Conferencias de Enmienda son por su parte el resultado de una propuesta de enmienda de la Convención que pueda ser formulada por “todo Estado Parte, en cualquier momento después de (su) entrada en vigor” (Artículo 13). Estas propuestas son comunicadas al Depositario (el Secretario General) quien las circula a todos los Estados Parte a los que, además, pide opinión sobre la eventual convocatoria sobre una Conferencia de Enmienda. La convocatoria se hace cuando una mayoría de Estados Parte -a más tardar treinta días después de la circulación- notifica su asentimiento al Secretario General. La Conferencia de Enmienda se celebra “inmediatamente después de una Reunión de los Estados Parte o una Reunión de los Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los Estados Parte solicite que se haga antes”. Las enmiendas se adoptan por una mayoría de los dos tercios de los Estados Parte presente y votantes en la Conferencia de Enmienda. Una vez aprobadas, las enmiendas son comunicadas a todos los Estados Parte por el Secretario General y entran en vigor cuando una mayoría de los Estados Partes entregan al Depositario (el Secretario General) su “instrumento de aceptación”. Posteriormente, entran en vigor para los restantes Estados Parte en la fecha en que vayan entregando sus respectivos instrumentos de aceptación.VII. VIGENCIA Y DENUNCIA. Las disposiciones finales, Artículo 14 al 22, regulan aspectos procesales y administrativos. La Convención entrará en vigor 180 días después que se deposite el cuadragésimo instrumento “de ratificación, de aceptación o de aprobación”. Para los Estados que la ratifiquen, acepten o aprueben después, la Convención entrará en vigor 180 días después del depósito del instrumento que corresponda (Artículo 17). Este instrumento como todos los tratados de desarme, no admite reservas (Artículo 19). Cada Estado Parte tiene el derecho de denunciar la Convención, que es de duración ilimitada. La denuncia debe contener “una explicación completa de las razones que motivan (la) retirada” y debe ser comunicada a todos los Estados Parte, al Depositario (el Secretario General) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Artículo 20). Las obligaciones internacionales del Estado Parte denunciante cesan 180 días después de la recepción del “instrumento de retirada”. Sin embargo, si dentro de dichos 180 días “el Estado Parte que se retira está envuelto en un conflicto armado”, tales obligaciones continuarán en vigor hasta “el final del conflicto armado”. Además, la denuncia “no afecta de ninguna manera el deber de los Estados (de) seguir cumpliendo con obligaciones contraídas de acuerdo con el Derecho Internacional” (entre las cuales, ciertamente, se hallan las normas de Derecho Internacional que constituyen “jus cogens”). En mérito de las consideraciones expuestas, someto a vuestra consideración el siguientePROYECTO DE ACUERDO: “ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, adoptada en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS, Ministro de Relaciones Exteriores; RAÚL TRONCOSO CASTILLO, Ministro de Defensa Nacional”.CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONALES Y SOBRE SU DESTRUCCIÓNPreámbulo Los Estados Parte, decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonales, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento. Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para contribuir de manera eficiente y coordinada a enfrentar el desafío de la remoción de minas antipersonales colocadas en todo el mundo, y a garantizar su destrucción. Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el cuidado y rehabilitación de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social y económica. Reconociendo que una prohibición total de minas antipersonales sería también una importante medida de fomento de la confianza. Acogiendo con beneplácito la adopción del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, según fuera enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados; y haciendo un llamado para la pronta ratificación de ese Protocolo por parte de aquellos Estados que aún no lo han hecho. Acogiendo con beneplácito, asimismo, la Resolución 51/45 S del 10 de diciembre de 1996 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se exhorta a todos los Estados a que procuren decididamente concertar un acuerdo internacional eficaz y de cumplimiento obligatorio para prohibir el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de las minas terrestres antipersonales. Acogiendo con beneplácito, además, las medidas tomadas durante los últimos años, tanto unilaterales como multilaterales, encaminadas a prohibir, restringir o suspender el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. Poniendo de relieve el papel que desempeña la conciencia pública en el fomento de los principios humanitarios, como se ha puesto de manifiesto en el llamado hecho para lograr una total prohibición de minas antipersonales, y reconociendo los esfuerzos que con ese fin han emprendido el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la campaña internacional para la prohibición de las minas y otras numerosas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Recordando la declaración de Ottawa del 5 de octubre de 1996 y la declaración de Bruselas del 27 de junio de 1997, que instan a la comunidad internacional a negociar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que prohíba el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales. Poniendo énfasis en el deseo de lograr que todos los Estados se adhieran a esta Convención, y decididos a trabajar denodadamente para promover su universalidad en todos los foros pertinentes, incluyendo, entre otros, las Naciones Unidas, la Conferencia de Desarme, las organizaciones y grupos regionales, y las conferencias de examen de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Basándose en el principio del derecho internacional humanitario según el cual el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, en el principio que prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de combate de naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, y en el principio de que se debe hacer una distinción entre civiles y combatientes. Han convenido en lo siguiente:Artículo 1Obligaciones generales1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:a) Emplear minas antipersonales;b) Desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonales;c) Ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales de conformidad con lo previsto en esta Convención.Artículo 2Definiciones1. Por “mina antipersonales” se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son considerados minas antipersonales por estar así equipadas.2. Por “mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo.3. Por “dispositivo antimanipulación” se entiende un dispositivo destinado a proteger una mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado, o colocado bajo la mina, y que se activa cuando se intenta manipularla o activarla intencionadamente de alguna otra manera.4. Por “transferencia” se entiende, además del traslado físico de minas antipersonales hacia o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero que no se refiere a la transferencia de territorio que contenga minas antipersonales colocadas.5. Por “zona minada” se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en la que se sospecha su presencia.Artículo 3Excepciones1. Sin perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el Artículo 1, se permitirá la retención o la transferencia de una cantidad de minas antipersonales para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de tales minas no deberá exceder la cantidad mínima absolutamente necesaria para realizar los propósitos mencionados más arriba.2. La transferencia de minas antipersonales está permitida cuando se realiza para su destrucción.Artículo 4Destrucción de las existencias de minas antipersonales Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3, cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonales que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.Artículo 5Destrucción de minas antipersonales colocadas en las zonas minadas1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonales, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonales en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonales contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales a las que se hace mención en el párrafo 1 dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonales.4. Cada solicitud contendrá:a) La duración de la prórroga propuesta:b) Una explicación detallada de las razones para la prórroga propuesta, incluidos:i) La preparación y la situación del trabajo realizado al amparo de los programas nacionales de desminado;ii) Los medios financieros y técnicos disponibles al Estado Parte para destruir todas las minas antipersonales; yiii) Las circunstancias que impiden al Estado Parte destruir todas las minas antipersonales en las zonas minadas.c) Las implicaciones humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la prórroga; yd) Cualquiera otra información en relación con la solicitud para la prórroga propuesta.5. La reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberá, teniendo en cuenta el párrafo 4, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados Parte, si se concede.6. Dicha prórroga podrá ser renovada con la presentación de una nueva solicitud de conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 de este Artículo. Al solicitar una nueva prórroga, el Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado durante el previo período de prórroga en virtud de este Artículo.Artículo 6Cooperación y asistencia internacionales1. En el cumplimiento de sus obligaciones conforme a esta Convención, cada Estado Parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia de otros Estados Parte, cuando sea factible y en la medida de lo posible.2. Cada Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de equipo, material e información científica y técnica en relación con la aplicación de la presente Convención, y tendrá derecho a participar en ese intercambio. Los Estados Parte no impondrán restricciones indebidas al suministro de equipos de limpieza de minas, ni a la correspondiente información técnica con fines humanitarios.3. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y económica, así como para los programas de sensibilización sobre minas. Esta asistencia puede ser otorgada, inter alia, por el conducto del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional, organizaciones no gubernamentales, o sobre la base de acuerdos bilaterales.4. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para las labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal asistencia podrá brindarse, inter alia, a través del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales o regionales, organizaciones no gubernamentales, o sobre una base bilateral, o contribuyendo al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas de la Asistencia para la remoción de minas u otros fondos regionales que se ocupen de este tema.5. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para la destrucción de las existencias de minas antipersonales.6. Cada Estado Parte se compromete a proporcionar información a la base de datos sobre la limpieza de minas establecida en el sistema de las Naciones Unidas, especialmente la información relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza de minas, así como listas de expertos, organismos de especialistas o centros de contacto nacionales para la limpieza de minas.7. Los Estados Parte podrán solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, a otros Estados Parte o a otros foros intergubernamentales o no gubernamentales competentes que presten asistencia a sus autoridades para elaborar un programa nacional de desminado con el objeto de determinar inter alia:a) La extensión y ámbito del problema de las minas antipersonales;b) Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del programa;c) El número estimado de años necesarios para destruir todas las minas antipersonales de las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Parte afectado;d) Actividades de sensibilización sobre el problema de las minas con objeto de reducir la incidencia de las lesiones o muertes causadas por las minas;e) Asistencia a las víctimas de las minas;f) Las relaciones entre el Gobierno del Estado Parte afectado y las pertinentes entidades gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales que trabajarán en la ejecución del programa.8. Cada Estado Parte que proporcione o reciba asistencia de conformidad con las disposiciones de este artículo, deberá cooperar con objeto de asegurar la completa y rápida puesta en práctica de los programas de asistencia acordados.Artículo 7Medidas de transparencia1. Cada Estado Parte informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan pronto como sea posible, y en cualquier caso no más tarde de 180 días a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte sobre:a) Las medidas de aplicación a nivel nacional según lo previsto en el artículo 9;b) El total de las minas antipersonales en existencias que le pertenecen o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, incluyendo un desglose del tipo, cantidad y, si fuera posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonales en existencias;c) En la medida de lo posible, la ubicación de todas las zonas minadas bajo su jurisdicción o control que tienen, o se sospecha que tienen, minas antipersonales, incluyendo la mayor cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de mina antipersonales en cada zona minada y cuándo fueron colocadas;d) Los tipos, cantidades y, si fuera posible, los números de lote de todas las minas antipersonales retenidas o transferidas de conformidad con el Artículo 3, para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas, y el adiestramiento en dichas técnicas, o transferidas para su destrucción, así como las instituciones autorizadas por el Estado Parte para retener o transferir minas antipersonales;e) La situación de los programas para la reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de producción de minas antipersonales;f) La situación de los programas para la destrucción de minas antipersonales, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5, incluidos los detalles de los métodos que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los lugares donde tendrá lugar la destrucción y las normas aplicables en materia de seguridad y medio ambiente que observan;g) Los tipos y cantidades de todas las minas antipersonales destruidas después de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado Parte, incluido un desglose de la cantidad de cada tipo de mina antipersonales destruida, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 respectivamente, así como, si fuera posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonales en el caso de destrucción, conforme a lo establecido en el Artículo 4;h) Las características técnicas de cada tipo de mina antipersonales producida, hasta donde se conozca, y aquellas que actualmente pertenezcan a un Estado Parte, o que éste posea, dando a conocer, cuando fuera razonablemente posible, la información que pueda facilitar la identificación y limpieza de minas antipersonales; como mínimo, la información incluirá las dimensiones, espoletas, contenido de explosivos, contenido metálico, fotografías en color y cualquier otra información que pueda facilitar la labor de desminado; yi) Las medidas adoptadas para advertir de forma inmediata y eficaz a la población sobre todas las áreas a las que se refiere el párrafo 2, Artículo 5.2. La información proporcionada de conformidad con este Artículo se actualizará anualmente por cada Estado Parte respecto al año natural precedente y será presentada al Secretario General de las naciones Unidas a más tardar el 30 de abril de cada año.3. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá dichos informes recibidos a los Estados Parte.Artículo 8Facilitación y aclaración de cumplimiento1. Los Estados Parte convienen en consultarse y cooperar entre sí con respecto a la puesta en práctica de las disposiciones de esta Convención, y trabajar conjuntamente en un espíritu de cooperación para facilitar el cumplimiento por parte de los Estados Parte de sus obligaciones conforme a esta Convención.2. Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de esta Convención, por parte de otro Estado Parte, pueden presentar, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una solicitud de aclaración de este asunto a ese Estado Parte. Esa solicitud deberá estar acompañada de toda información apropiada. Cada Estado Parte se abstendrá de presentar solicitudes de aclaración no fundamentadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que reciba una solicitud de aclaración, entregará por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, en un plazo de 28 días al Estado Parte solicitante, toda la información necesaria para aclarar ese asunto.3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas dentro del plazo de tiempo mencionado, o considera que ésta no es satisfactoria, puede someter, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, el asunto a la siguiente reunión de los Estados Parte. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la solicitud presentada, acompañada de toda la información pertinente a la solicitud de aclaración. Toda esa información se presentará al Estado Parte del que se solicita la aclaración, el cual tendrá el derecho de réplica.4. Mientras que esté pendiente la reunión de los Estados Parte, cualquiera de los Estados Parte afectados puede solicitar del Secretario General de las Naciones Unidas que ejercite sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada.5. El Estado Parte solicitante puede proponer, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, la convocatoria de una reunión extraordinaria de los Estados Parte para considerar el asunto. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Parte esa propuesta y toda la información presentada por los Estados Parte afectados, solicitándoles que indiquen si están a favor de una reunión extraordinaria de los Estados Parte para considerar el asunto. En caso de que dentro de los 14 días a partir de la fecha de tal comunicación, al menos un tercio de los Estados Parte esté a favor de tal reunión extraordinaria, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará esa reunión extraordinaria de los Estados Parte dentro de los 14 días siguientes. El quórum para esa reunión consistirá en una mayoría de los Estados Parte.6. La reunión de Estados Parte o la reunión extraordinaria de los Estados Parte, según sea el caso, deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir en la consideración del asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por los Estados Parte afectados. La reunión de los Estados Parte, o la reunión extraordinaria de los Estados Parte, deberá hacer todo lo posible por tomar una decisión por consenso. Si a pesar de todos los esfuerzos realizados no se llega a ningún acuerdo, se tomará la decisión por mayoría de los Estados Parte presentes y votantes.7. Todos los Estados Parte cooperarán plenamente con la reunión de los Estados Parte o con la reunión extraordinaria de los Estados Parte para que se lleve a cabo esta revisión del asunto, incluyendo las misiones de determinación de hechos autorizadas de conformidad con el párrafo 8.8. Si se requiere mayor aclaración, la reunión de los Estados Parte o la reunión extraordinaria de los Estados Parte autorizará una misión de determinación de hechos y decidirá su mandato por mayoría de los Estados Parte presentes y votantes. En cualquier momento el Estado Parte del que se solicita la aclaración podrá invitar a su territorio a una misión de determinación de hechos. Dicha misión se llevará a cabo sin que sea necesaria una decisión de la reunión de los Estados Parte o de la reunión extraordinaria de los Estados Parte. La misión, compuesta de hasta 9 expertos, designados y aceptados de conformidad con los párrafos 9 y 10, podrá recopilar información adicional relativa al asunto del cumplimiento cuestionado, in situ o en otros lugares directamente relacionados con el asunto del cumplimiento cuestionado bajo la jurisdicción o control del Estado Parte del que se solicite la aclaración.9. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista, que mantendrá actualizada, de nombres, nacionalidades y otros datos pertinentes de expertos calificados recibida de los Estados Parte y la comunicará a todos los Estados Parte. Todo experto incluido en esta lista se considerará como designado para todas las misiones de determinación de hechos a menos que un Estado Parte lo rechace por escrito. En caso de ser rechazado, el experto no participará en misiones de determinación de hechos en el territorio o en cualquier otro lugar bajo la jurisdicción o control del Estado Parte que lo rechazó, si el rechazo fue declarado antes del nombramiento del experto para dicha misión.10. Cuando reciba una solicitud procedente de la reunión de los Estados Parte o de una reunión extraordinaria de los Estados Parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, después de consultar con el Estado Parte del que se solicita la aclaración, nombrará a los miembros de la misión, incluido su jefe. Los nacionales de los Estados Parte que soliciten la realización de misiones de determinación de hechos o los de aquellos Estados Parte que estén directamente afectados por ellas, no serán nombrados para la misión. Los miembros de la misión de determinación de hechos disfrutarán de los privilegios e inmunidades estipulados en el Artículo VI de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada el 13 de febrero de 1946.11. Previo aviso de al menos 72 horas, los miembros de la misión de determinación de hechos llegarán tan pronto como sea posible al territorio del Estado Parte del que se solicita la aclaración. El Estado Parte del que se solicita la aclaración deberá tomar las medidas administrativas necesarias para recibir, transportar y alojar a la misión, y será responsable de asegurar la seguridad de la misión al máximo nivel posible mientras esté en territorio bajo su control.12. Sin perjuicio de la soberanía del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la misión de determinación de hechos podrá introducir en el territorio de dicho Estado Parte el equipo necesario, que se empleará exclusivamente para recopilar información sobre el asunto del cumplimiento cuestionado. Antes de la llegada, la misión informará al Estado Parte del que se solicita la aclaración sobre el equipo que pretende utilizar en el curso de su misión de determinación de hechos.13. El Estado del que se solicita la aclaración hará todos los esfuerzos posibles para asegurar que se dé a la misión de determinación de hechos la oportunidad de hablar con todas aquellas personas que puedan proporcionar información relativa al asunto del cumplimiento cuestionado.14. El Estado Parte del que se solicita la aclaración dará acceso a la misión de determinación de hechos a todas las áreas e instalaciones bajo su control donde es previsible que se puedan recopilar hechos pertinentes relativos al asunto del cumplimiento cuestionado. Lo anterior estará sujeto a cualquier medida que el Estado Parte del que se solicita la aclaración considere necesario adoptar para:a) La protección de equipo, información y áreas sensibles;b) La observancia de cualquier obligación constitucional que el Estado Parte del que se solicita la aclaración pueda tener con respecto a derechos de propiedad, registros, incautaciones u otros derechos constitucionales; oc) La protección y seguridad físicas de los miembros de la misión de determinación de hechos. En caso de que el Estado Parte del que se solicita la aclaración adopte tales