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El señor MONTES ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas.
Están inscritos los Diputados señores Gustavo Alessandri, Iván Mesías, Enrique Van Rysselberghe, Jorge Ulloa, Salvador Urrutia, Andrés Palma y René Manuel García.
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, todos los sectores de la Cámara desean que los funcionarios públicos gocen de rentas adecuadas. Es una necesidad urgente y apremiante. Pero más urgente es solucionar la situación que aflige a los funcionarios de Impuestos Internos, toda vez que vienen librando una dura lucha desde hace varios años. Para ello han firmado protocolos con el director de Impuestos Internos y con el ministro de Hacienda , y han recurrido a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde algunos de sus miembros habían aceptado actuar como garantes de los compromisos suscritos con el ministro y con el director de Impuestos Internos. Y así, han realizado muchas otras gestiones sin resultados prácticos.
Por otra parte, existe un gran número de funcionarios que cumplen con los requisitos para jubilar; pero en las condiciones actuales, les es imposible acogerse a este beneficio por quedar sus rentas claramente disminuidas. Para muestra un botón: la señora Cristina Pinochet Thayer , con 73 años de edad y que ingresó al Servicio el 2 de enero de 1949, aún se desempeña como fiscalizadora en el escalafón técnico. También el señor Alejandro Peña Castro , con 69 años, que ingresó el 1 de enero de 1951. Y así muchos otros.
Conocida y ponderada esta realidad, también debemos tener presente que a estos funcionarios, en forma injusta -desde mi punto de vista-, les está vedado desarrollar cualquiera otra actividad. Es conocido el caso de un funcionario de Impuestos Internos que heredó una pequeña industria familiar de curtiembre, transmitida de padres a hijos, y por este solo hecho debió abandonar el Servicio. Lo mismo tendría que hacer quien aspira a trabajar en una fuente de soda o un taxi. No les es posible desarrollar ninguna otra actividad que no sea la que le señale el Servicio de Impuestos Internos.
En consecuencia, junto con apoyar las justas peticiones de estos funcionarios, con la misma franqueza debemos señalar que el procedimiento empleado por el ministro de Hacienda para solucionar este problema me parece un tanto perverso. No es posible pretender ligar a los ingresos de los funcionarios de Impuestos Internos las evasiones de los contribuyentes que descubran los inspectores, las que, en la mayoría de los casos, ocurren en forma involuntaria.
En nuestro país muchos estamos dispuestos a defender a los contribuyentes, pero para ello no hay que suponer a priori que sean sinvergüenzas o tramposos.
Mediante este proyecto se pretende premiar directamente a los funcionarios a través de pago en dinero, con un porcentaje de lo reclamado “combatiendo la evasión”. Se le llama elegantemente incentivo o estímulo a esta fórmula que -como digo- no he dudado en calificarla de perversa. Además, Impuestos Internos es juez y parte a la vez, porque todavía no se crean los tribunales tributarios que harían posible la defensa de los inculpados. En la actualidad se apela frente al mismo Servicio, pero para ello hay que consignar primero la suma determinada por Impuestos Internos; luego, contratar a un abogado y, más tarde, iniciar un largo camino lleno de sinsabores y complicaciones.
Yo represento en esta Cámara una zona que está llena de pequeños comerciantes de la pequeña y mediana empresa, quienes me dicen que es tan engorroso y caro el procedimiento que, aunque ellos lo consideren absolutamente injusto, prefieren pagar el cobro de Impuestos Internos antes que contratar abogados y seguir el procedimiento de apelación.
Para que tengamos un parámetro de las molestias que debe sufrir el contribuyente, y es bueno que la honorable Cámara lo conozca, en 1998 se objetaron 200 mil declaraciones de renta. Esto significa que 200 mil contribuyentes tuvieron que viajar a las oficinas de Impuestos Internos para aclarar su situación.
Continuando con el razonamiento del ministro de Hacienda , si se considera encomiable el que los funcionarios de Impuestos Internos participen en porcentajes de la mayor recaudación, ¿por qué no financiamos a Carabineros de Chile, que tiene rentas exiguas, asignándole, por ejemplo, un 20 por ciento del producto de cada infracción que apliquen, ya sea por exceso de velocidad, estacionamiento prohibido o cualquiera otra razón? Por lo menos en estos casos se puede apelar al juzgado de policía local, cosa que está vedada en el caso de Impuestos Internos. O también, ¿por qué no le otorgamos a los agentes de Investigaciones un porcentaje de las especies robadas que ellos recuperan? Me decía un comerciante que también es bombero del distrito que el señor Presidente representa en esta Cámara, que, dada la difícil situación económica del Cuerpo de Bomberos y de acuerdo con esta doctrina del ministro de Hacienda , ¿por qué no se les asigna un porcentaje de las especies que salven en los incendios para su beneficio?
El Ejecutivo , en vez de buscar fórmulas atrabiliarias, debería proponer derechamente un financiamiento normal para estos funcionarios que tanto necesitan regular sus ingresos, como la renta variable propuesta como una asignación fija, con las limitaciones consignadas en el propio proyecto de ley. Asimismo, en vez de convertir a los contribuyentes en atemorizados personajes, crear un sistema impositivo fácil y que cualquier ciudadano pudiera comprender sin tener que recurrir a especialistas.
Repito que, en mi opinión, la mayor parte de los contribuyentes chilenos son honestos y los errores que cometen en sus declaraciones son más por ignorancia que por mala fe.
Cuando estamos en medio de una situación económica difícil, con alto desempleo -especialmente juvenil- y la pequeña y mediana empresa están cerrando, ¿por qué no buscamos incentivos para la laboriosa gente de trabajo? Por ejemplo, permitamos descontar del impuesto global complementario los gastos en que el grupo familiar haya incurrido por salud y educación. ¡Qué más puede aspirar un padre o una madre que trabajan que dejar hijos sanos, instruidos y educados! Ésta sería una fórmula por lo menos más ética que el crear detectives a porcentajes en el Servicio de Impuestos Internos.
Termino señalando que hemos presentado indicación para suprimir los artículos 2º, 3º y 4º del proyecto y que participo de las aprensiones que se han señalado al artículo 24, inciso segundo, al cual también hemos presentado indicación para suprimir las expresiones “modificar, suprimir,”.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, este proyecto consagra asignaciones variables a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, las que de una u otra manera dependen del rendimiento de su función. Es decir, se les está pagando por que hagan las cosas bien. Sin embargo, esa asignación, especialmente la variable, está dada, de una u otra manera, por la diferencia porcentual entre la recaudación base y la recaudación efectiva; diferencia que -quiero dejar aclarado-, en el corto plazo, por la mecánica del proyecto en discusión, tenderá a cero.
Por esta razón los funcionarios del Servicio perderán, en corto plazo, la asignación variable que deseamos aprobar y, en consecuencia, dejarán de percibir una renta a la que ya estaban acostumbrados. No es difícil pensar, entonces, que en ciertos casos este sistema puede generar corruptelas o insinuaciones de dádivas bajo la amenaza de errores inexistentes.
Si estamos discutiendo un proyecto que premia el buen rendimiento, no veo por qué no podemos establecer sanciones a la mala fiscalización. Todos sabemos que las fiscalizaciones tributarias son exhaustivas y meticulosas, pero no es aceptable que el funcionario que realiza esa labor se equivoque, pues ello podría significar, además de onerosas multas, penas privativas de libertad para el contribuyente. Es verdad que los errores cometidos por los fiscalizadores podrían estar sujetos a acciones legales, pero no debemos olvidar que, en primera instancia, el Servicio de Impuestos Internos es juez y parte, y que en las cortes de apelaciones y en la Corte Suprema los procesos pueden durar años. Mientras, el contribuyente se desgasta en abogados y trámites interminables.
