REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIASesión 40ª, en martes 9 de marzo de 1999(Ordinaria, de 11.08 a 14.50 horas)		Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg;		Pérez Lobos, don Aníbal, y Mesías Lehu, don Iván.		Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.I. Asistencia		7II. Apertura de la sesión		10III. Actas		10IV. Cuenta		10-o-		Votación de proyecto de anticipos del Fondo Común Municipal		10-o-V.Orden del Día. 	-	Informe de la Comisión de Minería y Energía sobre investigación de racionamiento de energía eléctrica		10	-	Anticipos del Fondo Común Municipal. Primer trámite constitucional. (Votación)		35VI.Proyectos de acuerdo. 	-	Comisión especial investigadora de los incendios forestales de las Regiones Séptima, Octava y Novena		42	-	Información sobre negociaciones con Pehuenches y sobre nuevos proyectos de centrales hidroeléctricas. (Votación)		46	-	Requerimiento de información sobre exclusión del Congreso Nacional del conocimiento de acuerdos internacionales		47VII.Incidentes. 	-	Información sobre cambio de directorio de la Empresa Nacional de Petróleo. Oficio		49	-	Incremento de aporte estatal en obras públicas para Talcahuano. Oficio		50	-	Recursos para concluir construcción de comisaría de Carabineros en Talcahuano. Oficios		50	-	Información sobre entregas y ocupación de terrenos fiscales en Segunda Región. Oficios		50	-	Día Internacional de la Mujer. Renuncia de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía. Oficio		51	-	Habilitación de aparcaderos de camiones. Oficio		52	-	Daños y consecuencias ambientales de los incendios forestales en la Octava Región. Oficios		53Pág.	-	Impacto ambiental de instalación de silo en parque industrial de Schwager. Oficio		54	-	Disminución de recursos del Fondo Común a Municipalidad de Talcahuano. Oficios		54	-	Congratulaciones por nombramiento de embajador ante las Naciones Unidas. Oficios		54	-	Recuerdos personales con motivo del primer año de labor parlamentaria		55	-	Disminución de aporte fiscal para salud y del Fondo Común Municipal en la Sexta Región. Oficios		56	-	Deudas del Fonasa con Hospital Clínico Regional de Concepción. Oficios		57	-	Precisiones sobre orígenes y causas del conflicto mapuche-Forestal Mininco. Oficio		58	-	Disminución de recursos al Hospital de Santa Cruz		60	-	Antecedentes sobre uso y manejo municipal de la subvención destinada a las escuelas rurales del distrito 35. Oficio		61	-	Petición de auditoría en Municipalidad de Cauquenes. Oficio		62	-	Homenaje a la mujer en su Día Internacional		62	-	Aumento de la cesantía en la Décima Región. Oficios		63VIII.Documentos de la Cuenta. 	-	Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “suma” , para el despacho de los siguientes proyectos:	1.	Permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica (boletín Nº 2254-06)		65	2.	Reforma constitucional que establece igualdad de oportunidades para hombres y mujeres (boletín Nº 1579-07)		65	3.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, como servicio público (boletín Nº 2296-18)		65	4.	Oficio de S.E. El Presidente de la República mediante el cual incluye, en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional, el proyecto que modifica la ley general de Cooperativas (boletín Nº 855-03)		66	5.	Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que reforma disposiciones de la Constitución Política de la República estableciendo la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres (boletín Nº 1579-07)		66			IX.Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Comunicación:-Del jefe de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, por la cual informa que el Diputado señor Bustos, don Manuel, reemplazará en forma permanente al Diputado señor Pareto en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. 	2.	Oficios:-Del Diputado señor Cornejo, don Patricio, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Corporación, remite informe de su participación en la VII Asamblea Anual del Foro Asia-Pacífico, realizada en el mes de enero próximo pasado, en la ciudad de Lima, Perú. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-Del Diputado señor Venegas, contenido de contrato Esval y Aguas Quinta. -De los Diputados señores Bertolino, Pablo Galilea, Kuschel y Delmastro, encuesta habitacional nacional.-De los Diputados señores Delmastro, Jaramillo, Urrutia, Gutiérrez, Osvaldo Palma y Diputada señora Lily Pérez, cobro excesivo de tarifas de agua potable y alcantarillado en Lanco y San José de la Mariquina, Décima Región.-Del Diputado señor Navarro, actividades de fiscalización realizada por Sernap; fiscalización en la Undécima Región por el Sernapesca, respecto de la cuota de extracción de merluza del sur; imposibilidad de remitir expediente Sernap con Pangue. -Del Diputado señor Hales, obras realizadas por Emos S.A. en la comuna de Vitacura.-Del Diputado señor Pablo Galilea, oficina de informaciones turísticas en Puerto Montt.-Del Diputado señor Jarpa, prestación de servicio de agua potable en la localidad de Coihueco, Octava Región.-Del Diputado señor Jiménez, Institutos de Educación Francisco Bilbao y Astro.-De los Diputados señores Kuschel, Bertolino y Delmastro, encuesta nacional del empleo.-De los Diputados señores Mora, Gutiérrez, Encina, Fossa, Joaquín Palma, Pedro Muñoz, Ojeda, Velasco, Jiménez, Mulet y Patricio Cornejo, mayor fiscalización en área de reserva de la pesca artesanal.-Del Diputado señor José García, memoria 1997 de Corfo.Ministerio de Hacienda-Del Diputado señor Huenchumilla, bienes raíces de la Novena Región. -Del Diputado señor Kuschel, recaudación anual de vehículos registrados en plazas de peaje.-De la Corporación, suspensión de cobro de patentes pesqueras y de acuicultura a sector norte del país.-Información de Ejecución Presupuestaria 1998. Ministerio de Justicia-De los Diputados señores Patricio Cornejo, Arratia, Delmastro, Lorenzini, Hernández y Diputada señora Antonella Sciaraffia, funcionamiento continuo del Servicio Médico Legal. Ministerio de Obras Públicas-Del Diputado señor Recondo, reparación camino de acceso al centro invernal La Burbuja, ubicado en el Volcán Osorno.-Del Diputado señor Kuschel, pavimentación asfáltica diversos caminos de la Décima Región.-De los Diputados señores Felipe Letelier y Vega, estudio embalse Punilla, Octava Región. -Del Diputado señor Correa, medidas adoptadas para paliar sequía que afecta a las Regiones VI y VII.-De los Diputados señores Kuschel, Fossa y Delmastro, inversiones en el período 1998-1999. -Del Diputado señor Navarro, multa uso de agua de riego en jardines de la Primera Región. -Del Diputado señor Víctor Pérez, conservación de emergencia y reparación cepas Puente Juan Pablo II y requisitos en propuestas de puentes en la Octava Región.-Cuadro resumen de oficios emitidos a autoridades en general.Ministerio de Agricultura-Del Diputado señor Navarro, cría en cautiverio de vicuñas.-De la Corporación, plan piloto en Cauquenes para subvencionar la plantación de uva de cepa fina para la producción de vino de exportación.Ministerio del Trabajo y Previsión Social-Del Diputado señor Jiménez, situación de empresa constructora Polaris Ltda.-De la Corporación, improcedencia de reglamento y jubilación sector docente.Ministerio de Vivienda y Urbanismo-Del Diputado señor Melero, plan regulador Metropolitano de Santiago.Municipalidad de Puerto Montt-Del Diputado señor Kuschel, instalación de puesto de venta de productos y artesanías en localidad de Alerce.
    
    I. ASISTENCIA-Asistieron los siguientes señores Diputados: (106)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Acuña Cisternas, Mario	PDC	IX	52Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Alessandri Valdés, Gustavo	RN	RM	20Alvarado Andrade, Claudio	IND	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	IND	XII	60Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Arratia Valdebenito, Rafael	PDC	VI	35Ávila Contreras, Nelson	PPD	V	11Bartolucci Johnston, Francisco	UDI	V	13Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Bustos Huerta, Manuel	PDC	RM	17Caminondo Sáez, Carlos	RN	X	54Cardemil Herrera, Alberto	RN	RM	22Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Coloma Correa, Juan Antonio	UDI	RM	31Cornejo González, Aldo	PDC	V	13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio	PDC	V	11Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cristi Marfil, María Angélica	RN	RM	24Delmastro Naso, Roberto	IND	X	53Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Elgueta Barrientos, Sergio	PDC	X	57Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Espina Otero, Alberto	RN	RM	21Fossa Rojas, Haroldo	RN	VIII	46Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59García García, René Manuel	RN	IX	52García Ruminot, José	RN	IX	50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UCCP	VI	32Girardi Lavín, Guido	PPD	RM	18González Román, Rosa	IND	I	1Gutiérrez Román, Homero	PDC	VII	37Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Saffirio, Miguel	PDC	IX	49Huenchumilla Jaramillo, Francisco	PDC	IX	50Ibáñez Santa María, Gonzalo	IND	V	14Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jeame Barrueto, Víctor	PPD	VIII	43Jiménez Villavicencio, Jaime	PDC	RM	31Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19León Ramírez, Roberto	PDC	VII	36Letelier Morel, Juan Pablo	PS	VI	33Letelier Norambuena, Felipe	PPD	VIII	42Longton Guerrero, Arturo	RN	V	12Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	30Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Luksic Sandoval, Zarko	PDC	RM	16Martínez Labbé, Rosauro	IND	VIII	41Martínez Ocamica, Gutenberg	PDC	RM	21Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Mesías Lehu, Iván	PRSD	VIII	42Molina Sanhueza, Darío	UDI	IV	9Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Naranjo Ortiz, Jaime	PS	VII	39Navarro Brain, Alejandro	PS	VIII	45Núñez Valenzuela, Juan	PDC	VI	34Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Orpis Bouchón, Jaime	UDI	RM	25Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Ovalle Ovalle, María Victoria	UCCP	VI	35Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Palma Irarrázaval, Joaquín	PDC	IV	7Pareto González, Luis	PDC	RM	20Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Pérez Lobos, Aníbal	PS	VI	32Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Pollarolo Villa, Fanny	PS	II	3Prochelle Aguilar, Marina	RN	X	55Prokurica Prokurica, Baldo	RN	III	6Reyes Alvarado, Víctor	PDC	X	56Rincón González, Ricardo	PDC	VI	33Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Rocha Manrique, Jaime	PRSD	VIII	46Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sánchez Grunert, Leopoldo	PPD	XI	59Sciaraffia Estrada, Antonella	PDC	I	2Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soto González, Laura	PPD	V	14Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Urrutia Cárdenas, Salvador	PPD	I	1Valenzuela Herrera, Felipe	PS	II	4Van Rysselberghe Varela, Enrique	UDI	VIII	44Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Vega Vera, Osvaldo	RN	VII	40Velasco De la Cerda, Sergio	PDC	V	15Venegas Rubio, Samuel	IND	V	15Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Walker Prieto, Ignacio	PDC	V	10Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Asistieron, además, los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Jorge Leiva; de Justicia, señora Soledad Alvear, y el Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche.	-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Eduardo Díaz, Tomás Jocelyn-Holt y Andrés Palma.'
    
    
    
    
    II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 11.08 horas.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
    
    
    III. ACTAS	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 33ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 34ª queda a disposición de los señores diputados.
    
    
    IV. CUENTA	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.VOTACIÓN DE PROYECTO DE ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, como el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, su votación, que se acordó efectuarla al final de esta sesión, tendrá que ser en general y en particular; esto es, se votarán también las indicaciones presentadas.	Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.El señor ULLOA.- Señor Presidente, podríamos fijar una hora para votar este proyecto tan importante.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Por supuesto que sí. Sería al final del Orden del Día; es decir, a la una de la tarde.	Votaríamos, en primer lugar, el informe de la Comisión de Minería y Energía, y después, el proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal.-o-El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Informo a la Sala que la Tabla de la sesión de mañana considerará el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en la investigación del nuevo sistema de revisión técnica de vehículos motorizados.
    
    
    V. ORDEN DEL DÍAINFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA SOBRE INVESTIGACIÓN DE RACIONAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Minería y Energía sobre la investigación de los hechos que han motivado el racionamiento de energía eléctrica en el país.	Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Waldo Mora.	Antecedentes:	-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 38ª, en 2 de marzo de 1999. Documentos de la cuenta Nº 12.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante.	El señor MORA.- Señor Presidente, paso a dar a conocer a esta honorable Sala el informe final de la Comisión de Minería y Energía sobre la investigación de los hechos que han motivado el racionamiento de energía eléctrica en el país, en conformidad con el proyecto de acuerdo Nº 176, que señala:	“La Cámara de Diputados acuerda:	“Constituir la Comisión de Minería y Energía como investigadora de los hechos que han motivado el racionamiento de energía eléctrica en un vasto sector del país desde el 11 de noviembre de 1998.	“La Comisión deberá:	“Investigar las razones exactas por las que se ha decretado el racionamiento;	“Investigar si la información proporcionada por las empresas generadoras de electricidad del Sistema Interconectado Central ha sido dada veraz y oportunamente a la autoridad para que ésta tome las medidas correspondientes en uso de sus facultades legales;	“Establecer la eventual responsabilidad de organismos públicos, en orden a haber previsto con mayor anticipación el racionamiento decretado;	“Proponer a la Cámara de Diputados, para que ésta lo haga a los organismos correspondientes, en su caso, las medidas alternativas, administrativas o legales que se deban tomar o proponer para evitar en el futuro el racionamiento eléctrico, tales como el uso de energías alternativas, la cogeneración, la promoción del uso eficiente de energía, etcétera, y verificar si existen los instrumentos normativos adecuados para que la autoridad pueda informarse con la debida antelación de eventuales racionamientos, a fin de velar por el bien común de los chilenos”.	La Comisión de Minería y Energía, para dar cumplimiento al mandado, destinó quince sesiones a tratar el tema. Se recibieron diversos antecedentes y se remitieron 21 oficios solicitando distintos antecedentes y diligencias, como se detalla en el informe.	La Comisión estimó del caso citar a diferentes autoridades relacionadas con la materia, como asimismo a representantes del sector privado involucrados directamente en los hechos.	Al tenor de los antecedentes recibidos, la Comisión acordó las siguientes consideraciones generales:a)	Sistema imperante.	En primer lugar, cabe tener presente que desde 1979 a 1990 se impulsó una profunda reforma estructural que modificó el marco regulatorio para luego dar paso al proceso de privatización del sector eléctrico chileno.	El sistema vigente da preeminencia a la generación hídrica de energía por sobre otros sistemas de generación. Como consecuencia de esta circunstancia, la mayor parte de la capacidad energética del sistema interconectado central se basa en la energía hidroeléctrica.	En 1997, el parque de generación del SIC tuvo una producción bruta de 76 por ciento de generación hidráulica y un 24 por ciento de generación térmica.	En general, se puede concluir que el sistema eléctrico chileno ha sido exitoso, como que nuestra experiencia ha sido reconocida en otros países. Lo anterior, sin perjuicio de que de los hechos que motivaron la crisis energética, han quedado de manifiesto las fallas congénitas e inherentes al sistema.b)	Causas que originaron la crisis.1º	La situación de sequía durante 1998, según algunos, fue superior a la de 1968, cuando ocurrió la peor crisis de que se tenía conocimiento y sobre la cual se efectuaron los cálculos del sistema eléctrico. No obstante, esta situación pudo preverse.2º	El no cumplimiento de la puesta en marcha de las plantas de ciclo combinado, de acuerdo a la programación e información entregada al Cdec, como asimismo, la ausencia de sanciones efectivas por dicho incumplimiento.3º	La decisión de emplear energía hídrica más allá del déficit y de omitir el uso de energía térmica, teniendo información de que se estaba en presencia de un año seco.4º	Ausencia de una instancia de preemergencia que permita iniciar planes y programas de prevención frente a una posible crisis.5º	Información incompleta, inoportuna y poco transparente, como también ausencia de una instancia de rechequeo de la misma.6º	El no cumplimiento oportuno por parte del Ministerio de Economía de la resolución de las divergencias planteadas por las distintas empresas, como asimismo, la falta de resolución en algunos casos, dentro de un sistema que está concebido para que la autoridad intervenga lo menos posible.7º	Falta de autonomía e independencia del Cdec, tanto en lo patrimonial como en lo jurídico.8º	Vinculación de las empresas que conforman el Cdec con aquéllas que entregan servicios de información a éste. Ejemplo: Ingendesa-Endesa.9º	Políticas poco claras e indefinidas en cuanto a la información a la población sobre la crisis energética.10º Señales de precio equívocas en la información entregada al Cdec, lo que provocó divergencias entre las empresas generadoras de Cdec-SIC respecto de los precios de julio.	Por otra parte, los convenios de extracción acelerada de las aguas del lago Laja y de la laguna del Maule, pactada entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Endesa, también fue un hecho que distorsionó la correcta señal del precio.11º La participación de diversas autoridades y la no existencia de un ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía no permitió determinar con claridad cuál era la autoridad responsable del sector, lo que se tradujo en una falta de conducción apropiada de la situación.12º La actual redacción del artículo 99 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos da lugar a diversas interpretaciones, originando divergencias entre las generadoras en los temas relativos a las compensaciones y al costo de falla.13º Tardanza en el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Comisión Resolutiva Antimonopolios, en especial del Nº 4 de la resolución Nº 488, de junio de 1997, en lo que concierne a Transelec, dado que existía una integración vertical con la Endesa.14º Inexistencia de una competencia real en la generación hidroeléctrica.c)	Cronología de los hechos más importantes que dieron lugar a la declaración del racionamiento.1º	El 1 de julio, la Comisión Nacional de Energía es informada por el Presidente del Cdec de la difícil situación de abastecimiento eléctrico por la que atraviesa el sistema, ocasionada por la situación hidrológica en que se encuentran las principales cuencas. Esto, sumado al atraso inesperado en la puesta en marcha de las centrales Nehuenco y Nueva Renca, hace que el abastecimiento de energía eléctrica para el corto plazo experimente una disminución.2º	La Endesa solicita al Ministerio de Obras Públicas una redefinición de la cota del lago Laja, para que el SIC disponga de la energía hidráulica necesaria, que permita solucionar esta crisis de corto plazo. Lo anterior es consultado por el Ministerio de Obras Públicas a la Comisión Nacional de Energía, la cual confirma la necesidad de estos recursos.3º	La Dirección de Obras Hidráulicas flexibiliza el convenio de 1958, firmado con la Endesa, considerando las proposiciones de la Comisión Nacional de Energía y los estudios encargados a la consultora Mega Red, que indicaron los beneficios sociales y económicos que para el país se derivarían del acuerdo. 	Con este acuerdo, Endesa obtuvo 200 millones de metros cúbicos de agua del lago Laja: 100 millones en julio y 100 en agosto.4º	A fines de agosto y ante una crítica situación motivada por el retraso de la Central Nehuenco, la Dirección de Obras Hidráulicas autoriza adelantar el uso de 16 millones de metros cúbicos adicionales. Cabe destacar que Endesa había solicitado 500 millones de metros cúbicos y sólo le entregaron 200 millones, como señalé con anterioridad.5º	Las extracciones extras del lago Laja totalizan 216 millones de metros cúbicos, equivalentes a una energía de 360 gigawatt/hora, y las de la laguna del Maule, a los 150 millones de metros cúbicos, que equivalen a 167 gigawatt de energía.6º	En septiembre se reúne el Consejo de la Comisión Nacional de Energía, presidido por el Ministro de Economía, oportunidad en que se analiza el abastecimiento eléctrico y la eventual dictación del decreto de racionamiento.	El 9 de septiembre se producen precipitaciones, en virtud de las cuales se vieron mejorados los niveles de los embalses ubicados en el SIC; por lo tanto, la Comisión Nacional de Energía sugiere al ministro del ramo dejar sin efecto la dictación del decreto de racionamiento.7º	La empresa Ingendesa, filial de Endesa, consultora del Cdec, los primeros días de septiembre, octubre y noviembre entrega pronósticos de deshielos. En septiembre prevé un año seco, en octubre una situación similar a la de 1968 y en noviembre, un 15 por ciento peor que en dicho año.8º	El 5 de noviembre, la central Ventanas II paraliza por mantenimiento.9º	El 11 de noviembre, la central San Isidro presenta una falla que le impide generar energía por espacio de siete horas.10º El 11 de noviembre se presenta el déficit en el sistema, cuya falla significó 1,3 gigawatt/hora. El racionamiento se prolonga hasta el 26 de noviembre. El déficit sumado es de 58,5 gigawatt/hora en los dieciséis días. La falla mayor diaria, de 6,6 gigawatt/hora, se produjo el 16 de noviembre.	