medidas, deberá hacer todos los esfuerzos razonables para demostrar, a través de medios alternativos, que cumple con esta Convención.15. La misión de determinación de hechos permanecerá en el territorio del Estado Parte del que se solicita la aclaración por un máximo de 14 días, y en cualquier sitio determinado no más de 7 días, a menos que se acuerde otra cosa.16. Toda la información proporcionada con carácter confidencial y no relacionada con el asunto que ocupa a la misión de determinación de hechos se tratará de manera confidencial.17. La misión de determinación de hechos informará, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, a la reunión de los Estados Parte o a la reunión extraordinaria de los Estados Parte, sobre los resultados de sus pesquisas.18. La reunión de los Estados Parte o la reunión extraordinaria de los Estados Parte evaluará toda la información, incluido el informe presentado por la misión de determinación de hechos, y podrá solicitar al Estado Parte del que se solicita la aclaración que tome medidas para resolver el asunto del cumplimiento cuestionado dentro de un período de tiempo especificado. El Estado Parte del que se solicita la aclaración informará sobre todas las medidas tomadas en respuesta a esta solicitud.19. La reunión de los Estados Parte, o la reunión extraordinaria de los Estados Parte, podrá sugerir a los Estados Parte afectados modos y maneras de aclarar aún más o resolver el asunto bajo consideración, incluido el inicio de procedimientos apropiados de conformidad con el Derecho Internacional. En los casos en que se determine que el asunto en cuestión se debe a circunstancias fuera del control del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la reunión de los Estados Parte o la reunión extraordinaria de los Estados Parte podrá recomendar medidas apropiadas, incluido el uso de las medidas de cooperación recogidas en el Artículo 6.20. La reunión de los Estados Parte, o la reunión extraordinaria de los Estados Parte, hará todo lo posible por adoptar las decisiones a las que se hace referencia en los párrafos 18 y 19 por consenso, y de no ser posible, las decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes.Artículo 9Medidas de aplicación a nivel nacional Cada uno de los Estados Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquiera actividad prohibida a los Estados Parte conforme a esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.Artículo 10Solución de controversias1. Los Estados Parte se consultarán y cooperarán entre sí para resolver cualquier controversia que pueda surgir en relación con la aplicación e interpretación de esta Convención. Cada Estado Parte puede presentar el problema a la reunión de los Estados Parte.2. La reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las controversias por cualesquiera medios que considere apropiados, incluyendo el ofrecimiento de sus buenos oficios, instando a los Estados Parte en una controversia a que comiencen los procedimientos de solución de su elección y recomendando un plazo para cualquier procedimiento acordado.3. Este Artículo es sin perjuicio de las disposiciones de esta Convención relativas a la facilitación y aclaración del cumplimiento.Artículo 11Reunión de los Estados Parte1. Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar cualquier asunto en relación con la aplicación o la puesta en práctica de esta Convención, incluyendo:a) El funcionamiento y el status de esta Convención;b) Los asuntos relacionados con los informes presentados, conforme a las disposiciones de esta Convención;c) La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6;d) El desarrollo de tecnologías para la remoción de minas antipersonales;e) Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refiere el Artículo 8; yf) Decisiones relativas a la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de conformidad con el Artículo 5.2. La primera reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Convención. Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por el Secretario General de las Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de Examen.3. Al amparo de las condiciones contenidas en el Artículo 8, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará a una reunión extraordinaria de los Estados Parte.4. Los Estados no Parte en esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, pueden ser invitados a asistir a estas reuniones como observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas.Artículo 12Conferencias de Examen1. Una Conferencia de Examen será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de esta Convención. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará otras Conferencias de Examen si así lo solicitan uno o más de los Estados Parte, siempre y cuando el intervalo entre ellas no sea menor de cinco años. Todos los Estados Parte de esta Convención serán invitados a cada Conferencia de Examen.2. La finalidad de la Conferencia de Examen será:a) Evaluar el funcionamiento y el status de esta Convención;b) Considerar la necesidad y el intervalo de posteriores reuniones de los Estados Parte a las que se refiere el párrafo 2 del Artículo 11;c) Tomar decisiones sobre la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de conformidad con el Artículo 5; yd) Adoptar, si fuera necesario en su informe final, conclusiones relativas a la puesta en práctica de esta Convención.3. Los Estados no Partes de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de Examen como observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas.Artículo 13Enmiendas1. Todo Estado Parte podrá, en cualquier momento después de la entrada en vigor de esta Convención, proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda se comunicará al depositario, quien la circulará entre todos los Estados Parte y pedirá su opinión sobre si se debe convocar una Conferencia de Enmienda para considerar la propuesta. Si una mayoría de los Estados Parte notifica al depositario, a más tardar 30 días después de su circulación, que está a favor de proseguir en la consideración de la propuesta, el depositario convocará una conferencia de enmienda a la cual se invitará a todos los Estados Parte.2. Los Estados Parte de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de Enmienda como observadores de conformidad con las Reglas de Procedimiento acordadas.3. La Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de una reunión de los Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los Estados Parte solicite que se celebre antes.4. Toda enmienda a esta Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El depositario comunicará toda enmienda así adoptada a los Estados Parte.5. Cualquier enmienda a esta Convención entrará a vigor para todos los Estados Parte de esta Convención que la hayan aceptado, cuando una mayoría de los Estados Parte deposite ante el depositario los instrumentos de aceptación. Posteriormente entrará en vigor para los demás Estados Parte en la fecha en que depositen su instrumento de aceptación.Artículo 14Costes1. Los costes de la reunión de los Estados Parte, reuniones extraordinarias de los Estados Parte, Conferencias de Examen y Conferencias de Enmienda serán sufragados por los Estados Parte y por los Estados no Partes de esta Convención que participen en ellas, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente.2. Los costes en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a los Artículos 7 y 8, y los costes de cualquier misión de determinación de hechos, serán sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.Artículo 15Firma Esta Convención, hecha en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, estará abierta a todos los Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de 1997, y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a partir del 5 de diciembre de 1997 hasta su entrada en vigor.Artículo 16Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión1. Esta Convención está sujeta a la ratificación, la aceptación