REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 338ª, ORDINARIASesión 12ª, en miércoles 1 de julio de 1998(Ordinaria, de 16.08 a 19.35 horas) Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg; de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Naranjo Ortiz, don Jaime. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 5 II. Apertura de la sesión 8 III. Actas 8 IV. Cuenta 8 - Petición de declaración de inadmisibilidad de proyecto 8 - Autorización a Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala 10 V. Fácil Despacho. - Convenio de seguridad social entre Chile y el Gran Ducado de Luxemburgo. Primer trámite constitucional 10 VI. Orden del Día. - Regulación de la asignación de mérito para los funcionarios de la atención primaria de salud municipal. Primer trámite constitucional 12 VII. Proyectos de acuerdo. - Creación del Instituto de investigaciones del cobre 33 - Prórroga de vigencia de la ley Nº 18.450, sobre fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje 37 VIII. Incidentes. - Tributación regional y nacional de empresas mineras 39 - Cambio de modalidad en postulación al subsidio habitacional. Oficio 41 - Financiación de requerimientos básicos de alumnos del centro de formación técnica de Lota. Oficios 43 - Información sobre medidas adoptadas para resolver problemas de pescadores artesanales de la Quinta Región norte. Oficios 43 - Preservación de patrimonio arqueológico de comunas de Petorca y Cabildo. Oficios 44 - Eliminación de la censura cinematográfica. Oficio 45 - Cumplimiento de acuerdo con sindicato de comerciantes no videntes. Oficio 46 - Recursos para obras viales en Concepción. Oficios 47 - Defensa de la labor fiscalizadora de los parlamentarios. Oficio 48 - Reconocimiento de asignación profesional a funcionarios públicos con título de técnico universitario. Oficios 49 - Pago de indemnizaciones por expropiaciones con motivo de construcción de camino Padre Las Casas-Niágara. Oficio 50Pág. - Modificaciones de normas que regulan la tramitación y fallo del recurso de protección 50 - Pago de reajuste de remuneraciones adeudado a profesores de Concepción. Oficios 52 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, con el objeto de crear un segundo Fondo de Pensiones en las A.F.P. y perfeccionar el mecanismo de medición de la rentabilidad mínima que deben obtener los Fondos de Pensiones (boletín N° 2162-13) 54 2. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que modifica el Código de Justicia Militar derogando, conforme a la Constitución, la integración de la Corte Suprema por el Auditor General del Ejército (boletín N° 2174-07) 54 3. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en la investigación acerca de las denuncias por maltratos a conscriptos que cumplen con su servicio militar obligatorio, y la proposición de modificaciones a la legislación que resguarde la integridad de los reclutas 62 4. Moción del Diputado señor Ulloa, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de prohibir a los camiones usar carros y remolques (boletín N° 2193-15) 94 X. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones:-Del Jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano por la cual informa que, en la Comisión Especial Investigadora de la situación que afecta a la Dirección General de Deportes y Recreación, el Diputado señor Seguel reemplazará en forma permanente al Diputado señor Elgueta. -Del Jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el Diputado señor Recondo reemplazará en forma permanente al Diputado señor Díaz en la Comisión Especial para el Desarrollo del Turismo. 2. Oficios: -De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita la autorización para sesionar simultáneamente con la Sala de la Corporación los jueves de cada semana, entre las 10.30 y las 13 horas, para estudiar proyectos iniciados en moción. I. ASISTENCIA-Asistieron los siguientes señores Diputados: (107)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Alvarado Andrade, Claudio IND X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Ávila Contreras, Nelson PPD V 11Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caminondo Sáez, Carlos RN X 54Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Cornejo González, Aldo PDC V 13Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Espina Otero, Alberto RN RM 21Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García Ruminot, José RN IX 50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Leay Morán, Cristián UDI RM 19León Ramírez, Roberto PDC VII 36Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42Longton Guerrero, Arturo RN V 12Longueira Montes, Pablo UDI RM 30Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Pareto González, Luis PDC RM 20Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Pollarolo Villa, Fanny PS II 3Prochelle Aguilar, Marina RN X 55Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Vega Vera, Osvaldo RN VII 40Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Venegas Rubio, Samuel IND V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Osvaldo Palma. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 16.08 horas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 7ª se declara aprobada. El acta de la sesión 8ª se encuentra a disposición de los señores diputados. IV. CUENTA El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO. El señor COLOMA.- Pido la palabra para referirme a la Cuenta. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor COLOMA.- Señor Presidente, en la Cuenta figura un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto que establece elecciones primarias para candidatos a la presidencia de la República. Por su parte, el artículo 14 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, establece determinados requisitos que deben tener los proyectos para entrar a tramitación. El artículo 15 de la misma ley señala textualmente: “No se admitirá a tramitación proyecto alguno que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional, o que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior. “La correspondiente declaración de inadmisibilidad será efectuada por el presidente de la sala.”, en este caso, por su Señoría. No obstante haber llegado sólo hoy en la mañana el proyecto, me di tiempo para leer sus disposiciones y llegué a la conclusión de que, claramente, hay a lo menos tres preceptos que vulneran los artículos 14 y 15 de la citada ley orgánica constitucional, por lo que formalmente solicito al señor Presidente que suspenda su tramitación hasta que se subsanen esos aspectos. El primero de ellos dice relación con la norma del artículo 37 del proyecto, que se refiere a quienes votan en las elecciones primarias. Expresa: “Son electores, para los efectos de la presente ley, los ciudadanos y extranjeros inscritos en los registros electorales, con excepción de los afiliados a los partidos políticos que no integren el o los pactos que se someten a la respectiva elección primaria”. Esta norma intenta modificar lo señalado en el número 15º del artículo 19 de la Constitución Política, que establece el derecho de asociación. Dice: “Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma...”. Hasta ahora, esto ha sucedido en forma irreversible. Las inscripciones en los registros electorales son reservadas para efectos del partido que las tiene y del servicio electoral, pero no se puede, sino cambiando la Constitución, depurar los registros de votantes en términos de que no voten personas que pertenecen a otro partido; y ello porque no puede estamparse esta diferenciación, sino conociendo militantes de otras facciones. O sea, al implementar el artículo 37 del proyecto se modificaría el número 15º de la Constitución, cuestión que no se puede vincular en el proyecto, conforme lo establecen claramente los artículos 14 y 15 de la ley orgánica del Congreso Nacional. La segunda irregularidad que, a mi juicio, no admite interpretación diferente alguna, dice relación con el artículo 80 del referido proyecto, que se refiere a los efectos de las elecciones primarias. En efecto, esta norma establece en forma bastante nítida que “no podrán ser candidatos a la elección presidencial respectiva quienes hubieren sido candidatos en las elecciones primarias y no hubieren resultado electos; los militantes de cualquiera de los partidos integrantes del respectivo pacto de primarias; los que hubieren sido militantes de cualquiera de los partidos indicados y se hubieren desafiliado con sesenta días de anticipación, a lo menos, a la fecha de vencimiento del plazo para declarar candidaturas en la elección primaria”. Esta norma modifica claramente lo establecido en el artículo 25 de la Constitución, que su Señoría debe tener a la vista. ¿Qué dice ese artículo? “Para ser elegido Presidente de la República se requiere haber nacido en el territorio de Chile, tener cumplidos cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio”. O sea, a través del artículo 80 se está estableciendo un requisito respecto del citado artículo 25, en el sentido de modificar los efectos de la Constitución para ser candidato a Presidente de la República. Entonces, bajo esta norma nueva, una persona que quiera ser candidato a Presidente de la República no sólo tendría que atenerse a las normas de la Constitución, sino también a la del artículo 80 de la ley de primarias que modifica dicha Constitución. Por último, el artículo 14 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional establece textualmente: “Los fundamentos de los proyectos deberán acompañarse en el mismo documento en que se presenten, conjuntamente con los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la estimación de su posible monto”. Esto es aplicable a todos los proyectos que ingresan al Parlamento. ¿Qué establece a este efecto el proyecto de primarias? Un escuetísimo informe de don Joaquín Vial Ruiz-Tagle, director de Presupuestos, quien expresa -y esto es relativamente novedoso, porque se había señalado que estas primarias no iban a costar plata, pero se está pidiendo establecer nuevos impuestos para pagar una serie de otras cosas; es decir, hay plata para la política- que esto costará, a lo menos, 942 millones de pesos como gasto fiscal directo, que se financiarán con cargo a reasignaciones del presupuesto del Ministerio del Interior y, en lo que faltare, con cargo al Tesoro Público, ya que para estos efectos, al parecer, sí hay plata. Pero es muy importante lo que dice posteriormente -quiero que los parlamentarios, por favor, me ayuden a recepcionar, en conjunto, este tema-: “En la eventualidad de que este proyecto generase gastos fiscales por vía indirecta en otras instituciones distintas al Ministerio del Interior, éstos deberán ser solventados con cargo a sus propios presupuestos”. El artículo 14, nítido, tiene que explicar cuánto se va a gastar, de dónde va a salir la plata y cuánta es la estimación de su posible monto. No podemos aprobar, en teoría, un proyecto de ley que diga, lisa y llanamente, que esto vale 942 millones de pesos. ¿Y si resulta que vale más, porque el proyecto lo dice? Advierto a su Señoría que, por lo menos, hay 12 millones de dólares insertos, según los estudios que han realizado sectores independientes sobre la iniciativa. Para terminar, solicito que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso y de su obligación irrenunciable como Presidente de la Sala, declare la inadmisibilidad del proyecto; es decir, no lo someta a tramitación, ya que propone, en forma conjunta, normas de ley y de reforma constitucional -según lo explicitado en los números 1) y 2)- y porque, adicionalmente, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 14 respecto de los gastos. Obviamente -aunque no creo que sea necesario-, me reservo la facultad de recurrir ante el Tribunal Constitucional; pero -reitero-, me parecen tan claras las deficiencias que contiene el proyecto respecto de la ley orgánica constitucional, que solicito su intervención en la materia a fin de que, conforme a la ley, declare que no se admite a tramitación ese proyecto por las razones expuestas. He dicho.El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, estudiaremos su presentación. Mientras tanto, se retirará de la Cuenta el proyecto y se suspenderá su tramitación para emitir una opinión fundada al respecto.AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicita el asentimiento de la Sala para poder sesionar simultáneamente con ella los días jueves, en el entendido que se destinarán dichas sesiones esclusivamente al despacho de proyectos iniciados en mociones parlamentarias. ¿Habría acuerdo? Acordado. Asimismo, las Comisiones unidas de Agricultura y de Recursos Naturales solicitan el acuerdo de los señores diputados para sesionar simultáneamente con la Sala mañana jueves, a fin de concluir el trabajo ordenado por la Cámara respecto de la situación que afecta al jurel. ¿Habría acuerdo? Acordado. La Comisión de Régimen Interno también solicita autorización para sesionar en forma simultánea con la Sala, a contar de las 16.30 horas de hoy. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. FÁCIL DESPACHOCONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Convenio de seguridad social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gran Ducado de Luxemburgo. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Alessandri. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2075-10, sesión 33ª, en 19 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 11ª, en 30 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 11. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me corresponde informar acerca del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de seguridad social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gran Ducado de Luxemburgo, suscrito en Luxemburgo, con gran entusiasmo, el 3 de junio de 1997. Desde mi punto de vista, estamos en presencia de un nuevo artilugio o de una pirotecnia elaborada -imagino yo- por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto a su redacción, el convenio es aceptable en su fondo y forma, y tiene por objeto fundamental permitir a los afiliados y beneficiarios de la seguridad social, tanto en Chile como en el Gran Ducado de Luxemburgo, tramitar y percibir pensiones de vejez, invalidez, etcétera. A los señores diputados que no conocen este Gran Ducado, les informo que su población es de 415 mil habitantes; es decir, menor que la de la comuna de Maipú, que represento en esta Cámara. En los últimos diez años, este Ducado ha tenido una tasa media de inflación de 5 por ciento, pero es muy interesante destacar que su ingreso per cápita es del orden de 39.800 dólares. Hemos investigado cuántos luxemburgueses han visitado Chile en los últimos cinco años y me he encontrado con la novedad de que ninguno de ellos ha pisado nuestra patria. En sentido inverso y para cumplir con mayor acuciosidad el encargo que me ha formulado la Comisión de Relaciones Exteriores, me interesé en saber cuántos chilenos se han avecindado en Luxemburgo, habida consideración del gran ingreso per cápita que allí existe. Al respecto, se me informó que en los últimos cinco años han pasado en tránsito por ese Ducado 104 chilenos, pero no sabemos que haya permanecido allí ni uno solo. Parte de esta información me la proporcionó con mucha gentileza el señor Subsecretario de Previsión Social, a quien le estoy especialmente reconocido por su deferencia. Le manifesté que, por situaciones propias de la vida al interior de la Cámara, era imposible que él estuviera presente hoy en la Sala, pero que, en todo caso, le agradecía su gentileza. Asimismo le hice presente que habría sido mejor suscribir un convenio con el Benelux, integrado por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, por cuanto en ese Estado no hay embajada chilena y sólo concurre a él nuestro embajador en Bélgica. No he querido hacer risa de esta situación, pero consideré que era mi obligación informar de la manera más completa posible acerca de la trascendencia del proyecto, en el que se ha gastado tanto papel y a cuyo estudio han dedicado tantas horas de trabajo los señores parlamentarios y muchos funcionarios de Gobierno. No obstante esta situación y como este convenio es exactamente igual a los que en fecha próxima conocerá la honorable Cámara, relativos a Austria y Uruguay, nuestra Comisión de Relaciones Exteriores acordó solicitar que lo aprobemos por unanimidad, dado que tenemos completa información acerca de cuánta gente recibirá beneficios de este convenio. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, quiero hacer presente, ante risas un poco curiosas de distinguidos colegas, que no se trata de comparar Luxemburgo con los países más grandes de Europa, sino, más que nada, de ver que el convenio aborda un tema de seguridad social relacionado con los derechos humanos. Alguien ha sostenido siempre que una vida vale mucho, y yo considero que ese tema está vinculado con la existencia misma de las personas. Mientras exista un chileno que necesite regularizar un problema previsional, es bueno gastar el dinero que se requiera para ello. Ésa es la situación. A lo mejor han pasado cuatro chilenos por Luxemburgo, o quizás muchos más, porque ese país limita con Bruselas. Como nos contaba alguien que regresaba de Francia, donde se efectúa el Campeonato Mundial de Fútbol, muchos compatriotas, hasta el día de hoy, se sienten discriminados en Europa por el color negro de su pelo, por su altura o personalidad. De manera que cuando un gobierno, por pequeño que sea, no discrimina para suscribir un convenio con Chile en materia de seguridad social, creo que debemos actuar con seriedad y aprobarlo más por su contenido que por los beneficios que representa. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, la médula de lo expresado por el diputado informante es su petición para que apoyemos, en forma unánime, este convenio que ayuda a incorporarnos en forma más completa a Europa. Debemos mirar este convenio tanto por lo que representa hoy como por lo que puede significar mañana. Naturalmente, no podemos decir cuántos chilenos o luxemburgueses podrán beneficiarse con él. Pero, como una manera de dar un paso positivo en materia de seguridad social, nos sumamos a su aprobación. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. ¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo informado por la Comisión de Relaciones Exteriores? Aprobado. Se deja constancia de la existencia del quórum necesario. VI. ORDEN DEL DÍAREGULACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE MÉRITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que modifica el Estatuto de atención primaria de salud municipal. Diputados informantes de las Comisiones de Salud y de Hacienda son los señores Venegas y Kuschel, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2036-11, sesión 3ª, en 3 de junio de 1997. Documentos de la cuenta Nº 2. -Informes de las Comisiones de Salud y de Hacienda, sesión 11ª, en 30 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nºs 14 y 15, respectivamente. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el señor Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el Estatuto de atención primaria de salud municipal. Durante su estudio, se contó con la participación del señor Subsecretario de Salud; de la doctora Michelle Bachelet, asesora de esa Subsecretaría de Estado; de la señora Isabel Segovia, abogada; de la señora Sabina Pineda, asesora del Departamento de Atención Primaria, ambas del Ministerio de Salud, y de la señora Luna Israel, asesora del Ministerio de Hacienda. Asimismo se contó con la opinión del doctor Esteban Maturana, Presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Atención de Salud Municipalizada, y de otros dirigentes nacionales, y del señor Manuel José Ossandón, Vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y Presidente de la Comisión de Salud de la misma. La modificación que se propone a la ley Nº 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, tiene por finalidad “regular una asignación de mérito que obtendrá anualmente el personal mejor calificado de los establecimientos respectivos” y corregir distorsiones que puede producir en las remuneraciones el componente de mérito de la carrera funcionaria. La asignación de mérito que se regla premia a los funcionarios que sean evaluados positivamente por su desempeño para mejorar la calidad de los servicios en que laboran. Es un estímulo destinado a que se brinde mejor atención a los beneficiarios del sistema. Asimismo, se modifica el artículo 22 de la ley Nº 19.429, de 1995, sobre reajuste de sueldos de los trabajadores del sector público, con el objeto de corregir las distorsiones generadas por no haberse considerado la planilla suplementaria en la disposición que determina la remuneración bruta mensual de los trabajadores de salud municipal. Dicha planilla tenía por finalidad cubrir las diferencias producidas con la entrada en vigencia del citado estatuto. Se señaló en la Comisión que en el componente “mérito” de la carrera funcionaria se ha generado la dificultad que este proyecto corrige, ya que al momento de aplicar el Estatuto de Atención Primaria se hizo evidente que, si se ponía en práctica la norma vigente referida a la evaluación del mérito funcionario, las asignaciones que de esa aplicación resultaren entrarían a formar parte del sueldo base del funcionario, lo cual podría causar distorsiones, por cuanto el funcionario que tuviera una calificación meritoria y, además, buen puntaje por los otros elementos que componen la carrera, quedaría ubicado en un determinado nivel, y si posteriormente dicha calificación fuere menos meritoria, la renta tendría que variar, afectando de esta manera al conjunto de las otras asignaciones que se calculan sobre el sueldo base correspondiente a cada nivel. Básicamente, el proyecto sustituye, en el artículo 23 del Estatuto, su letra c), para otorgar al mérito el carácter de una mera asignación, cuya característica fundamental radica en ser esencialmente transitoria, puesto que tiene la misma duración que la calificación que la origina. El artículo 30 bis, que es una norma nueva, tiene por finalidad precisar la forma en que se otorga la asignación de mérito, para lo cual define los tramos y los porcentajes que corresponden a cada uno de ellos. En términos generales, se otorga un determinado porcentaje del sueldo base al 35 por ciento de los funcionarios mejor evaluados de cada categoría que se encuentren calificados en lista 1 ó 2 y que formen parte de la dotación de un establecimiento de atención primaria. Asimismo, se modifica el inciso final del artículo 37 del Estatuto, a fin de precisar que en ningún caso la ponderación de los factores constitutivos de la carrera funcionaria podría implicar que los funcionarios desciendan de nivel. Se sustituye el artículo 44 del citado Estatuto, con el objeto de puntualizar las características de las comisiones de calificación. En relación con el financiamiento, cabe hacer presente que, según se señaló en la Comisión, se ha calculado considerando el 35 por ciento del total -alrededor de 18 mil funcionarios- de la dotación de atención primaria. Los representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios de Atención de Salud Municipalizada, Confusam, manifestaron que era fundamental modificar las normas relacionadas con el mérito funcionario, puesto que, tal como están consignadas en el Estatuto, producirían distorsiones en los niveles de la carrera funcionaria de cada trabajador. Concuerdan con la existencia del mérito como asignación transitoria, pero discrepan de que se siga manteniendo como componente de la carrera funcionaria. Lo expresado por los representantes de Confusam dio origen a que, en julio de 1997, la Comisión hiciera presente a los representantes del Ministerio de Salud la necesidad de buscar fórmulas de acercamiento entre lo solicitado por los trabajadores y lo propuesto por el Ejecutivo. Con fecha 13 de octubre pasado, el Ejecutivo envió a trámite indicaciones que, según manifestó la asesora del Departamento de Atención Primaria del Ministerio de Salud, tienen por objeto no considerar el factor de “mérito” como elemento constitutivo de la carrera funcionaria. Las indicaciones eliminan la referencia a este factor en cada una de las disposiciones en que incide. Sin embargo, se mantiene en el artículo 38 del Estatuto de Atención Primaria la definición del elemento “mérito”, porque servirá como herramienta de gestión y permitirá a los municipios otorgar una asignación, previa calificación de todos los funcionarios. De esta forma, no incidirá en el puntaje para ascender en la carrera funcionaria, sino que sólo constituirá una asignación transitoria, otorgada de acuerdo con las calificaciones relativas de los funcionarios cada año. Los recursos para pagar la asignación correspondiente al año 1998 ya están consultados en los presupuestos respectivos de los servicios de salud, en consideración a que el factor “mérito” está en la ley vigente, aun cuando no se ha podido hacer efectivo, por lo que esos mismos recursos se destinarán al pago de esta asignación. Cabe hacer presente que esta asignación de desempeño se devenga a contar del 1° de enero de 1997, pero, como aún no se despacha esta iniciativa, un proyecto de ley otorgó un bono compensatorio por este período. La Comisión, por unanimidad, aprobó en general y en particular el proyecto de ley con las indicaciones formuladas por el Ejecutivo. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel, como informante de la Comisión de Hacienda. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, asistieron a la Comisión de Hacienda, durante el estudio del proyecto, las señoras María Soledad Barría y Sabina Pineda, Jefa de la División de Recursos Humanos y Asesora del Ministerio de Salud, respectivamente, y los señores Ricardo Fábrega, Jefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud; Ramón Figueroa, Jacqueline Canales y Clelia Beltrand, Subdirector de Racionalización y Función Pública y Asesoras, respectivamente, de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Como indicó el diputado informante de la Comisión de Salud, esta iniciativa persigue introducir varias modificaciones al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, con el objeto de regular la asignación de mérito establecida en el artículo 3° transitorio de la ley N° 19.378. El informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 26 de mayo de 1997, estimó que el mayor gasto anual comprometido para ese año, por concepto de asignación de mérito, es de 1.331 millones de pesos. Estos recursos están consignados en el subtítulo 22 del presupuesto de los servicios de salud para 1997 y 1998. “Respecto de la ampliación de la definición de remuneración bruta mensual del artículo 22 de la ley Nº 19.429, conforme al artículo 2º del proyecto, se precisa que no importará recursos adicionales a los ya contemplados para la bonificación de la referida ley en el Presupuesto”. En la Comisión de Hacienda se debatió acerca de las razones para suprimir la referencia al mérito en la ley Nº 19.378. Los representantes del Ejecutivo manifestaron que se desea suprimir el efecto del mérito en las remuneraciones; pero, en ningún caso, como factor dentro de la carrera funcionaria. A su vez, varios miembros de la Comisión hicieron presente que esta asignación de mérito y la corrección correspondiente no debían significar mayores desembolsos a los presupuestos municipales. Sin perjuicio de lo anterior, se consideró positivo que el proyecto separara la asignación de mérito como remuneración, del elemento mérito en la carrera funcionaria. El señor Ramón Figueroa, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, precisó que los recursos para dar cumplimiento al proyecto están considerados en la ley de Presupuestos, ya que se trata de un gasto permanente, y que el proyecto sólo cambia el mecanismo vigente por una asignación con los caracteres señalados. La Comisión de Salud dispuso que la Comisión de Hacienda se pronunciara sobre todo el proyecto. En el artículo 1º, se modifica la ley Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Por el numeral 1 se reemplaza, en el artículo 22, la expresión “la capacitación y el mérito” por “y la capacitación”. Puesto en votación este numeral, fue aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. En el numeral 2 se incorpora, en la letra c) del artículo 23, la “asignación de mérito” en el rubro “Demás asignaciones.” Puesto en votación este numeral, también fue aprobado por la misma votación. En el numeral 3 se intercala un artículo 30 bis, nuevo, que regula la asignación anual de mérito para los funcionarios que señala. Puesto en votación este numeral, fue aprobado por 10 votos a favor y una abstención. Por el numeral 4 se modifica el artículo 37, que define qué se entiende por carrera funcionaria. En la letra a) se reemplaza, en el inciso segundo, la frase “su capacitación y su mérito funcionario” por “y su capacitación”. En la letra b) se elimina, en su inciso final, la palabra “tres” y se reemplaza la expresión “letras a), b) y c)” por “letras a) y b)”. Por el numeral 5 se reemplaza, en el inciso segundo del artículo 39, la frase “los factores constitutivos de la carrera funcionaria, esto es, la experiencia, la capacitación y el mérito”, por “los elementos de la carrera funcionaria señalados en las letras a) y b) del artículo anterior”. Puestos en votación los numerales 4 y 5, fueron aprobados por 10 votos a favor y 1 voto en contra. En el artículo 2º se reemplaza el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 19.378 para el cálculo de la remuneración bruta mensual del personal citado. Se incorpora la planilla suplementaria que establece la letra c) del artículo 3º transitorio de la misma ley y se corrige la referencia al artículo 6º de la ley Nº 19.200, porque corresponde hacerla al artículo 3º. Puesto en votación el artículo 2º, fue aprobado por 9 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención. Por el artículo 1º transitorio se entiende suspendido el proceso de calificación regido por la ley Nº 19.378, entre septiembre de 1996 y agosto de 1997, y se dispone que dicho proceso se hará dentro de 90 días contados desde la publicación de la ley en tramitación. La asignación de desempeño por el período se devengará desde el 1º de enero de este año. Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 9 votos a favor y 3 abstenciones. En el artículo 2º transitorio se preceptúa que el mayor gasto que represente el proyecto se financiará con cargo a los recursos de los presupuestos de los servicios de salud de cada año. La Comisión, luego de evaluar los antecedentes entregados por los técnicos del Ejecutivo, en el sentido de que la iniciativa no genera un nuevo gasto, consideró innecesario este artículo. Puesto en votación, fue rechazado. Es todo cuanto puedo informar. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. Tiene la palabra la Diputada señora María Victoria Ovalle. La señora OVALLE (doña María Victoria).- Señor Presidente, la asignación de mérito que dispone este proyecto premia y estimula a los funcionarios que sean evaluados positivamente por su desempeño para mejorar la calidad de los servicios en que laboran, lo que me parece muy bien, porque todo incentivo redunda en una atención mucho más eficiente de los usuarios. En este caso, el incentivo apunta a brindar mejor atención, especialmente a los pacientes de menores recursos. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la forma en que está integrada la comisión que calificará al 35 por ciento del personal que sería beneficiado con esta asignación de mérito. Dicha comisión estará formada por una autoridad de salud, por el director del establecimiento en que se desempeña el funcionario que va a ser calificado y por dos funcionarios de su mismo nivel. Al leer el proyecto -fue tratado por la Comisión el año pasado y, por lo tanto, no participé-, noto que en dicha comisión calificadora falta la participación de los pacientes. ¿Quién mejor que el enfermo puede opinar más objetivamente si quien lo atendió lo hizo bien o mal? Es algo sumamente importante. Asimismo, serviría para que el médico se esmerara por atenderlo mucho mejor, porque sabría que su opinión influirá en su calificación posterior. Hay muchas maneras de lograr esto. Por ejemplo, en cada consultorio podría existir un libro en el cual el paciente estampara su reclamo y dejara constancia de si fue bien o mal atendido. Además, dicho libro podría ser leído cuando la comisión evalúe y califique a ese 35 por ciento de los funcionarios. Por lo tanto, formularé la indicación pertinente, porque me parece obvio y ayudaría a que el paciente fuera mejor atendido, logrando así lo que pretendemos: una atención eficiente y expedita. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, estamos en presencia de una modificación del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, establecido por la ley Nº 19.378, publicada en el Diario Oficial el 13 de abril de 1995. No sé si es sólo por satisfacción o por el orgullo que pueda asistirnos a quienes hemos participado en la discusión de proyectos de esta naturaleza y envergadura, pero sí puedo decir que se trata de perfeccionar el proyecto sobre atención primaria de salud municipalizada, elaborado por la Comisión de Salud y convertido posteriormente en ley de la República. Lo que hoy tratamos de hacer no es introducir modificaciones estructurales a la ley, sino sencillamente efectuar algunas correcciones respecto de una materia muy precisa y determinada: la asignación de mérito. De manera que la inquietud de la Diputada señora Ovalle es perfectamente aceptable, puesto que hoy legislamos respecto del mérito, eliminándolo como elemento integrante de la carrera funcionaria. La iniciativa fue objeto de una larga tramitación: desde su aprobación por la Comisión de Salud, el 16 de diciembre de 1997, han transcurrido seis meses y medio, y fue enviada por el Ejecutivo el 3 de junio de 1997. De manera que todos los diputados que participamos en su estudio, prácticamente ya habíamos olvidado algunas materias; sin embargo, hemos recordado con facilidad su idea matriz. El proyecto tiene por objeto regular la asignación de mérito que le correspondería percibir al personal mejor calificado de los establecimientos de atención primaria de salud municipal. Podría pensarse que la larga tramitación de la iniciativa perjudicó a los funcionarios, dado que dejaron de percibir dicha asignación durante todo este tiempo; sin embargo, nos asiste la tranquilidad y satisfacción de haber aprobado el proyecto -ya es ley de la República- que concede, por una sola vez, un bono no imponible de 71.400 pesos al personal de atención primaria de salud municipal regido por la ley Nº 19.378, que se encontraba prestando servicios al 31 de agosto de 1996. Dicho bono especial era incompatible con cualquier otro beneficio otorgado a los funcionarios en atención a su evaluación o mérito funcionario durante 1997. “Todo monto que pudiera establecerse con posterioridad por estos conceptos, se imputará al recibido de conformidad con esta ley”. Cabe hacer presente que dicha bonificación ya se pagó, en razón de que, como durante la tramitación de la iniciativa se esperaban indicaciones del Ejecutivo que la perfeccionaran, no se podía esperar el término de su tramitación para pagarla. Hubo una discusión bastante larga, con participación de los colegios profesionales, representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios de Atención de Salud Municipalizada y el Ejecutivo. El diálogo se puede calificar como muy positivo por los resultados obtenidos. Hay circunstancias formales que caracterizan a los dos proyectos. Respecto de la bonificación, el Gobierno contrajo, con los dirigentes, el compromiso de enviar el proyecto para el pago de la bonificación, y lo cumplió. Para elaborar el proyecto en discusión se constituyeron previamente comisiones de trabajo con el Ministerio de Salud, a fin de concordar las modificaciones del Estatuto de Atención Primaria de Salud. A su vez, la confederación de funcionarios de la salud municipalizada tuvo gran participación en las sesiones de la Comisión, en la que plantearon observaciones a algunos artículos del proyecto. Creo que esto es importante, porque no estamos legislando con prescindencia de los beneficiarios; por el contrario, se está trabajando con ellos y tomando en cuenta su valiosa participación. Gracias a ello se ha obtenido como producto un proyecto de ley, cuyo articulado ha sido aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Es indiscutible que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal constituye un gran paso en la regulación de las materias referidas a ese sector; sin embargo, también es verdad que no cumple en forma plena con los objetivos originales que se tuvieron en vista. De hecho, así lo han reconocido las autoridades de la salud. Por ello, el acta suscrita entre los dirigentes de ese sector y el Ministerio ha conducido a la redacción de esta iniciativa, claramente concordada. Entonces, es necesario que esto se conozca, porque valida y legitima lo que se está haciendo, lo que es consecuencia de la necesidad de perfeccionar el estatuto pertinente. Son, aproximadamente, 18 mil funcionarios, de los cuales el 35 por ciento accederá a la asignación de mérito. La asignación de mérito que regula el proyecto, por supuesto que estimula a los funcionarios a ser más eficientes en su trabajo; todos aquellos que sean evaluados positivamente por su desempeño serán premiados, con lo que se logrará mejorar la calidad de los servicios en que laboran y la atención de la salud; pero, fundamentalmente, el funcionario premiado tendrá un mayor ingreso familiar. El Ejecutivo consideró como remuneración esta asignación, dejándola, en el texto de la letra c) del artículo 23, junto con la asignación por responsabilidad directiva, la asignación por desempeño en condiciones difíciles y la asignación de zona. No obstante, esta asignación por mérito no puede ser considerada como componente de la carrera funcionaria, sino como una asignación transitoria anual, pagadera en marzo, junio, septiembre y diciembre, sujeta a la evaluación por desempeño funcionario. Si se considerara como factor integrante de la carrera funcionaria -criterio postulado inicialmente por el Ejecutivo-, los funcionarios fluctuarían entre los grados y las jerarquías de niveles superiores e inferiores, en una situación de inestabilidad e incertidumbre. Por otra parte, los no evaluados también quedarían fuera de la carrera funcionaria. Entonces, me parece bien y muy pertinente que el Ejecutivo, en respuesta a una observación de los representantes de la confederación, haya asumido esta situación y presentado una indicación que tiene por objeto excluir el factor de mérito como elemento constitutivo de la carrera funcionaria, y eliminar su referencia en cada una de las disposiciones que dicen relación con la carrera funcionaria, como son los artículos 22, 37, letra a); 37, inciso final, y 39, inciso segundo. Éste fue el punto central de la discusión, y nosotros, como diputados, interpretando el sentir de los funcionarios municipalizados y también en consideración a que su rechazo perjudicaría a los funcionarios calificados, hemos aprobado esta indicación. De manera que el artículo 37, inciso final, será claro al señalar que los elementos constitutivos de la carrera funcionaria señalados en el artículo 38, letras a) y b) -se elimina el factor mérito-, se ponderarán en puntajes cuya sumatoria permitirá el acceso a los niveles superiores. Sólo la capacitación y la experiencia darán lugar al puntaje para la carrera funcionaria, razonable solución que ha tenido excelente acogida por los funcionarios de la salud primaria municipal. Por otro lado, acogiendo la inquietud de la Asociación Chilena de Municipalidades en cuanto a un eventual financiamiento del beneficio, estamos de acuerdo en que el mayor gasto fiscal que represente la iniciativa se financie con cargo al presupuesto de cada año de los respectivos servicios de salud, y no como lo establecía el proyecto original, que sólo se refería al presupuesto de 1997, dejando en una nebulosa los otros años. Con esto, se acoge la inquietud de la Asociación Chilena de Municipalidades, que en su informe dice que la asignación de mérito, así como otros beneficios que importen perfeccionar el mecanismo de reconocimiento y estímulo a la excelencia del sector público, se pueden ver fuertemente amenazados por la inseguridad de contar con el financiamiento del Estado. Creemos que con la modificación del artículo 2º transitorio y eliminando la expresión “para el año 1997”, como allí aparece, se salva la situación y se garantiza su pago, sobre todo cuando el Ministerio señala que los recursos para la asignación correspondiente a 1998 ya están en los presupuestos de los respectivos servicios de salud, toda vez que el factor mérito está contemplado en la ley vigente. El proyecto de ley responde en gran parte a las inquietudes de los funcionarios de la salud municipalizada, por cuanto corrige las distorsiones que se producían en las remuneraciones al señalar la asignación de mérito como componente de la carrera funcionaria. Como el proyecto, que en líneas generales es bastante armónico, y que puede ser perfeccionado a través de las indicaciones, y porque ha sido aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión, examinado, discutido y rediscutido, y como cuenta con la aprobación de la Asociación Chilena de Municipalidades y, al parecer, de sus funcionarios, así como del Parlamento y del Ejecutivo, mi bancada lo votará favorablemente en los términos que he señalado. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, quiero adelantar desde ya el voto favorable de los diputados de la bancada del Partido Socialista respecto de este proyecto. No es necesario sintetizar sus principales disposiciones porque tanto el informe del Diputado señor Venegas, miembro de la Comisión de Salud, como el del Diputado señor Kuschel, de la Comisión de Hacienda, han sido suficientemente amplios y completos para ilustrar adecuadamente a los miembros de la Sala. Además, el proyecto es simple y sencillo. Se trata de modificar, en algunos aspectos concretos, el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal para regular adecuadamente la asignación de mérito a que tienen derecho los funcionarios que se desempeñan en los consultorios y postas rurales de la atención primaria de la salud municipali-zada. El problema que era indispensable regular consistía en que en la primera versión, en la original de la ley, el estatuto contemplaba que la asignación debía ser parte del sueldo base, lo que generaba la circunstancia de que si un funcionario, en virtud de la calificación previa, tenía derecho a recibir la asignación de mérito y, por lo tanto, a incrementar su sueldo base en un año determinado, al año siguiente podía verse en una circunstancia distinta, desmedrada, es decir, no ser parte del 35 por ciento mejor calificado, sino del 65 por ciento restante y, por consiguiente, ver mermada no sólo su asignación adicional, sino su sueldo base y, como sobre esa base se calcula un conjunto de otras asignaciones, el total de sus estipendios y remuneraciones. No era ésa la idea original, sino simplemente premiar adecuadamente a los funcionarios que mejor se desempeñan. Por eso, se trató de hacer una distinción entre el sueldo base y la asignación de mérito, componente externo, que no modifica ni para bien, ni para mal, el sueldo base del trabajador, lo que se logra a través de este proyecto que modifica el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Sin embargo, la Diputada señora Victoria Ovalle planteó un tema extraordinariamente relevante, al recordar cómo los funcionarios del sector público, en este caso, de un segmento muy específico, los trabajadores de los consultorios de atención primaria de salud, a través de un mecanismo equis -el pago de una asignación por mérito-, son objeto de un incentivo para mejorar su desempeño, lo cual, finalmente, debe redundar en una mejor atención a los usuarios. Ése es el resultado final, no un mero mejoramiento administrativo u ordenamiento de disposiciones administrativas que pudieran regir a un sector de trabajadores, sino que, al final, si la ley es bien concebida y bien aplicada, debería tener como resultado una mejor atención a los usuarios. Y, si son ciertas las encuestas a la opinión pública y las percepciones de los parlamentarios que participan en la Corporación, en el sentido de que, en general, los reclamos sobre la atención pública de salud se concentran en la atención primaria, es decir, en aquella que reciben los usuarios en consultorios y policlínicos municipalizados, es particularmente relevante estimular la buena atención que brindan dichos funcionarios. La Diputada señora Victoria Ovalle propone algo de sentido común: que la comisión que evalúe a los funcionarios que mejor se desempeñan, que tienen más méritos y hacen esfuerzos por merecer esta asignación de mérito, también reconozca la opinión de los usuarios directamente involucrados en esta atención. Por desgracia, no podemos modificar su composición porque, como bien nos ilustró hace un momento -en una conversación privada- el Diputado e ilustre abogado señor Huenchumilla, significaría modificar un organismo de la Administración, y de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución, los parlamentarios no podemos intervenir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por ende, por muy acertada que nos parezca la proposición de la Diputada señora Victoria Ovalle, plantear una indicación de esta naturaleza, sería inadmisible. Además, no obstante ser su inspiración correcta, en mi opinión, hay un problema de fondo: en la actualidad, las organizaciones de usuarios y de mandantes de la salud son extraordinariamente precarias e insuficientes, y cualquier representante podría, de manera relativamente peligrosa, no representar adecuadamente al conjunto de los usuarios, como ocurre en la idea original de una propuesta como la planteada por la señora diputada. Creo que en este caso correspondería aprobar el proyecto en los términos informados por las Comisiones de Salud y de Hacienda, y conversar con los representantes del Ejecutivo para estudiar la posibilidad de que incorpore una indicación durante el segundo trámite constitucional, en el Senado, que recoja el espíritu de la idea de la Diputada señora Victoria Ovalle, para incorporar, de alguna manera, las opiniones de los usuarios al momento de evaluar a los funcionarios de la atención primaria de salud municipal. Una forma podría ser que un representante de los usuarios estuviera en la comisión, pero hay otras como el formulario de encuesta que cada usuario puede responder a la salida del consultorio, una vez que sea atendido en alguno de los programas que tienen regularmente. Puede haber otras fórmulas, como un libro de reclamos o de opiniones abierto a consideración de los usuarios de los consultorios de la atención primaria, o buscar otras lo más objetivas posible, a fin de incorporarlos en este tema tan importante, que es cómo incentivar a los trabajadores para que, en lo posible, se desempeñen en forma adecuada en la atención de los usuarios. Dejo planteada esta iniciativa. Al mismo tiempo, reitero que la bancada del Partido Socialista apoyará en general y en particular la iniciativa legal en estudio. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Recuerdo a los señores diputados que el proyecto se votará a las 18 horas, y como contiene disposiciones de ley orgánica constitucional, se requieren 68 votos para su aprobación. Tiene la palabra el Diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, el proyecto que modifica el Estatuto de Atención Primaria de Salud, me permite plantear la siguiente idea. En primer lugar, antes de referirme al fondo, quiero dejar constancia y recordar a mis honorables colegas, que esta iniciativa ingresó al Congreso Nacional el 3 de junio de 1997, y recién, hoy, 1 de julio de 1998, la estamos discutiendo en general -como muy bien lo hacía notar el honorable Diputado señor Ojeda-, lo que resulta contradictorio con la problemática de salud que se vive en el país, y que según la opinión del Gobierno merece una preocupación prioritaria dentro del plan gubernamental, lo que, en los hechos, resulta claramente desmentido, ya que si ello fuera efectivo, se habría dado prioridad al estudio de esta iniciativa legal; sin embargo, vemos que lleva más de un año durmiendo el sueño de los justos. Todo ello conforma la triste realidad de este Gobierno concertacionista, ya que hoy envía un proyecto de primarias, al cual le da una importancia trascendental; antes, hubo una reforma constitucional; y, posteriormente, se preocupan de una acusación constitucional, mientras la gente sigue esperando en los consultorios y los niños siguen hacinados en los hospitales; pero al parecer, el Gobierno se preocupa de la salud cuando ella es primera página en los medios de comunicación. Lamentablemente, al no poder avanzar en esta importante materia, hemos retardado, y no por culpa nuestra, el beneficio económico a los trabajadores de la salud y, al mismo tiempo, con un efecto e impacto en la calidad de la atención a los usuarios del sistema público de salud municipalizado. Ahora bien, entre sus principales objetivos, el proyecto introduce una asignación de mérito en el sistema de remuneraciones; sustituye la comisión calificadora y corrige la base de cálculo en la base mínima mensual de los técnicos, administrativos y auxiliares afectos al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. A mi juicio, resulta una iniciativa con una base de lógica sustentable, toda vez que perfecciona el sistema remuneracional, teniendo como principal incentivo para el trabajador su mejor y más óptimo desempeño funcionario, intentando resolver un antiguo problema que se suscita en toda la Administración Pública, ya que da exactamente lo mismo desarrollar una actividad de manera eficiente que ineficiente, puesto que, de todas maneras, al final de mes, se cuenta con la remuneración correspondiente. Al respecto, me permito hacer la siguiente reflexión: no cabe duda de que en un Estado moderno deben introducirse modificaciones legales que hagan posible, al igual que en el área privada, flexibilizar y modificar las normas de manera tal de estimular o compensar económicamente a aquellas personas que cumplen eficientemente su gestión, alcanzando metas y objetivos para los cuales fueron asignadas. Pero de la misma forma, debería existir la flexibilidad necesaria para evaluar remuneracionalmente a los funcionarios que no cumplen eficientemente dicha función, pudiendo, incluso, alcanzar la destitución del cargo si la falta de acuciosidad en su desempeño laboral no alcanza estándares mínimos de eficiencia. En ambos casos, debemos confiar en que estamos hablando de una Administración Pública sana y despolitizada, donde los procedimientos a seguir en cuanto a la calificación otorgada al funcionario, repercutirán directamente en su remuneración, lo que redundará en un marco de interés público y ajeno a cualquier otra consideración e interpretación que no sea el incentivo económico que se le otorgará al eficiente funcionario por el trabajo realizado. En cuanto a la nueva integración de la comisión de calificación que establece el proyecto, la que se lograría con la participación de representantes elegidos por sufragio dentro de los mismos funcionarios, a mi entender representa una herramienta sana respecto de la participación de todos los sectores involucrados, pero, a la vez, pudiese resultar riesgosa en cuanto a la politización del mismo organismo, lo que llevaría a desvirtuar la naturaleza de dicha comisión. Por lo tanto, aprobaré la idea de legislar sobre la materia, al igual como lo hará la Unión Demócrata Independiente, lo que no impide que sea honesto y realice una crítica constructiva y deslinde responsabilidades políticas sobre temas que realmente importan y afectan en forma directa a los sectores más pobres de la población. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, para nadie es un misterio la importancia del proyecto, que viene a hacer justicia a personas que, a veces, trabajan en condiciones muy difíciles. La salud es una de las principales preocupaciones de la comunidad y los gobiernos de la Concertación han puesto especial énfasis en ella, pero sabemos que hay muchas cosas por hacer. Un tercio de los establecimientos de salud existentes en el país han sido construidos en esas administraciones; sin embargo la situación de la salud primaria preocupa a todos. Como diputada por la provincia de Iquique me he preocupado de visitar el hospital de Alto Hospicio y muchos otros establecimientos, advirtiendo que quienes laboran en ellos lo hacen con muy pocos recursos no sólo físicos o materiales, como medicamentos e instrumental, sino que también con escaso personal médico. Cuesta entusiasmar a los médicos para que trabajen en Iquique, zona alejada del centro del país, con lo cual los pobladores deben permanecer en largas listas de espera para recibir atención de un profesional. Ésta es una excelente iniciativa, que estimulará de alguna manera a quienes trabajan en los establecimientos de atención primaria de salud, los cuales todos los días deben lidiar, por una parte, con la tremenda demanda que existe y, por la otra, con la falta de recursos. Aprovecho de hacer un llamado a las autoridades del municipio de Iquique, uno de los más ricos del país, para que invierta más en la atención de salud primaria. Sabemos que se hacen muchos gastos en turismo, que también es importante, y en otros asuntos relevantes, pero la salud es una preocupación fundamental de la gente. Es necesario que los municipios puedan focalizar recursos hacia la atención de salud primaria, en especial aquellos que los disponen en mayor cantidad. También es importante considerar la opinión de los usuarios en esta calificación. Entonces, por un lado, debe entregarse un incentivo a quienes con amor y vocación trabajan en estos establecimientos y, por otro, escuchar a la gente -que son los de menos recursos- que requieren esta atención. Por esa razón, y porque éste es un paso más de los muchos que se deben dar para mejorar la atención de salud, votaré a favor del proyecto. Espero que se sigan presentando iniciativas de este tipo, para que finalmente contemos con una salud digna para nuestra población y que la gente no se sienta como ciudadanos de segunda clase, sino protegidos por el Estado, el cual tiene el deber de ampararlos. Creo que en eso mis colegas estarán de acuerdo. Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, votaremos favorablemente el proyecto que, en términos generales, perfecciona la norma establecida en la ley Nº 19.378. La Comisión de Hacienda acordó rechazar el artículo 2º transitorio, el cual establecía que si este proyecto significaba mayores recursos, éstos se financiarían con los presupuestos de los distintos servicios. Deseo referirme específicamente a este punto, porque la iniciativa hace aplicable la asignación de mérito a todos los funcionarios de la atención primaria de salud municipal. Lo que ocurrió es que, aproximadamente, catorce municipios incorporaron ya este beneficio como asignación. Por esta razón, como todos sabemos, se debió establecer el pago de un bono de 71.400 pesos para los funcionarios del resto de los municipios del país. Lamentablemente, en la redacción de la norma que lo otorgó fue muy difícil implementar el concepto de mérito que se diseñó en la ley Nº 19.378. Como se puede apreciar de la lectura del texto, varias de estas modificaciones son de adecuación. Pero rescataría la más importante, la de separar en el cálculo del sueldo la asignación de mérito. Básicamente, el problema que se originó con la asignación de mérito -y por eso no se implementó a lo largo del país a pesar de su importancia en la mejor atención de la gente y en el reconocimiento que significa para los mejores trabajadores de la atención primaria de salud- es que al finalizar el año si la persona no era acreedora de nuevo del beneficio, en el fondo se traducía en una rebaja de sueldo. Por lo expuesto, tal como señalaba, se dispuso el pago de un bono de mérito por una sola vez, y lo que hace esta iniciativa es separar la asignación de mérito del sueldo base de la persona. El otro cambio relevante es que como la asignación de mérito no está en el sueldo, sino que se incorpora adicionalmente al sueldo base, se modifica el pago y se hace trimestral, en cuatro cuotas anuales, y no como estaba establecido en la ley Nº 19.378, en forma mensual. Al ser parte del sueldo, hacía imposible que aquellas personas que no iban a recibir la asignación de mérito, entendieran que esa reducción de sueldo era fruto de que ya no eran acreedoras al beneficio. Como el Gobierno ha insistido -y me parece correcto- en mantener esta asignación de mérito como un estímulo a la gente más trabajadora del servicio de atención primaria, se separa del sueldo y ello permite que el mejor evaluado reciba el beneficio del 35 por ciento cada tres meses, cuatro veces al año. Si al año siguiente la persona se hace nuevamente acreedora de la asignación, después de aplicado un sistema de evaluación establecido en la ley y en el Reglamento, obviamente podrá seguir recibiéndola. De lo contrario la perderá. También se establecen tres tramos para recibir esta asignación de mérito, aspecto también muy importante, porque, de alguna forma es bastante significativa la diferencia de estar clasificado en el grupo superior, que son el 11 por ciento mejor evaluados, porque éste recibirá como asignación hasta el 35 por ciento de su sueldo base. Aquel grupo que esté en el tramo intermedio, correspondiente al 11 por ciento mejor calificado, a continuación del tramo anterior del 11 al 22, recibirá una asignación de mérito de hasta el 20 por ciento de su sueldo base, y el tercer tramo, que corresponde al 13 por ciento restante para completar el 35, recibirá hasta un 10 por ciento del sueldo base. Por eso, es más entendible en las planillas de pago, en el esquema de remuneración del estatuto de atención primaria que la persona puede percibir, anualmente, esta asignación de mérito, pagada en cuatro cuotas; que la puede perder; que la obtienen sólo quienes están calificados en el 35 por ciento mejor evaluado; que en ese porcentaje existen niveles distintos, y que el proyecto separa este beneficio del cálculo del sueldo base. Es por eso que el proyecto no significa mayor gasto y en la Comisión de Hacienda, prácticamente por la unanimidad, se acordó eliminar el artículo 2º transitorio. Tampoco somos partidarios de que cada vez que venga un proyecto de ley del sector de salud, se impute al presupuesto de los respectivos servicios de salud, como se dispone en la norma indicada. Por lo tanto, sugiero que acojamos la proposición de la Comisión de Hacienda, en el sentido de rechazar el artículo 2º transitorio, porque, junto con el gran debate que ha provocado, mucha gente puede creer que la norma significará más recursos, otra asignación de mérito inexistente, una mejoría en la ya establecida, lo cual no ocurre. Sólo estamos modificando la base de cálculo de la asignación, separándola, para los efectos de que no aparezca como sueldo de la persona. Esto contribuirá a que la gente valorice cuando la tiene y se esmere en atender mejor para continuar percibiéndola. En síntesis, ninguna de las modificaciones genera mayor gasto, porque la ley ya tiene consignados en cada servicio de salud los recursos necesarios para financiar todas las modificaciones que se hicieron al estatuto de atención primaria a través de la ley Nº 19.378. Por lo expuesto, votaremos favorablemente. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, me es especialmente grato intervenir en esta materia en nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata y en mi calidad de médico, porque, primero, me ha tocado reemplazar en este hemiciclo al ex Diputado doctor Isidoro Tohá González, quien era presidente de la Comisión de Salud cuando este proyecto ingresó a la Corporación el año pasado y, segundo, porque la iniciativa viene a hacer justicia a los funcionarios de salud que se desempeñan especialmente en la atención primaria, que en la actualidad está a cargo de las municipalidades. Ñuble es un provincia que se caracteriza por su ruralidad. Cuenta con 14 consultorios generales rurales urbanos, cuatro urbanos, 56 postas y 101 estaciones médico rurales. Esto indica la cantidad de funcionarios que atienden y que están en contacto con la población. Los funcionarios del sistema de atención primaria de salud estaban muy preocupados por la aprobación del proyecto. Esta es una demostración de la importancia de los recursos humanos en la atención primaria de salud. La primera obligación del Gobierno con la gente empieza, precisamente, en los consultorios rurales y urbanos. Ésa es la forma como podemos hablar de una atención de salud para la gente, junto a la gente, en especial en el núcleo familiar. Esto, además, viene a recalcar la importancia que ha dado el gobierno de la Concertación al tema de salud. El presupuesto prácticamente se ha duplicado desde 1990 a 1998. En mi intervención de hace unos días, señalé las condiciones en que se trabajaba en l989 en el Servicio de Salud y en el hospital de la provincia de Ñuble. En ese tiempo me correspondía presidir el Comité Provincial del Colegio Médico de Chile. Eran situaciones muy difíciles. Basta un ejemplo: para una provincia con más de 5 mil kilómetros de red vial, veinte municipios y 400 mil habitantes, sólo había cinco ambulancias, de las cuales la más moderna era de 1987. Por lo tanto, habitualmente estaba una en reparaciones y había dos que transportaban pacientes a Santiago o a Concepción. Ésas eran las condiciones en que funcionaban los servicios, especialmente en la provincia de Ñuble. Por lo tanto, en una declaración hacíamos ver que lo más importante para esa provincia era el proyecto de modernización del hospital “Herminda Martín”, de Chillán, aprobado por Mideplan en 1985, postergado primero por el terremoto que asoló a la Región Metropolitana y, posteriormente, en 1989, por cuanto se priorizó el hospital de Talca. En 1991, se inició la primera etapa de la construcción del citado hospital de Chillán, que contó con la modernización de los servicios de urgencia, cirugía, traumatología, oftalmología, otorrinolaringología y unidad de cuidados intensivos. Luego, en la segunda etapa se incorporó el servicio de radiología con escáner, lo que hoy permite que muchos pacientes, especialmente de neurocirugía, que antes debían ser trasladados a Concepción y a Santiago y que en algunas ocasiones fallecían en el trayecto, ahora sean atendidos en la ciudad de Chillán. Lo más destacable es que el proyecto reconoce la importante labor que hoy desempeñan los funcionarios de salud, pues el recurso más preciado que podemos tener es el humano, los funcionarios que a diario atienden a nuestra gente. Los que hoy estamos aprobando el proyecto haremos justicia a un sector que durante muchos años estuvo postergado. Me siento muy grato por lo que han expresado los señores diputados de las diferentes bancadas, en cuanto a votar a favor la iniciativa, con el fin de que haya justicia y todos los funcionarios de salud del sistema municipal reciban su gratificación. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, ¿cómo podría alguien en su sano juicio negarse o estar en desacuerdo en que a las personas se les remunere o se les premie en sus ascensos de acuerdo con el mérito? Nadie podría discrepar de una doctrina tan sana como ésta. Sin embargo, mi intervención será distinta de las que hemos escuchado, porque tengo una crítica de fondo acerca de cómo se está abordando la administración de la salud pública en el país. Durante los gobiernos de la Concertación hemos observado que el presupuesto orientado a la salud pública se ha multiplicado prácticamente por tres, es decir, hoy se gasta tres veces más que en 1990 para atender a los beneficiarios del sistema público de salud. Sin embargo, todas las encuestas de opinión nos dicen, una y otra vez, que la calidad del servicio, percibida por esos mismos beneficiarios, no es tres veces mejor que hace siete años. Estamos ante un problema claro de gestión, en que los recursos orientados al sector no están dando los frutos que todos esperamos. A mi juicio, una de las razones obedece a que el Parlamento discute este tipo de proyectos. Los parlamentarios no debemos administrar los recursos humanos a través de una ley; mientras sigamos o pretendamos seguir haciéndolo, continuaremos metiendo plata al sistema público sin obtener mejoría en la calidad. No somos los parlamentarios los llamados a administrar un sistema público eficaz de salud, ni siquiera es el Ministro de Salud. Son los directores de los hospitales, de los consultorios y de las postas, a través de una efectiva descentralización, los llamados a establecer cómo contratar y remunerar a los funcionarios del sistema estatal de salud, y a decidir todos los aspectos relacionados con los recursos humanos. ¡Basta de estatutos laborales en que fijamos remuneraciones y méritos a través de la ley! A mi juicio, los trabajadores del sistema estatal de salud deben regirse por la ley laboral general que se aplica a todos los trabajadores, y si queremos mejorar la atención de sus beneficiarios debemos ir a una efectiva descentralización del sistema. Las pocas veces que he discutido en la Comisión de Hacienda de esta Corporación proyectos que pretenden administrar el sistema de salud, me rebelo ante ese hecho y logro entender por qué esos pobres beneficiarios siguen recibiendo baja calidad de atención. La verdadera mejoría del sistema estatal de salud se logrará cuando demos autonomía a los servicios para administrarse, terminemos con esta administración centralizada y entreguemos a los beneficiarios los recursos públicos para que ellos, libremente, decidan dónde atenderse: si en el sistema público, en el mutual, en el privado o en otro. ¡Ésa es la reforma de fondo! Si bien estos proyectos son positivos, porque es bueno pagar a la gente de acuerdo con su mérito, no resuelven el problema de fondo, sino que quedamos entrampados. Alguna vez debemos tomar la decisión valiente que significa dejar de legislar acerca de estos temas y delegar las decisiones en quienes están más cerca de los beneficiarios para que así la atención de salud de los 7 millones de beneficiarios del sistema estatal pueda efectivamente mejorar. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Bustos. El señor BUSTOS (don Manuel).- Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto de gran trascendencia para varios miles de trabajadores cuyos incentivos han sido postergados. Me alegra mucho escuchar al Diputado señor Dittborn manifestar su interés en mejorar las remuneraciones de estos sectores bastante marginados. Pero habría sido mucho mejor, cuando él tenía peso político en el gobierno de la dictadura militar, que los sueldos estuvieran a la par con el crecimiento económico del país y no en la forma desmejorada en que quedaron. Debemos recordar que en l990 los trabajadores de la salud pública, incluidos los de los consultorios, percibían sueldos de hambre, similares al salario mínimo, que llegaba a 18 mil pesos al mes. Entonces, la postergación por 17 años de la discusión de las políticas de salarios del sector público o de los más humildes, ha provocado un gran problema, y el asunto no es quién administra los recursos, si los privados o el Estado. En el tema de la educación se dijo que la gran solución era que los sostenedores administraran los recursos, pero resulta que la educación no ha mejorado, más bien está en crisis, y ellos administran dineros del Estado, no de los privados. Entonces, el tema amerita que la discusión sea más a fondo. Si se entregan recursos del Estado para que pequeños o medianos empresarios ganen dinero, eso no significa mejorar ni la eficiencia ni la calidad y mucho menos las remuneraciones de los que trabajan con ellos. En el caso de los compañeros de la salud primaria y de los paradocentes, de la gente que ha estado marginada del bono, ha habido una tremenda injusticia. Por otra parte, tengo serias dudas de que el proyecto pueda tramitarse sin necesidad de establecer su financiamiento. Sería un error no hacer un aporte al Estado a fin de entregar recursos para otorgar este tipo de bonos, porque los ya aprobados para el resto de la salud pública, por eficiencia, están comprometidos y son montos fijos de dinero. Por lo tanto, si otro grupo de trabajadores -ahora son casi 18 mil- se incorpora a este nuevo sistema, no resulta fácil que el Estado obtenga los recursos de un día para otro. A mi juicio, sería bueno revisar el artículo transitorio respecto del tema financiero, pues siempre se habla de aprobar leyes financiadas. De lo contrario, despacharemos una ley sin financiamiento y el problema será bastante más complicado y nuevamente recurriremos a lo mismo: que el Estado pague; pero no le entregamos las herramientas para que lo haga. Creo que los trabajadores de la salud primaria no se merecen, ni estoy de acuerdo en que existan comisiones externas que evalúen su trabajo. Alguien señaló que debiera haber comisiones de usuarios que evalúen su comportamiento. Para eso están las instancias regulares de los servicios, y si un jefe de servicio no es capaz de evaluar el comportamiento de un funcionario y lo que está pasando con él, ¿para qué se está pagando un sueldo de más? Por lo tanto, no soy partidario de que exista algún tipo de comisión externa al servicio para evaluar al trabajador. Distinto es dejar una nota, sin identificar al funcionario, respecto de la calidad del servicio recibido. Eso es posible, porque ayuda al director del servicio o del consultorio a tener una opinión y saber quién está trabajando en esa área, para así poder llamarlos y decirles: “A ver, señores, ¿qué está pasando? Aquí hay reclamos. ¿Por qué no los revisamos en conjunto para lograr mejorar la calidad y el prestigio del servicio?” Pero no estoy de acuerdo en que haya comisiones de los usuarios para investigar o entregar opiniones respecto de los trabajadores de los servicios que tienen empleadores, porque, indirectamente, tendrían dos, lo que no es correcto. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero partir haciendo un planteamiento al colega Dittborn, porque no sé si en la UDI hay esquizofrenia u opiniones particulares. Al colega Masferrer, más allá de sus críticas a la Concertación y a las políticas de salud, múltiples veces lo he escuchado haciendo una defensa a ultranza de este Estatuto, y después el colega Dittborn sostiene que debemos ser valientes y traspasar a estos 16 mil trabajadores, para que se rijan por el Código del Trabajo. Esa reflexión es bastante honesta y sería útil debatir la organización de la salud pública, porque lo valioso de sus conceptos es que en ningún momento dio ese otro paso -tan común entre personas cercanas a él- en el sentido de no decir “sistema público de salud”. Él lo enfatizó varias veces, lo cual, por lo menos, permite pensar que, aparte de su valentía de querer que los trabajadores de la salud se rijan por el Código del Trabajo, no ha pensado en que debe privatizarse la salud, como lo han dicho a veces otras personas cercanas a él. Quiero ir al fondo del proyecto. Hay, sin duda, una norma muy importante que separa la asignación de mérito del sueldo base. Es un beneficio potencial por tramos para el 35 por ciento de los trabajadores de la atención primaria de salud y puede llegar a ser un incentivo muy importante para mejorar el comportamiento de los funcionarios a lo largo de más de 340 comunas del país en las que se entrega dicha atención. Hay que reconocer que este gran esfuerzo se hace dentro del marco de un estatuto que también es muy importante para regular la carrera funcionaria y no dejar a dichos trabajadores sujetos a los vaivenes comunales, los cuales son dramáticos en nuestro país, en particular en las comunas intermedias y pequeñas, donde están sometidos -como ocurre en ocasiones en la provincia que represento- a encargados de los departamentos de salud, aunque de salud pública no saben nada, y menos de administración. Su única virtud es ser amigos del alcalde de turno, quien metió a su compadre al servicio para que maneje la ambulancia. Yo, que represento a una zona campesina, sé que a veces en las ambulancias no sólo se transportan personas. Por lo tanto, si nos decidimos a efectuar este debate, tratemos el tema de fondo y asumamos que es necesaria la existencia de un estatuto para defender la carrera funcionaria de la gran mayoría de los abnegados trabajadores de la atención primaria, que muchas veces trabajan más de lo que corresponde y con sueldos bastante menores, porque, por desgracia, los municipios ricos en Chile son bien pocos. La mayoría de los diputados presentes representamos municipios que no tienen más de 50 mil habitantes, y de ahí para abajo. Allí la atención es muy primaria y, por ejemplo, ocurren situaciones como las de la comuna de Requínoa, donde incluso a personas que pertenecen al Fonasa, en las categorías A y B, cuando acuden a atenderse de urgencia, les cobran, lo cual no corresponde legalmente. Algunos alcaldes, que se creen modernizadores e innovadores, generan esta situación que, sin duda, refleja la necesidad de que, como Corporación, reflexionemos en forma más integral sobre la estructura del sistema de salud público, no de si debe existir un estatuto o no, como sugiere el colega Dittborn, con cuya opinión discrepo. La existencia de un estatuto para los trabajadores de la atención primaria es muy importante, sobre todo dada su situación actual. Este proyecto de ley no propone que administremos los recursos humanos de la salud, como quizás al colega le gustaría establecer; no hace más que corregir la forma de calcular, al margen, un incentivo, una asignación adicional, sin incorporarla al sueldo base. Si queremos mejorar no sólo el sistema de incentivos, debemos revisar la estructura y la relación que hay entre la atención primaria y los servicios de salud. Soy de aquellos que creen que bien vale la pena desmunicipalizar la atención primaria en muchas comunas de Chile. Si bien en las comunas grandes no habrá problemas para contratar médicos, en las chicas y aisladas los municipios, aunque destinen recursos adicionales, no tienen forma de atraer médicos, porque éstos no cuentan con el incentivo indispensable, no sólo monetario, para su desarrollo profesional, cual es, por ejemplo, vincularse con un hospital o que en la atención primaria se defina quiénes participan y logran acceder a becas de perfeccionamiento. Estos temas son transversales, pero no es un problema de Concertación versus la Oposición, por lo cual, si ponemos una dosis de responsabilidad, podríamos abordarlos para que la salud mejore aún más. No cabe duda de que los recursos para financiar el proyecto son relevantes. Los estímulos que establece apuntan en la dirección correcta, pero no resolverán el otro tema que nos pena, relativo a cómo asegurar que en muchas comunas de regiones haya médicos para atender a las madres que llevan a sus hijos para la atención primaria. El mayor problema es que no siempre se tiene acceso a un médico; a lo cual se agregan las esperas, porque no hay médicos que se quieran ir a Cardenal Caro, a Requínoa o a Colchagua, ¡y para qué hablar de las zonas extremas del país! Ahí tenemos que generar otro tipo de incentivo, más allá de la asignación de mérito, que permita que el cuerpo de profesionales de la atención primaria cumpla efectivamente con el número de horas para el que fue contratado. Quienes representamos a regiones y comunas, muchas veces vemos que dichos médicos atienden durante menos horas que las contratadas, porque sus estímulos no son suficientes. En resumen, lo correcto es establecer un sistema de incentivos, corregir el error anterior y hacer esto en el marco de un estatuto para los funcionarios de la atención primaria. No obstante apuntar en la dirección acertada, este proyecto requiere un complemento para revisar la estructura del sistema público de salud, a fin de avanzar en su desmunicipalización en algunos lugares donde se entrega atención primaria, en cuanto a devolver su dependencia a los servicios de salud, para asegurar que se disponga de profesionales que atiendan efectivamente a la gente. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, comparto todas las opiniones que aquí se han emitido respecto de la necesidad de estimular la eficiencia. El proyecto de ley apunta en el sentido correcto, porque premia la mayor dedicación y el desempeño eficiente, lo cual permitirá, sin duda, ir mejorando la atención primaria. Sin embargo, hay que aprovechar las pocas ocasiones que tenemos para hablar sobre determinados temas y emitir un juicio en cuanto a lo que está sucediendo con la salud primaria en nuestro país. Sin duda, es muy necesario el hecho de que se forme una comisión con el objeto de que pueda considerar los méritos de las personas para estimularlas a través de un incentivo o sueldo; pero también hay que tener presentes las condiciones extremadamente difíciles en que esos funcionarios deben trabajar. Durante la semana distrital, tuve la oportunidad de visitar diversos consultorios y postas de mi distrito, ante reiteradas quejas de la ciudadanía, que se me acercó para decirme los problemas que estaba teniendo en la atención por falta de personal médico y de medicamentos. ¿Con qué me he encontrado? Con que en la municipalidad de la comuna de Curicó, que represento, donde debe haber alrededor de 15 médicos en el sistema de salud primaria, hay sólo diez. Faltan cinco médicos para poder atender las necesidades mínimas de la población. Un sector rural, con un consultorio y cinco postas, es atendido tan sólo por un médico. Ellos dicen que implementan un sistema que se llama de polichoque, el cual consiste en que un médico atiende a un enfermo cada tres o cuatro minutos; es decir, cerca de 10 ó 15 pacientes por hora, en circunstancias de que lo normal es que cada persona disponga de veinte minutos para ese fin. Eso, lógicamente, va en desmedro de la calidad de la atención. Además, hay una falta increíble de remedios y de medicamentos, como el antibiótico eritromicina, que prácticamente ha desaparecido durante estos últimos días. Realmente, la población, en esta época invernal, sobre todo los niños, no cuenta con medicamentos para lograr una mejoría más rápida. Por eso, subvencionar con 700 ó 900 pesos per cápita la salud primaria es absolutamente insuficiente. Mi colega Dittborn decía recientemente que este Gobierno multiplica tres o cuatro veces los recursos. Vemos que el 90 por ciento de los recursos que se otorgan a la salud secundaria se multiplican tres o cuatro veces. En realidad, se requiere estimular la salud primaria para evitar que los enfermos lleguen a los hospitales. Se señalaba que no hay estímulos para los profesionales. Sucede que a los médicos que se desempeñan en un consultorio no se les considera su trabajo para lograr mayor puntaje y poder postular, con posterioridad, a becas de especialización. Esa situación, además de los bajos sueldos, provoca que los médicos no se interesen por trabajar en consultorios. El señor Ministro de Salud ha anunciado, en varias ocasiones, que se implementarán nuevas becas destinadas a médicos que estén trabajando en consultorios de salud primaria, iniciativa que hasta la fecha no se ha materializado. Por eso, sin perjuicio de anunciar que aprobaremos el proyecto, estimo que debe haber una política global dirigida a la salud primaria, con el objeto de mejorarla sustancialmente. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Por haber concluido el Orden del Día, correspondería votar el proyecto de inmediato. Sin embargo, como los comités de Renovación Nacional y del Partido por la Democracia no han intervenido, concederé la palabra a diputados que los integran. Tiene la palabra el señor José García, para que intervenga en nombre del Comité de Renovación Nacional. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en primer lugar, lamento la ausencia del Ministro de Salud durante esta discusión. Habría sido extraordinariamente importante conocer la opinión del Ejecutivo, para saber por qué se está actuando en la forma que esta iniciativa consigna. En segundo lugar, llama la atención que algunos colegas sostengan que con el proyecto se hace justicia a los trabajadores de la atención primaria de salud, y que otros, yendo más lejos, afirmen que significa mayores recursos, en circunstancias de que el que debatimos no hace justicia a los trabajadores de la atención primaria de salud ni entrega recurso nuevo alguno para que los municipios puedan enfrentar los déficit operacionales que ella les significa. Así, habrá dos tipos de funcionarios: aquellos cuyo municipio les otorgó en su oportunidad la asignación de mérito y la incorporó a su remuneración base -aunque la merecen, para recibirla tendrán que quitársela a otros, lo cual significará bajarles el sueldo-, y aquellos cuyo municipio jamás les entregó dicha asignación, sea porque no llevó a cabo el proceso de calificación o porque nunca tuvo recursos para solventarla. Esos municipios se verán obligados a entregar, al 35 por ciento de su dotación, una asignación de mérito sin contar con medios para financiarla, porque, de acuerdo con lo que informaron en la Comisión de Hacienda los representantes de los ministerios de Salud y de Hacienda, todos los recursos están distribuidos en el ingreso per cápita para el presente año. Por lo tanto, una vez más se está jugando con los municipios y con los funcionarios de la atención primaria de salud. Se crea la expectativa de una asignación por mérito; pero, para que ella sea realidad para algunos, deberá quitársele a otros. Además, a municipios que jamás otorgaron la asignación de mérito, se les crea la obligación de financiarla, sin saber con qué recursos, porque éstos no se entregan. En definitiva, el proyecto sólo hace un ajuste. Establece una manera distinta de calcular la asignación de mérito -es decir, se excluye del sueldo base para calcularla en forma independiente-, pero no significa ningún mejoramiento adicional o extraordinario a los funcionarios de la atención primaria de salud. Por tal razón, los diputados de Renovación Nacional nos vamos a abstener, porque la iniciativa, en los términos en que está redactada, constituirá, en muchos casos, una carga adicional a los municipios; y en otros, una expectativa que, para cumplirla, significaría privar a otros funcionarios del beneficio de la asignación de mérito. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Hales, para intervenir en nombre del Partido por la Democracia. El señor HALES.- Señor Presidente, mi bancada valora el proyecto, en la medida en que es un estímulo al mejor desempeño de los trabajadores en los consultorios y policlínicas de la salud municipalizada y permite cumplir una de nuestras más queridas aspiraciones: que los usuarios de la salud sean atendidos de la mejor forma posible y con rigor profesional. El aumento al 35 por ciento de estos funcionarios no altera los antecedentes de capacitación y de antigüedad, por cuanto la comisión calificadora sólo considerará el mérito en procura del buen desempeño y la estabilidad laboral. Es importante este aspecto en las policlínicas y consultorios municipales. A nadie interesa una actitud persecutoria para mejorar la salud. Por el contrario. Asimismo, la integración de la comisión especial que calificará a los funcionarios -es-tará conformada por un profesional del área de la salud, por un representante de la entidad en que se desempeña el interesado y por el propio director del establecimiento-, garantiza que asumirá su labor con rigor y seriedad. En todos los distritos se sabe de la abnegación y dedicación de estos verdaderos héroes del trabajo, que, al igual que los educadores, con bajos sueldos, deben atender, todos los días, a personas angustiadas, ansiosas, que llegan en un estado nervioso especial, que sufren por su salud. Vale la pena destacar que el mérito del director del establecimiento será calificado por el superior jerárquico y que los acuerdos de la comisión especial deberán ser adoptados por la mayoría de sus miembros. Además, debe tomarse en cuenta el esfuerzo y la preocupación del Ejecutivo por modernizar la atención en la salud. Aquellos parlamentarios que han denostado los valores y principios del proyecto, ojalá valoren los objetivos perseguidos y sepan que la misma actitud positiva podría adoptarse respecto de todos los servicios del Estado, para que en el futuro el usuario sepa que el funcionario que lo atiende -en toda ventanilla, de cualquier parte del país- será calificado por una comisión establecida por ley y que parte importante de su salario se incrementará en la medida en que su desempeño sea bueno, porque primará el mérito. Reitero, mi bancada aprobará el proyecto, en la convicción de que mejorará la atención en salud sobre la base del mérito y desempeño de los funcionarios. Con la venia de la Mesa, el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia lo ocupará el Diputado señor Ávila. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, se pueden decir mil cosas, pero será inevitable aprobar la iniciativa. El proyecto corrige un error, lo que quiere decir que hubo fallas. Esta “fábrica de leyes” envió al mercado un producto deficiente y quisiera conocer su origen, por cuanto es inmensa la pérdida de tiempo en discutir iniciativas que reparan aspectos defectuosos de la legislación que se aprueba en el Congreso. Sólo he querido señalar este aspecto, que no fue tocado por ninguno de mis honorables colegas. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Cerrado el debate. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 17 abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobado en general. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Alessandri, Alvarado, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bustos (don Manuel), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Tuma, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). -Se abstuvieron los Diputados señores: Álvarez-Salamanca, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Delmastro, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don José), Guzmán (doña Pía), Kuschel, Martínez (don Rosauro), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Vargas y Vilches. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaran aprobados, con la misma votación, todos los artículos, con excepción del 2º transitorio, que la Comisión de Hacienda propone suprimir. En votación el artículo 2º transitorio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 75 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Rechazado el artículo 2º transitorio. Despachado en general y en particular el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Bustos (don Manuel), Gutiérrez, Huenchumilla, Jarpa, Kuschel, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Palma (don Joaquín), Rocha, Seguel y Venegas. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Alessandri Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Coloma, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Pareto, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Tuma, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Villouta y Walker (don Ignacio). -Se abstuvieron los Diputados señores: Monge y Walker (don Patricio).El señor NARANJO (Vicepresidente).- Antes de tratar los proyectos de acuerdo, informo a la Sala que los Comités acordaron por unanimidad suspender la sesión de mañana. VII. PROYECTOS DE ACUERDOCREACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL COBRE. El señor NARANJO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 65, de los señores Joaquín Palma, Valenzuela, Leay, Bertolino, Vilches, señora Eliana Caraball; señores Rocha, Rosauro Martínez, Villouta, René Manuel García, Ortiz, Hernández, Gutiérrez, Mora, Rincón, Rojas, Díaz, Tuma, Mulet, Naranjo, Jarpa, señorita Sciaraffia, doña Antonella; y señores José Pérez, Kuschel, Núñez, Sánchez y Salas: “Considerando que:1. Hay una creciente tendencia mundial, especialmente en los países industrializados, de adoptar normas restrictivas para el uso de ciertas sustancias que pueden provocar efectos dañinos en la salud de las personas y en el medio ambiente. En muchos casos estas medidas se incorporan al ordenamiento jurídico nacional e internacional sin contar con la evidencia científica indispensable que respalde la determinación que la autoridad administrativa impone, aplicando de esta forma normas precautorias.2. Claros ejemplos de lo anterior han sido los intentos de la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Europea de clasificar al cobre, en conjunto con el arsénico, cianuro, plomo y otros, como un elemento altamente tóxico que afecta la calidad del agua potable y, por consiguiente, la salud humana. La situación se agrava si se tiene en cuenta la actual discusión en Estados Unidos y los países nórdicos acerca de los niveles de cobre en las aguas superficiales y subterráneas, en los suelos y sedimentos, las cuales pueden derivar en nuevas restricciones al uso del cobre, ahora en razón de su ecotoxicidad.3. Chile, como país productor del 40% del total de cobre del mundo, ciertamente puede ver afectada gravemente su economía si las nuevas regulaciones favorecen la sustitución del cobre por otros elementos o por otros materiales. Una estimación somera indica que de prosperar la adopción de una norma restrictiva de los usos del cobre en cañerías de agua potable en los países de la UE, ésta se traduciría en una disminución del consumo de cobre en por lo menos 1 millón de toneladas métricas al año sólo en dichos mercados, lo que originaría una reducción importante de los ingresos nacionales (US$ 1.500 millones) y los de las industrias del cobre por este concepto, amén de desincentivar las inversiones para nuevas exploraciones y explotaciones en el país, retrasando el desarrollo del sector por muchos años. Esta baja de la demanda en Europa se sumaría a la sobreoferta de cobre en los mercados mundiales producto de la crisis asiática y de los aumentos de producción, lo que extenderá por cinco a ocho años el actual ciclo de precios bajos manteniéndolo en los actuales 75 centavos de dólar por libra.4. Hoy es posible constatar la ausencia de esfuerzos sistematizados para contrarrestar el escenario descrito y el que está por venir. La Comisión Técnica Asesora Presidencial, creada en 1994, ha respaldado, a través de las investigaciones de sus miembros, las posiciones nacionales en apoyo del cobre en el contexto mundial. Realizó recientemente un intenso lobby ante el Parlamento Europeo a fin de atajar las tentativas precedentemente descritas, con logros importantes pero relativos, ya que la amenaza planteada no se ha subsanado, sino que sólo se han logrado postergaciones o demoras, lo que nos hace estar muy lejos del objetivo de cambiar la forma en que el cobre es visto y tratado por los encargados de fijar las regulaciones ambientales y sanitarias en el ámbito mundial. Las debilidades mayores para defender con éxito la posición de nuestro cobre radican en la carencia de investigaciones y conocimientos científicos sobre su comportamiento y efectos en la salud y el medio ambiente, y en la no existencia de un medio eficaz para transmitir y difundir los nuevos conocimientos que se desarrollan a los líderes de opinión y a los personeros de las agencias reguladoras nacionales e internacionales.5. Asimismo, se requiere que la industria productora mejore radicalmente la forma en que enfrenta los desafíos del cobre, los que hasta la fecha son dispersos y fragmentados. La dinámica actual de dichos procesos exige, en consecuencia, mantener en forma permanente un conocimiento actualizado sobre sus tendencias, proyecciones, fuerzas motrices y grupos de influencia que originan el establecimiento de normas y estándares que amenazan la actual posición del cobre en los mercados extranjeros. La Cámara de Diputados acuerda:1. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República la creación de una institución autónoma denominada Instituto de Investigaciones del Cobre, que cuente con una organización flexible y dinámica, y con los recursos suficientes para que focalice su atención primordialmente en: a) mantener un monitoreo permanente de los sistemas regulatorios en los países que mayormente demandan cobre, de manera tal de anticiparse a la introducción de normas y regulaciones que afecten negativamente la posición de este metal en los mercados consumidores; y b) generar y difundir el conocimiento científico sobre la utilización y los efectos de los productos de cobre y sus aleaciones, en la salud de las personas y en el medio ambiente, para contribuir y asegurar el desarrollo sustentable de la minería cuprífera.2. Que de ser acogida esta petición, el Gobierno comprometa un aporte del Estado, a partir de 1999, de US$ 3 millones anuales para la operación de la entidad, creando en el presupuesto nacional la partida correspondiente.3. Que se invite a participar y a asociar acciones en el Instituto a la industria y demás países productores de cobre, de manera de aprovechar sus investigaciones, aunar esfuerzos y sacar ventajas de la infraestructura disponible en cada uno de ellos”. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo. El señor PALMA (don Joaquín).- Pido la palabra. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor PALMA (don Joaquín).- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene plena justificación, sobre todo si se considera que, hace pocas semanas, el Parlamento Europeo votó una resolución, sobre la materia, como consecuencia de la cual se salvó por pocos votos, la posibilidad de seguir utilizando el cobre, por ejemplo, en cañerías de conducción de agua potable. Se trata de un problema bastante grave para un país que produce el 40 por ciento del cobre del mundo. Por lo demás, tenemos una experiencia histórica que no podemos olvidar: cuando fuimos los grandes productores de salitre no supimos defender en un momento determinado el mercado que Chile dominó por muchos años, actitud que redundó en nuestra decadencia económica. Existe hoy en el mundo, en especial en los países industrializados, una creciente tendencia a establecer normas que restrinjan la utilización de algunos productos; entre ellos, el cobre. La Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Europea han intentado clasificar al cobre, junto con el arsénico, el cianuro, el plomo y otros minerales, como elemento altamente tóxico para la calidad del agua potable y, por consiguiente, para la salud humana. En Chile y en otras partes del mundo, las personas relacionadas con la producción de cobre están preocupadas por este problema, y hemos observado una falencia en nuestro país: existen algunas organizaciones que tienen que ver con la producción del mineral, con las tecnologías utilizadas en su producción y con su control; sin embargo, no hay institutos que nos entreguen antecedentes, por ejemplo, sobre lo que está sucediendo en algunas partes del mundo en relación con este tipo de problemas; es decir, que investiguen los peligros que pueden afectar a la producción y comercialización del cobre en el futuro cercano. Tampoco hay una institución que entregue los antecedentes y los conocimientos científicos necesarios para defenderse de estas asechanzas. Hago presente a los señores diputados que la sustitución de las cañerías de cobre sólo en Europa, representaría una disminución de las exportaciones de alrededor de 500 mil toneladas al año, lo que causaría una baja del precio en 10 ó 15 por ciento. Por lo tanto, no se trata de un problema menor, y la intención del proyecto de acuerdo es crear en Chile una institución -se llamaría Instituto de Investigaciones del Cobre- dedicada fundamentalmente a detectar estas situaciones y a establecer sistemas de investigación, juntar antecedentes y desarrollar nuevos conocimientos acerca de la utilización del cobre, de manera que no tengamos problemas de demanda, los que, aunque quizás en un futuro no tan próximo, podrían afectar profundamente -como sucedió con el salitre- la economía de nuestro país. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, en esta Sala estamos acostumbrados a aprobar proyectos de acuerdo y a poner mucha atención a sus fundamentos, cuando los fondos se hacen escasos para atender la situación, por ejemplo, de los pequeños mineros del país. Pues bien, si el precio del cobre bajara a menos de 70 centavos de dólar la libra, seguramente desaparecería la actividad que desarrollan. Pero aquí estamos frente a un problema mayor. El cobre se puede ver perjudicado y, como consecuencia, también la economía del país, pero no sólo por la baja del precio. A lo mejor, mañana podría subir a un dólar cincuenta centavos -el doble de su precio actual-; sin embargo, se produciría una crisis en la economía chilena si el mineral fuera sustituido. Hace muy poco tiempo, una delegación de parlamentarios chilenos asistió al Parlamento Europeo con el objeto de evitar -se logró sólo en forma transitoria- que el cobre fuera sustituido, debido a que algunos organismos serios, como la Organización Mundial de la Salud y el propio Parlamento Europeo, han señalado que el cobre es tóxico, colocándolo junto con el cianuro, el arsénico y el plomo. Si no creamos un mecanismo -en este caso el Instituto de Investigaciones del Cobre- que prevenga e investigue científicamente el problema, corremos el gran peligro de que el cobre sea declarado producto tóxico, y los ecologistas y ambientalistas -entre los cuales nos encontramos- tendremos que aceptar que ese mineral, producto base de nuestra economía, sea reemplazado. Por eso, es importante que aprobemos por unanimidad este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para argumentar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, por cierto, comprendo la buena intención de los autores del proyecto de acuerdo. Sin embargo, considero altamente inconveniente la creación de un nuevo ente burocrático, porque ya existen varios organismos, tanto públicos como privados, que deben cumplir, precisamente, la misión señalada aquí. Pues bien, se pretende crear este organismo público, con un costo de 3 millones de dólares, que en este mundo de las siglas podríamos llamar IICO: Instituto de Investigaciones del Cobre. En otra época se creó la Cochilco, que fue un fracaso. Aquí se nos dice que los pequeños mineros requieren de ayuda. Pero, ¿qué ha hecho la Enami? Ha disminuido su poder comprador, y cada día menos mineros acceden al mercado del cobre. Además, encuentro razonable que en múltiples oportunidades se haya señalado que el Parlamento Europeo impidió que nos prohibieran seguir comercializando nuestras cañerías de cobre. Eso es cierto; pero, entonces, reforcemos las relaciones entre nuestro Parlamento y el Europeo, porque este problema no lo va a solucionar una comisión o un nuevo ente público. Aquí hay una pugna muy fuerte de intereses entre los fabricantes de plástico de la Unión Europea -ésa es la realidad-, que aspiran a que todas las cañerías para el agua potable sean de plástico, y quienes sostienen que debe usarse el cobre porque es de primera calidad. Esto fue comprendido por la mayoría de los integrantes del Parlamento Europeo, y en esa lucha de titanes -los productores de cobre y los de plástico-, optaron -por un pequeño margen de votos- por permitir que se continuaran usando las cañerías de cobre. Por ello, esos 3 millones de dólares provenientes de Codelco no deberían destinarse a la creación del organismo mencionado, sino a combatir la contaminación del Gran Santiago, porque Codelco no puede participar gratuitamente en la solución de ese problema. Todos sabemos muy bien cómo Caletones está contaminando, especialmente en el Gran Santiago; se darán muchas explicaciones, pero la realidad -los médicos así lo han determinado- es que todos los anhídridos sulfurosos existentes en el aire de Santiago provienen, precisamente, de esa fundición. Junto con reiterar que considero inoportuna e inconveniente la creación de este nuevo ente burocrático, formulo votos por que esos 3 millones de dólares se destinen a combatir la gravísima contaminación que afecta al Gran Santiago. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Encina, Gutiérrez, Hernández, Jaramillo, Jiménez, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Monge, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Reyes, Rincón, Riveros, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Valenzuela, Vilches, Villouta y Walker (don Ignacio). -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Correa, Delmastro, Fossa, García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Molina, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor) y Van Rysselberghe. -Se abstuvieron los Diputados señores: Cardemil y Prokurica.PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA LEY Nº 18.450, SOBRE FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE. El señor NARANJO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 66, de los Diputados señores Bertolino, Prokurica, Delmastro, Fossa, Vargas, Rosauro Martínez, Acuña, Sánchez, Mesías, Melero, Pablo Galilea, Jiménez, José Pérez, Jarpa, señoras María Victoria Ovalle y Eliana Caraball; señores René Manuel García, Ortiz, Alvarado, Hernández, Gutiérrez, Mora, Díaz, Villouta, Tuma, Mulet, Naranjo, Jarpa, José Antonio Galilea, Correa, Monge, Kuschel, Núñez, Salas, Felipe Letelier, Masferrer y Juan Pablo Letelier: “Considerando:1. Que la ley Nº 18.450, de fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, se aplica desde 1986. Establecida inicialmente por 8 años, su vigencia fue prorrogada por otros 6 años mediante la ley Nº 19.316, plazo que expira el 31 de diciembre de 1999.2. Que esa legislación ha dado buenos resultados, promoviendo la participación y garantizando una adecuada asignación de los fondos estatales, lo que ha permitido rehabilitar estructuras deterioradas y aumentar la superficie de riego.3. Que las inversiones asociadas al desarrollo agrícola, entre las cuales destaca la destinada al mejoramiento del riego, son fundamentales para la existencia de la agricultura y un factor importante para desarrollar su competitividad.4. Que a pesar de los avances, el país todavía presenta niveles bastante bajos en riego tecnificado, lo que muestra un enorme desafío para el futuro. Resulta indispensable seguir aumentando la superficie con riego tecnificado para mejorar la productividad de la agricultura.5. Que en esa tarea debemos estar todos: los grandes, los medianos y los chicos, el Estado y los privados.6. Que de esta manera, estando convencidos de que la agricultura nacional y el sector rural son parte central de la cultura y actividad económica y social del país, se hace necesario, entre otras medidas, prorrogar por 10 años la vigencia de la ley Nº 18.450 antes aludida. Teniendo presente que el Parlamento carece de iniciativa legislativa y sobre la base de las consideraciones precedentes, venimos en presentar a la aprobación de la honorable Cámara de Diputados el siguiente: Proyecto de acuerdo: Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República para que instruya al Ministro de Agricultura a fin de que prepare un proyecto de ley con el objeto de prorrogar, por diez años, la vigencia de la ley Nº 18.450, sobre fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje”. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo. El señor BERTOLINO.- Pido la palabra. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo pretende que se siga fomentando la tecnificación del riego por parte de los medianos, pequeños y grandes empresarios del rubro agrícola. En una época en que la agricultura está mostrando baja rentabilidad y competitividad, y más aún, que nos estamos asociando a mercados como el Mercosur, donde en muchos rubros, nuestra actividad agrícola tiene ventajas comparativas negativas, es una de las formas de agregarle rentabilidad a la actividad. Es sabido por todos que el Gobierno se esfuerza, principalmente en la zona norte del país, por construir grandes embalses para tener una mejor administración del recurso agua, que es uno de los más escasos del siglo XX y no me cabe duda de que en el XXI lo va a ser más aún. Hay personas que dicen que, en el futuro, las guerras no van a ser por el petróleo, como lo han sido anteriormente, sino que por el agua. Es así como se han ido implementando una serie de proyectos para revestir canales, y si tomamos en cuenta que tenemos grandes embalses y canales revestidos para conducir el agua, pero no le damos la posibilidad a los medianos, pequeños y grandes agricultores de usarla con eficiencia, estamos perdiendo todos los esfuerzos por mejorar esta situación. Por eso, además de tecnificar el riego, que nos va a dar la posibilidad de aumentar la productividad, vamos a ahorrar insumos, porque a través del riego tecnificado podemos focalizarlos mejor y, por ende, usar menos y así bajar el costo de explotación. Por lo tanto, solicito que sea aprobado el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, el Diputado señor Bertolino ha apuntado a un problema de fondo, relacionado con la mantención o prórroga de la ley Nº 18.450 que, en la última década, ha fomentado en forma muy activa la estructura e infraestructura de riego. En los últimos seis años se ha modificado el uso de este instrumento, incorporando a su financiamiento, a través de créditos de enlace y de una nueva dinámica de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, en convenios con pequeños campesinos, que han accedido, como nunca antes en el país, a estos recursos, porque hasta hace pocos años solamente accedían a ellos quienes podían financiar sus obras, a priori. Ahora pueden hacerlo medianos y pequeños productores. Es de fundamental importancia que en la prórroga de la ley se actúe de una manera similar a como se ha hecho con la Ley de Fomento Forestal, decreto ley Nº 701, es decir, revisarla y prorrogarla para asegurar que los diferentes actores que deben modernizarse y aumentar su productividad accedan a estos recursos para mejorar no sólo las grandes obras de riego, sino canales, arranques de agua y someter efectivamente a riego una cantidad de hectáreas que actualmente no lo tiene. También quiero llamar la atención de que no servirá de nada esta prórroga si el Congreso Nacional no es capaz de aumentar significativamente los recursos destinados a la infraestructura de riego. Hoy, por desgracia, no hay ningún peso del Presupuesto dedicado a los Promm, Programas de Obras de Riego Medianas y Mayores, que son básicos para mantener la infraestructura existente. Es un drama para el valle central, desde la Quinta Región hasta la Séptima, la carencia de recursos para los Promm. Adicionalmente, ante los concursos que vienen, tanto el 169 como el 170, encontramos que la demanda por recursos más que quintuplica los disponibles, es decir, tenemos un instrumento muy potente, necesitamos reactualizarlo y, por cierto, enviar un mensaje al Ejecutivo en cuanto a que la Corporación cree que la inversión en infraestructura y, en particular, la de riego, bien merece ser reevaluada, aumentada y no ser objeto de las apreturas que es necesario aplicar cuando pesan factores externos, porque las inversiones en esta infraestructura nos van a permitir competir de mejor forma en la medida en que los mercados se abran. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor diputado que impugne el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobado. Ha terminado la hora de los proyectos de acuerdo. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Coloma, Correa, Delmastro, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jiménez, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Monge, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rincón, Rocha, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Tuma, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). VIII. INCIDENTESTRIBUTACIÓN REGIONAL Y NACIONAL DE EMPRESAS MINERAS. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el Diputado señor Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, el Consejo Regional de Atacama convocó, el viernes último, a los parlamentarios de la zona: los Senadores señores Núñez, Pérez Walker y los Diputados señores Mulet, Prokurica, Vilches y quien habla, a un debate sobre los tributos regionales a las inversiones en recursos no renovables. Tal como lo señaló el consejero regional don Julio Palma Vergara, las regiones que fundan su macroeconomía en las grandes explotaciones mineras, deben ser vistas y entendidas de manera distinta al resto, ya que se sostienen básicamente en la extracción y agotamiento de los recursos que valen y sirven una sola vez. Los consejeros regionales de Atacama han planteado la necesidad de incorporar a las normas tributarias y legales, la instauración en Chile de tributos regionales que deben ser entendidos como una forma de compensación a las regiones por el agotamiento que se hace de sus recursos no renovables. Sin duda que este debate liga varios temas de fondo para el desarrollo del país y de las regiones mineras: la necesidad de mantener y expandir la inversión extranjera y, a la vez, la de proteger la explotación de recursos no renovables, la redefinición de las condiciones para la inversión extranjera y una nueva política tributaria que permita que la utilización del recurso minero deje mayores beneficios al país y, en particular, a las regiones donde se concentran las grandes inversiones como condición de la creación de una estructura productiva y de servicios equilibrada, diversificada, con mayor valor agregado y que genere mayores oportunidades para las regiones. Ciertamente, este debate se realiza en un momento complejo para la minería del cobre: el precio ha caído profunda y rápidamente. En julio de 1995, el precio promedio llegó a casi 140 centavos de dólar la libra. Hoy, el precio no supera los 78 centavos, es decir, una disminución de alrededor del 45 por ciento. Sin embargo, la propia baja del precio del cobre en el mercado internacional se constituye, a mi juicio, en un elemento que se debe considerar desde el punto de vista de la modificación del decreto ley Nº 600. No hay duda de que, conjuntamente con los efectos de la crisis asiática que se deja sentir fuertemente en una economía abierta como la nuestra y de la disminución de la demanda de cobre fino en el mercado mundial, uno de los factores que determina la baja de su precio, es la sobreproducción que, en buena medida, se debe al crecimiento de la producción de los grandes megaproyectos de las empresas extranjeras que operan en el país. Lo claro es que, tanto para el país como para las empresas extranjeras, hay disminución de los ingresos, pero para estas últimas, aun cuando disminuyen sus ingresos globales, las utilidades siguen siendo muy elevadas ya que tienen costos operacionales muy bajos. Aun con un precio de 80 centavos, estas empresas trabajan con grandes utilidades dado que la media de sus costos operacionales es de 50 centavos y, por ende, aun en medio de la crisis actual, mantienen un excedente de 30 centavos, con lo cual, en el contexto de la producción actual y de sus proyecciones hacia el 2000, estas empresas obtendrían cerca de 7.500 millones de dólares de utilidades. En este contexto es donde hay que subrayar que los costos financieros de los créditos con que realizan buena parte de las inversiones las empresas extranjeras, la amortización rápida de la maquinaria, equipos e instalaciones se descuentan rápidamente de las propias utilidades. También se descuenta en forma acelerada el valor de los yacimientos, con esto las grandes utilidades desaparecen y, por esta razón, en el contexto de la legislación actual, prácticamente aportan una cantidad mínima al Fisco bajo la forma de impuestos. Llama la atención el muy dispar aporte que hacen al Fisco la minería estatal y la privada. En efecto, exclusivamente el de Codelco alcanzó a 1.735 millones de dólares en 1995; en cambio, el aporte al erario por concepto de tributos, el mismo año, alcanzó a una cifra cercana a 169 millones de dólares por parte de las empresas privadas. Desde el punto de vista tributario, las empresas privadas mineras extranjeras están sujetas a las ventajas consideradas por el decreto ley Nº 600. Sólo el impuesto de primera categoría con tasa del 15 y el adicional del 35 por ciento contra el cual se puede acreditar el referido 15 por ciento de primera categoría, representa una carga tributaria efectiva del 23,5 por ciento sobre las remesas de utilidades que se hagan por los inversionistas extranjeros. La carga tributaria recién indicada, de por sí baja, se ve disminuida, a su vez, por el beneficio de la depreciación acelerada. Éste tiene enorme efecto en una industria que es intensiva en el uso del capital y cuyas mayores inversiones se materializan en la adquisición de bienes de capital para explorar los depósitos de mineral, los cuales, por regla general, son depreciados en tres años. Esto produce el efecto de que los resultados tributables de los primeros años de todos los proyectos mineros tengan un fuerte castigo por causa de dichas depreciaciones. Al hecho anterior agrego, como otro recurso que permite la reducción de la carga tributaria de las empresas mineras, el uso de la figura de sociedad contractual minera, la cual es una forma societaria que contempla el Código de Minería, utilizada por muchas grandes compañías para organizarse jurídicamente y que Impuestos Internos ha considerado sociedad de personas. Según la Ley de Impuesto a la Renta, las remisiones de utilidades financieras provenientes de sociedades que no sean sociedades anónimas o en comanditas por acciones, no quedan afectas a impuesto adicional. Estas utilidades financieras no tributables se producen precisamente en el período en que las empresas están haciendo uso del beneficio de la depreciación acelerada. Dado que los recursos minerales pertenecen al país y a las regiones, es lógico que se cobre por su uso. Para crear más igualdad social y territorial es necesario aumentar el 17,5 por ciento del producto que hoy se dedica a la inversión social, y para ello es necesario establecer tributos verdaderos a la gran minería industrial privada, modificar el decreto ley Nº 600 y la legislación sobre inversión extranjera en Chile, con el fin de que estas empresas, los actuales negocios y las futuras inversiones tributen realmente al Estado chileno. Tal como lo señalan los consejeros regionales de Atacama, en el caso de Argentina la Constitución Nacional establece lo que denomina “una regalía minera a favor de la provincia en que se explota el recurso”, la que tiene un techo de un 3 por ciento del valor mineral puesto en bocamina. Surge la pregunta natural de que si buena parte de las empresas transnacionales que hoy se asientan en Argentina son las mismas que operan en Chile, ¿por qué aquí no podrían asumir el costo de compensación que asumen allá? En el debate en que intervinieron los Diputados señores Vilches, Prokurica, Mulet y quien habla, todos subrayamos la necesidad de considerar el tema del tributo regional y nacional. Quiero destacar que Chile tiene ventajas absolutas de gran magnitud: es un país social y políticamente estable, con una fuerza profesional y laboral con gran experiencia y especialización minera y, por tanto, es evidente que debemos confiar en esta ventaja. Quiero subrayar que comparto plenamente la opinión del Consejo Regional de Atacama. No habrá diversificación productiva en esta región como en otras regiones mineras, ni manufactura, ni servicios, ni una Atacama moderna que integre a todos sus habitantes si no adoptamos hoy esta medida que, como lo ha dicho el Obispo de Copiapó, Monseñor Fernando Ariztía, tiene no sólo un valor político y social, sino también un profundo valor ético. He dicho.CAMBIO DE MODALIDAD EN POSTULACIÓN AL SUBSIDIO HABITACIONAL. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Naranjo. El señor NARANJO.- Señora Presidenta, en esta ocasión quiero referirme a un problema que afecta a un importante número de chilenos relacionado con las postulaciones al subsidio habitacional, principalmente al básico. Hace algún tiempo, en la Cámara se aprobó por amplia mayoría un proyecto de acuerdo por el cual se solicitaba al Ministro de Vivienda corregir un requisito que hoy se pide a los postulantes al subsidio habitacional, cual es acreditar, a través de documentos, sus imposiciones o liquidaciones de sueldos de los últimos tres meses. Este nuevo requisito que se exige ha reemplazado un sistema que operó substantivamente bien durante muchos años, que consistía en que quienes tenían trabajo estable acreditaban sus rentas a través de las liquidaciones de sueldo o imposiciones. Sin embargo, las personas que operaban en la economía informal, es decir, que no tenían cómo acreditar sus ingresos, lo hacían a través de un certificado que se obtenía a través de las notarías. Este sistema dio excelentes resultados, porque permitió a la gente más modesta, de escasos recursos, postular al subsidio habitacional. Sin embargo, hoy esta nueva modalidad de exigir a los postulantes el requisito de las imposiciones de los últimos tres meses o acreditar ingresos en igual período de tiempo, ha impedido que un número importante de personas, particularmente los más pobres, pueda acceder al subsidio habitacional. Lamentablemente, en las regiones agrícolas, donde bien sabemos que impera el trabajo temporero, justamente en los meses en que la gente permanece sin laborar, se hacen las postulaciones, oportunidad en la cual no tienen cómo acreditar sus ingresos, lo que imposibilita que un número importante de chilenos acceda al subsidio. Espero que el Ministro de Vivienda y Urbanismo acoja el planteamiento que le formulara una amplia mayoría de diputados, en el sentido de que se vuelva al sistema antiguo de postulación, con el fin de permitir que la gente que trabaja, tanto en forma estable como los que lo hacen esporádicamente, puedan postular al subsidio habitacional. El argumento esgrimido para modificar el requisito, que no resiste mucho análisis, no es efectivo, porque se ha sostenido que no garantizaba el pago de los dividendos por parte de la gente. Hay múltiples ejemplos que ilustran que, muchas veces, las personas que operan en la economía informal, en el trabajo inestable, son los primeros en cancelar sus dividendos. De manera que los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Vivienda no son sólidos para generar el cambio que ha provocado tanto daño a miles de familias del campo y la ciudad. Por lo tanto, quiero reiterar la petición que se le hizo al Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que especifique y aclare el cambio de modalidad, porque hasta la fecha el proyecto de acuerdo aprobado por la amplia mayoría de la Cámara no ha tenido respuesta. Aquí está ocurriendo algo muy curioso. Muchas poblaciones ya debieran haberse entregado; sin embargo están deshabitadas, porque no existen postulantes debido al requisito exigido. En efecto, se han construido viviendas; hay poblaciones, pero no hay beneficiarios, porque no cumplen con el requisito impuesto por el Ministerio. Espero que se corrija esta situación y que el Ministro responda a este planteamiento serio y responsable que le ha hecho la Cámara de Diputados. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.FINANCIACIÓN DE REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE ALUMNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LOTA. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Diputado señor Rocha. El señor ROCHA.- Señora Presidenta, con posterioridad al cierre del yacimiento carbonífero de Lota, en un visionario ejemplo conjunto de gobierno interior, la Universidad de Concepción, Corfo y también Inacar, se dio vida al Centro de Formación Técnica, de Lota, destinado a impartir educación a jóvenes preferentemente de la zona del carbón. El centro es hoy una realidad, una hermosa realidad que nos enorgullece y que alberga a más de 200 jóvenes, hombres y mujeres, que han optado por las dos primeras carreras que se imparten: la de técnico de nivel superior en administración pública y la de técnico de nivel superior en mecánica industrial. Luego se agregarán las de técnico en pesca y forestación. Los jóvenes provienen de toda la provincia de Arauco y de los lugares más apartados, como las comunas de Tirúa y de Contulmo, incluso, de los contrafuertes cordilleranos de Nahuelbuta. Son estudiantes pobres que requieren ayuda. No basta con el esfuerzo que hasta ahora se ha hecho y que realiza la comunidad escolar dirigida por el ingeniero señor Luis Quiñones. Necesitamos un mayor compromiso para que estos jóvenes tengan locomoción adecuada y un sistema de internado que les proporcione alimentación y albergue. Hoy, un grupo importante vive en cabañas muy deterioradas y han pasado, a veces, varios días sin alimentos, situación que sólo ha logrado superarse gracias al apoyo del intendente de la Región y, en especial, del gobernador de Arauco, don Carlos González. Constituiría un hecho vergonzoso que perdiéramos la única experiencia que se avizora como exitosa, luego del cierre del yacimiento de Lota. Por ello, quiero pedir que se oficie, en forma urgente, incluyendo el texto de esta intervención, a los alcaldes de las municipalidades de Arauco y Lota, para que en un esfuerzo conjunto puedan financiar los requerimientos básicos de los alumnos de sus respectivas comunas. También deseo oficiar con urgencia, en la misma forma, al Ministro del Interior para que disponga proporcionar de inmediato el apoyo necesario para estos jóvenes, con el objeto de que puedan contar con estos requerimientos fundamentales para continuar con su vida escolar. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, incluyendo el texto de su intervención.INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PESCADORES ARTESANALES DE LA QUINTA REGIÓN NORTE. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker. El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, la pesca artesanal en la Quinta Región norte, que represento, está viviendo momentos bastante difíciles. Las caletas de Los Molles, Pichicuy, Salinas de Pullay, Papudo, Zapallar, Maitencillo, Horcón, Ventanas, Loncura, El Papagayo y El Manzano, estas tres últimas de Quintero, que son parte del distrito 10, por la corriente de El Niño han tenido un año bastante difícil, y hoy viven dos problemas bastante delicados que requieren la intervención oportuna y eficaz de parte del Gobierno, primero, para implementar de manera efectiva las normas sobre fiscalización en materia de áreas de manejo de recursos y, segundo, para analizar el problema de la sobrepoblación de lobos marinos, que está afectando gravemente a la pesca artesanal en esta parte de la Quinta Región y, por lo que hemos visto en la prensa, también en otras zonas del país. Si bien es cierto la ley de pesca contempla normas claras sobre fiscalización, en los hechos, éstas no se cumplen. Es así como las áreas de manejo, que ya han sido designadas por las autoridades de pesca, desde el momento en que no existe una adecuada fiscalización, en la práctica, pasan a ser letra muerta. En el caso de los lobos marinos, se ha producido una sobrepoblación al no haber control de la especie en los últimos años, lo que ha provocado en el trabajo de los pescadores artesanales daños irreparables, que afectan gravemente sus ingresos. Por lo expuesto, solicito, en primer lugar, que se oficie a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar, para que la gobernación marítima y la Capitanía de Puerto, con asiento en Quintero, puedan informar a la Cámara de Diputados cuáles son las medidas y planes concretos de fiscalización que se están llevando a cabo respecto de las áreas de manejo de recursos; de la forma más efectiva que la pueden realizar para que no sea letra muerta, como sucede hoy, y pueda satisfacer las necesidades de sindicatos y cooperativas de pescadores en estas once caletas de las comunas de La Ligua, Papudo, Zapallar, Puchuncaví y Quintero, que he mencionado. En segundo lugar, se oficie al Servicio Nacional de Pesca, Sernap, para que informe sobre las medidas que se están adoptando para el control de esta sobrepoblación de lobos marinos. Asimismo solicito que copia de estos dos oficios vayan también a la Subsecretaría de Pesca, con el objeto de que estos tres organismos informen detalladamente a la Cámara de Diputados de las medidas que están adoptando o que van a adoptar en relación con el tema.PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE COMUNAS DE PETORCA Y CABILDO. Oficios. El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, en la provincia de Petorca -que tiene un rico patrimonio cultural, especialmente arqueológico, producto de la presencia de culturas precolombinas que vivieron y habitaron esta área, sobre todo en las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua, desde hace más de 1.200 ó 1.300 años-, se está viviendo una situación muy crítica, como por lo demás lo ha informado la prensa, por el tendido eléctrico que está realizando la empresa Transelec, desde Quillota hasta Los Pelambres, en la Cuarta Región. La obra está afectando de manera muy peligrosa, especialmente, 14 sitios arqueológicos, ubicados en Petorca y Cabildo, que dañan el patrimonio cultural de las comunas de esta provincia y que, por lo mismo, requieren de una intervención oportuna y eficaz de la autoridad gubernamental para tratar de revertir y detener su proceso de deterioro. En razón de lo anterior, solicito que se envíen dos oficios: El primero, al Consejo Nacional de Monumentos para que informe el grado de conocimiento que tiene del tendido eléctrico de la empresa Transelec, las normas que la rigen, y si está adoptando o adoptará medidas para preservar el rico patrimonio arqueológico de Petorca y Cabildo. El segundo, a la Conama, Comisión Nacional del Medio Ambiente, llamada a informar en materia de impacto ambiental en un proyecto que abarca por lo menos dos regiones, para que informe detalladamente cuáles son los resguardos adoptados en su estudio para preservar el patrimonio arqueológico comprometido en esta actividad económica. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Mulet, Navarro y Walker, don Patricio.ELIMINACIÓN DE LA CENSURA CINEMATOGRÁFICA. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Walker. El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, a lo largo de la historia de los pueblos ha existido un conjunto de instituciones y normas que restringen y coartan el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente aquellas que dicen relación con la censura. Esta institución, que nace a partir de la concepción que desconfía de la capacidad de las personas para pensar por sí mismas, fue utilizada por las mayorías, en su época, para mantener a los hombres alejados de la práctica de cuestionar sus creencias, controlando de esta manera posibles discrepancias que pudieran derivar en un clima de intranquilidad social. Sin perjuicio de que en nuestro país existe libertad de expresión a través de los medios de comunicación escritos y radiales, en materia cinematográfica, en nuestra Carta Fundamental aún persiste la institución de la censura. Somos el único país en el mundo que consagra la censura en su Constitución Política, institución que en el pasado prohibió la exhibición de películas de directores tan prestigiados como Passolini, Bertolucci, Scorcese y Almodóvar. Este hecho no siempre fue parte de nuestra historia, pues Chile tiene una larga tradición de libertad de expresión y de proscripción de la censura. Ya en el Reglamento Constitucional de 1812 se contemplaba la libertad de expresión; en 1813 se procede a abolir la censura previa y, en 1828, 1833 y 1925, las Constituciones que se dictaron se encargan de establecer la libertad de expresión sin censura previa. Esta última es la que tal vez con más claridad establece la libertad de las personas para emitir sus opiniones sin censura previa. Sin embargo, la Constitución de 1980, junto con asegurar a todas las personas la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, establece, por otra parte, en forma expecionalísima en el mundo, la censura previa para la producción cinematográfica. Sin lugar a dudas, existe una contradicción abierta en nuestra Carta Fundamental al consagrar, por una parte, la libertad de prensa, de radio, de televisión y para cualquier forma de manifestación artística y cultural; pero, por otra, se consagra la censura en materia cinematográfica. Para terminar con esta censura, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados un proyecto que dispone su eliminación. La discusión y el debate sobre dicha iniciativa constituirá, a mi juicio, una gran oportunidad para fortalecer la democracia, porque la sociedad pluralista y tolerante debe permitir a los hombres cohabitar de manera tolerante, abierta y pluralista. La verdad -sostenía Milton- nunca dejará de triunfar frente al error, allí donde ambos puedan manifestarse mediante argumentos expuestos sin restricción. Esta es la diferencia entre una sociedad democrática, abierta y pluralista y una autoritaria y fundamentalista que no cree en la capacidad de las personas para pensar por sí mismas. Paradójicamente, en nuestra sociedad creemos en la capacidad para desarrollar actividades económicas o participar en la vida política, pero no en materia cultural. No soy de aquellos partidarios de privatizar la moral. Por eso, sostengo que en materia de televisión deben existir los resguardos necesarios para proteger a los menores de edad, a los niños, de contenidos inconvenientes que puedan incidir negativamente en su desarrollo normal, como es el caso de la violencia y la pornografía. Sin embargo, en materia cinematográfica, en que se califican las películas por edad, con lo cual se evita que los niños tengan acceso a expresiones que les puedan ser perjudiciales, no hay razón alguna para mantener la censura. Debemos señalar con claridad que las producciones cinematográficas, al igual que otras, están regidas por el derecho común y, en consecuencia, existe responsabilidad para aquellos que cometan delito en su ejercicio. Pero, al establecer en forma institucional y previa la censura para las producciones cinematográficas, estamos dudando o, más bien, desconociendo la capacidad de discernir y pensar de las mujeres y hombres mayores de edad de este país. De mantenerse la censura en materia cinematográfica estamos frente a un peligro muy grave: limitar la libertad de expresión a lo que es la verdad oficial y de la mayoría. En definitiva, con eso eliminamos la expresión artística, la poesía y cualquier manifestación que signifique imaginación. Soy partidario de eliminar la censura cinematográfica, es decir, de terminar con la facultad de un grupo de privar a la mayoría de la posibilidad de escoger la película que desee ver. Sin embargo, también soy partidario de mantener la calificación, cuya finalidad es evitar que los niños o los adolescentes queden expuestos a imágenes y a contenidos que puedan dañar su desarrollo integral. Ya es hora de que los chilenos mayores de edad dejemos de ser tratados como adultos en materia económica, como adolescentes en materia política y como niños en materia cultural. Por las razones expuestas, solicito que se oficie al Presidente de la República para que informe si dará a la moción la urgencia necesaria para tratar de manera rápida y expedita el proyecto. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ortiz, Mora, Salas, Mulet y señora Pérez, doña Lily. CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON SINDICATO DE COMERCIANTES NO VIDENTES. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Waldo Mora. El señor MORA.- Señora Presidenta, quiero referirme a un tema que ha sido recurrente. En los primeros días de mayo se habló en esta Sala del problema de los no videntes, en huelga de hambre en Santiago. Intervino el Diputado señor Alberto Cardemil y el que habla. El 19 de mayo se volvió a tocar el tema, dada su gravedad, pues la huelga llevaba 15 días sin solución. El 25 de mayo se firmó un acuerdo, muy publicitado por los medios de comunicación, en que comparece el alcalde de Santiago, don Jaime Ravinet, y el presidente del sindicato de no videntes, don Orlando Varas, para llegar a un acuerdo en el cual se establece una serie de puntos para poner fin al conflicto, mediante un arreglo económico con la participación del Fonadis, a través de Mideplan, y el Ministerio del Interior, por medio de la Subdere, en que se indemniza a los no videntes en una suma aproximada a los 3.600.000 pesos, recomprándoles sus locales comerciales instalados en un lugar inapropiado y, asimismo, que los socios a indemnizar serán exclusivamente 27. Firman don Orlando Varas, don Juan Carlos Ávila Barahona, por la Fonadis, y el padre Alfonso Baeza, vicario episcopal de la Pastoral Obrera. Esta intervención también la hago en nombre del Diputado señor Alberto Cardemil, con quien conversamos el tema. Tengo una sensación de amargura y de frustración, porque hoy me reuní con el presidente y el tesorero del sindicato de no videntes, don Orlando Varas y don Harry Neira, respectivamente, y con otro socio, quienes desde las diez de la mañana han golpeado las puertas de distintas oficinas de parlamentarios, también de los que aparecen firmando como garantes del convenio -no daré los nombres, son dos parlamentarios de la Cámara de Diputados-, y no fueron recibidos. Hablaron conmigo hace una hora, tal como lo hicieron en la oportunidad anterior, en que participé activamente en esta gestión. En dicha oportunidad no busqué a quienes participaran en el acuerdo para que aparecieran en los medios de comunicación, sino para solucionar el problema. Hoy me informan que el acuerdo no se ha cumplido, a pesar de que su fecha de cumplimiento era de 30 días desde que se firmó, es decir, venció el 25 de junio. El Gobierno no ha dispuesto los fondos a través de Mideplan, tampoco de la Subdere; el alcalde de Santiago no los recibe, los guardias no los dejan entrar al municipio y hoy sentí una pena muy grande porque en el Congreso tampoco los recibieron para darles una solución a su problema. Quiero protestar, porque hay mucha gente que necesita y pide ayuda. Estas personas sólo pidieron una herramienta de trabajo, pero les buscaron una solución distinta, entregarles una indemnización, que tampoco les cumplieron. Ellos se comprometieron a no crear más problemas públicos de huelga, conflictos o llamados de atención, y han cumplido. Sin embargo, a ellos no les cumplen. Por ello, quiero solicitar el envío de un oficio. Por desgracia, pareciera ser el único mecanismo del que disponemos los diputados, como si con un oficio pudiéramos obligar a satisfacer las necesidades de la gente. Pero entramos en esta dinámica que, al final, nos lleva a la misma conclusión, y los oficios sólo quedan como testimonio ante la opinión pública, pero con muy poca fuerza para hacer cumplir los acuerdos pactados en un momento determinado. Pero como la vida es así y no nos queda más que la voz para denunciar con fuerza las promesas que no se cumplen, solicito que se oficie a los Ministros de Mideplan y del Interior para que informen a la Cámara los motivos del no cumplimiento de este acuerdo, si hay voluntad real de hacerlo y, en caso de ser así, en qué plazo. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vilches, Prokurica, Pérez, don José; Bertolino, Van Rysselbergue, García, don José; Ortiz, Walker, don Patricio, y Mulet.RECURSOS PARA OBRAS VIALES EN CONCEPCIÓN. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, desde hace tres años, dentro del presupuesto de la Nación asignado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se han considerado los fondos para la expropiación de terrenos que permitirán la construcción de la futura gran avenida de calle Paicaví en mi ciudad, Concepción. Las expropiaciones se han realizado en un 97 ó 98 por ciento. El año recién pasado, cuando una vez más formé parte de la Comisión Mixta de Presupuestos, solicité al actual Ministro de Vivienda que se contemplara en el presupuesto de este año la pavimentación de la calle Paicaví. Para tal efecto, se fijó un monto de 4 mil millones de pesos. He sabido, en forma extraoficial, que hay un tema cierto y real con la pavimentación de la calle Los Carrera. No se puede llamar a licitación para pavimentar la calle Paicaví, porque habría un serio problema de tránsito vehicular en la ciudad. Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que el llamado a licitación para pavimentar la calle Paicaví se haga en diciembre de este año y que empiecen los trabajos entre enero y febrero del próximo año. En segundo lugar, que se oficie al Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat, en su calidad de integrante titular de la mencionada Comisión, para que se aumente en forma importante el presupuesto destinado a los programas de pavimentación participativa, porque han sido muy efectivos. Esperamos que el próximo año se llame a licitación para muchos más programas de pavimentación participativa, porque ello permitirá mejorar el nivel y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.DEFENSA DE LA LABOR FISCALIZADORA DE LOS PARLAMENTARIOS. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, a raíz de la investigación que junto al Diputado señor Víctor Pérez hemos realizado en el llamado caso Copeva, sobre las viviendas “diluviadas” hace trece meses, y como nuevo miembro de la Comisión de Vivienda, quiero señalar lo siguiente: El Ministro de Vivienda, señor Henríquez, nos ha descalificado públicamente a través de los medios de comunicación, no en términos de argumentos, de ideas, de debate, incluso político, sino mediante descalificaciones personales, en que hasta nos compara con dos roedores. Y quiero decirlo con fuerza y sinceridad en esta Cámara. Me parece inaceptable que una autoridad de Gobierno, que ostenta un cargo de Ministro, tenga esta forma de expresarse sobre la labor parlamentaria, porque los diputados fuimos electos para ejercer una labor, que no sólo implica legislar y representar, sino también fiscalizar. Sus palabras no sólo descalifican al Diputado señor Víctor Pérez y a quien habla, sino a todo el Parlamento, pues cada vez que quiera efectuar una labor de fiscalización, cualquiera sea el Gobierno de turno o sobre quien caigan las responsabilidades del caso, se verá expuesto a que lo descalifiquen a través de los medios de comunicación, en circunstancias de que no estamos haciendo otra cosa que cumplir con la función para la cual fuimos elegidos. También quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Vivienda, de todas las bancadas, que en la sesión de hoy solidarizaron con nosotros y, además, expresaron que públicamente iban a dirigir una nota al Ministro sobre el particular, porque con este tipo de descalificaciones no nos vulnera -insisto- a nosotros como diputados, sino que se busca empañar o dificultar nuestra labor parlamentaria. Tampoco puedo dejar pasar las descalificaciones y amenazas del Subsecretario del Interior, señor Velasco. Lo único que hemos hecho es investigar y dar a conocer situaciones que la opinión pública debe conocer, y él nos ha amenazado con querellas y descalificaciones. Pues bien, han pasado ya diez días y no hemos visto que el Subsecretario ponga de manifiesto las acciones que ha dicho reservarse. Al respecto, quiero decirle que las acciones judiciales no se reservan, sino que se ejercen. Así hay que hacerlo en derecho. El tema de fondo es ¿qué pasa con las construcciones de viviendas sociales? Estamos hablando de un caso que afecta a miles de familias que siguen pagando dividendos entre 14 mil y 18 mil pesos mensuales. Esto no es gratis, no es un regalo para las personas de escasos recursos. Por tanto, la gente debe saber que, sea quien fuere, estamos cuestionando el rol y los cargos que ostentan, no las personas. Por ello, nos llama profundamente la atención tanta amenaza y descalificación, cuando lo que debemos hacer es cumplir con nuestro papel, aun cuando a algunos no les guste. Solicito que se envíe una copia de mi intervención al Ministro del Interior, ya que, como jefe del gabinete ministerial, es el superior jerárquico del Ministro de Vivienda, para que, ojalá, haya un pronunciamiento público de autoridades de Gobierno respecto de si la labor fiscalizadora de los diputados puede ser objeto de amedrentamientos mediante amenazas y descalificaciones personales, debatida en los tribunales de justicia, como se anuncia, o rebatida con ideas y argumentos. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Prokurica, Vilches, Bertolino, García, don José, y Van Rysselberghe.RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN PROFESIONAL A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON TÍTULO DE TÉCNICO UNIVERSITARIO. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señora Presidenta, en primer lugar, me referiré a una información publicada hoy por el diario “La Segunda”, en su página 4, titulada “Definitivo: empleados públicos con título técnico no recibirán bono profesional”, agregando que la Corte Suprema respaldó a la Contraloría ante el recurso de protección interpuesto por funcionarios del Ministerio del Interior. Esta resolución de la Corte afecta a aproximadamente 5 mil funcionarios públicos que han obtenido, o están a punto de obtener, su título de técnico universitario en diferentes menciones. Lo cierto es que ellos lo hicieron al amparo de dictámenes de la Contraloría General de la República, en el sentido de que dichos títulos les daba derecho a percibir la asignación profesional. Luego de este fallo de la Corte Suprema, lo único que queda es solicitar al Supremo Gobierno el envío de un proyecto de ley para permitir que a esos esforzados funcionarios públicos -que han pagado de su bolsillo el costo de las carreras, y, además, lo han hecho con gran sacrificio personal y de sus familias- se les reconozca el derecho a percibir la asignación profesional. Pido que dicho oficio se envíe a los señores Ministros de Educación y de Hacienda. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.PAGO DE INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES CON MOTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PADRE LAS CASAS-NIÁGARA. Oficio. El señor GARCÍA (don José).- Señora Presidenta, hace algunas sesiones me referí a la manifiesta transgresión de nuestro ordenamiento constitucional por parte del Ministerio de Obras Públicas, en el caso de las expropiaciones realizadas en el camino Padre Las Casas-Niágara. Al respecto, quiero recordar que el artículo 19, Nº 24º, de la Constitución, que asegura el derecho de propiedad, señala que la toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización. Como señalé en aquella oportunidad, son más de cien los pequeños campesinos mapuches del camino Padre Las Casas-Niágara que fueron expropiados en 1995. Es decir, han transcurrido prácticamente tres años y, a pesar de la claridad de la disposición constitucional, que impide la toma de posesión material del bien expropiado mientras no se pague la indemnización, ellos aún no la reciben, con la agravante de que muchas notificaciones de indemnización, como asimismo sobre el acto expropiatorio, se encuentran sin fecha. Por lo tanto, esas personas sencillas, modestas, pequeños agricultores, están viendo amagado su derecho de propiedad simplemente porque el Ministerio de Obras Públicas no cumple con lo dispuesto en la Constitución Política, en el sentido de pagar las indemnizaciones respectivas. Por las razones expuestas, solicito que se oficie al señor Contralor General de la República, con el propósito de ponerlo en antecedentes de este grave incumplimiento a nuestro ordenamiento constitucional, del atropello al artículo 19, Nº 24º, de nuestra Carta Fundamental por parte del Ministerio de Obras Públicas, y a fin de que se investigue la situación que afecta a todas las expropiaciones que está realizando el Ministerio de Obras Públicas y se determinen las responsabilidades administrativas que correspondan. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Prokurica, Vilches, Bertolino, Van Rysselberghe, Mulet y Mora.MODIFICACIONES DE NORMAS QUE REGULAN LA TRAMITACIÓN Y FALLO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Baldo Prokurica. El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, en esta oportunidad quiero referirme a un tema que considero de la mayor importancia para el país. Como es de conocimiento público, con fecha 9 de junio en curso, la Excelentísima Corte Suprema, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 79 de la Constitución Política de la República, y el artículo 96, número 4, del Código Orgánico de Tribunales, dictó un auto acordado, en virtud del cual se modificaron algunas normas del auto acordado del mismo Tribunal Supremo, publicado el 27 de junio de 1992, que regula la tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales que se consagran en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Estas nuevas normas comenzaron a regir el 24 del presente mes. De acuerdo con las modificaciones introducidas concretamente al artículo 2° del mencionado auto acordado, la Corte de Apelaciones ante la cual se haya deducido la respectiva acción cautelar, puede declararla inadmisible por la unanimidad de sus integrantes, en razón de ser extemporánea o porque adolezca de manifiesta falta de fundamento. Respecto de la resolución que contenga esta declaración no procederá recurso alguno, salvo el de reposición ante el mismo tribunal. Por otra parte, se ha modificado el artículo 6° del referido auto acordado, disponiendo que la apelación debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y formular las peticiones concretas que se someten al conocimiento del tribunal superior. De no cumplirse con estas exigencias, la apelación será declarada inadmisible. A su vez, el artículo 7° de dicho auto acordado establece que el recurso de protección elevado en apelación ante la Corte Suprema, será visto en cuenta preferente. No obstante, si lo estima conveniente o se le solicita con motivo plausible, la Corte puede ordenar traerlo en relación o agregarlo extraordinariamente para oír a los abogados de las partes. Como se puede apreciar del contexto de las disposiciones mencionadas, la admisibilidad, tanto del recurso de protección mismo como de la apelación que se dedujere contra la sentencia que lo acoja o rechace, queda sometida al arbitrio del tribunal que conozca del mismo. Estas normas, a mi juicio, entraban abiertamente la esencia misma de esta verdadera acción de protección que constituye una de las innovaciones jurídicas más relevantes de la Constitución que actualmente nos rige. En efecto, si se considera que la norma constitucional que instituyó esta clase de recurso no exige que se haga con asesoría letrada, pudiendo deducirse, por el interesado o por cualquiera en su nombre, de ahora en adelante, con las modificaciones introducidas, se requerirá del patrocinio de un abogado, tanto para interponerlo como para apelar de la sentencia que lo resuelva. Y aún así no se tendrá la certeza de que el recurso pueda ser declarado admisible o que la impugnación formulada en contra del fallo que se dicte prospere. A este respecto, cabe señalar que el artículo 19, número 3º, de la Constitución, dispone que corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento. En tal virtud, resulta inconstitucional que las normas de procedimiento destinadas a materializar en forma efectiva la tramitación de este recurso sean establecidas por la Corte Suprema. Este mismo tribunal ha señalado, en la fundamentación de su auto acordado que hasta ahora el recurso se ha venido tramitando, a falta de ley expresa que lo regule, en conformidad con la facultad que motivó la dictación del primitivo auto acordado de 29 de marzo de 1977, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° del acta constitucional N° 3, de 11 de marzo de 1976. Dicho precepto, en la actualidad, ya no tiene vigencia. De hecho, hace algunos días, el Colegio de Abogados ha manifestado que, con las modificaciones impulsadas, la Corte Suprema ha puesto muchas trabas que van en contra de la génesis misma del recurso de protección y que muchos en ese Colegio opinan que ello es inconstitucional, por cuanto, según la Constitución, el recurso lo puede presentar cualquier persona, y al decir ahora que la acción legal debe ser fundada, esa persona va a requerir de un abogado, lo cual no lo dice la disposición constitucional. Si bien puede regularlo la Corte Suprema, esas regulaciones jamás pueden ir contra la esencia misma del recurso, pues se pierde su naturaleza. En este mismo orden de ideas es del caso señalar que se encuentra pendiente en esta Cámara un proyecto de ley presentado hace más de un año por el ex Diputado señor Bombal, y llama la atención que, por ejemplo, mañana no se trabaje, porque no hay proyectos que tramitar. Este proyecto, y por lo menos 40 más, de suma importancia para el país, están pendientes en una u otra Comisión de la Cámara. Quiero pedir a la presidencia de la Corporación que especialmente la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que tiene un recargo tremendo de trabajo, pueda encargar a otras Comisiones la tramitación de esos proyectos, porque, francamente -repito-, no es posible que la Cámara no trabaje mañana cuando existen iniciativas pendientes. He dicho.PAGO DE REAJUSTE DE REMUNERACIONES ADEUDADO A PROFESORES DE CONCEPCIÓN. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Enrique Van Rysselberghe. El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, nuestro país tiene una deuda histórica con los profesores. Hoy tenemos la oportunidad de reparar en parte el sacrificio de miles de educadores a los que se les adeudan dineros desde 1981, por efecto del decreto ley Nº 3.551 de ese mismo año. En estos días, en mi distrito de Concepción, hemos conocido el caso de 259 sacrificados educadores a los que la municipalidad penquista tiene la obligación moral y legal de pagarles la no despreciable suma de 13 mil millones de pesos, la cual debió haber solucionado hace más de cuatro años, por lo que cada día que pasa la deuda se incrementa en contra de los intereses del municipio, de la voluntad de ese grupo de profesores y de lo establecido por la justicia. La autoridad edilicia no tiene ningún derecho a obligar a estos ciudadanos a mantener esta especie de ahorro forzoso, pero, lo que es más grave, el alcalde, frente al legítimo requerimiento de los profesores, reaccionó de un modo grosero que ni siquiera es insolente ni prepotente, sino que, simplemente, ordinario y contrario a la más elemental conducta que debe mantener una autoridad, puesto que no sólo se negó a recibir y a escuchar a los profesores, sino que, en una actitud matonesca, como es su costumbre, los hizo expulsar del municipio. Esto es doloroso para el magisterio, es una vergüenza para la comunidad y un duro golpe para la dignidad de todos los educadores del país. Los 259 profesores de Concepción sólo piden que se aplique la justicia, ya que un fallo judicial ejecutoriado les ha reconocido su derecho y éste no ha podido materializarse por artimañas procesales inspiradas por el alcalde. Conviene recordar que en Chile la ley rige para todos, que todos estamos obligados a respetarla, que es la autoridad la encargada de hacerla cumplir y, por ello, la primera obligada en respetarla. Sin embargo, esto no se da en Concepción. El alcalde no cumple ni respeta la ley, sino que, además, malgasta los dineros municipales en costosísimas asesorías externas para que le den la pauta de los atajos que debe tomar y de los resquicios con que se debe proteger para burlar la ley. La génesis de esta situación se remonta al 2 de enero de 1981. El gobierno de la época dictó el decreto ley Nº 3.551, conocido como Ley Madariaga. En ella se contemplaba un aumento gradual de las remuneraciones para los empleados públicos, del orden del 90 por ciento. En los primeros años de la década del 80 se efectuó el traspaso de la educación desde el Ministerio a los municipios, luego de lo cual, en el caso de Concepción, como en muchos otros municipios del país, se dejó de pagar a los profesores lo establecido por la ley Nº 3.551. Sin detenernos a examinar las causas de este hecho, lo concreto es que el Colegio de Profesores inició un juicio al fisco por el incumplimiento de la ley y el no pago de este reajuste, juicio que le resultó desfavorable, porque los tribunales estimaron que tal obligación era de cargo de los municipios. Por tal motivo, 259 profesores de Concepción, en 1992, presentaron una demanda en contra del municipio penquista. En 1993 obtuvieron un fallo favorable, ratificado, en 1994, por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En suma, estamos en presencia de un fallo ejecutoriado, que tiene fuerza ejecutiva, y que, simplemente, no se cumple desde hace cuatro años por argucias y triquiñuelas que sólo malgastan dineros fiscales. Hace muchos años fracasó en Chile nuestra democracia porque la autoridad se negaba a cumplir la ley y usaba del resquicio legal para eludirla. Es hora de la seriedad, de la decencia, de respetar los derechos de las personas. Por esta razón, alzo mi voz con humildad para solicitar apoyo en la defensa legítima de los derechos de los 259 profesores que están siendo expoliados por el alcalde de mi ciudad. No es legítimo que la Municipalidad de Concepción no pague sus deudas, que las eluda a través de triquiñuelas ni que se valga del matonaje para amedrentar a sus acreedores. Tampoco es lícito que el Estado no provea los medios para el pago de estas obligaciones, puesto que el Ministerio de Hacienda es solidariamente responsable de ella, ya que, en 1994, el Ministro de esa cartera aseguró a los dirigentes nacionales del Colegio de Profesores que el Estado tenía los recursos para financiar la aplicación del decreto de ley Nº 3.551. Cabe preguntarse si es digno que los profesores deban mendigar en las puertas de las municipalidades o del Ministerio de Hacienda para recabar el pago de los dineros que debieron ser pagados hace tiempo sin que medie ninguna presión ni trámite. ¿O es que el Gobierno espera que los profesores renuncien a su derecho como aporte voluntario a la caja de la incapacidad, de la ineficiencia y de la prepotencia? Finalmente, cuando se hacen gárgaras con lo que se ha dado en llamar la gran reforma educacional, ¿con qué autoridad moral se pide y se exige más esfuerzo, motivación y trabajo a los profesores, mientras el Estado se niega por años a pagar lo que el país les debe a estos trabajadores? En virtud de lo anterior, solicito que se oficie al Contralor General de la República para que nos informe, en primer lugar, por qué la Municipalidad de Concepción se ha negado a cumplir el deber legal de acatar un fallo judicial ejecutoriado y, en segundo término, sobre los motivos por los cuales contrata asesorías externas para los fines ya denunciados y otros, con indicación del nombre de las personas contratadas, monto pagado por dichas asesorías, duración de ellas y su vinculación con la defensa municipal. Asimismo, en tercer lugar, que se oficie al Ministro de Hacienda, con el objeto de que informe si existen los recursos para pagar lo adeudado a los profesores por el decreto ley Nº 3.551, y, en cuarto término, al de Educación, a fin de que informe detalladamente sobre el número de profesores de mi región a los que se adeuda dinero por concepto del decreto ley mencionado. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Carlos Vilches y Mario Bertolino. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 19.35 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 1.500, de 1980, a fin de crear un segundo Fondo de Pensiones en las AFP y perfeccionar el mecanismo de medición de la rentabilidad mínima que deben obtener los Fondos de Pensiones. (Boletín Nº 2162-13). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales –incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JUAN VILLARZÚ ROHDE, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar derogando, conforme a la Constitución, la integración de la Corte Suprema por el Auditor General del Ejército. (boletín Nº 2174-07-1)“Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los Diputados Juan Bustos Ramírez, Sergio Aguiló Melo, Sergio Elgueta Barrientos, Juan Pablo Letelier Morel y Patricio Hales Dib.I. Fundamentos del proyecto. En opinión de los autores de la moción, la existencia de una jurisdicción militar en el sistema de administración de justicia de un país requiere, para su buen funcionamiento, de normas claras y precisas que regulen las relaciones entre esta jurisdicción especial y la estructura de los tribunales ordinarios de justicia. Respecto de estos últimos, la modificación introducida en la Constitución Política de la República de Chile por la ley Nº 19.541, de 22 de diciembre de 1997, alteró la naturaleza y la extensión de la composición de la Corte Suprema, determinándose, en el inciso segundo del artículo 75, que ella se compondrá de veintiún ministros, en cuyo nombramiento participan los tres poderes del Estado. El Senado debe aprobar el nombramiento que hace el Presidente de la República dentro de una quina propuesta por la misma Corte. Destacan, al mismo tiempo, que el máximo tribunal ya no está integrado sólo por miembros provenientes del Poder Judicial, sino también por abogados extraños a la administración de justicia, en número de cinco. En la Corte Suprema sigue radicada la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales de la República, salvo aquellos excluidos por el artículo 79 de la Carta Superior. De esta forma, la reforma constitucional del artículo 75 de la Carta Fundamental fijó el número de miembros y modificó la composición de la Corte Suprema, así como el sistema y la naturaleza de la generación del máximo tribunal. Esto es, alteró los elementos fundamentales de su organización, lo que habría provocado -claramente, según los autores de la moción- una derogación orgánica de las normas legales que regían su organización. Dicho de otra manera, la nueva regulación de una materia como la mencionada, en forma completa e íntegra, por un nuevo cuerpo de normas, hace perder vigor a todas las reglas que aisladamente o en conjunto regían sobre el particular. No obstante que en el ámbito del Derecho Público, como lo es la organización del máximo tribunal del país, la derogación orgánica se observa con frecuencia y facilidad, no es menos cierto que ella siempre conlleva una incertidumbre en cuanto a su alcance, lo que hace compleja la tarea del intérprete llamado a aplicar las leyes. En virtud de lo anterior, se hace necesaria y conveniente una ley específica que venga a resolver, por la vía de la derogación expresa, los problemas de interpretación que suscite la derogación orgánica en una materia tan importante como la referida. Es el caso de la regla legal del artículo 70-A del Código de Justicia Militar, que en virtud de su encabezado permitía la integración de la Corte Suprema con el Auditor General del Ejército cuando ejercía la jurisdicción militar en tiempo de paz, lo que no contradecía el antiguo texto del artículo 75 de la Constitución, en consideración a que éste determinaba el procedimiento de conformación de la Corte Suprema, sin precisar el número de sus integrantes, cosa que quedaba encomendada al legislador. En la actualidad, la reforma constitucional aludida ha derogado orgánicamente las disposiciones que regían en todas estas materias, tanto de rango constitucional como las de menor jerarquía, por lo que la inclusión del Auditor General del Ejército entre los integrantes de la Corte Suprema tiene que entenderse derogada, por cuanto es ajena al texto y sentido del nuevo artículo 75 de la Constitución Política de la República. De este modo, les parece adecuado modificar explícitamente el encabezado del artículo 70-A del Código de Justicia Militar, para el correcto funcionamiento y desempeño de la Corte Suprema. II. Minuta de las ideas matrices o fundamentales y contenido del proyecto. La idea matriz o fundamental del proyecto es eliminar, de la integración de la Corte Suprema, al Auditor General del Ejército o a quien deba subrogarlo, establecida en la actualidad en el artículo 70-A del Código de Justicia Militar, tanto para los efectos del ejercicio de las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas como para el conocimiento de los recursos y materias que le corresponden a dicho tribunal en relación con la administración de la justicia militar de tiempo de paz. Para la satisfacción de ese objetivo, se propone un proyecto de ley que consta de un artículo único, por el cual se suprime en la primera parte del inciso primero del artículo 70-A del Código de Justicia Militar la oración “integrada por el Auditor General del Ejército o quien deba subrogarlo”. III. Antecedentes. Para una más acertada comprensión de esta iniciativa, cabe tener en consideración los siguientes antecedentes. Constitución Política del Estado. La reforma de la Carta Fundamental por la ley Nº 19.519 tuvo por finalidad:a) Avanzar en el proceso de modernización del Poder Judicial;b) Establecer un sistema de generación de la Corte Suprema en que participen órganos de los tres poderes del Estado, a saber, la propia Corte, el Presidente de la República y el Senado;c) Aumentar de 17 a 21 el número de Ministros de la Corte Suprema;d) Incorporar a dicha Corte a abogados ajenos al Poder Judicial;e) Suprimir, exclusivamente en la Corte Suprema, la institución de los abogados integrantes (idea que habrá de materializarse por la vía legal, modificando el Código Orgánico de Tribunales); f) Eliminar, consecuencialmente, la exigencia impuesta a algunos de los miembros del Tribunal Constitucional, en orden a reunir como requisito habilitante para ser nominado el ser o haber sido abogado integrante de la Corte Suprema. Esta propuesta incide también, indirectamente, en la composición del Tribunal Calificador de Elecciones, en la medida en que el precepto respectivo se remite al del Tribunal Constitucional para fijar los requisitos de uno de sus miembros;g) Eliminar la excepción al límite de edad que la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental establece a favor de los magistrados de los tribunales superiores de justicia que se encontraban en servicio al 11 de marzo de 1981;h) Establecer los procedimientos, permanente y transitorio, para los efectos de proveer las vacantes que se producirían en la Corte Suprema por efecto de la enmienda relativa al límite de edad y al aumento del número de ministros;i) Encomendar a la ley la regulación de un beneficio compensatorio para los magistrados que cesen en sus funciones el próximo 1 de enero de 1998, sin perjuicio de los previsionales que les correspondan, yj) Consagrar una inhabilidad especial temporal para integrar las quinas para proveer los cargos de ministro de la Corte Suprema, que afectará a quienes hayan desempeñado los cargos de diputado, senador, ministro de Estado, intendente, gobernador o alcalde, en el año siguiente a la fecha de publicación de esta reforma constitucional. El artículo 75 de la Constitución prescribe, en lo pertinente, que “En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales. La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros. Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Éste adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva. La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones calificado en lista de méritos. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer una vacante correspondiente a abogados extraños a la administración de justicia, la nómina se formará exclusivamente, previo concurso público de antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos señalados en el inciso cuarto.” El resto de los incisos de este artículo se refieren a la designación de los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y de los jueces letrados; la formación de las quinas o ternas, y el nombramiento de ministros de Corte suplentes. El artículo 79 dispone que “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares de tiempo de guerra. Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva. Conocerá, además, de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado.”Código de Justicia Militar. Desde el año 1977, con la dictación del decreto ley Nº 1.769, la Corte Suprema ha estado integrada por el Auditor General del Ejército o por quien deba subrogarlo, en dos órdenes de materias. Para el ejercicio de las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas a que alude el artículo 2º del Código de Justicia Militar, y para el conocimiento de los recursos y materias que establece el artículo 70-A del Código de Justicia Militar, que a la letra expresa: “Artículo 70-A. A la Corte Suprema, integrada por el Auditor General del Ejército o quien deba subrogarlo, corresponde también el ejercicio de las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas a que alude el artículo 2º de este Código, en relación con la administración de la justicia militar de tiempo de paz, y conocer:1º De los recursos de casación, así en la forma como en el fondo, contra las sentencias de las Cortes Marciales;2º De los recursos de revisión contra las sentencias firmes en materia de jurisdicción militar de tiempo de paz;3º De los recursos de queja contra las resoluciones de las Cortes Marciales y, en segunda instancia, de los recursos de queja de que éstos conocieren;4º De las solicitudes de implicancia o recusación contra los Ministros de las Cortes Marciales;5º De las contiendas de competencia entre un tribunal militar y otro del fuero común;6º De las contiendas de competencia entre Juzgados Institucionales que dependen de diferentes Cortes Marciales y de las que se susciten entre éstas;7º De la extradición activa en los procesos de la jurisdicción militar.”Discusión y aprobación, en general y en particular, del proyecto. Vuestra Comisión, atendida la naturaleza del proyecto en informe, acordó debatir la iniciativa en general y en particular a la vez. El Diputado señor Juan Bustos, uno de los autores del proyecto en informe, al hacer la presentación del mismo, señaló que hay varias fundamentaciones en apoyo de la disposición que se propone. En primer lugar, está la reforma constitucional de la Corte Suprema, que es de carácter orgánico, que plantea una nueva forma de generación de la misma que no existía antes. En segundo lugar, está la nueva forma de integración de la Corte Suprema, no sólo con miembros provenientes del escalafón del Poder Judicial, sino también por personas -abogados externos- que vendrán de fuera. En tercer lugar, existe un cambio en el número de miembros de la Corte Suprema, que aumenta de diecisiete a veintiuno, materia que ya no se regula en el Código Orgánico de Tribunales, sino en la propia Constitución. Destacó que cuando se hace una modificación orgánica, como lo es la relativa al Poder Judicial, todas las demás disposiciones que haya sobre el particular quedan necesariamente derogadas. Cuando hay una supresión orgánica o una configuración orgánica siempre habrá problemas, que habrá que resolver, caso a caso, por la vía de los recursos de inaplicabilidad. Eso es lo que sucede con el Auditor General, que integra la Corte Suprema como un miembro más. Por esa razón, algunos teóricos hablan de una Corte Suprema Militar, al tener este miembro más, perteneciente a las Fuerzas Armadas. Actualmente, con la reforma constitucional, que establece que los ministros de la Corte son veintiuno, el Auditor General ha quedado fuera. La práctica ha indicado que, en el fondo, siempre el Auditor General ha sido juez y parte. Está en la Corte Suprema para defender los fallos que ha dictado el tribunal militar. Por esta razón, no le parece conveniente que el Auditor General esté como miembro de la Corte Suprema; no ve una razón plausible para ello. Anticipó que, en el futuro, sería conveniente propiciar una reforma del Código de Justicia Militar para que contemple sólo los delitos militares, esto es, los cometidos contra los llamados deberes militares. Por esto, habría menos razones para que el Auditor General esté en la Corte Suprema. Éstas son, en síntesis, las razones por las cuales se ha presentado el proyecto de ley en informe. La Diputada señora Pía Guzmán y el Diputado señor Bartolucci preguntaron acerca de la participación de la Corte Suprema en los tribunales militares en tiempos de guerra y sobre su composición antes de la aprobación del artículo 70-A. El Diputado señor Juan Bustos aclaró que los tribunales militares en tiempo de guerra están excluidos de la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Constitución. Y añadió que, en lo que respecta a su composición, esa materia estaba regulada en el Código Orgánico de Tribunales, concretamente en su artículo 93. El Diputado señor Bartolucci estimó pertinente señalar que no siempre la Corte Suprema está integrada, en virtud del artículo 70-A, por el Auditor General. Éste pasa a integrarla cuando se trata de los tribunales militares de tiempos de paz. El Diputado señor Aldo Cornejo señaló que la reforma constitucional, por primera vez, fija, en la propia Constitución, el número de ministros que componen la Corte Suprema. Con esto, la composición de esa Corte quedó establecida con rango constitucional. En cambio, la integración -hablando en términos formales- del Auditor General a la Corte Suprema como un ministro más, es de rango legal. Dijo compartir la interpretación que tienen los autores del proyecto de esta situación. Al establecerse que la Corte Suprema actualmente se compone de veintiún ministros, se ha señalado expresamente el número de sus integrantes. Por lo tanto, la ley no podría incorporar a la Corte Suprema un ministro más, ya que la propia Constitución ha fijado su número, indicando, asimismo, que cinco miembros de la Corte Suprema se elegirán de entre abogados extraños a la administración de justicia. O sea, la Constitución señala quiénes son y cómo se nombran. El Diputado señor Elgueta anunció su voto favorable al proyecto. Recordó que, al reformar el Ministerio Público, hubo un gran debate tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sobre qué pasaba con la justicia militar. En definitiva, en la reforma constitucional del Ministerio Público se estableció expresamente que todo lo relativo a la justicia militar se regiría por sus propias reglas; en consecuencia, no se tocó la justicia militar. En cambio, en la reforma del Poder Judicial, este tema se tocó tangencialmente, al analizarse el artículo 93 del Código Orgánico de Tribunales, que fija el número de ministros de la Corte Suprema. En esa oportunidad, se discutió si el número de ministros se fijaba o no se fijaba en la Constitución. A raíz de ello, surgieron preguntas sobre los abogados integrantes, sin adoptarse resolución al respecto. Se advirtió, asimismo, sobre la situación del Auditor General del Ejército, pero, al estar en el último trámite de la reforma, se estimó que no era conveniente ni procedente abordar este tema en la Constitución. En su intervención en el Congreso Pleno, el 13 de diciembre de 1997, señaló expresamente que se había constitucionalizado el número de ministros y, que, en consecuencia, no se le podía añadir ningún extraño. El artículo que se señala del Código de Justicia Militar, que se pretende derogar expresamente ahora, quedó derogado tácitamente. Agregó, a mayor abundamiento, que el problema de fondo es que el Auditor General es un injerto extraño en la Corte Suprema, en el sentido de que si se examinan sus funciones, se aprecia que una de ellas es dar instrucciones a los fiscales, lo cual lo transforma en el supremo juez cuando estas causas llegan arriba. Hay una parcialidad tremenda, porque no hay independencia. Por todo esto, debería eliminarse esta institución. Lo que se trata de lograr con esto es que la Corte Suprema sea verdaderamente independiente e imparcial y que no tenga personas que defienden particulares intereses, aun cuando sean razonables o justificables. El Diputado señor Aldo Cornejo agregó que en el mensaje de la reforma constitucional se señaló la eliminación de los abogados integrantes. Había un compromiso de que esta reforma iba a ser complementada por una reforma legal que elimina los abogados integrantes tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones. El Diputado señor Juan Bustos manifestó tener más dudas respecto de los abogados integrantes que del Auditor General. Los abogados integrantes no son miembros de la Corte Suprema y no tienen ninguno de sus derechos; poseen otro carácter. Por lo tanto, su caso es más discutible. En cambio, el Auditor General es un miembro de la Corte Suprema. Por ejemplo, si hay un recurso de inaplicabilidad, el Auditor General entra en el Pleno. Por eso es miembro total, a diferencia del abogado integrante, que jamás entrará a un Pleno. Por esta razón, algunos hablan de la Corte Suprema Militar cuando él la integra. Es otra Corte Suprema. Esto era posible en el estadio anterior, porque era todo legal. Hoy es imposible, porque hay una sola Corte Suprema, cuya composición y forma de integración está establecida en la propia Carta Fundamental. La Diputada señora Laura Soto acotó que, en el fondo, lo que se está haciendo es restituir un principio de autonomía para la Corte Suprema. La Diputada señora Pía Guzmán advirtió que, a pesar de ser una modificación de un Código, el proyecto se estaba refiriendo a algo que atañe a la organización de la propia Corte Suprema, por lo que tendría rango orgánico constitucional, debiendo consultarse a la Corte Suprema, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución. Se aclaró que la Corte Suprema fue consultada, en el momento de darse cuenta del proyecto, pero no ha respondido. La Diputada señora Pía Guzmán creyó conveniente esperar la respuesta de la Corte Suprema, expresando que se abstendría de votar hasta que llegara el informe. El Diputado señor Bartolucci pidió que se suspendiera la votación hasta que llegara el informe de la Corte Suprema; de lo contrario, se abstendría. El Diputado señor Juan Bustos pidió que se hiciera la votación, sin perjuicio de ofrecerse para ir a hablar con el Presidente de la Corte Suprema con objeto de que se conteste. Hizo saber que la Corte Suprema había llamado a un Pleno para tratar este tema, acordándose, en definitiva, que no le correspondía decidir sobre este tema y que lo vería caso a caso, al pronunciarse sobre los recursos de inaplicabilidad que se interpusieran. Por lo mismo, no tiene un parecer específico sobre este asunto. El Diputado señor Elgueta fue partidario de que se votara de inmediato, porque el tema ya se ha discutido.-o- Cerrado el debate y puesto en votación en general el proyecto, se aprobó con el voto conforme de los Diputados Juan Bustos Ramírez, Aldo Cornejo González, Sergio Elgueta Barrientos y Laura Soto González. Se abstuvieron los Diputados Francisco Bartolucci Johnston y Pía Guzmán Mena. Con la misma votación anterior, se le prestó aprobación en particular, en los términos propuestos, con algunas modificaciones formales que se recogen en el texto que figura al final de este informe.IV. Constancias reglamentarias. Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar:1º Que el artículo único del proyecto tiene el carácter de orgánico constitucional, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales.2º Que no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.3º Que el texto del proyecto que figura al final de este informe no fue aprobado por unanimidad.4º Que no hay artículos ni indicaciones rechazados.V. Texto del proyecto aprobado. En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os pueda dar a conocer en su oportunidad el señor diputado informante, vuestra Comisión tiene a bien proponeros que prestéis aprobación al siguienteProyecto de ley: Artículo único.- Suprímese, en la primera parte del inciso primero del artículo 70-A del Código de Justicia Militar, la frase “integrada por el Auditor General del Ejército o quien deba subrogarlo”, y la coma (,) que la antecede y la que la sigue.VI. Diputado informante. Se designó Diputado informante al señor Bustos Ramírez, don Juan. Sala de la Comisión, a 18 de junio de 1998. Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los Diputados Aldo Cornejo González (Presidente), Francisco Bartolucci Johnston, Juan Bustos Ramírez, Pía Guzmán Mena, Sergio Elgueta Barrientos, Iván Moreira Barros y Laura Soto González. (Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Secretario de la Comisión”.3. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía sobre la investigación encomendada por la honorable Cámara, acerca de las denuncias por maltratos a conscriptos que cumplen con su servicio militar obligatorio y la proposición de modificaciones a la legislación, que resguarde la integridad de los reclutas.“Honorable Cámara: La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, constituida en Comisión Especial Investigadora, para tratar las materias consignadas en el epígrafe, pasa a informar acerca del cumplimiento de su cometido. Proyecto de Acuerdo que encomienda la investigación La honorable Cámara, por acuerdo adoptado en su sesión 59ª, ordinaria, de 9 de abril del año en curso, de la Legislatura Extraordinaria, prestó su aprobación al siguiente Proyecto de Acuerdo: “Considerando: Que la opinión pública ha tenido conocimiento de los graves hechos acaecidos en relación con el maltrato del que son objeto los conscriptos que cumplen el Servicio Militar Obligatorio. Que estas situaciones han alcanzado niveles preocupantes, afectando la integridad y la vida de los conscriptos. Los organismos de derechos humanos y organizaciones juveniles tienen conocimiento de, a lo menos, treinta denuncias sobre maltrato a jóvenes en cuarteles militares durante el año 1996. Que recientes estudios han demostrado un alarmante aumento de los suicidios al interior de dichos recintos. De hecho, sólo durante el año 1996 se registraron quince, llegando a un promedio de 24,7 muertes por cada 100.000 (cien mil) personas, cifra que supera la tendencia de la sociedad chilena, que alcanza a 5,6 por cada 100.000 (cien mil) habitantes. Que los hechos de maltrato o abuso físico y psicológico de los conscriptos, vulneran las normas que regulan el Servicio Militar Obligatorio, particularmente el decreto ley Nº 2.306, de 1978, el que hace extensiva, a los reclutas, la aplicación del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Esta normativa, en el artículo 38, contiene la prohibición de rigor injustificado y maltrato, acciones que se califican como extralimitación de las atribuciones que fija ese Reglamento. Que las situaciones de abuso que afectan a los conscriptos atentan contra los esfuerzos de modernización y flexibilización del Servicio Militar Obligatorio, en el que están comprometidos el Gobierno y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. Que en Chile, más de 30.000 (treinta mil) jóvenes abandonan sus hogares y sus actividades educacionales o laborales para cumplir con el deber ciudadano del Servicio Militar Obligatorio, y es, por tanto, responsabilidad del Estado velar por la seguridad y la integridad física, psíquica y moral de los conscriptos que cumplen con esa obligación. La Cámara de Diputados acuerda: Encomendar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, constituirse como Comisión Especial Investigadora para que, por una parte, conozca los antecedentes sobre situaciones y denuncias de maltrato del que son objeto, en los recintos militares, los conscriptos que realizan el Servicio Militar Obligatorio, y por otra, proponga dentro del plazo de noventa días, las modificaciones legislativas y reglamentarias que permitan resguardar debidamente la integridad de los jóvenes reclutas.Trabajo de la Comisión Para cumplir su cometido la Comisión incorporó en el Orden del Día de todas sus sesiones ordinarias, a partir del 16 de abril de 1997 y hasta la fecha en que se emite este informe, la materia relativa a esta investigación. En el transcurso de estas sesiones se acordó invitar a diversas personas, cuya nómina se mencionará más adelante. Asimismo, se dispuso el envío de diversos oficios, entre los que cabe destacar, por su relación con la investigación, los siguientes:1. El remitido al señor Ministro de Defensa Nacional, para solicitarle el envío de los antecedentes que obraran en poder de ese Ministerio, respecto de la muerte del conscripto, del destacamento Nº 3 “Aldea”, de Talcahuano, VIII Región, don Álvaro Esteban Parra Parra, ocurrida el 7 de mayo de 1995 y del conscripto, señor Guillermo Caro Guzmán, del Regimiento Carampangue, de Iquique, fallecido el día 3 de diciembre de 1995, mientras se realizaban maniobras en Arica; con indicación de las investigaciones practicadas y medidas que se adoptaron con motivo de esos decesos. Este oficio fue contestado por el señor Subsecretario de Guerra, indicando que se ha solicitado información pertinente a la institución respectiva y, más tarde, por el señor Auditor General de la Armada y el propio Subsecretario de Guerra, que informaron sobre el estado de los procesos respectivos.2. El remitido al señor Director Nacional de la Juventud, acerca de la lista ofrecida en la comparecencia del Subdirector de ese servicio ante la Comisión, el día 14 de mayo de 1997, sobre casos de conscripción errada en el servicio militar obligatorio, tales como haber reclutado a jóvenes que son jefes de familia, o que son el único sustento de sus madres o presentan enfermedades inhabilitantes, así como la nómina que maneja el Instituto, sobre denuncias de maltratos u homicidios de conscriptos; Este oficio fue respondido y se anexa al final de este informe.3. El remitido al señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas con el objeto de solicitarle que informara sobre la cantidad de suicidios, a nivel nacional, tanto en la sociedad civil como en el interior de las fuerzas armadas y su incidencia porcentual en el número de muertes por otras causas; Este oficio fue contestado por el Subdirector de Operaciones del INE y se anexa al final de este informe.4. El dirigido al Presidente del Comité de Defensa de los Derechos Juveniles, Codeju, para que coordinara la asistencia de familiares de conscriptos que han sido maltratados o fallecido en el cumplimiento de su servicio militar obligatorio, a las sesiones de esta Comisión. Este oficio se tradujo en la comparecencia de familiares, cuyas declaraciones se consignan, más adelante, en este informe.5. El enviado al señor Ministro de Defensa Nacional para que requiriera a los señores Auditores Generales que corresponda, la información ofrecida por ellos, acerca del estado de los 19 procesos a que se refiere la lista de casos de muertes y accidentes de conscriptos: Este oficio sólo fue contestado por el señor Auditor General de la Armada respecto de dos casos, y por el señor Subsecretario de Guerra, sobre el del conscripto Guillermo Caro Guzmán, en que se condenó al ex Cabo Rosamel Galleguillos a la pena de 15 años y un día.