Por último, el 13 de noviembre de 1998 se dictó el decreto Nº 640, del Ministerio de Economía, que fija el precio del kilovatio/hora de déficit y autoriza restricciones del sumistro eléctrico en el SIC.d)	Entrega de información.	De conformidad con el mandato de la Cámara, la Comisión investigó y analizó el tema relativo a la entrega de información por parte de las generadoras.	Dentro de las funciones del Cdec se encuentra la de informar a la Comisión Nacional de Energía y al SEC, en la forma y plazos que éstos indiquen, las fallas y demás situaciones que afecten o puedan afectar la operación normal de centrales generadoras y líneas de transmisión del sistema, así como todo otro aspecto que pueda tener efectos en la seguridad del servicio o en la capacidad instalada del sistema.	Asimismo, las empresas generadoras deben informar al Cdec los cambios en los costos variables de producción o cualquier retraso que afecte la generación de energía, a fin de que dichas modificaciones sean introducidas en los modelos que regulan el suministro energético y su correcta valoración.	En general, se puede sostener que la información relevante en materia de capacidad de producción de energía hidroeléctrica, cuencas existentes en el país y estadísticas históricas, se encuentra en manos de Ingendesa. Esto se explica en el hecho de que, al privatizarse Endesa, no se contempló que la información que ella manejaba fuera entregada a una empresa autónoma.	También se pudo comprobar que la entrega de información no siempre es completa ni oportuna, lo que se traduce en falta de elementos de juicio al momento en que las autoridades deben decidir las acciones a tomar.	Al tenor de la investigación realizada, se constató que la información solicitada no fue entregada en la forma y oportunidad requeridas.e)	Responsabilidades.	En cuanto a la eventual responsabilidad de las autoridades públicas, en orden a haber previsto con mayor anticipación el racionamiento decretado, cabe tener presente, como queda demostrado de los numerosos antecedentes acompañados, que las principales acciones de los entes directamente vinculados al tema son las siguientes:1.	Comisión Nacional de Energía.	Sus funciones, entre otras, son elaborar, coordinar y proponer al Gobierno las normas técnicas aplicables al sector de energía que sea necesario dictar para el cumplimiento de los planes y políticas energéticas de carácter general, así como para la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema en su conjunto.	En lo que dice relación directa con el tema del informe, cabe destacar que, además, tiene la función de estudiar, preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía que deriven de la revisión periódica de los planes y políticas del sector.	Con la entrega de los recursos adicionales de agua a Endesa, la Comisión Nacional de Energía solicita al Cdec hacer un estudio de los modelos y procedimientos utilizados para determinar la programación de la generación, el que debería estar listo a fines de julio de 1998. Efectúa, además, una campaña pública de ahorro de energía, financiada con recursos propios y con colaboración de algunos medios de comunicación.	Asimismo, envía instructivos a organismos públicos para evitar consumos prescindibles. Solicita estudios de seguridad al Cdec, colocando siempre como escenario la entrada de la central Nehuenco.	Si bien es cierto se tomaron las medidas adecuadas, previendo la sequía que se avecinaba, tal como lo señala la documentación acompañada por la Comisión Nacional de Energía, faltó una reglamentación más acabada sobre el modo y la forma en que se llevaría a cabo la flexibilización de los contratos entre Endesa y la Dirección de Obras Hidráulicas para la entrega de aguas a Endesa, desestimándose la entrada de centrales térmicas.	La entrega del agua en bloque imposibilitó un uso adecuado del recurso, porque se gastó igual, en circunstancias de que la cantidad requerida para paliar el déficit era mucho menor. Debió haberse establecido algún tipo de exigencia, en cuanto al uso racional del recurso, guardando relación con la cantidad del déficit estimado y ahorrando agua para los meses venideros, consciente de la sequía que se estaba viviendo.	Ningún organismo público encargado de orientar o vigilar un sector regulado como el eléctrico, puede sustraerse de la lógica de la operación del mismo. Más aún, en el caso del mercado eléctrico, que opera simuladamente, a través de modelos matemáticos, de compraventa y despacho de electricidad. La entrega de aguas a una de las empresas del sector habría permitido distorsionar los precios internos de la energía, porque se le estaba avisando al modelo que el agua era escasa. Más aún, cuando el agua entregada por la Dirección de Obras Hidráulicas habría sido dada a un precio muy conveniente para la Endesa, lo que le permitió a ésta que la información otorgada al Cdec-SIC tuviera un costo cero. De esta manera se determinó que el modelo a usar en la generación eléctrica era el hidráulico, desplazando a las generadoras térmicas.2.	Dirección de Obras Hidráulicas.	A través del Ministerio de Obras Públicas, se consulta a la Comisión Nacional de Energía si existen señales que justifiquen nuevos acuerdos del Estado con la Endesa, tanto en el corto como en un mediano plazo. En 1997, durante el período de sequía, flexibilizó el convenio para la extracción de aguas del lago Laja, considerando los beneficios sociales y económicos para el país.	La Dirección de Obras Hidráulicas se apoya en un estudio de la consultora Mega Red, llamado “Estimaciones de límites máximos de las compensaciones de Endesa a la Dirección de Riego por acuerdo sobre la operación del lago Laja”. En él se señala que el producto de la negociación es la oportunidad de uso del agua embalsada, estimando el beneficio para la Endesa en 11,6 millones de dólares. La Dirección de Obras Hidráulicas cobra por dichas aguas 2,2 millones de dólares; la Endesa ofrece 100 mil dólares.	La Dirección de Obras Hidráulicas entrega el agua del lago Laja y de la laguna del Maule de acuerdo con los criterios fijados por la Comisión Nacional de Energía.	La Comisión investigadora estimó que el sistema eléctrico se estaba comportando correctamente, y si el agua se hubiera entregado al precio de mercado o costo de oportunidad, no habría habido racionamiento en noviembre y habría quedado agua para eventuales o futuros racionamientos.3.	Centro de Despacho Económico de Carga.	Dentro de las acciones que le competen se encuentra la de informar a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en la forma y plazos que éstas indiquen, las fallas y demás situaciones que afecten o puedan afectar la operación normal de centrales generadoras y líneas de transmisión del sistema, así como todo otro aspecto que pueda tener efectos en la seguridad del servicio o en la capacidad instalada del sistema.	De igual modo, las empresas generadoras deben informar al Cdec los cambios en los costos variables de producción o cualquier retraso que afecte la generación de energía para que dichas modificaciones sean introducidas en los modelos que aseguran el suministro energético y su correcta valoración.	El Cdec informa a la Comisión Nacional de Energía que la seguridad del sistema de abastecimiento eléctrico para julio atraviesa por dificultades, debido a la escasez de lluvias y por el retraso de la central de ciclo combinado Nehuenco que, en definitiva, demoró siete meses.	En todos sus estudios de seguridad y programaciones, contempla el ingreso de Nehuenco, situación que alteró el resultado de la fórmula que aplica el modelo. Esto, a la larga, significó la utilización de mayor volumen de agua y modificó el cálculo de los costos marginales.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Señor diputado, le quedan dos minutos de los veinte que se le asignaron. 	El señor MORA.- Me queda la mitad del informe. 	Pido que la Sala autorice la ampliación del tiempo, dado que el problema es bastante polémico y de trascendencia para el país. Lo complejo del informe, que es de carácter eminentemente técnico, amerita la extensión del tiempo asignado.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se ampliará el tiempo del diputado informante.	Acordado.	Puede continuar su Señoría. 	El señor MORA.- Muchas gracias, honorable Cámara. 	Utiliza la información que las empresas generadoras entregan, pero no tiene atribuciones para corroborar dichos antecedentes. 	El Cdec envía permanentemente estudios de seguridad solicitados por la Comisión Nacional de Energía, en los cuales incluye a Nehuenco. 	El 30 de octubre entrega información a la Comisión Nacional de Energía, indicando que el suministro está asegurado hasta marzo de 1999, de no mediar fallas en las centrales eléctricas. 	La Comisión, al tenor de lo expuesto, ha estimado que es necesario dotar a este organismo de una mayor autonomía jurídica y financiera, con capacidad operativa y técnica, como, por ejemplo, en los pronósticos de deshielo.	En cuanto a su organización, sería necesario aumentar la entrada de nuevos generadores al sistema spot, permitir la participación de la autoridad, de los distribuidores y de grandes consumidores, de forma tal que se pueda mejorar la entrega de información en calidad y transparencia de la misma, con miras a que sea pública. Ingendesa. 	Es la empresa que por años ha hecho las predicciones de deshielo al Cdec.	La empresa hizo tres pronósticos: uno en septiembre, que hablaba de un año seco; el segundo en octubre, que indicaba una sequía equivalente a la de 1967-1968, y el tercero en noviembre, que indicó una sequía con una profundidad mayor en un 15 por ciento a la de 1967-1968.	La Comisión considera indispensable para que operen las condiciones de mercado con claridad, eficiencia y transparencia, que las empresas que presten servicio al Cdec, como es el caso de Ingendesa, no estén relacionadas con alguna de las generadoras integrantes de dicho organismo. Ministerio de Economía. 	Sin perjuicio de lo ya expresado, en lo que dice relación con la actuación de este ministerio, se sostuvo que el proceso de resolución de las divergencias producidas en el Cdec ha sido extremadamente largo, lo que ha provocado señales erróneas y la prolongación de los conflictos entre las generadoras, con graves consecuencias para la eficiencia del sistema. Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 	Sobre el accionar de la superintendencia, se señaló que debería ser perfeccionada, modificando y fortaleciendo su labor, tanto en la parte de recursos humanos como técnicos y en lo que respecta a sus atribuciones fiscalizadoras, dado que las sanciones que este organismo aplica son irrelevantes para las empresas, lo cual lleva a que éstas no modifiquen su actuar.Colbún. 	Esta empresa no cumplió con la puesta en marcha de su central Nehuenco y tardó siete meses su entrada al sistema. 	Se constató que la falta de oportunidad en que entregaba la información de los cambios condujo al Cdec, a la Comisión Nacional de Energía y a algunas generadoras a aceptar determinados pronósticos equivocados de abastecimiento en el mediano plazo. Dada la actual normativa del sector, no se observa que existan incentivos para la correcta información. Colbún, al retrasar en forma reiterada su entrada al sistema, hace que se deteriore la precaria situación en que se encuentra la reserva hidráulica del país, llegando hasta una condición casi de agotamiento de los recursos hídricos. Endesa. 	Es la principal generadora del sistema chileno. Fundamentalmente, produce energía hidráulica y, a través de sus empresas relacionadas, tiene una fuerte presencia en la composición del Cdec.	Esta empresa tiene una presencia dominante en la transmisión de energía a través de su empresa relacionada Transelec, que durante el 16 de noviembre cortó el suministro eléctrico a distribuidoras y clientes libres que no debían sufrir racionamiento, de acuerdo al decreto Nº 640, beneficiándose claramente de dicha situación.	La flexibilización del convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas permitió a Endesa disponer de recursos adicionales a un valor inferior al que el mercado había asignado por el costo de oportunidad que tenían dichos recursos, entregando información al Cdec que dichos recursos tenían un valor económico nulo al no tener otro uso alternativo, provocando una distorsión en los modelos del Cdec-SIC y que se retiraran centrales térmicas del servicio. 	La Comisión constató que esta empresa es una de las principales responsables de la crisis energética ocurrida desde el 11 de noviembre pasado, ya que ocultó información sobre su carácter deficitario. Gener. 	Esta empresa es otra de las grandes generadoras del sistema eléctrico chileno. Básicamente, es productora de energía térmica, que tiene, al igual que Endesa, un fuerte predominio en la composición del Cdec.	La Comisión investigadora ha podido comprobar que, al igual que otras generadoras, entregó información incompleta, lo que distorsionó los modelos del Cdec. 	La Comisión de Minería y Energía, al tenor de los hechos investigados, las opiniones vertidas, los antecedentes recibidos y la profunda sequía que afecta al país, concluyó en que es necesario introducir ciertos cambios y modificaciones a la legislación vigente, de manera de perfeccionar el sistema eléctrico chileno, con el objeto de otorgarle mayor competitividad y transparencia al mercado. 	La falta de autonomía del Cdec ha generado una serie de conflictos entre las empresas que lo componen, divergencias que deben ser resueltas por la autoridad. Existe la percepción de que actúan como un club de generadores, sin apertura en la información que ellos manejan hacia el mercado, lo cual es negativo, por cuanto impide la transparencia, habida consideración de la importante función reguladora que estos organismos cumplen. 	Con el objeto de minimizar la divergencia entre las generadoras y solucionar los problemas que actualmente presenta el Cdec, es necesario modificar la legislación y, en definitiva, entregarle mayores atribuciones que permitan que este organismo sea capaz de tener una autonomía legal y financiera que lleve a resolver sus propias divergencias. 	Si bien se ha debido decretar racionamiento eléctrico por falta de suministro del sistema interconectado central debido a una grave sequía y al atraso de la puesta en marcha de las centrales a gas natural Nehuenco y Nueva Renca, la Comisión investigadora constató los siguientes hechos que tuvieron un importante papel en el desarrollo y falta de prevención de la crisis energética.	Considerando que el Cdec es el organismo que debe velar por preservar la seguridad del servicio del sistema eléctrico, se ha podido constatar que no cumple con sus funciones, dado que las empresas que lo integran han privilegiado sus intereses económicos por sobre la seguridad del sistema y el bien común. Por lo tanto, se requiere de una profunda reestructuración, de manera de garantizar su independencia, autonomía y seguridad del servicio del sistema eléctrico. 	La integración vertical de las tres áreas de comercialización de energía, que son generación, transmisión y distribución, tiene relevancia debido a que por esta vía se controla el mercado eléctrico, lo que se traduce en una falta de competencia y transparencia. 	Los diversos conflictos comerciales entre las generadoras han llevado a una permanente falta de información y, por ende, de transparencia en el mercado eléctrico. Ello lleva a distorsiones dado que la manipulación de información conduce a decisiones inadecuadas. Un tema central es cómo garantizar un mercado eléctrico transparente y competitivo. 	Está plenamente establecido que la autoridad energética no ha contado con información suficiente en cuanto a calidad, oportunidad y transparencia, y que ha habido ocultamiento de información respecto de la situación deficitaria de las empresas generadoras, con el fin de resguardar sus intereses económicos. Esta situación de la información tiende a mejorar parcialmente con la entrada del nuevo reglamento eléctrico, cuyo estudio y discusión fue de larga tramitación. 	Las empresas generadoras no tienen obligación de declararse deficitarias, y ciertamente no lo hacen para evitar la obligación de adquirir energía en el mercado a un precio de falla, es decir, a un precio mayor que el costo de la energía en el mercado en tiempos normales. Durante el año pasado, las empresas generadoras se negaron en varias oportunidades a entregar la información requerida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ya que para que ello ocurriera era necesaria la unanimidad en el Cdec. 	La conclusión de fondo es que el sistema eléctrico imperante no tiene las adecuadas regulaciones y no funciona de acuerdo con las leyes del mercado, dada la enorme concentración de la capacidad de generación, de transmisión y distribución en pocas empresas privadas nacionales y extranjeras. 	Los organismos del Estado carecen de atribuciones verdaderas para regular el negocio eléctrico, y la ley no confiere prácticamente derechos a los usuarios, a los consumidores, que son, en definitiva, los perjudicados por la negligencia de las empresas. 	La Comisión de Minería y Energía, tras concluir la investigación relativa a los hechos que motivaron el racionamiento de energía eléctrica en un vasto sector del país desde el 11 de noviembre de 1998, concluyó en la necesidad de adoptar las siguientes medidas:1.	Solicitar al Gobierno el envío de un proyecto que modifique la ley eléctrica, de manera de eliminar las fuentes de conflicto, introducir la preemergencia y ampliar el marco regulatorio del Estado en el sistema eléctrico. 2.	Evitar la actual integración vertical que concentra el negocio eléctrico y le resta competencia. 3.	Modificar la composición del Cdec en el sentido de incorporar actores que preserven la seguridad del sistema eléctrico con la debida autonomía, como pudieran ser los grandes consumidores, autoridad energética, las empresas de distribución eléctrica, dotándolo de una autonomía jurídica y financiera que le permitan tomar decisiones independientemente de las empresas que lo componen. 	Todo lo anterior, con miras a dotarlo de las atribuciones necesarias para recabar las informaciones del caso con la calidad y oportunidad requeridas. 4.	Proponer la modificación del artículo 99 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos, que ha provocado diversas interpretaciones y ha llevado a divergencias que la autoridad se ha demorado en resolver, lo que ha creado serios conflictos entre las partes. 5.	Como una manera de asegurar el suministro eléctrico al sistema interconectado central, la autoridad debiera promover, por su parte, la interconexión del sistema eléctrico entre el norte y el sur, para crear un parque generador con excedente de energía que evite situaciones como la que hoy vive el país. 	En virtud de lo anterior, la Comisión propone a la honorable Sala aprobar el proyecto de acuerdo incorporado en la parte final del informe.	Es cuanto puedo informar a la Sala.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.	El señor LEIVA (Ministro de Economía).- Señor Presidente, quiero referirme a dos puntos fundamentales del informe y destacar las proposiciones con las cuales se concluye un trabajo de gran importancia realizado por la Comisión investigadora.	El informe contiene cinco puntos que constituyen los elementos más importantes para avanzar hacia un sector eléctrico más seguro y transparente, que transmita a la comunidad los adelantos tecnológicos realizados en esta área.	En primer lugar, se plantea la necesidad de que el Ejecutivo envíe a trámite legislativo un proyecto que modifique la ley eléctrica, proposición que me parece fundamental. De hecho, buena parte de mi intervención frente a la Comisión investigadora estuvo orientada a identificar los problemas legales que la emergencia dejó al desnudo y las reformas que es necesario impulsar.	El Gobierno ya ha tomado dos medidas que la honorable Cámara está analizando. La primera se refiere a fortalecer las facultades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a una sustancial elevación del monto de las multas; la segunda, a facultar a la Comisión Resolutiva del Sistema Antimonopolio para que, en caso de que el mercado lo haga necesario, instruya a las autoridades competentes para tarificar servicios asociados de suministro eléctrico. Plenamente concordante con esta primera proposición es el encargo del Presidente de la República al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de Energía, en cuanto a preparar un proyecto de reforma general del marco regulatorio del sistema eléctrico.	¿Qué temas debería incluir dicha iniciativa? La Comisión destaca la ausencia de mecanismos de preemergencia o cuando se prevén situaciones difíciles en el suministro eléctrico. Éste es un punto relevante, pero cabe también advertir que la ley tampoco plantea mecanismos eficientes para enfrentar la emergencia una vez desatada. Para subsanar dicha omisión, la Comisión propone modificar el artículo 99 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos.	También se deben fijar criterios objetivos para imponer el racionamiento y dilucidar si el decreto debe ser dictado luego de una falla generalizada o bien si debe ser considerado como una hipótesis que debe ponderar la autoridad en función de ciertos criterios técnicos. Introducir un mecanismo de preemergencia que permita tomar medidas tendientes a prevenir la agudización de problemas, eventualmente evitaría o suavizaría el racionamiento en caso de ser indispensable su dictación. Este mecanismo podría operar a través de la fijación de los precios de nudo o de los modelos utilizados para los programas de operación.	La actual crisis energética dejó en evidencia que no está automáticamente garantizada la preeminencia del interés público en la operación del sistema, pues la autoridad no dispone de facultades suficientes para acceder en forma oportuna a la información requerida ni de los medios de sanción para inducir el comportamiento cooperativo de parte de las empresas.	Sin duda, el fortalecimiento de la institucionalidad pública regulatoria es un tema central. La Comisión encabezada por el ex Ministro Jadresic propuso crear una nueva superintendencia sobre la base de la actual Comisión Nacional de Energía y de la SEC y radicar las tareas de supervisión de la regulación y del perfeccionamiento normativo en el Ministerio de Economía. Esta propuesta, junto a otra, es materia de estudio en las nuevas iniciativas legislativas que el Gobierno presentará al Congreso.	