Con este proyecto es previsible que las revisiones sean cada vez más frecuentes, especialmente a los pequeños empresarios. Resulta, entonces, de toda justicia que el fiscalizador las practique de manera muy exhaustiva y cuidadosa, de manera que las anomalías constatadas sean reales. Si no lo hace así, el funcionario debería ser sancionado por su negligencia, aparte de los perjuicios que pueda causar con su falta de diligencia y el mayor costo que hoy tiene para los contribuyentes, especialmente para el pequeño empresario, preparar el cúmulo cada vez más creciente de antecedentes que el Servicio lo obliga a entregar por la vía de circulares internas, todo lo cual entraba y desincentiva el accionar de las pequeñas y medianas empresas, Pymes, que dan la mayor cantidad de trabajo en nuestro país. Quiero dejar muy en claro que la gran empresa se autoprotege de cualquier fiscalización defectuosa o maliciosa que pudiera ser incentivada por esta renta variable.
En atención a lo expuesto, he presentado una indicación para agregar al artículo 5º lo siguiente: “En caso de que un funcionario del Servicio cometa un error en la fiscalización efectuada a un contribuyente, en lo relativo a la determinación del impuesto a pagar, y de que el error sea aclarado con posterioridad ante el servicio y/o ante los tribunales de justicia por el contribuyente, dicho funcionario deberá ser calificado por el director regional en lista 3 ó 4, dependiendo de la gravedad de su error, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda interponer el contribuyente afectado.
“Para estos efectos, el Servicio llevará un registro en el que se anotarán los datos señalados, especificando el error, los montos involucrados y el funcionario responsable del mismo. El contribuyente podrá exigir, en su presencia, que una vez aclarado el error se anoten los datos en dicho registro.
“El contribuyente siempre tendrá derecho, si así lo solicita, a ser asistido o representado por la Corporación de Asistencia Judicial, para concurrir al servicio o ante los tribunales de justicia, con el objeto de aclarar los posibles errores cometidos en la fiscalización o supervisión de que es objeto”.
En sus aspectos formales, la indicación tiene absoluta relación con las ideas matrices del proyecto, por cuanto complementa su artículo 5º al agregar los funcionarios que hacen mal su trabajo a aquellos que no tienen derecho a la asignación variable y, por tanto, solicito que en su oportunidad se pida la unanimidad de la Sala para que, en su momento, se vote un proyecto de acuerdo, que en su parte medular diría:
“En atención a que esta Cámara recientemente aprobó el proyecto que otorga mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, faltando solamente su promulgación para que se convierta en ley de la República; a que se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para impulsar la creación de tribunales económicos; a que hay absoluta conciencia acerca de la necesidad de que también existan tribunales independientes en materia tributaria que se aboquen al conocimiento de esas causas en primera instancia -como he dicho, actualmente el Servicio de Impuestos Internos es juez y parte en ella- y, atendido que ello significaría un gran avance y mayor justicia tributaria, se solicita al Presidente de la República que junto con crear los tribunales económicos amplíe su competencia a materias tributarias, en especial en el trámite de primera instancia”.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Pido el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala el director de Presupuestos, don Joaquín Vial.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, manifiesto mi voto favorable al proyecto en general, porque, como dijeron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, representa un avance en la modernización del país y permite tener funcionarios públicos de mejor calidad.
Cuando leemos que en Chile se deja de recaudar varios miles de millones de dólares al año por concepto de evasión de impuestos, nos damos cuenta de que es necesario mejorar muchísimo la capacidad recaudadora del aparato fiscal, donde el Servicio de Impuestos Internos tiene un rol fundamental. Es bueno, entonces, generar una mayor recaudación a través de la asignación de estímulo que se entregaría a los funcionarios de Impuestos Internos, pues ello beneficiaría los planes de inversión y sociales del Estado chileno.
Nos alegra ver que existe consenso entre los parlamentarios acerca de la necesidad de reforzar el aparato del Estado en las diversas actividades y funciones que realiza, para lo cual una óptima recaudación de fondos resulta esencial.
También hacemos justicia al gran esfuerzo, entrega y honorabilidad de tantos funcionarios que, a pesar de percibir sueldos a veces muy bajos con relación con los que se pagan en el área privada, continúan en el servicio público aportando su trabajo, a fin de que podamos mejorar nuestra calidad de vida y lograr un mejor bienestar en nuestro país.
Aquí se había producido un rezago. Varios servicios públicos, como el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección de Presupuestos y las Fuerzas Armadas habían quedado al margen de la modernización efectuada en otras áreas de la Administración Pública; en consecuencia, era necesario ser equitativos con los cuatro servicios que se benefician a través de esta iniciativa. Por ello -repito-, lo votaré favorablemente.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Iván Mesías.
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente, para nadie es un misterio el problema que crea la evasión tributaria; pero no siempre se conoce su verdadera dimensión. A no dudarlo, ésta se puede estimar en una cantidad muy apreciable, a pesar de la mayor eficiencia en la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que todos los sectores reconocen y aplauden.
Sin embargo, el ataque a la evasión aún está lejos de lo que el Servicio pretende. Para reducir drásticamente el problema, se hace imperativo profundizar la modernización iniciada, la que necesariamente debe estar vinculada a la calidad y eficiencia de los recursos humanos.
La profesionalización y capacitación del personal se logra a través de mayores incentivos económicos, por lo que se estima justa y razonable la propuesta de asignaciones y bonificaciones que el proyecto detalla.
En primer lugar, el Consejo de Defensa del Estado cumple fundamentalmente la función reguladora y subsidiaria del Estado, lo que determina una constante acción judicial donde el Consejo litiga con sujetos de derecho privado que cuentan con profesionales de excelente nivel y con cuantiosos recursos.
En los últimos años, el Consejo ha visto incrementadas sus actividades en forma espectacular, y la complejidad, cuantía y trascendencia social de determinados juicios lo obliga a realizar un esfuerzo que excede con mucho los actuales recursos humanos. Mencionemos sólo que, en virtud de la ley Nº 19.366, desde 1994 le corresponde investigar y perseguir el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
En el caso de la Dirección de Presupuestos, cuya situación es más o menos similar, ya que la labor que cumple, altamente estratégica y en permanente incremento, trasciende el ámbito exclusivo de su función específica y se involucra en otras acciones que corresponden al ministerio de Hacienda, tales como el manejo de las finanzas y la modernización de la gestión pública, con todas las complejas implicancias que la economía del país conoce. A pesar de ello, las remuneraciones de su personal se han visto desniveladas en relación con otros servicios homologables. Las modificaciones que se introducen le permitirán retener personal calificado e incorporar nuevos profesionales idóneos.
En lo concerniente a las Fuerzas Armadas, el proyecto propone la entrega de un cheque en blanco al Ejecutivo, a través de la facultad para crear, modificar, suprimir o refundir remuneraciones, estableciendo que las diferencias de renta se pagarán con efecto retroactivo, a contar de enero del presente año.
Cabe hacer notar que este artículo fue aprobado por 4 votos a favor y 4 abstenciones, a diferencia del resto, que fue aprobado por unanimidad, excepto los artículos 3º y 8º transitorios, cuyas votaciones fueron de 5 votos a favor y 3 abstenciones en el primer caso, y de 6 votos contra 3, en el segundo.
Finalmente, el proyecto propone la racionalización de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, modificando su ley orgánica.
Completan el proyecto 15 artículos transitorios.
En consideración a que los reajustes presupuestarios propuestos son justos y muy necesarios, anuncio el voto favorable de los diputados de mi partido.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, después de un largo tiempo, los funcionarios de los servicios beneficiados por este proyecto van a obtener el esperado incremento en sus remuneraciones.
Las tratativas entre el Gobierno y el Servicio de Impuestos Internos -a través de sus diferentes asociaciones gremiales- para alcanzar este beneficio se iniciaron en 1997; y el compromiso de resolverlo de esta manera, se alcanzó en abril de 1998.
Sin embargo, las condiciones globales de la economía, los diversos recortes presupuestarios realizados por el Gobierno con el propósito de adecuar el escenario macroeconómico a los efectos de la crisis asiática y el impacto general que ella tuvo en nuestra economía, obligaron a postergar el envío de esta iniciativa, así como el proyecto que se adicionó a éste, por el cual se otorga un beneficio al personal de las Fuerzas Armadas, que no obtuvo doble asignación de especialidad cuando ésta fue otorgada a sus miembros hace dos años. Por lo tanto, la tramitación de este proyecto significa un año de retraso para las pretensiones económicas de los funcionarios de estos dos servicios, y un tiempo de espera importante para los de la Dirección de Presupuestos y del Consejo de Defensa del Estado.
No obstante esta situación de renuncia a un beneficio por un largo período de tiempo, muy onerosa para cualquier funcionario público, y después de un conflicto laboral que hubo el año pasado y que se prolongó durante unos quince días, lo que incluso motivó la intervención de diputados -como se ha reconocido aquí- de la Comisión de Hacienda de esta Corporación, quiero destacar la gran responsabilidad de los dirigentes sindicales del Servicio de Impuestos Internos, de la Dirección de Presupuestos y del Consejo de Defensa del Estado para atender, en forma objetiva, las razones que motivaron la postergación de la discusión de este proyecto.
El país sabe que el año pasado las condiciones económicas fueron muy críticas, y que ellas lo continúan siendo. Sin embargo, el envío de este proyecto y su posterior discusión en el Congreso es señal de que las perspectivas económicas comienzan a mejorar y que se puede pensar en una pronta recuperación de los niveles de actividad desarrollados por el país a comienzos del año pasado.
En ese contexto, está en discusión un proyecto que, para tres servicios públicos -el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección de Presupuestos y el Consejo de Defensa del Estado-, significa no sólo una mejoría en sus remuneraciones, sino también una modificación de las normas por las cuales se fijan estas remuneraciones, estableciendo asignaciones de estímulo al desempeño de los funcionarios de dichas reparticiones. Este cambio -tendencia que ya ha sido aplicada para la globalidad del sector público y para varios servicios- tiene que profundizarse para beneficiar, a través de incentivos, el mejor desempeño, individual y colectivo, de los distintos funcionarios.
En esta perspectiva, se ha planteado aquí, por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, la conveniencia o inconveniencia de vincular el beneficio que se otorgará a los trabajadores a una mejoría en la recaudación tributaria por limitación de la evasión de impuestos.
Este Parlamento ha discutido el tema en varias oportunidades. No es la primera vez que, a través de ejemplos de personas que hacen bien las cosas, pero que pueden haber cometido un error, se extrapola la situación, planteando que, en realidad, no se debe reconocer mérito o conceder estímulos por la mayor fiscalización.
Es indudable que se pueden cometer errores. De hecho, ocurren. En ese sentido, me pareció interesante la indicación propuesta por el Diputado señor Van Rysselberghe , en términos de vincular las sanciones administrativas a los funcionarios que puedan cometer determinados errores -evidentemente, errores voluntarios- a la calificación de los mismos y a la incorporación de estos antecedentes en los procesos que puedan afectar a contribuyentes que sean víctimas de error por parte de los fiscalizadores. Me parece que es un camino que debemos explorar. Al mismo tiempo, cuando el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda, estimo conveniente que ésta analice con mucho detalle una indicación de ese tenor.
Sin embargo, no por prevenir errores se deben dejar las cosas como están, sin buscar una mayor fiscalización frente a problemas de muchos contribuyentes que evaden impuestos, tema que nos debe preocupar, ya que, según los antecedentes que se tienen a la vista, la evasión tributaria alcanza aproximadamente un 20 por ciento, y se debe atacar a través de una mayor fiscalización. El año pasado, cuando otorgamos un importante beneficio a los pensionados, ya llegamos a un acuerdo en este sentido, que se materializó en la constitución de un grupo de fiscalización de grandes empresas -se llama exactamente así- en el Servicio de Impuestos Internos, para evitar dicha evasión. Sin embargo, todos los chilenos -no sólo los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sino también quienes pertenecemos a un poder público como el Parlamento y cada uno de los contribuyentes menores- deberíamos esforzarnos por que quien deba pagar impuestos tribute lo que le corresponda. Eso es de indiscutible beneficio para cada uno de los chilenos, en particular para quienes pagan oportuna y correctamente los impuestos que permiten financiar tantas actividades de bien público, de seguridad nacional y de desarrollo.
En ese sentido, creo que los diputados democratacristianos, de la Concertación en general, y también algunos de Derecha, no comparten la apreciación del Diputado señor Alessandri , cuando señaló que no es posible vincular la recaudación de impuestos a un mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Al contrario, pienso que lo que se busca con esta medida es algo loable: un mejor comportamiento y resultado para todos los chilenos, sin tener que subir los tributos, porque cuando ello ocurre -cosa a la cual me allano cada vez que es oportuno y razonable-, quienes los pagan regularmente los ven incrementados, y aquellos que los evaden obtienen un mayor beneficio. De manera que al reducir la evasión se beneficia a quienes pagan sus impuestos y no se otorga un mayor premio a los que no cumplen y evaden disposiciones que, por ley, deberían cumplir.
La indicación anunciada para suprimir los artículos 2º, 3º y 4º -según entendí- va por el camino equivocado. Hay que decirlo con toda claridad: queremos aumentar las remuneraciones de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, pero con la supresión de dichos artículos no lo estamos posibilitando. Entonces, digamos derechamente que por defender a quienes no pagan sus impuestos no vamos a mejorar las remuneraciones de los servidores públicos encargados de fiscalizar dicho pago.
Ahora, confío en que en esta Corporación seremos capaces de avanzar en la discusión de esta iniciativa, no sólo para mejorar las remumeraciones de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sino que también las de los trabajadores de la Dirección de Presupuestos, el principal organismo que controla la sana administración de los recursos que todos los chilenos ponemos a disposición del Estado, para que nos suministre los servicios públicos que nadie más puede proveer. Esa medida también va en la dirección correcta. Lo mismo ocurre en el caso de los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, cuya tarea es muy relevante: dice relación con la defensa del interés público, sobre todo en un área tan importante hoy en nuestra sociedad, como son los casos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, en los cuales todos estamos sufriendo los arteros embates de grupos organizados. Por lo tanto, se requiere un Consejo de Defensa del Estado con mayor capacidad de gestión y mejores remuneraciones.
Por último, también me parece razonable que busquemos complementar un mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que no la obtuvieron en la anterior modificación del decreto con fuerza de ley Nº 1, llevada a cabo -como ya lo señalé- hace dos años. Al igual que entonces, sostengo que el procedimiento de otorgar una facultad tan amplia como la establecida en el artículo 24 no me parece el camino correcto.
Ya tuvimos problemas en nuestro país con la aplicación de los decretos que dictó cada institución de la Defensa Nacional, y no me estoy refiriendo al caso de Carabineros, que tuvo impacto público: hubo manifestaciones, reticencia a retirar los cheques en diversas instituciones, etcétera, lo que no es bueno. Y todo ello porque, en mi opinión, las facultades que se otorgan son muy amplias.
Para ponerlo como punto de referencia, ¿qué pensaría cada miembro de esta Corporación si, en lugar de 25 artículos permanentes y un importante número de disposiciones transitorias, este proyecto de ley contara con sólo cuatro artículos, y que la misma disposición que otorga beneficios a las Fuerzas Armadas concediera al Servicio de Impuestos Internos, a la Dirección de Presupuestos y al Consejo de Defensa del Estado una facultad amplísima para llevar a cabo la reestructuración de esas instituciones? Me parece que no es el procedimiento normal. Por eso, cuando discutamos la iniciativa en particular, pediré mayor precisión respecto del artículo 24, en cuanto a qué se hará con los recursos. Ahora, si no se procediera así, pediré la palabra en su momento para invitar a votar en contra de dicha disposición, por cuanto considero normal lo que estamos haciendo con el Consejo de Defensa del Estado, con el Servicio de Impuestos Internos y con la Dirección de Presupuestos, pero no es normal lo que el artículo 24 establece respecto de las Fuerzas Armadas.