o a la aprobación de los signatarios.2. La Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya firmado.3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán ante el depositario.Artículo 17Entrada en vigor1. Esta Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión.2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, esta Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito por ese Estado de su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión.Artículo 18Aplicación provisional Cada Estado Parte, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá declarar que aplicará provisionalmente el párrafo 1 del Artículo 1 de esta Convención.Artículo 19Reservas Los Artículos de esta Convención no estarán sujetos a reservas.Artículo 20Duración y denuncia1. Esta Convención tendrá una duración ilimitada.2. Cada Estado Parte tendrá, en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de denunciar esta Convención. Comunicará dicha renuncia a todos los Estados Parte, al depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal instrumento de denuncia deberá incluir una explicación completa de las razones que motivan su denuncia.3. Tal denuncia sólo surtirá efecto 6 meses después de la recepción del instrumento de denuncia por el depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis meses, el Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto antes del final del conflicto armado.4. La denuncia de un Estado Parte de esta Convención no afectará de ninguna manera el deber de los Estados de seguir cumpliendo con obligaciones contraídas de acuerdo con cualquier norma pertinente del Derecho Internacional.Artículo 21Depositario El Secretario General de las Naciones Unidas es designado depositario de esta Convención.Artículo 22Textos auténticos El texto original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará con el Secretario General de las Naciones Unidas. Conforme con su original. (Fdo.): CRISTIÁN BARROS MELET, Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante”.2. Oficio del Senado. “Valparaíso, 22 de julio de 1998. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia, que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a las normas tributarias, con las siguientes modificaciones:Artículo 1ºNº 1 Lo ha sustituido por el siguiente: “1.- En la letra c) del número 1º de la letra A) del artículo 14º, agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: “Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de sociedades anónimas abiertas, sujetándose a las disposiciones de esta letra, las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la inversión y el crédito no pasarán a formar parte del fondo de utilidades tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento previsto en este inciso tendrán las devoluciones totales o parciales de capital respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. Con todo, los contribuyentes que hayan enajenado las acciones señaladas, podrán volver a invertir el monto percibido hasta la cantidad que corresponda al valor de adquisición de las acciones, debidamente reajustado hasta el último día del mes anterior al de la nueva inversión, en empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa, no aplicándose en este caso los impuestos señalados en el inciso anterior. Los contribuyentes podrán acogerse en todo a las normas establecidas en esta letra, respecto de las nuevas inversiones. Para tal efecto, el plazo de veinte días señalado en el inciso segundo de esta letra, se contará desde la fecha de la enajenación respectiva. Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento en que ésta perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las utilidades tributables que no hayan pagado el Impuesto Global Complementario o Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría, requisito sin el cual el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta letra. La sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del crédito asociado a ésta e informar de esta circunstancia al Servicio de Impuestos Internos. Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las acciones respectivas.”.”.Nº 2 Lo ha rechazado.Nº 3 Ha pasado a ser Nº 2.-a) En la letra a.- de la letra A.-, ha sustituido la frase “o contribuyentes del impuesto adicional” por la siguiente: “o contribuyentes del impuesto adicional que no sean personas naturales, cuando en este último caso el Servicio de Impuestos Internos determine que el préstamo es un retiro encubierto de utilidades tributables”.b) En la letra b.- de la letra A.-, ha reemplazado el guarismo “33%” por “20%”.c) Ha sustituido la letra c.- de la letra A.-, por la siguiente: “c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente: “En el caso que cualquier bien de la empresa sea entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los socios personas naturales o contribuyentes del impuesto adicional, y ésta fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones, se considerará retiro en favor de dichas personas hasta el monto del pago efectuado por la empresa garante.”.”.d) Ha reemplazado la letra B.-, por la siguiente: “B.- En los incisos segundo y tercero, reemplázase la expresión “inciso segundo”, que en ambos casos sigue al guarismo “38”, por “a excepción de su inciso primero”.”.Nº 4 Ha pasado a ser Nº 3.- Ha reemplazado su encabezamiento por el siguiente: “En el Nº 2º del artículo 31º”, suprimiendo “A.- En el número 2º”, y enlazándolo con el resto del texto. Ha suprimido su letra B.- Nºs 5, 6 y 7 Los ha rechazado.Nº 8 Ha pasado a ser Nº 4.- reemplazado por el siguiente: “4.- Sustitúyese en el inciso sexto del número 1º del artículo 54º, la expresión “inciso segundo”, la segunda vez que aparece, por “a excepción de su inciso primero”.”.Nº 9 Lo ha rechazado.Nº 10 Ha pasado a ser Nº 5.- En la letra E.-, ha agregado al inciso primero del número 5º, de la actual letra B., que ha pasado a ser letra A., que se sustituye, la siguiente oración, pasando a ser punto seguido (.) el punto aparte (.): “En el caso que el contribuyente tenga una cifra de ahorro positivo durante cuatro años consecutivos, a contar de dicho período, la tasa referida, para todos los giros anuales siguientes, se aplicará sólo sobre la parte que exceda del equivalente a diez Unidades Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al 31 de diciembre del año respectivo.”.-o- Ha intercalado la siguiente letra G.-: “G.- Suprímese el Nº 10º.- de la actual letra B.-, que pasó a ser letra A.-, y agrégase el siguiente número 10º.-, nuevo: “10º.- Podrán también acogerse a lo dispuesto en este artículo las inversiones que se efectúen mediante la suscripción y pago o adquisición de acciones de sociedades anónimas abiertas, que a la fecha de la inversión cumplan con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión de los fondos mutuos de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º del decreto ley Nº 1.328, de 1976. Respecto de estas inversiones se aplicarán, además, las siguientes normas especiales:a) Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este número las acciones de sociedades anónimas abiertas que hayan manifestado al Servicio de Impuestos Internos su voluntad de convertirse en Instituciones Receptoras para los efectos de este artículo, lo cual deberán comunicar, además, a las Bolsas de Valores en que transen sus acciones.b) Para los efectos de este artículo, se entenderá como fecha de la inversión aquélla en que ocurra el registro del traspaso o suscripción y pago de las acciones en el registro de accionistas de la sociedad, y como valor de la inversión el monto de la adquisición o suscripción, según corresponda. El inversionista deberá manifestar al solicitar el traspaso o la suscripción y pago, su intención de acoger la inversión a las disposiciones de este artículo. Por su parte, se entenderá como fecha de retiro o giro de la inversión, aquélla en que se registre la respectiva enajenación.c) Las inversiones que se lleven a cabo mediante la adquisición de acciones que no sean de primera emisión, deberán efectuarse en Bolsas de Valores del país.d) Las enajenaciones deberán efectuarse en alguna Bolsa de Valores del país, y el precio de ellas constituirá el monto del retiro o giro.”