También es fundamental incorporar en una nueva legislación aspectos que tiendan a hacer más transparente la operación del sistema. Es indispensable asegurar que las entidades reguladoras, los usuarios, los inversionistas y los académicos tengan libre acceso a la información referida a los procesos tarifarios y a los antecedentes utilizados en los procesos de programación y de operación de los sistemas interconectados por parte del Cdec, y en la operación de los sistemas de transmisión.	La institucionalización del Cdec y la incorporación de distribuidores y clientes libres es, sin duda, otro elemento fundamental. El Cdec es un ente muy particular, que requiere una normativa muy clara respecto de sus funciones y de su independencia en relación con los intereses particulares de los distintos participantes del sistema. Debería ser un organismo independiente, que vele fundamentalmente por la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad del conjunto del sistema más que por los intereses de sus partes.	Otros aspectos que se plantean específicamente en las proposiciones de la Comisión y que requieren de una importante evaluación y discusión en el transcurso de la elaboración de la nueva legislación, son los problemas que derivan de la integración vertical y la forma de evitarlos. La Comisión Resolutiva ya ha dado algunos pasos al respecto, pero es evidente que una modificación legislativa sería aún más importante. 	En cuanto a la interacción y a la falta de competencia en algunos sectores, los derechos de agua tienen gran importancia, pues evitan que se produzca una especialización en la generación hidroeléctrica o termoeléctrica, como se ha dado hasta el momento.	Otro tema fundamental es el perfeccionamiento de los procesos tarifarios tanto en la generación y la transmisión como en la distribución eléctrica.	Junto a otras causas que habrían motivado la crisis eléctrica, el informe de la Comisión investigadora se refiere a las divergencias planteadas por las distintas empresas y especifica una responsabilidad del Ministerio de Economía por no haberlas resuelto oportunamente.	Como los señores diputados están en conocimiento, éste es un procedimiento mediante el cual los integrantes del Cdec elevan a conocimiento y resolución del Ministro de Economía las controversias y conflictos que se suscitan en el directorio del organismo por la aplicación de reglamentos, los cuales el ministro debe resolver previo informe de la Comisión Nacional de Energía en un plazo de 120 días.	Dada la trascendencia que se otorga en el informe a este asunto, conviene detenerse un momento en su análisis.	A nuestro juicio, esta materia es muy importante para la ordenación de la acción de las empresas, particularmente en lo que se refiere a la crisis eléctrica y, por lo tanto, no se la puede considerar como una de las causas de la misma.	De la redacción de la causa Nº 6 del informe se desprende que el Ministerio no habría cumplido oportunamente con la resolución de las divergencias planteadas. Por cierto, ésa no es la interpretación correcta, puesto que el Ministerio tiene la responsabilidad de dictar resoluciones, pero su cumplimiento corresponde a las empresas y no al órgano que las dicta. Éste sólo se puede exigir a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.	Al 11 de noviembre, fecha en que se inició el déficit de generación, se había presentado ante el Ministerio de Economía y estaba pendiente para resolución un total de seis divergencias referidas a la programación del despacho, valorización y facturación de las transferencias de energía entre generadores, correspondientes a julio y agosto, y otros conflictos asociados a dichos temas en ese período.	Sin duda se trata de un tema relevante, porque durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, las empresas no conseguían concordar en las políticas de programación para el despacho de las unidades generadoras; y una vez aplicadas es una programación, al corresponder en el mes siguiente la facturación por las transferencias de energía. Tampoco concordaban en los valores de facturación y, consecuentemente, no se cursaba paso alguno y su acumulación perjudicaba a quienes se sentían acreedores y no percibían pago.	De las divergencias pendientes, el plazo más próximo para su resolución vencía el 25 de diciembre, o sea, en una fecha muy posterior al inicio de la crisis. De modo que al 11 de noviembre ninguna divergencia tenía vencido su plazo de resolución y la más próxima a vencer todavía contaba con 45 días para resolución del Ministerio.	En consecuencia, con apego estricto a los plazos, de ningún modo se puede concluir -como lo hace el informe- que en torno a las divergencias ha habido falta de resolución en alguna de ellas, por cuanto todas estaban en fase de estudio por la Comisión Nacional de Energía.	Podría discutirse el hecho de que, en meses anteriores a la crisis, varias presentaciones del Cdec fueron declaradas inadmisibles por el Ministerio de Economía, por no ajustarse a los preceptos reglamentarios aplicables y que la autoridad no podía soslayar. En rigor, no se habían dictado resoluciones y correspondía al Cdec corregir los vicios de presentación, el cual lo hizo una sola vez, reiniciándose el procedimiento.	Durante 1998, la presentación de divergencias en el Cdec ante el Ministerio de Economía venía exhibiendo un fuerte crecimiento, lo que refleja un aumento de la conflictividad interna y la pérdida, entre las empresas, de los mecanismos de autorregulación y resolución de sus controversias, sin intervención de la autoridad. Debemos recordar que, en estos casos, la autoridad actúa externamente a un sistema armado para que las empresas resuelvan ellas mismas los distintos problemas que enfrentan en su coordinación. Este crecimiento conflictual provocaba un cada vez mayor desapego a ajustar su conducta a las normas.	Con el objeto de prevenir una agudización de los conflictos, la autoridad entregó una señal inequívoca en orden a restablecer el imperio de la legalidad; de lo contrario, el crecimiento de los conflictos no tendría un procedimiento claro para su adecuada solución.	Aun cuando se postergó la solución final de las controversias y los plazos, éste fue un recurso indispensable para lograr tener un procedimiento de acuerdo con las normas, que no fuera objetado ni que dejara este sistema en un campo de indefinición.	En todo caso, si el fondo del asunto contenido en esas divergencias se hubiera resuelto en la oportunidad de la primera presentación, habría que pensar si ello hubiera contribuido a evitar la crisis. Mi impresión es que no la habría evitado, porque la resolución de una divergencia por el Ministro de Economía no significa la solución al problema planteado. Hemos resuelto divergencias y, en algunos casos, ello ha tardado más de dos años en aplicarse. Las empresas usan y abusan de los recursos administrativos y judiciales para dilatar la aplicación de nuestras resoluciones. Con el sistema vigente, para ellas es muy sencillo quitar a nuestras resoluciones el valor de su oportunidad. Es lo que probablemente hubiera sucedido en este caso, porque las divergencias planteadas incidían directamente en la facturación de las empresas. Por muy oportuna que hubiese sido nuestra actuación, cualquier empresa afectada podía neutralizar la situación mediante un recurso de protección.	En este caso -como en lo demás-, hemos optado por el rigor técnico en la resolución de las divergencias, que implica pensar en el sistema más allá de la coyuntura y respetar una línea de actuación del Estado para contribuir al fortalecimiento de un sector estratégico de nuestra vida nacional. Significa entender la regulación como la aplicación de una visión de país del sector eléctrico y no como una conducta impredecible, por su dependencia a los vaivenes de la contingencia. Gracias a esta actuación, basada en el rigor técnico concordante con la ley, tras las divergencias, jamás han sido revocadas por los tribunales las resoluciones de los Ministros de Economía -y los recursos interpuestos no han sido pocos-.	Los señores diputados investigadores han podido constatar la alta complejidad y sensibilidad técnica de este sector y, en particular, de las divergencias. Muchas materias objeto de divergencias sometidas a arbitrajes entre empresas han tardado varios meses -incluso años- en lograr veredictos definitivos. La premura en esta materia no puede saltar por encima de la necesidad de la reflexión y del estudio riguroso.	A partir de julio de 1998, los conflictos al interior del Cdec que fueron sometidos a divergencia ante este Ministro, contribuyeron decisivamente a la crisis eléctrica. Sin embargo, como juez que debe resolver las controversias que suscitan esos conflictos, en ningún caso puedo asumir la responsabilidad de los que directamente las provocan, sabiendo además que cualquier resolución que hubiese tomado era impugnable y postergable en su aplicación.	En cuanto a la longitud de los plazos, concuerdo plenamente con el criterio de la Comisión investigadora respecto de la necesidad de reducirlos. El nuevo reglamento eléctrico consideró ese punto y redujo el plazo con que cuenta el Ministerio de Economía para resolver divergencias en sesenta días, disposición que entra en vigencia a contar del día de mañana. No obstante, esta reducción de plazo ha sido posible, precisamente, porque el reglamento contempla la intervención de un comité de expertos en el Cdec que, en forma previa a la presentación ante el Ministro, hace un informe que puede facilitar los estudios de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Economía a este respecto.	Confiamos en que con este nuevo mecanismo y con estos nuevos plazos los problemas respecto de las divergencias puedan resolverse con mayor facilidad y prontitud; pero los conflictos que se generan por problemas de la legislación, de la reglamentación y de la normativa general que afecta al sector es la causa de fondo que esperamos resolver con las iniciativas legislativas a que he hecho mención en la primera parte de mi exposición.	Muchas gracias.	El señor ROCHA.- Pido la palabra para un asunto de Reglamento, señor Presidente.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.	El señor ROCHA.- Señor Presidente, si sumamos los tiempos que corresponden a cada Comité, tenemos un total de 99,20 minutos, a los cuales debemos agregar las intervenciones de los ministros, y el Orden del Día debe terminar -tal como se manifestó- a las 13 horas para votar el proyecto que figura en el número 2 de la tabla.	Por lo tanto, quiero pedir derechamente -para que estemos tranquilos respecto de los tiempos- que el debate termine a las 13 horas y que lo continuemos en otra sesión, porque es absolutamente imposible ajustarse a los tiempos establecidos.	Gracias, señor Presidente.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.	El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no obstante compartir la proposición del Diputado señor Rocha, quiero pedir a los ministros -si es posible- que intervengan al final, puesto que de esa forma nos ahorraríamos algunas intervenciones y podríamos globalizar la discusión. De lo contrario, agotaremos los tiempos y no podremos terminar en esta sesión.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Señor diputado, los tiempos se cumplen de todas maneras, y la sesión se entiende prorrogada automáticamente.	El señor PAYA.- Señor Presidente, ¿el acuerdo es votar el proyecto al término del Orden del Día o a las 13 horas?	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Al término del Orden del Día, señor diputado.	Tiene la palabra el Ministro señor Óscar Landerretche.	El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).- Señor Presidente, en honor al tiempo y a los planteamientos de los honorables diputados, mi intervención será breve.	En primer lugar, pido disculpas por haber llegado atrasado a la sesión. Ello se debió a que nuevamente nos encontramos en una situación muy apretada, porque se produjo una falla en Ventanas II, una de las centrales más importantes del país, y todo el equipo del área eléctrica de la Comisión Nacional de Energía -equipo reducido, formado por apenas seis ingenieros- en este momento se encuentra trabajando allá con el Centro de Despacho Económico de Carga. 	Pues bien, debido a la escasa disponibilidad de recursos humanos nos hemos visto obligados a suspender el trabajo de análisis y cálculo del precio de nudo, para enfrentar esta emergencia que ya se ha presentado en muchas oportunidades en estos 102 días sin racionamiento que hemos completado, pero que han sido muy difíciles.	Precisamente por ello, deseo destacar el trabajo exhaustivo, serio y muy acucioso llevado a cabo por la Comisión investigadora y recoger sus principales conclusiones.	En primer lugar, respaldo lo manifestado por el Ministro de Economía, don Jorge Leiva, en cuanto a que es vital recoger una de dichas proposiciones, en el sentido de que es necesario introducir en la legislación vigente la preemergencia, que permita actuar de manera preventiva y evitar que se produzca el déficit inminente que hoy permite el decreto de racionamiento. Quiero recordar a los honorables diputados que dicho decreto autoriza a las empresas a racionarlo pero no a ordenarlo. Entre los problemas que hemos tenido durante los últimos días, quiero recordar el evento en que un contratista destruyó un cable de conexión del Metro con una central termoeléctrica. Uno de los problemas que se plantearon es que los vacíos existentes en la legislación conducían a desacuerdos respecto de la forma en que se debería actuar en caso de tener que aplicar racionamiento a los usuarios.	De manera que hay vacíos muy importantes que superar, y considero proposiciones muy importantes la idea de un período de preemergencia y el fortalecimiento de la legislación en materia de cómo debe abordarse y ordenarse una emergencia, y cómo los actores deben asegurar un comportamiento eficaz y oportuno. 	Otro de los temas que deberemos abordar dentro de las prioridades planteadas por su Excelencia el Presidente de la República, es la elaboración de un proyecto de ley que perfeccione el marco regulatorio del sector eléctrico. Otra prioridad que tendremos que trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía es el tema de las compensaciones. Considero que este tema está mal enfocado en la legislación vigente, puesto que origina una serie de confusiones desde el punto de vista de los derechos de los usuarios y de la forma en que deben ejercerlos. Es precisamente este tipo de confusiones lo que conduce a una situación difícil, en cuanto al manejo de una coyuntura de emergencia como la que estamos viviendo. 	Pero hay un punto adicional que se desprende de lo que decía al comienzo. En el sector eléctrico existe una especificidad, una peculiaridad, que deberemos analizar y corregir con mucho cuidado: la entidad fiscalizadora es distinta de la reguladora y, en consecuencia, la entidad que puede exigir información tiene su capacidad sancionatoria extremadamente menguada. Pero hay un proyecto de ley presentado a la honorable Cámara tendiente a dar el nivel que debe tener este tipo de sanciones y hacerlas coherentes con las aprobadas en el caso del marco regulatorio de las empresas sanitarias. Estas dos entidades, la fiscalizadora y la reguladora, son distintas, están totalmente separadas, lo que no ocurre en el caso de la banca, de las empresas sanitarias y de telecomunicaciones. Aquí tenemos dos entidades totalmente diferentes, situación que amerita buscar un marco institucional más sólido y acorde con los requerimientos de un sector tan importante para la economía y la sociedad y, al mismo tiempo, coordinar de manera más adecuada las actividades de fiscalización y regulación.	Por último, dentro de las enormes dificultades que nos plantea la emergencia -que en todo momento ha sido muy difícil-, estamos buscando el tiempo y los recursos para avanzar con la mayor rapidez posible hacia la formulación de un anteproyecto de ley que permita enfrentar la necesidad de perfeccionar un marco regulatorio eléctrico, que tiene muchos aspectos positivos, pero que también tiene muchos vacíos y deficiencias. Muchos de éstos explican los conflictos que se producen entre las empresas por diferencias de interpretación, y que conducen a actuaciones que a veces son muy inoportunas, pero que en situaciones de emergencia resultan absolutamente inadecuadas a la rapidez y coherencia con que necesitamos que el sistema responda.	Muchas gracias, señor Presidente.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el honorable Diputado señor Edgardo Riveros.	El señor RIVEROS.- Señor Presidente, la constitución de la Comisión de Minería y Energía en Comisión investigadora para los efectos de estudiar el problema eléctrico, tiene un fundamento muy claro: resguardar el bien público y el interés de la comunidad. Sin embargo, de la lectura pormenorizada del informe, una de las conclusiones que fluye con claridad es que este interés público, este bien común, ha salido claramente lesionado en el episodio investigado.	Pero esta situación se ve agravada, porque no caben dudas en cuanto a que la autoridad pública también ve debilitada su capacidad de actuar en esta materia. Una de las conclusiones que se puede sacar es que el proceso de traspaso de un servicio público de esta magnitud a privados se hizo desaprensivamente en materia reguladora y fiscalizadora, y hoy estamos viendo sus efectos en la práctica frente a una situación específica que no puede atribuirse sólo a la sequía, sino también a otros aspectos que están presentes en una situación de esta naturaleza.	En primer lugar, hay un hecho claro: en el sector existe una empresa que es claramente dominante en la generación, que tiene una enorme presencia en la transmisión y que, por la vía de la asociación, está presente con mucha fuerza en la distribución.	Por lo tanto, se dan todos los elementos para observar una concentración vertical, que, por cierto, afecta los elementos de competitividad en un ámbito de esta magnitud.	En segundo lugar, hay un aspecto que, a mi juicio, debe llamarnos a preocupación, y quiero decirlo con franqueza. Desgraciadamente, no tan sólo está en el ámbito de las eléctricas, sino en otros del quehacer público, y dice relación con la actividad económica que ha sido traspasada a privados: la información.	Si uno lee la página 130 del informe, hay un párrafo que realmente tiene que motivar nuestra especial preocupación. Dice textualmente:	“Está plenamente establecido que la autoridad energética no ha contado con la información suficiente en cuanto a calidad, oportunidad y transparencia requerida, que ha habido ocultamiento de información respecto de la situación deficitaria de las empresas generadoras, con el fin de resguardar sus intereses económicos”.	Estamos hablando de un servicio público; estamos hablando de un ámbito en el cual no tan sólo debiera estar presente el afán de lucro, sino también la moral de servicio público. Y es a la autoridad energética a la cual se le manipula la información, se la oculta. Claramente esto, por cierto -insisto-,...	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado.	El señor RIVEROS.- ...tiene que movernos a una gran preocupación.	En esta materia, y teniendo presentes los elementos que fluyen del informe, en este punto de las conclusiones, que no comparto, deseo plantear la posibilidad reglamentaria de separarlo para excluirlo del informe. Francamente, no me parece que después de todos los antecedentes existentes de la situación de información con la cual ha operado la autoridad pública, entre otras cosas, para prever lo que iba a ocurrir, se plantee la situación de caso fortuito.	Por eso quiero plantear la posibilidad reglamentaria de votar la totalidad del informe, sobre el cual me pronunciaré favorablemente, pero sin el párrafo leído para ver si lo excluimos o no. Si no hubiera esta posibilidad, manifiesto que ese punto cuenta con mi absoluta reserva, porque -insisto- todos los elementos contenidos en el informe permiten concluir que en esta materia no ha existido caso fortuito, que si hubiera habido información oportuna podría haberse previsto la situación, y que todo el proceso de concentración permite que esta información no sólo no fluya adecuadamente, sino que hace que, entre otras cosas, empresas que debieron haberse declarado deficitarias, no lo hicieran, privilegiando sus intereses económicos.	He dicho. 	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, a partir de la propuesta del Diputado señor Rocha, de que todavía quedan varios diputados que desean usar de la palabra y de que, además, a las 13 horas debemos votar el proyecto sobre anticipos del Fondo Común Municipal, en general y en particular, en el que hay varias indicaciones presentadas, sugiero a la Sala aceptar la proposición de que la sesión siga hasta las 13 horas y termine el Orden del Día, y se continúe con el proyecto en la sesión de mañana en la tarde.	¿Habría acuerdo para proceder de esta manera?	Acordado.	Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches, hasta por diez minutos. 	El señor VILCHES.- Señor Presidente, hoy la Sala ha conocido el informe de la Comisión que investigó las causas del racionamiento eléctrico. Las explicaciones han abundado por parte de los señores Ministros frente al problema que originó el déficit de energía eléctrica, sin que exista realmente claridad respecto del origen del problema, que ha causado serios inconvenientes económicos y sociales para todo el país.	A la vez, nuestro sistema eléctrico ha sido, desde el comienzo, en su proceso modernizador, un ejemplo en la capacidad de inversión y producción a bajo costo. Por ello es muy importante entender el problema y sacar lecciones para que no vuelva a ocurrir una improvisación de este tipo: cortes de energía sin previo aviso, enormes pérdidas y, fundamentalmente, falta de confianza en las autoridades y en el Ejecutivo.	Ahora bien, el problema del déficit de energía se debió a una serie de eventos simultáneos. Como ha sido difundido, nos enfrentamos a una de las mayores sequías registradas en la historia de nuestro país, y, por otra parte, a la falla de centrales generadoras de electricidad, las que habían planificado, programado y comprometido ingresar al sistema en fechas muy distintas de cuando realmente lo hicieron; incluso una de ellas entró siete meses atrasada en relación con la fecha comprometida.	