No obstante, como somos partidarios de otorgar un mejoramiento a cada una de las reparticiones señaladas en el proyecto, los diputados democratacristianos lo votaremos favorablemente en general.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo señalar que velar para que la recaudación de impuestos se haga efectiva por todos los chilenos que deben pagarlos, es una materia que nos compete a todos.
Sin duda, no parece saludable manifestar que quien discrepa de esta fórmula -hay que reconocer que puede ser buena, regular o mala, pero, al fin y al cabo, es una fórmula; existen otras- está beneficiando a quienes no pagan sus impuestos. Considero que ésa es una afirmación temeraria y no sé si hecha de buena fe.
En segundo lugar, hay que señalar claramente que la mejor manera de asegurarse de que los impuestos sean pagados es que ellos no signifiquen una carga lesiva para quienes están obligados a pagarlos; es decir, que haya absoluta justicia en su proporcionalidad. Es cierto que la evasión tributaria ha aumentado; pero ello se debe a que los impuestos se han incrementado y a que la gente siente que existe una mayor carga tributaria y que no siempre son justos los aumentos.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra dijo que estaba dispuesto a apoyar el proyecto siempre que fuera razonable y oportuno. En verdad, él nunca dijo que fuera inoportuno. Creo que ésas son señales equívocas.
En definitiva, pienso que la forma de asegurar el pago de los impuestos es que todos los chilenos tengamos claro que ese hecho nos permite, como Estado, cumplir en mejor forma el papel que nosotros mismos nos hemos asignado como organización política y jurídica.
Pero el objetivo de mi intervención no es ése. Vuelvo a señalar que, sin duda, este proyecto provocará un cambio en quienes hoy ejercen la fiscalización. ¿Quién duda de que se requiere un mejoramiento de sus remuneraciones? La pregunta es si este proyecto no abrirá la compuerta para que los demás servicios que tienen a su cargo velar por la fiscalización en distintas materias, no considerarán de justicia que opere el mismo mecanismo en beneficio de ellos. Ésa es una pregunta que debemos contestar. Esta fórmula no me desagrada del todo, pero ella -y aquí se lo señalamos, por su intermedio, al representante del Ejecutivo- generará, sin duda, que otros servicios hagan el mismo planteamiento. Ése es el punto central. No me niego a esta fórmula, la cual me parece interesante; pero ese debate no se producirá ahora, sino posteriormente.
Para mí éste no es el aspecto crucial, pero mi mayor fortaleza no está en el ámbito de la Hacienda Pública. Sin embargo, quiero centrar el tema en un aspecto en que sí tenemos una opinión mejor formada o disponemos de mayor información. Dice relación con el artículo 24, que nos pide otorgar facultades al Presidente de la República. En este sentido, el planteamiento hecho por quien me antecedió en el uso de la palabra, desde mi perspectiva, es completamente correcto.
Cuando se nos pidió, por parte del Ejecutivo, que confiáramos en él y le entregáramos parte de nuestra facultad para que, en uso de ella, pudiera resolver algunos problemas pendientes de las instituciones de la Defensa Nacional, nuestra respuesta no fue positiva, y digámoslo con todas sus letras. Lo que el Diputado señor Andrés Palma acaba de señalar es verdad. En la distribución de los fondos hubo dificultades y nuestra bancada no está dispuesta a asumir de nuevo ese problema o a adoptar una conducta irresponsable, en términos de entregar al Ejecutivo esta facultad, al menos sin explicar con claridad y certeza sus alcances. Obviamente, supongo que el Gobierno está muy interesado en mantener el esquema de la participación, con la participación de quienes son los directamente afectados a través de los mandos, tal como lo establece la propia legislación.
Votaremos en contra el artículo 24 y a favor la idea de legislar, en el contexto general que se nos ha presentado. Aún más, aclaro que la semana pasada presenté indicación para suprimir en forma completa el artículo 24 y el título IV. Lo hicimos responsablemente, considerando qué es y hacia dónde va el Ejecutivo con un proyecto de esta naturaleza.
Por lo pronto, sólo quiero informar que la propia Comisión de Defensa tiene clara la existencia de compromisos de hace dos o tres años entre el Ejecutivo y las instituciones de la Defensa, en términos de entregar mayores asignaciones presupuestarias que, claramente, difieren de las aquí propuestas. En esta petición de delegar atribuciones, como lo pide el Presidente de la República , tampoco tenemos claro cómo se hará distribución de los nueve mil y tantos millones de pesos. Ése es el punto central. El problema, entonces, no es tan sólo la cantidad de recursos y si ella se compadece o no con lo primitivamente acordado, sino cómo se distribuye. En consecuencia, no tengo claro que estemos frente a una delegación de facultades razonables. Desde esa perspectiva, nosotros, como bancada, reiteramos nuestro rechazo al artículo 24.
Finalmente, quiero señalar algo que, en mi opinión, es medular. Hemos cometido el error de que en un proyecto de distinta naturaleza se trate un tema importante que dice relación con la Defensa Nacional, materia muy propia y de la competencia de nuestra Comisión. Lamentablemente, el proyecto no fue visto por ella, aunque, desde luego, es la que tiene mayor información respecto de esta materia. Desde ese punto de vista, no podemos estar contentos. Creemos que se ha cometido un grueso error, que no es sólo nuestro. Debo reconocer que, cuando se dio cuenta del proyecto en la Sala, de inmediato debimos haber señalado que debía pasar necesariamente, al menos en ese artículo, por la Comisión técnica correspondiente. Sin embargo, hubo también un grueso error del Ejecutivo , que no hizo un solo esfuerzo por entregar la información mínima y básica acerca de qué se pretende con esta petición de atribuciones que son exclusivamente nuestras. Incurrimos en errores con el DFL Nº 1, con el DFL Nº 2, y no estoy dispuesto a seguir cometiéndolos.
Por esa razón, nuestra bancada votará en contra de ese artículo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Bustos.
El señor BUSTOS (don Manuel).-
Señor Presidente , si bien es cierto que este proyecto otorga un aumento de remuneraciones a las Fuerzas Armadas que estaba acordado hace mucho tiempo, no es menos efectivo que, en los tiempos en que estamos, es inaceptable que no incorpore a Carabineros y a Investigaciones, por mucho que se diga que es una nivelación de las remuneraciones más bajas de las Fuerzas Armadas.
Sé que los tres sectores, Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, han tenido ciertos mejoramientos económicos a través de leyes especiales. Entiendo también que hay un principio de acuerdo respecto de esta modificación de remuneraciones y recursos para las Fuerzas Armadas.
En segundo lugar, es discriminatorio el artículo en referencia, porque se ha dicho aquí que las Fuerzas Armadas están integradas también por Carabineros, institución que no está aún incorporada al ministerio del Interior.
Para mí sería importante que, por lo menos, si en este proyecto no hay posibilidad de incrementar las remuneraciones bajas de la Policía uniformada y de Investigaciones, tomáramos el acuerdo, y se lo representáramos al Ministro de Defensa , de volver a reestudiar algún mecanismo de mejoramiento para esos sectores.
Hoy, todos entendemos la gravedad en que se encuentra el país en materia de seguridad interna, y el pueblo sigue indicando que es uno de los primeros desafíos que el Gobierno debe enfrentar. Es muy difícil afrontar una situación de esa naturaleza si no se cuenta con los recursos y medios suficientes. Es verdad que el Gobierno ha realizado un esfuerzo serio al poner más policías en las calles; se habla de 1.500 policías nuevos, que estaban en las oficinas cumpliendo distintas funciones.
Cuando hablamos de la falta de seguridad en el país, de los problemas con la delincuencia, con la droga, conscientemente debemos buscar recursos para dar remuneraciones justas a estos dos sectores, que son los que se enfrentan, en la calle, día a día, con la muerte y con la delincuencia. Casi siempre estamos viendo y lamentando la muerte de un carabinero o de un policía a manos de delincuentes o drogadictos. ¿Y dónde vivía ese policía? Entre delincuentes, únicos lugares donde podía arrendar con su bajo sueldo. Por ello, no se justifica que se planteen -discriminatoriamente- reajustes -aunque sean menores- sólo a una parte de las Fuerzas Armadas.
