REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 340ª, ORDINARIASesión 4ª, en martes 8 de junio de 1999(Ordinaria, de 11.12 a 14.25 horas)		Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos;		Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.		Presidencia accidental de la señora Saa Díaz, 		doña María Antonieta.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ACUERDOS DE LOS COMITÉS	VI.-	ORDEN DEL DÍA	VII.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VIII.-	INCIDENTES	IX.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	X.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I. 	Asistencia		6	II. 	Apertura de la sesión		9	III. 	Actas		9	IV. 	Cuenta		9-o-	-	Archivo de proyectos		9	-	Integración de Comisión especial investigadora de programas de autoconstrucción en Iquique		9	-	Designación de Comisión especial investigadora de los hechos relacionados con los incendios forestales en la Séptima, Octava y Novena Regiones		9-o-	V.	Acuerdos de los Comités		10-o-		Réplica a expresiones formuladas en televisión por Diputado Jocelyn-Holt. Aplicación del artículo 34 del Reglamento		11	VI.	Orden del Día. 	-	Normas sobre adopción de menores. Proposición de la Comisión Mixta		12	-	Modificaciones a disposiciones del Código del Trabajo. Tercer trámite constitucional		19	-	Normas técnicas sobre calidad del agua potable. Segundo trámite constitucional		24	VII.	Proyectos de acuerdo. 	-	Comisión investigadora para la evaluación de proyectos de riego		32	-	Condiciones de venta a trabajadores de acciones de empresas sanitarias		33	-	Uso de facultades concedidas a intendentes y gobernadores por Código de Procedimiento Penal		37	VIII.	Incidentes. 	-	Efectos de aplicación de sistema monooperador en futuras concesiones portuarias. Oficio		39Pág.	-	Posibilidad de reintegrar a imponentes de las administradoras de fondos de pensiones al Instituto de Normalización Previsional. Oficios		39	-	Reposición de escuela especial en Melipilla. Oficios		40	-	Condecoración para religiosa María Astorquiza. Oficio		41	-	Rebajas en cobros tarifarios de compañías de teléfonos para Regiones Quinta y Octava. Oficio		41	-	Reconstrucción de retén de Carabineros en Quintay, comuna de Casablanca. Oficio		42	-	Incremento de las raciones alimenticias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para Décima Región. Oficio		42	-	Información sobre Corporaciones viales de las Regiones Octava, Novena y Décima. Oficio		42	-	Restricción al ejercicio de médicos veterinarios en mataderos de la Región Metropolitana. Oficios		43	-	Oficio respuesta del Ministerio del Interior sobre hechos ocurridos en Fundo Lleulleu, en Contulmo		44	-	Adhesión a expresiones vertidas por el Comandante en Jefe del Ejército. Oficio		45	-	Percepción de la ciudadanía frente al tema de la delincuencia. Oficios		45	-	Proposiciones para resolver problemas que afectan a la etnia mapuche		46	-	Contaminación de canal Las Cruces, de Pudahuel. Oficios		48	-	Contaminación del río Loa en la Segunda Región. Oficios		49	-	Alcances sobre procedimiento de Carabineros		49	-	Precisiones sobre críticas a parlamentarios		50	-	Información sobre cumplimiento de reglamento telefónico por Compañía de Telecomunicaciones de Chile. Oficio		51	-	Antecedentes sobre causas de accidentes del tránsito. Oficio		52	IX.	Documentos de la Cuenta. 	1.	Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto que autoriza el traspaso de fondos a la Corporación de Fomento de la Producción, para la inversión tecnológica que permita el uso del gas natural en el transporte público de pasajeros de superficie (boletín Nº 2347-15)		54	-	Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 	2.	Prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas (boletín Nº 2343-01)		58	3.	Crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal (boletín Nº 2265-01)		58Pág.	4.	Autoriza el traspaso de fondos a la Corporación de Fomento de la Producción para la inversión tecnológica que permita el uso del gas natural en el transporte público de pasajeros de superficie (boletín Nº 2347-15)		59	-	Oficios del honorable Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:	5.	Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote italiano Armando Bridaroli Pulino (boletín Nº 1988-17)		59	6.	Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso Antonius Theodorus Van Kessel (boletín Nº 1814-17)		59	7.	Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa belga Elise Clementine Mottard Breban (boletín Nº 1900-17)		60	X.	Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Comunicación:- De la Comisión investigadora sobre el racionamiento eléctrico, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al Diputado señor Mulet. 	2.	Oficios: -De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para remitir al archivo los proyectos, iniciados en mociones, que a continuación indican, por tratarse de una materia que ya se encuentra regulada por la ley Nº 19.549, de 4 de febrero de 1998: a)	Establece sistema tarifario para el consumo de agua potable y alcantarillado (boletín Nº 766-14).b)	Regula cargos fijos o adicionales de servicios telefónicos, eléctricos y de agua potable (boletín Nº 992-03).c)	Obliga a empresas eléctricas, telefónicas y de agua potable a especificar en sus boletas, en forma separada, los distintos rubros cobrados (boletín Nº 1087-03).d)	Establece transparencia en la información, en las boletas de cobro de los servicios básicos (boletín Nº 1720-03).e)	Reduce cargos fijos en los servicios de agua potable y cobros por concepto de alcantarillado, en verano (boletín Nº 1825-03).
    
    I. ASISTENCIA-Asistieron los siguientes señores Diputados: (106)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Acuña Cisternas, Mario	PDC	IX	52Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Alessandri Valdés, Gustavo	RN	RM	20Alvarado Andrade, Claudio	IND	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	IND	XII	60Arratia Valdebenito, Rafael	PDC	VI	35Ávila Contreras, Nelson	PPD	V	11Bartolucci Johnston, Francisco	UDI	V	13Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Bustos Huerta, Manuel	PDC	RM	17Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Coloma Correa, Juan Antonio	UDI	RM	31Cornejo González, Aldo	PDC	V	13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio	PDC	V	11Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Delmastro Naso, Roberto	IND	X	53Díaz Del Río, Eduardo	DEL SUR	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Elgueta Barrientos, Sergio	PDC	X	57Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Errázuriz Eguiguren, Maximiano	RN	RM	29Espina Otero, Alberto	RN	RM	21Fossa Rojas, Haroldo	RN	VIII	46Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UCCP	VI	32Girardi Lavín, Guido	PPD	RM	18González Román, Rosa	IND	I	1Gutiérrez Román, Homero	PDC	VII	37Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Huenchumilla Jaramillo, Francisco	PDC	IX	50Ibáñez Santa María, Gonzalo	IND	V	14Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jeame Barrueto, Víctor	PPD	VIII	43Jiménez Villavicencio, Jaime	PDC	RM	31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás	PDC	RM	24Krauss Rusque, Enrique	PDC	RM	22Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19León Ramírez, Roberto	PDC	VII	36Letelier Morel, Juan Pablo	PS	VI	33Letelier Norambuena, Felipe	PPD	VIII	42Longton Guerrero, Arturo	RN	V	12Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	30Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Luksic Sandoval, Zarko	PDC	RM	16Martínez Labbé, Rosauro	IND	VIII	41Martínez Ocamica, Gutenberg	PDC	RM	21Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Molina Sanhueza, Darío	UDI	IV	9Monge Sánchez, Luis	IND	IX	48Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Muñoz Aburto, Pedro	PS	XII	60Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Naranjo Ortiz, Jaime	PS	VII	39Navarro Brain, Alejandro	PS	VIII	45Núñez Valenzuela, Juan	PDC	VI	34Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Orpis Bouchón, Jaime	UDI	RM	25Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Ovalle Ovalle, María Victoria	UCCP	VI	35Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Palma Irarrázaval, Andrés	PDC	RM	25Palma Irarrázaval, Joaquín	PDC	IV	7Pareto González, Luis	PDC	RM	20Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Pérez Lobos, Aníbal	PS	VI	32Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Pollarolo Villa, Fanny	PS	II	3Prochelle Aguilar, Marina	RN	X	55Prokurica Prokurica, Baldo	RN	III	6Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Reyes Alvarado, Víctor	PDC	X	56Rincón González, Ricardo	PDC	VI	33Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Rocha Manrique, Jaime	PRSD	VIII	46Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sánchez Grunert, Leopoldo	PPD	XI	59Sciaraffia Estrada, Antonella	PDC	I	2Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soto González, Laura	PPD	V	14Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Urrutia Cárdenas, Salvador	PPD	I	1Van Rysselberghe Varela, Enrique	UDI	VIII	44Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Vega Vera, Osvaldo	RN	VII	40Velasco De la Cerda, Sergio	PDC	V	15Venegas Rubio, Samuel	IND	V	15Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Walker Prieto, Ignacio	PDC	V	10Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Felipe Valenzuela.	-Asistió, además, la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear, y el Senador señor Carlos Bombal.'
    
    
    
    II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 11.12 horas.	El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
    
    
    III. ACTAS	El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 65ª de la legislatura extraordinaria 339ª, se declara aprobada.	El acta de la sesión 66ª de la misma legislatura, se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
    
    
    IV. CUENTA	El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. 	-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.ARCHIVO DE PROYECTOS.	El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de archivo de proyectos, formulada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, que figura en el punto número 4 de la Cuenta.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	Tiene la palabra el Diputado Delmastro para plantear un asunto de Reglamento.	El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, en la sesión 40ª, de 9 de marzo pasado, la unanimidad de la Sala acordó anticipar la discusión del proyecto de acuerdo sobre la creación de una Comisión especial a fin de investigar los incendios forestales, para posteriormente aprobarlo por mayoría. Han pasado tres meses y todavía no se constituye la comisión, porque algunas bancadas no han nombrado a sus integrantes.	Solicito adoptar las medidas del caso, porque prácticamente han transcurrido 90 días y aún no se ha cumplido con el propósito indicado.	Gracias.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene toda la razón, señor diputado.	Vamos a recabar a las bancadas que nombren a sus representantes. De no hacerlo, la Mesa los va a proponer.INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE PROGRAMAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN EN IQUIQUE.	El señor MONTES (Presidente).- Propongo a la Sala integrar la Comisión especial investigadora de programas de autoconstrucción en Iquique, con los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Edmundo Salas, Antonella Sciaraffia, Ricardo Rincón, Exequiel Silva, Rosa González, Manuel Rojas, Patricio Hales, Salvador Urrutia, Felipe Valenzuela, Fanny Pollarolo, Lily Pérez, René Manuel García y Haroldo Fossa.	¿Habría acuerdo?	AcordadoDESIGNACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA SÉPTIMA, OCTAVA Y NOVENA REGIONES.	El señor MONTES (Presidente).- Propongo a la Sala integrar la Comisión especial investigadora de los hechos relacionados con los incendios forestales en la Séptima, Octava y Novena Regiones, con los siguientes señores Diputados: Patricio Melero, Carlos Recondo, Alejandro Navarro, Jaime Naranjo, José Miguel Ortiz, Miguel Hernández, Edmundo Salas, Homero Gutiérrez, Leopoldo Sánchez, Guillermo Ceroni, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Haroldo Fossa y Roberto Delmastro.	¿Habría acuerdo?	Acordado.V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS	El señor MONTES (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.	El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Montes, adoptaron los siguientes acuerdos:1.	Realizar la sesión de Sala programada para el jueves en la tarde, mañana miércoles, a partir de las 18 horas, para considerar los siguientes proyectos:a)	El que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas de los delincuentes;b)	El que sustituye el sistema de nombramiento y remoción del superintendente de Servicios Sanitarios;c)	El que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota, si fuere despachado por la Comisión de Hacienda, yd)	El que modifica el DFL Nº 1, de 1982, de Minería, ley general de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios, en caso de ser despachado por la Comisión de Economía.2.	Reiterar un acuerdo anterior de la Corporación, en el sentido de que las comisiones que debían celebrar sesiones mañana miércoles 9 deberán trasladarlas al jueves 10. Especial sugerencia de realizar una segunda sesión se formula a las Comisiones de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Constitución, Legislación y Justicia.	El señor MONTES (Presidente).- Recuerdo a la Sala que hace dos semanas se acordó realizar mañana una jornada temática sobre educación superior, razón por la cual todas las actividades del miércoles se trasladaron para el jueves.	Sin embargo, analizando el programa de trabajo, hemos concordado, en reunión de Comités, en la conveniencia de realizar la sesión de Sala del jueves en la tarde, mañana miércoles, en la noche, después de la jornada temática.	En virtud del artículo 31 del Reglamento, la Mesa reitera a las comisiones la necesidad de funcionar el día jueves en la mañana.	Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el proyecto que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota fue aprobado en la Comisión de Hacienda el martes recién pasado.	En segundo lugar, informo que la Comisión de Hacienda se encuentra citada para el jueves durante toda la mañana.	El señor MONTES (Presidente).- Respecto del proyecto de Arica y Parinacota, faltaba una indicación del Ejecutivo. Por esa razón, no se encuentra en tabla para esta sesión. El punto se ha conversado con el Ejecutivo para acelerar el envío de la indicación.RÉPLICA A EXPRESIONES FORMULADAS EN TELEVISIÓN POR DIPUTADO JOCELYN-HOLT. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.	El señor MONTES (Presidente).- El Diputado señor Moreira ha solicitado hacer uso de cinco minutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.	Tiene la palabra su Señoría.	El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en el programa Medianoche, de Televisión Nacional de Chile, trasmitido el viernes recién pasado, fui aludido en términos despectivos e injuriosos por el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.	Manifestó, entre otras cosas, que yo era inmoral; que no tendría moral para juzgarlo y que, en su opinión, me quedaba grande el cargo de parlamentario.	Señor Presidente, me pregunto qué es ser inmoral. ¿No atropellar la ley es ser inmoral? ¿Defender a un carabinero que no se puede defender, es inmoral? ¿Defender a un periodista que realiza su trabajo profesional, eso es ser inmoral? ¿Es inmoral no acusar a un diputado que atropella la ley y abusa de poder?	No puedo dejar pasar estas expresiones, especialmente porque fueron hechas a través de un medio de comunicación muy importante, en mi ausencia, y a propósito de una lamentable actuación del señor Jocelyn-Holt, en la que no me correspondió participación alguna. En consecuencia, deseo hacer algunas precisiones al referido señor diputado.	En primer término, quiero aclarar que si lo que ofendió al señor Jocelyn-Holt fueron mis expresiones vertidas en este hemiciclo, ellas sólo se limitaron a defender la dignidad de Carabineros de Chile, que había sido injusta y torpemente agraviada por un exabrupto de él, por el atropello a la ley y el abuso de poder.	En relación con la otra referencia, es muy probable que el Diputado Jocelyn-Holt tenga razón. A diferencia de él, siempre me he planteado la posibilidad de que mis limitaciones no me permitan estar a la altura de esta función pública, y especialmente siento una inmensa responsabilidad por la confianza que más de 60 mil electores depositaron en mí cuando obtuve la primera mayoría y doblé electoralmente la votación del partido del señor Jocelyn-Holt en mi distrito. Debido a esta preocupación, siempre he procurado actuar en forma honesta, poner el máximo esfuerzo y actuar con valentía.	El señor Jocelyn-Holt recordó el incidente que hace algún tiempo tuve con el entonces Diputado señor Schaulsohn. Efectivamente, ello sucedió; pero quiero hacerle notar que enfrenté a una persona con el mismo fuero e idéntico cargo público; además, era un personaje y político relevante de este país. Nunca he buscado a una persona que no pueda defenderse para insultarla y faltarle el respeto. Es muy fácil insultar a un humilde carabinero cuando quien lo ofende es un parlamentario, que goza de fuero y de un poder que lo colocan a salvo de cualquier tipo de respuesta. Abuso de poder se llama a lo que sucedió ese día en la ruta 68.	También es cierto que cuando vino a Chile el tirano Castro, protesté frente al hotel Hyatt; pero quiero recordarle que cuando la policía me detuvo, a pesar de que tenía plena conciencia de que se estaban violando mis derechos, y con ello mis privilegios constitucionales, acepté la detención y no tiré ningún pasaporte a Carabineros de Chile.	Señor Presidente, puede ser que el título de diputado me quede grande según algunos; pero el señor Jocelyn-Holt debe tener la certeza de que el título de hombre me queda perfectamente bien, y de eso a nadie le cabe duda alguna. Esto es así porque actúo de frente, doy la cara y si quiero decir algo a alguien, lo hago en su presencia y de frente, no en su ausencia.	Lamentablemente, el señor Jocelyn-Holt, con sus expresiones, sólo profundiza la gravedad de un hecho nacional: atropelló la ley, abusó de poder, y eso es inaceptable para un diputado y para un Parlamento que, en forma constante, reivindica los derechos de los que no pueden defenderse.	He dicho.