La magnitud de la sequía, posible de prever desde hacía muchos meses, desde mediados de 1998, fue el problema de un posible racionamiento que podía conocer la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, la autoridad respectiva no supo manejar el problema, en circunstancias de que en épocas anteriores se han manejado déficit mayores. Incluso el Ministerio de Obras Públicas, a cargo en ese entonces del señor Ricardo Lagos, autorizó el uso de las aguas en un período en que no era recomendable hacerlo para favorecer a una de las empresas del sector. 	Por tal razón, hizo falta un completo análisis de contingencia por parte de la Comisión Nacional de Energía. La autoridad tiene la facultad de decretar racionamiento desde el momento en que considere que existe déficit o exista el riesgo de caer en condiciones inseguras de suministro.	Tanto es así, por los antecedentes que pudimos recoger y que conoció el país, que el Presidente Frei, en el momento de crisis, nombró al señor Óscar Landerretche -aquí presente- como Ministro de Energía. Eso demuestra, una vez más, la improvisación del Gobierno actual. Del mismo modo, la regulación eléctrica descansa en parte importante en el funcionamiento del Centro de Despacho Económico de Carga, Cdec, integrado sólo por las empresas generadoras en un sistema de precios basado en el costo marginal del generador más eficiente. Es decir, la empresa que es capaz de generar al más bajo costo es la que fija el costo marginal. Y en las intervenciones de la autoridad para dirimir los conflictos al interior del Cdec, la correcta operación de las señales de precios es vital para las señales a los productores y a los grandes usuarios de electricidad, lo que es especialmente relevante en períodos de sequía, donde se hace marginalmente más conveniente la producción de plantas térmicas, y también cuando deben operar las compensaciones a raíz de los déficit de generación.	En el caso analizado, las divergencias al interior del Cdec acerca del precio de la energía, las que se iniciaron en el mes de julio, no se han resuelto aún por el ente regulador, la Comisión Nacional de Energía. Esto ha significado no dar la señal de precio adecuado al mercado. Igual cosa ha sucedido en estos días con el costo de falla, precio relevante para las compensaciones. Esto demuestra la poca claridad e ineficiencia en las decisiones por parte del Ejecutivo, y específicamente del Ministerio de Economía.	En suma, consideramos que el ente regulador principal del sistema no cumplió como correspondía, con responsabilidades claves para el buen funcionamiento de éste en períodos de sequía. 	Afortunadamente -vuelvo a repetir-, el Gobierno se dio cuenta de que había que nombrar a una persona responsable, y es así como al señor Óscar Landerretche le ha correspondido regularizar el sector para evitar los cortes imprevistos que sufrimos en noviembre pasado.	En efecto, se ha producido una situación excepcionalmente crítica, de baja probabilidad de ocurrencia, que ha sometido al sistema eléctrico a una prueba. Al respecto, cabe señalar que no sería eficiente, desde un punto de vista económico, operar con un sistema que haga imposible que se produzca una falla. Sin embargo, ello no significa que no se puedan sacar lecciones de esta crisis y corregir algunos aspectos del sistema eléctrico, ya que se trata de una de las modernizaciones efectuadas con éxito y beneficio para Chile. Entonces, se hace necesario avanzar en esta modernización en el entendido de que no signifique sobrecargarla de regulaciones.	Ahora bien, ¿qué pasa con los perjudicados, que son los usuarios, frente a estos hechos? ¿Cuál es la situación legal en que se encuentran frente a incumplimientos de las empresas? La situación y escenario que hemos tenido exigen una revisión a fondo y un cambio radical en la legislación vigente. En la actualidad, los usuarios se encuentran en la indefensión jurídica frente a la suspensión, paralización y restricción o racionamiento del servicio eléctrico, ya que hoy no existen acciones legales expeditas para que puedan hacer valer sus derechos. Frente a este escenario, es imprescindible modificar radicalmente la situación legal descrita, a partir del siguiente principio: presunción de incumplimiento culpable. Al igual como ocurre en otros países, para las empresas eléctricas, la ley debe mantener un régimen de responsabilidad subjetiva, pero invirtiendo el peso de la prueba. Conforme con lo anterior, cuando el servicio se interrumpe, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora y, en consecuencia, es ella la obligada a demostrar ante los tribunales que la interrupción o alteración no es imputable. Hoy, en Chile la situación es exactamente contraria. Son los afectados quienes deben demostrar judicialmente la culpabilidad de la empresa, pese a que la obligación legal de los prestadores es asegurar la continuidad y calidad del servicio. La ley debe establecer una compensación legal automática con los futuros consumos. Es necesaria una compensación que opere automáticamente con cargo a futuras cuentas, de manera que la empresa impute inmediatamente, a cargos futuros, las cantidades por ella adeudada a los clientes, de acuerdo con el procedimiento que he señalado.	En la actualidad, la situación es absurda. Una empresa puede interrumpir el suministro por tiempo indefinido, y una vez reanudado el servicio demandar su pago como si nada hubiere ocurrido.	La modificación que se propone constituye un aporte al perfeccionamiento del sistema eléctrico, al regular de mejor forma las relaciones entre las empresas y sus clientes. Al mismo tiempo, es coherente en una sociedad de sujetos activos que reclaman sus derechos cuando los consideran afectados sin tener que recurrir a instituciones públicas para que asuman su defensa.	De los antecedentes entregados a la Comisión se deduce que, a pesar de contar con una capacidad instalada de generación, el alto grado de seguridad de abastecimiento disminuye por efectos y fenómenos climáticos. Se hace necesario, entonces, estudiar la inversión de una mayor capacidad de generación, y ésa es una decisión política que, a futuro, se deberá adoptar compatibilizando estratégicamente la capacidad de generación eléctrica versus el precio de nudo. En la gama de propuestas de modificación a la normativa es imprescindible una reestructuración del Cdec, dándole una mayor autonomía que le permita tomar decisiones con seguridad y oportunamente, prescindiendo de los intereses particulares de las empresas generadoras de energía.	En el sector eléctrico, además de las generadoras y distribuidoras de energía, están las empresas transmisoras, como Transelec, que en esta crisis evidenció baja capacidad de transmisión en algunos sectores del país, lo que debe ser corregido con cierta urgencia en los futuros planes de desarrollo, a fin de evitar las limitaciones que ha mostrado el sistema en el país.	Otra conclusión válida del informe es la necesidad de conectar el sistema central con el interconectado del Norte Grande para aprovechar el superávit de generación eléctrica de bajo costo, producida con gas natural, que se está desarrollando en la Segunda Región.	Si se adoptan estas medidas, creo que el aporte de esta investigación será realmente efectivo y podremos seguir avanzando, pero creo que las autoridades que representan al gobierno en la Comisión Nacional de Energía, deben corregir su comportamiento, el cual fue deficitario y que no fue capaz de evitar los cortes imprevistos que causaron tanto daño al país.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Advierto a la Sala que de acuerdo con el Reglamento debo otorgar el uso de la palabra en el orden de prelación que existe por Comité. Sobre esa base, seguiré cediendo el uso de la palabra y después iré intercalando segunda, tercera y cuarta vueltas hasta que se termine el debate.	En esa lógica sigue el Comité de la UDI, después, el PPD, el Socialista y el Radical.	En el tiempo de la UDI, tiene la palabra la Diputada señora Rosa González.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, en su intervención, el Ministro Leiva dijo que con esta crisis ha quedado de manifiesto la fragilidad del servicio público. Lamentablemente, no es sólo eso, sino que también se ha visto claramente el desorden que existe en algunos servicios públicos, y algunos tan importantes como la Comisión Nacional de Energía. Al respecto, debo destacar que ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vimos presentar su renuncia a doña María Isabel González, una mujer que hasta hace muy poco tiempo era mirada como una de las más brillantes ejecutivas en la Comisión Nacional de Energía. Doña María Isabel manifestó que se ha sentido terriblemente presionada, lo cual es bastante cierto, porque desde que se inició esta situación, todos los ojos se volvieron hacia ella y la renuncia era inminente, como la crónica de una muerte anunciada.	Indudablemente, espero que no sean efectivos los titulares del diario que dicen que el señor Landerretche insultó, maltrató y poco menos que golpeó a una ejecutiva, y no me cabe la menor duda de que el señor Landerretche, designado por el Ejecutivo para ocupar un puesto muy apresuradamente, en mitad de una crisis que pudo haber sido prevista, debe estar sufriendo el impacto y golpe de una renuncia hecha por una mujer en el Día Internacional de la Mujer.	Señor Presidente, durante varios meses estuvimos mirando la crónica y estudiando todos y cada uno de los antecedentes relativos a la crisis de energía. El primer día que tratamos el tema en la Sala, fui categórica al afirmar que en esto había responsabilidad tanto del Gobierno como de las empresas privadas, lo cual quedó claramente demostrado a lo largo del trabajo de la Comisión investigadora. Indudablemente, el Gobierno es culpable por no haber enviado oportunamente a la Sala un proyecto que permitiera una fiscalización adecuada; así, tal vez, no se habría producido este hecho. Responsable también es el Ministro de Obras Públicas de ese momento, don Ricardo Lagos, que entregó aguas sin prever las terribles consecuencias. Entonces, ahora estamos todos hablando, haciendo cargos y descargos, y me pregunto: ¿Quién habla por la gente? ¿Quién se preocupa de esa gente que ha sufrido los impactos y consecuencias de esta situación? De una fragilidad de Gobierno, de un proyecto de ley que no se envió, de una generadora que siete meses después puede recién abrir sus puertas, en circunstancias de que todos sabemos que si una generadora no inicia sus funciones en treinta días, porque no llega un generador u otro motivo, indudablemente hay que iniciar las acciones judiciales correspondientes, la empresa debe pagar multas y la situación es gravísima. Sin embargo, en este caso pasaron siete meses, no llegaban los equipos y ¿de quién es la culpa? Al final, los culpables son como siempre prácticamente “sólo Dios, que ha enviado poca agua” -como en muchas otras oportunidades- “o que ha enviado mucha agua” como en el caso de Copeva.	Termino mi intervención haciendo el más ferviente llamado al Presidente de la República para que ponga orden en sus ministerios, para que veamos en qué país estamos viviendo, con el objeto de que no sucedan situaciones como las que vimos ayer, de una mujer terriblemente afectada precisamente en el Día Internacional de la Mujer. El Presidente debe fijarse mucho más en la gente de su confianza que pone en cargos de gobierno, de forma tal que hechos como el de ayer, del cual hemos sido testigos, nunca más vuelvan a repetirse.	Sería largo hablar sobre la materia investigada por la Comisión de Minería y Energía, respecto de la que todos están técnicamente muy al tanto. Por eso preferí tratar directamente el caso de una mujer afectada por actos de gobierno y de una empresa privada, que fueron negligentes en el cumplimiento de sus funciones.	Gracias, señor Presidente.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Leal.	El señor LEAL.- Lamento profundamente que en este debate no participe la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, María Isabel González, quien renunció a su cargo. Subrayo que me parece inadecuado que haya sido citada ayer por el Ministro del Interior y no con posterioridad a este debate, dejándola así sin ninguna opción para que, al menos, expusiera sus opiniones en esta Sala.	La investigación llevada a cabo revela claramente que nos encontramos frente a un sistema eléctrico, que si bien es cierto ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento y se ha diversificado, incorporando la generación de electricidad en base a gas natural, carece de una regulación pública capaz de garantizar que no sea únicamente el negocio de un grupo reducido de empresas, sino un servicio de utilidad pública donde estén claros no sólo los derechos y las utilidades de las empresas, sino también los derechos de los usuarios, que son, en definitiva, los que financian el sistema.	En esto pesa la manera como se llevaron a cabo las privatizaciones en el sector eléctrico, que se tradujeron, en su momento, en un verdadero negociado y que han impedido no sólo un marco regulatorio eficaz, sino, incluso, una efectiva competitividad, una verdadera transparencia del mercado y, en el fondo, hasta el funcionamiento de sus propias reglas, las cuales aparecen limitadas por la excesiva integración vertical de las tres áreas de energía y por el verdadero monopolio que ejerce la empresa Endesa en la generación hídrica.	La Comisión ha determinado claramente que la crisis energética es consecuencia de la grave situación ocurrida en 1998, pero lo fundamental es que han quedado al desnudo los límites de un modelo de verticalidad monopólica y el hecho de que las empresas generadoras han preservado sus intereses comerciales por sobre el bien común, han ocultado información e, incluso, se han negado en varias oportunidades a entregar la requerida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, basándose en el hecho de que la ley no las obliga a declararse deficitarias. Ciertamente, no lo hacen para no estar obligadas a adquirir energía en el mercado a precio de falla, y también porque la autoridad no tiene atribuciones para obligar al Cdec a informar y porque las sanciones y las multas son irrisorias. Nunca estas empresas han pagado, en términos financieros, por las transgresiones a la ley y el incumplimiento de los servicios a los usuarios; jamás alguna de estas distribuidoras ha debido indemnizar a los usuarios.	Ha quedado en evidencia que el Cdec, organismo que debe velar por preservar la seguridad del servicio del sistema eléctrico, no cumple con sus funciones, dado que está controlado sólo y exclusivamente por las empresas generadoras, las que tienen derecho a veto y pueden decidir no entregar información a la autoridad sobre diversos aspectos del funcionamiento del sistema.	Es así como en la crisis energética pasada, el Cdec entregó una información tergiversada a la autoridad cuando el 30 de octubre señaló, por escrito, que no habría déficit de energía. Sin embargo, sólo 11 días después el país vivía los cortes de electricidad. El Cdec no informó oportunamente de los reiterados atrasos en el ingreso al sistema de las centrales a gas Nueva Renca y Nehuenco, que fue lo que provocó los déficit de energía eléctrica durante el mes de noviembre.	Por tanto, se requiere modificar las atribuciones y la composición del Cdec, para que éste sea un organismo autónomo, independiente, capaz de garantizar transparencia en el sistema eléctrico.	El reglamento eléctrico, en vigencia desde el 1 de noviembre -quiero subrayar esto, señor Ministro-, establece que ya el 1 de enero debía haber estado funcionando un centro de despacho autónomo. Esto no se ha cumplido y tampoco se cumpliría lo dispuesto por el mismo reglamento, que obliga a que con fecha 9 de mayo exista un centro económico de despacho de carga con composición y atribución distinta de la actual e independiente de las empresas generadoras.	Por ello, pido a los dos Ministros presentes emplear la máxima energía para hacer cumplir el reglamento eléctrico, en cuya elaboración jugó un rol tan importante María Isabel González, por cuanto las empresas generadoras hicieron lo posible por impedir que existiera a través de más de 90 requerimientos planteados ante la Contraloría General de la República, y de recursos diversos presentados ante los tribunales de justicia.	La situación producida en Argentina deja al desnudo las diferencias entre un sistema privado de electricidad, con regulación del Estado y derechos de los usuarios, y otro, como el chileno, que carece completamente de ellos. 	En Argentina, el ente regulador de energía eléctrica ha determinado aplicar una multa a Edesur, la que podría ascender a 70 millones de dólares, en virtud de la falla técnica que ha provocado los apagones en Buenos Aires. Podría, incluso, revocar la concesión del servicio si la multa ascendiera a más del 20 por ciento de la facturación del año anterior. En Chile, el máximo de multa que puede aplicar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es de 12 millones de pesos y, en la práctica, el artículo 99 bis de la ley eléctrica no garantiza indemnización a los usuarios.	Esto explica -y lo digo sin ninguna ironía- el hecho de que don José Antonio Guzmán, el 11 de noviembre, cuando en Chile había cinco millones y medio de personas sin electricidad, se haya ido a Londres. Explica también el porqué, cuando se producen cortes de energía en Buenos Aires, él corre a esa ciudad, llama a conferencias de prensa y da la cara, porque allá hay 70 millones de dólares de multa involucrados en un sistema que efectivamente tiene regulación.	Por tanto, señores Ministros, se requiere modificar drásticamente la ley de electricidad, de manera de garantizar, en primer lugar, la desintegración vertical de la industria eléctrica chilena, con el fin de obtener una real competitividad en el sistema, lo cual entregaría ventajas a los consumidores. Pedimos simplemente que funcione el mercado y que la verticalidad no destruya su funcionamiento.	Me parece muy importante que el Gobierno le dé máxima urgencia al proyecto de ley sobre modificación de las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y de las sanciones y multas.	Considero emblemáticas -quiero destacar la medida- las sanciones y multas aplicadas a Endesa por 12 millones de pesos en el día de ayer. La reacción arrogante y destemplada de Endesa demuestra que quiere tener total impunidad frente a las transgresiones a la ley y a la no observancia de las instrucciones entregadas por la autoridad para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico.	Quiero señalar que Endesa tiene una particular responsabilidad en los déficit del funcionamiento del sistema. Ella produce el 60 por ciento de la energía eléctrica de este país; tiene el dominio total de los derechos de agua y, además, ha contribuido a desincentivar las inversiones en las plantas a gas natural, ya que ha anunciado que la central Ralco estará operativa el 2002, y con ello ha creado la sensación de que habría una sobreoferta de energía eléctrica en el mercado, estimando, por tanto, no conveniente, desde el punto de vista comercial, la inversión en el sistema y en su diversificación.	Uno de los temas principales que quiero plantear, con mucha claridad y transparencia, es el relativo a la presión que la empresas generadoras llevan a cabo sobre el Gobierno para obtener un aumento de las tarifas eléctricas. Eso lo hemos denunciado desde hace semanas. Al principio, esas empresas negaron que estuvieran planteando tal incremento.	Sin embargo, hoy nos encontramos frente a una decidida estrategia comunicacional, donde los ejecutivos de Endesa y de Gener se han puesto a la cabeza de una campaña de presión para obtener el aumento de las tarifas. Ya lo expresaron durante el trabajo de la Comisión. El señor Bauzá, gerente general de Endesa, fue categórico en plantear una verdadera filosofía: “Si los chilenos quieren tener un sistema eléctrico seguro de energía, deben pagar más”. Por tanto, las empresas generadoras buscan modificar, para aumentar sus utilidades económicas, la metodología que hasta ahora se ha utilizado para la fijación del precio de nudo.	Creo que el señor Landerretche es un gran ministro: un hombre dotado de gran capacidad técnica, que ha tenido mucha firmeza respecto de las empresas generadoras en todo este período y que ha hecho un esfuerzo muy grande por garantizar el funcionamiento del sistema. Sin embargo -quiero ser franco y lo digo con mucho respeto y cariño-, ha cometido dos errores: primero, señalar el 7 de diciembre que era posible el alza de tarifas y, segundo, realizar una reunión con las empresas generadoras el 18 de febrero pasado en la Casa de Piedra, sin periodistas, sin presencia de nadie más que de usted y las empresas generadoras, lo que naturalmente dio una señal negativa en el sistema y permitió esta ofensiva arrogante de esas empresas para subir las tarifas.	Cuando nos referimos al precio de nudo, estamos hablando del 34 por ciento de aumento de las tarifas. ¿A quiénes perjudica ese aumento? A los usuarios más modestos, porque los grandes clientes tienen contratadas definitivamente sus tarifas.	En forma simbólica, por lo que estamos sosteniendo, levanto este cartel y digo: ¡No a las presiones de las empresas eléctricas! ¡No al aumento de las tarifas que perjudica al conjunto de los chilenos!	He dicho.	-Aplausos.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- ¡Llamo al orden al señor diputado!	En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela, hasta por nueve minutos.	El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, de los nueve minutos, le cederé algunos al Diputado Encina.	Ratifico todas y cada una de las expresiones de quien me ha antecedido en el uso de la palabra y hasta firmo los letreros.	Las palabras de mi colega Leal, todo un caballero desde el momento en que fue capaz de entregar un ramo de flores a la señora María Isabel González, constituyen una muestra de lo que dice el informe en la letra chica.	Al hablar de los responsables de la crisis, el informe indica que es, entre otros, Endesa. Incluso agrega que la Comisión comprobó que esta empresa es una de las principales responsables de la crisis energética ocurrida el 11 de noviembre pasado. Originalmente no decía: “Es una de las principales responsables”, sino “Es la única responsable”; pero, con el objeto de conseguir la unanimidad para aprobar el informe, hubo que ponerlo en esa forma.	El informe también establece que Colbún es responsable porque no cumplió con la puesta en marcha de la central Nehuenco, que tardó siete meses en ingresar al sistema.	Asimismo, en la letra chica del informe -que yo destaco- se lee, y es la verdad, que Ingendesa también es responsable de la crisis, porque, aparte de su eficiencia y claridad, la Comisión considera indispensable para que operen las condiciones de mercado que las empresas que presten servicio al Cdec, como en el caso de Ingendesa, no estén relacionadas con algunas de las generadoras integrantes del citado Cdec.	¿Qué seriedad tendrá un informe que habla de las condiciones del clima y de si habrá hielo o deshielos, cuando la empresa que lo emite es una filial de Endesa?	El informe sostiene, además, que la empresa Gener es responsable, porque la Comisión ha podido comprobar que ella, al igual que otras generadoras, entregó información incompleta, lo que distorsionó los modelos del Cdec-SIC.	Respecto del primer tema, quiero señalar que las causas que originaron el problema son fundamentalmente de orden económico. No hay responsabilidad de carácter administrativo. Las empresas no consideraron el interés social, que debe orientarse a la entrega de un servicio adecuado a la comunidad, y privilegiaron el económico para obtener mayores utilidades. Esto me preocupa bastante.	El informe tenía razón de ser el día de anteayer, pero a contar de ayer es distinto.	María Isabel González, en una crónica de hoy del diario La Nación, manifiesta que durante su gestión encabezó diez fijaciones de tarifas eléctricas y una de distribución. Ninguna de ellas estuvo exenta de presiones ni de problemas, porque las presiones existen permanentemente sobre las personas que deben resolver estos problemas, a tal punto que hasta los diputados integrantes de la Comisión recibimos, no diré presiones, pero, a lo menos, llamados telefónicos con el objeto de que informáramos cómo le estaba yendo a una empresa. Sin embargo, no hubo ningún llamado para decir que María Isabel González estuvo en la Comisión, como realmente sucedió, en los meses de agosto, septiembre y octubre, informándonos sobre cómo estaba la situación eléctrica, las condiciones climáticas, etcétera.	Recordando a esa secretaria ejecutiva, lamento que no esté presente, porque seguramente nos habría explicado qué tipo de presiones tuvo ella durante los cuatro años en que hizo estos informes. Eso sí que habría ayudado a encontrar a los verdaderos responsables de esta situación.	También quiero señalar que, para no entregar compensaciones, las empresas se han escudado en que se produjo una situación de fuerza mayor a causa de la sequía.	Sin embargo, la asamblea de la Cumbre de la Tierra, efectuada en 1992 en Río de Janeiro, en una declaración estableció, sobre la base de antecedentes recopilados en ella, que hay un fenómeno climático que afecta al mundo produciendo un efecto invernadero, el cual hace que los rayos solares reboten en la atmósfera y se devuelvan; pero, al volver por segunda vez, deterioran el clima causando, cada año que pasa, un calentamiento de la Tierra, lo que origina un fenómeno que aumenta los desiertos y la sequía. Este hecho preocupa a las Naciones Unidas, que cuenta con un Programa para el Desarrollo, Pnud.	A raíz de la sequía, se han celebrado cinco reuniones en diferentes partes del mundo, a las cuales ha concurrido Chile mediante personeros de la Comisión de Minería y de la Corama. Es decir, ya existen estudios fundados respecto del hecho cierto de que en Chile y en el mundo las sequías son cada vez mayores y más graves. De tal manera que no es posible aceptar como causa de fuerza mayor una sequía absolutamente predecible y que debemos controlar.	Concluyo señalando que el tema debemos abordarlo de acuerdo con las proposiciones señaladas en el informe, las cuales debemos tomar en cuenta.	Dentro de la distribución del trabajo de la Comisión, me correspondió hacer un estudio del artículo 99 bis del Reglamento de la ley vigente, donde está el meollo del asunto, y, después de analizarlo en profundidad, incluso con asesores del Ministerio respectivo, establecimos cinco proposiciones, imposibles de olvidar, para evitar que la crisis se vuelva a repetir en el país.	En primer lugar, autorizar al Ministro de Economía para que dicte el decreto de racionamiento al prever el déficit y no cuando éste sea inminente, como se establece en la actualidad.	En segundo lugar, se sugiere que los déficit de energía que se produzcan deben ser absorbidos por todas las empresas distribuidoras. Hoy se trata de influir para que una afronte el problema y las otras no, en circunstancias de que, de asumirse en forma conjunta, no existiría.	En tercer lugar, se establece que los clientes deben ser siempre compensados, aun existiendo causa de fuerza mayor, y no sólo en los casos de sequía severa. Siempre debe haber indemnización por daños, como ocurre en Argentina.	No debemos olvidar que en Chile la multa es hasta 13 millones de pesos, es decir, 26 mil dólares.	En cuarto lugar, todas las empresas deben ser sancionadas en forma pecuniaria, incluso con la pérdida de la concesión, igual que en Argentina, y las multas deben beneficiar a los perjudicados por la deficiencia en la prestación del servicio.	Finalmente, de continuar el problema, quizás la Comisión debería proseguir su estudio, con el objeto de determinar qué pasará en la próxima fijación de tarifas. La señora María Isabel González señaló que la utilización del gas debe significar una rebaja en los precios de, a lo menos, entre 10 y 15 por ciento. Esas palabras, dichas durante su despedida del servicio público, son un mensaje que debemos tener en cuenta, porque por sobre el interés de las empresas, cualquiera que sea, debe primar la defensa de los consumidores de energía eléctrica de todo el país.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Su Señoría ha usado todo el tiempo de su Comité.	En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Jiménez.	El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, estamos en una discusión de suma importancia para -dicho en un lenguaje moderno- el derecho de los consumidores, o sea, el derecho de cada uno de los chilenos que paga por recibir, en forma normal, energía eléctrica.	El Ministro de Economía, aquí presente, ha dicho que la autoridad actúa externamente con un sistema que funciona por sí mismo. Con esa lógica, más la intervención de algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra, tal vez estamos a punto de llegar a la idea que tienen algunas personas respecto del rol de las Comisiones investigadoras, o sea, de concluir que nadie tiene la culpa, porque las autoridades carecen de prerrogativas y existe un régimen que consagra un sistema eléctrico para que funcione como lo está haciendo. Por lo tanto, todo el daño causado a la gente, que incluso llegó a ver su vida en peligro por falta de energía eléctrica, quedaría sin responsabilidad.	El informe señala que la Comisión constató que Endesa “es una de las principales responsables de la crisis energética ocurrida desde el 11 de noviembre pasado, ya que ocultó información sobre su carácter deficitario”.	Indica, además, que no es conveniente que empresas como Ingendesa, que informa respecto de los estados meteorológicos para que funcionen las empresas generadoras y distribuidoras, tengan una ligazón de dependencia con la Endesa.	Se ha hablado también de las responsabilidades del Cdec y del sistema. Podemos concordar en todas esas responsabilidades, pero sin dejar pasar una situación que, a mi juicio, es grave. Tal como lo dice el informe, la Dirección de Obras Hidráulicas “entrega el agua del lago Laja y de la laguna del Maule de acuerdo a los criterios fijados por la Comisión Nacional de Energía”.	Resulta que Endesa solicita 500 millones de metros cúbicos y ofrece cien mil dólares por esa cantidad. ¿Qué sucede en definitiva? Que la Comisión Nacional de Energía le entrega 216 millones de metros cúbicos por 2 millones de dólares. ¿Pero cuál era el déficit que realmente tenía la Endesa? Sólo de 60 millones de metros cúbicos. Es decir, se necesitaba racionar 70 gigawatts/hora y se entregaron 12l,5. En otras palabras, si el déficit era de sólo 60 millones de metros cúbicos y se entregaron 216, hay un superávit, entregado por las autoridades a una empresa privada, de 156 millones de metros cúbicos. La empresa consultora de la Dirección de Obras Hidráulicas, Mega Red, dice que el beneficio económico de la Endesa es de alrededor de 12 millones de dólares. Otros estudios que hemos consultado señalan que hubo un enriquecimiento de esa empresa de entre 14 y 60 millones de dólares. ¿Podemos llegar sólo a la conclusión de que se debe al sistema?	Concordamos con el Ministro en que es necesario mejorar la legislación, pero ¿en qué estaban nuestras autoridades, las de mi Gobierno, al momento de prevenir esto? ¿Acaso con los instrumentos con que cuenta la meteorología no se pudo predecir lo que iba a pasar? Es cierto que el Ministro de Economía era otro; es efectivo que el Ministro de Obras Públicas no era el actual y que lleva su firma el decreto mediante el cual la Endesa se enriqueció; es cierto que la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía dejó su cargo, pero hay responsabilidades del sector público. A mi juicio, se ha lesionado algo fundamental: la fe pública. Cuando se entrega un mandato a una autoridad determinada para regir un sistema, debe tomar todas las prevenciones para mejorar lo que está funcionando mal. No se puede decir, haciendo un símil, que sólo es responsable el ladrón que entra a robar y no el que deja la casa abierta, con todas sus riquezas.	Reclamo de mi Gobierno las medidas pertinentes, no sólo sancionar, sino determinar las responsabilidades en forma clara y categórica frente a la ciudadanía, que en cada una de sus cuentas, además del consumo, paga una cifra adicional para que las empresas puedan enfrentar el eventual mayor costo por la energía térmica, en caso de que no cuenten con la hidroeléctrica.	La fe que la gente tiene en los servidores públicos ha sido lesionada. Por eso, la Contraloría General de la República debe determinar cuán inmensa es esa lesión; el Gobierno, adoptar las medidas pertinentes y dar señales claras y categóricas para, en definitiva, no sólo corregir el sistema, legislar y perfeccionar la normativa, sino también resguardar los intereses de la ciudadanía. Le pedimos también al Gobierno que no aumente el costo de la energía eléctrica que consume la gente común y corriente, que puso su confianza en un sector público que, claramente, no ha cumplido con esas expectativas y permitió que el sector privado se enriqueciera ilegítimamente.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Restan tres minutos para el término del Orden del Día.	Solicito el acuerdo de la Sala para ponerle término en este momento.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	Tiene la palabra el Diputado señor Leay, por una cuestión de Reglamento.El señor LEAY.- Señor Presidente, ¿el tratamiento de este informe quedó para la sesión de mañana, hasta su total despacho?El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Los tiempos están asignados. Por lo tanto, el debate se prolongará hasta que se cumplan. O sea, faltan las intervenciones que restan de los señores diputados y las eventuales exposiciones de los ministros; después, se vota.El señor LEAY.- Es decir, mañana quedará despachado el informe.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Así es, señor diputado.	Ha terminado el Orden del Día.	El acuerdo es votar a las 13.00 horas. Por lo tanto, se suspende la sesión por el tiempo que resta.	-Se suspendió la sesión a las 12.58 horas.	-Transcurrido el tiempo de suspensión:ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Primer trámite constitucional. (Votación).	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Continúa la sesión.	En conformidad con lo acordado en la sesión anterior, corresponde votar el proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica.	De acuerdo con el informe de la Comisión, la iniciativa contiene disposiciones de quórum calificado -a mi juicio, cuestión discutible- y sólo se encuentra pendiente su votación.	Además, al comienzo de la sesión se dio cuenta de que el Gobierno calificó su urgencia de suma; por ello, corresponde votarlo en general y en particular, lo que significa pronunciarse sobre sus indicaciones, algunas de las cuales son de la Comisión de Hacienda.	En votación general el proyecto.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 3 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado en general el proyecto y reglamentariamente sus artículos 4º, 6º y 7º.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Allende (doña Isabel), Arratia, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Molina, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Vilches y Walker (don Patricio).	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Dittborn, Leay, Longueira, Masferrer y Orpis.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Álvarez-Salamanca, Van Rysselberghe y Walker (don Ignacio).	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar las indicaciones, algunas de las cuales están contenidas en el informe de la Comisión de Hacienda.	El señor Secretario dará lectura a la primera de ellas.	El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de la Comisión de Hacienda, para incorporar en el artículo 1º, a continuación de la expresión “por una sola vez”, la frase “y por un monto total que no supere los tres mil quinientos millones de pesos”.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.	No hay acuerdo.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 3 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado el artículo 1º con la indicación.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alessandri, Allende (doña Isabel), Arratia, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Mesías, Molina, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Vilches y Walker (don Patricio).	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Dittborn, Gutiérrez, Leay, Longueira, Orpis y Valenzuela.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Alvarado, Álvarez-Salamanca y Letelier (don Juan Pablo).	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.	El señor LOYOLA (Secretario).- Es de la Comisión de Hacienda, para incorporar en el inciso segundo del artículo 2º la siguiente oración final: “En todo caso, estos convenios no podrán estipularse por un plazo superior a los cuatro años”.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.	No hay acuerdo.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 8 votos. No hubo abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado el artículo 2º con la indicación.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vega, Velasco, Vilches y Walker (don Patricio).	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Dittborn, Gutiérrez, Leay, Longueira, Lorenzini, Masferrer, Orpis y Van Rysselberghe.	El señor ELGUETA.- Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quiero hacer presente que estas indicaciones requieren quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Así es, su Señoría. En virtud de que hay diputados con permiso constitu para cumplir con el quórum.	El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.	El señor cional, debe haber 67 diputados presentes LOYOLA (Secretario).- La indicación es del Diputado señor Van Rysselberghe para incorporar el siguiente inciso segundo nuevo al artículo 3º: “Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de los alcaldes, los que deberán ser evaluados si incurrieren en grave abandono de sus deberes por los respectivos concejos municipales, debiendo dejar el cargo si el tribunal electoral correspondiente corrobora que el alcalde respectivo ha faltado gravemente a sus deberes”.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarla por unanimidad?	No hay acuerdo.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 13 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Rechazada.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Fossa, García (don René Manuel), Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Mesías, Molina, Naranjo, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Paya, Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Rojas, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas y Vega.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Gutiérrez, Hales, Jiménez, Leal, Lorenzini, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Pareto, Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Velasco, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Aguiló, Caminondo, García (don José), Girardi, Jarpa, Kuschel, Letelier (don Felipe), Longton, Martínez (don Rosauro), Montes, Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily) y Vilches.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar el artículo 3º original.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 3 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Ulloa, Valenzuela, Vargas, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Dittborn, Leay, Longueira, Masferrer, Orpis y Vega.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Álvarez-Salamanca, Delmastro y Rojas.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar la indicación al artículo 8º, a la cual dará lectura el señor Secretario.	El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de la Comisión de Hacienda, para incorporar en el primer párrafo del Nº 1 del inciso quinto del artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, sustituido por este artículo 8º, a continuación de la expresión “imposiciones previsionales”, la siguiente frase: “de los funcionarios municipales y”.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la indicación.	No hay acuerdo.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 3 abstenciones. 	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado el artículo con la indicación.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Mesías, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Ulloa, Valenzuela, Vargas, Vega, Velasco, Vilches y Villouta.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Dittborn, Leay, Longueira, Orpis y Ortiz.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Elgueta, Van Rysselberghe y Walker (don Patricio).	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar el artículo 5º original, que requiere quórum calificado para su aprobación.	Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.	No hay acuerdo.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Allende (doña Isabel), Arratia, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caminondo, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Molina, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Ulloa, Valenzuela, Vargas, Vega, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Dittborn, Longueira y Orpis.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Álvarez-Salamanca y Van Rysselberghe.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar la indicación formulada por la Comisión de Hacienda al artículo 9º, a la cual dará lectura el señor Secretario.	El señor LOYOLA (Secretario).- Para sustituir el artículo 9º por el siguiente: “Artículo 9º.- Durante el año 1999, el gasto fiscal originado por la aplicación del artículo 6º de esta ley, se financiará con traspasos del ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación”.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la indicación.	No hay acuerdo.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobada.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Allende (doña Isabel), Arratia, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Espina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vega, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Dittborn, Leay, Longueira, Masferrer y Orpis.-Se abstuvo el Diputado señor Van Rysselberghe.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar los artículos nuevos propuestos.	El señor Secretario dará lectura al primero de ellos.	El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación de los honorables Diputados señores Orpis, Dittborn, Coloma, Bartolucci y Masferrer, para agregar el siguiente artículo nuevo: “Incurrirán en notable abandono de sus deberes los alcaldes, y los presidentes y directores de las corporaciones municipales que mantengan deudas previsionales durante un período de 90 días”.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 3 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Aguiló, Alessandri, Alvarado, Allende (doña Isabel), Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Coloma, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Mesías, Molina, Naranjo, Olivares, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Riveros, Rocha, Rojas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Vilches.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Acuña, Girardi, Gutiérrez, Hernández, Jiménez, Leal, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Pareto, Rincón, Salas, Silva y Velasco.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Álvarez-Salamanca, Ceroni y Letelier (don Felipe).	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- La Secretaría dará la numeración que corresponda a esta norma, de acuerdo con las facultades reglamentarias que existen al respecto.	El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.	El señor LOYOLA (Secretario).- De los honorables Diputados señores Bartolucci, Van Rysselberghe, Ulloa y Kuschel, para agregar el siguiente artículo nuevo: “El concejo municipal correspondiente deberá aprobar la solicitud de adelanto de recursos, lo que constituirá requisito indispensable para la tramitación”.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Hago presente a la Sala que este artículo requiere quórum de ley orgánica constitucional para ser aprobado.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 4 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Rechazada.	Despachado el proyecto.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Espina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Mesías, Molina, Núñez, Ojeda, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Villouta.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Ceroni, Dittborn, Girardi, Gutiérrez, Jarpa, Jiménez, Martínez (don Gutenberg), Mulet, Ortiz, Pareto, Reyes, Salas, Sánchez, Seguel, Velasco y Walker (don Patricio).	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Álvarez-Salamanca, Letelier (don Felipe), Montes y Muñoz (doña Adriana).