En consecuencia, pido que se remita un oficio al ministro de Defensa para manifestarle nuestro desacuerdo en esta materia y solicitarle que, junto con el Parlamento, estudie una nueva forma de mejoramiento de remuneraciones a Carabineros e Investigaciones, sobre todo considerando que uno de los temas que el país pone como primer punto no resuelto es la actual situación de delincuencia y el temor que vive la población.
Todos los días estamos planteando ese tema y que la policía debe cumplir roles mucho más fuertes, pero también deberíamos ser categóricos al referirnos a la falta de recursos para mejorar sus remuneraciones, así como también para infraestructura. Las Fuerzas Armadas las componen Carabineros y el resto de las instituciones armadas, y no se debe discriminar, por mucho que haya sido un acuerdo anterior. De todas maneras, en el momento en que las platas se repartieron, no se hizo bien, y esa cola quedó hace ya dos años. Se han demorado en regularizar la situación, pero no es culpa nuestra ni tampoco de aquellos funcionarios que han quedado rezagados.
Para terminar, quiero decir que es urgente que nos preocupemos del primer tema que en el país está haciendo gran crisis: la seguridad de las personas, y busquemos la forma de crear los incentivos necesarios para que la policía opere con más eficiencia en bajar el nivel del drama que significa sentirse desprotegido, no porque la policía no lo quiera hacer -si también le angustia-, sino porque faltan los recursos. ¿Cómo vamos a resolver una cuestión tan grave, si junto con ello no aumentamos las remuneraciones de la policía chilena? Nada sacamos con seguir indicando que las encuestas están en tal o cual nivel respecto del problema de la delincuencia, de la inseguridad, si no nos abocamos a darle un mejoramiento económico e incentivos a esos funcionarios.
En general, estoy de acuerdo con el proyecto; sólo quiero dejar establecida mi preocupación sobre ese artículo. Siento que ahora deberíamos establecer un criterio para plantear al Gobierno esta preocupación que es un tema nacional que urge resolver.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor García, don René Manuel.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, este proyecto tiene una particularidad que nos agrada mucho: nivela hacia arriba, lo que considero fundamental. La gente que gana menos merece tener un sueldo más alto para estar tranquila, ejercer mejor su función y, en definitiva, disponer de recursos para los gastos cotidianos, como educación, salud y vivienda, aspectos que hoy se ven desmedrados por los bajos ingresos.
Pero cuando hablamos de impuestos, debemos distinguir que los hay justos e injustos. Quiero recordar a la honorable Sala que existe un impuesto que afecta a todos los chilenos: el IVA. Todos y cada uno de los habitantes de este país paga su impuesto al comprar -el 18 por ciento de todos los productos que adquiere-, pero lo enteran sólo algunos comerciantes. Si no dan factura ni boleta, la gente paga el impuesto, pero el Fisco no lo recibe. Ése es el fondo del tema que estamos viendo: la evasión tributaria.
Respecto al aumento del IVA, quiero hacer una reflexión. En la actualidad, dos meses y medio del salario de las personas que ganan el ingreso mínimo, representan el pago del IVA de los productos que consumen. Ése es un impuesto que pagan todos los chilenos y que en el fondo no se refleja en las arcas fiscales. La mayoría de la gente cree que son las grandes empresas las que evaden, pero no es así. Falabella , Ripley, Hites , Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, ninguna comete evasión porque no podrían tener el control de sus bodegas e inventarios. ¿Dónde se produce la evasión? Se produce -cosa curiosa, y lo he conversado muchas veces con funcionarios de Impuestos Internos- en los pequeños locales que compran sin IVA y son quienes ayudan a que se produzca la evasión tributaria; vale decir, la evasión hormiga es mucho más que la de las grandes tiendas, al contrario de lo que la gente podría percibir.
Nadie en la Sala está en desacuerdo en que haya una fiscalización para que cada uno pague sus impuestos y lo que realmente corresponde. Soy un convencido de que la gente de mayores recursos no debe evadir porque, indudablemente, con sus impuestos está favoreciendo a los de menores ingresos, lo que se traduce en mejor vivienda, más salud y educación. Entonces, cuando en la Sala uno solicita que se incrementen estas áreas, lógicamente tiene que dar las herramientas para fiscalizar, con el fin de que no haya más evasión tributaria.
Quiero recordar a los honorables diputados que hoy, por ley, las ferias del país retienen un 10 por ciento del IVA -en el ganado, en el trigo, en la madera- a todos los compradores para evitar la evasión; y si al tercer día no hay problema, se recupera. Vale decir, lo que se está tratando de hacer es que la gente no evada más sus impuestos y lleguen a las arcas fiscales. Ése es el fondo del problema y en eso estamos todos absolutamente de acuerdo.
Ahora, ¿cuánto ganan los funcionarios de Impuestos Internos? Indudablemente, sus remuneraciones son injustas, sobre todo si consideramos que son los garantes de que los tributos ingresen a las arcas fiscales.
Por eso creo que el proyecto es justo tal como lo aprobó la Comisión de Hacienda. Y aquí quiero ahondar en un problema. En la actualidad, un fiscalizador no puede ser cualquier persona; se requieren varios requisitos: por ley deben ser contadores auditores, ingenieros comerciales, administradores públicos, arquitectos, constructores civiles, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos. Con esto quiero decir que no cualquier persona puede ser fiscalizador. Sin embargo, se ha planteado que debe ser gente más idónea; ¿acaso los fiscalizadores que tiene el país no son idóneos? Claramente sí; es gente idónea, porque los grados no se los han regalado. Para ser fiscalizador, aparte de los requisitos señalados, se debe participar en un concurso público. En consecuencia, se han ganado paso a paso los grados obtenidos. La carrera de estos funcionarios comienza en el grado 15 y llega al 10; los grados que siguen son de absoluta confianza del director regional. Vale decir, un funcionario en grado 14 puede subir al 8, porque la autoridad competente lo nombra en ese grado; pero cuando cambia esa autoridad, el funcionario vuelve al grado que tenía, o sea, no pierde su carrera funcionaria.
A mi juicio, la gente que participe en este concurso debe ser la misma en que se han gastado muchos millones de pesos para que realicen su carrera funcionaria. Entonces, si queremos mayor fiscalización e impuestos y que el país aumente sus ingresos, debemos mantener a esta gente que es la que ha entregado todo su esfuerzo en el cumplimiento de sus funciones. Por eso, considero una falta de respeto referirse a estos funcionarios como gente no idónea. En el fondo, se quiere el ingreso de otra gente, porque el señor director nacional cree que puede ser mejor. Para que exista una fiscalización fuerte, primero, se debe respetar a los funcionarios y la carrera funcionaria.
Por lo tanto, anuncio mi voto -y ojalá mi bancada proceda igual- favorable al proyecto tal como lo despachó la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, al margen de destacar la disposición de mi bancada de apoyar el proyecto, quiero llamar la atención sobre dos puntos.
Uno se refiere al valor de la capacitación y, a la vez, del mérito de los funcionarios de Impuestos Internos.
En este país aún no hemos avanzado lo suficiente para entender que el esfuerzo del Servicio de Impuestos Internos -que no es un enemigo de la producción y el desarrollo- lo hace el país. Pero es tan atrasada la legislación nacional, que existe esta verdadera demonización del funcionario de Impuestos Internos así como del Servicio.
El proyecto forma parte del conjunto de iniciativas que comienza a producir un ordenamiento de carácter legal respecto del valor que tiene la capacitación y el mérito en el desempeño funcionario. En este sentido, conviene destacar el esfuerzo realizado en favor de Impuestos Internos y también la facultad que se otorga al Presidente de la República a través del tan discutido artículo 24, con el objeto de que pueda modificar el Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. De esa manera se consagra que la autoridad soberana, elegida democráticamente por el pueblo, debe tener la facultad de intervenir para crear, modificar, suprimir o refundir cualquier asignación, bonificación o gratificación de las Fuerzas Armadas.