.”.-o- Las letras G.-, H.- e I.- han pasado a ser letras H.-, I.- y J.-, respectivamente, sin enmiendas.Nºs 11, 12 y 13 Los ha rechazado.Nº 14 Ha pasado a ser Nº 6.-, sin otra enmienda.Artículo 2º En el número 1.- ha agregado, después de la palabra “aprobada”, la siguiente frase: “y el Servicio de Tesorerías deberá proceder a la devolución del remanente de crédito fiscal que corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que se le presente la copia de la referida solicitud debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos.”.Artículo 3ºNº 1 Lo ha sustituido por el siguiente: “1.- En el inciso primero del artículo 30º, suprímese la frase “Asimismo, podrán ser remitidas por carta certificada a dichas oficinas.”.”.Nºs 2 y 3 Los ha rechazado.Nº 4 Ha pasado a ser Nº 2.- Ha agregado, en punto seguido (.), al texto del artículo 92º bis que se añade, la siguiente oración final: “En caso de disconformidad de la impresión de un documento archivado tecnológicamente con el original o una copia auténtica del mismo, prevalecerán estos últimos sin necesidad de otro cotejo.”.Nº 5 Ha pasado a ser Nº 3.- En la letra A.- ha sustituido el inciso que se agrega en el número 1, por el siguiente: “En caso de retardo u omisión en la presentación de informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con terceras personas, se aplicarán las multas contempladas en el inciso anterior. Sin embargo, si requerido posteriormente bajo apercibimiento por el Servicio, el contribuyente no da cumplimiento a estas obligaciones legales en el plazo de 30 días, se le aplicará además, una multa que será de hasta 0,2 Unidades Tributarias Mensuales por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada persona que se haya omitido, o respecto de la cual se haya retardado la presentación respectiva. Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar no podrá exceder a 30 Unidades Tributarias Anuales, ya sea que el infractor se trate de un contribuyente o de un Organismo de la Administración del Estado.”. En la letra B.-, ha reemplazado el número 20.- que se agrega por el siguiente: “20.- La deducción como gasto o uso del crédito fiscal que efectúen, en forma reiterada, los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de desembolsos que sean rechazados o que no den derecho a dicho crédito, de acuerdo a la Ley de la Renta o al Decreto Ley Nº 825, de 1974, por el hecho de ceder en beneficio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su cónyuge o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de servicios con la empresa que justifique el desembolso o el uso del crédito fiscal, con multa de hasta el 200% de todos los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar la deducción indebida.”.Nº 6 Ha pasado a ser Nº 4.-, sin otra enmienda.Nº 7 Lo ha rechazado.Nº 8 Ha pasado a ser Nº 5.-, sin enmiendas.Artículo 4º Lo ha sustituido por el siguiente: “Artículo 4º.- En el número 1º del artículo único de la ley Nº 18.320, sustitúyese la expresión “de dos meses” por la frase “señalado en el artículo 63º del Código Tributario,”.”.Artículo 18 En su inciso primero, ha suprimido la frase “con excepción de lo previsto en el número 6.-,”, y ha sustituido el guarismo “10” por “5”. Ha suprimido su inciso segundo. En su inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, ha desechado las expresiones “numeral iii. del literal f) de la letra B.- del”. En su inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, ha sustituido las expresiones “del 1 de mayo de 1998” por “de la fecha de publicación de la presente ley”. En el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, ha sustituido el guarismo “10” por “5”. El inciso sexto ha pasado a ser quinto, sin otra enmienda.Artículo 20 Ha sustituido en su inciso primero, la palabra “regidos” por “regidas” y ha intercalado, a continuación del vocablo “pensionados” y antes de la coma (,) que lo sigue, lo siguiente: “con cargo al seguro social que administran”.Artículo 21 Ha intercalado en el encabezamiento de su inciso primero, antes de los dos puntos (:) y después de la palabra “reglas”, lo siguiente: “y las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de Seguridad Social”.Letra A Ha reemplazado en el número 1, letra a), la expresión “percibidos mensualmente” por la palabra “mensuales”, y la referencia al “artículo 3º transitorio” por otra al “artículo sexto transitorio”. Ha sustituido en el inciso final del número 1, el punto final (.) por una coma (,) y ha agregado la siguiente frase: “obligación que se restablecerá cada vez que el fondo represente un porcentaje inferior al indicado.”. En el número 3, letra b), ha reemplazado la palabra “beneficios” por “mejoramientos”.Letra B Ha reemplazado en el inciso primero del número 2 las oraciones que vienen a continuación del punto seguido (.), por las siguientes: “La liquidación de recursos sólo podrá llegar hasta la suma que resulte de restar al monto total pagado por concepto de pensiones por la Mutualidad durante el año respectivo, el monto total pagado por el mismo concepto durante el año 1997, y de multiplicar el resultado por la relación que representen, al término del año, la suma de los activos representativos de la reserva de pensiones invertidos en los instrumentos financieros a que se refiere el número 1 anterior, respecto del monto total de dicha reserva.”. En el inciso segundo del mismo número 2, ha reemplazado las frases “al total de pensiones pagadas en el año por dicha Mutualidad, el promedio de los porcentajes que represente el pago de pensiones de 1997 de cada Mutualidad existente al 31 de diciembre de 1997”, por la siguiente: “al monto total pagado por concepto de pensiones en el año por dicha Mutualidad, el promedio de las relaciones que represente el monto pagado en pensiones en 1997”. En el número 3, ha reemplazado la expresión “la letra b) del número 3” por “el número 2”. Ha reemplazado el número 4. por el siguiente: “4. La Superintendencia de Seguridad Social regulará la forma de enterar provisoriamente y en forma mensual la suma que corresponda por concepto de los recursos de la letra b) del número 1 de la letra A de este artículo, destinados a la formación del Fondo de Contingencia y de ajustarlos anualmente. Asimismo, regulará la forma de determinar mensualmente los montos de la reserva de pensiones que las Mutualidades deberán invertir en los instrumentos indicados en el número 2 de la letra A de este artículo.”.Artículo 22 Ha reemplazado el encabezamiento del inciso primero por el siguiente: “Artículo 22.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley, establécense las siguientes normas y procedimientos de cálculo:”.Letra A Ha reemplazado la letra c) del número 1, por la siguiente: “c) La suma correspondiente al aumento de las pensiones originadas por el pago en el mes de diciembre de 1997 del reajuste extraordinario de pensiones establecido por la ley Nº 19.539, y el respectivo aumento de las reservas de pensiones, si no estuvieren incluidos en las letras a) y b) precedentes.”