    
    
    
      VI. PROYECTOS DE ACUERDOCOMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE LAS REGIONES SÉPTIMA, OCTAVA Y NOVENA.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Se ha pedido a la Mesa que solicite la unanimidad de la Sala para tratar de inmediato el proyecto de acuerdo Nº 225, que propone constituir una Comisión especial que investigue los graves hechos relacionados con los incendios forestales en la Séptima, Octava y Novena Regiones.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	El señor Prosecretario le dará lectura.	El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 225, de los señores Delmastro, García, don René Manuel; Kuschel, Longton, Martínez, don Rosauro; García, don José; Fossa, señora Guzmán, doña Pía; señores Hernández y Gutiérrez.	“Considerando:1.	Que el sector forestal chileno es el sector de la economía que más ha crecido en los últimos 25 años en el país y que a su vez Chile muestra uno de los mayores índices de recursos de bosques por habitante, encontrándose entre los países de más alto desarrollo forestal, es necesario que exista conciencia, tanto en las autoridades como en la ciudadanía, de la importancia que tiene este sector para el país y su economía.2.	Que la preservación y el cuidado de este recurso forestal, tanto artificial como nativo, debe ser un tema central y prioritario para el país, por cuanto tiene implicaciones sociales, políticas, económicas y ecológicas de gran significación.	Socialmente, el sector forestal chileno provee de más de 120.000 puestos de trabajo a lo largo y ancho del país.	Políticamente, el sector ha sido un ejemplo al mundo, en la forma de fomentar la recuperación de suelos, a través de la forestación y el incentivo de la creación de nuevas riquezas, que en el pasado el país no tenía.	Económicamente, el sector representa un volumen de exportación de alrededor de US$ 2.000 millones anuales, conjuntamente con el empleo de mano de obra ya mencionada, contribuyendo en forma importante al PIB del país.	Ecológicamente, el sector forestal ostenta uno de los índices mayores de bosque per cápita, que con sus 13 millones de hectáreas de parques y reservas forestales, 7 millones de hectáreas de bosque nativo y 2 millones de hectáreas de plantaciones, constituyen un patrimonio vegetal tal, que pueden secuestrar significativas cantidades de CO2 de la atmósfera, contribuyendo de este modo a mitigar el grave efecto invernadero y el cambio climático que afecta al mundo.3.	Que los últimos incendios forestales que han afectado a las principales regiones forestales del país, han destruido más de 100.000 hectáreas de bosque nativo y plantaciones, con pérdidas económicas de cientos de millones de dólares, con pérdidas de fuentes laborales y de grave daño a la propiedad de cientos de familias, amén de las incalculables pérdidas para los ecosistemas involucrados, difíciles de cuantificar y de doble efecto: mayor aporte de CO2 a la atmósfera por el fuego y luego miles de hectáreas estériles, que no secuestrarán CO2 de la atmósfera durante muchos años.4.	Que no obstante estamos al frente de un período de sequía y falta de precipitación, considerada por los expertos como grave y profunda, la cantidad y oportunidad de la ocurrencia de los incendios ha sido inusitadamente alta y de acuerdo a fuentes fidedignas de Gobierno y del sector forestal, ha habido intencionalidad y acciones criminales, al provocar muchos incendios que caen fuera de la clasificación de fallas humanas. Este hecho es de la mayor gravedad, y pone en jaque a un sector productivo de bienes y servicios y que el país ostenta como identidad: “Chile, un país forestal”.5.	Que, además de lo indicado, el tema se ha abierto a problemas de orden étnico y también a un evidente aprovechamiento político, incitándose e incentivándose a las tomas ilegales, cada vez más frecuentes en diversas regiones del país. Esto puede conllevar a una espiral de violencia que nadie en el país desea y quiere. Más aún, estos hechos han estado acompañados de la presencia de extranjeros que abiertamente han estado y están infiltrando a estos movimientos que, si bien pueden tener una base legítima, se ilegitiman al aplicar la violencia y desorden público, y muchas veces están escondidos detrás de una etnia o de un procedimiento judicial ajustado al derecho.6.	Que es necesario conocer los graves hechos ocurridos, con el fin de que a futuro se tomen todas las medidas necesarias para, por un lado, preservar nuestro valioso patrimonio forestal y protegerlo de su peor enemigo que son los incendios forestales, y, por otro lado, detener ahora, lo que podría ser una escalada de violencia en torno a los conflictos que pueden existir con la propiedad rural y que deben ser llevados y tratados por los tribunales correspondientes y competentes, de acuerdo a la legislación que nos rige.	La Cámara de Diputados acuerda:	Constituir una Comisión Especial que investigue los graves hechos relacionados con los incendios forestales de la Séptima, Octava y Novena Regiones del país, ocurridos en la presente temporada, con su consecuente grave daño al patrimonio forestal del país, en cuanto a las acciones preventivas, de control, combate y de investigación, por parte de los organismos del Estado pertinentes.	Asimismo conocer e investigar los hechos y circunstancias de la probable autoría de ciertos incendios que habrían sido provocados y la relación que esto pueda tener con el conflicto de propiedad que existe entre comunidades indígenas y privados, así como la presencia e intervención de hecho de personas extranjeras en estos conflictos”.	El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Delmastro.	El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, el sector forestal chileno es el que más ha crecido en la economía nacional durante los últimos 25 años. A su vez, Chile muestra uno de los mayores índices de bosque por habitante, encontrándose entre los países de más alto desarrollo forestal. Por lo tanto, es necesario que exista conciencia, tanto en las autoridades como en la ciudadanía, de la importancia de este sector para el país y su economía.	La preservación y el cuidado del recurso forestal -tanto artificial como nativo- debe ser un tema central y prioritario para el país, por sus implicaciones sociales, políticas, económicas y ecológicas, de gran significación.	Socialmente, el sector forestal chileno provee más de 120 mil puestos de trabajo a lo largo y ancho del país. Desde el punto de vista político, ha sido un ejemplo para el mundo al fomentar la recuperación de suelos, a través de la forestación y del incentivo a la creación de nuevas riquezas que el país no tenía en el pasado. En términos económicos, el sector exporta alrededor de 2 mil millones de dólares anuales, que, conjuntamente con el empleo de mano de obra mencionado, contribuye en forma muy significativa al producto interno bruto del país. Ecológicamente, el sector forestal chileno ostenta uno de los índices mayores de bosque per cápita en el mundo que, con sus 13 millones de hectáreas de parques y reservas forestales, 7 millones de hectáreas de bosque nativo y 2 millones de hectáreas de plantaciones, constituyen un patrimonio vegetal tal, que es posible secuestrar cantidades significativas de CO2 de la atmósfera, contribuyendo de este modo a mitigar el grave efecto invernadero y el cambio climático que afecta al mundo.	Los últimos incendios ocurridos en las principales regiones forestales del país han destruido más de 100 mil hectáreas de bosque nativo y de plantaciones, con pérdidas económicas de cientos de millones de dólares, merma de fuentes laborales y grave daño a la propiedad de cientos de familias, amén de los incalculables perjuicios para los ecosistemas involucrados, difíciles de cuantificar y de doble efecto, es decir, mayor aporte de CO2 a la atmósfera y luego, miles de hectáreas estériles, que no lo secuestrarán de la atmósfera durante muchos años.	Aunque se considere la sequía y la falta de precipitaciones, estimada por los expertos como grave y profunda, la cantidad y oportunidad de los incendios han sido inusitadamente altas y, de acuerdo con fuentes fidedignas de Gobierno y del sector forestal, ha habido intencionalidad y acciones criminales al provocar muchos incendios que escapan a la clasificación de falla humana. Este hecho es de la mayor gravedad y pone en jaque a un sector productivo de bienes y servicios que el país ostenta como identidad: “Chile, un país forestal”.	Además, el tema se ha abierto a problemas de orden étnico y también a un evidente aprovechamiento político, incitando e incentivándose las tomas ilegales, cada vez más frecuentes en las diversas regiones del país. 	Esto puede conllevar una espiral de violencia, que nadie en el país desea. Más aún, estos hechos han estado acompañados de la presencia de extranjeros que abiertamente han infiltrado a estos movimientos que, si bien pueden tener una base muy legítima, se ilegitiman al aplicar violencia y producir desorden público, y muchas veces están escondidos detrás de una etnia o de un procedimiento judicial ajustado a derecho.	Es necesario conocer los graves hechos ocurridos, con el fin de que en el futuro se tomen todas las medidas necesarias para que, por un lado, se preserve nuestro valioso patrimonio forestal, protegiéndolo de su peor enemigo: los incendios forestales, y por otro, detener ahora lo que podría ser una escalada de violencia en torno a los conflictos que pueden existir con la propiedad rural y que deben ser llevados y tratados por los tribunales correspondientes y competentes, de acuerdo con la legislación que nos rige.	En consecuencia, solicito a la honorable Cámara que se constituya una comisión especial que investigue los graves hechos relacionados con los incendios forestales de las Regiones Séptima, Octava y Novena en la presente temporada, con su consecuente y grave daño al patrimonio forestal del país, en cuanto a las acciones preventivas, de control, combate y de investigación, por parte de los organismos del Estado pertinentes.	Asimismo, que la comisión conozca e investigue los hechos y circunstancias de la probable autoría de ciertos incendios, que habrían sido provocados, y la relación que puedan tener con el conflicto de propiedad existente entre comunidades indígenas y privados, así como la presencia e intervención de hecho de extranjeros en estos conflictos.	He dicho.	El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Tuma.	El señor TUMA.- Señor Presidente, compartiendo algunos conceptos vertidos por el Diputado señor Delmastro en relación con la importancia de la explotación forestal y de las exportaciones de celulosa para la economía del país, creo que no necesariamente a través de una comisión investigadora se apunta a resolver o a dilucidar los conflictos que las comunidades indígenas pueden tener con las empresas forestales.	Las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados han cumplido una función de fiscalización, cuando hay antecedentes de incumplimiento y de irregularidades en que autoridades y organismos públicos se ven involucrados. En este caso, no existe ningún antecedente de que haya responsabilidades de organismos del Estado, autoridades o funcionarios públicos.	Por lo demás, no me parece adecuado vincular necesariamente los conflictos de las minorías originarias con la ocurrencia de incendios forestales. No está probado; los tribunales tienen el caso en sus manos y debemos esperar su pronunciamiento al respecto.	No está de más señalar que en la Séptima Región, donde casi no hay presencia indígena, ha aumentado en 4.222 por ciento la ocurrencia de incendios forestales. 	De tal modo que, en mi opinión, el camino escogido por el Diputado señor Delmastro para que la Corporación se preocupe de esta importante materia, me parece equivocado y, a mi juicio, lo más adecuado sería pedir que la Comisión de Agricultura se aboque a estudiar la materia y, eventualmente, que se realice una sesión especial para conocer las causales de los incendios forestales y la preocupación del Diputado señor Delmastro de la importancia del sector forestal en la economía nacional, y no vincularlo con los conflictos con las comunidades mapuches, para lo cual la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el encargo de la Corporación de emitir un pronunciamiento, ya que se ha constituido como comisión investigadora del tema.	He dicho.	El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Hernández.	El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, concurrí con mi firma a la presentación del proyecto de acuerdo, escuchando y atendiendo la intención positiva del Diputado señor Delmastro; pero el fin de semana pasado fuimos a uno de los lugares donde hay conflicto entre los indígenas y las empresas forestales y, en verdad, la situación que allí se vive es tan delicada que no sería un aporte a la solución del conflicto indígena que vivimos, que este proyecto de acuerdo se aprobara en los términos en que está presentado.	Valoro la preocupación del Diputado Delmastro por los efectos y consecuencia de los incendios intencionales en la actividad forestal, tan importante para nuestro país. Pero no puedo compartir, por los antecedentes concretos que hoy poseo, la idea de involucrar en este proyecto de acuerdo los problemas que estamos viviendo con nuestras comunidades mapuches.	Por esta razón -repito-, reconociendo la intencionalidad positiva del Diputado Delmastro en la presentación del proyecto, que me llevó a concurrir con mi firma, pero considerando los nuevos antecedentes que hoy tenemos al respecto, voy a votar en contra del proyecto de acuerdo.	He dicho.	El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.	El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- No hay quórum.	En consecuencia, se repetirá la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 4 abstenciones.	El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Alessandri, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Delmastro, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Kuschel, Martínez (don Rosauro), Mesías, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (don Aníbal), Prokurica, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas y Vilches.	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Bustos (don Manuel), Cornejo (don Patricio), Hernández, Jarpa, Ojeda, Olivares, Riveros, Tuma, Valenzuela, Velasco y Villouta.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Ceroni, Letelier (don Felipe), Sánchez y Soto (doña Laura).
      
      INFORMACIÓN SOBRE NEGOCIACIONES CON PEHUENCHES Y SOBRE NUEVOS PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. (Votación).	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Este proyecto de acuerdo tiene que votarse hoy por última vez.	En votación.	Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- No hubo quórum de votación.	Rechazado el proyecto de acuerdo.
      
      REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EXCLUSIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DEL CONOCIMIENTO DE ACUERDOS INTERNACIONALES.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 193, de la Diputada señora González, doña Rosa, y de los Diputados señores Alvarado, Pérez, don Víctor; Delmastro y Orpis:	“Considerando:1.	Que, tal como saben los señores diputados, la Constitución Política de 1980, en su artículo 32, numeral 17, prescribe que los Tratados deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50, número 1º. De lo anterior se concluye que ningún Tratado, Convenio o Protocolo Internacional será promulgado sin que previamente sea sometido a la consideración del Congreso Nacional.	El Congreso Nacional no está facultado para participar en la etapa de las negociaciones de un acuerdo internacional, pero sí lo está para intervenir en las consideraciones previas a su transformación en Ley de la República.2.	Que el pasado día 6 de noviembre de 1998 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto que promulga el Décimo Protocolo Adicional y su Anexo al Acuerdo de complementación económica con Bolivia Nº 22, que amplía el programa de liberación de dicho acuerdo.3.	Que por este acto se ha constituido como Ley de la República un Protocolo Internacional pasándose a llevar lo prescrito por nuestra Carta Fundamental.4.	Que no es la primera ocasión en que este fenómeno se produce, lo que ha provocado que parlamentarios hayan debido presentar requerimientos a este respecto al Tribunal Constitucional.5.	Que en esta ocasión se ha presentado ya un requerimiento al Tribunal Constitucional por el que solicitan se declare la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1.412 del Ministerio de Relaciones Exteriores.6.	Se adjunta copia de la publicación realizada en el Diario Oficial el día 6 de noviembre del presente.	Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:	Con carácter de suma urgencia se solicite al Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza, que informe detalladamente a esta Cámara del porqué de esta medida arbitraria y excluyente respecto del Congreso Nacional, en materia de conocimiento de los acuerdos internacionales que Chile suscribe, antes de que éstos se transformen en Ley de la República”.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el honorable Diputado señor Alessandri.	El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, yo, indudablemente, habría votado a favor del proyecto de acuerdo porque, desde nuestro punto de vista, interpreta la sana doctrina que pretenden defender los diputados firmantes como también lo hicimos aquellos que recurrimos ante el Tribunal Constitucional para que dirimiera esta materia. El hecho cierto es que -como saben los señores diputados- en lo que llamamos un estado de derecho no basta con tener la razón, sino que es necesario que dicho Tribunal la ratifique y, en este caso, él se pronunció contrariamente en un fallo dividido. En consecuencia, me parece que carece absolutamente de objeto seguir impulsando este proyecto.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Queda tiempo para hablar a favor del proyecto.	El señor ULLOA.- Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.	El señor ULLOA.- Señor Presidente, no quiero entrar en el mérito del proyecto de acuerdo. Sólo quiero decir que su Señoría está señalando que queda tiempo para hablar a favor. ¡No! El Diputado señor Alessandri ha hablado claramente en contra. De manera que el tiempo completo -no una parte- que su Señoría debe ofrecer es para hablar a favor.El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Señor diputado, yo ofrecí la palabra para hablar a favor del proyecto y el señor Alessandri me la pidió para hablar en ese sentido.El señor ULLOA.- Señor Presidente, de más está decir que el Diputado señor Alessandri no ha hablado a favor.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.	El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, he expresado que, indudablemente, votaría a favor del proyecto. Asimismo, que, en mi criterio, esto señala la sana doctrina sobre la materia, pero, a mayor abundamiento, he querido ilustrar a la honorable Cámara cuál sería el resultado práctico del proyecto: la nada, porque hay un fallo del Tribunal Constitucional, dictado hace cinco días.	De modo que, desde mi punto de vista, el Diputado señor Ulloa está en un error porque, indudablemente, apoyo el proyecto; pero -repito- también me siento en la obligación de decirle a la Cámara cuál sería el resultado de aceptarlo.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto.	Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.	Tiene la palabra el Diputado señor Ávila.	El señor ÁVILA.- Señor Presidente, de acuerdo con lo que acabamos de oír, no se estaría ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el honorable Diputado señor Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, precisamente, a raíz de la lectura del proyecto de acuerdo iba a hacer la consulta relacionada con el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. El Diputado señor Alessandri ha señalado que hace cinco días dicho Tribunal respondió a ese requerimiento, de tal manera que me parece absurdo votar el proyecto cuando ya existe una resolución. Votaré en contra.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 2 abstenciones.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- No hay quórum.	Se reptirá la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 4 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 2 abstenciones.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- No hubo quórum. Queda pendiente la votación.	Ha terminado la hora de los proyectos de acuerdo.