No nos inspira ni nos ha inspirado ningún antimilitarismo en relación al tema de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, nos parece que en este tema tiene que existir un ordenamiento adecuado, en el sentido de que éstas son instituciones que pertenecen a la nación, son parte del Estado chileno y están subordinadas a quien ha sido elegido libremente por la ciudadanía.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, este proyecto, que otorga beneficios a varias instituciones, en lo que respecta a Impuestos Internos, lo planteamos ya hace algunos meses. El señor director del Servicio -presente aquí- recordará que lo abordamos cuando tratamos el financiamiento del aumento de pensiones a través del incremento del impuesto al tabaco -los fumadores, cada vez menos con estos valores, estamos viendo el efecto del alza en estos días- y el de la gasolina, cuyos efectos también apreciamos hoy. Allí propusimos que esto se hiciera a través de la recuperación de los 4 mil millones de dólares de evasión tributaria.
Mucho se puede hacer con esa cantidad, pero no se recogió nuestra inquietud en esa oportunidad, cuando se aumentó el personal del Servicio en 150 personas. En aquella ocasión planteamos, derechamente, el aumento de la planta de Impuestos Internos en más de mil personas, porque lo que estamos buscando a través de un trabajo serio, profesional, que representa esta gente, es disminuir la evasión.
No estoy de acuerdo en dar premios por trabajo. Voy a aprobar el proyecto porque me parece un paso intermedio, pero no creo en los estímulos, porque en ese caso los diputados también deberíamos cobrar según la asistencia a sesiones y de acuerdo a los proyectos que presentemos. El profesional tiene que trabajar de acuerdo a lo que corresponde, pero si éste es el camino para poder recuperar estos 4 mil millones de dólares -dos mil por el IVA y dos mil por impuesto a la renta-, bienvenido sea.
La Comisión de Hacienda rechazó, en el artículo 1º, el otorgamiento de una atribución por medio de la cual el director del Servicio podía llamar a concurso público para llenar algunas vacantes. El Ejecutivo formuló indicación para que esa facultad procediera sólo cuando en el Servicio no haya ningún postulante calificado para llenar la vacante producida.
Creo que, de una vez por todas, debemos empezar en este país a hablar las cosas con claridad. Está bien lo que se está solicitando por medio del artículo 24, pero ¿por qué no se desglosan las cifras? ¿Por qué no se nos dice en qué se van a ocupar estos $ 9.400 millones de pesos? Hay que actuar con transparencia, de cara a la ciudadanía, e informar las cifras que seguimos entregando a las Fuerzas Armadas. Nadie las conoce; a lo mejor son necesarias, pero queremos conocerlas. Que no se haga entre tres y cuatro paredes y de noche, como tradicionalmente se ha llevado a cabo.
Hablemos con claridad a nuestro país. Digámosle realmente las cosas como son y no como se planteaba en un anuncio que veíamos ayer en la televisión, donde un futbolista chileno, mundialmente conocido, decía que una empresa nacional ha entregado 6.500 líneas de Internet a los colegios en forma gratuita. El costo de esas instalaciones será incluido en las tarifas que el próximo mes va a entregar el Ministerio. Es decir, las 6.500 líneas gratis de Internet a las escuelas las pagan todos los chilenos, porque son parte del costo.
Comparto la opinión del Diputado señor Andrés Palma. En general, apoyo el proyecto, pero necesitamos más antecedentes, como ya se lo hicimos saber al señor ministro en una oportunidad anterior. Espero que esta tarde o mañana, cuando volvamos al tema, esté presente, porque necesitamos más información para que la ciudadanía sepa qué estamos haciendo, porque no estamos escondiendo nada.
Pero la ley pareja tiene que ser justa para todos. ¿Qué pasa con la Contraloría? Todos los argumentos dados en favor de Impuestos Internos para justificar estos aumentos, que son absolutamente válidos -profesionalismo, confidencialidad, trabajo en equipo, trabajo a deshora, trabajo en todo el país- son aplicables al personal de la Contraloría General de la República que, de igual manera, realiza funciones de fiscalización. Más aún, cuida que el patrimonio fiscal y el del Estado esté en buenas manos y gestionado en forma adecuada. Creo que estamos siendo injustos con un servicio de tanto nivel y de tanta importancia, al igual que los que hoy estamos beneficiando.
Y también estamos siendo injustos -me habría gustado conocer esta materia a través del proyecto- con los funcionarios de la propia Cámara de Diputados, que tienen una serie de diferencias negativas con los del Senado.
¿Por qué no aprovechamos, como dice claramente el proyecto en su acápite, de conceder beneficios económicos y dictar otras normas de racionalización? Estamos parchando. Está bien lo que estamos haciendo, pero hay servicios que se están quedando atrás. Nuestros propios funcionarios, los que nos atienden y que están aquí presentes, se están quedando atrás. Creo que en este sentido tenemos deudas que cumplir.
Respecto del artículo 24, necesitamos más información y queremos más diálogo. Ya no es el minuto.
Dejo planteada la inquietud para que el Ejecutivo considere en el proyecto a la Contraloría General de la República en una adecuación igual o similar a la que se está haciendo aquí respecto de Impuestos Internos, y que los colegas de la Cámara consideren que los funcionarios que nos atienden también tienen derechos y también pueden ser readecuados en justicia respecto a sus pares del Senado.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, en la Administración Pública hay servicios que, por diversas razones, han ido quedando atrás en relación con las remuneraciones que paga el sector privado.
Y cuando se trata de servicios fiscalizadores, como Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, la Dirección de Presupuestos, y también determinadas especialidades de las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas que es absolutamente razonable y necesario que se realicen los esfuerzos para que estos servicios, con el propósito de retener a su personal, particularmente a sus profesionales, puedan pagar remuneraciones en lo posible equivalentes a las del sector privado. Sé que todavía, a pesar de lo dispuesto en este proyecto, las remuneraciones de funcionarios de numerosos servicios -particularmente las de quienes ocupan los cargos más altos- van a quedar muy distantes de las del mercado. En todo caso, valoramos esta iniciativa como un avance y una forma concreta de permitir que los funcionarios tengan una opción de mejorar sus remuneraciones y de realizar una efectiva carrera profesional y funcionaria en sus respectivos servicios.
Algunos aspectos de este proyecto han provocado especial preocupación en algunos colegas diputados, particularmente en lo que dice relación con el Servicio de Impuestos Internos.
Entre los mejoramientos económicos del Servicio de Impuestos Internos tenemos un componente fijo, que es una compensación por el hecho de que ellos no pueden ejercer libremente sus respectivas profesiones, ya que deben dedicarse en forma exclusiva al Servicio de Impuestos Internos; y un componente variable, que se obtiene en la medida en que se van alcanzando determinadas metas de disminución en la evasión tributaria. Ésta es la asignación o el mejoramiento económico que en algunos señores diputados despierta determinada resistencia, porque piensan que por esta vía se puede producir una especie de persecución o de ahogamiento a los contribuyentes, de hacerles la vida imposible a través de las fiscalizaciones y, por lo tanto, afectar muchas veces la libertad de trabajo, la libertad de comercio, ya que el Servicio de Impuestos Internos se transformaría en un verdadero entorpecedor de la realización de las actividades productivas.
Muchas veces hemos estado de acuerdo en que los aumentos de remuneración vayan de alguna forma amarrados a un mejoramiento de la productividad, que es lo razonable y conveniente. Y en el caso concreto del Servicio de Impuestos Internos, ¿qué mejor forma de poner a prueba esa productividad de los funcionarios que el hecho de pedirles que alcancen determinadas metas de disminución en la evasión tributaria?
Por lo demás, desde hace ya siete u ocho años los funcionarios de Impuestos Internos gozan de una asignación que se paga sobre la base del aumento en la recaudación de impuestos. En la medida en que se cumplen las metas de recaudación tributaria, los funcionarios son acreedores a un premio, a un bono que se cancela -si mal no recuerdo- cada tres meses. Este mecanismo, que viene funcionando desde el período que he señalado, de manera alguna se ha convertido en esta especie de persecución al que muchos señores diputados han manifestado tener cierto temor. Llamo a los diputados que tienen aprensiones sobre esta norma a confiar en el profesionalismo y en el espíritu de servicio público que anima a los funcionarios de Impuestos Internos, y a votar favorablemente esta disposición que establece, a mi juicio, sanamente, un premio o un incentivo económico si disminuye la evasión tributaria.
¿Por qué creo yo que es tan importante disminuir la evasión tributaria? Porque, sin lugar a dudas, constituye una forma de competencia desleal frente a aquellos contribuyentes que pagan todos los impuestos. Si en un sistema económico tan competitivo como el nuestro, unos actúan cumpliendo todas las reglas del juego -es decir, pagan sus impuestos, las imposiciones de sus trabajadores, cumplen con las leyes laborales- y otros no -por ejemplo, bajan sus precios, y lo hacen por la vía de evadir impuestos, de no cumplir los contratos y los derechos laborales, o de sacarle la vuelta al cumplimiento de la legislación tanto tributaria como laboral y comercial-, y nada se hace al respecto, evidentemente estamos amparando una suerte de competencia desleal que no es buena ni sana para nuestra economía.
Por eso, insisto en que esta fórmula de premiar a los funcionarios por la disminución de la evasión tributaria, en definitiva se tendrá que traducir no sólo en una mayor recaudación, sino en un reparto más equitativo de la carga tributaria entre todos los contribuyentes del país. Y ése es un principio que debemos defender, es una doctrina sana, y el país debe propender a que todos los que son contribuyentes paguen sus impuestos, porque, si baja la recaudación tributaria, el país no puede llevar adelante mayores programas sociales en beneficio de los sectores más modestos y de la clase media chilena. En cambio, si la carga tributaria se reparte equitativamente evitando la evasión tributaria, podemos rebajar las tasas más altas del global complementario, incluso, el impuesto al valor agregado.
Por otro lado, me parece de absoluta justicia lo que han venido solicitando los funcionarios de Impuestos Internos que integran la planta de técnicos. Si bien es cierto en esta iniciativa los técnicos también son favorecidos con las asignaciones tanto fijas como variables que se crean, no lo son en cuanto a la reformulación de su planta. Ellos solicitan, al igual como el proyecto lo hace con la planta de administrativos y de auxiliares, la eliminación del grado 19, que es el último de la planta de técnicos, con el objeto de permitir una estructura más piramidal y hacer realidad la carrera funcionaria dentro de los técnicos.
Si a ello agregamos que el proyecto está permitiendo que no sólo los contadores accedan a este escalafón, sino también otros técnicos y que, además, reduce el tiempo de permanencia en el escalafón administrativo de tres a dos años, veremos que habrá una gran presión por ingresar al escalafón técnico y que quienes están en él no podrán ascender, porque tienen un grado tope, lo que significa que muchos quedarán en una situación igual a la de los grados de los escalafones administrativo y auxiliar.
Por eso, me parece de toda justicia el plantemiento que hacen los técnicos del Servicio de Impuestos Internos. Ello tiene un costo de aproximadamente 400 millones de pesos anuales, que si bien es una cantidad considerable, como Comisión de Hacienda hemos pedido un esfuerzo adicional para hacer justicia a este escalafón de técnicos, muchos de los cuales hasta hace algunos años eran jefes de sección, de unidad, de departamentos, y están acostumbrados también a cumplir sus labores con un alto espíritu profesional y de servicio público.
Por otra parte, entiendo que hoy votaremos en general el proyecto, o sea, sólo la idea de legislar, si estamos de acuerdo o no con los beneficios económicos y mejoramientos propuestos. Ya veremos en detalle algunas indicaciones presentadas por el Ejecutivo , frente a las cuales existen opiniones discrepantes no sólo con los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sino también del Consejo de Defensa del Estado y, probablemente, de otros organismos favorecidos con el proyecto.
En la votación en general, Renovación Nacional apoyará la iniciativa, pues comparte la necesidad que tiene la economía del país de mejorar las remuneraciones de los funcionarios de los servicios mencionados.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, el tema de la probidad administrativa sigue teniendo tanta vigencia como hace algunos años, cuando lo pusimos en debate. Nos interesa que en nuestro país existan funcionarios probos y eficientes. De manera que el proyecto tiene absoluta vigencia en cuanto a otorgar beneficios a tales funcionarios.
La iniciativa aborda un tema que no es menor. De repente existe desinformación, y los mismos funcionarios empiezan a señalar que la estabilidad laboral puede correr riesgo, por cuanto es probable que en algunos servicios se otorguen facultades para efectuar el encasillamiento y se pasen a llevar sus derechos. No es el caso del Servicio de Impuestos Internos.
Me interesa que todos los chilenos paguemos nuestros impuestos, para lo cual es necesario, por una parte, tener la capacidad de fiscalizar y de proveer los recursos, los instrumentos y herramientas para que esto se lleve a cabo, y, por otra, de asegurar la estabilidad laboral que requieren los funcionarios de estos servicios.
En cuanto a lo solicitado por los funcionarios técnicos del Servicio de Impuestos Internos, la bancada del Partido por la Democracia considera que la petición es atendible, válida, y que como Corporación debemos preocuparnos del tema.
También aprobaremos el proyecto en general, aun cuando hay muchos artículos que serán materia de discusión.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para ceder la palabra al director de Presupuestos, señor Joaquín Vial.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Vial.
El señor VIAL (Director de Presupuestos).-
Señor Presidente, quiero hacer un par de comentarios relacionados con las intervenciones de los señores diputados.
En cuanto al artículo 24, como ha ocurrido con todos los proyectos de mejoramiento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, en esta oportunidad se ha solicitado una delegación de facultades sobre la cual se entregó amplia información en la Comisión de Hacienda. Sin perjuicio de ello, valoramos y creemos positivo que se produzca una discusión amplia e informada también en la Comisión de Defensa. Como Ejecutivo participaremos en el debate correspondiente. En ese sentido, valoramos los esfuerzos por mayor transparencia en la legislación.
En relación con el Servicio de Impuestos Internos, debo señalar que se ha discutido el tema de una asignación variable, que vincule las remuneraciones a los resultados en la gestión del servicio, en particular en lo relativo a la labor de fiscalización, que es su función intrínseca. Al respecto, cabe destacar que esto se enmarca dentro de la política general aplicable al sector público en materia de remuneraciones, en el sentido de que una de sus componentes, generalmente marginal, tenga el carácter de variable y esté vinculada al cumplimiento de metas permanentes o que se fijen año a año. Ése es el sentido de la norma, que la consideramos muy importante para generar un instrumento que premie el buen desempeño en las labores de los funcionarios públicos.
Respecto de la indicación al artículo lº, en materia de concursos, el Ejecutivo acogió la preocupación representada en el rechazo del artículo en la Comisión de Hacienda y presentó una indicación que permite subsanar un vacío legal sobre la materia, al establecer la norma general del Estatuto Administrativo que rige para todos los funcionarios públicos. Creemos que con eso se cumple el doble propósito de permitir un mecanismo de concurso abierto en los casos en que no haya postulantes internos, y de asegurar la carrera funcionaria en un contexto de competitividad.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, el proyecto nos parece positivo y por ello votaremos a favor.
Sin perjuicio de ello, tenemos ciertas discrepancias, que se analizarán adecuadamente en la discusión particular. Algunas están relacionadas con el Servicio de Impuestos Internos, como la indicación a que se ha aludido respecto de concursos, de la poca claridad de la forma como se determina la asignación de estímulo y de la situación discriminatoria con los técnicos de ese Servicio.
En segundo lugar, es necesario profundizar los aspectos del decreto con fuerza de ley mediante el cual el Presidente de la República ejercerá la facultad de modificar el Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. Por eso, es pertinente que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Defensa.