    
    VI. ORDEN DEL DÍANORMAS SOBRE ADOPCIÓN DE MENORES. Proposición de la Comisión Mixta.	El señor MONTES (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que dicta normas sobre adopción de menores, modifica la ley Nº 7.613 y deroga la ley Nº 18.703.	Antecedentes:	-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 899-07, sesión 3ª, en 2 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.	El señor MONTES (Presidente).- Solicito el acuerdo para que puedan ingresar a la Sala, junto con la señora Ministra, sus asesoras, las señoras Myriam Esquivel y Consuelo Gazmuri.	Acordado.	Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.	El señor ELGUETA.- Señor Presidente, el informe en examen debe ser aprobado en su totalidad, atendida la enorme trascendencia de este proyecto, que completa, de este modo, la regulación de la familia, luego de haberse aprobado la ley sobre filiación.	La adopción es uno de los vínculos familiares que, además, generan el matrimonio y la naturaleza.	En cifras, el Servicio Nacional de Menores cuenta con alrededor de 980 menores de ocho años en situación de ser adoptados, pero, atendidos los trámites burocráticos y la existencia de varios tipos de adopciones, el interés ha sido bajo. En 1990, por ejemplo, hubo 238 adopciones, y en 1994, 262.	Al no existir normas sobre la adopción internacional, en 1989 salieron del país 1.200 niños, cifra rebajada hoy a 185 gracias a los controles y a las denuncias efectuadas en los tribunales.	Las divergencias que sostuvimos con el honorable Senado se superaron en los siguientes puntos controvertidos:	En primer lugar, la Comisión acordó mantener la idea de repetir en esta ley los efectos de la adopción, es decir, que el adoptado es hijo, tiene estado civil de hijo de el o los adoptantes para todos los efectos legales.	En segundo lugar, los organismos privados y su acreditación por el Sename se regulan atendiendo a su calidad de persona jurídica, como corporaciones y fundaciones que tengan como objeto atender y proteger al menor, estableciéndose asimismo un recurso ante el director del Sename o el Presidente de la República, vía Ministerio de Justicia, con la finalidad de reclamar si se sienten afectados por las decisiones del Servicio Nacional de Menores.	En tercer lugar, se establece un plazo total de 60 días, con el objeto de evitar la dilación en el procedimiento previo, solicitud de informe y la doble citación del padre o madre no comparecientes.	En cuarto lugar, no se innovó en la hipótesis de que uno de los cónyuges adoptantes sea el padre o madre del menor u otro ascendiente consanguíneo, y el hijo tenga filiación matrimonial o ha sido reconocido por ambos padres en razón de la nueva ley Nº 19.585, sobre filiación, como es el caso del hijo matrimonial cuya madre contrae nuevas nupcias luego de anularse y desea, con su nuevo cónyuge, mantener la calidad del hijo.	En quinto lugar, como la adopción actual simple confiere el derecho de percibir la asignación familiar, beneficio de salud y otras prestaciones, se estimó conveniente mantener esos derechos modificando el sistema único de prestaciones familiares.	En sexto lugar, la Comisión Mixta mantuvo los requisitos exigidos a los adoptantes en cuanto a la edad, duración del matrimonio, diferencia de edad, atendido que es necesario mantener el principio de tener una determinada estabilidad matrimonial. Además, varió la fórmula que expresa: “Cuando se justifique por una resolución fundada, a fin de que el juez pueda prescindir de los límites de edad o rebajar la diferencia de edad entre adoptante y adoptado”.	En séptimo lugar, se especificó claramente por la Comisión Mixta que la adopción sólo podía ser legal en el caso de que el adoptante fuera un soltero y no solteros o viudos, en plural; y para ese efecto, en la ley se expresó tal orientación con el uso del singular respectivo.	En octavo lugar, para acortar el procedimiento de adopción se decidió también un lapso de 60 días, a fin de realizar todas las diligencias e informes que pida el tribunal.	En noveno lugar, la adopción puede anularse sólo si se obtiene por medios ilícitos o fraudulentos, por lo que no pueden invocarse vicios del consentimiento, como se había sostenido en esta honorable Cámara; pero se planteó la posibilidad de que el solo hecho de haber incurrido en delito diera lugar a la nulidad, lo cual la Comisión Mixta rechazó, aduciendo que tal acción puede ser ejercida tanto por el adoptante, por el adoptado por sí o mediante su curador especial, la cual sólo tendrá un plazo de prescripción de cuatro años, que se contará desde la mayor edad del adoptado que haya tomado conocimiento del vicio respectivo.	A este respecto, quisiera observar que aquí se da la posibilidad de que coexista un fraude o una adopción mediante medios ilícitos con la respectiva adopción, tendiendo a mantenerla en el interés superior del niño si los adoptantes se comportaran adecuada y responsablemente, con lo cual, como lo señalé en la Comisión Mixta y lo reitero ahora, podrían afectarse las consecuencias del fallo penal condenatorio en materia civil, artículo 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, en la Comisión Mixta se dijo que no resultarían afectados esos efectos en atención a que el adoptado, por sí o mediante su curador, dentro de un plazo determinado, podría invocar la nulidad civil en el instante que sea conveniente a los intereses del niño.	También se perfeccionó lo relativo al delito de revelación de antecedentes reservados, a fin de poner más de relieve los verbos rectores de la conducta, que consiste en que un funcionario público revele o permita que otro difunda antecedentes que son reservados, de acuerdo con la ley.	Por último, la Comisión Mixta señaló que aquellas personas que tengan la calidad de adoptantes o de adoptados conforme a la ley Nº 7.613 o a las reglas de la adopción simple, que por este proyecto se derogan, deben someterse a la aprobación judicial. Se aclaró que la expresión “aprobación judicial” tendría lugar mediante la intervención del juzgado competente, o sea, del de menores si se trata de un adoptado menor de edad, o del de letras, respecto de los mayores de edad.	Por las consideraciones anteriores, estimo que debe ser aprobada íntegramente la proposición de la Comisión Mixta, a fin de que el proyecto se transforme pronto en ley y empiece a regir junto con la normativa sobre filiación, que ya despachó el Congreso.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señor Presidente, tal como lo ha dicho el Diputado señor Elgueta, esperamos aprobar hoy el proyecto que modifica y perfecciona la ley sobre adopción de menores.	En el diario “El Mercurio” de Santiago, Benito Aranda, director del Hogar de Cristo, expresó que los integrantes de familias que habían obtenido el regalo de poder adoptar sus hijos, no sólo estaban agradecidos de Dios y de la sociedad, sino que, además, eran fervorosos partidarios de este derecho y de todos los esfuerzos que se hagan por perfeccionar, mejorar y desobstaculizar este proceso, que sólo persigue beneficiar a los niños abandonados y a matrimonios que desean transformarse en padres. Por lo tanto, permitirá que muchos menores en situación irregular puedan optar a una familia que, además de darle afecto, se preocupe de su bienestar espiritual y material para obtener su pleno desarrollo.	El espíritu de la Cámara fue que este derecho que tienen todos los niños, de contar con una familia, sea coherente con la ley de filiación, que indica que en Chile los hijos son todos iguales, cualquiera sea su origen. Debo recalcar que el proyecto es riguroso al establecer las condiciones que deben cumplir los adoptantes, como demostrar idoneidad para ser protectores de los menores. También consagra los principios para la adopción por un matrimonio no residente en Chile, con lo cual se evitarán muchos hechos irregulares, como el tráfico de niños.	La Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear, ha dicho que más que llenar un vacío legal, el proyecto se preocupa en forma especial por los niños, o sea, se busca una familia para un niño y no un niño para una familia.	Esperamos que la Cámara apruebe por amplia mayoría, ojalá por unanimidad, el proyecto; lo que permitirá a muchos menores tener la posibilidad de contar con una familia que les entregue el afecto y cariño necesarios. Creo que, además, disminuirán las prácticas abortivas al proporcionarle a las mujeres la posibilidad de adopción de sus hijos. También se eliminan algunas trabas y se disminuye el tiempo de espera, a fin de que muchos hombres y mujeres puedan acoger a estos niños y preocuparse de su bienestar material y espiritual para que crezcan y se desarrollen en forma plena.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis.	El señor ORPIS.- Señor Presidente, estamos llegando al final del proceso de un proyecto que, desde mi punto de vista, es uno de los más importantes que ha tramitado el Congreso. Si hay alguna legislación de la cual un Parlamento puede sentirse plenamente orgulloso es de aquella que tiene por objeto proteger a quienes se encuentran en situación de abandono o desamparo, como el caso de algunos niños.	Tengo la más plena certeza de que, a partir de octubre, los niños que se encuentran desprotegidos recibirán una de las mejores noticias de su vida, porque, claramente, se les abre un camino de esperanza, pues durante estos años el Parlamento, en conjunto con el Ejecutivo, en especial con el Ministerio de Justicia y sus asesores, ha trabajado en una iniciativa que innova profundamente en la situación de abandono en que se encuentran. A través de trámites expeditos y rápidos, ellos tendrán derecho a una familia. Ojalá todos los niños de este país tengan la posibilidad de desarrollarse en el seno de una familia.	Una de las innovaciones más importantes radica en que existirá un solo tipo de adopción, a partir del cual los menores pasan a tener la calidad de hijos.	En segundo lugar, al separar los procedimientos previos de la adopción propiamente tal, los tribunales de justicia -en un procedimiento no contradictorio y en el que los jueces tendrán ocasión de evaluar la idoneidad de la familia-, podrán concentrarse en escoger aquella más idónea para que los niños puedan desarrollarse.	En tercer lugar, es muy importante en un proceso de adopción que los plazos que se establezcan sean ágiles y acotados, de modo que el vínculo del niño con la familia adoptante se establezca a la brevedad. Mientras más temprano se genere el vínculo, más posibilidad tendrá la familia de inculcar valores al niño, de hacerlo propio y de procurarle a futuro un desarrollo en plena normalidad. Hemos quedado satisfechos con lo resuelto por la Comisión Mixta. Cuando se remitió a la Cámara el proyecto en tercer trámite constitucional, nos preocupaba el hecho de que, tanto en el proceso previo a la adopción como en el de adopción propiamente tal, algunos trámites podían dilatar el procedimiento. Sin embargo, considero que ambas etapas quedaron suficientemente acotadas, de modo de evitar dilaciones en el proceso.	En cuarto lugar, creemos que se resolvió adecuadamente el problema de la adopción originada en solicitudes de solteros o viudos, al impedirse que a futuro personas de un mismo sexo puedan adoptar.	Quedamos satisfechos también respecto de una indicación que presentamos sobre la acreditación de las instituciones. A partir de la vigencia de esta ley en tramitación, sólo las corporaciones y fundaciones estarán facultadas para realizar procesos de adopción, las que deben obtener personalidad jurídica, en el Ministerio de Justicia, a fin de velar por la idoneidad de los directores. Asimismo, se establece que aquellas instituciones que se sientan agraviadas, puedan interponer un recurso ante el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Justicia. De ese modo, quedan suficientemente resguardados algunos aspectos que considerábamos que había que perfeccionar.	Estamos satisfechos también respecto de lo resuelto sobre los causantes de asignación familiar. El problema de ser carga y, por lo tanto, beneficiario de un sistema de salud, no sólo se presentaba respecto de la familia del futuro adoptante, sino también cuando se acogía una medida de protección. Cuando el niño es muy pequeño necesita el cuidado de sus padres, y son muchas las ocasiones en que debe recurrir a establecimientos asistenciales y hospitalarios. En esta materia, el niño se encontraba completamente desprotegido; sin embargo, la Comisión Mixta resolvió el tema en forma adecuada.	En síntesis, hemos quedado plenamente satisfechos con la labor realizada, porque, tal como lo señalaba, es el tipo de proyecto de ley ante el cual el Gobierno y el Congreso deben sentirse plenamente orgullosos. No hay mejor manera de sentirse satisfecho de una política de Estado, que cuando se trata de proteger a miles de niños y se procura su desarrollo en el seno de una familia, sobre todo cuando ellos han sufrido angustias debido a su situación de abandono o desprotección.	Al terminar este proceso legislativo, quiero agradecer al Congreso, al Ministerio de Justicia y al Gobierno el haber impulsado con tanta voluntad política un proyecto de ley de tanta trascendencia social.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.	La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, en nombre de la bancada de mi partido, manifiesto nuestra satisfacción por el trabajo realizado por la Comisión Mixta en este importante proyecto. De las doce indicaciones que formulamos a distintas materias, siete fueron acogidas, con lo cual se lograron adecuaciones y perfeccionamientos al texto. Quiero referirme a tres de esas modificaciones que se incorporaron al proyecto a fin de perfeccionarlo y despejar toda duda que éste pudiera haber suscitado.	En primer lugar, los plazos judiciales se fijan con mayor precisión, en especial para evitar dilaciones innecesarias en el proceso de adopción. Ello, en consonancia con el artículo 9º, el cual regula la declaración de voluntad en relación con un menor susceptible de adopción y cuyos padres no se encuentran capacitados para su protección. Para tal efecto, se otorga un plazo máximo de 60 días a fin de citar a los padres, y otro de 30, para practicar las diligencias adicionales. Subrayo este punto porque me parece un perfeccionamiento relevante.	Quizá lo más significativo se vincula con un tema fundamental del proyecto: avanzar en la reducción de plazos, dar mayor rapidez al procedimiento, a fin de evitar los problemas que generan procesos de adopción que se prolongan excesivamente. Asimismo -y a fin de procurar que los procedimientos aseguren que no exista ningún riesgo para el niño que será adoptado-, es muy importante el hecho de que el proyecto señale las normas básicas que el Sename debe considerar para acreditar a los organismos privados que intervendrán en el proceso de adopción. En esta materia, relacionada con las modificaciones a los artículos 6º y 7º, resultan muy significativas las precisiones de la Comisión Mixta. Sobre este punto, hay que destacar que es especialmente importante el hecho de que se tomaran en cuenta las obligaciones internacionales de Chile, específicamente lo dispuesto por la Convención sobre Protección del Niño, en materia de adopción internacional, instrumento aprobado en La Haya, en 1993, y sancionado por la Cámara en su oportunidad. En atención a que dicha Convención aún no ha sido aprobada por el Senado, aprovecho esta oportunidad para solicitar a los senadores que aceleren la aprobación definitiva de este importante convenio.	Asimismo, cabe destacar la reposición de la idea original de la Cámara de otorgar asignación familiar y atención de salud a los niños cuyo cuidado personal se confía a alguna persona como medida de protección en las etapas previas a la adopción definitiva. Con esto se salva una omisión importante en que había incurrido el Senado.	Los restantes acuerdos de la Comisión Mixta solucionan algunas dudas que surgieron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.	Lo que señalaré a continuación parecerá un exceso de detalle, pero prefiero mencionarlo: el rechazo de la eliminación del requisito de dos años de duración del matrimonio de los cónyuges que desean adoptar un niño. La única razón que se dio para adoptar esa decisión es que tal plazo acreditaría la necesidad de estabilidad de la pareja. Sin embargo, las parejas estériles no cuentan con plazo alguno, de modo que el único criterio que funda la decisión de la Comisión Mixta es dar tiempo a la pareja no estéril para tomar una determinación respecto de la adopción. En esto, nuevamente hay una tendencia paternalista que no privilegia la libertad personal para tomar decisiones de esta naturaleza.	Como aquí se ha dicho, estamos llegando a la etapa final de una iniciativa que muy pronto será una ley fundamental -no cabe duda de que el texto consensuado será aprobado en el Senado- en un tema tan decisivo para el futuro de nuestros niños, quienes, lamentablemente y en un alto porcentaje, no cuentan con padres biológicos que estén en condiciones de darles la protección, la familia y el hogar que requieren para su sano desarrollo.	Cabe felicitarnos como Cámara por haber tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto tan importante. Como parlamentarios, podemos sentirnos orgullosos de realizar una tarea tan significativa, y felicitar al Gobierno, muy especialmente a la señora Ministra de Justicia y a sus asesoras, quienes trabajaron muy dedicada e inteligentemente en un proyecto que, sin duda, cubrirá una necesidad y nos llena de legítima satisfacción y orgullo.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora María Antonieta Saa.	La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, hoy es un día muy importante, porque damos un paso adelante en el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Es decir, con este proyecto avanzamos en la posibilidad de que los niños chilenos que no tienen familia propia puedan contar con una.	El hecho de modificar la normativa vigente, fijando plazos, estimulando la adopción, con una serie de elementos que corrigen sus vacíos, que hasta hoy se prestan para muchos problemas, constituye realmente un paso muy importante.	Valoramos la iniciativa y todo lo que permite avanzar; pero debemos sumarle una cultura de adopción infantil. Si bien tal cultura se expresa en algunos sectores, todavía falta mucho para que las familias sepan integrar cabalmente a su seno a otros niños, que carecen de ellas.	Debemos avanzar en dar una familia a los niños, porque todos nos hemos dado cuenta de que, a pesar del ímprobo trabajo de las instituciones, para un niño o una niña no es lo mismo crecer en una de ellas que pertenecer a una familia.	En nombre del Partido por la Democracia, expreso nuestra satisfacción por llevar a buen término este cometido, felicitar al Ministerio de Justicia por la iniciativa y el excelente trabajo realizado, y, como dijo la Diputada señora Fanny Pollarolo, felicitarnos por la labor que hemos efectuado respecto de esta materia.	Esperamos que el cumplimiento de esta ley, con todas sus medidas sobre plazos, registro de instituciones, estimulación, a través de ella, para adoptar niños sin mayor problema, siempre velando por su interés, se lleve adelante y aumente la adopción de niños, tan importante y necesaria.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Pía Guzmán.	La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, el proyecto es realmente importante para los sentimientos más íntimos de las personas, en cuanto a constituir familia.	Sinceramente, la solución consensuada de las divergencias, en la Comisión Mixta, indica que el proyecto debe ser promulgado y publicado como ley lo antes posible y empezar a regir en el más corto plazo, a fin de que las personas que deseen adoptar menores puedan hacerlo.	El proyecto fue objeto de variados perfeccionamientos en la Comisión Mixta; los más importantes son los que establecen normas básicas en el propio marco legal para las instituciones privadas que llevarán a cabo los programas de adopción. Como se señaló, esas normas básicas tienen que ver con la exigencia de que sean corporaciones y fundaciones -es decir, entes con personalidad jurídica y, por lo tanto, que estén sujetas al control del Ministerio de Justicia-, y con la necesidad de que quienes lleven a cabo estos programas de adopción sean profesionales especialmente capacitados para ello.	También ha sido muy positivo el establecimiento de plazos para agilizar determinadas gestiones o diligencias judiciales, a fin de que, por no darse cumplimiento oportuno, el proceso de adopción no se paralice.	Asimismo, es importante haber precisado que personas solteras o viudas pueden adoptar niños en los casos en que no existan matrimonios interesados -lo que ha contado con pleno apoyo-, lo que es realmente muy bueno, siempre y cuando -tal como lo hace la Comisión Mixta- se precise que esta adopción la debe realizar una persona viuda o soltera, para no dar lugar a equívocos que tendrían que ver con la filiación posterior, por el hecho de generar un estado civil.	Ha sido importante también la mantención de los efectos de la adopción simple. Una de las críticas al proyecto aprobado por el Senado era que, terminando con dicha adopción, sus efectos en cuanto a entregar el cuidado personal del niño y proveerlo de asignación familiar y de prestaciones de salud, siendo causante en relación con sus padres adoptivos, no se podrían cumplir. En esto, la Comisión Mixta ha sido muy positiva al entregar estos efectos relativos al cuidado personal o tuición, medida de protección que está radicada en los tribunales de menores. Así, los niños podrán ser entregados en cuidado personal; pero no sólo serán causantes de asignación familiar, sino que también podrán recibir prestaciones de salud y los beneficios previsionales que les correspondan.	En definitiva, es un gran proyecto; pero no me felicito, porque simplemente hemos cumplido con nuestra obligación respecto de muchos niños que están abandonados o cuyas madres, si lo desean, los entregan en adopción. No me felicito, porque la ley no soluciona el problema. Hacer la ley no es que se prenda la luz y se solucione el problema. Como parlamentarios, debemos asumir el compromiso de realizar un seguimiento de la aplicación de la ley, porque sólo en su implementación producirá los efectos que deseamos.