    
    
    
    VII. INCIDENTESINFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEO. Oficio.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.	Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Ulloa.	El señor ULLOA.- Señor Presidente, hace algunos días tomamos conocimiento público de que la Empresa Nacional de Petróleo, Enap, está cambiando bruscamente su estructura, que se concretaría con la supresión de los directorios de la empresa Petrox, ubicada en Talcahuano, y de la Refinería de Petróleos de Concón, RPC, de Valparaíso, para formar uno compuesto por nueve personas, de las cuales, según informaciones de prensa, cinco serían altos ejecutivos de la Enap y las cuatro restantes, ajenas a la misma.	Desde el punto de vista del término de la autonomía de empresas, tales como las mencionadas, no comparto dicho criterio por no considerarlo razonable. La Petrox ha sido una empresa bien manejada y trabajada, y con un alto rendimiento. No me parece justo que una empresa con estas características tenga que dar paso a una administración distinta y a un directorio que, con seguridad, no estará en la región. Es probable que, en su totalidad, sea de Santiago. En ese sentido, desde el punto de vista de la regionalización, estamos dando varios pasos atrás.	Por ello, con urgencia, solicito enviar oficio al Ministro de Minería, a fin de que nos explique qué está ocurriendo, pues no es una solución razonable ni buena. Por el contrario, es completamente contradictoria, desde el punto de vista de la regionalización y de la autonomía de las empresas, en este caso estatales.	De igual manera, sería bueno manifestarle que nuestra bancada, claramente regionalista, rechaza el término de los directorios regionales antiguos y la composición del nuevo, donde cinco de los directores de la empresa Enap son altos ejecutivos de la misma. Si hablamos de que la función del directorio es velar por lo que hacen los ejecutivos de una empresa, no es posible que, a la vez, sean juez y parte.	Como diputado de Oposición, y por los antecedentes que obran en mi poder, insisto en que la Petrox es una empresa bien manejada. En consecuencia, si está dando muy buenos resultados y es manejada por un directorio de la región, no es equitativa la supresión de éste ni su composición anormal, conformada por altos ejecutivos de la misma empresa.	Por las razones antes expuestas, con urgencia, solicito al Ministro de Minería que nos aclare la situación, la cual, de ser efectiva, debería ser revisada y detenida. Si la respuesta es afirmativa, solicito que la Comisión de Minería se haga cargo del problema, que le sea entregada una información concreta respecto del tema y que, en la práctica, sea desechado, porque es anormal.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.INCREMENTO DE APORTE ESTATAL EN OBRAS PÚBLICAS PARA TALCAHUANO. Oficio.	El señor ULLOA.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero señalar que la comunidad y autoridades, junto con los Diputados señores Van Rysselberghe y Ortiz, hemos pedido al Gobierno que Talcahuano, el primer puerto militar, industrial y pesquero de Chile, cuente con la recepción de una cuota mínima del esfuerzo que aportan sus hombres y mujeres. En términos de producción, dicha ciudad entrega el aporte más alto, después del de la Región Metropolitana, por lo cual creemos que no merece seguir siendo postergada.	Al respecto, desde el año pasado estamos planteando al Ministro del Interior y a otras autoridades del Ejecutivo la denominada “Demanda de Talcahuano”. En ese sentido, a pesar de las restricciones económicas, hemos tenido una respuesta muy aceptable del Ministro de Vivienda. No así del Ministro de Obras Públicas -lo digo con desazón y desaliento-, quien fue informado de la situación y quedó de recibirnos y respondernos, circunstancia que no ha ocurrido, lo que también me parece anormal.	Por ello, pido enviar oficio al Ministro de Obras Públicas a fin de que nos conteste formalmente acerca de la situación y de los proyectos de Talcahuano, anhelados durante tanto tiempo.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de todos los señores diputados presentes en la Sala.RECURSOS PARA CONCLUIR CONSTRUCCIÓN DE COMISARÍA DE CARABINEROS EN TALCAHUANO. Oficios.	El señor ULLOA.- Señor Presidente, en tercer término, en su momento planteamos al ex Ministro del Interior, don Carlos Figueroa, la posibilidad de contar con recursos para terminar la 5ª Comisaría de Talcahuano.	Talcahuano es una de las cinco ciudades más pobladas del país, con casi 300 mil habitantes, y carece de una comisaría en el centro, lo que es anormal. Desde hace más de dos años, tiene un edificio a medio construir, levantado con recursos aportados por la municipalidad y la institución, las que ahora no están en condiciones de seguir colaborando para terminar esta obra tan importante relacionada con la seguridad ciudadana.	Por ello, pido oficiar al Ministro del Interior y al Director General de Carabineros para saber la cantidad de recursos que aportarán este año, a fin de cumplir este anhelo tan importante de contar con esta 5ª unidad policial.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.INFORMACIÓN SOBRE ENTREGAS Y OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES EN SEGUNDA REGIÓN. Oficios.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojas.	El señor ROJAS.- Señor Presidente, quiero pedir el envío de un oficio a la Ministra de Bienes Nacionales respecto de una situación que viene agravando su credibilidad en la Segunda Región y sobre la cual no hemos tenido respuesta. Específicamente, por el uso ilegal de terrenos que viene ocurriendo por parte de autoridades, lo cual hoy ha sido corroborado por la última declaración del seremi de Bienes Nacionales, en la que confirma que algunas autoridades hacen uso ilegal de terrenos.	Más allá de ahondar en esta problemática, de la cual están en conocimiento la Segunda Región y el país, pido enviar oficio a la Ministra de Bienes Nacionales, para que informe, en forma urgente -el año pasado ya se le envió un oficio en este sentido-, sobre los terrenos entregados o preasignados a empresas o personas en el barrio industrial de Mejillones.	A personas naturales o jurídicas se le han entregado terrenos en las zonas altas de Mejillones, donde se va a desarrollar el megapuerto anunciado por el Gobierno. 	Asimismo, que en el oficio se pida indicar a quiénes se han entregado terrenos...	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de su Comité, señor diputado.	El señor ROJAS.- ¿Me permite redondear la petición del oficio?	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Puede hacerlo su Señoría.	El señor ROJAS.- Gracias, señor Presidente. 	Que se indique a quiénes se han entregado terrenos en la zona del balneario Huáscar, Juan López, Hornito y Punta Itata, de Antofagasta.	Además, que el seremi de Bienes Nacionales precise las declaraciones que ha emitido hoy, martes 9 de marzo, indicando las autoridades que hacen uso ilegal de terrenos.	He dicho. 	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios correspondientes, con la adhesión de los Diputados Ulloa, Van Rysselberghe, Delmastro y Fossa.DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. RENUNCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA. Oficio.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del PPD.	Tiene la palabra la señora Laura Soto. 	La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, en el día de ayer, en todo el planeta se celebró el día internacional de la mujer, que se instituyó para conmemorar la lucha de las mujeres por su dignidad y derechos y señalar la importancia de nuestro aporte al desarrollo de la humanidad.	No ha sido tarea fácil que el rol de la mujer en nuestra sociedad sea valorado y se le reconozca su plena capacidad para participar en igualdad de condiciones en la vida laboral y pública.	Son muchas las batallas que han debido darse y no pocos los costos que debieron pagar las mujeres pioneras en lograr la valorización de nuestro rol y dignificación de nuestras personas. 	Gracias a ellas, las mujeres chilenas somos diferentes a las de hace tres o cuatro décadas. Hemos elevado nuestro nivel educacional, participamos más en la vida pública, tenemos plena ciudadanía e ingresamos cada vez en mayor número al mundo del trabajo remunerado. 	Por ello, las mujeres parlamentarias nos congratulamos de estar aportando al perfeccionamiento de nuestra legislación y terminando con todos aquellos enclaves en los cuales se encuentran las raíces profundas de la discriminación. 	Sin embargo, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin referirme a un hecho que, justamente en el momento en que se celebraba el día internacional de la mujer, vino a enturbiar gravemente la grandeza del aniversario. Me refiero a la renuncia de la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, doña María Isabel González, una de las más brillantes ejecutivas con que ha contado este organismo. Durante varios años desempeñó su cargo con eficiencia y dinamismo, con lo cual ganó el reconocimiento y respeto de aquellos que han tenido oportunidad de conocer su trabajo. 	Lo verdaderamente reprochable es la forma en que se precipitó su salida, en medio de una polémica por el alza de tarifas eléctricas, a lo cual ella se oponía, y acusando al Ministro Landerretche de gritarla, insultarla y amenazarla por sostener su posición. 	Ese trato, indigno no sólo para una mujer, sino para cualquier persona, fue el detonante de la renuncia de esta ejecutiva y no cabe más que repudiar públicamente esta actitud, que, de ser efectiva la denuncia, no cabría más que considerarla indigna y matonesca, o bien decir que la sociedad realmente es hipócrita, ya que por un lado celebra el Día Internacional de la Mujer y, por otro, despide a una mujer.	En nuestro país, a las mujeres nos ha costado mucho ganar espacios y conquistar posiciones de poder. Por ello, nos duele aún más que una mujer brillante deba dejar su cargo por expresiones que vulneran su dignidad y su honra. 	En consecuencia, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, hago votos por que la humanidad avance hacia nuevas metas, en donde las relaciones humanas estén basadas realmente en la dignidad, la libertad, la igualdad y el respeto mutuo entre los individuos.	Pido que se transcriban mis palabras al Ministro del Interior, para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza, pues desprestigian al Gobierno y a todos nosotros. 	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio que corresponde, con la adhesión de las Diputadas señorita Antonella Schiraffia y señora María Victoria Ovalle y de los Diputados señores Felipe Letelier, Sánchez, Kuschel, Delmastro, Fossa y Vega. El señor FOSSA.- Señor Presidente, creo que merece un aplauso la señora diputada por su homenaje a la mujer.	-Aplausos.HABILITACIÓN DE APARCADEROS DE CAMIONES. Oficio. 	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Felipe Letelier.	El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, en los accidentes del tránsito -los últimos han causado alarma nacional- hay variadas causas. 	Por un lado, cabe hacer una mayor fiscalización por parte del ministerio del Trabajo, para que, a lo menos, se cumpla el artículo 25 del Código del Trabajo, que establece que ningún conductor de buses puede manejar más de cinco horas continuas.	En general, el problema se achaca al tránsito, pero también toca un aspecto laboral.	Ayer, en el palacio Ariztía, representantes de los gremios me decían que una de las soluciones estaría en el término de las jornadas de trabajo de diez horas o más, porque, de lo contrario, si el conductor gana según el porcentaje y no hay un contrato que le dé estabilidad laboral, los accidentes van a continuar. 	Además, hay otros factores. Por ejemplo, en ninguna carretera hay aparcaderos de camiones. No se trata de un sitio eriazo, sino de uno con baños y agua potable, donde los camioneros puedan lavarse y donde tengan las mínimas condiciones para descansar. 	Por eso, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas, para que informe a partir de qué fecha los camioneros, en las carreteras concesionadas y que están cobrando peaje -la de El Sol, la de Chillán-Concepción y la de Talca-Chillán-, podrán contar con aparcaderos. 	Lo digo así porque en la ley de concesiones se establece que cada ochenta kilómetros debe existir un aparacadero. Además de permitir el descanso del conductor, inspectores y carabineros podrían fiscalizar el vehículo.	He dicho. 	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la Diputada señora Laura Soto y de los Diputados señores Navarro y Sánchez.DAÑOS Y CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Navarro.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como es por todos conocido, la serie de incendios forestales que afectó a la Octava Región -lamentablemente, la mayoría provocados por el hombre- fue devastadora, pues resultaron quemadas más de 20 mil hectáreas. Los seguros ni siquiera alcanzarán a cubrir las enormes pérdidas sufridas por las empresas forestales. 	Comparto el criterio de que la pérdida maderera provoca daños a la economía regional; por lo tanto, deberíamos considerar estos siniestros como un llamado de atención para prevenir que ocurran el próximo año y bajar la creciente tasa de incendios forestales a nivel nacional.	Sin embargo, tal como ocurrió en La Rufina, Sexta Región, hay un aspecto que no ha sido debidamente debatido ni conocido: el impacto y el costo medioambiental de los incendios, es decir, el daño directo que provocan a la biodiversidad, porque cuando se quema el bosque, se queman los animales y también la vegetación de la cual viven los insectos. En definitiva, arrasan con todo y la tierra comienza a morir.	No existe una evaluación que permita determinar con precisión el tipo de amenazas a las cuales estarán expuestas las hectáreas de bosques quemadas en la Sexta y Octava Regiones cuando se desencadenen las primeras lluvias. Expertos han señalado que como en la Octava Región son tan intensas se va a provocar un fenómeno de erosión, principalmente en laderas donde existían cursos de agua que daban vida a diversas comunidades campesinas, especialmente de las comunas de Florida, Hualqui, Copiulemu, que se vieron severamente afectadas.	Pido que se oficie al Gobierno Regional y a la Conama, para que se dispongan fondos que permitan hacer una evaluación y un estudio del impacto ambiental de los incendios ocurridos en la Octava Región en febrero pasado, a fin de determinar las medidas que tanto la autoridad político-administrativa regional como la autoridad nacional medioambiental deberán tomar para mitigar los efectos de los incendios antes de que comiencen las lluvias. Si sumamos ese perjuicio al daño maderero, generaremos un llamado de alerta extraordinario respecto de la necesidad de prevenir los incendios.	Además, que se nos envíe toda la información concerniente al tipo de hectáreas quemadas y al impacto que haya sido posible evaluar hasta ahora respecto de la biodiversidad y el daño directo sobre el recurso suelo.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.IMPACTO AMBIENTAL DE INSTALACIÓN DE SILO EN PARQUE INDUSTRIAL DE SCHWAGER. Oficios.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todo el mundo piensa que Coronel, Octava Región, es una comuna pujante a la cual han llegado muchas empresas. En verdad, no han sido tantas, y las pocas que han llegado no dan todos los empleos que quisiéramos. La llegada de empresas trae aparejado un elemento del cual hoy comienza a tomar conciencia la comunidad: la calidad de vida. 	Pido que se oficie a la Conama y al Servicio de Salud, para que nos informen en detalle sobre el particular y nos envíen copia del estudio de impacto ambiental del proyecto para construir un silo, con transporte en correas a través del puerto, perteneciente a la empresa Cabo Forward, en Coronel, para depositar el coke que alimentará una planta de cemento instalada en el parque industrial Escuadrón -zona industrial definida por el plano regulador en la cual los impactos para la gente son menores y donde deben estar todas las industrias-.	Ahí se ha producido un gran problema. La gente de Schwager está muy inquieta y por ello pido que nos informen en forma detallada acerca de cuáles son los impactos medidos y si hay alternativas para la ubicación del silo que se pretende instalar a 30 metros de los departamentos colectivos de Schwager, pertenecientes en su mayoría a ex mineros.	Señor Presidente, el tiempo que me queda lo cedo al Diputado señor Jeame Barrueto.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención.DISMINUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO COMÚN A MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO. Oficio.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por un minuto, el Diputado señor Víctor Jeame Barrueto.	El señor JEAME BARRUETO.- Señor Presidente, pido que se oficie al Subsecretario de Desarrollo Regional, don Marcelo Schilling, para que informe a la Cámara sobre las causas que motivaron la disminución en 600 millones de pesos del aporte del Fondo Común Municipal a nuestro municipio. Sabemos que se ha producido una reasignación en función de índices, lo cual ha significado reducción de recursos para una gran cantidad de municipios, muchos de ellos de comunas pobres.	Quiero saber cuáles son las grandes mejorías experimentadas en la ciudad de Talcahuano que justifiquen que se haya reducido en un monto tan grande, el más alto del país, el aporte del Fondo Común Municipal a nuestro presupuesto.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo hagan presente y de quien habla, José Miguel Ortiz.CONGRATULACIONES POR NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo que corresponde al Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor Iván Mesías.	El señor MESÍAS.- Señor Presidente, pido que se envíe una nota al señor Juan Larraín González para expresarle nuestras congratulaciones por haber sido nombrado embajador ante las Naciones Unidas, y al Ministro de Relaciones Exteriores, a través del Presidente de la República, por esta designación.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que lo hagan presente.RECUERDOS PERSONALES CON MOTIVO DEL PRIMER AÑO DE LABOR PARLAMENTARIA.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señor Presidente, como mañana finaliza el primer año de mi trabajo como parlamentario deseo compartir con mis colegas la última lección que me entregara mi padre, médico, que hace treinta años fue electo como integrante de esta Corporación. En vísperas de la entrada en vigencia de la actual Constitución dejó su existencia física en la casa que lo cobijara por más de 26 años e inició su viaje hacia lo desconocido.	Además de mi progenitor, mi padre fue mi mejor amigo y ahora comprendo que fue, es y seguirá siendo mi mejor maestro. Fueron excepcionales las largas conversaciones que sostuvimos sobre temas filosóficos. En algunas ocasiones, ante actitudes suyas que me parecían incomprensibles, le preguntaba: ¿Por qué lo haces? Su respuesta era lacónica y sencilla y acompañada de su característica sonrisa: “Algún día lo entenderás”.	Paso a relatar el hecho. Mi padre padeció de leucemia, enfermedad que en un plazo de 18 meses extinguió su vida corporal. Cinco días antes de su muerte presentó una hemorragia digestiva, por lo cual concurrieron a su domicilio nuestros colegas y amigos Isidoro Tohá González, a quien tengo el honor y la difícil labor de reemplazar en esta Corporación, y Héctor Garay Cifuentes, quienes fueron sus médicos de cabecera.	Indicaron su hospitalización, a lo cual mi padre se negó rotundamente y exigió seguir siendo atendido en su habitación por mi hermana Carmen Gloria, enfermera, quien lo asistió hasta el último momento. 	En la víspera, la uremia era de 1.60, lo que indicaba una insuficiencia renal que pudo haber sido tratada con una hemodiálisis. Respetando sus derechos, no se practicó. Entró en inconsciencia al anochecer, falleciendo en la madrugada del día siguiente, 10 de marzo de 1981.	Hoy comprendo que la muerte no es el fracaso de la medicina. Reflexiono sobre la medicina, sobre la salud, sobre el sufrimiento, sobre la vida y la muerte, y entiendo la razón de su existencia. Entiendo que los médicos más que tener la función de sanar, tenemos la de calmar el dolor físico y espiritual; la de transformar la desesperación y angustia, en paz y tranquilidad; la de asistir a nuestros semejantes en los momentos difíciles, incluso en la muerte, con infinita bondad, junto a sus familiares.	Se refuerza en mí el pensamiento de que los seres humanos somos personas con existencia corporal, mental y espiritual. Ahora comprendo que mi padre no deseaba prolongar su existencia en una sala de hospital, conectado a tubos, aunque fuese en el hospital de Chillán, tan querido por él. Su anhelo era permanecer, en su última despedida, en su casa junto a sus familiares. 	Ante ello, me pregunto: ¿los médicos y los familiares, respetamos al enfermo cuando nos esforzamos por prolongar su vida, su agonía, para terminar con una familia a la cual, a su dolor, a su duelo, le adicionamos una considerable deuda económica? Estamos conscientes de que la salud es uno de los problemas más sensibles de nuestra sociedad, donde los recursos se hacen insuficientes; pero nos olvidamos de que hay recursos como los padres, los esposos, los hijos, los hermanos, los familiares y amigos, e integrantes de instituciones intra y extrahospitalarias, cuyo trabajo es de un valor incalculable en el tratamiento de nuestros enfermos, exento de todo costo económico. Esto nos obliga a planificar el uso adecuado de nuestros recursos humanos y tecnológicos, sin olvidar que lo más importante es el enfermo y no las enfermedades.	Hoy sentí la obligación de compartir con ustedes mi emoción y estas ideas, porque, para mí, la medicina es el arte de curar. Quienes laboramos en salud, además de tener los conocimientos científicos, debemos ser artistas, teniendo presente que, de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco.	He dicho.El señor ARRATIA.- Señor Presidente, como médico, comparto y hago mías las palabras pronunciadas por mi colega, Diputado don Carlos Abel Jarpa.DISMINUCIÓN DE APORTE FISCAL PARA SALUD Y DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL EN LA SEXTA REGIÓN. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado don Rafael Arratia.	El señor ARRATIA.- Señor Presidente, con mucha preocupación he recibido la información de los hospitales de la Sexta Región, de que el aporte fiscal correspondiente, en especial al hospital de Santa Cruz, ha sido recortado en forma violenta, esto es, en un sesenta por ciento.	Pedí información a las autoridades correspondientes y se me informó que el presupuesto de Salud para la Sexta Región ha aumentado en un cinco por ciento. Yo pregunto ¿dónde está el dinero? La explicación que se me ha dado es que el aporte fiscal es sólo una parte del presupuesto de Salud de la Región; la otra parte la constituyen los recursos propios que son capaces de generar los hospitales.	¿Qué ha pasado con el hospital de Santa Cruz, si el aporte fiscal ha disminuido un sesenta por ciento, y la autoridad de Salud dice que, en realidad, su presupuesto de Salud ha aumentado? Aquí se ha hecho un supuesto de que este año dicho hospital generará el doble de los recursos privados que el año pasado. 	Un presupuesto de salud no se puede planificar en base a supuestos, menos en un momento de cuasi recesión y tratándose del hospital cabecera de distrito, que da atención médica, en forma directa o indirecta, a ciento ochenta mil habitantes. 	Hoy sólo me queda protestar enérgicamente en nombre de la gente de Santa Cruz, de los funcionarios de ese hospital y del resto de los hospitales y servicios de la provincia de Colchagua y Cardenal Caro.	En consecuencia, solicito al Ministro de Salud, con humildad pero con mucha fuerza, que se reconsidere esta medida arbitraria. La salud en lugares distantes es un elemento muy caro y preciado y no siempre la gente tiene acceso a ella. El Ministro sabe que, antes de asumir su cargo, prácticamente había seis comunas de la provincia de Colchagua y Cardenal Caro donde no había un solo médico para atender las necesidades de la población. Hoy, gracias a Dios, todas tienen médico; pero nada se saca si no tienen remedios o que en un momento determinado los hospitales estén quebrados y empiecen a arrastrar una mochila que los lleve prácticamente a la quiebra.	En nombre de los médicos de la provincia de Colchagua, de Cardenal Caro, de la Sexta Región, formalmente pido al Ministro de Salud que, a través de las autoridades pertinentes reconsidere esta medida que no sólo compromete al hospital de Santa Cruz, sino a muchos otros a lo largo del país.	Desgraciadamente, éste no ha sido el único golpe que hemos recibido. También se nos ha comunicado que el Fondo Común Municipal ha sido recortado en seis comunas, la mayoría de ellas de Cardenal Caro y de Colchagua, que han sido declaradas pobres. Por ello, solicito que estos recursos también sean restituidos. Los recortes deben efectuarlos a las comunas que no han sido declaradas pobres y que se respete a aquellas que están en lugares más apartados.