Por último, al menos es necesario acotar la norma de encasillamiento, que en el proyecto de ley sólo viene referida al Consejo de Defensa del Estado, para dar mejores posibilidades de apelación ante el eventual encasillamiento que afectará a casi un 10 por ciento del personal del Servicio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto, dejándose constancia de haberse reunido el quórum correspondiente.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Juan), Caminondo, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Sánchez, Silva, Tuma, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor MONTES ( Presidente ).-
En la sesión anterior se acordó que el artículo 24 del proyecto recién aprobado pasaría a la Comisión de Defensa y que, paralelamente, el resto de los artículos pasaría a la Comisión de Hacienda, para poder tratarlo mañana en la Sala.
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, el ministro de Defensa quería conversar acerca del tema en la Comisión correspondiente. En consecuencia, ¿es posible no tratar mañana el proyecto en particular, dado que la Comisión no lo ha visto y necesita la información correspondiente?
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica para plantear un asunto reglamentario.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en la misma idea del Diputado señor Ulloa , lo que hemos planteado con el Presidente de la Comisión de Defensa es tratar el proyecto en ésta, para cumplir con las disposiciones reglamentarias que establecen la posibilidad de que alguna autoridad del área exponga su opinión. Si a eso le agregamos los problemas que ha habido con proyectos similares a éste, como el relativo a Carabineros, tenemos especial preocupación de que esta iniciativa sea conocida por la Comisión de Defensa para que el ministro de la cartera intervenga.
Creemos que en esa medida se cumple con la disposición reglamentaria.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
En la sesión pasada se alteró el procedimiento normal por acuerdo unánime de la Sala. Para alterarlo nuevamente, se requiere también acuerdo unánime. ¿Hay acuerdo?
No hay acuerdo.
Por lo tanto, debe mantenerse en los términos planteados anteriormente.
Tiene la palabra el Diputado señor Longton, para plantear un asunto reglamentario.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , me parece extraño que se pida la unanimidad para revertir algo que partió siendo ilegal; porque, de acuerdo con nuestra normativa, no corresponde que el proyecto no sea tratado por la Comisión de Defensa. Allí estaba la falla.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Señor diputado , en la presidencia del Diputado señor Martínez, don Gutenberg, se decidió, el 13 de enero, un curso para este proyecto, el que no fue objetado en su momento; pero, por unanimidad, en la sesión pasada se decidió alterarlo.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1º
1. Del Ejecutivo, para agregar a su inciso primero, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
“No obstante, el Director del Servicio podrá llamar a concurso público para llenar las vacantes en dichos grados, al declararse desierto el concurso interno por no existir candidatos idóneos para el nombramiento, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno de los postulantes alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso.”.
Al artículo 2º
2. Del Ejecutivo , para sustituir la letra c) de su inciso segundo por la siguiente:
“c) El incremento por desempeño individual a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 19.553.”.
A los artículos 2º, 3º, 4º y 5º
3. De los señores Errázuriz, Vega, Prokurica y Alessandri para suprimirlos.
Al artículo 5º
4. De la señora González y de los señores Van Rysselbergue, Alessandri, Osvaldo Palma, Mora,José Pérez y Felipe Letelier
“En caso de que un funcionario del servicio cometiere un error manifiesto o reiterado en la fiscalización efectuada a un contribuyente en lo relativo a la determinación del impuesto a pagar y que el error sea aclarado con posterioridad ante el Servicio y/o ante los tribunales de justicia, por el contribuyente, deberá ser calificado por el Director Regional en lista 3 o lista 4, dependiendo de la gravedad del error, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda interponer el contribuyente afectado.
Para estos efectos el Servicio llevará un registro en el que se anotarán los casos señalados, especificando el error, los montos involucrados y el funcionario responsable del mismo. El contribuyente podrá exigir, en su presencia, que una vez aclarado el error se anoten los datos del registro.
El contribuyente siempre tendrá derecho a ser asistido o representado por el Servicio de Asistencia Judicial, si así lo solicita, para concurrir al Servicio o a los Tribunales de Justicia, con el objeto de aclarar los posibles errores, cometidos en las fiscalizaciones o revisiones de que sea objeto.”.
Al artículo 6º
5. Del Ejecutivo , para agregar los siguientes numerales 1 y 2, nuevos, pasando los actuales numerales 1, 2 y 3 a ser numerales 3, 4 y 5, respectivamente:
“1.- Planta de Directivos: Créanse los siguientes cargos:
Cinco cargos de Jefe de Departamento grado 5.
2.- Planta de Profesionales: Suprímense los siguientes cargos:
Cinco cargos grado 5.”.
6. Del Ejecutivo , para agregar el siguiente inciso final:
“Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del inciso anterior sólo se hará efectivo en la medida que los cargos de la Planta de Profesionales que se suprimen se encuentren vacantes.”.
Al artículo 9º
7. Del Ejecutivo, para agregar en su inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración:
“Tampoco le será aplicable la bonificación compensatoria dispuesta por el artículo 8º de ese cuerpo legal.”.
Al título IV
8. De los señores Ulloa y Bartolucci, para suprimir el título y el artículo 24 que lo compone.
Al artículo 24
9. De los señores Prokurica, Alessandri y Vega, para suprimir en el inciso segundo, las expresiones “, modificar, suprimir,”.
Artículos nuevos
10. Del Ejecutivo, para agregar los siguientes artículos 26, 27 y 28 nuevos:
“Artículo 26.- Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley que serán expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, traspase mediante nombramiento o encasillamiento y sin solución de continuidad, a personal de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, cualesquiera sea su calidad jurídica, a alguna o algunas de las instituciones u organismos dependientes o relacionados con dicha Secretaría de Estado.
En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República podrá modificar las plantas y dotaciones de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y de los servicios a los cuales traspase personal, sin que pueda incrementar la dotación máxima del conjunto de ellos fijada en la Ley de Presupuestos. El Presidente de la República , de preferencia, traspasará personal a los cargos vacantes en las plantas de funcionarios de los servicios a los que se incorpora, pudiendo, no obstante, crear en caso necesario nuevos cargos para dar cumplimiento a la facultad que se le concede. Los cargos de planta que queden vacantes en razón del traslado de quienes los estuvieren sirviendo, se suprimirán de pleno derecho en la planta de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
El personal que actualmente ocupe un cargo en extinción, adscrito a la planta de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado por aplicación del derecho establecido en el artículo 2º transitorio de la ley Nº 18.972, mantendrá inalterable su situación en el servicio al cual fuere traspasado.
Los traspasos de personal que se dispongan, no serán considerados como causal de término de servicios, ni supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
El Presidente de la República dispondrá, cuando ello fuere necesario, los medios y recursos pertinentes para el entrenamiento y capacitación del personal que, con motivo de las facultades que se le conceden, deba asumir nuevos cargos o funciones.
Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer la transferencia desde la Dirección de Aprovisionamiento del Estado a los servicios a los que se traspasa personal, de todo o parte de los recursos financieros que se liberen por este hecho.
La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo no podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones se pagará por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Esta planilla mantendrá la misma imponibilidad que la de las remuneraciones contempladas en ella.
Las personas traspasadas conservarán el número de bienios que tengan reconocidos, como también el tiempo computable para uno nuevo.
Artículo 27.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 7 , de 1980, del Ministerio de Hacienda:
1. Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:
“Artículo 3º.- La Dirección Nacional estará constituida por los Departamentos, Subdirecciones y Departamentos que establezca el Director con sujeción a la planta de personal del Servicio.”.
2. Deróganse los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16 y 16 bis.
3. Suprímese en el artículo 44 la expresión “o del Subdirector de Administración”.
Artículo 28.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 180 días contados desde la fecha de publicación de esta ley, mediante un decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda, fije el texto refundido y actualizado de las Plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y los respectivos requisitos de ingreso y promoción.”.
Al artículo 13 transitorio
11. Del Ejecutivo , para agregar el siguiente inciso segundo:
“Del mismo modo y a contar de igual fecha, los montos percibidos por concepto de la bonificación compensatoria otorgada por el artículo 8º de ese cuerpo legal, se imputarán a las cantidades que corresponda pagar a dichos funcionarios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9º de la presente ley.”.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/2298-05