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.	La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).- Señor Presidente, es motivo de gran satisfacción encontrarnos en este trámite, luego de haberse trabajado acuciosamente en la Comisión Mixta y haber llegado a la aprobación, prácticamente por unanimidad, de todos los artículos a que han hecho mención los diputados y diputadas que han intervenido esta mañana.	Ciertamente, estamos frente a una iniciativa que hemos revisado con mucha acuciosidad tanto en las Comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia, como en la Sala, con disposiciones sustantivas y procesales que, como hemos dicho en muchas ocasiones, buscan una familia para un niño. En un marco adecuado, se posibilita hacer realidad el derecho de cada niño, sin perjuicio de sus condiciones de nacimiento o realidad, a vivir en el seno de una familia que le brinde el afecto y los cuidados necesarios para su desarrollo integral como persona.	Diputados y diputadas han hecho mención de cada una de las indicaciones que fueron motivo de reflexión en la Comisión Mixta.	Cabe manifestar que, hace poco rato, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, aprobó, como ya lo hizo la Cámara de Diputados, la Convención de La Haya, complementaria de esta iniciativa legal.	A su vez, hemos obtenido el compromiso de que una vez aprobado este proyecto -lo que esperamos ocurra, dadas las intervenciones que hemos escuchado esta mañana-, el Senado lo incluirá en la misma tabla con la iniciativa que aprueba la Convención de La Haya, con el objeto de concordar nuestra legislación interna con nuestra legislación internacional.	Señor Presidente, agradezco muy sinceramente el apoyo manifestado en esta Sala y el enorme esfuerzo realizado por los parlamentarios, quienes han hecho grandes aportes en este trabajo en común, forma en que siempre debemos abordar las tareas de país y de Estado. Trabajar en políticas en favor de la infancia, a fin de solucionar los problemas de nuestros niños, es ciertamente una de nuestras labores más importantes.	Desde esa perspectiva, señor Presidente, felicito a esta honorable Cámara de Diputados, particularmente a los integrantes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, así como a las diputadas y a los diputados de las distintas bancadas, quienes han contribuido a enriquecer el proyecto, que, estoy cierta, esta honorable Cámara aprobará hoy.	He dicho.	(Aplausos).	El señor MONTES (Presidente).- El proyecto se votará al final del Orden del Día.	-Posteriormente, el proyecto se votó en los siguientes términos:	El señor MONTES (Presidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que dicta normas sobre adopción de menores, modifica la ley Nº 7.613 y deroga la ley Nº 18.703.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor MONTES (Presidente).- Aprobado el informe de la Comisión Mixta, dejando constancia que se reunió el quórum necesario.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arratia, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).MODIFICACIONES A DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. Tercer trámite constitucional.	El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de efectuar adecuaciones en materias relativas al trabajo de menores de edad, a trabajos mineros subterráneos de personas menores de 21 años y a fuero laboral de candidatos a un directorio sindical.	Antecedentes:	-Modificaciones del Senado, boletín Nº 1745-13, sesión 32ª, en 8 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 5.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Darío Paya.	El señor PAYA.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo manifestar el agrado de discutir materias de índole laboral sin el dramatismo con que usualmente se abordan, sin esa tentación tremenda de dividir a los diputados entre amigos y enemigos, en un ambiente de confrontación y de conflicto permanentes.	Este proyecto es bastante razonable en casi todas sus disposiciones, al igual que las modificaciones que introduce el Senado a lo aprobado por la Cámara, ya que van en la misma dirección. Uno podrá discutir el mérito técnico de unas y otras; pero, en general, nos parece que resuelven bien los problemas, salvo uno, respecto del cual creo que el Senado se equivoca diametralmente. En un par de minutos, llamaré la atención de los diputados sobre este punto.	Por otra parte, me parece necesario dejar sentado que debe reglamentarse muy bien el examen que se exigirá a las personas entre 18 y 21 años para efectuar labores mineras subterráneas -el que no se establece en el proyecto, sino en un reglamento-, con el objeto de que esto no se transforme en una traba más para que la gente joven encuentre trabajo, pues es la que más sufre el problema del desempleo; es decir, no se trata de crear una nueva barrera para que los jóvenes entren al mercado de trabajo. Me tendrían que dar muy buenas razones para que un joven de 19 años, que ya hizo el servicio militar, no pueda trabajar en una faena minera subterránea como cualquier otra persona.	De manera que vamos a poner atención a la hora de dictarse el reglamento relacionado con este punto específico.	Nos parece razonable la forma en que el Senado aborda el problema, por lo que apoyaremos sus proposiciones.	Estimamos conveniente también el sistema establecido para calcular las gratificaciones, consignado en la letra b) del proyecto, disposición que también apoyaremos.	Sin embargo, nos merece un comentario de índole política lo dispuesto en materia de sindicatos.	Normalmente, uno escucha el temor de las organizaciones sindicales -y de algunos parlamentarios que, muy legítimamente, actúan en muchas oportunidades como voceros de las organizaciones sindicales en este hemiciclo-, por el proceso de atomización del mundo sindical, de dividir a los sindicatos, de jibarizarlos.	La verdad es que el Senado y la Cámara aprobaron lo mismo en relación con la norma contenida en la letra f) del proyecto; pero ahora debemos pronunciarnos respecto de ella sólo por una cuestión formal, ya que la Cámara aprobó la frase “a lo menos el 50%”, mientras que el Senado propone la expresión “a lo menos el cincuenta por ciento”, es decir, la primera lo señala con números, y el segundo, con letras.	En la práctica, aquí se permite crear dos sindicatos en las empresas en las que hoy, por el número de sus trabajadores, no podría existir más que uno.	No se trata de algo dramático, por lo que nuevamente nos parece conveniente aprobar esta modificación.	Estimamos razonable también aprobar la norma contenida en la letra i), que señala: “Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema”.	Creemos que el Senado se equivoca gravemente en suprimir la letra c), por lo que consideramos que la Cámara haría un gran bien en rechazar tal modificación. El tema es complejo y de difícil descripción. Intentaré explicar el porqué de nuestra opinión.	Las empresas tienen hoy dos opciones en materia de gratificaciones: o pagan una vez al año el 30 por ciento de las utilidades en forma de gratificación, o pagan mensualmente el 25 por ciento de las utilidades del ejercicio, con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales por trabajador.	¿Por qué se está revisando este sistema de conceder gratificaciones? Porque una empresa que optó por otorgar este beneficio mensualmente pagó a sus trabajadores una cantidad algo superior a los 4,75 ingresos mínimos mensuales, lo que motivó un juicio.	La Cámara trató de solucionar este problema modificando la norma mediante una expresión que se podría criticar desde un punto de vista gramatical, ya que dice: “podrá no exceder” de 4,75 ingresos mínimos, lo que, en la práctica, equivale a decir que podrá excederlos, con lo cual permite que las empresas puedan pagar a los trabajadores más de 4,75 ingresos mínimos por concepto de gratificaciones.	La modificación supresiva del Senado impide esa posibilidad. En la práctica, significa que ninguna empresa podrá pagar un peso más por sobre los 4,75 ingresos mínimos, porque la jurisprudencia al respecto señala que la empresa que pague un “pelito” más a los trabajadores, tendrá que cambiarse forzosamente de este sistema al que la obliga a pagar anualmente el equivalente al 30 por ciento de las utilidades anuales de la empresa.	En consecuencia, no nos perdamos: aquí existe una opción razonable, porque las empresas tienen realidades muy distintas; pero sucede que en la práctica aconteció un caso que no estaba contemplado en la ley: que una empresa optara por uno de los sistemas, pero estuviera dispuesta a pagar más del tope legal. No sé cuántas veces los señores diputados se han encontrado con casos en que el problema se genera porque una empresa paga más de lo que la ley pone como tope. El problema que nos preocupa se produjo -reitero- porque una empresa pagó a sus trabajadores más de lo que la ley establece. Eliminar esa posibilidad nos parece una cuestión sin razón. La Cámara hizo bien cuando aprobó esta norma, cuya redacción, un tanto extraña, permite que las empresas puedan excederse un poquito cuando pagan estas gratificaciones, porque va en beneficio directo de los trabajadores.	Por eso, ratificando lo que hemos dicho, de que nos parecen razonables las modificaciones del Senado, las apoyaremos casi en su totalidad, pero nos vamos a oponer a la de la letra c) y a sugerir a la Sala que la rechace, de manera que la Cámara reitere su criterio en una Comisión Mixta y deje abierta la posibilidad de entregar un poco más de dinero a los trabajadores, en caso de que una empresa quiera ir más allá de lo que la ley contempla. No lo prohibamos por esta vía.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.	El señor ELGUETA.- Señor Presidente, las modificaciones del Senado que hoy analizamos inciden en una moción presentada por el ahora ex Diputado democratacristiano Rubén Gajardo, y se refieren a distintas anomalías que existen en el actual Código del Trabajo.	Por ejemplo, respecto del trabajo subterráneo de los menores de 18 años, a que se refiere su artículo 14, señala que no serán admitidos en trabajos subterráneos y, sin embargo, en el inciso segundo, muestra una fórmula mediante la cual ellos mismos -a quienes se prohíbe trabajar en labores subterráneas- no pueden ser contratados para esos trabajos sin someterse previamente a un examen de salud. 	Ésa es la contradicción que el entonces colega Rubén Gajardo planteó a la Cámara y que, en definitiva, el Senado también terminó aceptando de alguna manera, puesto que eleva la edad de 18 a 21 años, sometiendo también a las personas a un examen de aptitud para determinar si son aptas o no para ese tipo de faenas. Incluso, no se trata de cualquier labor subterránea, ya que el Senado agregó la expresión “minera” para entenderlo más explícitamente.	Respecto del artículo 73 del Código del Trabajo, el Senado también comparte la idea del proyecto en cuanto a corregir una situación anómala derivada de una mala cita del artículo 66, que dispone que el feriado allí establecido no se puede compensar en dinero. Sin embargo, este artículo se refiere al permiso que debe otorgarse al trabajador con motivo del nacimiento de un hijo suyo. En cambio, el derecho a feriado está consagrado en el artículo 67 y es obvio que no admite compensación en dinero, como lo ha reconocido la legislación sobre la materia.	En consecuencia, el Senado, en esa parte, se hace cargo de lo dispuesto por el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados en su oportunidad, y lo hace suyo.	Respecto del comentario surgido de la letra c), relativa a las gratificaciones que paguen los empleadores, en la legislación actual se establece un tope del 25 por ciento para aquellos que han repartido una determinada cantidad, estimándose que con ello pagaron el porcentaje determinado sobre las utilidades y entregando lo que excedan de su tope, a negociaciones colectivas o a otro tipo de pactos ajenos a la ley. 	Por esa razón, no obstante que esto no es materia del proyecto, la Cámara de Diputados, en vez de decir “hasta un veinticinco por ciento”, prefirió la expresión “a lo menos un veinticinco por ciento”. En consecuencia, se abre la posibilidad de que legalmente se pueda otorgar una gratificación mayor. Sin embargo, el Senado suprimió esta norma, que consideramos conveniente. Por eso, por lo menos yo, voy a votar en contra de esa modificación.	Respecto de otras modificaciones, como la del número de personas para constituir un sindicato, concordamos con lo propuesto por el Senado porque entrega una fórmula mejor explicitada que la de la Cámara, y corresponde también a su sentido.	Por último, el diputado Rubén Gajardo señalaba a raíz del proyecto que entre las numerosas causas que ve la Corte Suprema, las laborales no tenían preferencia para su vista y fallo. El Senado se limita a invertir los términos en que la Cámara redactó la disposición, pero mantiene absolutamente la idea de que las causas laborales gozarán de preferencia en la Corte Suprema para su vista y conocimiento.	Conforme a lo expuesto, votaremos favorablemente estas modificaciones, salvo la que se refiere a la letra c), que el Senado ha suprimido, y que pido se vote separadamente.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra. 	Cerrado el debate.	Las modificaciones del Senado también se votarán al término del Orden del Día.	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:	El señor MONTES (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que modifica y adecua disposiciones del Código del Trabajo en materias relativas al trabajo de menores, a faenas mineras subterráneas de menores de 21 años, y a fuero laboral de candidatos a un directorio sindical.	Se debe votar por separado la modificación a la letra c) del artículo único, tal como lo ha propuesto el Diputado señor Paya.	El señor PAYA.- Señor Presidente, adicionalmente, solicito votar por separado el número 3 de la letra a) del artículo único.	El señor MONTES (Presidente).- En votación las modificaciones introducidas por el Senado, exceptuando el número 3 de la letra a) y la letra c) del artículo único, cuya votación se hará por separado.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor MONTES (Presidente).- Aprobadas.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arratia, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).	El señor MONTES (Presidente).- En votación el número 3 de la letra a) del artículo único, introducido por el Senado.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 5 abstenciones.	El señor MONTES (Presidente).- Rechazado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Alessandri, Arratia, Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Fossa, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Jiménez, Longton, Lorenzini, Mora, Mulet, Ojeda, Ortiz, Reyes, Salas, Tuma, Vega, Venegas y Villouta.	Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Aguiló, Álvarez-Salamanca, Ávila, Bustos (don Manuel), Ceroni, Correa, Díaz, Dittborn, Encina, Galilea (don Pablo), Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jocelyn-Holt, Krauss, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Masferrer, Melero, Monge, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Núñez, Olivares, Orpis, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Urrutia, Van Rysselberghe, Velasco, Vilches, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Alvarado, Bartolucci, Bertolino, Paya y Saa (doña María Antonieta).	El señor MONTES (Presidente).- En votación la modificación del Senado a la letra c) del artículo único.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 65 votos. No hubo abstenciones.	El señor MONTES (Presidente).- Rechazada.	Despachado el proyecto.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Delmastro, Fossa, Guzmán (doña Pía), Vega y Villouta.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Ceroni, Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Galilea (don Pablo), González (doña Rosa), Gutiérrez, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas, Vilches, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).NORMAS TÉCNICAS SOBRE CALIDAD DEL AGUA POTABLE. Segundo trámite constitucional.	El señor MONTES (Presidente).- Corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto que prohíbe la fluoración del agua potable en el territorio nacional.	Antecedentes.	-Proyecto del Senado, boletín Nº 1536-11, sesión 36ª, en 8 de enero de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 4.	-Informe de la Comisión de Salud, sesión 34ª, en 9 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 3	El señor MONTES (Presidente).- En ausencia del Diputado informante señor Osvaldo Palma, tiene la palabra en su reemplazo el Diputado señor Aguiló.	El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, paso a ilustrar a la Sala sobre el contenido del proyecto, que se originó en una moción del ahora ex Senador Eugenio Cantuarias.	Probablemente, algunos colegas recordarán que hace tres años hubo en el mundo académico una polémica -que trascendió a los medios de comunicación- acerca del impacto que la fluoración de aguas en nuestros sistemas de agua potable podría tener a favor o en contra de la salud humana, particularmente de la salud bucal.	Hablo de una polémica técnica porque, hasta ese momento, para todos los ciudadanos del país y probablemente de otros del mundo, era relativamente obvio y aconsejable el tratamiento del agua potable con algún grado de fluoración porque prevenía un conjunto de patologías en la salud bucal, particularmente las llamadas caries dentales. 	Sin embargo, un grupo de dentistas de la Octava Región -no se conocen experiencias similares en otras regiones- realizó un estudio singular que los llevó a concluir que, en determinado grado, el flúor podía causar cierto daño a la salud humana. 	En virtud de ello, algunos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado estimaron necesario presentar una moción que tenía el propósito de prohibir la fluoración del agua potable en todo el territorio nacional. Ésa fue la finalidad del proyecto. Constaba de un artículo único, en función de los fundamentos técnicos avalados por los científicos de la VIII Región, y señalaba, simplemente, en forma expresa, que se prohibía la fluoración del agua potable en todo el territorio nacional.	Efectuada la discusión en la Comisión Salud del Senado y luego en la Sala de esa Corporación, el proyecto se modificó entera y absolutamente, al punto de que hoy mantiene un título o nombre que nada tiene que ver con su contenido. Dice que prohíbe la fluoración del agua potable y ni siquiera la menciona como tópico, sino que expresa una facultad que se entregaría al Presidente de la República -en virtud de la iniciativa-, a través de la modificación del artículo 32 del Código Sanitario, para que en un decreto fundado determine las normas técnicas que la autoridad sanitaria debe definir a fin de que el agua sea considerada apta para el consumo humano; o sea, potable. Eso es todo. En seguida, señala que el decreto determinará la agregación, disminución o eliminación, en las aguas aptas para el consumo humano, de elementos que puedan prevenir o producir, según el caso, la aparición de enfermedades específicas en la población, sin mencionar -repito- el flúor como agregación específica, sino que hace una afirmación de carácter general.	Cuando vimos el proyecto en la Comisión de Salud de la Cámara, en segundo trámite constitucional, todos llegamos a la conclusión de que había sido desnaturalizado absolutamente. Es decir, no tenía que ver con su sentido original, que era prohibir la fluoración. Desde luego, ya no la prohíbe; ni siquiera la menciona, sino que establece una norma genérica en cuanto a que el Presidente de la República dirá cuándo y con qué características el agua va a ser potable y qué agregaciones deberá tener para que efectivamente lo sea.	Hubo votos en contra, abstenciones y se estimó, por mayoría, que, no obstante que el proyecto no tenía nada que ver con su sentido original, no generaba ninguna dificultad y que, por el contrario, el hecho de que el Presidente, mediante decreto, fuera mucho más explícito respecto de esas normas, podía establecer alguna mejoría en la legislación.	Aprovecho de decir que hay miembros de la Comisión que estiman -yo, entre ellos- que este proyecto es completamente innecesario. El proyecto original, que prohibía la fluoración, era contrario al sentido común y a la mayoría de las opiniones técnicas. Incluso, aquí hubo opiniones de la Organización Mundial de la Salud. Estuvieron presentes el Colegio de Odontólogos y varias organizaciones técnicas de carácter nacional e internacional, y todas aconsejaron seguir fluorando el agua. De manera que habría sido recomendado su rechazo. Ahora, como cambió y es genérico -otro proyecto-, habría que discutirlo en su mérito, pero yo, por lo menos -insisto-, considero que es completamente innecesario. 	Entiendo que este informe de Comisión sea bien poco tradicional, pero el proyecto viene en segundo trámite, es decir, ya fue aprobado por el Senado, y por eso nos vimos en la obligación de estudiarlo; de lo contrario, simplemente, lo habríamos rechazado. Ése era el ánimo de la Comisión. Además, como cambió absolutamente de naturaleza, no nos pareció contrario a las normas facultar al Presidente de la República para establecer un decreto fundado. Pero yo estimo que dicha facultad, si no es contradictoria con las normas sanitarias, por lo menos está totalmente de más, porque cada uno de los 28 servicios de salud ambiental del país, que hacen monitoreos permanentes del agua potable en todas las regiones, cuentan con ella, y hasta la fecha no ha habido ningún problema.	Es todo cuanto puedo decir al respecto.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.	El señor OJEDA.- Señor Presidente, el presente proyecto de ley, base de una moción del entonces Senador señor Eugenio Cantuarias, reúne características muy especiales y, en verdad, no tiene una denominación certera respecto de su contenido. En virtud de ello, debe ser considerado en los anales del Congreso Nacional como una figura bastante singular y característica.	El proyecto, con un artículo único, imperativo y muy preciso, surge de una moción que prohíbe fluorar el agua potable en el territorio nacional y termina transformándose en un proyecto con varios incisos que acepta la fluoración del agua potable aunque en forma regulada, ya que dice: “Prohíbese la fluoración del agua potable en todo el territorio nacional”, pero termina de una manera bastante diferente, no mencionándose la fluoración, pero aceptándose su regulación.	Ahora, existe la duda de si este proyecto es procedente en cuanto a su aceptación, a pesar de que la Comisión de Salud lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, porque las ideas matrices y fundamentales del proyecto original hablaban de prohibir la fluoración; concluimos en aceptarla. Entonces, hay una situación muy poco clara y difícil de entender al respecto. Y esto ocurre porque a veces se legisla como un reflejo en respuesta a situaciones coyunturales o de hecho que ocurren y que nos llevan a legislar de una manera apresurada o impensada. Reitero que, después de haber fundamentado un proyecto con ideas y circunstancias que justificaban prohibir absoluta y totalmente la fluoración, finalizamos con un informe que la permite, aunque regulada.	Aquellos que se oponen a la fluoración señalan que la aplicación del fluoruro en la prevención de las caries se ha podido asociar al fenómeno de la fluorosis dental; esto es, exceso de aquel elemento. Además de los efectos del flúor sobre las piezas dentales se han determinado efectos óseos asociados al flúor ingerido. Por ello, hay países que antes aplicaban la medida de fluoración y hoy no lo hacen.	Los que la justifican expresan que de la fluoración del agua potable existen experiencias superiores a 50 años, pudiéndose encontrar 41 países que aplican la medida. 	En los países desarrollados ha disminuido en un 90 por ciento la prevalencia de caries en niños de 12 años, atribuyéndose el 70 por ciento de esa disminución al uso máximo de flúor.	En Curicó y en San Fernando, en 1953, se aplicó experimentalmente el fluoruro en el agua potable, reduciéndose en un 60 por ciento la incidencia de caries.	También -dentro de los fundamentos que se señalan- se aplicó esta medida en la Quinta Región con muy positivos resultados. 	Por ello, en virtud de estos positivos efectos, el Ministerio de Salud ha considerado la presencia del flúor en la forma como se ha materializado el proyecto definitivo.	Asimismo, la División del Medio Ambiente realizó un análisis técnico respecto del eventual riesgo que podría acarrear la fluoración del agua, descartando la posibilidad. 	El flúor se encuentra como fluoruro en varios minerales y sus compuestos representan el 0,8 por ciento de la corteza terrestre, encontrándose también en las aguas en forma natural. 	Un consultor de la Organización Mundial de la Salud señaló que ya en 1805 se reconocían los efectos positivos del flúor para el esmalte dental, y que más que introducir fluoruro, lo que se buscaba era equilibrar la cantidad de este elemento con el agua potable.	Si estos son los argumentos y variados antecedentes que justifican la fluoración, manteniendo los equilibrios y las cantidades razonables, no entendemos la decisión de su prohibición, máxime los numerosos antecedentes científicos que respaldan su aplicación para la salud bucal. Al respecto, el representante del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, que asistió a la Comisión, también avaló la necesidad de fluorar el agua potable.	Por ello, no obstante todas las situaciones curiosas que se presentaron durante su discusión, la Comisión aprobó el proyecto por unanimidad en los términos señalados en el informe recién dado a conocer.	Entonces, no debe prohibirse o imponerse por ley el consumo de flúor en el agua potable, sino que debe atenderse a criterios fundados, muy consensuados y estudiados, que clarifiquen todos los aspectos técnicos y científicos involucrados en el tema, y establecer una aplicación regulada en los términos señalados.	El proyecto, que modifica el artículo 72 del Código Sanitario, en su segundo inciso, señala: “El Presidente de la República, mediante decreto fundado, expedido por intermedio del Ministerio de Salud, establecerá las normas técnicas necesarias para que el agua se considere apta para el consumo humano”. Es decir, se da relevancia y jerarquía superior a las decisiones que inciden en la salud de la población.	Más adelante, en el tercer inciso, agrega: “En forma previa a la dictación del decreto correspondiente, el Ministerio de Salud solicitará a los organismos regionales y nacionales competentes en la materia informes técnicos acerca de las características locales y geográficas de los abastos de agua y del perfil epidemiológico de la población respectiva, que respalden dicha determinación. Asimismo, se recabará la opinión del Consejo Regional respectivo y se aplicarán las normas sobre Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contenidas en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente”.	Su último inciso consigna: “Corresponderá a los respectivos Servicios de Salud, y en la Región Metropolitana de Santiago al Servicio de Salud del Ambiente, supervisar y fiscalizar que las empresas de agua potable den cumplimiento a lo dispuesto en los decretos supremos a que se refiere el inciso anterior. Asimismo, se evaluarán periódicamente los efectos que las medidas adoptadas hayan tenido en la salud de la población”.	Su artículo transitorio, que menciona por única vez el flúor, expresa: “En aquellos lugares en que se esté adicionando flúor al agua potable, no podrá disponerse su agregación sin dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 del Código Sanitario, modificado por esta ley”.	A pesar de todas las incongruencias de la iniciativa, que comienza prohibiendo el uso del flúor y después lo acepta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, y como está ya en segundo trámite constitucional, sólo nos queda la alternativa de aprobarla en las condiciones señaladas en el informe, puesto que su propósito principal es proteger la salud general de la población, y la bucal, en particular.	Por las razones mencionadas, anuncio mi voto favorable.	He dicho.	La señora SAA, doña María Antonieta (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.	El señor URRUTIA.- Señora Presidenta, como lo han dicho ya los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, se trata de un proyecto que explicita de mejor manera algunas normas que ya están en aplicación en el país. Desde hace muchos años, sabemos que la incorporación y control de los elementos constitutivos del agua potable es una obligación del Ministerio de Salud. En el caso específico del flúor -como decía Galeno- “Todo depende de la dosis: muy poco puede curar, y mucho puede matar”. De manera que este principio milenario puede aplicarse perfectamente en el flúor, en el cloro y en cualquier substancia química que desee agregarse o sacarse del agua.	El proyecto en estudio, con las mejoras introducidas en la Cámara, propugna afinar y aclarar de manera más precisa cualquier modificación de la naturaleza y composición del agua que beben los chilenos. Es decir, no está prohibiendo, sino regulando la incorporación de flúor al agua. En ese sentido, para evitar malentendidos, lo más lógico sería reemplazar la palabra “prohíbe” por el término “regula”, que es lo que, en definitiva, establece la iniciativa. O sea, facilita el control de los organismos reguladores del Estado respecto de la manera como se va a actuar sobre el tema de la calidad del vital elemento.	Apoyo el proyecto, porque viene a clarificar un tema tal vez un poco confuso en algunas instancias reguladoras, pero aquí no se está prohibiendo, sino regulando el uso del flúor en el agua potable.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Cornejo.	El señor CORNEJO (don Patricio).- Señor Presidente, la fluoración del agua potable ha demostrado evidentes resultados benéficos para la población. Desde 1985 se fluora el agua en la Quinta Región y hay trabajos que demuestran que la incidencia en las caries dentales de la población escolar ha bajado de un 60 a un 10 por ciento.	Se puede entregar flúor a la población por métodos sistémicos, a través del agua potable, leche o sus derivados lácteos, suplementos dietarios o sal de mesa, o por la vía tópica, a través de pastas y cremas dentales, de enjuagatorios o colutorios fluorados, de geles florurados o de barnices con flúor que se aplican directamente en los dientes.	La fluoración del agua en la Quinta Región ha demostrado que no es necesaria otra vía de aplicación para mantener niveles adecuados de concentración de flúor. Por otra parte, es peligroso que existan más de dos vías para su incorporación. Por eso, la mejor vía es a través del agua potable. En abril de 1996, se inició su aplicación en la Región Metropolitana; en Doñihue, por la Empresa Sanitaria de la Sexta Región; en Molina, Teno y San Clemente, de la Séptima Región, y en Valdivia, en marzo de 1998, a través del programa desarrollado por la Empresa Sanitaria Aguas-Décima.	Tal como lo dijo el Diputado señor Aguiló en su informe, el proyecto, que nació para prohibir la fluoración del agua, en definitiva establecerá trabas adicionales para controlar la calidad del agua potable. 	De hecho, el Ministerio de Salud ha dictado normas, de las cuales poseo ejemplares, que hacen posible la aplicación de flúor y de otros elementos.	Por eso, como el proyecto no agrega nada nuevo al sistema, lo votaré en contra.	He dicho. 	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Van Rysselberghe.	El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, anuncio mi voto en contra del proyecto, porque si bien el flúor es beneficioso para precaver las caries en la población que va de los seis a los doce años -estudié la materia como consejero del gobierno de la Octava Región-, su uso en otras edades puede resultar bastante peligroso por una fluorosis.	Además, con el agua fluorada se lava el auto, la loza, en fin. Es decir, se bota el flúor en el medio ambiente, en circunstancias de que es difícilmente degradable. 	Por consiguiente, es importante prohibir la fluoración del agua potable, ya que es más barato aplicar otros sistemas, como, por ejemplo, incorporar el flúor en la sal y entregarla, por último, de regalo a quien quiera dar este elemento a su familia. 	No se trata de una situación infectocontagiosa, que obligaría al Estado a adoptar una medida para ser aplicada a toda la población. Al fluorar el agua potable, aunque no se desee o haga mal, se debe consumir flúor. 	En consecuencia, votaré en contra del proyecto, porque debe prohibirse la fluoración del agua potable e incorporarse el flúor que se necesita en forma focalizada.	He dicho. 	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero. 	El señor MELERO.- Señor Presidente, para no inducir a error a los diputados, quiero hacer presente que el proyecto, según su título original, prohibía la fluoración del agua potable en el territorio nacional; pero, como señaló el diputado informante, prácticamente se ha sustituido la visión sobre esta materia por otra más amplia, que en caso alguno significa prohibir o aceptar la incorporación del flúor.	El diputado que me antecedió en el uso de la palabra ha sido claro al señalar que el agua potable tiene una serie de usos en la vida cotidiana, además de ser bebestible.	Está demostrado el efecto positivo del flúor en la prevención de las caries. El representante del colegio de cirujanos dentistas de Chile fue elocuente al referirse a él. Como se sabe, incluso se incorpora como elemento preventivo en las pastas dentífricas.	También es cierto que hay detractores de la fluoración del agua potable, y han presentado estudios al respecto, los que han sido desvirtuados por otros de tanto o mayor valor.	A esta situación nos vimos enfrentados los miembros de la comisión de Salud. Como las posiciones son discordantes y no hay una opinión unánime respecto de los beneficios o perjuicios del flúor, se optó, si se quiere, por una solución salomónica, en cuanto a acordar un texto que, básicamente, establece que se determinará la agregación, disminución o eliminación, en las aguas aptas para el consumo humano, de elementos que puedan prevenir o producir, según el caso, la aparición de enfermedades específicas en la población. 	No se trata de una visión exclusiva y excluyente del flúor y abarca a otros aditivos. Todos sabemos que al agua se le agrega cloro, en mayor o menor proporción, como una forma de impedir el desarrollo de algunos agentes bacterianos nocivos para la salud. Desde luego, nadie discute que este elemento puede tener efectos dañinos a través del riego o de otros usos.	Por eso, lo que se quiere es que, prudencialmente, a través de un decreto fundado del Presidente de la República, expedido por intermedio del Ministerio de Salud, según la zona particular del país, se determine la utilidad o no de agregar algún elemento. 	Por lo demás, sabemos que las aguas del norte, abundantes de una composición mineralógica, son muy distintas a las del sur, que carecen de ella. Hay aguas ricas en azufre, fierro, en sales, en general, y otras que no las tienen. 	El Diputado señor Patricio Cornejo se refirió a la acción sobre esta materia en la Quinta Región y a los beneficios que ha generado. Por consiguiente, me parece bien que no exista un criterio nacional, y el Congreso, con una visión amplia, deje al libre albedrío, a la iniciativa y al respaldo técnico de los respectivos servicios de salud de las regiones, la determinación de si es necesario o no agregar determinado elemento químico, incluso en una localidad y en cierto sistema de agua potable.	Tal determinación tendrá que ver con la morbilidad, el desarrollo de algunas enfermedades y la presencia o ausencia de caries, que pueden ser mayores o menores en una región. 	O sea, el proyecto no propone una visión ortodoxa a favor o en contra del uso de cierto elemento, sino una amplia y libre que permite considerar el desarrollo de las políticas de salud pública. 	En consecuencia, me parece equilibrada la sustitución que se ha hecho respecto del texto original. Se establecen ciertas normas técnicas a fin de determinar el agua apta para el consumo humano.	De esta forma, se previenen los efectos negativos del flúor y se permite la libre producción de agua potable, dentro de un marco regulatorio preestablecido.	Por estas razones, el proyecto apunta en la dirección correcta y lo votaré favorablemente. 	He dicho. 	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. 	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, el debate de hoy, si no me equivoco, tuvo su origen en uno que se produjo en la Octava Región, tanto en el mundo académico como en el parlamentario. 	Soy partidario de que se agregue flúor al agua. Está demostrado, en varios países, en particular en aquellos en desarrollo, que, en la proporción que corresponde, son más los beneficios que los perjuicios que su uso ocasiona a la población. 	Hay opiniones encontradas, pero los datos objetivos, de profesionales de la salud, indican que en la Quinta Región, donde se ha aplicado el programa, los resultados han sido positivos. Se ha reducido el problema de las caries dentales en la población menor. Lo mismo ha ocurrido en otros lugares.	El proyecto original fue motivo de gran polémica y, de haber llegado ahora en esos mismos términos, habría votado en contra de todo su articulado. Hoy, la discusión se centra en determinar si este texto neutro -equilibrado, como dijo el Diputado señor Melero- apunta a lo que querían sus autores o, simplemente, significa aprobar una iniciativa para hacer, como en “El Gatopardo”, que todo cambie para que todo quede igual. Según mi interpretación del proyecto, se dictará un decreto y se seguirá agregando flúor al agua. Por ende, la restricción contenida en el artículo transitorio, que impide disponer su agregación en aquellos lugares en que ya se esté adicionando, será efectiva a lo más un par de semanas. Después volveremos a la situación actual.	Soy partidario de que las cosas sean más transparentes y de que el debate se desarrolle entre quienes creemos que es bueno que esto ocurra versus los que estiman lo contrario. 	El artículo único que se somete a nuestra consideración tiene por finalidad lograr que se siga agregando flúor al agua, medida con la cual estoy absolutamente de acuerdo, porque es positiva para el país. Es cierto que el flúor hace daño a un porcentaje muy reducido de la población. No recuerdo las estadísticas exactas, pero afecta a una entre varios cientos de miles de personas. En mi opinión, se requiere contar con algún tipo de examen que permita determinar, desde su nacimiento, quiénes padecen ese problema. En todo caso, no es una enfermedad letal, pero tener mala salud bucal -como ocurre con la gran mayoría de la población- constituye para muchas personas un factor de humillación y de degradación. Agregar flúor al agua permite mejorar la salud bucal a partir de la infancia, y evita, como sucede hoy, que muchas mujeres y hombres pierdan la mayor parte de sus piezas dentales por no haber sido suficientemente cuidadosos desde su juventud. A mi juicio, este proyecto no resuelve lo que querían originalmente sus autores.	No me opondré al artículo único, pero el artículo transitorio elimina el derecho a tener una buena dentadura y, en particular, a que exista una política preventiva de salud bucal. En este momento, no dispongo de los datos para asegurarlo, pero a veces tengo la impresión de que -y me perdonará el gremio al cual aludiré- hay un grupo interesado en que no se dicten tales políticas preventivas, porque les podría significar la pérdida de parte de sus fuentes de trabajo.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.	La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con las palabras finales del Diputado señor Juan Pablo Letelier. Una buena política preventiva de salud bucal es una de las carencias más importantes que afecta a nuestra población, sobre todo a las personas de escasos recursos de las zonas rurales de Chile y en especial a las mujeres que postulan a un empleo, porque si les faltan los dientes, no pueden sonreír y se tapan la boca. 	Hay otro aspecto muy sustantivo que dice relación con la salud bucal: en nuestro país, la atención dental ya es cara para quienes tienen recursos, por lo tanto, absolutamente inaccesible para quienes no los tienen.	A partir de esa premisa, en términos de poner en la balanza lo bueno y lo malo, resulta esencial avanzar hacia una política de prevención de salud bucal, ya que, en general, todo lo que tiene que ver con salud sólo está considerado desde el punto de vista del asistencialismo.	Es muy importante que aprobemos este proyecto, porque de esta forma permitiremos que muchas personas tengan mejor dentadura, lo cual es vital no sólo para la vida de la gente en términos de salud, sino para acceder a un trabajo y desarrollarse como persona. En la actualidad, sólo el 10 por ciento de la población tiene acceso a una buena atención dental. 	El proyecto tiene muchas más aristas positivas; de allí la importancia de que le demos nuestra aprobación.	He dicho.	El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Arratia.	El señor ARRATIA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que el encabezamiento del informe, que dice: “Informe de la Comisión de Salud sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prohíbe la fluoración del agua potable en el territorio nacional.”, no tiene relación alguna con el texto de la iniciativa.	En segundo lugar, tengo en mis manos un informe del Departamento Odontológico del Ministerio de Salud, en el cual se establece que en más del 50 por ciento de las ciudades de Chile los niveles normales de flúor en el agua sin tratar son iguales o superiores a los estándares que se recomiendan para prevenir las caries dentales.	En tercer lugar, pretendemos prevenir las caries dentales sin considerar otras patologías que puede generar en algunas personas la adición de flúor en el agua. Creo que nada nos autoriza, como legisladores, a imponer un tratamiento con flúor a la población, sin saber si realmente todas las personas lo necesitan.	Lo diré de otra manera. Si en este momento tuviéramos un cinco por ciento de la población afectada por una epidemia que debe ser tratada con un antibiótico determinado, no tenemos derecho a imponer al 95 por ciento restante un tratamiento que no corresponde. 	En aras de la transparencia con que debe ser tratada esta materia y a menos que existan argumentos más sólidos, me opongo a la fluoración del agua potable en forma indiscriminada. Además, desde un punto de vista económico, esto puede significar un encarecimiento arbitrario del costo del agua potable para la población, que tampoco acepto. Por eso, votaré en contra del proyecto.	El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:	El señor MONTES (Presidente).- En votación general el proyecto que modifica el artículo 72 del Código Sanitario, respecto a las normas técnicas necesarias para que el agua sea apta para el consumo humano.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 9 abstenciones.	El señor MONTES (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Alessandri, Alvarado, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Ceroni, Correa, Delmastro, Dittborn, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Krauss, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prokurica, Rincón, Riveros, Rojas, Silva, Tuma, Urrutia, Vega, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Aguiló, Arratia, Ávila, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Gutiérrez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Olivares, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Salas, Soto (doña Laura) y Van Rysselberghe.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Díaz, Galilea (don Pablo), Ibáñez, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Paya y Sciaraffia (doña Antonella).	El señor MONTES (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, pasa a Comisión para segundo informe.	-El proyecto fue objeto de la siguiente indicación:Al artículo transitorio	-Del señor Andrés Palma para suprimir la expresión “no” que antecede a la palabra “podrá”.