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios correspondientes, con la adhesión del Diputado señor García-Huidobro y de la Diputada señora María Victoria Ovalle, y de todos los demás diputados que lo hagan presentes a la Mesa.DEUDAS DEL FONASA CON HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL DE CONCEPCIÓN. Oficios.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, tengo claro que el primer deber y obligación de los representantes populares es preocuparse de los problemas de sus respectivos distritos.	Uno de los principales problemas que afectan a mi región se relaciona con el Hospital Clínico Regional de Concepción, que cuenta con 1.054 camas y alrededor de 2.300 funcionarios. Pero lo que quiero destacar aquí es que el 80 por ciento de los casos de oncología, de implantes renales, de tratamientos intensivos a niños quemados, de enematooncología, relacionados con cáncer a la sangre y linfático, de la Octava Región, son derivados a este hospital. 	El 18 de junio del año recién pasado expuse aquí este tema y planteé mi preocupación por los problemas de financiamiento que afectaban a ese centro hospitalario. En esa oportunidad, pedí que se oficiara a los ministros de Hacienda y de Salud, a fin de que tomaran las providencias del caso. Debo reconocer que existió la mejor disposición de parte de ambos secretarios de Estado, lo que significó que hoy se encuentre funcionando una comisión a nivel nacional, en la cual participa el director del Servicio de Salud de Concepción, y que se están terminando los estudios para lograr algo que es vital: atención de salud eficiente a todos los chilenos.	¿Cuál es el problema, entonces? Solicité al director del hospital, mediante oficio -las cosas por escrito quedan, las demás se las lleva el viento-, que me informara en detalle, mes a mes, sobre las prestaciones recibidas a través del Fonasa durante 1998.	Pues bien, he quedado sorprendido e impresionado. Antes que nada debo explicar que, por un lado, tenemos el pago asociado al diagnóstico, PAD: se paga la operación pero no los exámenes, hospitalización, etcétera, que son valores considerables, porque Concepción tiene 20 por ciento de asignación de zona. Por ejemplo, por una operación de vesícula se pagan 380 mil pesos, pero resulta que hay más de 2.000 funcionarios, lo que incide en los costos. Hay que recordar que el 75 por ciento del financiamiento del Hospital Clínico Regional de Concepción es por concepto de recursos humanos. Por otro lado, tenemos el pago por prestación, PPP, que es más detallado: la operación, el hemograma, los días de cama, etcétera. 	Para dar un solo ejemplo, en el mes de enero se facturaron 986 millones de pesos y la remesa por concepto de PAD y de PPP fue de 43 millones más. Lo mismo ocurrió en febrero del año pasado: 83 millones más. Pero empezamos en marzo, y por un total de 1.160 millones de pesos en prestaciones, el Fonasa reembolsó solamente 1.026 millones. 	Doy dos cifras finales. En noviembre se facturaron 1.162 millones de pesos, y el Fonasa entregó sólo 958 millones. En octubre, 1.322 millones de pesos, y el Fonasa envió una remesa de 958 millones. En resumen, en 1998, el Fonasa le quedó debiendo al Hospital Clínico Regional de Concepción 1.821 millones de pesos, en circunstancias de que en los últimos cuatro años dicho hospital ha acumulado un déficit de 1.800 millones de pesos. 	Pues bien, a pesar de que nuestro hospital entrega 200 mil atenciones en la policlínica, 200 mil en urgencia, atiende a 40 mil hospitalizados anualmente y practica 25 mil intervenciones quirúrgicas, ¿consideran lógico que el Fonasa se dé el lujo de no entregarle los recursos que corresponden?	¿Por qué digo esto? Siempre he tratado de ser serio en política, y cuando se discutió la modificación del aporte a las isapres, le pregunté al director del Servicio de Salud al respecto, respondiéndome que él pensaba que el Hospital Clínico Regional de Concepción no tenía los funcionarios que se necesitan para que hagan un seguimiento de las prestaciones entregadas. Pero ocurre que es al revés. Primero, junto con mi amigo y colega de bancada, Diputado Edmundo Salas, y después, junto con otros parlamentarios de la región, tuvimos una reunión con todo el personal del hospital, y nos demostraron que el grupo de profesionales que labora allí es excelente y tiene absolutamente al día todo lo relacionado con las prestaciones entregadas a través del Fonasa. Es decir, el director nacional del Fonasa no tiene justificación para lo que está haciendo. Debido a ello, con el Diputado Edmundo Salas -en mi condición de miembro titular de la Comisión de Hacienda-, ayer conversamos el tema con el Director de Presupuestos, señor Joaquín Vial, quien reconoció que el Ministerio de Hacienda traspasaba los recursos pertinentes al Fonasa.	Por lo tanto, pido que se oficie a los Ministros de Salud y de Hacienda, a fin de que instruyan al director del Fonasa para que se ponga al día lo antes posible, porque de lo contrario se causará un grave problema a todos los habitantes de la Octava Región, en especial, a quienes están afectados en salud.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores Jarpa, Salas, Arratia y de todos los diputados presentes en la Sala.PRECISIONES SOBRE ORÍGENES Y CAUSAS DEL CONFLICTO MAPUCHE-FORESTAL MININCO. Oficio.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable Diputado señor Miguel Hernández. Restan siete minutos a su Comité. 	El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, el país entero se ha estado informando a través de los medios de comunicación de la conflictiva situación que se está viviendo en la comuna de Traiguén, Novena Región, originada en los problemas existentes entre la empresa forestal Mininco y las comunidades indígenas.	Diversos parlamentarios de casi todas las bancadas se han estado expresando públicamente sobre la materia y visitando el sector. En ese contexto, junto con los Diputados Sergio Ojeda, Edmundo Villouta y Luis Monge, el domingo recién pasado visitamos la zona de conflicto. 	La verdad es que he querido intervenir hoy día para poner en conocimiento de la honorable Cámara, formal y oficialmente como Diputado de la República, una situación que es francamente lamentable. Estamos en presencia de una zona de nuestro país que se encuentra -por decirlo de alguna manera- en una especie de estado policial. Son más de 200 los funcionarios de Carabineros presentes en el lugar; los caminos públicos están absolutamente controlados y quienes transitan por ellos son diligentemente controlados. Ahora, cuando uno se pregunta por qué se ha producido esta situación, la respuesta es que allí existe un conflicto entre comunidades mapuches y la empresa forestal, y, debido a las dificultades existentes allí, Carabineros de Chile está resguardando el orden público con su presencia. 	Lo lamentable es que, al parecer, la institución está preocupada de defender preferentemente los intereses de la empresa forestal, porque sus funcionarios están viviendo en el campamento que dicha empresa tiene emplazado en el lugar; están trabajando estrechamente vinculados con sus empleados para conseguir el objetivo de resguardar el “orden”, pero formalmente es para permitir que la empresa siga llevando a cabo la explotación que allí realiza.	Pero, además, ¿por qué este hecho de estar en presencia de una zona francamente -quizás el término no sea el correcto- militarizada nos violenta, por lo menos a mí y a los parlamentarios que concurrimos al lugar? Porque el conflicto suscitado entre la empresa forestal Mininco y las comunidades mapuches del lugar se debe a que no hay una convivencia sana en el lugar. Y no digo esto en términos románticos, porque es una realidad. 	Es una serie de hechos que se han venido repitiendo y que están impulsando un conflicto, el cual, si no somos capaces de resolverlo, nadie sabe en qué puede terminar.	Nosotros nos comprometimos con las comunidades indígenas, junto con escucharlos, a atender sus demandas. ¿Qué piden los mapuches? Que se retire la fuerza pública y, en caso contrario, que por lo menos no aparezca involucrada directamente defendiendo a la empresa privada forestal Mininco. Nosotros creemos que los mapuches tienen la razón.	Por ello hemos solicitado al Ministro del Interior que realmente tome cartas en este asunto. ¿Qué solicitan los mapuches? Que la empresa forestal paralice las faenas hasta que se resuelva definitivamente una situación de conflicto por la titularidad del dominio de tierras en ese lugar. De más de mil hectáreas que ahí tiene la empresa, los mapuches reclaman la propiedad de 50 de ellas.	El domingo recién pasado -y lo vimos con nuestros propios ojos-, la empresa ha iniciado la explotación de los árboles que hay en ese lugar. Creo que eso es una burda provocación. Por ese motivo, hemos pedido al Ministro del Interior, al Gobierno, que formalmente solicite a la empresa forestal algún gesto de buena convivencia para iniciar un proceso que signifique la solución del conflicto.	Hoy, en la prensa de la Novena Región, aparecen dos titulares bastante importantes. Uno, sobre los mapuches: “Mapuches lanzan ultimátum. Estamos dispuestos a morir por la tierra”. El gerente de la empresa forestal dice: “No hay petición formal alguna por parte del Gobierno de que nosotros paralicemos las faenas”. ¿Qué demandamos nosotros?: verdadero liderazgo del Gobierno, asumir su responsabilidad y hacerse parte importante en la solución de ese conflicto; pero con una condición que, en lo personal, considero justa. Aquí hay una discriminación clara para defender a los débiles. Más aún, un Gobierno como el nuestro -precisamente, ésa es la voluntad y la razón por la que estamos en él- aparece mandando la fuerza pública para proteger a las grandes empresas. No queremos eso, sino que el Gobierno emplee la fuerza pública para defender los derechos de los mapuches, que diariamente son violentados y discriminados en ese lugar por una actitud prepotente de la empresa forestal Mininco. ¿Qué pedimos al Gobierno? Que inicie acciones de acercamiento que involucren a parlamentarios de todas las bancadas políticas con representación en la Cámara, quienes son los que realmente conocen este tema, para hacer los aportes que correspondan, porque estamos más cerca de esas comunidades y conocemos sus realidades. No pedimos soluciones de parche, como las que hoy hemos conocido a través de los medios de comunicación, en donde se dice, una vez más, que a fin de paliar los efectos de este conflicto se destinarán recursos para financiar programas, entregar becas, subsidios y una serie de cosas que, en definitiva, es como tirar sal al mar.	Queremos que el Estado chileno, nuestro Gobierno, de una vez por todas entienda que los problemas que viven nuestras etnias, que hoy enfrentamos en la Octava, Novena y Décima Regiones, no resisten más soluciones de parche. Es necesaria una gran política de Estado, que la sociedad chilena debe asumir en su conjunto, respecto de cómo enfrentar este problema y dar solución a un grupo importante de chilenos que, históricamente, han sido violentados y discriminados, cuya expresión máxima se manifiesta en las comunidades indígenas donde están focalizadas la pobreza y la marginalidad más grande que se vive en nuestro país.	He querido intervenir hoy sobre este tema, motivado e incentivado principalmente por lo que vimos el domingo recién pasado en la comuna de Traiguén, en el sector de Temulemu, para contarles la verdad a los parlamentarios y decirles que los dirigentes mapuches no quieren sangre, porque no desean que luchemos chilenos contra chilenos; pero debemos entender y asumir la responsabilidad que tenemos en este tema. Las empresas forestales deberán hacer un esfuerzo de buena vecindad con las comunidades mapuches que se encuentran cercanas a sus grandes extensiones de tierra. Nadie les discute este derecho, pero se ha planteado mucho el tema del derecho de propiedad.	Invito a la Cámara de Diputados a tomar conocimiento y conciencia real de esta seria dificultad y del momento crítico que vive nuestra sociedad. Muchos han comparado lo que sucede hoy en Chile con la posibilidad de que se repita lo que aconteció en México hace unos años. No deseo que eso ocurra. Los mapuches también dicen lo mismo: “No queremos un nuevo Chiapas en Chile”. Pero, para que ello no pase, debemos entender cuál es la cosmovisión del mundo mapuche, como asimismo la deuda histórica que nuestra sociedad tiene con nuestros hermanos mapuches y con nuestros indígenas a lo largo y ancho del país.	Por eso, demando y pido modestamente a la Cámara de Diputados que asuma con responsabilidad este tema, y que, formalmente, se solicite, a través de la Mesa de la Corporación, la formación de un grupo de parlamentarios que nos represente y nos dé confianza, a fin de que participe en la mesa de negociaciones que necesariamente deberá existir para proponer al país un solución real a la problemática que viven nuestros hermanos mapuches.	He dicho. 	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vega, Gutiérrez y Ortiz.DISMINUCIÓN DE RECURSOS AL HOSPITAL DE SANTA CRUZ.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- En el turno siguiente, tiene la palabra la Diputada señora María Victoria Ovalle.	La señora OVALLE (doña María Victoria).- Señor Presidente, en primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo con lo expuesto por el Diputado señor Arratia, por lo cual quiero decirle al Ministro de Salud que considero una vergüenza que a los hospitales pobres, que han hecho un esfuerzo de gestión inconmensurable, se les quiten sus recursos. 	Sus Señorías deberían saber cómo era el hospital de Santa Cruz hace un año. No está de más decir, para que el país lo sepa, que durante mi campaña electoral se inició la reactivación de ese hospital mediante la labor que realizamos, con la colaboración de muchos empresarios, para pintarlo, lo cual creó un incentivo que ha permitido que dicho hospital genere recursos propios. Pero, ahora, después que ha salido un poco adelante, con su personal motivado, se le castiga y se le quitan los fondos para continuar su labor.	¿Cómo podrá superarse la atención en salud si a un hospital que está comenzando a surgir le quitan los fondos, lo cual le impedirá continuar con su plan de mejoramiento? Realmente, lo encuentro increíble. Por eso, adhiero a todo lo dicho por el Diputado señor Arratia.ANTECEDENTES SOBRE USO Y MANEJO MUNICIPAL DE LA SUBVENCIÓN DESTINADA A LAS ESCUELAS RURALES DEL DISTRITO 35. Oficio.	La señora OVALLE (doña María Victoria).- Señor Presidente, quiero centrar mi intervención en la educación rural, que me ha causado una tremenda sorpresa.	Al recorrer mi distrito, me he dado cuenta de que la subvención que reciben las municipalidades por las escuelas rurales es, muchas veces, mucho más alta de lo que uno se imagina, por cuanto se regula por la asistencia de los niños a clases. Por ejemplo, una escuela con una asistencia promedio de 23 alumnos recibe, por lo menos, una cantidad cercana a los 900 mil pesos. Estas escuelas, generalmente, tienen un profesor que, a la vez, se desempeña como director; por lo tanto, está bien pagado, ya que debe ganar como 400 mil pesos, y por ser escuela rural recibe una mayor subvención.	Sucede que estas escuelas rurales se encuentran en total abandono. No tienen libros, menos bibliotecas y los muebles se encuentran en precarias condiciones. 	Cuando me he informado que esa escuela recibe un excedente de subvención, alrededor de 500 mil pesos mensuales, les he preguntado a los alcaldes qué hacen con ese dinero, que está destinado a la escuela número tanto y tiene nombre y apellido. Se mete a una bolsa común y el alcalde administra la subvención.	Acabamos de tratar la situación que se ha presentado con las imposiciones impagas de los profesores, la cual coincide con la que existe en las comunas donde funcionan estas escuelas rurales abandonadas, las cuales, a la vez, son las más altas deudoras de imposiciones. Por eso, solicito oficiar al Ministro de Educación porque quiero estar bien informada sobre el monto de la subvención que recibe cada una de las escuelas de Placilla, Chépica, Paredones y Marchigüe, todas del distrito 35, y conocer asimismo el estado material de esos establecimientos, a fin de pedir posteriormente a la Contraloría que realice una fiscalización, porque deseo saber cómo se han invertido esos fondos.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores García-Huidobro, Kuschel, Vega y Palma, don Osvaldo.PETICIÓN DE AUDITORÍA EN MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES. Oficio.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Vega.	El señor VEGA.- Señor Presidente, intervengo esta tarde para denunciar que entre las seis comunas que integran el distrito que represento está la de Cauquenes, en la cual, desde hace bastante tiempo, se ha estado rumoreando acerca de situaciones anómales que estarían ocurriendo en la administración municipal.	Confirma lo anterior un hecho acaecido hace algunos días en el consultorio del barrio Estación. Cuando una funcionaria regresó a su trabajo después de su prenatal y posnatal -es decir, estuvo seis meses fuera de la municipalidad- detectó, luego de una revisión, que faltaban más de tres millones y medio de pesos en leche y alimentos de ese consultorio.	Para que la comunidad esté tranquila, realmente se requiere que la Contraloría revise la gestión administrativa de los tres o cuatro últimos años, porque el alcalde anterior y el actual son la misma persona y han sucedido en ese municipio cosas demasiado graves. Por ejemplo, durante el período pasado, en el mismo consultorio del barrio Estación se desempeñaba como médico el padre del alcalde. Al pasar los meses, nos dimos cuenta de que esta persona estaba jubilada por invalidez, pero la municipalidad mantuvo su contrato hasta que intervino la Contraloría y lo destituyó.	Ahora sucede otra cosa peor. El mismo alcalde contrató como médico jefe del mismo consultorio a un tío ya jubilado, que recién había dejado su cargo de seremi de la Concertación, en Talca, acto que tampoco está respaldado por el Estatuto Administrativo. Si bien es cierto que el señor alcalde dirige la Corporación y hace allí lo que quiere, no es posible que la comunidad quede al margen de este tipo de rumores, que me llegan a diario.	Como son muchas las cosas que han ocurrido y suceden en la Municipalidad de Cauquenes, solicito oficiar a la Contraloría General de la República para que realice una auditoría en todos los departamentos de esa corporación, que abarque los últimos tres o cuatro años.	Como mi visión no es muy buena -por razones que todos mis colegas entenderán-, pido también que se inserte en el acta mi intervención.	He dicho.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se incorporará su intervención en el acta correspondiente y, de acuerdo con su solicitud, asimismo se enviará el oficio en los términos señalados por su Señoría.HOMENAJE A LA MUJER EN SU DÍA INTERNACIONAL.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Osvaldo Palma.	El señor PALMA (don Osvaldo).- Señor Presidente, en nombre de la bancada de Renovación Nacional y en el mío, quiero llamar la atención de todos para rendir un homenaje a la mujer en su Día Internacional, celebrado ayer.	Nada más justo y merecido a este motor creador de nuestra sociedad y formador indispensable de los valores de la familia. Debemos todos abogar por lograr, a la brevedad, igualar verdaderamente sus derechos y dejar atrás esta época de obscurantismo y obtusa discriminación que mantiene desigualdades odiosas que perjudican no sólo a la mujer, sino a la sociedad toda.	En las distinguidas damas parlamentarias que tan destacadamente desarrollan la labor legislativa, personifico este merecido homenaje a cada una de las mujeres de Chile. Tienen ellas, más que muchas, como todos nosotros, la obligación de lograr la igualdad legal y definitiva, que no debe esperar ya más, posponiendo el injusto trato de la sociedad para lograr una igualdad integral. 	Creo bueno destacar que mi partido, Renovación Nacional, tiene con orgullo el mayor número absoluto y porcentual de diputadas y parlamentarias en general. Esto, sin duda, es una muestra, en mucha medida, de evolución, justicia y desarrollo social y político de nuestro partido, necesario de imitar. Considero que nuestra sociedad discrimina tan injustamente en tantas cuestiones en el umbral del año 2000, que deberíamos sentirnos avergonzados por esta falta de evolución e inteligencia.	Nuestros esfuerzos deben sumarse mancomunadamente para conseguir igualdad de acceso y de trato en el trabajo y educación de la mujer, armonizar estos aspectos con jornadas menores e igualdad de salarios, para mantener también su indispensable labor como madres y dueñas de casa, la cual muchas veces deben abandonar y posponer para acceder al trabajo, a fin de obtener los ingresos necesarios para financiar sus necesidades.	Debemos trabajar incansablemente para eliminar y sancionar drásticamente toda violencia contra la mujer. En fin, vaya a cada una de las mujeres de mi patria mi mayor reconocimiento y admiración por su entereza, valor, sacrificio, por ser el pilar fundamental de la familia y de la sociedad chilena. Reciban mis felicitaciones y la adhesión de siempre.	He dicho.AUMENTO DE LA CESANTÍA EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, una vez más quiero expresar mi preocupación por el aumento de la cesantía en el país y especialmente en la mayor parte de las comunas de la Décima Región de Los Lagos.	Estimo que el Gobierno debe activar y retirar las barreras que ha ido creando al ahorro interno a través de tantos impuestos. Ello puede facilitar la inversión en regiones donde no llega la inversión extranjera, que sabemos se orienta a la gran minería y al sector financiero radicado en la zona central.	Reconozco el impacto de la crisis asiática, iniciada a mediados de 1997, pero recién descubierta por el Gobierno en el primer semestre del año pasado.	Señor Presidente, solicito oficiar al Ministro de Hacienda, a fin de que se reactiven mecanismos de ahorro privado y permitir mayor inversión que genere más fuentes de trabajo en regiones.	También pido oficiar a los Ministros de Hacienda, Economía, Defensa, Salud, Agricultura, Interior, Vivienda y Obras Públicas, para facilitar y simplificar la concreción de nuevos proyectos y ampliación de actividades y empresas existentes para crear más empleos.	Solicito que se oficie al señor intendente de la Décima Región y a los alcaldes de la Región de Los Lagos para que colaboren, dentro de las posibilidades que la ley y reglamentos le franquean, en facilitar la inversión de los proyectos en trámite y nuevos, así como propiciar la ampliación o instalación de parques industriales y artesanales donde las condiciones lo permitan.	Como es de nuestro conocimiento, las altas tasas de interés han venido frenando la inversión y la creación de fuentes de trabajo y, en cierta medida, disminuyéndolas. Esto es más claramente visible en la construcción y en la cesantía que sufrimos en esa área.	También la cesantía en el sector de la construcción en mi región se ha visto agravada por la lentitud y atraso en la construcción de viviendas por parte del Ministerio del ramo.	Muchas gracias, señor Presidente.	El señor MESÍAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados.	Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
    
    	-Se levantó la sesión a las 14.50 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.
    
    
    VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica. (Boletín Nº 2254-06).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de reforma constitucional que establece igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. (Boletín Nº 1579-07).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público. (Boletín Nº 2296-18).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.4.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 52 de la Constitución Política de la República, vengo en incluir, entre los asuntos legislativos de los que podrá ocuparse el honorable Congreso Nacional durante la actual 339ª Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas. (Boletín Nº 855-03).	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.5.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 8 de marzo de 1999	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de reforma constitucional de esa honorable Cámara que establece igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con las siguientes modificaciones:Artículo únicoNúmero 1)	Lo ha reemplazado por el siguiente:	“1) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “Los hombres” por “Las personas”, y”.Número 2)	Lo ha reemplazado por el siguiente:	“2) Agrégase, al final del párrafo primero del número 2º del artículo 19, la oración “Hombres y mujeres son iguales ante la ley.”.”.-o-	Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto de reforma constitucional ha sido aprobado, en las votaciones general y particular, con el voto afirmativo de 35 senadores de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 116 de la Carta Fundamental.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1416, de 6 de mayo de 1997.	Acompaño la totalidad de los antecedentes.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.