-o- La Comisión solicitó, en dos oportunidades, la ampliación del plazo para el cumplimiento de su cometido, ampliaciones que fueron otorgados por la honorable Cámara.Documentos recibidos por la Comisión durante el transcurso de su cometido Los documentos recibidos por la Comisión son los siguientes: Proyecto de Acuerdo Nº 501, de 9 de abril de 1997, en que la honorable Cámara encomienda a esta Comisión constituirse en Comisión Especial Investigadora, para ocuparse de las denuncias sobre maltratos y muertes de conscriptos y proponer las modificaciones legislativas o reglamentarias, que permitan resguardar debidamente la integridad de los reclutas. Una nota-fax del abogado coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, señor Nelson Caucoto, por el que remite antecedentes relativos a casos de lesiones o muertes de conscriptos. Un oficio del señor Subsecretario de Guerra, sobre el fallecimiento del conscripto Guillermo Caro Guzmán y del soldado Esteban Parra Parra, y comunica que se ha solicitado la información pertinente a la institución respectiva, para dar cumplimiento a lo pedido por esta Comisión. Un oficio del Director del Instituto Nacional de la Juventud, acerca de los casos sobre conscripción irregular o errónea en el Servicio Militar Obligatorio. Un oficio del señor Subdirector de Operaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, sobre porcentaje de suicidios a nivel nacional, como en el medio militar. Un oficio del señor Auditor General de la Armada, acerca del estado de los procesos respecto del caso de muerte del conscripto Álvaro Parra Parra y del grumete Renzo Aldo Honorato Ibaceta. Informe sobre violaciones al derecho a la vida y a la integridad física y síquica respecto del servicio militar obligatorio, elaborado por el Programa de Protección y Asistencia de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu). “El suicidio en el servicio militar, análisis cuantitativo”, investigación preparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Artículo de la revista Fuerzas Armadas y Sociedad, editada por Flacso, sobre “El maltrato en el servicio militar a través de la prensa”, firmado por Claudio Fuentes S. Informe del Instituto Nacional de la Juventud, referido a la protección de los derechos de los ciudadanos durante su servicio militar obligatorio. Antecedentes sobre el accidente sufrido por el conscripto Cristián Aguirre Mora, con motivo de la explosión de un mortero, que le ocasionó la amputación de la pierna derecha y la pérdida del pie izquierdo. Antecedentes sobre recurso de protección interpuesto por el conscripto Rigoberto Mallias Díaz, del Grupo de Aviación Nº 9, de Cerrillos, por maltratos de obra y de palabra por parte de suboficiales de la unidad. La Comisión además tuvo a la vista un legajo de recortes de prensa, recopilados por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre diversos casos de muertes y maltratos de conscriptos, especialmente el de la muerte del conscripto Pedro Soto Tapia.Textos legales tenidos a la vista Conjuntamente con la labor de recopilar los casos mencionados, la Comisión procedió a informarse de los textos legales que regulan situaciones de esta especie, para cuyo efecto tuvo a la vista: -El Código de Justicia Militar; especialmente los artículos 5, 6, 330, 331 y 332 -El D.L. 2306, de 1978, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas; -El Decreto Nº 244, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento del D.L. Nº 2306, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas; -La Ley Nº 18.948, de 27 de febrero de 1990, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas; -El Decreto Supremo Nº 148, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, publicado en el Diario Oficial de 11 de marzo de 1987, que fija el texto refundido del D.F.L. Nº 1, de 1968, sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; -El Decreto Supremo Nº 1.445, de 1971, que establece el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, que se aplica sólo al Ejército y a la Fuerza Aérea, especialmente su artículo 38. -El Decreto Supremo Nº 1.232, de 1986, sobre Reglamento de Disciplina de la Armada. Audiencias con personeros de gobierno, autoridades militares, instituciones y familiares de conscriptos. Con el fin de informarse de los problemas involucrados en esta investigación, la Comisión recibió en audiencia a las siguientes personas: El señor Ministro de Defensa Nacional, don Edmundo Pérez Yoma; el señor Subsecretario de Guerra, don Mario Fernández; el señor Director de Movilización Nacional, General Carlos Molina Johnson; los Asesores del Ministerio de Defensa Nacional, señores Eugenio Cruz Pinochet y Gonzalo García Pino; los señores Auditores Generales del Ejército, don Fernando Torres Silva; de la Armada, Contraalmirante don Jaime Harris Fernández y de la Fuerza Aérea de Chile, don Pablo Canals Baldwin, y el Coronel de Ejército, don Luis Giordano; el señor Subdirector del Instituto Nacional de la Juventud (INJ), don Jorge Torres; a los asesores de ese Instituto, doña Donina Time, don Rubén Valenzuela, don Juan Alberto Molina y Kenneth Mac Farlane; doña María Inés Winckler; doña Juana Kovalskys y María Isabel Castillo, en representación del Colegio de Sicólogos de Chile; el Abogado Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, don Nelson Caucoto; el Presidente de la Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles (Codeju), don Gabriel Pozo, los dirigentes de esa institución, señores Manuel Segura, Cristián González y familiares de conscriptos muertos o maltratados, señoras Érica Parra, Alicia Torres y señores Pedro Vivanco, Guillermo Caro; Graciela Sierra, Angelino Parra, Edmundo Contreras, Érica Torres, Ema Leiva, María Yáñez, Vivian Aguilera, Silvia Pérez, Pedro Soto y Herminia Tapia.Actuación anterior de la Comisión Parece oportuno hacer presente que esta Comisión, con anterioridad al acuerdo de la honorable Cámara, ya en septiembre de 1996, se había ocupado de esta materia, cuando recurrieron ante ella, los padres del conscripto Germán Rubén Vivanco Sierra, para manifestar sus dudas respecto de que su hijo se hubiera suicidado, según la información recibida del Comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña Nº 2 de Puente Alto. Con motivo de esa denuncia la Comisión, haciendo uso de sus facultades fiscalizadoras, remitió oficio al señor Ministro de Defensa Nacional para requerirle antecedentes sobre este caso, proponiéndole una audiencia para el efecto. El señor Ministro derivó esta audiencia en la persona del señor Subsecretario de Guerra, por lo que la Comisión reiteró el 13 de noviembre de 1996 su petición de audiencia personal con el referido Secretario de Estado, sin que se formalizara dicha audiencia, hasta que se le citó con motivo de esta investigación y compareció al seno de la Comisión.Preocupación de la honorable Cámara de Diputados por el tema del servicio militar obligatorio Para evitar innecesarias repeticiones y a modo informativo, se ha considerado pertinente hacer una breve reseña de los trabajos y debates anteriores que se han realizado por esta honorable Corporación acerca de diversos aspectos relacionados con el servicio militar obligatorio.Proyecto de Acuerdo que encomendó a la Comisión de Defensa Nacional un informe sobre esta materia La honorable Cámara de Diputados en la sesión 27ª, de 4 de agosto de 1994 encomendó a la Comisión de Defensa Nacional que analizara diferentes aspectos relacionados con el servicio militar obligatorio e informara sobre la necesidad de revisar la legislación existente y proponer las medidas que se estimaren apropiadas. La referida Comisión emitió un informe sobre esta materia el 21 de junio de 1995, del que se dio cuenta en la sesión 13ª de 4 de julio de 1995. Dicho informe desarrolló diversas conclusiones, situando el tema del servicio militar en un contexto global de continuidad y cambio, considerando las funciones permanentes del Estado, especialmente en el campo de la seguridad y defensa nacional, y recomendó ciertas adecuaciones y correcciones del servicio militar existente. Analizó las diversas modalidades de servicio militar en la legislación comparada, señalando que en Chile se ha adoptado el sistema mixto de conscripción obligatoria y voluntario profesional, pues mantiene escuelas de oficiales y suboficiales, sobre una base voluntaria y, por otro lado, consulta la conscripción obligatoria y selectiva. La Comisión de Defensa Nacional concluyó además que, bajo determinadas condiciones, sería plenamente aceptable una aplicación parcial y limitada del sistema voluntario ocupacional, si la economía del país lo permitiera. Por otra parte, estimó que debe mantenerse la obligatoriedad del servicio militar, introduciendo correcciones que lo modernicen, perfeccionen y adapten a las circunstancias actuales y, por ende, apunta a la necesidad de proporcionar mayor información y difusión, que neutralice las distorsiones sobre el referido servicio y motive a los jóvenes sobre el mismo, especialmente en las circunstancias actuales, en que se advierten signos preocupantes de desmotivación, asociados a imágenes y percepciones negativas del servicio militar. Consideró necesario definir un claro perfil acerca del tipo de soldado que se necesita y desea para nuestro país, por lo cual en el tema de la inscripción propuso un primer y segundo llamado. El primero dirigido a quienes expresen su deseo de hacer el servicio militar voluntariamente y el segundo de carácter obligatorio, para llenar las vacantes que resten después del primer llamado. Sugirió que pueda manifestarse la opción a la rama o especialidad a la cual se desea postular y el área geográfica de destinación. Propuso permitir postergar un año la inscripción de las personas que estén cursando el cuarto año de enseñanza media. En cuanto a la selección, recomendó, para evitar discriminación, que las personas que cursan estudios superiores dispongan de alguna alternativa o modalidad para cumplir su obligación militar, procurando que ésta refleje una verdadera base vocacional o motivacional. También sugirió estudiar el otorgamiento de retribuciones, como becas de estudios, subsidio habitacional para el conscripto o su familia y capacitación y perfeccionamiento; el otorgamiento de puntajes para el ingreso a la educación superior o a la administración pública. Propuso, asimismo, el acortamiento de la duración del servicio militar y sistemas de licenciamiento graduales, todo ello compatibilizando las fechas de convocatoria con las de ingreso y matrícula a la enseñanza media y universitaria. En lo relativo al trato, la Comisión de Defensa Nacional constató, por diversos estudios analizados, que se identifica por los jóvenes al servicio militar con la práctica de malos tratos personales y sobre el particular, concluyó que esta imagen debe cambiar, procurando un adecuado equilibrio entre el principio de autoridad y el de justicia, que resguarde la jerarquía y sancione al superior responsable. Sobre el tema de los malos tratos, la referida Comisión no estimó indispensable hacer modificaciones legales, sino que consideró necesario implementar un sistema de instancia eficaz para que los conscriptos puedan reclamar por los eventuales malos tratos y lograr la sanción de los responsables. Este informe fue aprobado por la honorable Cámara, después de un prolongado debate en la sesión 60ª de 3 de abril de 1996, por 47 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones.Segundo Proyecto de Acuerdo que encargó a la Comisión de Defensa Nacional elaborar un nuevo informe En la misma sesión 60ª, además del informe a que hemos hecho referencia, se aprobó un Proyecto de Acuerdo que dispuso la elaboración de un nuevo informe, esta vez con la misión de evaluar más profundamente una eventual profesionalización del contingente militar; la posibilidad de incluir la objeción de conciencia como causal de exclusión del servicio militar y el perfeccionamiento de las instancias que cautelen eficazmente los derechos de los reclutas. Este nuevo informe fue emitido con fecha 3 de septiembre de 1997, se dio cuenta de él en la Sala de la honorable Cámara y figura entre los documentos de la Cuenta de la sesión 40ª, de 9 de septiembre de 1997. En su texto se analizan los aspectos que se dispuso someter al estudio de la Comisión de Defensa Nacional, salvo el tema sobre el perfeccionamiento de las instancias que protejan a los conscriptos en sus derechos, en razón de habérsele encomendado la investigación y análisis de esta materia a la Comisión que emite este informe, en los términos que se señaló en el capítulo, en que se transcribe el Proyecto de Acuerdo que da origen a esta investigación.Cometidos del trabajo de la comisión La misión encargada por la honorable Cámara a esta Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, fue la de constituirse como Comisión Especial Investigadora de los siguientes asuntos: a) Para conocer situaciones y denuncias de maltratos de que son objeto en sus cuarteles los conscriptos que cumplen el servicio militar obligatorio, y b) Para proponer las modificaciones legislativas y reglamentarias que permitan resguardar debidamente la integridad de los jóvenes reclutas.Recopilación de casos de muerte o lesiones graves de conscriptos El método de trabajo adoptado por la Comisión consistió, en primer término, en recopilar, en lo posible, todos los casos de maltratos o muertes de conscriptos, porque era pública y notoria la repetición de estos actos y porque el Proyecto de Acuerdo llamaba la atención sobre el impacto que situaciones de esta naturaleza habían producido en la opinión pública. La Secretaría de la Comisión, con el auxilio de la Biblioteca del Congreso Nacional y de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, pudo precisar los siguientes casos de muerte y accidentes de conscriptos, dados a conocer por la prensa:1. En diciembre de 1991, se informa como accidente por mal manejo de su arma de servicio la muerte del conscripto Ricardo Gabriel Navarro Mera, del Regimiento Infantería Nº 4, “Rancagua”, de Arica.2. En julio de 1992, fue lesionado gravemente el conscripto Marcelo Adrián Arellano Bustos, por el cabo Manuel Alejandro Llana Vera, al interior del Regimiento Nº 14, “Aisén”, de Coihaique.3. El 7 de mayo de 1995, fallece el conscripto, del destacamento IM Nº 3 “Aldea”, de Talcahuano, VIII Región, don Álvaro Esteban Parra Parra, por un paro cardíaco provocado por exigencias superiores a su resistencia física. (caso denunciado a esta Comisión por sus familiares, asistidos por el Codeju, en la sesión 89) 4. El 3 de diciembre de 1995, muere el conscripto, señor Guillermo Caro Guzmán, del Regimiento Carampangue, de Iquique, a causa de un disparo hecho por el cabo Rosamel Arturo Galleguillos Geraldo. (caso denunciado a esta Comisión por sus familiares, asistidos por el Codeju, en la sesión 89)5. En enero de 1996, el Cabo Rosamel Galleguillos, del Regimiento Carampangue de Iquique disparó contra el conscripto Guillermo Caro Guzmán, causándole la muerte.6. En marzo de 1996, se quitó la vida el joven Sergio Andrés Soto Cuevas, en Llolleo, presumiblemente, por haber sido llamado al Servicio Militar.7. En abril de 1996, el conscripto Freddy López Araya, de dotación del Regimiento de Artillería Nº 7, “Chorrillos”, de Punta Arenas, fue hallado muerto con un disparo en la frente, hecho calificado de suicidio, según el Subsecretario de Guerra y que se ordenó investigar.8. En mayo de 1996, el conscripto Miguel Ángel Caviedes Lagos que había desertado del Regimiento Húsares, de Angol, intentó suicidarse, arrojándose al paso de una camioneta, según su familia, por la presión del Servicio Militar.9. En junio de 1996, es herido gravemente con un disparo de subametralladora el conscripto Jaime Alfonso Benavides Mallea, al interior de la fábrica de maestranzas del Ejército.10. En julio de 1996, la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial denuncia la muerte, ocurrida el 23 de junio de 1996, del conscripto Eduardo Andrés Lemus Silva, del Regimiento “Aisén”, de Coihaique.11. En julio de 1996, el conscripto Julio Rodríguez Fuentealba, del Regimiento “Chorrillos”, de Punta Arenas, recibió un disparo de fusil mientras se encontraba de guardia12. En julio de 1996, al interior del Regimiento Haras Nacional, de San Bernardo, es lesionado por un Cabo de apellido Barahona el Conscripto Ernesto de la Cruz Lizana Leiva.13. En agosto de 1996, la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial informó un nuevo caso, el del conscripto Germán Vivanco Sierra, del Regimiento de Ingenieros de Montaña Nº 2, de Puente Alto, quien se disparó con su arma de servicio.14. En agosto de 1996, en la Escuela de Grumetes, Talcahuano, se informa del suicidio del alumno Renzo Aldo Honorato Ibaceta.15. En septiembre de 1996, víctima de un síncope cardíaco cuando realizaba el “test de cooper”, que mide resistencia física, falleció el conscripto Félix Patricio Hidalgo Hidalgo, en la Escuela de Caballería Blindada de Quillota.16. En octubre de 1996, se suicida el conscripto Carlos Alberto Vidal, oriundo de Santiago, que cumplía su Servicio Militar en el Regimiento de Infantería Nº 4, “Rancagua”, de Arica.17. En octubre de 1996, en un confuso incidente fallece el conscripto Luis Franco Cortés, al interior de la Escuela de Caballería Blindada, de Quillota.18. En octubre de 1996, fallece el conscripto Daniel Orlando Negrete Caviedes, que cumplía su Servicio Militar el Regimiento Lautaro, hecho que conoce la Fiscalía Militar de San Fernando.19. En enero de 1997, fallece por inmersión en el lago Rapel, el conscripto de la dotación del Regimiento Arsenales de Guerra, de Santiago, René Silva Araya, llevado a prestar servicios en la casa de veraneo del Brigadier General Emilio Timermann Undurraga.Análisis de las causas de estas muertes o lesiones graves Ante la evidencia de que numerosos de estos casos han sido calificados como suicidios, la Comisión puso énfasis en precisar las causas que llevarían a algunos conscriptos a atentar contra sus propias vidasMuertes por suicidios El señor Ministro de Defensa Nacional, don Edmundo Pérez Yoma respecto al aumento de los suicidios de conscriptos relata que estadísticamente el número de suicidios de conscriptos es menor al de los suicidios de personas de la misma edad, que no hacen el servicio militar, aunque reconoce que el año pasado hubo un aumento en las estadísticas de suicidio de conscriptos. Señaló que se están extremando las medidas respecto de esta materia, ya que éste es un problema mayor, aunque expresó que sería extraño que no haya suicidios, dentro de un grupo humano. Por su parte el Subsecretario de Guerra, don Mario Fernández indicó que los 30.000 conscriptos que hacen el servicio militar son jóvenes como cualquier otro chileno. Hizo hincapié en que muchos de estos jóvenes conscriptos están en condiciones de soledad y portan armas, por lo que hay un riesgo mayor con respecto al suicidio. Todas las situaciones de muerte de conscriptos, sea por suicidio o por otras razones, están suficientemente informadas al Ministerio de Defensa Nacional, información que se encuentra disponible para la Comisión. El señor Gonzalo García, asesor político del señor Ministro de Defensa Nacional, recordó que ese Ministerio realizó una exposición muy completa sobre el tema de los suicidios ante la Comisión de Defensa Nacional de la honorable Cámara, donde se acompañaron estadísticas y un cuadro parcialmente explicativo de las razones que existen para llevarlos a cabo.Se duda de la calificación como suicidio de algunos casos En relación con la muerte por suicidio, el Presidente de la Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles, (Codeju), Gabriel Pozo, manifestó que el Ejército y el Ministerio de Defensa han entregado una serie de informes, donde se establece que la causa de las muertes de muchos jóvenes, entre los años 1995 y 1996, es por suicidio, pero, de acuerdo a los antecedentes aportados por los propios familiares, señaló que existen dudas respecto a esos informes. Según sus datos, fallecieron, durante 1996, 12 jóvenes, muertes que tienen una serie de aspectos coincidentes y que no permiten llegar a la conclusión que hubo suicidios, como el hecho que varios de estos conscriptos tuvieron contactos con sus familiares días antes de su muerte y manifestaron que habían sido objeto de apremios ilegítimos y a algunos no les faltaba más de un mes para finalizar su servicio militar, lo que configura una extraña situación.La mayoría de los casos ocurren en el Ejército Ante la inquietud de la Comisión sobre por qué la gran mayoría de los casos recopilados han ocurrido en regimientos del Ejército, el señor Ministro de Defensa Nacional señala que hay que tener presente que esta rama de las fuerzas armadas recluta el 90% de los jóvenes que hacen el servicio militar.Evaluación sicológica para seleccionar al contingente Como las situaciones de suicidios hay que relacionarlas con problemas sicológicos del sujeto que atenta contra su vida, la Comisión quiso saber si a todos los conscriptos que ingresan se les realiza un examen sicológico exhaustivo, en consideración a que no todas las personas responden de la misma manera a un sistema tan rígido como es el servicio militar. Atendiendo a estas razones, la Comisión procuró indagar si se hacía una evaluación sicológica para seleccionar al contingente que ingresa cada año al servicio militar Según el Coronel de Ejército don Luis Giordano, Oficial de Estado Mayor que trabaja en la Dirección de Instrucción del Ejército, el año 1996 se hizo un examen sicológico a un contingente de 18.000 hombres, de los cuales 2.300 mostraron síntomas de potenciales suicidas. Indicó además que este examen se va a repetir en el curso de este año. Señaló también que los suicidios surgen por problemas patológicos, sociales y de otra naturaleza. Estima que el 84% del contingente del Ejército es normal. Indicó que una de las obligaciones del Comandante es conocer todos los antecedentes del soldado conscripto, por ejemplo, debe saber quién es su padre, si está cesante, quiénes son sus hermanos, cuáles son sus estudios, etc., como una manera de indagar y prevenir los problemas que puedan afectar su desempeño militar. Doña Juana Winckler, del Colegio de Sicólogos, afirma que no se hace un examen sicológico integral a los conscriptos y que tampoco podría hacerse, ya que es muy costoso. Expresa, a título de ejemplo, que se hizo un examen de este tipo a 500 postulantes a la Universidad de Santiago, a un costo de $ 10 millones. Sugiere que se podría hacer un “screen” o prueba colectiva, que puede pesquisar algunos indicadores de suicidio. La representante del Colegio de Sicólogos, señora María Isabel Castillo precisó que, según un estudio de Flacso, hubo un aumento de los suicidios registrados por la prensa en el servicio militar durante 1996, ya que se informan 7 suicidios en una población de 28.300 jóvenes, lo que no ocurrió en los años anteriores, pues sobre parecidas cantidades de conscriptos en los años 1991, 1993 y 1994 la prensa sólo registra un suicidio en cada uno de esos años y ninguno en los años 1992 y1995. La misma profesional hizo hincapié en que este tipo de estudios o estadísticas se ve dificultado por las características de las instituciones militares, como por los procedimientos de las investigaciones que se realizan, hecho que fue remarcado por la sicóloga Juana Kovalskys, quien piensa que en algunos casos informados como suicidio se puede estar encubriendo un homicidio Interrogadas estas profesionales acerca de si sus análisis son empíricos o se han basado en estudios realizados por otras personas o instituciones, las sicólogas invitadas expresaron que han atendido a muchos jóvenes que tienen que hacer el servicio militar o que eluden esa actividad, pero lo que afirman además lo han obtenido de estudios hechos por otras instituciones y personas. Se han basado en su experiencia respecto al impacto sicológico de las situaciones traumáticas y se sienten con derecho para definir la instancia militar como potencialmente traumática. Sobre el riesgo de suicidio, se dijo en la Comisión que se entiende que la persona que se suicida lo hace porque tiene una cierta personalidad o tendencia al suicidio y podrá hacerlo o no, según surjan factores desencadenantes y podría entenderse que la vida militar es un factor muy desencadenante. Al respecto, la sicóloga señora María Isabel Castillo corroboró lo expresado en la Comisión, aunque aclara que también una persona que no tiene antecedentes previos, puede incurrir en suicidio si es humillada, denigrada o es descalificada como persona.Tratamiento o atención sicológica que se proporciona a los conscriptos El señor Director de Movilización Nacional, General Carlos Molina Johnson afirmó que existe una serie de controles. En primer lugar el contingente, iniciando su proceso de servicio militar, es evaluado sicológicamente al principio y al final. Esto se hace fundamentalmente para saber cómo se está comportando el conscripto e incluso para saber qué pasa al interior del regimiento, ya que estos jóvenes, muchas veces se inhiben de denunciar Al Instituto Nacional de la Juventud (INJ) le parece que en materia de tratamiento sicológico en las fuerzas armadas hay fuertes elementos motivacionales en los objetivos para los cuales se convoca a los conscriptos. Los programas sicológicos, a su juicio, se orientan al resguardo de la soberanía nacional. Por eso, frente a situaciones específicas, respecto de jóvenes que pueden tener problemas, el tema debe abordarse desde el momento en que se hace la selección para calificar al personal que se ha de convocarOpiniones de representantes del Colegio de Sicólogos de Chile Para abordar esta materia, la Comisión acordó solicitar al Colegio de Sicólogos que, por intermedio de profesionales especializados, le entregara su opinión. En la sesión 91ª, de 11 de junio de 1997, participaron 3 sicólogas y proporcionaron los juicios que se contienen en el documento que se anexa a este informe, y que se reseña sucintamente a continuación. En síntesis, puede decirse que sobre este aspecto es destacable el elemento voluntariedad en la decisión de incorporarse al servicio militar. La actitud sicológica de un joven que desea hacer su servicio militar, porque tiene una percepción idealizada o favorable de la institución castrense, es distinta del que es obligado a realizarlo, como ocurre en Chile de acuerdo a la legislación vigente. El cambio de vida y de concepciones de disciplina que se produce con el ingreso al mundo militar, va a causar, en mayor o menor medida, según el grado de disposición a cumplir el deber militar, efectos sicológicos distintos. Para algunos se producirá la aceptación obsecuente de la nueva realidad, y para otros un trauma de dimensiones ajustadas a su origen socioeconómico, a su formación ético-social, etc. La relación que este cambio tenga como elemento desencadenante o de riesgo de una eventual actitud suicida, también ha de medirse en concordancia con cada individualidad. Al respecto, la sicóloga señora Juana Kovalskys se refirió en la Comisión a las expresiones sicológicas que se asocian a factores de alto riesgo en los suicidios de los conscriptos. Sobre el particular expresó lo siguiente: “Se puede llegar a pensar que todo muchacho que hace el servicio militar tiene una historia previa de perturbación importante, pero hay que recordar que para que se manifieste esa historia previa, se requiere estar en un contexto traumatizante. En ese sentido el contexto opera como un factor desencadenante, es decir, que es altamente posible que muchachos que tienen un historial de mucha vulnerabilidad, si no estuvieran sometidos a contextos potencialmente traumatizantes, no harían las conductas de suicidios, por lo que no hay que desestimar los elementos potencialmente traumáticos.” Luego explicó que la condición masculina que, obviamente, caracteriza a los que hacen el servicio militar está marcada por prescripciones culturales, que tienen que ver con fuerza, valentía, capacidad de obediencia, con reconocimiento de las capacidades de mando, etc. En el fondo, esta condición es una legitimación y estímulo de todas las características de mando, de autoritarismo y arbitrariedad que la instancia militar puede ejercer sobre los segmentos jóvenes de la población militar. Al final el conscripto se inserta funcionalmente a este tipo de ejes de la actividad que se da en la instancia militar. Si a través de los conscriptos se dan conductas de extrema pasividad, frente a exigencias del sistema, dichas conductas funcionalizan el sistema, pero producen detrimento de la siquis del soldado; por el contrario, si hay conductas de intento de transgresión y de resistencia a normas excesivamente autoritarias, se facilitan las acciones de abusos, de maltratos y de denigración. Continuó señalando que existen algunos lemas en la vida militar, como la defensa de la patria, el deber de solidaridad, la idea del enemigo y de la defensa de fronteras que como instancias teóricas contienen elementos éticos-morales, pero ayudan a que la capacidad síquica de los soldados quede abolida. Sostiene que en casos como los descritos, aun cuando el intento de suicidio aparezca con características de impulsividad e irracionalidad, siempre existen antecedentes previos vinculados a una decisión tan dramática. Es más, siempre hay señales previas dadas por el propio sujeto, sean o no conscientes. Es posible descubrir señales de alarma que provienen de un estado de desamparo básico, por lo tanto es razonable postular que el aumento de suicidios en el ámbito militar, avalado por datos de Flacso, se relaciona, en primer lugar, con la ausencia de una instancia de análisis y control permanente de las metodologías de entrenamiento, de manera que estas metodologías no atenten contra la integridad individual y grupal; en segundo lugar, se presume que hay ausencia de una instancia profesional de apoyo dirigida a cautelar la salud mental, previa al ingreso al servicio militar, además de analizar y cautelar las condiciones del contexto en que se desenvolverá la experiencia dentro de la institución. Respecto de la sodomización señalada en uno de los casos conocidos por la Comisión, la señora Kovalskys entregó su opinión en el informe a que se hizo mención anteriormente.Los malos tratos al interior de los regimientosDistinción entre malos tratos y “aporreos” Ante el señor Ministro de Defensa Nacional se hizo la reflexión de que antiguamente existía un tipo de disciplina muy rígida, expresada en ciertos castigos que estaban en el límite de lo que, al menos en estos tiempos, la juventud puede aceptar. En esos años todavía la juventud lo toleraba. Se buscaba con lo anterior conseguir una disciplina óptima en las fuerzas armadas. Esa disciplina hoy día es imposible aplicarla a la juventud actual. Se estimaba que la capacidad de aceptación del sufrimiento, de hacer cosas y del trabajo físico estaba relacionado con la hombría. Hombre era el que aceptaba ser tratado mal y aceptaba la disciplina impuesta y seguía adelante. Esa filosofía es difícil que sea compartida por la juventud actual. Se le dijo al Ministro que el castigo físico directo e indirecto debiera estar absolutamente prohibido al interior de las fuerzas armadas, para lo cual habría que precisar qué se entiende por castigo físico y cuándo se está ante un acto que degrada a una persona. También se expresó la creencia de que las normas no se cumplen, que hay maltrato y violación de los derechos de los conscriptos; de otra manera no se explica que existan tantas denuncias por irregularidades. Hay situaciones de aporreo, que pueden estar justo en el límite del respeto de los derechos de un chileno que cumple una obligación militar. En el proceso de formación del soldado se considera como válido el aporreo, que no es falta ni se denuncia. El señor Ministro de Defensa Nacional respondió que el castigo físico está absoluta y totalmente prohibido. No obstante señaló que el asunto del aporreo es más delicado, porque por un lado se está entrenando soldados para combatir, para el uso de la violencia, para ir a matar el enemigo, que son cosas que cuando se escuchan por primera vez complican al sujeto; ése es el concepto y hay que aceptarlo. Los ejercicios que se hacen son extenuantes. Se ha tratado de precisar cuándo el aporreo pasa a ser castigo físico. Ante la consulta de quién hace la diferencia entre el aporreo y el castigo físico, el señor Ministro de Defensa Nacional afirmó que es el oficial el que determina cuándo es lo uno o lo otro. El señor Auditor General de la Armada, Contraalmirante don Jaime Harris Fernández relató que es cierto que hay casos de maltratos y muchos de ellos se traducen en denuncias, en que no se logra comprobar el delito. No se puede diferenciar jurídicamente cuando 10 flexiones, por ejemplo, son aporreos o maltratos. El señor Auditor General de la Fuerza Aérea de Chile, don Pablo Canals Baldwin expresó que la característica de la instrucción de los conscriptos de la Fuerza Aérea es similar al de las demás ramas de las fuerzas armadas. Su institución es muy tecnificada. El maltrato en el ámbito disciplinario se traduce en el rigor excesivo que no tiene justificación. Desde el punto de vista criminal se ha tenido un solo caso con posible responsabilidad penal, que está siendo investigado. Las disposiciones del Código de Justicia Militar y del Reglamento de Disciplina, a su juicio, son suficientes, pero esas normas por sí solas, no garantizan que no sucedan hechos irregulares, tanto desde el punto de vista penal como administrativo. Para evitar este tipo de conductas existen los instructores, quienes regulan las exigencias físicas. Para determinar la diferencia entre aporreo y maltrato, se puso como ejemplo el caso del conscripto Álvaro Esteban Parra Parra, quien murió por exigencias superiores a su resistencia física. El Coronel de Ejército, don Luis Giordano opinó que el aporreo debe definirse, porque se podría entender que una clase de instrucción física, donde se prepara al soldado para sacar fuerza, sería aporreo. Hay que distinguir claramente las situaciones para determinar cuándo hay aporreo o abuso de autoridad; dentro del ejercicio militar hay actividades duras, marchas, diariamente educación física, es decir, hay muchas cosas que son normales para tener un soldado eficiente y que pueda combatir. Explica que el mal de los soldados chilenos es la insuficiente fuerza de brazos y esa fuerza se saca con flexiones. Puede, en algún caso, haber abuso de autoridad en el aporreo y si así sucede, existen los controles pertinentes. El señor Auditor General del Ejército, don Fernando Torres Silva aseguró a la Comisión que en lo referente a casos de maltratos de conscriptos se está trabajando y se están recopilando los antecedentes. En todos estos casos hay un proceso judicial y sumarios internos. Aseguró que los casos planteados por la Comisión serán respondidos por escrito, adjuntando la debida documentación.Establecimiento de un Comisionado para la protección de los derechos de los conscriptos. Interesaba a la Comisión ver qué proposición se puede hacer desde el punto de vista legislativo para mejorar, perfeccionar y garantizar los derechos de los soldados conscriptos. Sobre este punto se consultó reiteradamente la posibilidad de establecer un control que resguarde los intereses de los conscriptos, porque se cuestiona el hecho que sean los integrantes de las propias fuerzas armadas que están en una línea de mando jerárquico, quienes cumplan simultáneamente el rol de defensores de los derechos de los conscriptos; por lo que se estimó que debe haber alguien con un cierto grado de autonomía para velar por el respeto de tales derechos. El Coronel de Ejército, don Luis Giordano precisó que la creación de un control fuera de la línea de mando no es posible, porque se quiebra la verticalidad del mando; la normativa es muy clara para solucionar este tipo de hechos. Además argumentó que los conscriptos pueden recurrir a los capellanes, a las asistentes sociales, y que también existe, en algunas oportunidades, asesoría jurídica en los regimientos. A su juicio, se deben profundizar los canales existentes. A este respecto, el señor Ministro de Defensa Nacional fue enfático en considerar pésima la idea de establecer un comisionado civil. Cree que el principio de jerarquía del mando militar es muy importante y la única manera de resguardar los intereses del soldado conscripto es por la vía de ir responsabilizando cada vez más a sus superiores inmediatos. Agregó que el país le entrega a los oficiales un grupo de seres humanos para que sean instruidos militarmente; en ese sentido el Ejército ha dictado una serie de instructivos, donde se protege al conscripto y si algo le pasa o es maltratado y el oficial no toma las medidas necesarias y esto se llega a descubrir, se le acaba la carrera militar al oficial. En consecuencia, en su opinión, hay que reforzar la responsabilidad de los oficiales a cargo de los conscriptos. Finalmente dijo que no conoce ningún país en que exista este tipo de organismos, que defiendan en forma oficial los derechos de los conscriptos que hacen su servicio militar. Por su parte, el señor Gabriel Pozo, representante del Codeju, planteó la necesidad de crear un organismo transversal, en términos que puedan canalizarse las denuncias de conscriptos que se vean afectados en sus derechos, especialmente por apremios ilegítimos, es lo que se conoce como el Comisionado de Defensa de los Derechos de los Reclutas, y que según él, debe existir en cada lugar donde haya regimientos y estar integrado por personas del mundo militar y civil; para dar asistencia integral de sicólogos, que ayuden a la salud mental de los jóvenes conscriptos; de asistentes sociales, que se preocupen de la realidad socioeconómica de éstos y finalmente contar con abogados. Señaló que esta institución existe en Suecia, Alemania, Brasil Estados Unidos, etc. y su aplicación ha dado resultados positivos.Normativa legal aplicable El articulo 6º del Código de Justicia Militar1 considera como militares, entre otros, a los conscriptos que cumplen el Servicio Militar Obligatorio. Esto significa que les son aplicables las normas de dicho cuerpo legal, con lo cual quedan sometidos a la jurisdicción militar, como lo señala el articulo 5º del referido Código.2 La normativa legal vigente, consulta dos normas que sancionan la comisión de excesos o maltratos para con los reclutas, estos son los artículos 330 y 33l del Código de Justicia Militar.3 La primera, sanciona la violencia innecesaria a que puedan ser sometidos los conscriptos, asimilándola al delito de tortura que actualmente se encuentra sancionado en el articulo l50 del Código Penal. Por su parte el articulo 33l del Código de Justicia Militar, sanciona el maltrato propiamente tal, poniendo énfasis en la calidad de superior del agresor. Es bastante sutil la diferenciación entre una norma y otra, la conducta punible es la misma diferenciándose, solamente, en que en un caso la conducta ilícita se produce con motivo de ejecutar una orden superior o en el ejercicio de funciones militares y en el otro, en cualquier caso. El grado de la penalidad es variable. Se castiga de acuerdo al resultado que provoca el maltrato señalándose, incluso, el máximo de la pena que establecen las normas del derecho común, cuando el resultado de éstas sean lesiones o muertes. El artículo 332 del Código de Justicia Militar4, establece una eximente de responsabilidad penal, cuando la conducta violenta tenga por objeto evitar determinados delitos, que en concepto de los militares resultan extremadamente graves. Este artículo establece una suerte de legítima defensa de ciertos bienes jurídicos que aparecen como privilegiados, que faculta al superior para llevar a cabo los actos de maltrato, aun a costa de la muerte de la víctima. En este mismo orden de ideas debe hacerse mención al procedimiento, el cual se inicia a través de una investigación sumaria efectuada por el Oficial a cargo de la Unidad, quien posteriormente debe poner los antecedentes en conocimiento de un Fiscal Militar que llevará adelante la parte inquisidora del proceso Por su parte, el artículo 38 del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas (D.S. Nº 1445) expone que “constituye extralimitación de las atribuciones que fija este Reglamento y, por lo tanto, queda absolutamente prohibido: todo rigor injustificado, todo castigo no contemplado en este Reglamento derivados de asuntos ajenos al servicio y toda actitud, palabra o gesto que pueda calificarse como hiriente para el honor de aquel contra el cual se dirija”.Declaraciones de familiares de conscriptos Como complemento de la investigación encomendada por la honorable Cámara, esta Comisión, entendiendo que con ello no invade atribuciones jurisdiccionales, estimó de rigor, conocer algunos testimonios de familiares de conscriptos fallecidos o maltratados, especialmente por no coincidir la apreciación de estas personas con las informaciones proporcionadas por las entidades castrenses. Se reseña a continuación un resumen de las declaraciones prestadas por esas personas ante la Comisión. Don Guillermo Caro, padre del conscripto Guillermo Caro Guzmán, quien hacía su servicio militar en el Regimiento Carampangue, de Iquique declaró que su hijo se encontraba en maniobras, en el Regimiento Dolores, de Arica. En la noche del 3 de diciembre de 1995 fue asesinado por el cabo Rosamel Galleguillos. Los oficiales dieron confusas versiones. En principio se le informó que su hijo había muerto en una riña callejera. Luego se le dijo que había sido en una pelea con un compañero. Finalmente supo por el Fiscal Militar que había sido asesinado. El juez militar de Arica don Juan Romo dictó sentencia condenando al cabo Galleguillos a 28 años. Luego inexplicablemente la Corte Marcial bajó la pena a 7 años y medio. El abogado Caucoto presentó un recurso de casación, que estaba pendiente. Se le otorga una atenuante, por haber reparado con celo el mal causado, puesto que ha consignado la cantidad de $ 55.000. El declarante pensaba que ese dinero era para reparar el mal causado a la familia, pero se le informó que era para el tribunal. La señora Érica Parra expuso el caso de su hijo Álvaro Esteban Parra, quien hacía su servicio militar en el Destacamento “Aldea”, de Talcahuano. Falleció el 7 de mayo de 1995, por exigencias superiores a su resistencia física, en ejercicios de saltos de obstáculos obligado por el Capitán Jaime Herrera y el Teniente Cristián Bodachar, no obstante los síntomas visibles de estar desfalleciente. Según ella, en el proceso no se responsabilizó a nadie por esta muerte, por haberse producido por paro cardíaco. No se investigó la causalidad de dicho paro cardíaco ni los antecedentes clínicos del conscripto. El señor Angelino Parra agrega que su hijo Álvaro Parra Parra fue maltratado física y síquicamente. Expresa que su hijo se agotaba en los ejercicios, por lo que fue llevado en cuatro oportunidades al Hospital Naval. No le creían que estaba mal. Comunica que compañeros de su hijo le dijeron cómo lo maltrataban y así lo declaran en la Fiscalía, pero luego ellos se retractan cuando son careados con un Sargento. Explica que no se les informó cuando su hijo era llevado al hospital. Luego relata la forma de maltrato de que fue objeto; le obligaron a hacer exceso de ejercicios físicos. El señor Pedro Vivanco expresó que su hijo Germán Vivanco Sierra falleció el 13 de agosto de 1996, en el Regimiento Nº 2 de Puente Alto. Las primeras informaciones que les dan son a través de un Subteniente y un paramédico, que les dicen que su hijo estaba haciendo guardia, que había adoptado la determinación de suicidarse y que habría escrito en el suelo que amaba mucho a su familia. Le dijeron que se había disparado a las 12.50 horas; que se le habían prestado los primeros auxilios y que había ingresado muerto al Hospital Sótero del Río. Luego cambian la versión. Cuando le tocó reconocer el cadáver en el Instituto Médico Legal, se percató que tenía hundido el pecho y un orificio en la cabeza. Se dio cuenta que era un homicidio. Envió una carta al Subsecretario de Guerra, planteando sus dudas respecto al suicidio de su hijo. Indica que el Comandante que estuvo con su hijo lo invitó a una practica de tiro, pero no quiso ir por temor. Relató que hay cosas muy oscuras, ya que el mismo día 13 de agosto, fecha en que muere su hijo, “desapareció” un “clase” del Regimiento de Puente Alto y lo trasladan a Colina, para acallarlo. Según le informó una persona que trabaja en el hospital Sotero del Río, su hijo ingresó con dos impactos de bala al Hospital, uno en el pecho y otro en la cabeza. Comenta que a la Compañía que pertenecía su hijo se le ordenó que dijera que el conscripto Vivanco se había suicidado, pero nadie creía eso. Comenta que el caso se encuentra en Fiscalía, que no tiene abogados, ya que carece de recursos económicos para contratar uno. Señala que su hijo no llegó muerto al hospital. El cabo Morales, que encontró a su hijo en el Regimiento, nunca se acercó a ellos, para contarles lo que había pasado. El señor Pedro Soto, padre del conscripto Pedro Soto, contó que el 15 de diciembre de 1996 su hijo desapareció. Luego el Ejercito declaró que había desertado. Sus restos aparecieron en el cerro “La Virgen”, de San Felipe. Relata que fue maltratado físicamente con anterioridad a su muerte. Señala que tenía una excelente conducta La señora Herminia Tapia, madre del conscripto Soto Tapia, indicó que su hijo le contó que en el Regimiento lo maltrataban y torturaban. Además le señaló que no quería ser trasladado a “comandos”, porque no estaba para maltratar a los demás. Era golpeado y le dolía la cabeza y no fue al médico por temor a ser castigado. La señora Silvia Pérez, tía del conscripto Johnny Pérez, en su declaración pregunta que, si la muerte del conscripto Soto fue suicidio, no entiende por qué su sobrino fue inculpado en ese hecho; sólo se lo explica en base a maltratos, torturas con corriente y amenazas, que ella denuncia que se le aplicaron a su sobrino durante el interrogatorio. El señor Edmundo Contreras, padre del conscripto Dagoberto Contreras, señaló que se ha sindicado a su hijo como el principal inculpado en la muerte del conscripto Soto Tapia; fue detenido por orden de la Fiscalía Militar el 18 de marzo de 1997, tres días después de haber encontrado las osamentas de Soto Tapia. Luego expresó que su hijo fue sometido a corriente y lo obligaron a declarar que había matado al conscripto Soto Tapia. Ninguno de los conscriptos a los que se les sindicaba como partícipes de la muerte de Soto Tapia tenía conocimiento de esa muerte, salvo su hijo, ya que lo mandaron a cuidar a Soto Tapia cuando agonizaba. No entiende por qué la Fiscalía Militar acusó a su hijo. Todavía le dicen que tiene que inculparse o si no lo van a matar. La señora Vivian Aguilera, madre del conscripto Eugenio Saavedra, explicó que su hijo estuvo detenido y fue obligado a declarar en el sentido de inculparse por haber manejado el auto en que iba supuestamente Soto Tapia, antes de fallecer. Agregó que lo extraño es que su hijo no sabe manejar y no tiene licencia de conducir. La señora María Yáñez, madre del conscripto Dagoberto Contreras, involucrado en el caso Soto Tapia, indicó que ella quiso que su hijo hiciera el servicio, ya que era muy inmaduro. Se presentó en forma voluntaria. Siempre era mandado a hacer cosas fuera del Regimiento. Un día se demoró en llegar, por lo que fue castigado por 3 meses sin salida. Supo por otras personas que a su hijo lo maltrataban. Tenía a su cargo el cuidado de un perro, y en una oportunidad se le olvidó llevar el perro, por lo que fue golpeado brutalmente. En otra oportunidad fue enviado a buscar al hospital a un soldado de apellidos Concha Parrilla, que había sido dado de alta, luego de una golpiza dada por oficiales. Contó, además, que le negaron a su hijo, cuando estuvo detenido en el Regimiento. La señora Érica Torres, madre del conscripto Johnny Pérez, precisó que su hijo fue incomunicado y golpeado en el Regimiento; también lo obligaron a inculparse en la muerte de Soto Tapia, por lo que actualmente debe ir al sicólogo, por todo lo que le tocó vivir, sufrió mucho. La señora Ema Leiva, madre del conscripto Andrés Serrano, sostuvo que a su hijo también se le inculpó de haber andado en el auto en que era trasladado Soto Tapia, momentos antes de su muerte. Se le tuvo cuatro días sin dormir y lo golpearon. Nunca había tenido problemas en su servicio. Hasta aquí las declaraciones de familiares de conscriptos recibidas por la Comisión, a petición del Comité de Defensa de los Derechos Juveniles. Más tarde, el 15 de abril de 1998, la Comisión recibió en audiencia, al conscripto Claudio Vergara, a la madre de éste, doña Ana Mena; al conscripto Erick Rivera Santillán y su padre, don Boris Rivera González; a la madre del conscripto David Román Calquín, señora Elizabeth Calquín, todos del Regimiento “Rancagua”, de Arica; al conscripto Víctor Hugo Garrido, del Regimiento “Sargento Aldea”, de Talcahuano y a su madre, doña Pabla Garrido, cuyas declaraciones se acordó poner en conocimiento del señor Ministro de Defensa Naciona y a las que contestó por oficio Nº 1150, de 22 de abril de 1998, que se anexa a este informe -o-Proposiciones del honorable Diputado, don Eugenio Tuma Antes de aprobarse las conclusiones, el honorable Diputado don Eugenio Tuma presentó una propuesta de temas para incluir en las conclusiones, que se anexa al presente informe. La Comisión estimó que esa propuesta contenía algunos conceptos coincidentes con las conclusiones aprobadas, y otras que no concordaban con ellas, por lo que dio por rechazadas estas últimas.-o-Conclusiones La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha arribado a las siguientes conclusiones:1º Con el mérito de los elementos de juicio acumulados, tales como publicaciones de prensa, declaraciones de organismos juveniles, de familiares de conscriptos fallecidos o maltratados, se puede concluir que al interior de los recintos militares se producen casos de abusos de maltrato físico y sicológico, que es presumible que eventualmente hayan sido la causa de algunas de las muertes de que da cuenta este informe, alguna de las cuales se han reportado como suicidio.2º La legislación vigente en materia de trato y disciplina consulta disposiciones perentorias que prohíben y castigan los maltratos de obra o de palabra, salvo en los casos que se trate de contener por medios racionales la comisión de los delitos flagrantes de traición, sedición, rebelión, insulto o ataque a un superior, desobediencia en acto del servicio, cobardía frente al enemigo, devastación, saqueo u otro de igual gravedad (artículos 330 y 331 del Código de Justicia Militar, artículos 38 y 40 del Reglamento de Disciplina para las fuerzas armadas).3º De aplicarse efectivamente las normas vigentes reseñadas en el punto anterior, no sería necesario modificar o complementar dicha legislación.4º No obstante, atendida la gravedad de los casos conocidos por la Comisión, aparece de urgente necesidad que el Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con los institutos castrenses elaboren una normativa reglamentaria de general aplicación en todas las ramas de las fuerzas armadas, que con miras a la modificación del actual sistema del servicio militar obligatorio, incorpore las regulaciones y procedimientos que den mayor efectividad a las exigencias de la preparación física e intelectual del soldado, tomando en cuenta las capacidades, aptitudes y estado de salud de los conscriptos.5º También parece indispensable que se establezca como requisito de ingreso al servicio militar un previo y adecuado examen sicológico de los postulantes, con el fin de detectar eventuales problemas que puedan surgir por efecto del rigor militar, del desarraigo de su familia y del uso de armas.6º Recomendar la instauración de controles eficientes para mejorar, perfeccionar y garantizar el respeto adecuado de los derechos de los conscriptos y el establecimiento informado de las instancias para formular las denuncias y reclamos.7º Solicitar a la Excma. Corte Suprema que instruya a los tribunales militares y cortes marciales para que, en los casos de muertes de conscriptos por cualquier causa, se arbitren con celeridad los medios indagatorios (autopsias, peritajes balísticos, historia clínica y sicológica de la víctima) que permitan establecer en la forma más fehaciente posible la causa de muerte y las responsabilidades en su ocurrencia.8º Hacer llegar al señor Ministro de Defensa Nacional el presente informe, con el objeto que el Supremo Gobierno adopte, con la urgencia que amerita, las medidas recomendadas en estas conclusiones. Se designó Diputado informante al honorable señor Enrique Van Rysselberghe Varela.-o- Tratado y acordado en sesiones de fecha 16 de abril, 7 y 14 de mayo, 4, 11 y 18 de junio, 2 y 9 de julio, 6 y 13 de agosto de 1997, 15 de abril, 3 y 17 de junio de 1998, con la asistencia de los honorables Diputados señores Erick Villegas (Presidente), Sergio Ojeda (Presidente), Gustavo Alessandri, Gabriel Ascencio, Andrés Aylwin, Mario Bertolino, Guillermo Ceroni, Sergio Correa, María Angélica Cristi, Maximiano Errázuriz, Alejandro García-Huidobro, Víctor Jeame Barrueto, Juan Pablo Letelier, Arturo Longton, José Makluf, Iván Mesías, Darío Molina, Iván Moreira, Jaime Mulet, Jaime Naranjo, Andrés Palma, Jorge Soria, Eugenio Tuma, Carlos Valcarce, Enrique Van Rysselberghe y Alfonso Vargas. Sala de la Comisión, a 17 de junio de 1998. (Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión.”DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME SOBRE MALTRATO A LOS CONSCRIPTOS Valparaíso, junio 1997Del auditor General de la ArmadaAl Sr. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados.1. En cumplimiento a lo ordenado por el señor comandante en jefe de la Armada, respecto de la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, contenida en el oficio de la referencia a) y conforme a lo pedido por el señor Ministro de Defensa Nacional en su oficio de la referencia b), en orden a informar a la referida Comisión acerca del estado de los procesos que indica, relativos a casos de muertes y accidentes de conscriptos, informo a US. lo siguiente.2. Del listado de casos que se contienen en la recopilación anexa al oficio de la referencia a), resulta que dos de ellos se refieren a personal de la Armada, a saber:a) “3... El 7 de mayo de 1995, fallece el conscripto, del destacamento IM Nº 3 “Aldea”, de Talcahuano, VIII Región, don Álvaro Parra Parra, por un paro cardíaco provocado por exigencias superiores a su resistencia física. (caso denunciado a esta Comisión por sus familiares, asistidos por el Codeju, en la sesión 89)”.b) “14.- En agosto de 1996, en la Escuela de Grumetes, Talcahuano, se informa del suicidio del alumno Renzo Aldo Honorato Ibaceta”.3. Sobre el particular, en lo que se refiere al caso señalado en la letra a) anterior, informo a US., que la muerte del soldado Imm (SMO) Álvaro Esteban Parra Parra, acaeció el día 7 de mayo de 1995, a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva y a enfermedad por miocardiopatía, según consta del respectivo certificado de defunción. Su muerte fue motivada por una enfermedad de miocardiopatía hipertrófica que no fue posible detectar con los exámenes médicos efectuados, esto es, electrocardiograma y examen clínico. Además la enfermedad se desarrolló antes de su ingreso a la institución y no fue imputable a la actividad desarrollada en el servicio, todo según se estableció en la investigación sumaria administrativa pertinente. La causa judicial que se instruyó al efecto por el Juzgado Naval de Talcahuano bajo el rol Nº 3738-M fue sobreseída temporalmente por el artículo 409 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, resolución que fue aprobada por la Corte Marcial de la Armada con fecha 18 de enero de 1996.4. En lo relativo al caso indicado en la letra b) del Nº 2 anterior, hago presente a US. que la persona allí indicada no tenía la calidad de conscripto, sino que gozaba de la calidad jurídica distinta de Grumete. No obstante lo anterior, informo que la muerte del Grumete (Mr.) Renzo Aldo Honorato Ibaceta, acaeció el día 15 de agosto de 1996, a causa de una asfixia por ahorcamiento tipo suicida, según consta del respectivo certificado de defunción. Su muerte no ocurrió en acto determinado del servicio, toda vez que ella se produjo por suicidio, esto es, por una acción voluntaria llevada a cabo por el occiso, sin ninguna relación con las funciones que al mismo le correspondían como grumete, todo según se estableció en la investigación sumaria administrativa pertinente. La causa judicial que se instruyó al efecto por el Juzgado Naval de Talcahuano, bajo el rol Nº 3781, fue sobreseída temporalmente por el artículo 409 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, resolución que fue aprobada por la Corte Marcial de la Armada con fecha 26 de enero de 1997. Saluda a US., (Fdo.). JAIME HARRIS FERNÁNDEZ, Contraalmirante JT, Auditor General de la Armada”.“Santiago, 17 de noviembre de 1997Del Ministro de Defensa Nacional (Guerra)Al Sr. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, Cámara de Diputados1. Mediante el documento identificado en la referencia, US. solicitó a este Ministerio antecedentes relacionados con el lamentable accidente que sufriera el ex SLC. Guillermo Caro Guzmán, (Q.E.P.D.) el día 3 de diciembre de 1995, mientras cumplía su servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería Nº 5 “Carampangue”, de Iquique.2. Consultado el Ejército de Chile, éste ha manifestado que el deceso del SLC. Caro Guzmán fue a consecuencia de un disparo de pistola efectuado por el ex cabo de Ejército Rosamel Galleguillos Geraldo, en los instantes en que se encontraban cumpliendo servicio en un Vivac que esa unidad había instalado en el fuerte militar Azapa de Arica, acción por la cual el mencionado ex Clase fue sometido a proceso y condenado en la causa Nº 378-95 del Rol del Sexto Juzgado Militar de Arica, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito de maltrato a inferior causando la muerte, resolución que se encuentra ejecutoriada. Por otra parte, se señala que una vez ocurrido el hecho antes indicado, se dispuso la instrucción e una investigación sumaria administrativa, en la cual se estableció que la muerte del SLC. Caro Guzmán ocurrió en un acto determinado del servicio y que en consecuencia, sus asignatarios legales debían recibir los beneficios previsionales correspondientes. Cabe agregar que por resolución de la Dirección el Personal del Ejército de fecha 29 de diciembre de 1995, se dispuso la baja del cabo Galleguillos Geraldo, por aplicación e la sanción de licenciamiento del servicio impuesta por el Comandante del Regimiento de Infantería Nº 5 “Carampangue”. Saluda a US., por O. del Sr. Ministro. (Fdo.): MARIO FERNÁNDEZ BAEZA, Subsecretario de Guerra”.Distribución:1.- Pdte. Com. D. Hum. Nac. Ciud.2.- SSG. Depto. II/23.- SSG. Of. Partes.4.- SSG. KardexJM./12185” “Santiago, 27 de junio de 1997De: Director NacionalA: Sr. José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadana, Cámara de Diputados.1. Por medio del presente, junto con saludarlo cordialmente, y en relación al documento citado en el “Ant.” adjunto, remito a Ud., información sobre casos recepcionados por la Oficina de Promoción y Defensa de los Derechos Juveniles del Servicio que represento, en relación con situaciones relativas al Servicio Militar Obligatorio. Sin otro particular, en espera que dicha información sea de su utilidad, se despide atentamente de Ud., (Fdo.): LEONARDO GONZÁLEZ MUÑOZ, Director Nacional Instituto Nacional de la Juventud”.LISTA SERVICIO MILITAR OBLIGATORIOPOBLEMAS DE CONSCRIPCIÓNSALUD: Carlos Antonio Dazo Hinojosa Escoliosis. Pie plano. Pierna derecha más corta (5 cms.) Presentó documentación médica que no fue aceptada. Actualmente soldado conscripto en el Regimiento 18, Los Andes. Óscar Antonio Gutiérrez Quevedo Varicocele. Presentó certificados médicos que no fueron considerados. Además, trabajaba como ayudante de jardinero para enviar dinero a su familia, quienes viven en una localidad rural. Héctor Emilio Navarrete Camus. Escoliosis doble. Certificados médicos y radiografías no fueron considerados. El médico del Regimiento lo consideró “apto”. Cursaba el 4º año medio en el Liceo “Carolina Llona” de Maipú. Soldado conscripto en el Regimiento Nº 10, Colina.JEFES DE HOGAR Y ESTUDIANTES: Camilo Andrés Quezada Sánchez Vivía con su madre y hermana de 3 años. Contrato de trabajo en Óptica Rodenstock-Chile S.A. Juan Guillermo Cruz Rivera Vivía con su madre y tres hermanos menores. Estudiante de 4º año medio del curso de Mecánica en el Liceo Industrial “Benjamín Franklin” de Quinta Normal. Trabajaba como ayudante de maestro mueblista. Soldado conscripto en el Regimiento Nº 5 de Artillería, Antofagasta. Jonathen Alexis Carmona Moreno Vivía con su madre y hermana de 12 años. Trabajaba como ayudante de instalaciones eléctricas. Soldado conscripto en el Regimiento Nº 14, Coihaique.TRABAJADORES: Daniel Guajardo Toro Hijo único, su padre es viudo, pensionado. Trabajaba en taller de artesanía informal. Soldado conscripto en el Regimiento Nº 5 “Carampangue”, Iquique.ESTUDIANTES Edison Enrique Llanos Leiva: Estudiante de 3º año medio del Liceo Polivalente “Guillermo Feliú Cruz” de Estación Central. Adolfo Enrique Ramírez Loyola Estudiante de 3º año medio del Duoc. Alumno regular del curso de instalaciones eléctricas domiciliarias. (Programa Chile Joven).SITUACIONES IRREGULARES EN S.M.O. Enrique Antonio Ayala Araya: Ataque al hígado en el cumplimiento de su Servicio Militar Obligatorio. Familiares denunciaron no tener información al respecto. Soldado conscripto en el Regimiento “Rancagua”, