REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIASesión 36ª, en miércoles 20 de enero de 1999(Ordinaria, de 16.14 a 20.14 horas) Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg, y Pérez Lobos, don Aníbal. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- INCIDENTES VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.I. Asistencia 6II. Apertura de la sesión 9III. Actas 9IV. Cuenta 9-o- - Permiso constitucional 9 - Prórroga de plazo a Comisión especial 9 - Réplica a alusión personal. (Artículo 34 del Reglamento) 9 - Preferencia en el uso de la palabra. Acuerdo de Comités 10-o-V.Orden del Día. - Informe de la Comisión especial investigadora sobre créditos otorgados a retornados 11 - Salvaguardias a distorsiones de precios de las exportaciones. Primer trámite constitucional 38VI.Incidentes. - Procedimiento de salvaguardias para productos nacionales 52 - Homenaje a don Jorge Rabié Davani, recientemente fallecido 55 - 28º Foro Internacional de Leones de América Latina y el Caribe, realizado en Concepción 56 - Declaración de zona de catástrofe a la Séptima Región. Oficio 57 - Conflictos entre empresas forestales y mapuches. Oficio. 58 - Reconocimiento por labor del Intendente ante problemas de sequía en la Región Metropolitana. Oficios 59 - Alcances sobre actitud de diputados frente a iniciativa de eliminación del impuesto al lujo 59 - Condolencias por fallecimiento de periodista José María Navasal. Oficio 60 - Antecedentes sobre retiro de rejas de protección en condominios y pasajes ciegos de la comuna de La Florida. Oficio 60 - Antecedentes sobre sumario por sustitución de fármacos. Oficio 61VII.Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones:-De la Comisión especial constituida para analizar las actuales características de la televisión chilena, por la cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para prorrogar en 60 días el plazo para entregar su informe.-Del Diputado señor Díaz, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 1 de febrero del año en curso, para dirigirse al Medio Oriente. 2. Oficios: -De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual comunica la distribución geográfica de los juzgados establecidos en el proyecto que reforma el Código Orgánico de Tribunales, para que los señores diputados, si lo tienen a bien, hagan las observaciones que estimen pertinentes (boletín Nº 2263-07).Contraloría General de la República-Del ex Diputado señor Arancibia, investigación por adquisición de terreno por la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama S.A.-Del ex Diputado señor Munizaga, investigación recursos asignados al I.N.J. de Coquimbo.Ministerio del Interior-Del Diputado señor Villouta, autonomía municipal en materia de gastos en cursos y seminarios. -Del Diputado señor Moreira, distribución de protección personal a autoridades entre Carabineros y Policía de Investigaciones.-Del Diputado señor Jiménez, engaño causado por los Institutos “Francisco Bilbao” y Aspro. Ministerio de Educación-Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, disposición de recursos para establecimientos educacionales de la provincia de Talca.-Del Diputado señor Jiménez, irregularidades cometidas por los Institutos “Francisco Bilbao” y Aspro.Ministerio de Defensa Nacional-Del Diputado señor Navarro, estadística de accidentes de tránsito en la comuna de Coronel. -Del Diputado señor Alessandri y Diputadas señoras Lily Pérez, Rosa González y María Victoria Ovalle, situación económica del personal de Carabineros de Chile.Ministerio de Obras Públicas-Del Diputado señor Recondo, pavimentación camino Puerto Varas-Alerce-Puerto Montt, Décima Región.-De los Diputados señores Urrutia, Núñez, Ortiz y Diputada señora Marina Prochelle, proyecto embalse Chironta, complejo fronterizo en Chungará y ruta costera Arica-Iquique. -Del Diputado señor José Antonio Galilea, vecinos agricultores Ruta 5 Sur, sector Pailahueque-Inspector Fernández, Novena Región.-Del Diputado señor José García, registro de la comunidad de aguas Canal Itinento, comuna de Temuco.-De los Diputados señores Correa y Delmastro, contrato mejoramiento Ruta J-60 sector Puente Lautaro-Iloca, Séptima Región.-De los Diputados señores Joaquín Palma, Vega, Delmastro, Ortiz, Villouta, René García y de la Diputada señora Eliana Caraball, paso Agua Negra, Sexta Región.-Del Diputado señor Kuschel, cuadro estadístico de recaudación y pasada vehicular por las plazas de peaje del país, Regiones Primera a Duodécima y Región Metropolitana. -Del Diputado señor Navarro, estado de proyectos presentados por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores de Caleta Lirquén, Octava Región.-Cuadro resumen de oficios emitidos en el mes de diciembre 1998 a autoridades en general.Ministerio de Vivienda y Urbanismo-De la Corporación, adopción de medidas tendientes a fiscalización cumplimiento art. 2.2.8 del DS. 47/82. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-De los Diputados señores Kuschel, Delmastro, Bertolino, Pablo Galilea, suspensión de proyectos por crisis asiática.-Del Diputado señor Vilches, servicio casilla de voz gratuita ofrecida por CTC S.A.Ministerio de Planificación y Cooperación-De los Diputados señores Krauss, Seguel, Gutiérrez, Reyes, Leal, Dittborn, Joaquín Palma, Andrés Palma, Riveros, Velasco, Salas, Ascencio, Kuschel, Álvarez-Salamanca, Pablo Galilea, Ortiz, Fossa y Diputada señora Eliana Caraball, apoyo del Gobierno y sus organismos a la Teletón.Municipalidad de Concepción-Del Diputado señor Ávila, juicios del Diputado señor Van Rysselberghe con esa Municipalidad.Municipalidad de Puerto Montt-Del Diputado señor Kuschel, proyecto de agua potable rural en esa comuna.Comisión Nacional de Energía-De las Diputadas señoras Rosa González y Eliana Caraball y de los Diputados señores Delmastro y Errázuriz, diversas materias relativas a esa Comisión. I. ASISTENCIA-Asistieron los siguientes señores Diputados: (94)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Allende Bussi, Isabel PS RM 29Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caminondo Sáez, Carlos RN X 54Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Cornejo González, Aldo PDC V 13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García Ruminot, José RN IX 50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42Longton Guerrero, Arturo RN V 12Longueira Montes, Pablo UDI RM 30Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Pareto González, Luis PDC RM 20Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Pollarolo Villa, Fanny PS II 3Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soria Macchiavello, Jorge PPD Y 2Soto González, Laura PPD V 14Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Venegas Rubio, Samuel IND V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Asistieron, además, el Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat, y el Secretario General de la Presidencia, señor John Biehl del Río.' II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 16.14 horas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 29ª se declara aprobada. El acta de la sesión 30ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker. El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, se ha dado cuenta de un oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual se comunica la distribución geográfica de tribunales de acuerdo con el proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales. Copia del informe tenemos los miembros de dicha Comisión, obviamente, y sugiero que se haga llegar al resto de los señores diputados. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En la Cuenta se dice que están a disposición de todos los señores diputados, y la Mesa se asegurará de que así se haga. Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Diputado Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, sobre el mismo punto que planteó el Diputado señor Ignacio Walker, no entendí bien si se acogió la propuesta de que nos distribuyeran a todos un ejemplar. De lo contrario, me sumo a su petición. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- La Mesa ha dicho que así se hará, señor diputado.PERMISO CONSTITUCIONAL El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para conceder permiso constitucional al Diputado señor Eduardo Díaz para ausentarse del país por más de 30 días. ¿Habría acuerdo? Acordado.PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga solicitada por la Comisión Especial de Televisión. ¿Habría acuerdo? Acordado.RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Artículo 34 del Reglamento). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En virtud del artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Núñez, hasta por cinco minutos. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, había estimado no conveniente hacer uso del derecho a réplica que tengo al ser ofendido o afectado, pero ya no es posible seguir soportando esta situación. La Diputada doña Rosa González ha señalado en el diario “La Estrella” de Arica, del 15 de enero, que el diputado que habla no tiene calidad moral para criticar las acciones que se realizan en Arica. Quiero señalar que acepté la responsabilidad de secretario ejecutivo del Comité Interministerial para el desarrollo de Arica y Parinacota, por petición expresa del Presidente de la República, cuando trabajaba en el sector privado. Durante 3 años y 5 meses hice lo que estuvo a mi alcance para ayudar a resolver los problemas de la zona. El hecho de ser riguroso y serio para enfrentar las dificultades como médico no significa que uno critique a las personas; sólo señala las características de los individuos o de la sociedad. Provengo de una familia muy humilde. He tenido muchos cargos de responsabilidad en mi vida: he sido dirigente sindical, político, presidente de junta de vecinos, intendente, a toda honra y honor, del Presidente Aylwin durante 4 años; diputado, no por la ciudad en que vivo, sino por otro distrito, con la primera mayoría por voluntad de los militantes de la Democracia Cristiana, y no estoy dispuesto a seguir aceptando que la pasión por defender a una ciudad lleve a la crítica sin fundamento. Por eso, uso esta tribuna. Represento a un sector importante del pueblo chileno; soy hijo de obrero; me enorgullezco de serlo, y he creído, a pesar de todas las dificultades y defectos que tengo -como todo ser humano-, que he tratado de hacer bien las cosas en mi vida. He dicho. -Aplausos.PREFERENCIA EN EL USO DE LA PALABRA. Acuerdo de Comités. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Informo a la Sala que en reunión de los Comités, por unanimidad se acordó acceder a la petición del Ministro de Hacienda de usar de la palabra al comienzo de la sesión, en relación con el punto 2 de la Tabla, que se refiere al proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 18.525, sobre distorsiones de precios en las importaciones, para establecer un procedimiento de salvaguardias conforme al acuerdo de Marrakech. Al término de su intervención, se suspenderá la sesión para una reunión de Comités y se reiniciará con el punto 1 de la Tabla. En virtud de lo señalado, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat. -El texto de la intervención del Ministro de Hacienda figura en la discusión del proyecto respectivo. El señor MORA.- Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de Reglamento. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor MORA.- Señor Presidente, solicito autorización para que la Comisión de Minería y Energía, que tiene a su cargo la comisión investigadora sobre la crisis energética, pueda reunirse hoy y sesionar mañana, en forma paralela con la Sala, desde las 10.30 horas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por el Diputado señor Mora. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. El señor MORA.- Cuestión de Reglamento, señor Presidente. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor MORA.- Señor Presidente, acabo de conversar con el diputado que se opuso a que la Comisión de Minería y Energía funcionara simultáneamente con la Sala y está dispuesto a dar su asentimiento. Por tanto, solicito recabar nuevamente la autorización de la Sala para estos efectos, pues se trata de despachar oportunamente un trabajo encomendado por ésta y de entregar al país la respuesta que está esperando. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Por última vez, solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Minería y Energía funcione en paralelo con ella. No hay acuerdo. V. ORDEN DEL DÍAINFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE CRÉDITOS OTORGADOS A RETORNADOS. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados para retornados bajo el amparo del Convenio de cooperación financiera con Alemania. Para su tratamiento, el Diputado informante, señor Jorge Soria, dispondrá de hasta 20 minutos, y los distintos comités parlamentarios, del tiempo que se indica en la Tabla. Antecedentes: -Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 23ª, en 1 de diciembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 7. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Soria. El señor SORIA.- Señor Presidente, mediante el proyecto de acuerdo Nº 534, de 2 de julio de 1997, patrocinado por los Diputados señores Guillermo Ceroni, Francisco Huenchumilla, Homero Gutiérrez, Felipe Letelier, Juan Masferrer, Pedro Muñoz, Jorge Soria, Eugenio Tuma, Salvador Urrutia y Edmundo Villouta; las ex Diputadas señoras Romy Rebolledo y Martita Wörner, y los ex Diputados señores Octavio Jara, Sergio Morales y Vicente Sota, se dio origen a una comisión especial investigadora para evaluar e informar a la honorable Corporación acerca de si el Convenio de cooperación financiera destinado a fomentar la reinserción económica y social de exiliados chilenos que han retornado al país, celebrado entre la República Federal de Alemania y la República de Chile, en el mes de octubre de 1990, ha sido aplicado y se han llevado a efecto los programas en él contemplados por parte de los organismos públicos encargados de su implementación, conforme al espíritu y objetivos que se consideraron para su suscripción.Conclusiones y proposiciones aprobadas por la Comisión:Consideraciones generales. De los antecedentes recopilados por la Comisión y de las declaraciones formuladas por los abogados invitados, resulta evidente que hubo una clara transgresión de la Constitución Política de la República. Concretamente, se vulneraron los números 7) y 8) del artículo 60, el que establece cuáles son las materias propias de ley. Los números 7) y 8) se refieren a las exigencias constitucionales tanto para contratar empréstitos como para comprometer “la responsabilidad financiera del Estado”. Se constató que los organismos del Estado encargados de dar cumplimiento a la normativa que pone en vigencia un convenio no advirtieron que se necesitaba la aprobación del Congreso Nacional ni tampoco que debió dictarse una ley de quórum calificado, puesto que la contratación de este empréstito implicaba la garantía formal del Estado. Es sorprendente que el organismo ejecutor de los dineros, que en el caso de nuestro país fue el Banco del Estado de Chile, a través de su fiscalía, no haya reparado en que no se dio cumplimiento a un trámite necesario para considerar el convenio incorporado al orden jurídico nacional. En el ámbito de la gestión encargada al Banco del Estado de Chile, existe una contradicción entre los términos del convenio y su aplicación práctica, que no se ajusta al objetivo social. El crédito otorgado por el gobierno alemán con fines sociales ha sido administrado por el Banco del Estado con fines estrictamente comerciales, lo que ha derivado en el fracaso de la gran mayoría de los proyectos. Basta recordar que el convenio establece que el crédito tiene un plazo de treinta años, con un plazo de gracia prorrogable por diez años, y una tasa de interés del 2 por ciento anual. El Banco del Estado no ha otorgado ningún crédito a más de ocho años plazo y no ha aplicado tasas del 2 por ciento anual, ya que la establecida equivale al 75 por ciento de la tasa de interés promedio, más dos puntos. El crédito tenía dos partes: 10 millones de marcos alemanes para ser facilitados, y 9 millones de marcos alemanes, no reembolsables a Alemania, destinados a la asesoría técnica para el manejo de la inversión y el aprovechamiento del crédito. A juicio de la Comisión, los 9 millones de marcos alemanes no fueron utilizados de la manera prevista en el convenio. El Banco del Estado de Chile entregó en forma arbitraria, sin llamar a licitación, 4,5 millones de marcos alemanes a la Fundación de Asistencia al Retornado, Faret, entidad que según estableció su primer presidente, el señor Luciano Fouillioux, se creó para asistir al Gobierno en estas materias. La función que debió cumplir la Faret era entregar asesorías contables, seguimiento de proyectos, etcétera. Según testimonios escuchados por la Comisión y declaraciones juradas de retornados acogidos al programa a lo largo del país, ellos ni siquiera conocían la existencia de esa entidad. Consta en la Comisión el documento tripartito firmado entre el Banco del Estado de Chile, la Fundación de Asistencia al Retornado y la Oficina Nacional de Retorno, donde se establece el monto de los dineros derivados a la Fundación de Asistencia al Retornado, en qué debían utilizarse y los acuerdos de fiscalización por parte del Banco del Estado de Chile del uso de los mismos. Además, existen dos documentos enviados por el subgerente de créditos a retornados del Banco del Estado de Chile al presidente de la Faret, que dejan de manifiesto que no se cumplió con los plazos para efectuar las rendiciones de cuentas, que faltaban documentos que avalaran el gasto de dineros y que no se aclaró el objetivo de la misteriosa oficina de la Fundación de Asistencia al Retornado en la embajada chilena en Argentina, la única abierta en el extranjero. Según el señor Fouillioux, cumplió con repatriar ciudadanos chilenos que residían en Argentina en calidad de exiliados, función que correspondía a la Oficina Nacional de Retorno y no a dicha fundación. La duda respecto de esta oficina no sólo es convicción de la Comisión, sino que también del banco alemán, según consta en carta dirigida al Banco del Estado de Chile. La visita a la Comisión del presidente de la referida Fundación no sirvió para aclarar cómo se gastaron los dineros. Tampoco contribuyó a esclarecer los hechos la documentación entregada por el Ministerio de Justicia. Basta recordar que en dos ocasiones fue invitada a la Comisión la Ministra señora Soledad Alvear, quien no concurrió en ninguna de las dos oportunidades. Fue reemplazada por el Subsecretario de Justicia, señor José Gómez, quien se comprometió abiertamente a enviar toda la documentación que, según los estatutos de la Fundación, obraban en manos de ese ministerio. Irrisoriamente, se hizo entrega de una supuesta auditoría donde sólo se nombran los ítem en que se gastaron los dineros y el valor de cada uno de ellos, sin especificar quiénes fueron los beneficiarios ni cuántos de ellos asistieron a charlas, seminarios o recibieron asistencia técnica y psicológica. Se proporcionó una vaga información, razón por la cual la Comisión estima que no existe justificación del gasto de los 4,5 millones de marcos alemanes. De igual manera, el Banco del Estado de Chile, amparado en el secreto bancario, no dio cuenta del gasto de los otros 4,5 millones de marcos alemanes que, según justificara el mismo banco, se habrían utilizado en el fondo de garantía y asesorías. Existen serias dudas sobre la utilización de los 1,8 millones de marcos alemanes en el fondo de garantía, puesto que en la Corporación Nacional de Retornados aún no hay conocimiento de un solo caso que se beneficiara con este fondo. Además, el Banco del Estado de Chile no contestó a la Comisión cuáles fueron los requisitos o los criterios empleados por el banco para entregar el fondo de garantía ni quiénes se beneficiaron con él. Tampoco quedó en claro cuáles fueron las asesorías pagadas, pues, según documentos entregados por algunos retornados, ellos mismos pagaron las asesorías y los estudios de factibilidad de los proyectos. Inclusive, el Banco del Estado supuso, en forma atrevida y ofensiva, que los retornados eran zombis, puesto que no conocieron sus proyectos. Ello porque no se les permitió quedarse con copia de ellos una vez que fueron aprobados. Los testimonios escuchados en la Comisión son verdaderamente dramáticos. La mala aplicación del convenio, que se apartó del espíritu social o, mejor dicho, que el Banco del Estado de Chile aplicó en términos comerciales, ha derivado en dos suicidios y en dos muertes por infarto. Ya son cuatro las víctimas de este programa de reinserción social, sin contar la cantidad de retornados que han perdido todos sus bienes y ahorros o quienes, como consecuencia de la persecución judicial, han visto afectada su salud y deteriorada su convivencia familiar. Este drama ha destruido hogares, puesto que muchos de ellos se han visto en la obligación de enviar a sus hijos a los países que años atrás los acogieron, para que sigan estudiando y en el futuro no sean los herederos de sus deudas, ya que ni siquiera se contempló en los créditos un seguro de desgravamen. La Comisión hace presente que el Banco del Estado de Chile no tuvo voluntad para aportar información ni para buscar soluciones, y mostró una posición inflexible y poco humana ante este grave problema. Amparado en la ley de bancos y en el secreto bancario, no hizo entrega de las listas de beneficiarios del crédito ni tampoco proporcionó documentación que estableciera cómo se gastaron los 9 millones de marcos alemanes donados por el gobierno alemán. Se hace constar que ante propuestas de los afectados para renegociar sus deudas o evitar el remate de sus bienes, el banco optó por rematarlos muy por debajo de los valores ofrecidos. De igual modo, se hace presente que la Fundación de Asistencia al Retornado elaboró, en 1992, un estudio de factibilidad de los créditos a retornados, cuya conclusión estableció en forma tajante que muchas de las personas que optaron por los créditos en los términos comerciales implementados por el Banco del Estado de Chile iban directamente al fracaso, lo cual involucró no sólo sus bienes, sino que también los de los familiares y amigos que avalaron los proyectos. Este estudio no fue difundido por la Faret a los retornados, en circunstancias de que su misión consistía en asesorar y ayudar a los exiliados que retornaban al país. No cumplió su misión de asistirlos. ¿Por qué la Faret encomendó un estudio de factibilidad de los créditos? ¿Por qué dicho informe no fue difundido? ¿Por qué el señor Fouillioux estableció ante la Comisión, en forma tan liviana e irresponsable, que se quedaron con el informe los profesionales que lo elaboraron? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Entonces, ¿cuál es la razón de haber pagado un informe que no se dio a conocer? Esto indica que la motivación de la Fundación de Asistencia al Retornado no tenía como fin la asistencia a personas que regresaban al país, como su nombre lo indica, sino que administrar los dineros aportados por el Banco del Estado de Chile. Por ese motivo no hizo valer los estudios encomendados, puesto que como lo indicó su presidente, eso significaba el término de los aportes financieros por parte del banco. Se hace constar que la Comisión cursó cuatro invitaciones al Ministro del Interior, señor Raúl Troncoso, sin que concurriera a ninguna de ellas. Su presencia era importante, por cuanto se desempeñaba como director del Banco del Estado en el momento en que se cursaron los créditos. Por lo tanto, creemos que su colaboración pudo haberse constituido en un valioso aporte en favor del esclarecimiento de los hechos investigados.Conclusiones Con el fin de determinar las responsabilidades de las personas que ocupan cargos por una decisión política, se identifican tres etapas en donde éstas ocurren. a) No haber sometido el convenio a la aprobación del Congreso Nacional. El convenio aludido, como lo expresara el abogado señor Clodomiro Bravo, fue suscrito dentro del contexto de un convenio de colaboración, celebrado con antelación entre los Gobiernos de Chile y de Alemania. Dicho convenio era de cooperación económica y técnica entre ambos países. Para su vigencia fue menester aprobarlo conforme al procedimiento constitucional. En consecuencia, el convenio primitivo se ajustó a las normas constitucionales, tal como lo señala el decreto promulgatorio del 9 de octubre de 1969. La aprobación del convenio se realizó bajo el amparo de la Constitución de 1925. En virtud del inciso segundo del número 1) del artículo 50 de la Constitución Política de la República de 1980, que señala: “Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias de ley”, se suscribió un nuevo convenio entre los Gobiernos de Chile y de Alemania, el que, en esencia, tiene por objeto otorgar financiamiento mixto, de los gobiernos mencionados, para facilitar la reinserción social y laboral de exiliados. Si analizamos el nuevo convenio, llegamos a la conclusión de que contiene materias que son propias de ley, como lo establece el número 4 del artículo 2º del convenio, que indica: “El Gobierno de la República de Chile garantizará el reembolso de este préstamo”, lo que significa que el Estado de Chile asume la responsabilidad de reembolsar estos valores. Bajo estas circunstancias, el abogado señor Enrique Schilling expresó que “se ha aplicado una norma absolutamente fuera de contexto legal, con lo que se rompe la estructura vertebral de la Constitución Política, porque esto era materia de ley, y por lo tanto, no era cosa de amarrarse de una ley de 1969 que, de paso, no tiene vinculación alguna con el convenio básico de cooperación económica y técnica”. El móvil de este convenio difiere absolutamente del firmado en 1969, puesto que el convenio actual fue suscrito con el propósito de repatriar a ciudadanos chilenos que fueron exiliados, lo que se aleja bastante de la realidad que se vivía en el año 1969, durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, donde ni siquiera se pensaba que el exilio sería parte de nuestra realidad como país. También se destaca que la Corporación Nacional de Retornados inició un juicio en el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, en el cual solicita la nulidad de derecho público del referido convenio. Cabe hacer presente que existen dos convenios en iguales términos firmados con Alemania: uno, sobre cooperación financiera para el proyecto de rehabilitación de hospitales, y otro, sobre cooperación financiera con posibilidad de obtener créditos de bancos alemanes con garantía; el primero, de fecha 21 de octubre de 1991; el segundo, de fecha 3 de agosto de 1990. Ambos fueron enviados al Congreso Nacional con fecha 6 de enero de 1993 y publicados en el Diario Oficial en el mismo año. Entonces, basta preguntarse ¿por qué el convenio que dio origen a los créditos para los retornados no fue ratificado por el Congreso Nacional? La Comisión concluye que existen actuaciones que configuran responsabilidades. Si bien el Presidente de la República puede suscribir acuerdos y tratados binacionales, no es menos cierto que existe una entidad encargada de tomar razón, como es la Contraloría General de la República, la que debió advertir que este convenio importaba materias de ley, en cuanto comprometía el patrimonio del Estado.b) Responsabilidad del Banco del Estado de Chile. El gobierno alemán hace un aporte de nueve millones de marcos alemanes, no reembolsables, que ingresan directamente al patrimonio del Banco del Estado de Chile y éste decide, en forma arbitraria, traspasar cuatro coma cinco millones de marcos alemanes a la Fundación de Asistencia al Retornado, entidad privada, transgrediendo su propia ley orgánica. Es decir, el banco utilizó los dineros en fines distintos de aquellos para los cuales fue encomendado por el mismo convenio. Este proceder, según lo establecido por el abogado constitucionalista señor Gustavo Cuevas Farren, “es tipificado en el ámbito público como malversación de fondos”. Agregó que “la responsabilidad recaería en el Presidente del Banco, don Andrés Sanfuentes, y en forma solidaria en el directorio que lo acompaña”, criterios que comparte vuestra Comisión. La Comisión debe aclarar que el señor Andrés Sanfuentes ha establecido que los cuatro coma cinco millones de marcos alemanes fueron entregados a la Fundación de Asistencia al Retornado a través de un acuerdo tripartito entre el banco, la ONR y la Faret, acuerdo que fue autorizado por el banco alemán. Sin embargo, el banco alemán, a través del encargado de negocios de la Embajada de Santiago, respondió por medio de un oficio, que fue el Gobierno de Chile el que solicitó el traspaso de estos fondos a la Fundación de Asistencia al Retornado. Esto genera una gran contradicción. Pese a ello no se exime de responsabilidades al Banco del Estado, dado que, de haber sido el Gobierno el que pidió el traspaso de fondos, éste se debió haber hecho a través de una licitación pública. En caso contrario, si fue el Banco del Estado de Chile el que hizo el traspaso, incurrió en una vulneración de su propia ley interna, que no le permite hacer donaciones. Cabe destacar una serie de irregularidades en las que incurrió el Banco del Estado de Chile, a saber:1. Otorgar créditos por un monto mayor al permitido, de acuerdo con el contrato de crédito con el banco alemán.2. Omitir la experiencia laboral o profesional requerida para la aprobación del proyecto de acuerdo con el contrato de crédito con el banco alemán.3. No entregar copia de los proyectos a los beneficiarios.4. Aprobar proyectos que no alcanzaron a funcionar, porque el banco rebajó los montos del crédito durante su ejecución.5. Imputar el costo de las asesorías a los propios beneficiarios, existiendo recursos especiales para ello.6. Proporcionar información incompleta a los presuntos beneficiarios, ocultándoseles la relativa a los acuerdos del Banco del Estado de Chile o a las normas dictadas con el objeto de conseguir los créditos. En opinión de esta Comisión -exceptuando al Diputado señor Jaime Rocha, quien votó en contra de esta indicación-, queda abierta una interrogante: ¿por qué el Gobierno nombró como organismo ejecutor del convenio al Banco del Estado de Chile, siendo que éste actuó como entidad privada? Se supone que ambos gobiernos nombraron como organismos ejecutores del convenio a los bancos estatales. De no ser así por parte de Chile, entonces, ¿por qué el Gobierno no licitó estos créditos? ¿Qué argumentos esgrimió el Gobierno para entregar en forma arbitraria estos dineros a la administración del Banco del Estado de Chile? En suma, cabe concluir que el Banco del Estado de Chile y el Gobierno no tuvieron la voluntad efectiva de cooperar con esta Comisión.c) Responsabilidades de la Faret. La responsabilidad que le cabe a la Fundación de Asistencia al Retornado es no haber cumplido con los fines que le fueron encomendados. Es así como una parte mayoritaria de los retornados no reconoce asesoría alguna realizada por esa entidad. Es más, ni siquiera tenían conocimiento de su existencia. Por otro lado, es responsable de no haber advertido a los retornados acerca del grave problema que se generaría si optaban a los créditos en los términos comerciales establecidos por el Banco del Estado de Chile. Una de las responsabilidades más graves que debe asumir el Presidente de la Fundación de Asistencia al Retornado, señor Luciano Fouillioux, y su directorio, es responder ante los organismos competentes en qué se gastaron los cuatro coma cinco millones de marcos alemanes que le fueron entregados por el Banco del Estado de Chile, puesto que la versión entregada por el señor Fouillioux a la Comisión fue insuficiente, quedando en claro, en definitiva, la descuidada y negligente administración y distribución de los dineros.d) En virtud de los antecedentes recopilados, la Comisión acuerda remitirlos a los tribunales de justicia, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto de que se determinen las responsabilidades que correspondan. La gravedad de los hechos investigados por esta Comisión compromete directamente la credibilidad y la gestión de personeros de gobierno, del Presidente y directores del Banco del Estado de Chile y del Presidente y directores de la Fundación de Asistencia al Retornado, Faret, que ha causado un daño moral, psicológico, social y económico a cientos de compatriotas que decidieron volver a su patria, el que en algunos casos ha terminado en forma trágica: suicidios y muertes por infarto. También ha provocado que los afectados hayan perdido todo su patrimonio, dejándolos en la ruina, y ha dañado, asimismo, a terceras personas que, con buena voluntad, aportaron sus bienes como avales para ayudar a la reinsersión. Por otra parte, el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Política de la República al omitir el trámite de ley que correspondía a la aprobación del convenio. Se transgredieron los preceptos constitucionales señalados con anterioridad. Como lo dijera el abogado constitucionalista señor Gustavo Cuevas Farren, “existió garantía estatal; por lo tanto, importaba materia de ley, por lo que, indiscutiblemente, el convenio debió haber sido sometido a la aprobación del Congreso Nacional”. En el seno de esta Comisión existe la íntima convicción de que la seguidilla de irregularidades que acontecieron desde el día en que se firmó el convenio no son producto de meras coincidencias, negligencias o casualidades, por lo que reafirma su decisión de poner en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado los antecedentes recopilados en la investigación y de denunciar los hechos investigados -los que podrían revestir el carácter de delito- ante los tribunales de justicia.e) El Banco del Estado de Chile no pudo ser fiscalizado por esta Comisión, por haberse amparado sus personeros en la ley orgánica de dicha entidad bancaria -decreto ley Nº 2079, de 1979-, que establece que prevalece la legislación aplicable a las empresas bancarias y demás disposiciones que rijan al sector privado. Y, además, en razón de que -como lo argumentó el presidente de la entidad bancaria-, la legislación bancaria la somete a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Sin embargo, el inciso primero del artículo 299 del Reglamento de la Corporación establece que “las comisiones investigadoras podrán citar a los funcionarios de los Servicios de la Administración del Estado, de las personas jurídicas creadas por ley o de las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital,...”. ¿No es acaso el Banco del Estado de Chile una empresa en que el Estado tiene representación y aportes de capital? El Banco del Estado de Chile, como su nombre claramente lo establece, es del Estado, por lo que debe someterse a la fiscalización de la Cámara de Diputados, en este caso específico, en cuanto administra dineros que han ingresado a las arcas fiscales a través de un acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Chile y de Alemania.Proposiciones. Dentro de las atribuciones que le competen a la Cámara de Diputados se encuentra claramente establecida la facultad fiscalizadora. El inciso primero del artículo 298 del Reglamento de la Corporación establece que “Las Comisiones Investigadoras podrán citar a los Ministros de Estado si sus exposiciones se estiman necesarias para esclarecer irregularidades en el funcionamiento de los Servicios de su dependencia y para responder a las observaciones que los Diputados les formulen al respecto.” Sin embargo, existe un gran vacío sobre la materia, puesto que no se establecen sanciones o medidas disciplinarias posibles de aplicar en caso de que aquéllos no concurran a las sesiones a las cuales han sido citados. Esta Comisión citó en cuatro oportunidades al Ministro del Interior, señor Raúl Troncoso, quien remitió dos justificaciones por no poder concurrir, en las que señalaba, además, que estaba estudiando una probable solución al problema suscitado entre los beneficiarios de los créditos y el Banco del Estado de Chile. En las otras dos oportunidades en que dicho personero fue citado, éste no justificó su inasistencia, perjudicándose con ello el trabajo de la Comisión, que hubo de postergar -en espera de su comparecencia- la resolución final de la investigación. Además, se hace constar que el supuesto estudio de una solución al problema por parte del referido ministerio no fue dado a conocer a esta Comisión. Por estas razones, es conveniente considerar lo siguiente: a) Introducir en el actual Reglamento de la Cámara de Diputados una norma que sancione la no concurrencia de los ministros de Estado que sean citados por las Comisiones que se formen, con el fin de fiscalizar las irregularidades que cometan los funcionarios de los organismos del Estado.b) Remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, a los tribunales de justicia y al Consejo de Defensa del Estado.c) Solicitar al Consejo de Defensa del Estado que inicie una investigación que permita definir las responsabilidades de las autoridades y funcionarios del Estado que participaron en las operaciones realizadas en la aplicación del acuerdo; yd) Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República el envío de un mensaje que introduzca modificaciones a las normas legales y constitucionales vigentes, en virtud de las cuales, en este caso, el Banco del Estado de Chile ha impedido el envío de los antecedentes requeridos por la Comisión y ocultado la información solicitada por ésta. Acordado en sesión 16ª, celebrada el 18 de noviembre de 1998, con la asistencia del Diputado señor Jorge Soria, Presidente, y de los señores Caminondo, Fossa, Pedro Muñoz, Prokurica, Rocha y Velasco. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Informo al público asistente a las tribunas que, de acuerdo con el Reglamento de la Corporación, éstas se encuentran abiertas a todo el público. Sin embargo, dicho Reglamento prohíbe toda manifestación a favor o en contra de los diputados que hagan uso de la palabra. En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, el problema sometido hoy a nuestra consideración por la Comisión especial investigadora es grave para los afectados, desde el punto de vista social y económico, ya que nadie ha desmentido las vicisitudes vividas por ellos. Sin embargo, a pesar de ser una deuda social con estos chilenos que fueron exiliados del país por el gobierno apoyado por la Derecha, el problema requiere -por lo mismo- una solución política y gubernamental, y en ningún caso las conclusiones de la Comisión serán el camino que conduzca a dicha solución. Por eso, ante el imperativo de cumplir con mis deberes y obligaciones de parlamentario, vengo en señalar que el trabajo y los acuerdos de esta Comisión especial investigadora violentan el principio legal de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política. El inciso primero del artículo 6º establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, y que dicho sometimiento es obligatorio. Por su parte, el inciso segundo del artículo 7º dispone que ninguna magistratura, persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por la Carta Fundamental o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo será nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley establezca. En consecuencia, al efectuar una instrucción que generó las conclusiones que nos presenta, la Comisión especial de la Cámara ha violado este principio, situación que describiré de varias formas. En primer lugar, si bien es cierto que el número 1 del artículo 48 de la Constitución Política dispone que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno, no lo es menos que las conductas supuestamente anómalas o irregulares de un banco -en este caso, el Banco del Estado de Chile- no son actos de Gobierno susceptibles de ser investigados por la Cámara, conforme a la legislación vigente, como paso a demostrarlo. El Banco del Estado es, según el artículo 1º del decreto ley Nº 2.079, de 1978, una empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, sometida exclusivamente a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. El artículo 2º dispone que el Banco se regirá, preferentemente, por las normas de esta ley orgánica y, en lo no previsto por ella, por la legislación aplicable a las empresas bancarias y demás disposiciones que rijan para el sector privado. No le serán aplicables, por tanto, las normas generales o especiales relativas al sector público, salvo que ellas dispongan, de modo expreso, que han de afectar al Banco del Estado de Chile. ¿Cuáles serían las disposiciones que la Comisión especial investigadora citó para fiscalizar al Banco del Estado? ¿Se menciona alguna de ellas en el informe? No se citan, simplemente porque no existen; por el contrario, la ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, no contempla afectar a este tipo de empresas. Sólo ahora, en virtud del artículo 10 del proyecto sobre probidad administrativa -que acabamos de despachar-, se le harán aplicables las normas sobre declaración de intereses y patrimonio. Por lo tanto, si bien el Banco del Estado es de propiedad del Estado y éste, a través del Gobierno, nombra directores, su régimen jurídico, la forma en que lleva a cabo su administración y gestión, están sometidos absolutamente a su ley orgánica y a las disposiciones de la legislación bancaria común. Tal como se lo escuchamos al diputado informante y Presidente de la Comisión, el informe incurre en una tremenda contradicción en esta materia. Primero, en la parte relativa a las responsabilidades del Banco del Estado, se investiga a sus personeros, se le solicitan antecedentes, se le hacen críticas destempladas y se le formulan cargos. A continuación, en la página 64, se afirma lo siguiente: “El Banco del Estado de Chile no pudo ser fiscalizado por esta Comisión, por haberse amparado sus personeros en su ley orgánica...”. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue fiscalizado por la Comisión o no pudo serlo, como se afirma en la página que cité? De no aclararse esta contradicción, estaríamos simplemente en la nada, porque no se puede afirmar y negar respecto de una misma cuestión. ¿Acaso los cargos que se le formulan al Banco del Estado y a sus personeros no son producto de una investigación? ¿Por qué se dice que no se pudo fiscalizar a dicho banco? Si fue así, ¿por qué se le hacen imputaciones en todas las páginas del informe? En sus 66 páginas se señala que se investiga al Banco del Estado y después, en las conclusiones, se dice que no se pudo investigar. ¿Por qué se afirma que la ley orgánica constitucional del banco impedía tal investigación, si todo el trabajo consistió en investigarlo? Todo esto demuestra que esta incursión fiscalizadora sobre entes no fiscalizables por la Cámara rompió el principio de la legalidad, que juramos respetar. Quiero señalar el pésimo precedente que se sentó al investigar empresas que sólo pueden ser fiscalizadas por otros órganos del Estado. A quienes sostienen que el Banco del Estado puede ser fiscalizado por la Cámara de Diputados, les digo que abren las puertas para que mañana todas las empresas, las sociedades anónimas del país, aun cuando el Estado tenga un uno por ciento de participación, puedan ser investigadas por esta Corporación, y así puede ocurrir en las empresas de telecomunicaciones, sanitarias, en Endesa. Cuando se creó la comisión para investigar la operación del siglo, la Derecha protestó y, entonces, se aceptó que se investigara a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la cual supervisa a estas instituciones. Lo mismo sucedió con la empresa de agua potable Lo Castillo, donde la Superintendencia de Servicios Sanitarios no aceptó la investigación de las empresas privadas. Tampoco esta Comisión investigadora pudo incursionar en un juicio pendiente, como lo reconoce en la conclusión del informe, en la letra a), página 61: “No haber sometido el convenio a la aprobación del Congreso Nacional”. Además, en el inciso final de la misma página se agrega: “También se destaca que la Corporación Nacional de Retornados lleva un juicio en el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, en el cual solicita la nulidad de derecho público del referido convenio”, expediente que tiene el rol Nº 1.385-87, Miranda contra Ministerio de Planificación. Luego, se expresa que este juicio está pendiente de fallo. Entonces, pregunto: ¿qué diferencia existe entre la afirmación de la comisión, en cuanto a que el convenio debió haber sido sometido al Congreso Nacional, por lo que existe una nulidad de derecho público, y lo que debe decidir el tribunal? ¿O acaso estamos tomando la mano del juez, en nuestra calidad de congresales, para que escriba, en uno de sus considerandos, que la Cámara de Diputados, la Comisión de Relaciones Exteriores, la de Constitución, Legislación y Justicia o esta Comisión investigadora ya acogió tal nulidad y que al tribunal sólo le cabe ratificarla o, en caso contrario, debería desestimarse? Conforme al artículo 73 de la Carta Fundamental, “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Luego la Comisión, en sus conclusiones de la página 61, se ha avocado una causa pendiente en el Poder Judicial, dictaminando una nulidad de derecho público que nadie le ha pedido; tampoco la Constitución o la ley le han entregado competencia para resolver de esa manera. Al mismo tiempo, en la Corte Suprema existe otra causa, un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, rol Nº 3.335-98, donde se ventila el mismo asunto. En consecuencia, la Comisión, a través de sus investigaciones y de sus conclusiones, ha incursionado en materias que no son de su competencia, faltando al principio de la legalidad. También es menester desvirtuar que el llamado convenio transgredió la Constitución Política, porque no habría cumplido con los Nºs 7 y 8 del artículo 60 de la Constitución, ya que era materia de ley contratar el mutuo y comprometer la responsabilidad del Estado, como lo afirmó el señor Gustavo Cuevas Farren, constitucionalista, en el seno de la Comisión. Sin embargo, sobre esta materia, que ya está siendo tratada en dos juicios, pregunto: ¿qué valor podrá tener la opinión del señor Cuevas Farren, si él mismo -página 38, párrafo segundo del informe de la Comisión- “Expresó que, a pesar de que el caso no lo estudió muy profundamente, el convenio debió haber sido aprobado por el Congreso Nacional, atendido que responsabiliza el crédito financiero del Estado, cuya intervención se justifica, además, porque incide en materia de una ley de quórum calificado”. O sea, basta que una persona tenga autoridad para que pueda afirmar que el caso no lo ha estudiado, y que después, en forma irresponsable, llegue a una conclusión que, en mi opinión, es absolutamente equivocada. Es decir, sin seriedad alguna se expone una tesis que abarca cuatro páginas en el informe y que sirve de fundamento a la conclusión a), de la página 61. Las opiniones de los señores Bravo Michell y Schilling son propias de los demandantes en el juicio que siguen las personas afectadas. Por ello, será el tribunal del Poder Judicial el que, en definitiva, las juzgue. Quiero formular dos afirmaciones: primero, el convenio de cooperación se amparó en el tratado suscrito entre Alemania y Chile, en 1969, sobre cooperación técnica y económica, y que en su artículo 2º dispuso que se podrá prever cualquiera forma de cooperación técnica y económica en que convengan las partes contratantes. El convenio se tradujo en el decreto supremo Nº 1.171, de 1993, y fue objeto de control de legalidad por la Contraloría General de la República, conforme a los artículos 87 y 88 de la Carta Fundamental, sin representar ilegalidad alguna, por lo que goza tal convenio de la presunción de legalidad. Cabe señalar que la Contraloría General de la República, de ser efectiva la conclusión que analizamos, pudo haber representado al Presidente de la República su inconstitucionalidad y luego recurrir ante el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 82, Nº 6º, de la Carta Fundamental, o bien, este Tribunal pudo tener el requerimiento de cualquiera de las dos Cámaras, ya que, en el caso del Nº 12º del mismo artículo 82 de la Constitución, que se refiere a materias reservadas a la ley, se les permite a estas Cámaras pedir, en caso de que estimen que un decreto dictado por el Presidente de la República es inconstitucional, que el Tribunal Constitucional declare tal inconstitucionalidad. Entonces, lo que nos está imputando la Comisión investigadora es que los diputados y los senadores habrían sido perezosos o negligentes al no haber recurrido al Tribunal Constitucional, en el plazo de 30 días, contado desde su publicación en el Diario Oficial, con lo cual nos estaríamos acusando a nosotros mismos por no haber velado por el funcionamiento correcto de la institucionalidad dentro del plazo fijado por la Constitución. Luego, el cargo de la página 61, aparte de estar sometido al Poder Judicial, carece de toda consistencia, salvo que tratemos de “pisarnos la cola” en el caso que comento. Segunda observación. En el fondo, el convenio de marras no es propiamente un tratado, sino una cooperación complementaria para la ejecución del tratado de 1969, lo cual lo reconocen los señores Clodomiro Bravo, Enrique Shilling y Gustavo Cuevas en sus respectivas intervenciones. La propia Comisión, en la página 61, en una de las conclusiones, dice que se faltó al artículo 50, número 1), de la Constitución Política, al establecer: “Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias de ley”. O sea, el convenio de 1993 no es un tratado. Ésa es la opinión de las personas que, con autoridad jurídica, llegaron a la Comisión, y la de la propia Comisión, porque se invoca este artículo, en el sentido de que cuando se trata de un convenio complementario que contiene materias propias de ley, entonces debe pasar por el Congreso. Y se invoca como fundamento de hecho, porque el número 4) del artículo 2º de este convenio dice: “El Gobierno de la República de Chile garantizará el reembolso de este préstamo”. Para la Comisión investigadora y los abogados que representan a los afectados, esa frase significa que aquí hay un compromiso del crédito y de la responsabilidad financiera del Estado, según el artículo 60, número 8), de la Constitución. Digo que la frase: “Chile garantizará el reembolso de este préstamo”, dice todo y, al mismo tiempo, no dice nada. ¿Qué es “garantizar”? ¿Hay algún concepto que precise, en la legislación, esta idea? Ese concepto existe porque el artículo 46 del Código Civil, entre las palabras de uso frecuente en el derecho, denomina “caución” a cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda, que son las garantías más conocidas; pero pueden agregarse otras, como la solidaridad pasiva, los avales y otras que se conocen en el derecho. Entonces, la pregunta es: ¿cuál de estas garantías del Estado -que generalmente tienen una estructura institucional, jurídica, y están regidas por leyes generales o especiales- debería ser sometida a la consideración del Congreso? El diputado informante podría decirme, si se trataba de una hipoteca, prenda, aval o solidaridad pasiva, ¿cuál es la garantía que da el Estado? Indudablemente, tendría que guardar silencio, puesto que no se indicó ni describió ninguna de estas garantías, todas la cuales requieren el consentimiento expreso de la partes. La Constitución dispone, en su artículo 90, que las Fuerzas Armadas y Carabineros garantizan el orden institucional. Indudablemente, esa garantía, como aquella a la que se refiere el convenio, está señalando una manera de comportarse, de influir para que el deudor responda oportunamente y pague las deudas que contrajo. Si el Estado hipoteca, avala, da en prenda, afianza, solidariza en las formas que la ley estructura estas instituciones, entonces se requerirá una ley, porque se obliga el patrimonio fiscal. En este caso, no está comprometido el patrimonio, porque el del Banco del Estado es distinto del patrimonio del Fisco y, además, el del Banco, en gran parte, consiste sólo en la administración de bienes de terceros; pero si, como se dice en el convenio, el Estado garantizará la devolución del mutuo, será una mera inducción al Banco del Estado para que restituya lo prestado. Basta esta somera exposición para darse cuenta de la falta de fundamento del cargo de no haber sometido el convenio a la aprobación del Congreso Nacional. En lo relativo a las responsabilidades de una ONG, también existe el mismo vicio, porque aquí se está investigando una institución privada -lo ha dicho el mismo presidente de la Comisión- y, en consecuencia, no estamos incursionando o faltando al principio de la legalidad por estar afectando a un ente privado. Por lo demás, en cuanto al fondo se refiere, cabe señalar, respecto de Faret, que el representante de la Embajada de Alemania dijo que esos fondos reembolsables fueron objeto de control y de verificación. Termino, señor Presidente, señalando que el Banco del Estado actuó en una comisión de confianza, expresamente descrita y señalada en la Ley de Bancos y que, en consecuencia, pudo haber dirigido, invertido o gestionado estos dineros de acuerdo con las instrucciones de su mandante y a la voluntad propia del Banco. Es una operación y nada tiene que ver con la llamada malversación, porque ésta sólo existe respecto de los funcionarios y caudales públicos, y aquí nadie ha sostenido que alguien haya robado o hurtado la plata, porque ése es el delito de malversación. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Caminondo, hasta por cuatro minutos. El señor CAMINONDO.- Señor Presidente, antes de analizar la situación que afecta a los retornados y la actuación que, en este lamentable episodio, le ha correspondido al Banco del Estado y a Faret, me referiré brevemente al reiterado e inconstitucional resquicio de que hace uso el Poder Ejecutivo al no enviar al Congreso Nacional los convenios internacionales para su ratificación. En nuestro sistema constitucional, la regla general es que todo tratado deberá ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional, tal como lo ordena el artículo 32, número 17, de la Constitución. Su artículo 50, número 1), inciso segundo, consigna la excepción a esta regla en términos de que las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor, no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. En este caso, el convenio celebrado con Alemania tenía el compromiso de la garantía estatal, por lo cual, obligatoriamente, debió haber sido sometido a la aprobación del Congreso Nacional, según lo establecido por la Constitución en su artículo 60, números 7) y 8), que señala taxativamente que éstos sólo son materia de ley, porque en este caso es el Estado de Chile el que ha obtenido un préstamo; por tanto, afecta o compromete el crédito del Estado. Esta es una demostración de las consecuencias del perverso sistema utilizado por el Gobierno, de aprobar convenios, esquivando el control del Congreso Nacional que, en este caso específico, ha servido para fomentar ocultaciones y manejos extraños, por decir lo menos. La Comisión se formó la convicción de que el Banco del Estado de Chile actuó netamente con fines comerciales y de que, por lo tanto, no dio cumplimiento al objetivo del convenio. Señalo esto, ya que el gobierno alemán, con el fin de ayudar a la reinserción de los exiliados chilenos, sea que se encontraren en Alemania o en cualquier otro país, otorgó un crédito en condiciones muy favorables. ¿Qué hizo el Banco del Estado, estimados colegas? No traspasó esta franquicia a los retornados; por el contrario, entregó los préstamos a un máximo de ocho años plazo y aplicó tasas equivalentes al 75 por ciento del interés promedio, más dos puntos. Respecto de los dineros, no está claro su destino. El crédito constaba de dos partes: diez millones de marcos alemanes para ser facilitados y nueve millones de marcos alemanes destinados a la asesoría técnica, no reembolsables a Alemania. De esos nueve millones, se traspasaron 4,5 millones a la Faret. ¿Quién decidió ese traspaso? ¿Por qué no se llamó a licitación? ¿Puede el Banco del Estado donar estos fondos, de acuerdo con su ley orgánica? Esto debe ser aclarado, así como también otras interrogantes que nos formulamos en la Comisión. ¿Qué pasó con los otros 4,5 millones de marcos que, según el Banco, se habrían utilizado en fondos de garantías y en asesorías? Existen serias dudas respecto del fondo de garantía, puesto que en la Corporación Nacional del Retornado no existe conocimiento de un solo caso que se beneficiara con este fondo. ¿Qué pasó con los casi tres millones de marcos para estudios de rentabilidad y medidas de perfeccionamiento? Según documentos entregados por retornados, ellos mismos pagaron las asesorías y los estudios de factibilidad de los proyectos. En cuanto a Faret, nunca cumplió con los fines que le correspondían. Aún más, la mayoría de los retornados no reconoce asesoría alguna realizada por esa entidad; ni siquiera tenían conocimiento de su existencia. Faltan documentos que avalen el gasto de dineros y no se aclaró el objetivo de la misteriosa oficina que abrió en Argentina. Cuatro son las víctimas de este programa, sin contar la cantidad de retornados que han perdido todos sus bienes y ahorros. Digo esto, porque es imposible separar los manejos irregulares que se hicieron de estos dineros y las transgresiones a la Constitución, con el objetivo social que el programa tenía. Es realmente desalentador comprobar, en el marco de esta investigación, la forma en que estos objetivos, que consistían en ayudar a quienes retornaban de un largo exilio, no se cumplieron. Esta realidad la tienen clara las docenas de hombres y mujeres que fueron víctimas de este episodio, toda vez que se pisotearon sus anhelos, derechos y más sentidas aspiraciones. Es difícil no recordar el testimonio de aquellas personas que declararon en la Comisión. Me impactó profundamente lo que ellos dijeron. Curiosamente, hoy nadie insiste en agilizar los procesos para determinar responsabilidades; nadie ha viajado al extranjero a buscar justicia ni menos a denunciar esta verdadera violación a los derechos de los retornados chilenos. Muy por el contrario, todos quieren guardar silencio. Por ello, hoy, en esta Sala, la mayoría que exige gestos debe hacer uno de grandeza y contribuir con sus votos a que se sancione a los responsables de este hecho que tanto daño generó y sigue generando a esta gente. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Haroldo Fossa. El señor FOSSA.- Agradeceré a los honorables colegas tener presente, en la decisión final sobre el informe, que el convenio suscrito entre los gobiernos de Chile y de la República Federal de Alemania siempre tuvo por objeto “fomentar la reinserción económica y social de exiliados chilenos retornados al país”. Dicho convenio comprendía un acuerdo de cooperación financiera no reembolsable y un préstamo de 10 millones de marcos a una tasa anual del 2 por ciento, con plazo de 30 años y 10 de gracia. Es decir, un préstamo de los denominados blandos, ya que, entre otras características, se inspira esencialmente en una causa noble. El Banco del Estado de Chile no opera en este sentido, sino en una forma estrictamente comercial, con consecuencias negativas para un alto porcentaje de los compatriotas retornados, quienes, independientemente del objeto mismo de la Comisión investigadora, aportaron innumerables antecedentes de todo tipo, reveladores, muchos de ellos, de verdaderas tragedias familiares y personales, incluso muertes o enfermedades insuperables. ¿Por qué razón los retornados se asocian e inician acciones judiciales? La única y principal razón es defenderse de préstamos impagos y muchas acciones de fuerza ante la imposibilidad de cumplir compromisos. Se llega a esta situación desesperada por varias razones, que se consignan en el informe de la Comisión. Sin embargo, no puedo dejar de destacar que estas personas, desde el principio, fueron únicamente objeto comercial, con apoyo muchas veces deficiente en la elaboración y evaluación de proyectos, y sin el conocimiento real de los riesgos que un endeudamiento de esta naturaleza significaba. La verdad de los hechos supera tanto la dureza de las palabras como todo comentario sobre lo investigado por la Comisión, más si se considera que quedan aún muchas interrogantes sin respuesta. He escuchado atentamente al distinguido colega que se ha erigido en abogado defensor de los involucrados. Nunca asistió a la Comisión. A mi juicio, primero, debiera darse la oportunidad para que aquellos efectivamente comprometidos en esto pudieran presentar las pruebas de su inocencia y demostrar la invalidez de las responsabilidades atribuidas. A mí me pareció estar, ante la explicación del colega Elgueta, asistiendo a una clase magistral que nada tiene que ver con lo que estamos analizando. Aquí no se está investigando al Banco del Estado como institución, sino analizando un procedimiento erróneo, específico, en la utilización de dineros recibidos para ayudar a personas retornadas y empleados en fines distintos de los perseguidos. Eso es lo que estamos pidiendo. Les pregunto, honorables colegas, ¿por qué aparece entonces el presidente del Banco del Estado, don Andrés Sanfuentes, hace unos días, después de entregado el informe, aportando nuevos antecedentes para tratar de clarificar el problema? ¿No es entendible que hay alguna preocupación o tiene algo de cierto lo que nosotros llamamos en el informe: investigación? Muchas gracias, señor Presidente. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Masferrer. El señor MASFERRER.- Después de haber participado en la Comisión investigadora sobre los créditos otorgados para retornados, al amparo del convenio de cooperación entre la República Federal de Alemania y la República de Chile, suscrito por ambos gobiernos el 26 de octubre de 1990, sólo podemos manifestar nuestro sentimiento de sorpresa e indignación. Después de leer algunas disposiciones constitucionales sobre la materia, el sentido común nos dice claramente que este convenio debió haber sido sometido a consideración del Congreso Nacional. Si bien el gobierno se amparó en que ello no era necesario, ya que existía un convenio de cooperación económica y técnica entre Chile y Alemania y en que éste sólo venía a ejecutar el anterior, su tesis, a la luz de las disposiciones constitucionales pertinentes, de las cláusulas del convenio de 1990 y de un mínimo de sentido común, no es la correcta. El número 7) del artículo 60 de la Carta Fundamental es claro, pues preceptúa que son materia de ley “las que autoricen al Estado, a sus organismos -entre ellos el Banco del Estado- y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos”. Además, dispone que “se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de la duración del respectivo mandato presidencial”. Por otra parte, nuestra Constitución es clara al señalar que los acuerdos que el Presidente de la República celebre para dar cumplimiento a los tratados vigentes, deben ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional cuando inciden en materias propias de ley. De esta manera, el Gobierno de don Patricio Aylwin vulneró la Constitución al no someter este convenio internacional a la aprobación del Congreso. Por el contrario, el Poder Ejecutivo se limitó a enviar el convenio a la Contraloría General de la República para la toma de razón del decreto promulgatorio y, luego, publicarlo en el Diario Oficial. Nos parece inaceptable que el Poder Ejecutivo haya pasado por encima de la Constitución y de otro Poder del Estado, como es el Legislativo, sobre todo cuando el ex Presidente Aylwin siempre se ha arrogado la cualidad de ser un hombre de derecho. Por otra parte, existen responsabilidades que recaen en la Fundación de Asistencia al Retornado, que dispuso de dineros entregados por el Banco del Estado de Chile por montos ascendentes a 4,5 millones de marcos alemanes destinados a proporcionar asesoría a los retornados y, sin embargo, ninguno de éstos reconoció en la Comisión haber sido asesorado por esta Fundación e, incluso, algunos ni siquiera conocían de su existencia. ¿Dónde están entonces esos dineros equivalentes a unos 1.300 millones de pesos? ¿Quién tiene esa plata, señor Elgueta? ¡Ésta es la oportunidad para decirlo, señor Presidente! Nada se pudo determinar con lo declarado por el ex presidente de la Fundación de Asistencia al Retornado y actual funcionario de este Gobierno, señor Luciano Fouillioux. Sólo quedó en claro la descuidada y negligente administración y distribución de esos dineros. Los tribunales deberán determinar las responsabilidades civiles y criminales en que incurrieron el presidente y el directorio de esa Fundación y, además, posibles autores, cómplices o encubridores. Es necesario recalcar que la Comisión citó en dos oportunidades a la Ministra de Justicia. Finalmente, en su representación, asistió el Subsecretario de dicha cartera, don José Antonio Gómez, funcionario que se comprometió a enviar toda la documentación existente en el Ministerio de Justicia sobre la Fundación de Asistencia al Retornado, Faret. Sin embargo, una vez más, tampoco se obtuvo una colaboración de esa cartera, por cuanto sólo se envió a la Comisión una auditoría que registraba una vaga información sin justificación alguna del gasto de los 4.5 millones de marcos alemanes. Señor Presidente, éste es el inicio de un proceso que todos esperamos que se aclare. En julio de 1996, denuncié el desvío irregular de parte de estos fondos. Curiosamente, el presidente del Banco del Estado me respondió, por la prensa, que dichas irregularidades sólo eran producto de mi imaginación. Estuve y estoy en lo cierto y espero que mis colegas ratifiquen, en esta sesión, en la que se trata esa irregularidad, que mi denuncia no es producto de mi imaginación. Además, como integrante de la Comisión, solicité más de una vez que fuera citado el Ministro del Interior, ya que el problema no sólo era develar irregularidades, sino... El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado. El señor MASFERRER.- ...que, además, afectaba a muchos chilenos y, en consecuencia, el Gobierno debía adoptar una posición sobre el tema. Lamentablemente, el Ministro del Interior no concurrió en ninguna de las oportunidades en que fue invitado a la Comisión. La realidad es que todas estas situaciones perjudicaron a muchos chilenos, quienes sufrieron embargos de sus bienes, privación de libertad, y, por ello, un irreparable daño moral, al extremo de que dos se suicidaron...El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, imputaré el tiempo excedido al siguiente orador de la UDI. El señor MASFERRER.- ...al enfrentar la angustiante situación que les produjo el aprovechar estos créditos que tenían la apariencia de un beneficio, pero que, en definitiva, les significó un perjuicio de por vida no sólo a ellos, sino también, dolorosamente, a sus hijos y descendientes, quienes deberán soportar esas deudas y sufrir una serie de apremios por mucho tiempo. Por último, llama la atención el celo investigador de algunos diputados de la Concertación en esta materia, celo que no hemos visto en otras situaciones en las que también resultaron perjudicados muchos chilenos. Por ejemplo, en el caso de la empresa constructora Copeva. Los diputados de la Unión Demócrata Independiente hemos sido y seguiremos siendo inflexibles en esta senda, para no permitir que ningún funcionario de Gobierno o entidad estatal vulnere la Constitución y las leyes o que desaparezcan fondos destinados a las personas que hoy los necesitan, como son los retornados. Hoy es la gran oportunidad para que, en esta sesión, se declare y se pueda determinar dónde están esos recursos de gente que fue mañosamente engañada y perjudicada. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Se excedió en dos minutos. Por lo tanto, el Diputado señor Sergio Correa, que tenía asignados ocho minutos y medio, dispondrá de seis minutos y medio. Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, aunque mi colega se excedió en el tiempo, ello no importa, porque dijo en forma excelente lo que debía expresar. Una vez más, esta Sala se ve abocada a conocer el informe de una Comisión investigadora, una más entre las muchas y variadas que se han formado y cuyos informes, lamentablemente, en la mayoría de los casos, son intrascendentes, o si se denuncian hechos graves que comprometen a algún ministerio o servicio público, la Sala se pronuncia en contra, liberando de responsabilidad a los posibles implicados. Así, se deja en la opinión pública la sensación de que las comisiones investigadoras no sirven de nada, porque no hay voluntad política para, de conformidad con nuestras facultades fiscalizadoras, sancionar las irregularidades. Hoy debemos pronunciarnos sobre un convenio de cooperación entre la República Federal de Alemania y la República de Chile destinado a fomentar la reinserción social y económica de exiliados chilenos que han retornado al país. En virtud de dicho convenio, el Banco Alemán de Compensaciones otorgó un crédito al Banco del Estado de Chile, equivalente a 10 millones de marcos, a treinta años, con diez años de gracia y 2 por ciento de interés anual, y un aporte no reembolsable de 9 millones de marcos. A su vez, el Banco del Estado aporta otros 10 millones de marcos y luego lo amplía a 50 millones más. En total, cerca de 80 millones de marcos, que significan unos 40 millones de dólares. Estamos frente a una cantidad importante de recursos destinados a solucionar el problema de los retornados. El colega Elgueta sostiene que, como órgano fiscalizador, no tenemos competencia sobre el Banco del Estado. Pero le pregunto: ¿por qué votó favorablemente la formación de esta Comisión investigadora, respecto de la cual estuvieron contestes todas las bancadas, y hoy desconoce las facultades fiscalizadoras de la Cámara sobre ese Banco? La Comisión se constituyó ante reiteradas denuncias que formularon, primero, a la Comisión de Derechos Humanos y, luego, a muchos diputados, retornados que eran víctimas de apremios y cobranzas judiciales por el Banco del Estado. Pues bien, constituida la Comisión, se ha podido establecer una serie de situaciones irregulares que afectan principalmente al Banco del Estado y que creo necesario señalar.1º El colega Masferrer señaló la inconstitucionalidad de que adolece el proceso, toda vez que esta Cámara debió conocer y aprobar el convenio entre la República Federal de Alemania y el Gobierno chileno. Al respecto, hay opiniones fundadas de parte de constitucionalistas, como es el caso del profesor de Derecho Constitucional don Gustavo Cuevas Farren, quien señala tajantemente que los convenios internacionales son competencia de la Cámara de Diputados. Más aún, que el tratado de 1968 no es aplicable en la especie, porque en esa época no existían retornados.2º Según diversas organizaciones de retornados, el objetivo de permitir su reinserción social fracasa por el poco sentido solidario del Banco del Estado, el cual opera con un criterio puramente comercial y no inspirado en el espíritu de dicho convenio. En efecto, la aprobación de los proyectos se demora, los consultores cobran honorarios abusivos pagados directamente por el Banco del Estado de Chile con cargo a donaciones del Banco Alemán de Compensaciones. Muchas veces, los créditos se otorgan sin conocimiento de sus postulantes, aparte de ser cobrados con una tasa de interés casi comercial, en unidades de fomento y, en cuanto a la firma, con los pagarés en blanco.3º En enero de 1992, se firma un convenio tripartito entre la Oficina Nacional de Retorno, el Banco del Estado de Chile y la Fundación de Asistencia al Retornado, Faret, a la fecha presidida por don Luciano Fouillioux, documento que no forma parte del convenio con el gobierno alemán, lo cual es necesario consignar, porque, últimamente, el Banco del Estado de Chile se ha escudado en que todo estaba en conocimiento del gobierno alemán, lo que no es efectivo. A continuación, el Banco del Estado de Chile entrega a la Faret 4,5 millones de marcos para la prestación de servicios y cumplir las formalidades consignadas en el convenio, y no obstante haber sido el propio Gobierno el que pidió el traslado de fondos, el Banco del Estado no lo hizo mediante la licitación pública que correspondía. La Fundación de Asistencia al Retornado ha utilizado dichos recursos hasta ahora sin saberse concretamente cómo fueron invertidos, porque ha sido imposible obtener un balance o una cuenta de lo gastado. El ex presidente de dicha institución, señor Fouillioux, señala, en el informe, que no estaba en condiciones de proporcionar antecedentes sobre qué autoridad de Gobierno le dio instrucciones para que el Banco del Estado le entregara los 4,5 millones de marcos, y al retirarse del directorio expresó desconocer lo ocurrido con los recursos. Tampoco entregó una explicación razonable sobre qué pasó con los dineros ocupados por la filial argentina y qué objetivo claro tenía dicha oficina.4º De acuerdo con lo informado por el Banco del Estado, se otorgaron 906 créditos, de los cuales 364 están entre cobranza judicial, incobrables o juicios y 617 en normalidad de pago. En la mayoría de los casos, no se trataba de proyectos nuevos, sino apoyo a diversas empresas existentes, asentadas en el mercado nacional, lo cual desvirtúa, sin duda, el objetivo del convenio.5º De los 9,3 millones de marcos otorgados como aporte no reembolsable por el banco alemán, 4,5 millones fueron a la Faret, sin saber qué pasó con ellos; 3,3 millones se destinaron a charlas, seminarios, cursos de capacitación, cuyo detalle se desconoce, y un millón fue dirigido a la formación de un fondo de garantía, en circunstancias de que no se conoce a ningún retornado que haya utilizado dicho fondo. Sin duda, estamos ante una situación irregular. En l994, denuncié una situación similar que estaba ocurriendo con el Banco del Estado, cuando otorgó créditos por más de 50 millones de dólares a Prodasa S. A., empresa de la Séptima Región, del Maule, cuyo distrito 36 represento, y en la cual había personeros de la Concertación vinculados, como el señor Bauna y el señor Waismer. Hoy, ese caso está en el Consejo de Defensa del Estado. Por eso, solicito que el Consejo de Defensa del Estado también conozca este caso, que es realmente inaudito. He dicho. -Aplausos.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el tiempo del Comité del PPD, tiene la palabra el Diputado señor Jorge Soria, por dos minutos. El señor SORIA.- Señor Presidente, el Diputado señor Elgueta, en su intervención, alude a cómo se hace el reembolso. Y habla de Chile. No sé si es Chile selección de básquetbol o Chile selección de fútbol, porque el artículo 4º del convenio dice que “el Gobierno de la República de Chile garantizará el reembolso de este préstamo, liberará a los prestatarios particulares del riesgo de la tasa de cambio”. El Diccionario de la Lengua Española define “reembolso” como acción y efecto de reembolsar o reembolsarse, y “reembolsar”, volver una cantidad a poder del que la había desembolsado. Es decir, estamos hablando de dinero, no de aire ni de palmeras o cascos alemanes. Me llama la atención que hoy el Banco del Estado no pueda ser fiscalizado. Sin embargo, su presidente fue citado, concurrió y nos enviaron un oficio -a medias-, pero no se aportó la información requerida para avanzar y llegar a buen destino con la investigación. Señor Presidente, resulta anecdótico leer una carta que encontré en mi casillero, de fecha 14 de enero de l999, dirigida a su persona, en la cual el señor Sanfuentes, equivocado una vez más, por no decir que falta a la verdad, dice que fueron traspasados a la Faret, por instrucciones del Banco Alemán de Compensaciones, los 4,5 millones de marcos. Sin embargo, el señor Alexander Mühlen, encargado de negocios de la Embajada de Alemania en nuestro país, en carta de fecha 16 de julio de l998, expresa que a pedido del Gobierno de Chile se suministraron los fondos, 4,5 millones de marcos alemanes, para implementar medidas de asesoramiento y apoyo de la Faret. O sea, un equívoco más del señor Sanfuentes. Resulta anecdótico que él discrepe de aquello a que arribó la Comisión. En efecto, sostiene que en las conclusiones del informe no han sido considerados los múltiples antecedentes entregados por parte del Banco del Estado ni los tres oficios dirigidos al señor Presidente de la Comisión investigadora. Por lo expuesto, solicita se disponga la revisión, por la Comisión investigadora o por otra que se designe al efecto, de los antecedentes y pruebas, y del informe del 20 de noviembre de l998 -el documento en debate-, por haber arribado éste a conclusiones manifiestamente erróneas, basadas en hechos no probados, y pretender establecer responsabilidad respecto del Banco del Estado, que no existen. O sea, la institución investigada nos dice que debemos crear otra comisión, porque no le gustan las conclusiones a que llegamos.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado.El señor SORIA.- Señor Presidente, por favor impútelo al tiempo de mi Comité.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No puedo hacerlo, señor diputado, porque su jefe de Comité me ha indicado que dispone de dos minutos y ha ocupado tres. El señor MASFERRER.- ¡Es el Presidente de la Comisión, señor Presidente! -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El Comité del PPD ha cedido cinco minutos y cuarto al Diputado señor Gabriel Ascencio. Tiene la palabra su Señoría. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, agradezco a la bancada del PPD el tiempo que me ha cedido, para tratar de explicar, brevemente, la posición que la mayoría de los Diputados de la Concertación adoptará respecto de este tema. En primer lugar, por sobre todas las cosas nos interesa resolver el problema de los retornados. Estamos frente a un asunto sobre el cual siempre hemos tenido una actitud coherente. Nosotros no causamos el problema, nosotros no exiliamos a nadie, no echamos del país a ningún compatriota, pero sí fuimos capaces de traer a los chilenos que deseaban retornar al país y ofrecerles soluciones, las que pueden perfeccionarse y mejorarse si es necesario. Estamos frente a un problema real, relacionado con las distintas sensibilidades que existen en este país para enfrentar el tema de los retornados. Es cierto que hay una tremenda debilidad de la sociedad chilena al enfrentar no sólo el tema de los retornados, sino el de todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. ¡Es una frescura que quienes echaron a nuestros compatriotas del país, hoy vengan a pontificar acerca de la solución que debe dárseles! ¡No sean frescos! ¡Ustedes los echaron! ¡Esta Derecha, que sigue siendo cómplice de Pinochet, fue la que echó a estos retornados del país! -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor ASCENCIO.- ¡No nos hagamos los tontos! Por eso, nos duele que aquellos que fueron víctimas de estos verdugos los aplaudan. Debemos ser claros: vamos a trabajar con la gente, con el Comité de Retornados, para darles una solución real. No queremos show. No queremos que mañana aparezca en los titulares de la prensa quién se robó la plata o quién no se la robó. ¡Ni Luciano Fouillioux ni la Faret se robaron la plata! Si alguien lo hizo, queremos investigar, que la Contraloría intervenga y los tribunales lo juzguen. Pero no lo vamos a ocultar. -Aplausos. El señor ASCENCIO.- Sin embargo, tenemos un problema: no podemos aprobar este informe, por las causas que aquí se han señalado. Pero, ¡cuidado! La Derecha nos negó la unanimidad para que siguiéramos investigando, porque es evidente que a este informe le falta algo. -Hablan varios señores diputados a la vez.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Llamo al orden al Diputado señor Ulloa. El señor ASCENCIO.- Si las autoridades no han querido concurrir a la Comisión, tenemos que obligarlas a que vengan. Si no han querido entregar los antecedentes, debemos obligarlas a que lo hagan. Si existen más instituciones por investigar, tenemos la obligación de investigarlas. Pero, por sobre todas las cosas, debemos solucionar el problema de los retornados. Hoy hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno en presencia de los que dirigen a los retornados. ¡Vamos a presentar un proyecto en el cual exigimos condonación para todos aquellos deudores relacionados con estos créditos! -Aplausos. El señor ASCENCIO.- ¡Condonación! Y queremos saber si esta Derecha que hoy viene a pontificar, aprobará el proyecto que presentaremos junto con el Gobierno, con el objeto de solucionar realmente el problema y no andar payaseando, como lo hace permanentemente la Oposición. Presentaremos un proyecto de acuerdo con las ideas centrales que hemos señalado, en el cual rechazaremos el informe de la Comisión con el solo objeto de ampliar por 60 días la investigación, a fin de que concurran los funcionarios de la Oficina Nacional de Retorno, para que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras nos diga si cumplió o no con su obligación y, fundamentalmente, para lograr que en ese período el Gobierno envíe el proyecto de ley que dé solución definitiva a los retornados. Ésa es una verdadera solución y no toda la demagogia y majadería que la Derecha nos ha presentado hoy. He dicho.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el tiempo del Partido Radical, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha hasta por tres minutos. El señor ROCHA.- Señor Presidente, luego de haber escuchado las vehementes palabras del Diputado señor Ascencio, que en buena medida comparto, mi opinión es, sin embargo, que todos los diputados que actuamos en la Comisión lo hicimos de buena fe, que nadie buscó esa ventaja política que suele darse en estas materias tan conflictivas, y si alguien la consigue, deberíamos decir que es responsabilidad de quienes somos gobierno. Tengo tres minutos para hablar. Imposible analizar el informe y el arduo trabajo de la Comisión. Sin embargo, hago un llamado especialmente a los diputados abogados para que entiendan que esto es un problema jurídico en muchos aspectos y, sobre todo, un gran drama colectivo, humano, que constituye una vergüenza para quienes creíamos que el único obstáculo de la transición era Pinochet. No, señor Presidente, también lo son el menosprecio y la crueldad con que hemos tratado a compatriotas que sufrieron más que nosotros el rigor del exilio. A ellos les hemos entregado un país hostil, frío y agresivo. He escuchado a mi estimado colega Sergio Elgueta con el respeto que se merece; pero su alegato abogadil refleja esa frialdad llena de citas legales y disquisiciones sesudas, desde el punto de vista jurídico, que nada tienen que ver con su condición de político preocupado de los dolores y sufrimientos de muchos de sus compatriotas. Se termina mi tiempo. Señor Presidente, quiero que el Supremo Gobierno recoja este clamor. Este problema no lo resolvemos los diputados ni el Banco del Estado; es del Gobierno, del país y de todos quienes queremos una nación verdaderamente reconciliada. Debemos buscar la solución que los retornados merecen e invito a la honorable Cámara a asumir esa tarea. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Pasamos a la segunda ronda. El Comité Demócrata Cristiano agotó su tiempo. En el tiempo que resta a Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Alfonso Vargas. El señor VARGAS.- Señor Presidente, ¡qué raro, por decir lo menos, que luego de tres años desde que esta Cámara y el Gobierno conocen estos hechos, cuando hay un informe de la Comisión investigadora adverso al Gobierno, hoy, a última hora, se busque un arreglo! ¡Qué vergüenza ofrecer arreglo ahora! ¿Dónde dejamos la dignidad de los retornados? ¿Cómo recuperan los bienes ya rematados? El Ministro del Interior fue invitado o citado cuatro veces a la Comisión para buscar arreglo al problema y nunca concurrió. ¡Qué raro que ahora el Gobierno esté dispuesto a brindar soluciones! No sé cómo se darán las soluciones. ¿Cómo recuperará su casa el señor Olavarría en Quillota si ya fue rematada? ¿Cómo reflotaremos el barco que se le hundió al señor Torres? Y lo peor: ¿cómo devolveremos la vida a quienes se suicidaron o a quienes murieron por esta causa? El Diputado señor Elgueta manifestó que no se puede fiscalizar al Banco del Estado y que el convenio entre Chile y Alemania no era materia de ley. ¿Por qué su bancada no lo planteó en la Comisión? Me parece que sus palabras fueron más bien divagaciones jurídicas para amparar la corrupción. Al escuchar al Diputado señor Elgueta, cualquiera podría pensar que el informe fue hecho por la Oposición, pero fue hecho en una Comisión donde la Concertación tenía mayoría. ¿Por qué el Diputado señor Ascencio sale con esto ahora? Él era miembro de la Comisión y asistió muy pocas veces. ¿Por qué tiene que esperar hasta ahora? Si quieren investigar, creo que los tribunales de justicia deben terminar esta investigación. ¡Qué raro que diga que llegaron a acuerdo con el Gobierno, en circunstancias de que en todos estos años él ha sido miembro del Gobierno; es parte de la Concertación! A nosotros nos interesa que se arregle el problema de los retornados. ¡Sí señor! He conversado con la mayoría de ellos y estamos en esa disposición; pero también nos interesa que se aclaren las irregularidades. ¿Por qué este convenio no fue materia de ley, si hay otros dos convenios similares sobre cooperación financiera que el Gobierno hizo pasar por el Congreso Nacional, uno para obtener crédito del Banco Alemán y otro para el proyecto de rehabilitación de hospitales? El artículo 2º del convenio dice: “El Gobierno de la República de Chile garantizará el reembolso de este crédito”. Concretamente, se violaron los números 7) y 8) del artículo 60 de la Carta Fundamental. ¿Por qué a los retornados, según su propia versión en la Comisión, se les hizo pagar asesorías y proyectos, cuando, de acuerdo con los convenios, había fondos destinados a este efecto? ¿En qué se gastaron los 4,5 millones de marcos que recibió la Fundación de Asistencia del Retornado, Faret? No me interesa que investiguemos a la Faret. Le hemos pedido al Ministerio de Justicia que nos entregue esa información. Hay un memorándum de 12 de agosto de 1998, del jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia al jefe de gabinete del Subsecretario, que señala que, hasta esa fecha, la Faret no había remitido memorias ni balances correspondientes a los años 93 al 97, habiendo sido requeridas. Es curioso que el señor Luciano Fouilliouix haya estado dos veces en tela de juicio en comisiones investigadoras; una fue en la Comisión de Dipreca. Con respecto al Banco del Estado, ¿por qué se otorgaron créditos por montos superiores a lo permitido o estipulado? ¿Por qué se omitió la expresión “la experiencia laboral requerida para aprobar los proyectos”? ¿Por qué se rebajaron los montos de créditos que ya estaban aprobados? ¿Por qué se hizo que los beneficiarios pagaran asesorías cuando existían recursos específicos para ellos y, aún más, se les recomendó -por no decir que se les obligó- hacerlo con personas específicas? ¿Por qué no se permitió liquidar garantías a un precio que habría sido mejor que el del remate que posteriormente se hizo de ellas? ¿Es verdad o no que la Faret pagó una secretaria de la Democracia Cristiana? Esto apareció en una versión de prensa que no me consta, pero que no ha sido desmentida. ¿Es cierto o no -según dijo un retornado- que la Democracia Cristiana no le pagó trabajos de imprenta y ése fue el motivo de su quiebra? Eso lo conoció la opinión pública por los diarios y nunca se ha dicho nada. ¿Por qué nunca vino el Ministro del Interior? ¿Por qué nunca tuvo el ánimo de solucionar este problema? Además, él lo conocía, pues era director del Banco del Estado en ese tiempo. ¿Por qué no vino la Ministra de Justicia? ¿Por qué hasta hoy no se han respondido tantos oficios? Espero que estas y otras tantas preguntas pendientes se puedan responder en los tribunales, dado que esta Comisión no logró respuestas a esas interrogantes, y la verdad es que parece que no las va a lograr. Aquí se pretende, con cargo al arreglo del problema de los retornados, echarle tierra a muchos actos que a la Comisión le parecieron ilícitos. La verdad, señor Presidente, es que aquí quedan muchas cosas por responder. Estoy de acuerdo en que hay que buscar una solución para esta gente, que es de esfuerzo y que ha sufrido mucho, pero también debemos investigar y no amparar la corrupción. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ha terminado el tiempo de los Comités de Renovación Nacional y de la UDI. Restan 2 minutos al Comité del PPD. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado don Pedro Muñoz. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Señor Presidente, pocas experiencias pueden resultar más duras que el exilio. Desde antiguo se le reconoció como una de las penas más crueles que podía sufrir el hombre. En efecto, al dolor de la partida, dejando atrás a seres queridos y toda una experiencia de vida, se une la dramática realidad de enfrentarse de bruces con una realidad desconocida y fría, donde se debe comenzar de cero, poniendo a prueba la capacidad de adaptación, el temple y la fortaleza del ser humano. Luego del golpe militar de 1973, muchos compatriotas y amigos sufrieron esta cruel pesadilla; algunos nos acompañan en esta Sala. Hemos sabido de su dolor, de los años que vivieron con las maletas preparadas, esperando el retorno, y de quienes partieron esperando autorización para regresar. Pero ello no fue todo lo que debieron padecer estos compatriotas. El regreso también resultó difícil en muchos casos. Cuesta imaginarse que ese retorno largamente soñado se transformó para muchos en una nueva pesadilla. El dolor de encontrarse con un país distinto al que esperaban, cambiado; acaso más moderno, pero también más frío y distante; donde también eran considerados como extranjeros por algunos, así como la dura realidad de familias cuyos hijos nacidos en el extranjero no lograron comprender esta lejana historia patria y decidieron quedarse; la difícil reinserción laboral y social. En fin, un desexilio tanto o más doloroso que el propio destierro. Por eso, al igual que al Diputado señor Ascencio, me duelen los aplausos que reciben los diputados de Derecha, lo que hago presente en forma bien fraternal a mis amigos retornados, porque los responsables de sus tragedias son precisamente los señores que están al frente. El señor ORPIS.- ¡Pero no del robo que sufrieron estas personas!El señor MUÑOZ (don Pedro).- En ese marco, muchas naciones que acogieron a chilenos exiliados colaboraron con el gobierno democrático a través de diversas formas. Una de ellas fue la cooperación para los retornados, instrumento usado, en el caso que nos reúne, por el gobierno alemán para favorecer a quienes permanecieron en dicho país, a través de un convenio de cooperación que permitiera otorgar créditos para favorecer su inserción laboral en el país.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Llamo al orden al señor José Antonio Galilea. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Por largo tiempo, muchos de nosotros escuchamos diversas denuncias de beneficiados de dichos préstamos que señalaban que el Banco del Estado, organismo encargado por el Estado de Chile de materializar la ayuda, no se ajustaba a las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación, pues entregaba créditos a tasas de interés más altas que las del convenio, rigidizaba las condiciones de pago e incumplía lo establecido en torno a asesoría técnica para la evaluación y seguimiento de los proyectos. Ello motivó la investigación de esta Corporación, acordada el 2 de julio de 1997, cuyo resultado tenemos ante nuestra vista. No quisiera extenderme sobre aspectos técnicos del acuerdo, pues están en el informe, y ya han sido señalados a la Sala y difundidos por la prensa. No puede olvidarse que tras estos casos se encierran enormes dramas humanos, los que no han quedado al margen de la consideración de esta Comisión. Estamos contestes en que nuestro país no se ha hecho cargo de la deuda que tiene con aquellos chilenos que debieron soportar largos y duros años de exilio, tal como ocurrió con los exonerados políticos y con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, en lo relativo a la vida y a la integridad. ¿Cuál es el problema de fondo en la materia que estamos discutiendo hoy?El señor PÉREZ (don Víctor).- ¡Que se robaron la plata!El señor MUÑOZ (don Pedro).- Que debemos reparar a todos los compatriotas que fueron obligados a abandonar el país por razones políticas. El señor ORPIS.- ¡Tienen que reparar el robo de que fueron objeto estas personas! El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Llamo al orden al Diputado señor Orpis. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Llamo al orden al Diputado señor Orpis. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Durante los últimos años, este Parlamento ha aprobado numerosas normas especiales destinadas a solucionar los casos de deudores de diverso origen, atendidas las especiales circunstancias que los afectaban. También ha sido posible sancionar normas destinadas a reparar la situación de quienes fueron afectados durante el gobierno militar por la muerte de sus familiares o la exoneración de sus fuentes de trabajo. Asimismo, se han aprobado disposiciones especiales que facilitaron el regreso de los chilenos exiliados. Por último, quiero recordar a los diputados de Derecha que durante el primer año del gobierno democrático se les condonaron todas las deudas a los militares y a “El Mercurio”. Por eso, nosotros, los socialistas, esperamos contar con vuestro apoyo cuando se presente una iniciativa legislativa de real reparación para los compañeros retornados. También les pedimos que aprueben el proyecto de acuerdo presentado por el Diputado don Gabriel Ascencio. El señor PÉREZ (don Víctor).- ¡Siempre y cuando no les roben la plata! El señor MUÑOZ (don Pedro).- Sin embargo, en el caso de los retornados no existieron normas destinadas a favorecer su reinserción social, constatándose que muchos compatriotas regresaron al extranjero ante la falta de posibilidades. Pues bien, este esfuerzo valioso y excepcional realizado a través de la cooperación alemana y el aporte del Estado de Chile no puede resultar dañino y oneroso para los beneficiarios. Nada, creo yo, constituiría una solución más valiosa a este trabajo que conseguir una solución efectiva a estos casos, algunos de los cuales han tenido un fatal resultado, producto de la desesperación frente a la pérdida de la fuente de trabajo y, en muchos casos, de inmuebles familiares. Una situación tan dolorosa y dramática como la reinserción a la Patria no puede abordarse como un crédito comercial cualquiera. Reclamamos para estos compatriotas condiciones especiales. Quizás el error original cometido en este caso haya sido encargar su implementación al Banco del Estado, conociéndose la legislación privada que regula sus transacciones comerciales. Es hora de reparar este error sin afectar el patrimonio de dicha institución, cuyo prestigio y destino como organismo público, en el que confían millones de chilenos, no está en juego en este caso. Por eso, nosotros, los socialistas, formulamos un llamado a las autoridades para estudiar una solución a estos dramáticos casos, atendido su carácter excepcional. Por eso, nosotros vamos a respaldar plenamente este proyecto de acuerdo, que tiene como única finalidad resolver el drama social que está afectando a miles de retornados y completar la investigación que aquí se ha señalado. Nosotros le habíamos pedido a la Derecha que prorrogáramos el plazo de esta Comisión,...El señor ULLOA.- ¿Para qué quieren más tiempo si ustedes no asisten a las reuniones de estas Comisiones? El señor MUÑOZ (don Pedro).- ...que ampliáramos su investigación hacia otros organismos; sin embargo, la Derecha no quiso acceder a lo solicitado. Por ello es que en este proyecto de acuerdo nosotros también solicitamos una nueva comisión investigadora, con el objeto de que queden claramente delimitadas las responsabilidades, si es que las hubo, de las personas que intervinieron en estos préstamos. He dicho.El señor MASFERRER.- Señor Presidente, llámele la atención por mentir tanto. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Cerrado el debate. El Diputado señor Ascencio, en representación de un conjunto de diputados, ha solicitado la unanimidad de la Sala para votar un proyecto de acuerdo.Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No hay acuerdo. Por lo tanto, corresponde votar el informe de la Comisión investigadora.El señor PÉREZ (don Víctor).- Dé a conocer los pareos, señor Presidente.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a informar de los pareos.El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Existe el siguiente pareo: entre los Diputados señores Krauss y Vilches. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el informe de la Comisión. -Durante la votación: El señor PÉREZ (don Víctor).- Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, no puedo ofrecer la palabra durante una votación. Los señores diputados tienen la suficiente experiencia para saber que los informes de las comisiones se votan a favor, en contra o absteniéndose.El señor PÉREZ (don Víctor).- Es que hay problemas con los pareos.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario ya dio cuenta del pareo registrado. El señor PÉREZ (don Víctor).- Lo que pasa, señor Presidente, es que existe un error en esa información, ya que personalmente presenté más de ocho pareos en la Secretaría, los que regían para todas las votaciones que se produjeran durante las sesiones de esta semana. -Hablan varios señores diputados a la vez.El señor ROCHA.- Yo tengo un pareo registrado, del que no se ha dado cuenta.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, se me informa que algunos pareos no están registrados en esta sesión, sino que en alguna de la semana pasada, pero pactados en relación con ésta. Mientras llega el registro, queda pendiente la votación. El señor AGUILÓ.- Reglamento, señor Presidente. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, el Diputado señor Ascencio y otros miembros de la Cámara solicitaron la unanimidad para votar un proyecto de acuerdo antes de la votación del informe, pero no hubo unanimidad. Para efectos reglamentarios, entonces, entiendo que votado el informe de la Comisión, inmediatamente después vamos a votar el proyecto de acuerdo. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No, señor diputado. Las reglas sobre la materia, que se han mantenido durante los 9 años del Parlamento, indican que en las sesiones destinadas a conocer el informe de las comisiones investigadoras, sólo se vota éste, a favor o en contra. No es posible admitir indicaciones, ni adiciones, ni complementos, ni proyectos de acuerdo complementarios, ni nada, excepto el voto de dicho informe, salvo que por acuerdo unánime de la Sala se permita una consideración distinta. Por eso solicité la unanimidad de la Sala para permitir votar el proyecto de acuerdo, y no la hubo. El señor AGUILÓ.- ¿Me permite? El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, como la disposición reglamentaria es extraordinariamente clara -por lo menos para algunos parlamentarios-, le ruego, si lo tiene a bien, recabar nuevamente la unanimidad, porque entiendo que con esta aclaración los parlamentarios de la Derecha, particularmente de la UDI, van a darla, porque les interesa que se resuelva, según el tenor de sus intervenciones.El señor GALILEA (don José Antonio).- Es un abuso. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, solicito nuevamente la unanimidad de la Sala. No hay acuerdo. El señor PÉREZ (don Víctor).- Reglamento, señor Presidente. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, en relación con lo planteado reglamentariamente por el Diputado señor Aguiló, nosotros no vamos a dar la unanimidad, como ha quedado claro, en la sesión de hoy, pero en la de mañana no tenemos ninguna dificultad para hacerlo.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a los pareos que constan de sesiones anteriores.El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Se encuentran registrados los siguientes pareos: del señor Bartolucci con el señor Venegas, del señor Andrés Palma con el señor Orpis, del señor Rocha con el señor Alvarado, del señor Krauss con el señor Vilches y del señor Mora con el señor Molina. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación. -Durante la votación: El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Llamo al orden al Diputado señor Vilches. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Rechazado el informe. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:Álvarez-Salamanca, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Kuschel, Longton, Masferrer, Melero, Monge, Orpis, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Rojas, Soria, Ulloa, Van Rysselberghe y Vargas. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, Martínez (don Gutenberg), Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rincón, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Valenzuela, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). -Se abstuvieron los Diputados señores: Naranjo y Tuma.Un señor DIPUTADO.- Pido la nómina de la votación.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Su Señoría dispondrá de la nómina solicitada. El señor PALMA (don Andrés).- Reglamento. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, por algún error se dijo que yo estaba pareado con el Diputado señor Orpis, quien, al parecer, marcó su votación en el tablero electrónico y, por lo tanto, aparece votando. No sé si eso significa que yo también puedo aparecer votando, caso en el cual rechazo la decisión de la Comisión.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No puedo repetir la votación, porque no incide en el resultado, y los pareos están entregados al cumplimiento de quienes los suscriben. La señora POLLAROLO (doña Fanny).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría por una cuestión reglamentaria. La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, solicito, en nombre de la bancada del Partido Socialista, que vuelva a recabar la unanimidad de la Sala para tratar el proyecto de acuerdo, tan importante para solucionar el problema de los retornados. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, lo he solicitado dos veces. Por última vez, recabo la unanimidad de la Sala. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.SALVAGUARDIAS A DISTORSIONES DE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 18.525, relativa a distorsiones de precios en las importaciones, para establecer un procedimiento de salvaguardias conforme el Acuerdo de Marrakech. Diputados informantes de las Comisiones de Economía, de Agricultura y de Hacienda, son los señores Tuma, Recondo y Ortiz, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2269-03, sesión 23ª, en 1 de diciembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 3. -Informes de las Comisiones de Economía, de Agricultura y de Hacienda, sesión 35ª, en 19 de enero de 1999. Documentos de la Cuenta, Nºs 3, 4 y 5, respectivamente. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- De acuerdo con lo convenido, el proyecto se discutirá hoy durante una hora y continuará en la sesión ordinaria de mañana, jueves 21. Esto implica, como se señaló a los señores diputados, que la sesión de mañana se realizará tanto para los efectos de este proyecto como para el que dice relación con la asignación de modernización y otros beneficios, conocido en otros términos como proyecto Anef, al cual el Gobierno le ha otorgado “suma” urgencia. En conformidad con los acuerdos de Comités, el Ministro de Hacienda se refirió al proyecto al comienzo de la sesión. -El texto de la intervención del Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat, es el siguiente: “Señor Presidente, dejo testimonio en la Sala de mi agradecimiento por la flexibilidad y comprensión que han tenido los Comités parlamentarios y la Sala al aceptar esta modificación de la Tabla de la sesión, a la vista de obligaciones posteriores impostergables que tengo en Santiago con el Presidente de la República. Quiero nada más indicar aquí, nuevamente, cuál es la razón de fondo de un proyecto de ley que viene a ser -de verdad- el cumplimiento acabado, completo y formal de un acuerdo, celebrado y ratificado en esta propia Sala el año pasado, a raíz de la aprobación y votación de la ley de rebaja de aranceles, del derecho aduanero. Como recordarán las señoras y señores diputados, en dicha ocasión, para permitir un oportuno y pronto despacho de una ley que es importante para la República de Chile, que dice relación con el tema de seguir asegurando la competitividad y la eficacia de su comercio exterior, se lograron establecer dos protocolos de acuerdo. El primer protocolo daba un programa de fomento en el tiempo, especial y focalizado, de promoción a sectores de la pequeña y mediana empresa y, en particular, a los grupos más vulnerables y rezagados del sector rural y agrícola. Debo agregar con satisfacción, desde el punto de vista del Ejecutivo, que se ha avanzado -precisamente en estas semanas- en materializar este protocolo y hacer efectivos los montos provisionados ya en el presupuesto de 1999 para llevar a cabo esos apoyos. El segundo protocolo se refería a la posibilidad de que Chile tuviera algunos instrumentos o mecanismos adicionales a aquellos con los que hoy cuenta, respecto de situaciones extraordinarias o excepcionales, transitorias, en relación con el mercado del sector importador y a la luz de un comercio externo en que a veces, en ocasiones y períodos -ojalá no ocurra, pero pudiera llegar a ser el actual-, concurren condiciones de no competencia perfecta, de vulnerabilidad y de exceso abrupto de importaciones sobre nuestro país que, en nuestra opinión, el Ejecutivo y el Legislativo tienen la obligación de cautelar para un desarrollo fluido y ordenado de los mercados en el tiempo. Hago esta observación porque en el Gobierno del Presidente Frei y, en general, los Gobiernos de la Concertación -y también en el pasado, en los diez años anteriores a lo que me refiero-, se ha venido inscribiendo crecientemente una política de desarrollo, de apertura externa y de fomento al sector exportador neto, pero bajo patrones que se van acercando cada vez más, en forma aplicada y limpia, al libre comercio. Es decir, estamos aquí a punto de votar un proyecto que se inscribe en un contexto de apertura, de libertad de comercio, y, precisamente, después que el gobierno que represento avanzó reduciendo los aranceles de 11 a 6 por ciento en el plazo programado que se conoce. Planteo esto para evitar que aquí se comente, se diga o se analice, de una manera tal vez arbitraria, que este proyecto se inscribe en una corriente de afán o de visión proteccionista de los gobiernos de la Concertación. Muy por el contrario, tenemos las credenciales específicas para decir que sólo hemos seguido avanzando en la apertura externa; por la vía unilateral, en 1998, con el concurso de la gran mayoría de los votos de esta Cámara; por la vía subregional, con los pactos suscritos de libre comercio subregionales, y por la vía bilateral, con más de 23 pactos con países específicos. Pero ocurre que estos efectos del comercio abierto, competitivo y transparente, requieren en la práctica de transiciones y de instrumentos que permitan ajustes a los sectores productivos por la vía de la mano de obra, del capital, de la capacidad empresarial y del uso de los escasos recursos generales que tiene el país. Queremos tener la batería legal y efectiva de instrumentos. Ojalá para no usarlos o emplearlos. Ojalá para hacer de esto la excepción y no la regla, queremos tener el instrumento de salvaguardia que reseñe el proyecto de ley en su artículo único, cuyo objeto es modificar, acorde con el espíritu de estas ideas, la ley Nº 18.525, hoy vigente. Queremos que haya un instrumento que permita actuar en forma transitoria frente a aumentos imprevistos de importaciones excesivas para facilitar los procesos de adaptación y ajuste que he descrito. Si bien estamos conscientes de que estos instrumentos son parciales, limitados, no dan soluciones definitivas ni pueden darlas a los distintos sectores productivos -por la naturaleza de los problemas del comercio exterior-, creemos, por otro lado, que una visión pragmática al respecto permite que la Comisión de Distorsiones, actualmente vigente -cuya secretaría ejecutiva está en manos del Banco Central de Chile-, al generarse la sospecha, la presunción, las pruebas de daño por aumentos excesivos, sorpresivos y bruscos de importaciones en algunos productos o sectores, disponga de un instrumento más de aplicación, agregado al que tiene sobre derechos antidumping y a los que cautelan las distorsiones específicas. En este sentido, la salvaguardia es un instrumento adecuado con que hoy cuentan todos los países desarrollados en su legislación y para su ejecución práctica en los momentos oportunos. El proyecto de ley sobre salvaguardias -que espero que votemos hoy- no pretende de ninguna manera ser un substituto o reemplazo de los llamados “aranceles diferenciados” que algunos pudieran pensar. Al respecto, tuvimos una discusión a veces dura en esta Cámara y en el Senado. El Gobierno se ha pronunciado -no sólo el año pasado, sino que ahora y en el pasado- en contra de la diferenciación explícita, nominativa, expresa, con un proyecto de ley en materia arancelaria, y este proyecto de salvaguardias no debe entenderse, en caso alguno, como que abre una variante o ventanilla para seguir por ese camino que no ha sido conveniente en el pasado histórico de nuestro país. Afortunadamente, el Congreso ha concurrido en estos diez años a evitar ese camino de diferenciación. Aquí queremos inscribirnos en las llamadas “salvaguardias globales” que están enteramente inscritas y entendidas en el derecho internacional aplicado al comercio, en particular en el artículo XIX del Gatt y en el acuerdo específico que suscribió Chile -y prácticamente todos los países en vías de desarrollo y desarrollados- sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Me refiero a los compromisos formalizados en Marrakech en 1994, en la cumbre de los países, hoy OMC. Este proyecto genera un instrumento, adicional y potencial, que permite actuar ante inesperados aumentos de importaciones, sea ésta en términos absolutos o relativos, en comparación con la producción nacional, cuando dichos aumentos enfrenten magnitudes o condiciones que amenacen causar grave daño a la rama de la industria nacional que genere productos directamente competidores o similares a los afectados. De esta manera, creemos que, al establecer aranceles con sobretasas transitorias -en este caso estamos inscribiendo la versión más limitada de lo que permite la OMC-, es posible tener un instrumento para evitar que esos incrementos excesivos, transitorios, esporádicos y, a veces, cíclicos, puedan llegar a destruir un sector o una industria que en el mediano y largo plazo es competitiva, en condiciones de verdadera competencia. El proyecto establece que, de generarse esa circunstancia, y con toda una normativa y reglamentación, el Presidente de la República podrá tener la facultad, mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, de aplicar salvaguardias en la forma de una sobretasa arancelaria ad valorem y luego de realizarse la investigación y las pruebas correspondientes. La salvaguardia, en este caso, podrá superar el arancel consolidado ante la OMC -que Chile tiene inscrito en la OMC-, con un límite de 31,5 por ciento total nominal, que es sólo superado por cuatro productos agrícolas sujetos también al régimen especial de banda de precios y conocido por las señoras y señores diputados. Aquí, por lo tanto, no hay techo en el nivel de sobretasa que se puede aplicar, y éste será en función del daño aplicado, de los procedimientos establecidos en nuestra legislación interna y en el espíritu y normas del Acuerdo de Marrakech a que he aludido. El proyecto de ley establece una salvaguardia por un año, prorrogable hasta por dos años. El Ejecutivo ha elegido aquí la versión más blanda del sistema de la OMC que permitiría, en realidad, llegar a cuatro años prorrogables. ¿Por qué lo hemos hecho? Por ser coherentes con nuestro camino de exportaciones, de competitividad y de fomento al comercio exterior sin restricciones cualitativas y cuantitativas. En verdad, estas salvaguardias aplicables por un año podrían prorrogarse por un segundo año; entonces, como plazo límite, tendríamos dos años. El plazo que señalo en esta iniciativa es el doble del que hoy tienen los derechos compensatorios antidumping, y la posibilidad de la prórroga tiene la ventaja de permitir reevaluar la situación sin necesidad de nuevas investigaciones. El proyecto también establece que en la eventualidad de situaciones críticas, en las que cualquier demora pudiere entrañar peligro o perjuicio irreparable para el sector o productor, pueden establecerse medidas provisorias e iniciar las investigaciones del caso desde el primer día, lo que marca una diferencia con la legislación vigente sobre antidumping y derecho compensatorio, las cuales no pueden establecerse antes de los 60 días de iniciado el proyecto de investigación. A juicio del Supremo Gobierno, el proyecto es moderado, autolimitado y se inscribe en la norma más blanda del OMC -hoy, en manos y posición de todas las legislaciones modernas del mundo: de los países Nafta, los del euro y otros-, del cual Chile no dispone y que nos da hasta un instrumento adicional, potencial en sus posibles negociaciones bilaterales y multilaterales, que Chile necesita tener. Quiero terminar esta reflexión citando las palabras del señor Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, quien habló hoy, a las 14 horas, en Estados Unidos, para indicar que incluso en Estados Unidos, siendo la gran potencia que es, hay temores, sensibilidad y conciencia de lo que puede llegar a ser para ese país, desde el punto de vista de sus intereses domésticos, una situación de balanza comercial excesivamente competitiva y vulnerable, a raíz de los acontecimientos del Asia y de lo que ha ocurrido en Brasil, fuertemente desde el miércoles de la semana pasada. Por lo tanto, subrayo la oportunidad y relevancia de este proyecto que establece salvaguardias, que obtuvo buenas mayorías en las Comisiones de Hacienda, Economía y Agricultura, y un gran apoyo de la opinión pública y del Congreso Nacional, en el interés de legislar, relevancia que no puedo dejar de subrayar, dada la incertidumbre del sector externo como consecuencia de la crisis asiática y hoy de Brasil. Gracias”. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde conocer los informes. En primer lugar, tiene la palabra el Diputado señor Tuma para entregar el de la Comisión de Economía. El señor TUMA.- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto iniciado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y calificado de “suma” urgencia, que introduce modificaciones a la ley Nº 18.525, relativa a las distorsiones de precios en las importaciones, para establecer un procedimiento de salvaguardias conforme al Acuerdo de Marrakech. Participaron en la discusión de la Comisión las siguientes personas: El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Jorge Leiva Lavalle; el Ministro de Agricultura, señor Carlos Mladinic Alonso; el Subsecretario (S) de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Luis Sánchez Castellón; el Subsecretario de Agricultura, señor Jean Jacques Duhart; el Fiscal Nacional Económico, señor Rodrigo Asenjo Zegers; el Jefe del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Roberto Paiva; el Director de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Alejandro Jara Puga, y el abogado del Departamento Jurídico de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Federico Gajardo. Asimismo, la Comisión recibió en audiencia a representantes de distintas ramas productivas tales como la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados no Tradicionales, la Asociación Nacional de Importadores, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, A.G.; la Cámara Aduanera de Chile, A.G.; la Asociación Nacional de Importadores, A.G.; la Asociación de Bebidas Refrescantes, el Instituto Textil, la Asociación de Productores e Industriales del Calzado, la Confederación Unida de la Mediana y Pequeña Industria (Conupia), y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). También entregaron sus observaciones los representantes del Instituto Libertad y del Instituto Libertad y Desarrollo El proyecto consta de un artículo único que, básicamente, modifica la ley Nº 18.525 para incorporar en nuestra legislación la aplicación de la medida de salvaguardia cuando concurran las condiciones establecidas en el artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, y en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, las que se podrían concretar en sobretasas ad valorem y transitorias. Así lo dispondrá el Presidente de la República a través de un decreto supremo basado en un informe favorable de la Comisión de Distorsiones, la que contará con un plazo no superior a 30 días desde el inicio de la investigación. La vigencia de la medida no podrá exceder de un año, la que podrá ser prorrogada por una sola vez, por el mismo período, debiendo contemplar un calendario para su desmantelamiento. Se considera la aplicación de compensaciones en el caso de convenir con otro país una medida de salvaguardia, permitiendo disminuir los aranceles o acelerar el proceso de desgravación previsto en el correspondiente acuerdo comercial. Esto quiere decir que si Chile acuerda la aplicación de esta medida con otro Estado sobre un producto, podrá compensar flexibilizando la aplicación de aranceles en otros. También Chile podrá compensar los efectos que ocasione la aplicación de la salvaguardia a nuestros productos cuando no se llegue a acuerdo de compensación con el país que emplee esta medida, para lo cual el Presidente de la República podrá aumentar los aranceles aplicables a las mercaderías de ese país. El instrumento de salvaguardia permite aplicar medidas provisionales una vez iniciada la investigación y comprobados en forma preliminar los indicios de un aumento imprevisto de importaciones y del daño de amenaza del mismo, lo que no acontece cuando se aplican medidas antidumping o compensatorias, las que sólo se pueden utilizar 60 días después de iniciada la investigación. Por otra parte, el proyecto responde al compromiso suscrito por el Ejecutivo con el Parlamento dentro del marco de la discusión del proyecto de ley que dispuso la rebaja de las tasas de aranceles aduaneros establecidas en la ley Nº 19.589. Es oportuno recordar que uno de los efectos de esta normativa, recientemente promulgada, puede producir un eventual aumento de las importaciones y también provocar un grave daño o amenaza del mismo a cualquier sector productivo de la economía nacional. Ambas iniciativas dan cuenta de la aplicación de los acuerdos suscritos dentro del marco del Gatt, que establecen, entre otras, la obligación de implementar una política de rebaja arancelaria progresiva. Dicho acuerdo es complementado en materias específicas, entre las cuales se destaca el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, y el Acuerdo sobre Salvaguardias a los cuales se refiere el proyecto de ley en informe. El artículo 9º del Acuerdo sobre Salvaguardias contempla la medida de urgencia para la importación de determinados productos. El Acuerdo sobre Salvaguardias consta de 14 artículos y un anexo. Tiene por objeto establecer normas de salvaguardias en relación con lo previsto en el artículo XIX del Gatt, de 1994. Autoriza a los miembros signatarios del acuerdo para aplicar medidas en contra de la importación de un producto cuando su ingreso al país cause o amenace causar daño grave a una determinada rama de la producción nacional que compite con el producto importado de que se trate o similares. Previo a la aplicación de las medidas establecidas en este Acuerdo de Salvaguardias, se requiere realizar una investigación en el país afectado, conforme al procedimiento consultado en el artículo XIX del Gatt, de 1994. Se exige, entonces, que la investigación determine la existencia de amenaza de daño grave o, simplemente, que se haya producido el daño en su calidad de grave. Las medidas contempladas en el referido acuerdo apuntan a evitar que se produzca daño con la importación de una mercadería, en el sentido de que ingrese a un costo de producción más bajo de lo que cuesta producirla en el país afectado -ello, originado por razones estacionales- o en un volumen que ocasione grave daño. Las posibles medidas por aplicar son restricciones cuantitativas del promedio de una importación o la distribución de un contingente entre países proveedores. El acuerdo contempla la existencia de un Comité de Salvaguardias encargado de vigilar su aplicación y el cumplimiento de sus normas, como asimismo prestar asesoría a los países signatarios. El Supremo Gobierno, a través del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Jorge Leiva, expresó las razones que tuvo para presentar el presente proyecto de ley. Señaló que la iniciativa tiene por objeto llenar un vacío en relación con el comercio internacional. Agregó que el Acuerdo de Marrakech constituye el marco global general que establece la legislación internacional sobre comercio, al cual se han adherido más de 126 países que deben adaptar sus legislaciones internas. Contempla tres mecanismos de defensa internacional, dos de los cuales ya están vigentes en Chile -se refieren a los derechos compensatorios que corrigen la existencia del subsidio, recurrible ante la OMC, y a los derechos que protegen ante las prácticas desleales o de dumping-; el tercero se propone introducir mediante este proyecto de ley. El mecanismo que permite establecer salvaguardias en la producción nacional frente a determinadas circunstancias no está contemplado en la legislación chilena. A juicio del Ejecutivo, es necesario incorporarlo para proteger el interés de la producción nacional y evitar daños que afectarían el sano desarrollo del comercio internacional, como asimismo para concordar la legislación nacional a la normativa internacional a que nuestro país ha adherido. Repito que el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC permite aplicar derechos aduaneros ad valorem adicionales a las tasas normales, cuando las importaciones de un producto han aumentado en tal cantidad que causan, o amenazan causar, grave daño a la respectiva rama de la producción nacional que compite con el producto importado de que se trata o similar. Según el Ejecutivo, existen dos razones fundamentales para superar el actual vacío legal: Una se refiere a la situación económica que afecta a una serie de sectores productivos, particularmente a la industria manufacturera. Según lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas en octubre recién pasado, la producción industrial del país fue un 7 por ciento inferior a igual mes del año anterior. Uno de los efectos de la crisis asiática es que crea situaciones que pueden originar, con más frecuencia que lo habitual, el aumento de ciertas importaciones que causen grave daño a la producción nacional, sin que existan prácticas desleales como los subsidios. Un caso típico, en que corresponde una salvaguadia, se da en la importación de ciertos productos agrícolas, cuando una cosecha particularmente abundante puede generar una situación de precios que ocasione una importación tan grande que cause daño -por su competencia- a la producción nacional. La aplicación de este mecanismo no contradice la estrategia planteada por el país, desde hace muchos años, de abrir el comercio internacional y ganar de la eficiencia productiva que se da en los socios comerciales. Por otra parte, el Ejecutivo hizo presente que, con el proyecto, el Gobierno da cumplimiento a un protocolo que firmó con los parlamentarios cuando se aprobó el proyecto de ley que rebajó los aranceles aduaneros, y que también acoge una justa demanda de los sectores productivos del país, tanto empresariales como laborales. Es importante subrayar que el elemento determinante para la aplicación de medidas de salvaguardias es la cantidad de importación, atendido que lo que la hace factible es el daño a la producción nacional y a la actividad productiva respectiva. Por su parte, el Ministro de Agricultura, don Carlos Mladinic, reiteró lo expresado por el Ministro de Economía, en relación con el compromiso suscrito por el Gobierno con el Congreso Nacional cuando se discutió el proyecto de ley sobre rebaja de aranceles aduaneros. También indicó que Chile ha suscrito convenios internacionales mediante los cuales ha aprobado la existencia de mecanismos de salvaguardias, y que su aplicación requiere de una ley que establezca los períodos de vigencia, las formas de aplicación y demás condiciones establecidas en el propio acuerdo. Con estas medidas no se eliminan la amenaza y riesgo, originados en la competencia desleal, pero permiten, por un período breve, la aplicación de medidas para equiparar los nefastos efectos que se ocasionan en la economía nacional por una distorsión en los precios y condiciones de las mercaderías importadas, a raíz de circunstancias internacionales no imputables directamente al productor exportador del país extranjero. La Comisión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 211 del Reglamento de la Corporación, recibió las observaciones de diferentes instituciones. La Sociedad Nacional de Agricultura expresó que este proyecto de ley entrega un instrumento corrector de distorsiones, que apunta a dar transparencia al mercado agrícola. Señaló que con las cláusulas de salvaguardia se podrá enfrentar correctamente las situaciones que la actual legislación no cubre en caso de un aumento excesivo de importaciones que causen grave daño a la industria local. Asimismo, dijo que la iniciativa se enmarca dentro del cumplimiento del protocolo de acuerdo firmado entre el Gobierno y el Congreso Nacional durante la tramitación de la ley de rebaja de aranceles aduaneros. En todo caso, se hizo presente las excepciones que tendrá la aplicación de esta medida en virtud de los acuerdos de libre comercio, en particular los suscritos con el Mercosur y Canadá. En el primero, las salvaguardias tienen características bilaterales, se están negociando y deberán ser tramitadas en el Congreso Nacional, lo que podría dilatarlas más allá de lo necesario. En cuanto al acuerdo suscrito con Canadá, aunque este mecanismo de salvaguardia está permitido, las medidas no son aplicables a los productos con arancel cero y sólo se aplicarán durante el proceso de transición hacia el libre comercio. Según la Sociedad Nacional de Agricultura, esto atenta contra el espíritu y eficacia de la aplicación de salvaguardias, puesto que las importaciones con arancel cero pueden causar grave daño a la economía local, sin que exista un mecanismo que cautele a la producción nacional. Por su parte, la Asociación Nacional de Importadores, A.G., observó que la aplicación de sobretasas no es gratuita en el proyecto, pues impone costos directos en términos de compensaciones arancelarias a las partes afectadas. A juicio de la entidad, el proyecto debe ser perfeccionado en el sentido de precisar parámetros objetivos y cuantificables para determinar la naturaleza y gravedad del aumento de las importaciones. También debe establecer mecanismos para vincular el daño determinado con los niveles de sobretasas que corresponde aplicar. Asimismo, advirtió sobre las atribuciones discrecionales de que dispondrá la Comisión de Distorsiones para la determinación del daño potencial o real a los productores nacionales y en la aplicación y prórroga de sobretasas. A su vez, el organismo está facultado para iniciar investigaciones de oficio, aunque no exista parte propiciándola, y para eximir de la obligación de establecer calendarios de desmantelación en casos calificados. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, junto con indicar que la iniciativa se ajusta a las normativas dispuestas en el Gatt, señaló su aprensión respecto de los excesivos espacios de libertad para la autoridad, advirtiendo riesgos sobre actuaciones discrecionales en la aplicación de la normativa sobre salvaguardias de la OMC en el país. Propone elaborar un reglamento específico de la ley, que contenga parámetros claros para la determinación de conceptos de “amenaza de daño grave”, “daño grave a la producción nacional de un determinado bien”, así como también determinar una “escala de medidas” correspondientes a cada “nivel de daño”. Por último, sugirió que la composición de las instancias de análisis y apelación deberían estar compuestas, al menos, en un 25 por ciento de sus miembros, por representantes debidamente seleccionados, a propuesta del sector privado nacional. La Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, Anber, expresó sus discrepancias con la iniciativa, puesto que, a su juicio, en ella no se favorece la inserción de Chile en los mercados internacionales y beneficia a sectores sustituidores de importaciones que ya deberían haber experimentado un proceso de reconversión productiva. Expresó su temor respecto de las presiones que pueden distorsionar la estructura arancelaria del país. Con el objeto de mejorar la legislación, propuso que las presentaciones realizadas ante la Comisión de Distorsiones y los procedimientos y resoluciones de ésta, sean públicos y fundados; establecer el derecho de apelación a dichas resoluciones para todos los afectados por éstas. También considera indispensable limitar la facultad del Ejecutivo para fijar sobretasas. Del mismo modo, expresó su reparo sobre el período de vigencia de las sobretasas, puesto que, a su modo de ver, una vigencia extensa de la protección estimula la solicitud del beneficio, de manera infundada. Por último, sugirió excluir del acceso a salvaguardias a los productos con bandas de precios, en especial el caso del azúcar, en consideración a la estructura del mercado del sector, con un solo productor y controlador del mercado. Los representantes del Instituto Textil coincidieron en los reparos antes señalados en cuanto al plazo máximo para aplicar las salvaguardias, y propusieron rebajarlo a un año, y que no sea de dos o cuatro, como lo autoriza el Acuerdo General. También se manifestaron partidarios de aplicar un quórum especial para aprobar un arancel superior al consolidado ante la OMC, es decir, más del 25 por ciento. La Confederación Nacional Unida de la Mediana y Pequeña Industria, Conupia, sugirió que los costos de los estudios para determinar la necesidad de aplicar medidas de salvaguardias sean imputados a un ítem presupuestario específico de la Comisión Nacional de Distorsiones. Se mostró partidaria de que la aplicación de sobretasas sea por el máximo período permitido por la OMC, es decir, por ocho años, cuatro más cuatro. También propuso que los importadores puedan apelar cada año, y que los recursos recaudados vía aplicación de medidas de salvaguardias, sean encauzados al fomento productivo. El Instituto Libertad y Desarrollo manifestó que la iniciativa es inconveniente para el desarrollo de la economía y el comercio exterior del país; que no contiene precisiones ni acota sus alcances; en particular, estiman muy amplia la facultad de aplicar sobretasas provisionales, la que debería acotarse a través de la exigencia de un quórum más alto para su aplicación por parte de la Comisión de Distorsiones. También expresó su rechazo a la aplicación de una sobretasa superior al “arancel consolidado ante la OMC”. Asimismo, hizo presente una objeción de carácter constitucional respecto de la derogación de la norma que establece sobretasas de monto específico desde 3 hasta 24 por ciento, dejando su determinación al arbitrio del Presidente de la República. La existencia de las tasas específicas se debe a una aplicación estricta de la norma constitucional, la cual establece que los tributos se fijan por ley, lo que supone que todos sus elementos estén en ella, es decir, la propia ley debe señalar el hecho gravado, la tasa y la base imponible. Por igual razón, también considera inconstitucional que se establezcan sobretasas como medidas de salvaguardias, sin precisar su monto que, en lo esencial, es lo que viene haciendo el proyecto. Por último, hizo presente sus observaciones el Instituto Libertad, las que apuntaron al efecto que las medidas pueden tener sobre los consumidores y el interés de algunas ramas productivas por obtener la aplicación de estas medidas para compensar la rebaja arancelaria aplicada recientemente en el país. Los representantes de este instituto, asimismo, manifestaron el riesgo que conlleva el no establecer elementos claros y precisos para determinar cuándo hay grave daño o amenaza del mismo, permitiendo una aplicación discrecional de las medidas por parte de la autoridad administrativa. Además, consignaron que estas medidas deberían ser limitadas, desde el punto de vista de las facultades que se otorgan al Ejecutivo. En síntesis, el Instituto Libertad se manifestó contrario al proyecto de ley porque, por un lado, las salvaguardias disminuyen el bienestar de los consumidores, desincentivan la producción y el empleo, y son proteccionistas; y, por otro, no existe una determinación clara de lo que debe entenderse por grave daño o amenaza del mismo. La Comisión efectuó un debate acerca de la idea central que motiva la iniciativa legal. Por una parte, se expresó la conveniencia de haberse tramitado en conjunto con el proyecto que se encuentra en el Senado, en segundo trámite constitucional, cuyo objeto es modificar la ley Nº 18.525, sobre distorsiones. Esta opinión fue manifestada por el Diputado don Jaime Orpis y respaldada por el Diputado don Francisco Encina. Las objeciones dicen relación con los efectos sobre los consumidores, en el criterio de que las medidas sean aplicadas por la autoridad competente cuando exista reciprocidad con países que decidan poner en práctica las mismas y en riesgo de otorgar una doble protección a productos que están sujetos a bandas de precios. Entre los argumentos que respaldaron el proyecto, se destaca el expresado por el Diputado don Carlos Recondo, en el sentido de que la medida permitirá ayudar al sector agrícola. También se manifestó la conveniencia de la iniciativa porque protegerá a los sectores productivos que pudiesen ser gravemente dañados por el ingreso de mercaderías cuyos precios se encuentran distorsionados por condiciones estacionales. La idea de legislar se aprobó por cuatro votos a favor y uno en contra. En cuanto a la discusión particular, puedo agregar que el proyecto consta de un artículo único, compuesto por seis letras, que fueron aprobadas en los mismos términos que propuso el Gobierno. Se formularon ocho indicaciones. Una se aprobó, y su finalidad es hacer coherente el artículo 10 de la ley Nº 18.525; siete fueron rechazadas. Dos decían relación con el incremento del plazo de aplicación de la medida, y 5 con otras materias consideradas en el proyecto. Las presentaron los Diputados señores Patricio Hales, Roberto Delmastro y Encina. El proyecto fue remitido a las comisiones de Hacienda y de Agricultura, por contener materias de su competencia. He dicho. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero, quien rendirá el informe de la Comisión de Agricultura. El señor MELERO.- Señor Presidente, el 15 de diciembre, la honorable Cámara acordó que el proyecto fuera remitido, además, a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, por el plazo de dos semanas, una vez despachado por la de Economía, Fomento y Desarrollo. Durante su estudio, se contó con la presencia y colaboración del Ministro de Agricultura, don Carlos Mladinic; del subsecretario subrogante de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Luis Sánchez Castellón; del jefe de comercio exterior de esa cartera, don Roberto Paiva; del director de asuntos económicos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Alejandro Jara; del abogado del departamento jurídico de la dirección general de relaciones económicas internacionales de ese Ministerio; de la asesora del Ministerio de Hacienda doña María Eugenia Wagner, y del asesor del Ministerio de Agricultura don Mauricio Zelada. En razón de que el informante de la Comisión de Economía ha hecho un relato lato sobre las ideas fundamentales o matrices del proyecto y sus objetivos, me referiré, respecto de la fundamentación de su remisión a la Comisión de Agricultura, a las respuestas del ministro de esa cartera y su impacto y justificación desde el punto de vista del sector. El señor Carlos Mladinic dio a conocer los fundamentos contenidos en el mensaje. Señaló que la propuesta del proyecto de salvaguardias deriva del acuerdo de Marrakech, aprobado en forma unánime, y no ha sido incorporado expresamente en nuestra legislación. Agregó que contempla instrumentos que tienden a corregir imperfecciones del mercado, especialmente en los casos de competencia desleal, en que se pueden aplicar medidas compensatorias que tienden, por una parte, a eliminar la distorsión y, por otra, a compensar el daño causado. Otro mecanismo para enfrentar la competencia desleal lo constituyen las medidas antidumping, y ambas vías están consagradas en la legislación chilena, para cuyo efecto existe un procedimiento de aplicación a través de la Comisión de Distorsiones. Fue claro al señalar que la medida de salvaguardia no pretende enfrentar casos de competencia desleal. Los acuerdos internacionales han abierto la posibilidad de que, aun en los casos de competencia leal, en que no existan distorsiones, ya sea de subsidios o de dumping, si se producen, en períodos breves, fluctuaciones tales de las importaciones que signifiquen un daño o una amenaza efectiva de daño para la producción nacional, se apliquen medidas que morigeren el impacto que los aumentos bruscos de importaciones pueden ocasionar en la producción nacional. Consultado por los señores diputados respecto de inquietudes surgidas con motivo de las disposiciones del proyecto, señaló que el acuerdo sobre salvaguardias se refiere, en su artículo 3º, a la forma de efectuar la investigación y, en el 4º, a la determinación de la existencia de daño grave o de amenaza de daño grave. Añadió que, al efecto, se definen los conceptos de “daño grave”, “amenaza de daño grave” y “rama de producción nacional”. Si bien coincidió en que es posible que la investigación puede generar ciertas presiones por parte de los afectados, ello es parte del quehacer habitual de las autoridades públicas, por cuya razón la comisión debe ser lo más independiente posible, especialmente del sector que se encuentra afectado o amenazado. Consideró que la aprobación de estas medidas no significará un cierre de la economía nacional en relación al resto de los países de América el Sur. Los promedios no necesariamente reflejan el verdadero estado de la economía, a su juicio. Las economías vecinas han tenido un gran avance, pero aún no alcanzan el grado de apertura de la economía nacional. Chile ha acordado un procedimiento para seguir abriendo su economía, mediante la rebaja de aranceles. Además, los otros países cuentan con mecanismos de salvaguardia. Sin embargo, reconoció que la aplicación de estas medidas puede producir problemas e inducir a represalias, que, desde luego, están prohibidas en la normativa internacional. En cuanto a los acuerdos bilaterales, especialmente a los recientes con el Mercosur y con Canadá, explicó que ellos suelen tener una cláusula de salvaguardia propia, que se utiliza en los períodos de transición, esto es, desde que se inicia hasta que termina el proceso de desgravación. Estas cláusulas tienen por objeto volver a aplicar transitoriamente el arancel original a los productos afectados. En el caso del Mercosur, el problema no se ha resuelto expresamente. Sin embargo, en la práctica, Brasil, al aplicar medidas de salvaguardia, ha validado a Chile la preferencia que tiene según el acuerdo. En el caso del acuerdo con Canadá, es posible aplicar estas medidas, pero se encuentra pendiente la discusión de las compensaciones mutuas a las salvaguardias. En lo relativo a la actuación de oficio por parte de la Comisión de Distorsiones, es decir, que la autoridad, sin necesidad de una presentación formal de un sector productivo, en razón de la información de que dispone, pueda actuar y generar, por consiguiente, una presentación ante la comisión, el ministro señaló que suele hacerse a instancias de algún afectado, pero que muchas veces éste no tiene recursos para preparar informes o generar los elementos relevantes para que resuelva la Comisión. De allí la importancia de que el Estado pueda actuar de oficio a través del Ejecutivo. Respecto de las bandas de precios, el Ministro de Agricultura expresó que no hay excepción a las medidas y que lo más probable es que de su aplicación resulte una protección menor al piso de la banda. Respecto del plazo de aplicación -como los señores diputados saben, es de un año, con posibilidades de ser prorrogado por un segundo-, señaló que se trata de aumentos imprevistos en las importaciones, de circunstancias transitorias que, de mantenerse en el tiempo, desembocan en situaciones diferentes que deben ser abordadas de distinta forma. En cuanto al quórum especial, en caso de que la sobretasa, sumada al arancel vigente, supere al arancel consolidado, explicó que, en esa situación, el arancel acordado multilateralmente requiere de un mecanismo de compensación, lo que implica una decisión compleja por parte de la Comisión de Distorsiones. Por su parte, el subsecretario de Economía subrogante, señor Luis Sánchez Castellón, destacó que el proyecto pretende dotar a nuestra legislación de un instrumento de corrección de distorsiones en el comercio internacional, que actualmente no está contemplado. Insistió en que se trata de un mecanismo legitimado por los Acuerdos de Marrakech, compatible con los compromisos internacionales contraídos por el país en relación con la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, resaltó que el proyecto responde al cumplimiento de un acuerdo entre el Gobierno y el Parlamento con motivo del protocolo sobre rebajas arancelarias. Señaló que si se mantienen los lineamientos de la política económica nacional, que reconocen la existencia de un mercado abierto y de una inserción profunda en el mercado mundial, se dotará al país de instrumentos que permitirán a la industria nacional tomar medidas de protección frente a situaciones imprevistas, las cuales pueden ocasionar un severo daño a su producción. Esta herramienta permite perfeccionar los mecanismos de corrección de distorsiones con que cuenta nuestro instrumental jurídico y normativo. En consecuencia, en opinión del Ministerio de Economía, se trata de un proyecto de gran importancia, ya que permite actuar frente a situaciones complicadas, como las generadas en el comercio internacional a propósito de la crisis que se vive en algunos segmentos de la economía mundial, especialmente en el sudeste asiático. Con motivo de algunas inquietudes surgidas en la Comisión, resaltó que la presente iniciativa es un complemento del proyecto general de adecuación de la ley Nº 18.525 a los Acuerdos de Marrakech. Recuerdo a los segundos diputados que dicho proyecto de adecuaciones, que se encuentra actualmente en el Senado, contempla la creación de una comisión especial de revisión, instancia de apelación que tiene por objeto conocer y resolver las reclamaciones que se presenten en contra de las decisiones de la Comisión Nacional. Esto es importante, porque muchos señores diputados preguntaron si existía alguna instancia de apelación, la cual se establece en la ley marco Nº 18.525. La referida comisión estará integrada por un ex ministro de Estado, un ex subsecretario, un ex ministro de los tribunales superiores de justicia, un ex consejero o ex ejecutivo del Banco Central de Chile y por dos profesores universitarios, un abogado y un ingeniero. Esto contesta la consulta que se hizo al subsecretario de Economía en relación con la participación de profesionales independientes no necesariamente vinculados al Ejecutivo, cosa que, de alguna forma, se cumple con la incorporación de dos profesores universitarios en la comisión, un abogado y un ingeniero. La asesora del Ministro de Hacienda, doña María Eugenia Wagner, sostuvo la importancia de implementar esta legislación en el más breve plazo. En tal sentido, solicitó la cooperación de los diputados, a fin de adoptar las medidas necesarias, en especial en un año como el que se avecina, el cual, por efecto de la crisis económica, puede ser bastante complicado. Asimismo, a raíz de algunas dudas surgidas en la Comisión, la señora Wagner ratificó -fue insistente en este tema- que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen una posición clara en cuanto a tener en Chile una economía cada vez más abierta. El Congreso -señaló- prestó su aprobación a una rebaja arancelaria del 11 por ciento al 6 por ciento; precisó que, de acuerdo con otros convenios internacionales, el arancel promedio será de alrededor del 3 al 4 por ciento en algún tiempo más. En este contexto -manifestó- se han acordado una serie de medidas dirigidas a los sectores con mayores dificultades de adaptación a los cambios producidos. Se refería fundamentalmente, por ejemplo, a los sectores agrícola, textil, del calzado y a otros que no menciono, aunque los nombres que he dado no excluyen otros sectores. Finalmente, el director de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Alejando Jara, se refirió a las circunstancias en que se pueden aplicar estas medidas de salvaguardia, las cuales se encuentran definidas en el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, esto es, cuando se produce un aumento imprevisto de las importaciones. Precisó que el grave daño debe ser de tal magnitud y producirse en condiciones tales que se traduzca en una baja de precios muy fuerte, que cause daño a la producción nacional, o bien, que amenace con causar daño a ésta. Otro elemento importante de destacar -señaló- es en el caso de las medidas para enfrentar la competencia desleal, donde el daño a la industria nacional debe estar dirigido al mismo producto. Respecto de las sobretasas propuestas, dijo que son el instrumento mediante el cual se concreta la medida de salvaguardia. Ello implica elevar el arancel aduanero durante un año, medida que, como he explicado, puede ser prorrogada por un año más. Otra característica que presenta el proyecto es la aplicación de medidas provisionales, una vez iniciada la investigación y comprobados, en forma preliminar, los indicios de un aumento imprevisto en las importaciones y del daño o amenaza del mismo. Indicó que para aplicar las medidas de salvaguardia se debe realizar una investigación y, si así lo ameritan las circunstancias, puede iniciarse, de oficio, por la Comisión de Distorsiones. En respuesta a inquietudes planteadas por diversos señores diputados de la Comisión de Agricultura, resaltó que, de conformidad al Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, el procedimiento de investigación es abierto en todas sus etapas; es decir, permite que todos los interesados aporten sus antecedentes y sus puntos de vista. Además -aclaró-, es transparente, dado que se debe dar suficiente publicidad a todas las etapas de la investigación y hay un efectivo control de los criterios conforme a los cuales se adoptan estas medidas. El país -concluyó- debe notificar a todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio del inicio de una investigación y los antecedentes en que se basa, la adopción de medidas provisionales y las resoluciones que se adopten. Asimismo, se debe someter a un proceso de consulta con los países que pudieran verse afectados por la salvaguardia que Chile establezca respecto de productos que también afecten al país sobre el cual se ha hecho la presentación ante la Comisión. En la discusión en general, el proyecto fue aprobado por unanimidad, es decir, todas las letras del artículo único, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía, salvo la parte final del inciso tercero de la letra b), donde se pidió votación separada para la frase: “También podrá iniciar investigaciones de oficio cuando disponga de antecedentes que así lo justifiquen”. Sometida a votación, la oración mencionada fue aprobada por 8 votos a favor y 1 abstención. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Hacienda, para lo cual tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz, hasta por diez minutos. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, paso a dar a conocer, en nombre de la Comisión de Hacienda de la Corporación, el informe recaído en el proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 18.525, en relación con distorsiones de precios en las importaciones, a fin de establecer un procedimiento de salvaguardia conforme al Acuerdo de Marrakech. Los nombres de las personas que asistieron a la Comisión se encuentran en la primera página del informe que los señores diputados tienen a la vista. El objeto de la iniciativa es modificar la ley Nº 18.525, a fin de implementar el artículo XIX del Acuerdo del Gatt, permitiendo aplicar en Chile medidas de salvaguardia, mediante la adopción de sobretasas ad valorem de carácter transitorio. Los representantes del Ejecutivo señalaron que una de las razones que se tuvo en cuenta para presentar este proyecto fue el compromiso contraído con un grupo de parlamentarios, durante la discusión del proyecto sobre rebajas arancelarias. En segundo lugar, el único instrumento que se eligió para aplicar la salvaguardia fue la sobretasa y se desechó el tema planteado por algunos parlamentarios, porque siempre trae consigo el problema de su administración, sobre quién las recibe y quién no, lo que dificulta el trabajo de la Aduana y trae consigo una mayor discrecionalidad. Sin embargo, la razón de mayor peso que tuvo el Ejecutivo está en el artículo 88 de la ley orgánica constitucional del Banco Central, cuyo primer párrafo dice: “Cualquier mercancía podrá ser libremente exportada o importada a condición de que se cumplan las normas legales y reglamentarias en vigencia a la fecha de la respectiva operación. No podrán exigirse depósitos previos para la realización de operaciones de exportación e importación ni podrán fijarse contingentes, cupos o cuotas para ellas”. Al establecer un mecanismo que permita aplicar medidas de salvaguardia, tal como fue convenido en el protocolo de entendimiento suscrito con motivo del proyecto de rebaja de aranceles, entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, se recordó el encuentro realizado en Marrakech, en 1994, y que, en conformidad a los acuerdos asumidos por Chile en el marco de la Organización Mundial del Comercio, se estableció la aplicación de medidas de salvaguardia, con el fin de proteger a los exportadores chilenos, evitando así las importaciones masivas que pueden significar supresión de mano de obra, cesantía y término de mercados que en el extranjero resultan muy sensibles. Se encuentra en trámite legislativo en el Senado un proyecto que modifica la ley Nº 18.525, por el cual se persigue incorporar los cambios requeridos, a fin de adaptar nuestra legislación sobre distorsiones de precios en las importaciones a los compromisos asumidos por Chile ante la OMC. En consideración a ello, resulta conveniente que tanto dicho proyecto como el que está en discusión, establezcan procedimientos armónicos entre sí. La implementación del instrumento de la salvaguardia tiene por objeto contar con una medida que permita actuar en forma transitoria frente a aumentos imprevistos de importaciones, a fin de facilitar el proceso de adaptación durante el período de ajuste. Sin embargo, la salvaguardia no pretende ser un sustituto o una forma encubierta para el establecimiento de aranceles diferenciados, pero evitará la eliminación de sectores que tienen una posibilidad cierta de desarrollo, porque la apertura se realizó demasiado rápido o porque se interpusieron algunos años de crisis externa que significaron incrementos excesivos y transitorios en las importaciones de determinados productos. La salvaguardia es también un instrumento adecuado para actuar selectivamente en momentos de crisis internacional. Tal como se señaló en los informes de las Comisiones de Economía y de Agricultura, Chile se comprometió a no tener derechos de aduana superiores a 25 por ciento ad valorem, excepto en el caso de ciertos productos sensibles, como son el aceite, el azúcar, harina de trigo y lácteos, en cuyo caso la tasa máxima no podrá ser superior a 31,5 por ciento. No obstante lo anterior, dichos aranceles podrían superarse si se comprobaran distorsiones o dumping, por lo que la sobretasa no tendría un límite determinado, la que, en todo caso, no podrá superar el margen del subsidio. En el debate de la Comisión, se planteó que sería inconstitucional facultar al Presidente de la República para que, mediante decreto supremo, aumentara los aranceles a través de la aplicación de sobretasas a las importaciones de ciertos productos al país. Siendo las tasas o sobretasas verdaderos tributos, deben ser fijadas por ley, pues de lo contrario se vulnerarían las normas que al respecto contiene la Constitución Política. Lo normal es que la ley establezca los elementos esenciales de la facultad en cuestión. Se informó sobre la existencia de informes en derecho, de profesores de derecho constitucional, que determinan que no habría inconstitucionalidad en esta materia. La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo dispuso que hiciéramos un análisis completo del artículo único del texto aprobado por ella. En las páginas 3 y 4 de este informe, y en parte de la hoja 2, está en detalle el resto de la discusión habida en la Comisión sobre este proyecto. Puesto en votación el artículo único, fue aprobado por 4 votos a favor y 2 en contra. Sin embargo, en la discusión habida en este trámite legislativo quedó absolutamente claro -y lo señalo a fin de que sea parte de la historia fidedigna de la ley- que este proyecto de ley de salvaguardia es necesario para mantener nuestros mercados, a fin de que no aumente la cesantía, más aún cuando hace pocos días hemos visto con bastante preocupación la situación económica que ha debido enfrentar Brasil. He dicho. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.-o- El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Por no haber quórum en la Sala, los proyectos de acuerdo serán tratados en una próxima sesión. -o-VI. INCIDENTESPROCEDIMIENTO DE SALVAGUARDIAS PARA PRODUCTOS NACIONALES. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- En Incidentes, en el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, quiero expresar mi especial preocupación por los términos en que fue resuelto el proyecto sobre el Acuerdo de Marrakech, basado en el Acuerdo del Gatt de 1994, en lo que se refiere a la salvaguardia cuando las importaciones perjudican gravemente la producción nacional. Considero adecuada la presentación de un proyecto que permita proteger a la industria nacional en caso de que haya importaciones que estén produciéndole grave daño. Sin embargo, los términos en que se plantea el proyecto resultan insuficientes según el espíritu del Acuerdo, el cual no está destinado a poner fin a las importaciones, sino a detectar una realidad, por ejemplo, cuando por distintas razones -que no son de competencia desleal ni de dumping- se efectúan importaciones que dañan a los productores de determinado país. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo internacional, basado en el Gatt de 1994, que protege a las distintas industrias nacionales, y que, junto con aceptar que se siga importando, les permita hacer las transformaciones necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. En Chile hemos vivido situaciones como ésta. Por ejemplo, en el caso de la industria del calzado, podemos ver claramente que funciona solamente el 50 por ciento de las empresas, y en el caso de la industria textil, la situación ha llegado a extremos tan graves que la maquinaria ha tenido que venderse por kilo. De manera que el fomento de las exportaciones ha significado más bien la destrucción de la maquinaria que la producción textil propiamente tal. También hemos conocido situaciones tan delicadas como las señaladas por la Conupia, que ha planteado lo mismo que propuse yo en la Comisión: que si bien el proyecto es bueno, en realidad, al establecer un plazo de un año, lo único que hace es ofrecer al industrial chileno un certificado de defunción a doce meses plazo, porque no existen industrias -salvo casos muy excepcionales- que en ese período puedan adaptarse, analizar el mercado futuro, proponer variantes técnicas y hacer los ajustes necesarios para continuar funcionando en las nuevas condiciones. Además, podemos observar que, en el caso de la crisis asiática, ése solo hecho -sin que se produzca necesariamente mayor eficiencia en la producción- permitirá que los países asiáticos bajen sus precios, llegando a extremos tan grandes como los que señala la señora Magaly Poseck -presidenta de la Asociación del Cuero y del Calzado-, que dice que a Chile llega calzado a 14 y 19 pesos, lo cual hace imposible competir. En el caso del Asia, la baja de los precios generará aumento de sus exportaciones. Es decir, en Chile aumentarán los productos importados, creando una competencia inevitablemente dañina para la industria nacional, porque ésta no resolverá su problema con mayor eficiencia y productividad. Pero lo más grave es que mi indicación fue rechazada en la Comisión -supuestamente por inconstitucional- en votación dividida de 4 votos contra 3. Los incisos primero, segundo y tercero del artículo 7º del Acuerdo de Marrakech establecen claramente los procedimientos de salvaguardia. El proyecto del Ejecutivo dice que la salvaguardia -es decir, la protección a la industria nacional, fijando un sobrearancel para los productos importados que dañen a la industria- tendrá una vigencia de un año, prorrogable en un año más. El Acuerdo de Marrakech habla de cuatro años, que se pueden ampliar, incluso, a otros cuatro; o sea, ocho años. Yo les puedo decir que en un año no se hace nada. No estoy proponiendo los ocho años que plantea el Gatt; lo que estoy diciendo es que, en vez de uno, sean dos años, manteniendo la misma prórroga de un año, de manera que, al final, queden sólo tres años. Con ese período, una industria nacional puede sentir que se le está protegiendo realmente. Por supuesto, hay datos alarmantes. ¿Qué pasa con el crecimiento de la productividad? En Chile, la microindustria, entre 1990 y 1996, aumentó su productividad en 12 por ciento, mientras que la gran empresa -por cierto, es más eficiente-, en 99 por ciento. Por supuesto, la gran empresa tiene más recursos, más acceso al crédito, más tecnología y es más eficiente. Pero lo grave de esta cifra estadística es que, al final, estamos hablando de personas. ¿Cuál es el tamaño de la micro, pequeña y mediana empresas? Según los datos oficiales que tenemos, de un total de 5 millones de trabajadores, la gran empresa ocupa sólo a 500 mil personas; la microempresa, a 2 millones 600 mil; la pequeña, a 1 millón 200 mil, y la mediana, a 650 mil. Es decir, el 90 por ciento está en la micro, pequeña y mediana empresas. Hoy vivimos una crisis, y por distintas razones, tales como venta de chatarra, crisis asiática, reconversiones de armas que se están llevando a cabo en Rusia -lo que significará disponibilidad de recursos metalúrgicos quién sabe a qué precios, en medio de una crisis minera-, no existe la posibilidad de que una empresa nacional que esté dañada pueda reconvertirse en un año. Por eso planteamos la posibilidad de que sean dos años. Ahora, cuando hablamos de esta industria, no estamos sosteniendo que hay que cambiar el modelo económico abierto -sería una tesis absurda pensar que debemos cerrarlo-; lo que estamos pidiendo es que si el acuerdo internacional habla de ocho años, nosotros no establezcamos sólo uno, porque se pensará que estamos hablando del mínimo, que es simplemente -como ya lo dije- un certificado de defunción a doce meses. El plazo es algo clave. Además, ¿cómo se resuelve la adopción de medidas de salvaguardia? A través de una comisión que tendrá que hacer una investigación, que deberá comprobar si existe daño grave. ¿Cuántas industrias textiles y del calzado se habrían salvado en Chile en estos últimos años, si se hubiera aplicado oportunamente esta medida de salvaguardia? Pero si se va a aplicar durante un año, es muy poco. No digo que sea nada, y por eso votaré a favor del proyecto; pero lo haré porque es el mal menor. A mí me gustaría que, aprovechando este Acuerdo, nuestra industria fuera realmente protegida. En realidad, el objetivo que plantea el proyecto en cuanto a la posibilidad de adaptación de las industrias terminará, quizás, por no cumplirse. Yo había planteado que el proyecto estableciera dos años, más uno de prórroga, porque su artículo 5º dispone que no volverá a aplicarse ninguna medida de salvaguardia para un producto que haya estado sujeto a esta medida, hasta que transcurra un período igual al que se aplicó, siempre que el plazo de no aplicación sea, como mínimo, de dos años. Por eso, mencionaba los dos años. El Gobierno y las comisiones tendrán la posibilidad de establecer si determinada rama de la producción nacional debe beneficiarse con la aplicación de un sobrearancel. Para terminar, de acuerdo con los antecedentes que tenemos hoy día: crisis de nuestra economía por efectos de la asiática, dificultades en algunos sectores -conozco muy bien lo que sucede con los microempresarios de Recoleta, con la gente de nuestro mercado persa de Zapadores, con la gente de Patronato, con nuestra industria textil, que conocemos a fondo lo que ha tenido que sufrir-, si se hubiera adoptado una medida de salvaguardia que hubiera permitido transformarse a las industrias, ésta debió ser por dos años, prorrogable en uno -como lo decía el proyecto-, quedando en tres años en vez de uno. Ahora, el verbo “transformarse” será sinónimo de “liquidarse”. Lamentablemente, en el ámbito de la producción nacional, esta medida puede terminar por recordarnos esa triste respuesta que, alguna vez, alguien le dio a los agricultores: “Si no pueden adaptarse, cómanse las vacas”. ¿Quién se comerá las industrias? He dicho. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.HOMENAJE A DON JORGE RABIÉ DAVANI, RECIENTEMENTE FALLECIDO. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA (de pie).- Señor Presidente, honorables colegas: Ayer, la comunidad chillaneja y ñublesina y el empresariado nacional fueron impactados por la noticia del fallecimiento de nuestro estimado amigo Jorge Rabié Davani. A comienzos de 1902, su padre, don Nicolás Rabié, llegó a Chillán desde Jerusalén, y fundó la casa comercial Rabié. En 1922 nació don Jorge, quien, desde muy temprana edad, a los 17 años, en 1939, se integró a la empresa familiar. En 1948, contrajo matrimonio con la distinguida dama, doña Yolanda Uauy, del cual nacieron cinco hijos: Esteban, Yolanda, Jorge, Soledad y Jacqueline, formando una numerosa y emprendedora familia, con la cual hemos compartido durante 50 años, por tres generaciones. Su espíritu visionario hace que, en 1956, además de su actividad comercial, se inicie en la actividad forestal en los sectores precordilleranos de la provincia de Ñuble. Su empresa comercial continúa creciendo y desarrollándose. En 1980, constituye una de las empresas distribuidoras más importantes del país: atiende a más de treinta mil comerciantes, desde Antofagasta hasta Chiloé, y mantiene siempre su casa matriz en Chillán, lo que le valió el reconocimiento de nuestra comunidad, porque fue un hombre importante en el proceso de la regionalización, dando testimonio de lo que él expresara en muchas ocasiones: “Los empresarios debemos ser verdaderos polos de desarrollo y crecimiento del país”. Esto determinó que él recibiera merecidos premios. Quiero mencionar el de la excelencia, en 1992, concedido por el comercio detallista; en 1993, por los medios de comunicación de Ñuble, por su valiosa cooperación a la comunidad, y en 1997, un reconocimiento que nos enorgullece a todos los chillanejos y ñublesinos: el Premio del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, Icare, por su brillante gestión empresarial. Su espíritu creativo e innovador lo impulsa a que, en 1996, cree un proyecto inmobiliario, uno de los más importantes de la provincia de Ñuble: el Mall Plaza El Roble; y su espíritu continúa hasta hoy, ya que, actualmente, en la novel comuna de Chillán Viejo, se construye una nueva planta distribuidora ubicada a 16 kilómetros de Chillán. Fueron muchas las diferentes instituciones de beneficencia de Chillán y Ñuble que lo tuvieron entre sus benefactores. Quiero mencionar su importante labor en el Teatro Municipal, en los clubes de rotarios, en los cuerpos de bomberos y en instituciones dedicadas a la educación y al arte. Deseo terminar este homenaje, tal como lo hace en el día de hoy nuestro diario “La Discusión”, en su editorial: “Jorge Rabié nos deja una lección de calidad humana por su sencillez y humildad. Nunca prepotente. Muy merecidos los premios que recibió como empresario. Al apagarse su valiosa vida, Chillán sufre una gran pérdida”. Señor Presidente, deseo que el texto de este homenaje se le haga llegar a la familia, con nuestras condolencias y las del Partido Social Demócrata. He dicho. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Se enviará lo solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ortiz, Jiménez, Acuña y Gutiérrez.28ª FORO INTERNACIONAL DE LEONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, REALIZADO EN CONCEPCIÓN. Oficio. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por doce minutos, el Diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, desde el 13 hasta el 16 de enero, la semana pasada, en mi ciudad de Concepción, se llevó a efecto el 28º Foro Leonístico de América Latina y el Caribe, al que asistieron 460 participantes de 24 países de América Latina y el Caribe. Me correspondió asistir al acto de clausura de este foro. El presidente mundial de los leones reconoció su perfecta organización, a cargo de los leones penquistas. ¿Cuáles son los objetivos del Folac? Demostrar que el leonismo es una fuerza capaz de promover la comprensión entre los pueblos y conseguir la integración de nacionalidades; luchar para que el leonismo desarrolle el entendimiento, a nivel internacional, a fin de mantener la vigencia efectiva del respeto a los derechos fundamentales del hombre, sin distinción de razas, religiones o sistemas políticos -por ejemplo, en la clausura, los leones del Perú y Ecuador sellaron un compromiso de amistad por el acuerdo de paz entre esos dos países hermanos-; examinar y resolver temas que interesen al leonismo de América Latina y el Caribe, en sus relaciones de áreas y zonas con la Asociación Internacional de Clubes de Leones; programar y establecer líneas de acción en beneficio de los países, en los campos de salud, educación y asistencia a la juventud. En el temario, todos esos temas se desarrollaron por participantes extranjeros. Se aprobaron conclusiones muy importantes para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Además, este encuentro persigue estrechar vínculos de solidaridad y amistad entre todos los países, funcionarios internacionales, distritales y los clubes de leones entre sí; motivar las actividades de esos clubes en todos los países integrantes del Folac; proporcionar un mejor conocimiento entre países de área; instruir leonísticamente a los leones del área y fortalecer la mística por el servicio; constituirse en portavoz de las inquietudes y expresiones de los deseos del leonismo de América Latina y el Caribe ante la Asociación Internacional de clubes de Leones; informarse, por intermedio de los directores internacionales de áreas, de las novedades y acontecimientos ocurridos en toda América Latina y el Caribe; promover la supresión de la violencia y, especialmente, de la intolerancia, como sistema de presión sobre la ciudadanía; afirmar que sólo mediante la mantención del orden y del mutuo respeto entre los hombres y naciones se puede, sin discusión, asegurar la paz y la unidad del continente. Fui partícipe de la amistad que existe entre estos hermanos leones, sin serlo, ni tampoco rotario. Por eso, quiero destacar al comité ejecutivo, integrado por su director general, el doctor Mickey Torres Molina, penquista desde siempre, y don Ernesto Miranda Andretta, también penquista de toda una vida, quienes fueron parte vital de esta organización; asimismo, a su secretaria general, señora Inés Yáñez Rivas, y a su tesorero general, señor Ernesto Miranda Córdova. Tuvimos la oportunidad de escuchar una intervención magistral del presidente internacional, quien se basó, especialmente, en el significado de los valores que unen a estos hombres en todo el mundo. Acordaron reunirse en enero del año 2000, en el 29º Foro, en la ciudad de Panamá, Panamá. He creído conveniente dar a conocer, a grandes rasgos, lo que significan estos encuentros internacionales. Me siento orgulloso, una vez más, de ser penquista, por la calidad de los dirigentes -en este caso de los leones-, que nos dejaron bien puestos a través de toda América Latina y el Caribe. Señor Presidente, solicito que el texto de este discurso -muy conciso para que los colegas de bancada interesados en abordar diferentes temas tengan tiempo- se haga llegar a las autoridades pertinentes, así como también al presidente mundial del leonismo. He dicho. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Se oficiará en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vilches y Jeame Barrueto, y de las bancadas Demócrata Cristiana y Radical Social Demócrata.DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE A LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio. El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gutiérrez, hasta por cinco minutos. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro del Interior, señor Raúl Troncoso, con el fin de que, de una vez por todas, se declare zona de catástrofe a la Séptima Región, del Maule. Hago esta petición porque se han realizado muchas consultas y trámites y dicha declaración no se ha obtenido, seguramente por lentitud en la información que entregan las autoridades regionales o porque se está ocultando algún tipo de información; pero la verdad es que la Séptima Región, zona esencialmente agrícola, atraviesa por uno de sus momentos más graves y críticos. En este momento, de las treinta comunas con que cuenta la región, hay veintiocho en estado de emergencia agrícola. Un total de 830 localidades rurales sufren profundos y graves problemas de recursos hídricos, y, en forma directa, está amenazada la subsistencia de no menos de 60 mil familias en toda la zona. Se han entregado antecedentes de parte de la Seremi de Agricultura, de la Dirección de Aguas de la Séptima Región, pero todavía no se adopta la medida que solicito. La Novena Región, cuyos problemas son muy semejantes, está pidiendo una medida similar, y consideraríamos una abierta y gravísima injusticia que se la declarara zona de catástrofe, y no se accediera a la misma petición formulada en este momento respecto de la Séptima Región, del Maule. Los instrumentos de que actualmente se dispone en la Séptima Región, mediante los decretos de emergencia agrícola, para las veintiocho comunas señaladas, no son suficientes. Hay consenso entre todos los parlamentarios de la región, de todos los partidos políticos, de que la declaración de zona de catástrofe es necesaria. De tal manera que no vemos la razón de por qué ella se está demorando. Si el señor Ministro del Interior recoge este planteamiento y se comunica con las autoridades de la Séptima Región y, en conjunto, acuerdan esta declaración, producirá un alivio a los productores, agricultores -especialmente a los pequeños del secano costero, que son los más afectados-, porque seguramente contarán con recursos, por un lado, y con mecanismos administrativos, por otro, que les permitirán enfrentar estos gravísimos problemas con mayor rapidez y eficiencia, que es lo que está pidiendo la comunidad. En Talca, hay 12 mil habitantes sin agua, quienes deben ser abastecidos con camiones aljibe; hay carencia de éstos, así como también de instrumentos para una excavación más profunda de los pozos que suministran agua en estas localidades. En Cauquenes, hay 40 sectores afectados profundamente por el fenómeno de la sequía. En el secano costero de Linares la situación es muy grave, tanto para los seres humanos como para los animales y las plantaciones de frutales y viñedos de exportación. Las ocho comunas de Curicó están declaradas en emergencia agrícola. En Constitución, más de mil familias están sin agua potable, y como su abastecimiento es extraordinariamente difícil, existe alarma en la población. Su alcalde, don Roberto Urrutia, señala que dentro de dos meses la comuna entrará en estado de emergencia total. Con todos estos antecedentes, la petición de todos los sectores productivos de la región, de los pequeños agricultores y de las comunidades rurales, cimentada en el acuerdo de los distintos sectores que entregan información al respecto y en el apoyo de todos los parlamentarios de la región, sin distinción alguna, cuenta con un amplio respaldo, y sería una solución, o por lo menos, un alivio para que la gente cuente con mejores instrumentos para enfrentar este problema. Por eso, reitero mi petición al señor Ministro del Interior y que, de una vez por todas, se acojan las informaciones provenientes de la Séptima Región sobre los gravísimos efectos de la sequía. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, y para mejor comprensión de los temas que ha planteado, se adjuntará el texto de su intervención. Adhieren los Diputados señores Jiménez, Acuña y quien habla.CONFLICTOS ENTRE EMPRESAS FORESTALES Y MAPUCHES. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Acuña. El señor ACUÑA.- Señor Presidente, en la Novena Región, aparte del drama de la sequía -tema que he planteado en varias intervenciones en la Sala-, existe un agudo conflicto entre las familias mapuches y los grandes consorcios forestales. Esta situación se mantiene desde hace muchos años. Los mapuches son los más pobres entre los pobres. El Gobierno del Presidente Aylwin envió al Congreso un proyecto de ley que se materializó en la actual Ley Indígena, implementada durante el actual Gobierno. Sin embargo, y pese a los esfuerzos desplegados, existe una inmensa insatisfacción por parte de las minorías étnicas del país, y especialmente de la Novena Región, respecto de la solución de sus problemas. En Traiguén se encuentra un ministro en visita que investiga hechos delictuosos ocurridos el jueves último entre brigadistas forestales de la empresa Melinco y un grupo aproximado de 70 u 80 personas. En Ralco también existen problemas relativos a las permutas de terrenos que quiere hacer Endesa para realizar un proyecto hidroeléctrico. Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro de Mideplan -de quien depende el director nacional de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi- para que informe a la Corporación respecto de la serie de conflictos que existen en las Regiones Octava, Novena y Décima en el tema indígena, y que nos dé a conocer los nombres de los funcionarios de esta Comisión que tienen a su cargo el estudio y elaboración de propuestas y soluciones para los problemas de las personas que enfrentan los actuales conflictos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará a Mideplan el oficio solicitado por su Señoría.RECONOCIMIENTO POR LABOR DEL INTENDENTE ANTE PROBLEMAS DE SEQUÍA EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, a menudo, es muy fácil criticar a los funcionarios públicos cuando no cumplen cabalmente con sus deberes al servicio de la gente. En razón de ello, hoy creo un deber usar de la palabra para hacer resaltar una actitud o comportamiento que apunta en el sentido contrario. Habiendo solicitado al señor Intendente de la Región Metropolitana, don Ernesto Velasco, preocupación más diligente respecto del tema de la sequía, él, junto a su jefe de gabinete, don Eduardo Lagos, han reaccionado con prontitud y con especial preocupación para ir en auxilio de los habitantes de nuestras provincias de Talagante y Melipilla, las que, aunque pertenecen a la Región Metropolitana, tienen un marcado acento rural. Ellos han volcado su trabajo en forma directa, en conjunto con los alcaldes, con las autoridades provinciales para no sólo conocer in situ el problema que afecta a la gente, sino también concurrir con soluciones reales y concretas. Por eso, me parece necesario hacer resaltar esa conducta ejemplar, para que los servidores públicos, especialmente quienes representan al Presidente de la República, den cuenta de su preocupación por la gente, saliendo a terreno, conociendo los problemas y proporcionando soluciones. Por eso, pido que se envíe un especial reconocimiento, en mi nombre y en el de mi bancada, al señor Intendente de Santiago, y que se ponga esta conducta en conocimiento del señor Presidente de la República y del señor Ministro del Interior. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. En el tiempo que le resta al Comité de la Democracia Cristiana, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.ALCANCES SOBRE ACTITUD DE DIPUTADOS FRENTE A INICIATIVAS DE ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO AL LUJO. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, son de público conocimiento las dificultades que tenemos los diputados para presentar una moción y que ésta sea patrocinada por el Ejecutivo. Hay que hacer muchas gestiones, mucho “lobby”, enviar muchas cartas y oficios, y realizar muchas reuniones con las autoridades. Aun así, es difícil llegar a feliz término con el proyecto. También es de público conocimiento que, junto al Diputado señor Baldo Prokurica, hemos estado casi cinco años tratando de convencer al Ejecutivo para que elimine o reduzca el impuesto al lujo en los artículos de seguridad de los automóviles. Estas acciones han culminado, después de 13 conferencias de prensa y de 7 audiencias con distintos ministros, con un acto público, donde le obsequiamos al señor Ministro de Hacienda un vehículo chocado para que se dé cuenta de cómo quedan los automóviles cuando carecen de elementos de seguridad y cuál es la consecuencia para sus ocupantes. Pero me preocupa que en la Cámara ciertos colegas actúen con falta de ética y con cierto sectarismo, como, asimismo, ciertos ministros procedan con soberbia al no aceptar, por razones políticas, las propuestas de los diputados de Oposición. Incluso, algunos diputados oficialistas hacen uso de información privilegiada, a la que tienen acceso en los ministerios. Después de tantos años que hemos estado, con otros diputados, tratando de que se reduzca o se elimine el impuesto al lujo, nos hemos enterado, con sorpresa -al leer la prensa hoy-, que tres diputados de la Democracia Cristiana se han entrevistado con el Director de Impuestos Internos y han anunciado el envío, por parte del Ejecutivo, de un proyecto que elimina, o al menos reduce, el impuesto al lujo. En verdad, no tengo por qué censurar o impedir que estos diputados se entrevisten con el Director de Impuestos Internos y hagan anuncios sobre una materia respecto de la cual no están informados o, al menos, sólo ahora manifiestan interés. Pero un mínimo de ética obligaría a estos diputados a decir que ellos recién se están interiorizando en la iniciativa y que otros parlamentarios, en su estudio, los han precedido por casi cinco años. De esa manera, se haría mucho más tolerante nuestra convivencia y podríamos incentivarnos para que esta tarea, que es tan difícil, la podamos hacer más grata. Creo que nos haría bien a todos, porque no es bueno colgarse a última hora de un carro y aprovecharse de una campaña que hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo. Solamente quería hacer presente esta situación a estos diputados que hoy aparecen en la prensa. Gracias.CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO DE PERIODISTA JOSÉ MARÍA NAVASAL. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, quiero solicitar a la Mesa que acuerde, junto con la Comisión de Régimen Interno, realizar un homenaje al periodista José María Navasal, quien falleció en la noche de ayer. Se trata de un profesional, casado también con una destacada periodista, Marina de Navasal, que por más de 60 años trabajó en nuestro país con mucha vocación, por lo que caló hondo en las nuevas generaciones. Fuimos testigos, durante todos estos años, de su trabajo incansable en el periodismo. Señor Presidente, por su intermedio, deseo formular esta petición. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señora diputada, no obstante que todos sentimos la irreparable pérdida de este gran periodista, lamentablemente el Reglamento de la Corporación no permite acceder a su solicitud en este momento. En todo caso, en nombre de su Señoría -con la adhesión de los Diputados señores Carlos Vilches y José Miguel Ortiz- se va a despachar un oficio a la familia para expresarle las condolencias, al cual se adjuntará el texto de su intervención. Con posterioridad, en una sesión en que se reúna el quórum para adoptar ese acuerdo, la señora diputada podrá reiterar su petición.ANTECEDENTES SOBRE RETIRO DE REJAS DE PROTECCIÓN EN CONDOMINIOS Y PASAJES CIEGOS DE LA COMUNA DE LA FLORIDA. Oficio. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, también deseo enviar un oficio al alcalde de la Municipalidad de La Florida, comuna del distrito que represento en la Cámara, porque el municipio en estos días ha retirado las rejas de protección en el Paseo Los Sauces de la Villa “Parque Las Mercedes”. Hemos tenido muchos reclamos de los vecinos, porque nuestra comuna, cada día, sufre los rigores de la delincuencia. Es por todos sabido que la Región Metropolitana constituye uno de los sectores donde mayor auge ha tenido este flagelo. Quiero recordar que La Florida es una de las comunas que ha duplicado en los últimos años sus niveles de incremento de la delincuencia, y, por lo tanto, me parece tremendamente contradictorio que, mientras los vecinos, en forma privada, haciendo un gran esfuerzo económico, colocan rejas para cerrar sus condominios o pasajes ciegos -porque aquí no se están clausurando calles ni vías de acceso- para ayudar a combatir la delincuencia, las propias autoridades municipales no quieran dictar los decretos que permitan la instalación de estos elementos. Por tanto, pido que se oficie a la Municipalidad de La Florida para que el alcalde nos informe sobre este caso en particular y también respecto de otros en que las rejas han sido retiradas y no devueltas a los vecinos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado.ANTECEDENTES SOBRE SUMARIO POR SUSTITUCIÓN DE FÁRMACOS. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en las últimas semanas, la opinión pública se ha visto conmocionada por una fuerte polémica sobre una materia que le afecta directamente, pues dice relación con la salud de todos los chilenos: la llamada “guerra de los remedios”, sustitución de fármacos en las farmacias, el probable ejercicio ilegal de alguna profesión y la fabricación de preparados magistrales en forma semiindustrializada por actores no autorizados. La seriedad del tema y las repercusiones que puede tener desde el punto de vista sanitario, económico, social y político ha inducido a la participación del colegio de profesionales, académicos, parlamentarios, Comisión nacional de medicamentos, asociaciones gremiales y otras instituciones, entre las que brilla por su ausencia una posición clara por parte del Ejecutivo. La aseveración anterior está respaldada por los siguientes hechos: El 20 de marzo de 1998, Asilfa, Asociación de Industriales y de Laboratorio Farmacéutico AG, formuló una denuncia al Ministro de Salud relacionada con la sustitución que en una cadena de farmacias se estaría haciendo de medicamentos prescritos por profesionales médicos cirujanos sin su autorización, violando gravemente los artículos 112 y siguientes del Código Sanitario, y solicitaron la instrucción de un sumario por infracciones a este cuerpo legal y a los reglamentos pertinentes. El 5 de junio de 1998, el Colegio Médico de Chile, asociación gremial, se hace parte en el sumario ordenado instruir confirmando la seriedad y gravedad de lo denunciado por Asilfa; en agosto de 1997, la Cámara de Industrias Farmacéuticas ya había hecho una denuncia similar al Subsecretario de Salud; y en diciembre recién pasado y en la primera semana del presente año, el Ministro del ramo ha reiterado declaraciones, respaldando el cambio de fármacos, y manifestándose contrario a la posición del Colegio Médico y de Asilfa planteada en el sumario indicado. Extraña actitud frente a un proceso que, muy lato en su ejecución, parece que todavía no ha finalizado. En consideración de lo anterior y en el marco de nuestra labor fiscalizadora, solicito que se oficie al Ministro de Salud, a fin de que informe a esta honorable Cámara acerca del sumario en cuestión, envíe todos los antecedentes del caso y las medidas adoptadas o por adoptar sobre la materia. Quiero señalar que este trabajo ha sido asesorado por nuestro ex colega Diputado señor Francisco Bayo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de la Diputada señora Lily Pérez. Ha terminado el tiempo correspondiente a Renovación Nacional. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 20.14 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.