. Ha sustituido en las letras a) y b) del número 2 la expresión “percibidas durante el año 1997” por “consignadas en los estados financieros del año 1997”. Ha reemplazado en el inciso tercero de la letra b) la palabra “más” por “y por”.Letra B Ha sustituido en el párrafo primero la frase “de los primeros dos meses” por “del mes de marzo”. En la letra b) del número 1, ha reemplazado el guarismo “10%” por “20%”. Ha agregado en el número 2, a continuación de la palabra “partidas”, la frase “registradas en los estados financieros correspondientes”. Ha suprimido en las letras a) y b) la expresión “percibidas durante el año”. En el primer párrafo del número 3, ha reemplazado la frase “El GPE, en el primer año que corresponda calcularlo” por “El GPE correspondiente a 1998 que se calculará en marzo de 1999”, y ha sustituido la palabra “ese año” por “1998”. En la letra a) del número 3, ha reemplazado la palabra “GPB” por “GPE del año anterior” y la expresión “de ese año” por “del año correspondiente”. En la letra b) del mismo número, ha sustituido la coma (,) a continuación de la palabra “ejercicio” por la expresión “y por”. En el número 4, ha sustituido la palabra “percibidos” por “registrados en sus estados financieros”, y ha cambiado la referencia al “artículo 3º transitorio” por otra al “artículo sexto transitorio”.Letra C Ha intercalado en el primer párrafo, a continuación de las palabras “consecuencia de” la expresión “mejoramientos extraordinarios de pensiones o del otorgamiento de”, y ha suprimido la oración a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser punto final (.), que comienza con la expresión “Con todo ….”. En el tercer párrafo, ha reemplazado la palabra “permiten” por “permitan”.Letra D La ha reemplazado por la siguiente: “D.- Determinación de Cifras Las cifras relativas al cálculo de los números base y a los parámetros anuales de referencia, a que se refieren las letras A y B de este artículo, se determinarán y actualizarán, según sea el caso, conforme a las instrucciones que imparta al efecto la Superintendencia de Seguridad Social.”.Letra E Ha reemplazado las expresiones “de 50% a 200%” por “de hasta 200%”. Ha agregado, a continuación del punto final (.) que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “salvo que prueben su no participación o su oposición al hecho que generó la multa.”.Artículos transitoriosArtículo primero Ha sustituido la frase “número 2.- del artículo 1º” por “artículo tercero transitorio”.Artículo segundo Lo ha suprimido.-o- Ha intercalado los siguientes Artículos segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios, nuevos: “Artículo segundo.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17º Nº 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, todo contribuyente sea o no habitual de acuerdo a lo previsto en el artículo 18º de dicha ley, que durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, obtenga un mayor valor en la enajenación, efectuada en una Bolsa de Valores del país, de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, al momento de la adquisición y que ésta se haya efectuado en una Bolsa de Valores del país, cuando no sean de primera emisión, podrá optar por declarar y pagar, por dicho mayor valor, el impuesto único establecido en el inciso tercero del Nº 8 del artículo 17º o el Impuesto Global Complementario, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos se entenderá que tienen presencia bursátil aquellas acciones que a la fecha de su adquisición cumplan con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión de los fondos mutuos, de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º del decreto ley Nº 1.328 de 1976. La opción referida será por cada año completo y se aplicará al conjunto de las operaciones que efectúe el contribuyente durante dicho año. El contribuyente podrá cambiar el régimen tributario, alternativamente, en forma anual. Con todo, los contribuyentes no podrán acoger a la presente opción el mayor valor originado en la enajenación de acciones a personas relacionadas, mencionadas en el artículo 17º, número 8º, ni el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones acogidas a lo dispuesto en el artículo 57º bis, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Artículo tercero.- Los contribuyentes señalados en la letra d) y en el inciso segundo de la letra f) del número 1º.- del artículo 20º y en el artículo 39º, número 3.-, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, no podrán deducir del impuesto de primera categoría que deban pagar en esos años la contribución territorial a que se hace referencia en dichas disposiciones. No obstante lo anterior, los contribuyentes señalados en la letra d) del número 1 del artículo 20º y en el artículo 39º número 3 de la ley antes referida, podrán seguir deduciendo de su impuesto de primera categoría la contribución territorial pagada por los inmuebles que solamente destinen al arriendo y siempre que éste no ceda en beneficio de una persona relacionada y que la renta de arriendo anual sea igual o superior al 11% del avalúo fiscal al término del ejercicio. Se entenderá por relacionadas para estos efectos a las personas a que se refiere el artículo 100º de la ley Nº 18.045. Los contribuyentes que por aplicación del inciso anterior, no puedan descontar el pago de la contribución territorial del impuesto de primera categoría, respecto de un inmueble cedido en arrendamiento o uso a una persona natural relacionada, podrán enajenárselo a ésta dentro del plazo de dos años contados desde la publicación de la presente ley, al valor neto que tenga para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta. Para hacer uso de este beneficio, será necesario que dicha persona natural ocupe el bien raíz como casa habitación permanente, para sí o su familia, al momento de la publicación de esta ley. En este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario ni lo previsto en los artículos 1.888 y siguientes del Código Civil. Artículo cuarto.- Durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, el excedente de crédito que se produzca por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 33º bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, podrá deducirse del impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes. Si al término de dicho período persistiera un excedente, éste podrá deducirse del impuesto referido que se genere en los ejercicios posteriores, hasta su total extinción, imputándose a continuación del crédito del artículo 33 bis mencionado que se origine en el ejercicio respectivo. Para este efecto el excedente de crédito se reajustará de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, ocurrida entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se produzca el excedente y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que deba deducirse. Artículo quinto.- Durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, los contribuyentes del Impuesto Global Complementario podrán deducir de la base de dicho impuesto el 50% de los dividendos e intereses que cumplan las siguientes condiciones: a) Los dividendos deberán provenir de acciones de sociedades anónimas abiertas que se transen en alguna Bolsa de Valores del país. b) Los intereses deberán provenir de depósitos de cualquier naturaleza, en moneda nacional o extranjera, efectuados en Bancos e Instituciones Financieras nacionales. La rebaja que establece este artículo no podrá exceder en cada año tributario de la suma equivalente a doce y media Unidades Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al término del ejercicio. No podrán beneficiarse de lo establecido en este artículo los intereses provenientes de instrumentos acogidos a las normas del artículo 57º bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.-o-Artículo tercero Ha pasado a ser Artículo sexto transitorio, sin enmiendas.Artículo cuarto Ha pasado a ser Artículo séptimo transitorio, sin otra modificación.-o- Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2006, de 9 de junio de 1998. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a V.E., (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.3. Certificado de la Comisión de Hacienda. “Valparaíso, 22 de julio de 1998. El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica: Que la Comisión de Hacienda, en sesión del día de ayer, con la asistencia de los Diputados señores Palma, don Andrés (Presidente); Álvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; Galilea, don Pablo; García, don José; Huenchumilla, don Francisco; Jaramillo, don Enrique; Jocelyn-Holt, don Tomás; Kuschel, don Carlos Ignacio; Longueira, don Pablo; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos y Ortiz, don José Miguel, ha tomado conocimiento de las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias (Boletín Nº 2.160-05), en tercer trámite constitucional, y propone su aprobación. Concurrieron a esta sesión, en representación del Ejecutivo, los señores Manuel Marfán, Subsecretario de Hacienda; Jorge Kaufmann, Asesor de dicho Ministerio; Javier Etcheberry, Director del Servicio de Impuestos Internos, y René García, Subdirector del señalado Servicio. La Comisión recibió una explicación del señor Marfán sobre las principales modificaciones que introdujo el honorable Senado al proyecto y acordó recomendar a la Sala de esta Corporación, por unanimidad, la aprobación de todas ellas en los términos previstos por el honorable Senado. Se tuvo presente, también, un nuevo informe financiero de la Dirección de Presupuestos, que se adjunta al presente certificado, y que tiene carácter de consolidado respecto a los antecedentes de los informes financieros Nºs 19, 24 y 25. Además, se acordó que este informe fuera emitido en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual fue designado Diputado informante el señor Álvarez, don Rodrigo. (Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión”.4. Moción de los Diputados Orpis y Alvarado. Modifica el artículo 33 de la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, perfeccionando la figura de la cooperación eficaz. (boletín Nº 2208-07) “La finalidad de una legislación eficaz en materia de droga necesariamente debe contemplar aspectos que apunten a resolver adecuadamente la represión, prevención y rehabilitación. En materia de represión, junto con la especialización de las policías, el Consejo de Defensa del Estado, Poder Judicial aparece como fundamental otorgar los incentivos adecuados para penetrar las organizaciones criminales. La ley Nº 19.366 básicamente contempla tres figuras. La cooperación eficaz.- De acuerdo al art. 33, se trata de miembros de la organización criminal que en un momento determinado deciden descolgarse de ella y aportan antecedentes sea por vía judicial, policial o administrativa que resultan determinantes para el establecimiento del cuerpo del delito, sus autores cómplices o encubridores o para evitar la consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad. Los incentivos en materia penal consisten básicamente en la rebaja de hasta dos grados en la penalidad asignada al delito. En el orden administrativo el juez está facultado para otorgar las medidas de protección a él, su cónyuge, a sus ascendientes o descendientes legítimos o naturales u otras personas que atendida las circunstancias lo requieran. Adicionalmente, el juez podrá autorizarlos para usar nombrar y apellidos distintos a los propios y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad. Respecto de este conjunto de incentivos, la pregunta que cabe hacerse es si resultan lo suficientemente “atractivos” para que un miembro de una organización criminal no sólo la abandone sino que además entregue una información significativa o importante para lograr desbaratarla y si adicionalmente las medidas de protección son lo suficientemente adecuadas. Sin duda la respuesta no es simple y la conclusión final dependerá en gran medida de cuál es el objetivo que en esta materia busca el legislador o la sociedad y la información o percepción que tenemos sobre el tipo y peligrosidad de estas organizaciones. Sobre esta base el legislador puede moverse en torno a dos extremos. El primero, es no transar con quienes son parte de estas organizaciones y simplemente no otorgar ningún tipo de incentivos o beneficios. En el otro extremo, el legislador puede incluso eximir de toda responsabilidad penal a quienes presten cooperación eficaz atendidas las circunstancias. El art. 33 se mueve en una línea intermedia, es decir queda excluida la eximente de responsabilidad penal y la colaboración sólo constituye una “atenuante”. Desde mi punto de vista es éste el punto donde debe quedar radicada la discusión o reflexión. Si se acepta que este tipo de organizaciones son de tal peligrosidad que pueden colocar en grave riesgo la salud de la población, la seguridad de las personas o la integridad de la sociedad, aparece evidente que lo prioritario es evitar que se consoliden, y bajo esta perspectiva la existencia sólo de “circunstancias atenuantes” aparece como insuficiente. Por el contrario, al considerar que estas organizaciones no revisten esas características, el art. 33 con algunas modificaciones podría aparecer como razonable. Personalmente me inclino por la primera de las hipótesis, es decir estimo que las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico revisten tal grado de peligrosidad que pueden colocar en grave riesgo a la población. Se trata de organizaciones que operan grandes cantidades de dinero. De acuerdo a un informe de las Naciones Unidas, se calcula que anualmente este negocio genera en el mundo alrededor de US$ 400.000 millones de dólares, su ámbito de acción ha excedido con creces el territorio de los países transformándose en carteles a nivel internacional con un alto nivel criminológico y de corrupción. Finalmente, han provocado efectos devastadores sobre la salud de la población a raíz de la rápida adicción que provocan las drogas. Asumido este diagnóstico soy partidario de ir mucho más lejos de lo que plantea el actual art. 33 sólo circunstancia atenuante y considerar en ciertos casos incentivos de tal naturaleza que incluso pueda llegar a configurarse eximentes de responsabilidad penal, y en materia de atenuantes dar la facultad al juez para moverse en un rango más amplio. Habiendo llegado a esta conclusión lo importante es determinar en qué casos se debería eximir de esta responsabilidad. Desde mi punto de vista existe una diferencia radical cuando quien siendo parte de una organización criminal entrega la información en forma espontánea, es decir sin que exista investigación o proceso judicial alguno o existiendo investigación o proceso, ese miembro de la organización criminal no tiene orden de detención; de aquel que habiendo sido aprehendido decide colaborar. También debe hacerse una diferencia para aceptar la eximente de responsabilidad, del tipo de delitos que esa persona en su calidad de miembro de la organización ha cometido. Es muy diferente haber sido autor de un delito de tráfico o lavado de dinero con estafa, que haber cometido un crimen. Por las razones anteriormente expuestas, y con el solo objeto de crear incentivos de tal naturaleza que permitan desarticular una organización criminal mediante la entrega de información por parte de aquellos que forman parte de ellas estimamos que deben modificarse los criterios establecidos en el art. 33 incluyendo la exención de responsabilidad penal y ampliando la atenuante que allí se contempla.PROYECTO DE LEY Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 33 de ley Nº 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.1) Reemplázase el inciso primero por el siguiente: “Será eximente de responsabilidad penal la cooperación eficaz con la autoridad administrativa, policial o judicial que conduzca a la detección y disolución de una red de narcotráfico y a la aprehensión de sus integrantes siempre y cuando quien entregue la información lo haga en forma espontánea sin que medie proceso judicial alguno o, si existiendo éste, lo haga antes de ser notificado. Sólo procederá la eximente de responsabilidad respecto de aquéllos que siendo parte de la organización deciden cooperar y no hayan sido autores de los delitos de homicidio o secuestro. Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal, la cooperación eficaz con la autoridad administrativa, policial o judicial, que conduzca a la determinación del cuerpo del delito o de sus autores, cómplices o encubridores, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta ley. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en tres grados.2) Reemplázase en el inciso sexto la expresión, “inciso primero”, por la expresión “incisos primero o segundo”.