    -o-VII. PROYECTOS DE ACUERDOCOMISIÓN INVESTIGADORA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO.	El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Señor Presidente, en la sesión pasada, en el proyecto de acuerdo Nº 223, quedaron dos minutos para hablar a favor.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- En los dos minutos que restan para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Monge.	El señor MONGE.- Señor Presidente, tengo en mi mano un estudio de seguimiento y evaluación de los resultados de la ley Nº 18.450, durante el período 1986 a 1996, entregados por la Comisión Nacional de Riego, ejecutado por la consultora Agraria Limitada; y, en sus diferentes estimaciones, concuerda plenamente con la percepción que tienen los usuarios respecto de la gran cantidad de falencias que existen en las obras de riego.	El 78 por ciento de los regantes beneficiados con los proyectos de riego tiene una buena opinión acerca de la institucionalidad y operatoria actual de la ley de riego. Sin embargo, se establece que muchos de estos proyectos hoy no están cumpliendo las funciones para las cuales fueron diseñados, con el considerable gasto del Estado y de los particulares beneficiados con ellos.	Ello reafirma la importancia de que la comisión investigadora que se forme realice una labor exhaustiva a lo largo de las distintas regiones, a fin de reparar la gran cantidad de falencias que existen y poner estas obras de riego en funcionamiento para un importante contingente de campesinos.	En consecuencia, solicito a los señores diputados que den su aprobación a este proyecto de acuerdo.	He dicho.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra.	Ofrezco la palabra.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.	El señor JARAMILLO.- No se incluyó mi voto a favor.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Aprobado, agregando el voto a favor del Diputado señor Jaramillo.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bertolino, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Jaramillo, Leay, Letelier (don Felipe), Melero, Monge, Moreira, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Soto (doña Laura), Van Rysselberghe, Vega, Venegas y Vilches.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Bustos (don Manuel), Jiménez, Krauss, Mulet, Núñez, Riveros, Salas, Silva, Velasco y Villouta.-Se abstuvo el Diputado señor Encina.CONDICIONES DE VENTA A TRABAJADORES DE ACCIONES DE EMPRESAS SANITARIAS.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 226, del Diputado señor Longueira.	“Considerando:1º	Que hace un año se promulgó la ley Nº 19.549 que modificó el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios, permitiendo la incorporación del sector privado a la propiedad de las empresas estatales de este rubro.2º	Que, en aplicación de esta normativa, se ha iniciado el proceso de privatización de las empresas sanitarias y, consecuentemente con ello, debe venderse un porcentaje de su propiedad a sus trabajadores.3º	Que, para que este proceso sea verdaderamente exitoso, es muy importante que la participación de los trabajadores se dé en condiciones realmente ventajosas, de manera que ellos sean beneficiados y no perjudicados con el cambio de propiedad de las empresas.4º	Que, para que los trabajadores puedan acceder al 10 por ciento de las acciones y puedan conservarlas en su poder, deben otorgarse créditos, plazos y beneficios, que consideren los riesgos de desempleo y de rentabilidades inferiores a las esperadas.5º	Que el ingreso de los trabajadores a la propiedad de las empresas debe hacerse en condiciones equivalentes en todas ellas, de manera que prime un principio de justicia.	La Cámara de Diputados acuerda:	Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, solicitándole que la venta de las acciones de las empresas sanitarias a sus trabajadores se haga bajo las siguientes condiciones específicas:I. Principios generales:a)	Que la mayor parte de los trabajadores -idealmente todos- accedan a la compra de paquetes accionarios de la empresa a la que pertenecen.b)	Que en todas las empresas que se traspasen al sector privado un 10 por ciento de las acciones -el máximo permitido por la ley- se venda a los trabajadores.c)	Que los trabajadores tengan, al menos, los mismos beneficios que se dieron en el pasado a otros procesos de capitalismo popular.d)	Que el traspaso se haga con un mecanismo que entregue una razonable expectativa a los trabajadores de que, a todo evento, podrán conservar las acciones.e)	Que las condiciones de compra sean equivalentes en todas las empresas sanitarias, de manera que los beneficios sean iguales para todos.II. Condiciones específicas:a)	Que su precio de venta sea equivalente al 50 por ciento del valor al que se adjudiquen los grupos controladores en las licitaciones.*b)	La forma de pago debe ser un 5 por ciento al contado y el saldo a quince años, en catorce cuotas anuales en unidades de fomento, con un año de gracia.c)	Un 30 por ciento de descuento por pago oportuno de cada cuota.d)	Como garantía del pago del crédito debe constituirse prenda y usufructo sobre las acciones.e)	En materia de desahucio e indemnizaciones Corfo deberá entregar a los trabajadores lo que se convino en el Acuerdo Marco, para que así ellos tengan los recursos necesarios para invertir en el paquete accionario; yf)	Debe pactarse una cláusula de vulnerabilidad, en virtud de la cual aquel trabajador que sea desvinculado de la empresa durante el proceso de privatización reciba la condonación de la deuda, de acuerdo a la siguiente tabla:	Los dos primeros años, el 100 por ciento.	Entre el tercer y cuarto año, el 50 por ciento.	Entre el quinto y sexto año, el 25 por ciento”.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn.	El señor DITTBORN.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo nació de una conversación que, hace algún tiempo, sostuvimos los parlamentarios de la UDI con sindicatos de Esval.	A propósito de la venta de esa empresa, algunos trabajadores querían participar en ese proceso, convirtiendo en acciones sus indemnizaciones por años de servicios, tal como tuvieron la posibilidad de hacerlo en condiciones muy ventajosas muchos grupos de trabajadores durante las privatizaciones que se llevaron a cabo en la década del 80, en virtud de un mecanismo conocido entonces como capitalismo popular. Muchos trabajadores pertenecientes a empresas eléctricas, del acero y otras que se privatizaron en esos años, por primera vez en su vida pudieron acceder a la propiedad de las empresas en que laboraban. Como el precio de las acciones subió a través del tiempo, esos trabajadores se vieron muy beneficiados con su traspaso.	Pues bien, la petición que nos formuló uno de los sindicatos de Esval fue que tratáramos de influir en el Gobierno para que hoy otorgue las mismas ventajas del capitalismo popular, o algo parecido, a los trabajadores de las empresas sanitarias, específicamente de Esval.	Ése es el motivo de este proyecto de acuerdo, porque la verdad es que, en forma demagógica, algunos diputados de la Concertación hoy día quieren borrar con el codo lo que hace algún tiempo escribieron con la mano, impidiendo que se privaticen las empresas sanitarias, no obstante existir un marco regulatorio aprobado por ellos mismos, que daba garantías porque era equitativo y defendía los intereses de los usuarios. Ahora pretenden impedir que esas empresas se privaticen, evitando, con ello, que sus trabajadores se beneficien con la adquisición de acciones en condiciones ventajosas. 	Por el país, por las grandes inversiones que requiere el sector y que nunca serán hechas por el Estado, y también por los trabajadores que podrían beneficiarse con la compra de acciones en condiciones ventajosas, sería lamentable que esta demagogia -debo llamarla así-, esta voltereta política de varios parlamentarios de Gobierno tuviera éxito e impidiera la privatización de empresas como Esval, Emos y otras del sector sanitario.	He dicho.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra.	Para argumentar en contra, tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, si uno analiza con cierta detención este proyecto de acuerdo, puede ver que hay algunos puntos que concuerdan con la preocupación que debe existir por los trabajadores.	Sin embargo, considero que debería haberse basado más estrictamente en el capitalismo popular, que algún resultado beneficioso tuvo para los trabajadores en su época. A simple vista, me da la impresión de que la forma y condiciones propuestas superan ampliamente las del capitalismo popular. Hay que pensar que se trata de bienes del Estado, que tenemos la obligación de cautelar; no puede ser que se otorguen condiciones de pago tan amplias que no se concedieron cuando se traspasaron acciones a los trabajadores.	Me voy a oponer al proyecto de acuerdo, porque considero que vulnera los intereses del fisco, que tenemos la obligación de cautelar.	He dicho.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Para hablar en contra el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, considero que en este debate debemos separar dos cosas que son distintas. No lo digo con el propósito de contradecir al colega Dittborn, sino sólo para que hablemos sobre el mismo tema. 	En realidad, no fue necesario establecer un marco regulatorio para la privatización de Esval, así como tampoco dictar una ley a fin de privatizar -ayer, hoy o mañana- Emos; dicha ley se requirió para posibilitar la venta de acciones de las otras empresas sanitarias. Este es un tema muy importante para entender el debate existente en el país sobre esta materia, por cuanto antes se podía hacer -es nuestra convicción-, y por eso la ley que se aprobó fijó límites al proceso de venta de acciones de Emos y Esval.	Planteo esto porque en la ley también se dejó abierto el tema que plantea el colega Dittborn, que comprendo que demuestre interés por defender la opción de los trabajadores de participar en la compra de una parte del paquete accionario. Eso sí, si queremos garantizar dicha opción, no basta con un instructivo presidencial; tendría que ser materia de una ley, porque aquí se dispone que el precio de venta de las acciones a los trabajadores -podría ser absolutamente legítimo y considero de sumo interés manifestarlo así- sería menor del que pagarían los grupos controladores en la licitación. Estimo que eso no es materia de un instructivo presidencial, sino de una ley. Invito al Diputado Dittborn a que estudiemos esa posibilidad para mejorar el marco regulatorio aprobado y, en particular, el proceso de incorporación de capital privado a algunas empresas sanitarias. 	Esto no se contradice con la objeción de algunos diputados en cuanto a que hoy se ha avanzado en el proceso de venta de parte del paquete accionario de Emos. Para eso no fue necesaria una ley, porque las autoridades tenían facultades para hacerlo desde antes. Creo que es importante clarificarlo, porque nadie está borrando con el codo lo que se hizo respecto del marco regulatorio anterior. Siempre se planteó que era malo para el país y para el sistema regulatorio partir con la venta de acciones en esta etapa de Emos, por cuanto se trata de la principal empresa sanitaria. Es necesario permitir que este proceso sea gradual, tal como tienen que serlo los mecanismos utilizados para asegurar que los trabajadores puedan adquirir parte del paquete accionario.	Por eso, anuncio que votaré en contra del proyecto de acuerdo.	He dicho.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 6 abstenciones.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bertolino, Correa, Delmastro, Dittborn, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), Guzmán (doña Pía), Leay, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Moreira, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Venegas y Vilches.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Bustos (don Manuel), Encina, Gutiérrez, Jarpa, Letelier (don Juan Pablo), Núñez, Ortiz, Pareto, Pérez (don José), Riveros, Rocha, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Velasco y Villouta.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Ceroni, Hales, Krauss, Muñoz (doña Adriana), Sciaraffia (doña Antonella) y Urrutia.USO DE FACULTADES CONCEDIDAS A INTENDENTES Y GOBERNADORES POR CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 233, de la Diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los Diputados señores Núñez, Rincón y Pareto:	“Considerando:1.	Que el problema de la drogadicción en nuestro país ha recrudecido en el último tiempo, aumentando el número de denuncias por narcotráfico y recargándose así la labor de los tribunales.2.	Que el artículo 258 del Código de Procedimiento Penal faculta a los intendentes regionales y gobernadores provinciales para dictar orden de detención, con el objeto de aprehender y poner de inmediato a disposición del tribunal que corresponda a los presuntos culpables de determinados delitos, atendida la gravedad de éstos, y siempre que estimen fundadamente que hay peligro en dejar burlada la acción de la justicia por la demora en recabar dicha orden de la autoridad competente.3.	Que entre los delitos que señala el artículo 258, en virtud de los cuales los intendentes regionales y los gobernadores provinciales pueden dictar excepcionalmente orden de detención, el numeral 3º contempla los crímenes o simples delitos de tráfico de estupefacientes, norma que no ha tenido mayor aplicación práctica debido a su desconocimiento.4.	Que existe una estrecha relación entre los gobiernos regionales y el Consejo Nacional para Control de Estupefacientes (Conace), a través de sus Consejos Regionales (Corese), toda vez que los respectivos secretarios ejecutivos son designados por el intendente de la región que corresponda, efectuándose además una labor de estrecha colaboración.	Lo anterior, se traduce en que los intendentes regionales pueden manejar información que resulte esencial en la investigación de delitos de narcotráfico, lo que les permitirá dictar órdenes de detención en cumplimiento de los supuestos exigidos en el artículo 258 del Código de Procedimiento Penal.5.	Que atendida la gran cantidad de trabajo que hoy tienen los juzgados del crimen, los procesos criminales, y específicamente las órdenes de detención, conllevan una tramitación demasiado extensa, y en algunos casos engorrosa.6.	Que en virtud de lo anterior, la facultad conferida por el artículo 258 del Código de Procedimiento Penal resulta una herramienta esencial en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.	Venimos en presentar el siguiente:	Proyecto de acuerdo:	Ofíciese al Ministro del Interior, a fin de que instruya convenientemente a los intendentes regionales y gobernadores provinciales del país para que usen adecuadamente la facultad que les confiere el artículo 258, numeral 3º, del Código de Procedimiento Penal”.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Ricardo Rincón. 	El señor RINCÓN.- Señor Presidente, hay que partir de dos premisas: una, que el problema de la drogadicción en nuestro país, obviamente, ha recrudecido en el último tiempo. De hecho, las denuncias por narcotráfico han aumentado notoriamente, lo cual también ha recargado el trabajo de los tribunales y, además, tiene directa relación con las órdenes de detencíón que deben emitir los mismos.	El artículo 258 del Código de Procedimiento Penal otorga a los intendentes y a los gobernadores la facultad de dictar órdenes de detención, con el objeto de aprehender y poner de inmediato a disposición de la justicia a los responsables de ciertos y determinados delitos. ¿De qué delitos? De aquellos que, por su gravedad, el legislador ha considerado importantes y aquellos que no ha considerado bueno que pueda, al no dictarse prontamente la respectiva orden, verse burlada la acción de la justicia. Y entre estos delitos está el de narcotráfico, que dicho artículo lo considera entre sus numerales; pero, al parecer, esto es desconocido por toda la estructura de gobierno interior, lo que no ha permitido aplicar esta facultad. Además, en el tema de las drogas se ha estado trabajando en todas las regiones, no sólo en prevención, tratamiento y rehabilitación, sino también en represión, a través de los consejos nacionales, regionales y provinciales, para el control de estupefacientes, etcétera. En esta labor se ha actuado en constante coordinación con Carabineros, a fin de que los intendentes y gobernadores puedan, eventualmente, para no ver burlada la acción de la justicia cuando manejan antecedentes sobre el caso, dictar las respectivas órdenes de detención y, de esta manera, coadyuvar al Poder Judicial al hacer uso de una facultad legal actualmente vigente.	Por eso, solicitamos la aprobación, por unanimidad, del proyecto de acuerdo, con el objeto de que se instruya a los intendentes y gobernadores respecto de esta facultad, para que puedan evaluarla, como una forma de coadyuvar -repito- a la labor judicial en nuestro país.	He dicho. 	El señor ACUÑA.- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra. 	Ofrezco la palabra para hablar en contra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. 	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va repetir la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Alessandri, Bertolino, Bustos (don Manuel), Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Encina, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Jarpa, Krauss, Letelier (don Juan Pablo), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rincón, Rocha, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Tuma, Urrutia, Vargas, Vega, Velasco, Venegas y Villouta.VIII. INCIDENTESEFECTOS DE APLICACIÓN DE SISTEMA MONOOPERADOR EN FUTURAS CONCESIONES PORTUARIAS. Oficio.	El señor ACUÑA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.	Tiene la palabra el Diputado señor Aldo Cornejo. 	El señor CORNEJO (don Aldo).- Señor Presidente, como es de conocimiento público, el Gobierno, a través de las empresas autónomas encargadas de la administración de los puertos, ha estado llevando a cabo un proceso de incorporación del sector privado, y los directorios de algunas de estas empresas, particularmente de Valparaíso, San Antonio y otras, han tomado, de acuerdo con la ley, la decisión de instaurar, en este proceso de concesiones de la infraestuctura portuaria, el sistema monooperador en vez del multioperador. Dentro de este proceso, se han ventilado diversos recursos ante los tribunales ordinarios, algunos de ellos interpuestos por la Cámara Marítima, por determinadas empresas y también por la entidad gremial, la Asociación Nacional de Agentes de Naves, Asonave, algunos de los cuales se encuentran pendientes para su resolución en las cortes respectivas.	Se ha planteado que, de aplicarse este sistema monooperador, el efecto práctico que se produciría, aparte de los riesgos que pudieran eventualmente existir desde el punto de vista de una acción monopólica, es un alto impacto en las fuentes laborales que hoy giran en torno de la actividad marítima portuaria.	En los casos de San Antonio y de Valparaíso, que muestran altísimos niveles de cesantía, se presenta el riesgo de que la instauración de este sistema monooperador pueda producir, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, la pérdida, sobre todo en la comuna de Valparaíso, de alrededor de cinco mil empleos, lo cual me obliga a solicitar, por su intermedio, que se oficie a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que, en un plazo razonablemente breve, escuche a las diversas partes involucradas, entre ellas al Ministerio, a las empresas, a la Empresa Portuaria de Chile, Emporchi, de Valparaíso y San Antonio, y también a la Cámara Marítima y a Asonave, con el objeto de tener la certeza de que la aplicación de un modelo de esta naturaleza no termine afectando aún más la situación del empleo en algunas de las ciudades que he nombrado y que, además, pueda convertir la actividad portuaria en monopólica.	En síntesis, pido que en esa Comisión se invite a las personas que he señalado para escuchar de cada una de ellas sus posiciones y hacer una evaluación, tanto desde el punto de vista del empleo como de los riesgos que se puedan producir al entregar a empresas extranjeras una actividad que puede convertirse en absolutamente monopólica.	He dicho. 	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Diputado señor Luis Pareto y de las bancadas del Partido Demócrata Cristiano, del Partido por la Democracia y del Comité Independientes.POSIBILIDAD DE REINTEGRAR A IMPONENTES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES AL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL. Oficios.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta. 	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, a raíz de mi preocupación por la situación de los exonerados, en varias oportunidades, hemos recibido las peticiones de muchos trabajadores de la Administración Pública, de volver a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos, hoy refundida en el Instituto de Normalización Previsional.	En estos días, recibí una nota de la Asociación de Empleados de Tesorería de Temuco relacionada con el mismo tema. Por otra parte, cuando uno ve la situación de los exonerados políticos y sus problemas de vacíos previsionales, se encuentra con que muchos alegan que jamás firmaron la solicitud de traspaso a alguna AFP, lo que, indudablemente, los perjudica al no recibir, en su totalidad y en buenas condiciones, los beneficios de la ley de exonerados.	Sabemos positivamente que la diferencia de imposiciones entre las AFP y el sistema de previsión pública -el INP- tiene una notable diferencia, razón por la cual el Gobierno ha rechazado esta posibilidad; pero como uno sigue encontrándose con demasiada frecuencia con este tipo de peticiones, creo que lo único que cabe, en este caso, es hacer presente esta situación a su Excelencia el Presidente de la República y ver la posibilidad de que, en casos específicos de gente que tiene poco tiempo de imposiciones en las AFP, se reintegre o vuelva al sistema de previsión pública.	Se podría hacer un estudio de lo que debería pagar ese imponente para ello, porque, como digo, la diferencia es notable e, indudablemente, no sería factible gravar al Fisco con más gastos para solucionar este problema. Tal vez, sería conveniente efectuar un estudio de las condiciones en que se podría verificar este cambio, y así dar una respuesta a la gente respecto de la razón fundamental por la cual sigue siendo perjudicada en las jubilaciones y beneficios que les otorgaría la previsión gubernamental en relación con la de las AFP.	Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, con el fin de que se realice un estudio y análisis que permita encontrar la forma de financiar este beneficio.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría.REPOSICIÓN DE ESCUELA ESPECIAL EN MELIPILLA. Oficios.	El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Jiménez.	El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra sólo para solicitar una atención especial de parte del gobierno regional metropolitano respecto de algunos proyectos muy necesarios, que se encuentran postergados desde hace algún tiempo.	Me refiero, en forma especial, al que dispone la reposición de la Escuela Especial F-730 de Melipilla, la única municipal en su especialidad. Fue construida en 1972, de manera bastante primaria; en ella han entrado a robar, no tiene ningún tipo de seguridad y no ofrece las más mínimas condiciones para desarrollar la atención especial que requieren hijos de nuestra zona, que son niños que precisan de una educación diferenciada, quienes se han visto impedidos de contar con ella, dado que la infraestructura en la cual se cobija la escuela está absolutamente fuera de uso. Sin embargo, ella debe seguir funcionando en ese local por no contarse con otro.	Por eso pido que se oficie al gobierno regional metropolitano, a través del intendente, a fin de que se dé prioridad a este proyecto, lo cual ha sido solicitado desde todos los ámbitos. Hace algunos días, cuando la visitamos con el concejal y ex alcalde de Melipilla don Manuel Riveros, los mismos profesores, su directora y apoderados, nos imploraron que hiciéramos algo para que este proyecto se concrete. Su costo es de 250 millones de pesos, pero por su importancia social para la zona y con el objeto de hacer justicia al entregar las mismas posibilidades de atención y educación a los niños con discapacidad, este proyecto no puede quedar a la zaga. En consecuencia, reitero la petición de oficio al señor intendente para que haga saber al gobierno regional metropolitano la prioridad que se debe dar a esta iniciativa. Asimismo solicito que se adjunte copia de esta intervención al concejo municipal de Melipilla y a la dirección de la escuela mencionada.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, adjuntando copia de su intervención.CONDECORACIÓN PARA RELIGIOSA MARÍA ASTORQUIZA. Oficio.	El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Velasco.	El señor VELASCO.- Señor Presidente, generalmente los chilenos reconocemos a las personas que han servido a la Patria con posterioridad a su fallecimiento.	Por más de cincuenta años, la madre María Astorquiza, administradora de la Casa de Ejercicios del Arzobispado de Santiago, en Punta de Tralca, sirvió anónimamente, atendiendo a miles y miles de chilenos en ese lugar. Muchas personas estuvieron en esa localidad, donde fueron servidas bajo el alero protector de la Iglesia Católica: organizaciones de jóvenes, mujeres y hombres, trabajadores, sindicatos, asociaciones profesionales, partidos políticos, en fin, una gran cantidad de personas estuvo allí.	Esta religiosa, con cariño, amor y aprecio, con una visión de futuro gigantesca, abrió sus puertas a todos los que así lo solicitaron. Además, permanentemente recibió a grupos de jóvenes y a integrantes de clubes de la tercera edad y, sobre todo, en forma muy especial, abrió espacio para la aldea de niños “SOS”. Su labor fue de una enorme contribución para Chile y para el sostenimiento y crecimiento de la democracia en épocas difíciles.	Señor Presidente, siendo ésta una mujer realmente admirable, una religiosa que entregó su vida al servicio de todos y cada uno de quienes recurrieron a ella, solicito que se envíe oficio al Presidente de la República para que, dentro de sus atribuciones, considere la posibilidad de entregarle la condecoración “Presidente de la República”.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.REBAJAS EN COBROS TARIFARIOS DE COMPAÑÍAS DE TELÉFONOS PARA REGIONES QUINTA Y OCTAVA. Oficio.	El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Velasco.	El señor VELASCO.- Señor Presidente, por comunicados de prensa e informaciones de los distintos medios de comunicación, hemos sabido que se ha enviado el decreto tarifario que regula los cobros de las compañías de teléfonos en Chile. Este decreto se envió a la Contraloría General de la República para su tramitación, y tengo entendido que fue devuelto.	Lamentablemente, estas rebajas de cobros fijos no benefician a las regiones Quinta y Octava en el mismo sentido que a las restantes. Represento a una parte de la Quinta Región, el distrito Nº 15, que está sufriendo una situación realmente espantosa en materia de cesantía y, sobre todo, porque estamos pagando los cobros fijos más caros de todo el país.	Por lo tanto, solicito que se oficie al señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que revise el tarifado, particularmente en lo que se refiere a las regiones mencionadas y, además, que esta Corporación pida con urgencia a la autoridad ministerial el envío del decreto que en este momento se está tramitando en la Contraloría, para que los parlamentarios tengamos la posibilidad de conocerlo.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.RECONSTRUCCIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN QUINTAY, COMUNA DE CASABLANCA. Oficio.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede continuar su Señoría.	El señor VELASCO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Interior para que adopte medidas inmediatas a fin de que se otorguen fondos, a través del ítem 75, para que se reconstruya el retén de Carabineros de la comunidad de Quintay, comuna de Casablanca -en este momento se encuentra en ruinas, totalmente inhabitable-, por cuanto sus pobladores no pueden prescindir de ella ni dejar de contar con la seguridad que da la presencia de Carabineros en ese sector.	Por ello, reitero, pido al señor ministro que tenga la amabilidad de estudiar un financiamiento a fin de reconstruir y habilitar nuevas dependencias en ese retén, ubicada en el balneario de Quintay, sector de gran crecimiento y desarrollo.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.INCREMENTO DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS PARA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.	El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Educación para que, mediante la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, reevalúe e incremente el número de raciones alimenticias, de desayunos, almuerzos, tanto en colegios como en internados, considerando el aumento de la cesantía en el país, particularmente en la X Región, dando prioridad a los alumnos -hijas e hijos-, de personas que han perdido su trabajo.	Gracias, señor Presidente.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI y de los parlamentarios que así lo manifiesten.INFORMACIÓN SOBRE CORPORACIONES VIALES DE LAS REGIONES OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA. Oficio.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Delmastro.	El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, hace algunos años, se crearon por ley las corporaciones viales en diversas regiones del país, con el objeto de tener equipos de maquinarias camineras que contrataran sus trabajos en aquellos caminos que normalmente quedan fuera del presupuesto municipal o de la inversión pública en general, especialmente en las comunidades más pobres.	A tres años de la puesta en marcha de las corporaciones viales, no se ha logrado el objetivo esperado por el Gobierno, perjudicando con ello a las pequeñas comunidades y, de paso, a los trabajadores que laboran en la corporación.	Ello ocurre particularmente con la corporación vial de Valdivia. Hay una sistemática falta de trabajo, no obstante existir gran necesidad de caminos en la provincia, especialmente en las comunidades más modestas. Actualmente, la situación financiera de esa corporación vial es insostenible por sus deudas con proveedores, cotizaciones previsionales e imposiciones atrasadas e, incluso, atraso en el pago de las remuneraciones del personal.	Ante la alarmante cesantía que afecta a nuestra provincia -Valdivia hoy es la cuarta ciudad con mayor cesantía en el país- y, por otro lado, la apremiante necesidad de recuperación, mantención y construcción de muchos caminos, es irónico e insólito que exista una unidad especializada en el rubro sin trabajo y con problemas financieros.	En consecuencia, agradeceré oficiar al ministro de Obras Públicas para que informe acerca de la situación financiera de las corporaciones viales de las Regiones Octava, Novena y Décima, teniendo en vista que ellas representan una gran inversión en maquinarias camineras y cuyo próximo destino, por la falta de trabajo, será la adjudicación a través de la dirección de Vialidad, sacándolas de la tuición de las municipalidades.	Solicito enviar este oficio para, en síntesis, conocer el financiamiento de estas corporaciones y cuál será su destino futuro.	Gracias, señor Presidente.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI y del Diputado señor Jaramillo.RESTRICCIÓN AL EJERCICIO DE MÉDICOS VETERINARIOS EN MATADEROS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.	La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me quiero referir a un tema que afecta a pequeños y medianos empresarios de la Región Metropolitana.	En la Región Metropolitana existen 12 mataderos, de los cuales 8 son de pequeños y medianos empresarios, gente que lleva muchos años en la faenación de animales.	Al respecto, quiero plantear una situación que me tiene muy preocupada. Desde fines de 1998, según el artículo 110 del Código Sanitario, los honorarios de los médicos veterinarios que deben fiscalizar si los animales están sanos para ser faenados, deben ser pagados por las propias empresas. Es decir, hasta fines del año pasado, las empresas tenían médicos veterinarios propios, quienes se ocupaban de verificar la calidad y el estado de los animales antes de la faenación.	Actualmente, mediante la emisión de una circular, el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma, ha obligado a estas empresas a contratar, a honorarios, los servicios de médicos veterinarios de ese servicio para que lleven a cabo esa fiscalización. En otras palabras, es como si hoy la fiscalización del horario de cierre de las botillerías fuera efectuada por funcionarios municipales cuyos sueldos se pagaran no por el municipio, que es el organismo fiscalizador, sino por los propios dueños de las botillerías fiscalizadas.	Eso configura, a mi juicio, dos tremendos errores: primero, ¿cómo puede ser que el ente fiscalizado, en este caso la pequeña empresa, deba pagar los honorarios del médico que la fiscaliza? Y, segundo, de alguna forma se está coartando la libertad de trabajo, consagrada en la Constitución Política, porque los médicos veterinarios que hoy hacen carrera al interior de estas empresas faenadoras, no podrán seguir haciéndola en lo sucesivo.	Por lo expuesto, pido el envío de dos oficios. El primero, al Director del Sesma, el señor Mauricio Ilabaca, para que informe a esta Sala si se está actuando en forma monopólica frente a la facultad de los médicos veterinarios -a mi juicio, es absolutamente así-, con lo cual se está vulnerando la libertad de trabajo, y el segundo, al presidente del Colegio Médico Veterinario, para que se pronuncie respecto de esta materia, de la aplicación del artículo 110 del Código Sanitario y de la circular emitida por el Sesma, que está coartando la carrera de sus afiliados al interior de los mataderos.	Reitero que me parece importante que el director del Sesma se pronuncie no sólo respecto de la facultad de los médicos veterinarios para determinar si los animales están sanos o no, sino también respecto de la circular -no es una resolución-, que se está aplicando en forma perentoria y obligatoria, incluso con el uso de la fuerza pública, en aquellas empresas que no cumplen con su contenido.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI y de los Diputados señores Manuel Bustos y Luis Pareto.OFICIO RESPUESTA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE HECHOS OCURRIDOS EN FUNDO LLEULLEU, EN CONTULMO.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Haroldo Fossa.	El señor FOSSA.- Señor Presidente, como es de conocimiento de todos, en marzo último se perpetraron en el fundo Lleulleu, de don Osvaldo Carvajal, un saqueo e incendio por parte de mapuches, quienes se encuentran en este momento movilizados.	A raíz de eso y de otros hechos, el 17 de marzo solicité del Ministerio del Interior explicitación sobre cuál era la política que se estaría aplicando en estas situaciones.	Tengo en mis manos el oficio de respuesta, recibido el 19 de mayo -prácticamente dos meses después de solicitada la información-, que me voy a permitir leer, porque se explica por sí mismo.	“Del Ministerio del Interior.	“Mediante su oficio indicado en la suma, a solicitud del honorable Diputado Haroldo Fossa, con la adhesión de otros diputados que se indica, se requiere informar acerca de las medidas que se adoptarán para resolver la delicada situación de violencia”.	Me salto un párrafo.	“Sobre el particular -contesta el Ministro- me permito expresar a V.E. que esta Secretaría de Estado actuará con prudencia y cautela para enfrentar esta situación que dista mucho de un levantamiento, pero, en todo caso, con la energía que proceda, según el desarrollo de estos hechos en el futuro.	“Esta Cartera estima que nuestro ordenamiento jurídico contempla los instrumentos necesarios para abordar este conflicto, sin que sea procedente la adopción de medidas extraordinarias, las que si corresponde se evaluarán en su oportunidad.	“Por último, cabe señalar que las fuerzas de orden y seguridad ya han considerado las medidas pertinentes para enfrentar esta situación”.	Dejo constancia de estas medidas que está tomando el Ministerio del Interior, porque parece que no conoce absolutamente lo que está sucediendo en las Regiones Octava y Novena en relación con los problemas de nuestra etnia mapuche.	He dicho.ADHESIÓN A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO. Oficio.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches, por un minuto y medio.	El señor VILCHES.- Señor Presidente, ayer, 7 de junio, se celebró en Arica el asalto y toma del morro, lo cual representa para el Ejército de Chile el gran día de la conmemoración de las glorias de la infantería.	En esta oportunidad, solicito que se oficie al señor Comandante en Jefe del Ejército, don Ricardo Izurieta, saludándolo y manifestándole que respaldo plenamente su intervención del día de ayer, en esa ciudad. Entre otras cosas, hizo un especial recuerdo del ex Comandante en Jefe don Augusto Pinochet Ugarte; agregó que su gobierno fue uno de los más emprendedores e innovadores de la historia de Chile, y que actualmente se encuentra sometido, en la ciudad de Londres, a una injusta situación que afecta su libertad.	Además, aseguró que todos los soldados chilenos no descansarán hasta que el General Pinochet se encuentre de regreso en Chile y deje de ser objeto de arteras maniobras en que se combinan intereses foráneos con algunos provenientes de un sector minoritario del país.	Señor Presidente, comparto plenamente estos juicios y espero que haya tolerancia en el país para comprender este malestar del Comandante en Jefe del Ejército, don Ricardo Izurieta.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Comités de Renovación Nacional y de la UDI.PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA FRENTE AL TEMA DE LA DELINCUENCIA. Oficios.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri, por un minuto.	El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, durante la semana recién pasada, nos enteramos, por la prensa, de los índices de temor que siente la ciudadanía frente a la delincuencia.	Ante un aumento del 54 por ciento de los hechos delictuales durante el primer trimestre del presente año, no es de extrañar que, según los resultados de esta encuesta, sólo en la capital, una de cada seis personas declaró sentir siempre temor de ser asaltada. Y lo más grave de esta situación es que quedó en evidencia el desequilibrio en seguridad y dotación policial existente entre los sectores altos y los de menores ingresos de la sociedad.	Es así como las principales víctimas de la delincuencia son los sectores más humildes de la población, los cuales se encuentran siempre más indefensos ante los ataques de los delincuentes. Las comunas con más bajos índices de temor y de delincuencia no sólo tienen un mayor número de efectivos policiales y más implementos para desarrollar su labor, sino que también cuentan con mayores recursos, lo que les permite poner en práctica sistemas propios de vigilancia.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor diputado, le ruego que redondee la idea porque ha terminado su tiempo.	El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, solicito que se inserte el resto de lo que pretendía decir aquí, y que se oficie al Ministro del Interior y al General Director de Carabineros para transmitirles estas observaciones.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con inserción de su discurso y la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI.	-El texto de la inserción es el siguiente:	“En una de las comunas de mi distrito, que es Maipú, en la que viven más de 450 mil personas, el índice de temor alcanza al 21,8% de sus habitantes y existe sólo una comisaría y una subcomisaría, que reúnen entre ambas a sólo 170 efectivos.	Mientras en países desarrollados hay un policía por cada 400 habitantes, en Maipú la relación es de un carabinero por cada 2.600 personas.	Todas estas cifras están demostrando que existe una mala distribución de los recursos policiales, pues se ha desprotegido claramente a los sectores que más los necesitan.	Por tal razón, es vital que en base a estos estudios y a información entregada por Carabineros, se reestructure la política de dotaciones policiales. Deberíamos privilegiar las comunas con mayores tasas de delincuencia e inseguridad, las que precisamente no disponen de los recursos para defenderse con guardias privados.	He dicho”.PROPOSICIONES PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ETNIA MAPUCHE.	El señor TUMA (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Eduardo Díaz.	El señor DÍAZ.- Señor Presidente, represento a localidades como Cholchol, Hualpín y otras, donde existe una alta concentración mapuche. Por lo tanto, lo expresado por el Diputado Fossa me interesó mucho.	Siento lo mismo que él, dado que no existe una política para el tema mapuche. Fue lo que sentimos cuando visitamos al entonces Vicepresidente de la República, don Raúl Troncoso, quien, preguntado sobre el tema, tuvo sólo respuestas evasivas; no hubo ninguna proposición clara, ni se planteó cuál era la política del Gobierno al respecto.	No se han abordado las urgentes necesidades ni menos las soluciones concretas de los problemas de fondo del pueblo mapuche: los problemas de pobreza.	Es realmente vergonzoso que los gobiernos de la Concertación, que hace diez años suscribieron la “Declaración de Imperial” -también en mi distrito- sólo ahora, en sus últimos meses de gobierno, se interesen por dialogar y por hacer un catastro para saber cuántos son y dónde están nuestros mapuches.	Esto es dilatar los problemas y bajarles el perfil. A lo mejor, es esperar que lleguen las elecciones y pase rápidamente el tiempo para abordar estos problemas con seriedad y con la profundidad requeridas.	No debemos preguntar más cuál es la solución. Los auténticos loncos de la zona -no aquellos aucanes autonombrados, con los cuales dialoga el Gobierno-, los verdaderos dirigentes, los alcaldes de cualquier color político, las autoridades que fuimos elegidas en la región, conocemos estos problemas. Se trata de un problema estructural de recursos que se soluciona, como dice el pueblo mapuche, con “cullín”, con dinero, con recursos, con sentido de lo que es el problema de fondo y no con palabras ni declaraciones retóricas. De una vez por todas focalicemos recursos en la región más pobre, donde está el pueblo mapuche y nuestro mundo rural.	Tampoco tiene ningún sentido plantear autonomías territoriales, como se ha hecho. Esto es algo artificial, por cuanto nuestros mapuches son y se sienten chilenos; ellos son la cuna y el corazón en que se forjó Chile y su raza. El ejemplo más claro es el de Marcelo Salas Melinao, quien los llena de orgullo. Eso es ser chilenos, ése es el pueblo mapuche, muy mezclado con el pueblo español y radicado en el corazón de la Araucanía. En nuestro sur existe un profundo mestizaje y acendrado amor a la bandera chilena.	No se debe seguir jugando con el dolor de nuestro pueblo mapuche, como lo está haciendo el candidato socialista Ricardo Lagos, quien hoy les está ofreciendo, demagógicamente, miles de hectáreas, en circunstancias de que, siendo Ministro de Obras Públicas, no tuvo ningún empacho en expropiar ilegalmente tierras de campesinos mapuches, destruir sus cementarios, pozos de agua e incluso sus rucas, sin que hasta ahora la mayoría de los afectados reciba la indemnización compensatoria que, según la Constitución, debió pagárseles antes de que los funcionarios del señor Lagos ocuparan dichas tierras.	Junto con el Diputado Luis Monge y los loncos de la zona que realmente representan a este pueblo, hemos elaborado una propuesta de soluciones concretas que apuntan al problema de fondo. Se llama “Una deuda con nuestras raíces”, y, de ser acogida, ayudaría a solucionar el drama que afecta a este pueblo, cuna de nuestra nacionalidad.	Nos preocupa la situación de las comunidades mapuches asentadas en nuestro distrito, no por su condición de mapuches o por pertenecer a otra etnia cualquiera, con todo el respeto que nos merecen esas culturas, sino por su condición de chilenos en estado de extrema pobreza e indigencia, por su falta de oportunidades, y por el retraso en el proceso de integración al desarrollo, que no distingue sexo, religión ni origen étnico, tal como lo demuestran estudios del propio Gobierno y de organismos nacionales e internacionales.	Queremos terminar con la discriminación que hace la ley contra los mapuches al tratarlos como menores de edad o interdictos. Por ejemplo, la ley les prohíbe vender sus tierras; pero cuando alguien se interesa en terrenos pertenecientes a mapuches, se burla la ley mediante un contrato de arrendamiento por 99 años, prorrogable por igual período. Además, si acaso la ley pretendió protegerlos en forma paternalista, no lo ha logrado. Por el contrario, los perjudica gravemente, ya que no pueden dar como garantía sus tierras para acceder a créditos productivos, como lo hacen todos los demás campesinos.	Creo que la integración al proceso de desarrollo y la preservación de la identidad de las culturas indígenas, en especial la mapuche, son perfectamente compatibles, por lo que nuestra propuesta contiene medidas tendientes a lograr ambos objetivos.	No somos partidarios de que, con el pretexto de no afectar la identidad cultural de las etnias, se siga manteniendo a estas comunidades aisladas y en el subdesarrollo. Una vida desadaptada y sin integración social no es a lo que aspira nuestro pueblo mapuche, sino, por el contrario, se requiere más “cullín”, más recursos, más oportunidades.	Honorables colegas, los invito a conocer esta propuesta y a que aporten nuevas ideas, pues estimo que, ante un problema de tal magnitud, debemos actuar todos unidos, sin divisiones partidistas y pensando que es nuestro deber saldar esta deuda con nuestras raíces y resolver el problema de fondo, que no es étnico, sino económico, de pobreza y marginación que vive nuestro pueblo mapuche. 	He dicho.CONTAMINACIÓN DE CANAL LAS CRUCES, DE PUDAHUEL. Oficios.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero.	El señor MELERO.- Señor Presidente, el pasado fin de semana, la comunidad nacional, en particular la de la Región Metropolitana, pudo conocer las manifestaciones de protesta de un grupo importante de vecinos del sector rural de Pudahuel, que, ante su impotencia e indignación por la contaminación del canal Las Cruces y, aguas más abajo, del río Mapocho, sintieron la necesidad de tomarse la carretera con el fin de llamar la atención de la opinión pública y, en especial, de las autoridades ambientales y de salud de la Región Metropolitana.	Dicha toma fue el recurso que los vecinos debieron utilizar para denunciar el grave problema de fetidez y contaminación que genera ese canal, que afecta, aproximadamente, a seis mil familias de las localidades de Lo Boza, Aguas Claras, sector “Sobera-nía Urbana”, El Peralito, Lo Etchevers y El Noviciado, de la comuna de Pudahuel.	Para mejor comprensión de los señores diputados, debo señalar que cada vez que transitamos por la ruta 68 y cruzamos el puente sobre el río Mapocho, somos también víctimas de la pestilencia y fetidez de esas aguas. Sobre la base de lo que percibimos en un tránsito de uno o dos minutos, imagínense lo que significa para esas familias vivir 24 horas con esos olores. Ayer, junto a dirigentes vecinales y pobladores del sector, recorrí varios kilómetros del canal Las Cruces; me detuve muchas veces y comprobé en terreno la contaminación de las aguas, su mal color y la fetidez que se desprende de ellas.	Pareciera que el origen del problema se encuentra aguas arriba, en las comunas de Huechuraba y Quilicura, fundamentalmente por la descarga de residuos líquidos industriales, debido al desarrollo de un importante sector industrial en dichas comunas. Tampoco descarto la descarga de aguas servidas por particulares que han utilizado el canal como un verdadero basural. 	La fetidez es insoportable, afecta la salud humana, en especial de los niños, sobre todo de los que se educan en la escuela de Lo Boza, y puede generar consecuencias difíciles de predecir y que es necesario estudiar. También tiene un efecto negativo sobre la agricultura, pues no es posible utilizar las aguas para riego, lo que genera cesantía al coartar esa actividad económica.	En verdad, los efectos negativos son demasiados y, lo que es más grave, se arrastran ya por seis años, con algunos períodos mejores, producto de lluvias torrenciales y de temporales que han arrastrado las aguas, pero que en tiempo de sequía tienden a ser más estáticas y, por consiguiente, a generar mayor contaminación.	Creo que ha existido, al menos, indolencia y despreocupación por parte de las autoridades ambientales y de salud de la Región Metropolitana, que, lamentablemente, han ido olvidándose del problema.	Ha llegado el momento de solicitar acciones concretas. Por eso, pido que se oficie, en primer lugar, al director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma, doctor Mauricio Ilabaca, con el fin de que informe, a partir de la instancia de coordinación que se estableció el 4 de agosto de l997 entre ese servicio y la Ilustre municipalidad de Quilicura, sobre qué acciones concretas se han materializado respecto de las industrias que vierten líquidos contaminantes en el canal de Las Cruces y cuántos sumarios de carácter sanitario se han llevado a cabo sobre el particular. Además, que se efectúe un análisis químico y bacteriológico de las aguas de dicho canal y de los pozos que abastecen de agua potable a muchísimos vecinos de las localidades mencionadas.	En segundo lugar, que se oficie al Superintendente de Servicios Sanitarios, quien también tiene responsabilidad en esta materia, con el objeto de que lleve a cabo una inspección -si la ha realizado que nos informe- de todo el curso del canal, desde la comuna de Huechuraba hasta Pudahuel, sobre el número de industrias que vierten sus aguas en él, las acciones concretas que se han adoptado y las eventuales investigaciones y multas que se hubiesen cursado.	En tercer lugar, que se oficie a la alcaldesa de la comuna de Quilicura, donde se encuentran las industrias que posiblemente contaminan, a fin de que informe si esa municipalidad tuvo participación en la apertura de la bocatoma que existe en el sector de Lo Etchevers, que permitió la salida de esas aguas hacia Pudahuel. Además, qué acción ha efectuado sobre las industrias que vierten esos líquidos, si tienen patentes y si cumplen con la normativa correspondiente.	Por último, que se oficie al ministro de Salud, con el objeto de que instruya al Servicio de Salud Norte Occidente, o a quien corresponda, para efectuar a la brevedad un operativo intensivo de salud, pues muchos habitantes y niños ya están sufriendo de mareos y vómitos; que se obtenga una muestra aleatoria de exámenes de sangre y se establezca cuál es la situación sanitaria del sector y de sus habitantes.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.CONTAMINACIÓN DEL RÍO LOA EN LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Rojas.	El señor ROJAS.- Señor Presidente, quiero dar a conocer una serie de situaciones que están afectando al río Loa, en la Segunda Región.	La comunidad nacional se ha enterado por la prensa y por la televisión de algunas denuncias medioambientales sobre residuos líquidos que se están vertiendo en el preciado río Loa de nuestra región.	Pero quiero hacer otra denuncia: las pocas truchas que existen en ese río se están capturando con dinamita. Por ello, solicito que se oficie al Servicio Nacional de Pesca para que informe respecto de esa situación, denunciada recientemente por dos inspectores de dicho organismo.	Además, que se oficie al intendente de la Segunda Región, para saber si, patrocinado por el consejo regional, Core, existe algún proyecto sobre cultivo de alevines en la zona alta del río Loa para mitigar el problema que se está produciendo no sólo por la contaminación de residuos sólidos de algunas empresas mineras de la región, sino también, para colmo, por gente inescrupulosa que está dinamitando el río para capturar truchas.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.ALCANCES SOBRE PROCEDIMIENTO DE CARABINEROS.	El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.	El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, Carabineros de Chile es una institución muy importante, que cumple un rol fundamental en lo relacionado con la seguridad ciudadana y el resguardo del orden público. 	En las ocasiones en que hemos sido requeridos para apoyar iniciativas en beneficio de esta institución, que considero importante para el país, usted y yo, señor Presidente, hemos estado siempre a favor.	Pero todos nos podemos equivocar. Y así como nuestro colega y amigo, Diputado Andrés Palma, reconoce que se equivocó y pidió disculpas en forma pública, lo que lo convierte en un hombre grande -considero una grandeza reconocer cuando uno se equivoca, sobre todo en nosotros, que estamos fuertemente presionados por las distintas actividades, a veces en el distrito, otras en Santiago o Valparaíso-, con la misma fuerza y humildad quiero señalar que Carabineros también se equivoca, y quienes creen que son infalibles no están en lo correcto.	Pesa sobre mí una acusación de Carabineros que señala que quien habla no habría respetado una detención que habrían practicado policías a la altura del túnel Zapata. Yo les digo a Carabineros que tengo un certificado del Secretario de la Cámara de Diputados que señala que ese día asistía en esta misma Sala a un debate de un proyecto. De manera que no entiendo cómo podría estar aquí haciendo uso de la palabra y, a la misma hora, a 80 kilómetros de distancia de esta Corporación. Yo voy a defender -por lo demás, lo he hecho siempre- a instituciones del Estado como Carabineros de Chile, pues las considero importantes. Aquí no hay doble estándar ni abuso; pero así como tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores, las instituciones del Estado deben tener la misma fuerza para hacer lo propio. Aquí no hay nada en contra de Carabineros de Chile; al contrario, reconocemos y apoyamos su capacidad y facultad fiscalizadora en materias relacionadas con el tránsito, la seguridad ciudadana, el orden público, etcétera. Pero -insisto-, así como somos capaces de reconocer que nos equivocamos, Carabineros también debe ser capaz de reconocer que pudieron haberlo hecho.	Termino señalando algo que me parece muy raro: el Diputado Jaime Rocha, tres o cuatro parlamentarios más y quien habla hemos recibido partes, especialmente en el sector de Casablanca, en los que se señala que no nos detuvimos cuando se nos requirió y que le echamos el auto encima a carabineros. Aquí hay discursos hechos ex profeso y que son inadmisibles. Por eso y con el respeto debido, queremos conversar con el General Director de Carabineros para ponernos de acuerdo respecto de esta situación. Aquí todos debemos cooperar y respetarnos, no enfrentarnos ni pelearnos.	He dicho.PRECISIONES SOBRE CRÍTICAS A PARLAMENTARIOS.	El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, los honorables colegas saben muy bien cuánto nos cuesta desprendernos de los problemas que día a día afectan a las personas, instituciones u organismos de los distritos y de todo cuanto allí acontece. Es nuestra actividad en la zona, y de ella tratan normalmente las intervenciones que se efectúan en esta Sala. Lo vemos hoy y lo hemos visto antes. Pero hoy, en mi condición de parlamentario, impulsado por un imperativo ético insoslayable, debo referirme a las derivaciones, no a las públicas, puesto que éstas han quedado absolutamente esclarecidas, que el caso “exceso de velocidad” ha tenido en el Parlamento y en los medios de prensa nacionales.	No me erijo en juez de nadie; no soy quién para lanzar la primera piedra, y ya se han lanzado muchas.	Decían los diputados complicados en esos hechos que lo nuestro está repleto de tensiones, con infinitos desplazamientos, con presiones horarias -lo acaba de señalar el Diputado señor Felipe Letelier- y de otros órdenes. Los comportamientos o estados de ánimo habituales terminan por ceder. Uno se ofusca, aunque, según las normas, no tenemos derecho a hacerlo. “Es que somos humanos, somos personas, tenemos las debilidades propias de los seres humanos”. Esto lo dicen ellos, y yo digo: esto no debería ser un escándalo; no tiene por qué. No es arrogancia de ellos, ¿o es arrogancia acaso que los juzgados de policía local de este país a diario estén repletos de miles de ciudadanos que son normales, que son tan simples ciudadanos como nosotros, como deberíamos ser todos? Los presentes entendemos esto con patrones similares o parecidos; pero hay algo que me hiere íntimamente y me ofende personalmente en mi condición de parlamentario chileno: las descalificaciones lanzadas por algunos a través de diarios, radios y canales de televisión motivadas por la lamentable complicación de todos conocida. Hemos escuchado y leído cosas en contra de nuestros honorables y muy capaces legisladores señores Andrés Palma y Tomás Jocelyn-Holt, que no había escuchado ni leído para calificar hechos verdaderamente punitivos que acontecen en la vida diaria de este país, y que muchas veces se silencian. Allá ellos. Lo que no puedo permitir es que, aprovechándose de esta complicación, se dañe el prestigio, la honorabilidad y la condición de brillantes parlamentarios, de nuestros honorables Diputados Andrés Palma y Tomás Jocelyn-Holt. Todos somos testigos del trabajo impecable que realizan ambos. Su labor no sólo representa un aporte indiscutido para esta Cámara, sino para Chile entero. Su dedicación, acuciosidad y entrega son, en este Congreso y fuera de él, las de verdaderos obreros de la legislación. He tenido el privilegio de trabajar con ellos en la Comisión de Hacienda y quiero decir aquí que estos dos diputados han sido para mí verdaderos maestros. Para un parlamentario nuevo son muchos los rincones de la actividad que aún quedan por conocer, y, sobre todo, en una Comisión de por sí compleja y de tan alta responsabilidad. Ésa es la imagen que tengo de mis honorables colegas y ésa es la imagen que debiera tener el país entero, porque lo que digo es real. Ojalá muchos tuvieran la decencia y la humildad para reconocer sus faltas.	He dicho.INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TELEFÓNICO POR COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE. Oficio.	El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Alejandro Navarro.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en virtud del artículo 9º de la ley orgánica del Congreso Nacional, solicito que se oficie al Subsecretario de Telecomunicaciones, dependiente del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que nos informe detalladamente respecto de las facultades de que hizo uso la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, CTC, para imponer a 2,7 millones de suscriptores de líneas locales el llamado buzón de voz, si esto implica costos para el usuario al momento de escuchar el llamado, cuáles son los costos promedio asociados a este sistema desde su entrada en vigencia, si éste es legal o no, si la CTC ha incurrido en faltas o multas, cuántos son los procesos judiciales que la Subtel sigue a CTC por infracciones al reglamento telefónico y cuánto dinero ha debido pagar la mencionada compañía como consecuencia de dichos procesos. Cabe recordar que hasta el año pasado existía una multiplicidad de procesos, pero ninguna sanción pecuniaria aplicada.	Además, quiero que nos informe respecto del cumplimiento del artículo 38 del decreto Nº 425, de 1996, Reglamento del Servicio Público Telefónico. Dicho cuerpo reglamentario relaciona a la compañía con los usuarios, y ese artículo señala la exigencia de que la compañía debe proveer al usuario de un aparato verificador de llamadas. El mandato impuesto por dicho artículo no se ha cumplido desde la entrada en vigencia del reglamento telefónico, el que aparece publicado en todas las guías telefónicas del país. Lo cierto es que el abuso que se está cometiendo es insostenible e inaceptable, por cuanto miles de chilenos están pagando llamadas telefónicas que nunca han hecho. La única manera de comprobar si eso es efectivo es que las telefónicas locales cumplan con la ley y con el reglamento, con el artículo 38, en el sentido de que cualquier persona en su casa pueda mirar el verificador, obligación que las telefónicas locales no están cumpliendo.	Por lo tanto, solicito que nos informen si hay procesos de fiscalización en marcha y qué ha hecho la Subtel; toda la información: copias de las cartas enviadas por la CTC desde cuando haya empezado el proceso.	Respecto de la cuenta única telefónica, inaugurada en 1998, se ha llegado a un acuerdo entre esa compañía de teléfonos y los carrier de larga distancia, en que las cuentas se incorporan en un pago conjunto. Al que no paga los llamados de larga distancia, le suspenden el servicio local; es decir, no puede hacer uso de su contrato con la compañía para la telefonía local. La Subtel debe aclararnos si esto es legal -son dos contratos diferentes-, si está dentro de las facultades de la CTC llegar a un acuerdo con los carrier. Hay gente a la que le han cobrado llamadas ilegales de larga distancia no hechas por el usuario, quien hace uso de su derecho a reclamo; como no paga la cuenta, le suspenden el servicio local. Entonces, al final, la gente paga la cuenta con las llamadas de larga distancia para poder tener servicio telefónico local.	Eso es arbitrario e injusto. La Subtel debe aclarar cómo fue posible ese acuerdo entre las compañías telefónicas locales y los carrier, porque el gran perdedor es el usuario y los tres millones de chilenos que tienen líneas telefónicas locales.	Además, pido que nos envíe copia de todos los procesos iniciados, con un detalle muy objetivo, de todo lo que he solicitado.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Vicepresidente que habla.ANTECEDENTES SOBRE CAUSAS DE ACCIDENTES DEL TRÁNSITO. Oficio.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en segundo lugar, a propósito de que se ha puesto en la opinión pública el tema de los accidentes de tránsito, hay algunos conceptos que se han manejado livianamente.	Nadie está en contra de que se fiscalice a los diputados. Por el contrario, debe aplicarse el máximo rigor de la ley. La ley pareja no es dura. Pero se ha dicho que la principal causa de accidentes de tránsito es el exceso de velocidad. Falso. Sólo representa el 10,7 por ciento de las causas de accidentes. La inmensa mayoría ocurre por manejo descuidado, por no respetar el disco “pare”, por descuido de los peatones, por fallas mecánicas y un conjunto de otras materias. Por lo tanto, hacer creer a la opinión pública que la fiscalización de la velocidad apunta al fondo del problema es un grave error.	En el Senado hay un proyecto desde agosto de 1997, que hace obligatoria la enseñanza de las normas del tránsito en las enseñanzas básica y media. Creo que el tema central es de educación del tránsito.	Por ello, de acuerdo con el artículo 9º, solicito que se oficie, en mi nombre, al Ministerio de Defensa y, por su intermedio, a la Siat, a Carabineros de Chile, que cumple tan importante labor, a fin de que nos informe y nos envíe copia de todos los estudios que tiene respecto de la causas de accidentes del tránsito; además, si efectivamente está en estudio la exigencia del uso de cinturón de seguridad en los vehículos de locomoción colectiva, tanto de transporte urbano como interurbano, porque no es explicable que al que maneja a 40 kilómetros por hora dentro de la ciudad se le pida que lo use y no así al que va a 100 kilómetros por hora.	He dicho.	El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.	Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 14.25 horas.JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que autoriza el traspaso de fondos a Corfo para la inversión tecnológica que permita el uso del gas natural en el transporte público de pasajeros de superficie. (boletín Nº 2347-15)“Honorable Cámara de Diputados:	Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que autoriza el traspaso de fondos a Corfo para la inversión tecnológica que permita el uso del gas natural en el transporte público de pasajeros de superficie.I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA.1.	Aumento de concentración de contaminantes como consecuencia de expansión de la ciudad.	La Región Metropolitana ha experimentado en las últimas décadas un fuerte crecimiento demográfico, asociado a la expansión horizontal de la ciudad de Santiago, dentro del contexto de crecimiento económico del país. Los efectos ambientales inmediatos de este crecimiento se han manifestado en un aumento de las concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos.2.	Condición desfavorable de la Región Metropolitana para dispersión de contaminantes.	Debido a factores geográficos y climáticos, esta Región presenta condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes atmosféricos, especialmente en otoño e invierno.3.	Declaración como zona saturada de ozono de la Región Metropolitana.	Por Decreto Supremo Nº 131, de 1996, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se declaró zona saturada por ozono, material respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, a la Región Metropolitana.  4.	Plan de descontaminación atmosférica de la Región Metropolitana.	Declarada la zona como saturada y latente de conformidad con el procedimiento y etapas señaladas en los artículos 44 y 32 de la Ley Nº 19.300 y en el Decreto Supremo Nº 94, de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se elaboró el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, contenido en el Decreto Supremo Nº 16 de 22 de enero de 1998, del mismo Ministerio.5.	Objeto del Plan de descontaminación.	El referido plan, tiene como objeto recuperar la calidad ambiental en la Región Metropolitana, reduciendo las emisiones de material particulado respirable (MP 10), monóxido de carbono (Co), óxidos de nitrógenos (Nox), compuestos orgánicos volátiles (COV) como precursores de ozono, y dióxidos de azufre (SO2) como precursores de material particulado. Para lograr lo anterior, el referido instrumento, establece metas globales y parciales de reducción de emisiones y un plazo de 14 años para alcanzarlas.II. PROPÓSITO DEL PROYECTO: INCORPORAR EL GAS NATURAL AL TRANSPORTE PÚBLICO DE SUPERFICIE.1.	El transporte motorizado de superficie como factor de contaminación.	El referido Plan aborda, entre otros componentes asociados a la contaminación atmosférica, al sector transporte motorizado de superficie, por cuanto la participación del mismo en las emisiones de contaminantes, alcanza niveles del 92% en Constitución, 7% en MP 10, 71% en Nox y 46 de COV conforme al inventario de emisiones del año 1997.2.	Necesidad de reducir participación del sector transporte de superficie en contaminación mediante la innovación tecnológica.	Con el objeto de reducir la participación de las emisiones de contaminantes del sector transporte motorizado de superficie, es fundamental impulsar el cambio tecnológico que permite incorporar el gas natural como combustible a ser utilizado en el transporte público.	La importancia relativa del parque de buses es relevante en la contaminación atmosférica por material particulado, aumentando más si consideramos la toxicidad de esas emisiones. En efecto, según el inventario de emisiones de 1997, un 43%  de las emisiones de PM 10 por tubo de escape y un 13% de las emisiones totales de PM 10 corresponden a buses.3.	Metas impuestas por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica.	El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), establece en la medida M1TTE15, que el conjunto de servicios de transporte público remunerado de la ciudad de Santiago, debe reducir sus emisiones de material particulado al año 2005 en un 50% respecto de la situación actual, y sus emisiones de óxidos de nitrógeno en un 25% al año 2005 y un 50% al año 2011.4.	Ampliación de la matriz energética del país derivada de la introducción del gas natural y sus positivos efectos ambientales.	La introducción de gas natural al país, en particular a la Región Metropolitana, presenta beneficios ambientales y energéticos. En efecto, ha sido ampliamente divulgado que el reemplazo de otros energéticos más sucios por gas natural en la industria de la región, ha significado una reducción importante de emisiones contaminantes (en especial de material particulado). De igual forma, desde hace un tiempo se ha llevado un debate sobre el efecto en la reducción de emisiones de la introducción del gas natural como combustible alternativo en el sector transporte.5.	Menor nivel de emisiones de material particulado del gas natural.	El nivel de emisiones de material particulado de un bus a Gas Natural es del orden de 0,02 gramos por kilómetro, según información de Motor Test Center de Suecia, y el de un bus diesel tradicional de Santiago, es de 1,06 conforme al inventario de emisiones de la Región Metropolitana de 1997.  Esto significa que para cumplir con la meta de reducción del 50% de las emisiones del transporte público indicada en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, es necesario que ingresen un total de 5.874 buses, con un nivel de emisiones equivalentes a las que se alcanzan con gas natural.  Esto representa del orden del 65% del parque actual.	Si a partir de septiembre del año 2000 se observase una tasa de recambio equivalente a la observada entre 1993 y 1997 (del orden de 700 buses año), la meta del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, se cumpliría al año 2007.6.	Plan piloto que incorpora a buses a gas natural.	Tomando en consideración estos aspectos, la Intendencia de la Región Metropolitana, en conjunto con otros organismos como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Medio Ambiente Dirección Región Metropolitana y la Comisión Nacional de Energía, están desarrollando un Programa Piloto para la incorporación de buses que funcionan con Gas Natural en la ciudad de Santiago.	Dicho plan se encuentra dentro del contexto del PPDA (medida M3TTE7) que estableció la implementación de una prueba piloto durante 1998, que permita comparar las emisiones de buses propulsados tanto por Gas Natural como por diesel, con iguales niveles de mantenimiento, haciendo una evaluación de los costos y beneficios de adoptar por el gas como combustible para los buses de transporte público urbano.7.	Resultados obtenidos de la aplicación del Plan Piloto.	Los estudios de seguimiento de programa piloto de buses han permitido constatar, a la fecha que:a.	Disponibilidad comercial de buses a gas.	Los principales proveedores de buses, incluidos los proveedores más importantes en nuestro país, poseen buses a gas natural disponibles comercialmente.b.	Valor comercial de buses a gas equivalente al de los buses diesel.	El valor de los buses a gas natural es similar al de los buses diesel; en el peor de los casos sólo un 30% mayor.c.	Tecnologías de conversión de buses que funcionan con diesel no logra eficiencia de buses nuevos a gas.	Algunas tecnologías de conversión permiten que un bus opere sin contratiempos, pero sus reducciones de emisiones no son comparables a un bus nuevo, que originalmente funciona con gas.d.	Bus con tecnología original a gas y su nulo nivel de contaminación.	En suma, el nivel de emisión de material particulado de un bus dedicado a gas natural es virtualmente cero.III. CONTENIDO DEL PROYECTO: OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO PARA FACILITAR INVERSIÓN EN BUSES NUEVOS A GAS.1.	Necesidad de subsidiar renovación de parque de buses diesel por gas natural. 	Para lograr este objetivo, se estima necesario utilizar un mecanismo de subsidios hacia el sector transporte que permita, en forma rápida, eficaz y eficiente, la incorporación de vehículos de transporte público con motores a gas natural.2.	Necesidad de ley para traspaso de Fondos.	El artículo 26 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, establece que los traspasos de fondos entre partidas presupuestarias sólo podrán ser autorizados por ley.3.	Intervención del Gobierno Regional Metropolitano en la asignación del subsidio.	Por otra parte, se considera pertinente la intervención en el mecanismo de transferencia de recursos enunciados, del Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago, dada la competencia específica de éste en las cuestiones ambientales de la propia Región.	De este modo, el artículo único que se propone a la consideración de ese honorable Congreso Nacional dispone la transferencia de hasta 600 millones de pesos desde el presupuesto del Gobierno Regional de la Región Metropolitana y con cargo a su presupuesto de inversión a la Corporación de Fomento de la Producción. Dicha Corporación, a solicitud del mencionado Gobierno Regional, podrá otorgar subsidios a empresas de transporte colectivo de la Región, con el objeto de incorporar el uso de tecnología con gas natural en el transporte público.	El traspaso de recursos se efectuará en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, es decir, mediante decreto del Ministro de Hacienda bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República".	La aplicación de los recursos financieros así transferidos, se efectuará de acuerdo a la forma y condiciones que se establezcan en un Convenio que deberá celebrarse entre dicho Gobierno Regional y la mencionada Corporación de Fomento.	En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguientePROYECTO DE LEY:	"Artículo Único.- Autorízase al Presidente de la República para que durante el año 1999, mediante decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda y a solicitud del Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago y con cargo al Programa 05-73-02 de su presupuesto de Inversión, transfiera hasta $600 millones a la Corporación de Fomento de la Producción con la finalidad de otorgar subsidios a empresas de transporte colectivo de la Región, que permita incorporar el uso de tecnología con gas natural en el transporte público. El traspaso de recursos se efectuará en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Estos recursos no serán incorporados al presupuesto de dicha corporación.	En el convenio respectivo celebrado entre el Gobierno Regional y la Corporación de Fomento de la Producción, se establecerán los procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren.".	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; EDUARDO ANINAT URETA, Ministro de Hacienda; JORGE LEIVA LAVALLE, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.INFORME FINANCIEROPROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA EL TRASPASO DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL USO DE GAS NATURAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS(Mensaje Nº 003-340)	El artículo único de este proyecto autoriza al Presidente de la República para traspasar hasta $ 600 millones desde el presupuesto vigente de Inversión del Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago a la Corfo, con el objeto de otorgar subsidios a empresas de transporte colectivo de la Región, por la suma de hasta $ 600 millones, para la incorporación tecnológica que permita el uso de gas natural en el transporte público de pasajeros.	Cabe señalar que este proyecto de ley no significa mayor gasto fiscal.	(Fdo.): JOAQUÍN VIAL RUIZ-TAGLE, Director de Presupuestos”.2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que prorroga la vigencia de los avlaúos de los bienes raíces agrícolas. (Boletín Nº 2343-01).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal. (Boletín Nº 2265-01).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.4.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que autoriza el traspaso de fondos a Corfo para la inversión tecnológica que permita el uso del gas natural en el transporte público de pasajeros de superficie. (boletín Nº 2347-15).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.5.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 2 de junio de 1999	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote italiano Armando Bridaroli Pulino.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.695, de 9 de septiembre de 1997.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; FERNANDO SOFFIA CONTRERAS, Secretario (S) del Senado”.6.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 2 de junio de 1999	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso Antonius Theodorus Van Kessel.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.608, de 5 de agosto de 1997.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; FERNANDO SOFFIA CONTRERAS, Secretario (S) del Senado”.7.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 2 de junio de 1999.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa belga Elise Clementine Mottart Breban.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.672, de 2 de septiembre de 1997.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; FERNANDO SOFFIA CONTRERAS, Secretario (S) del Senado”.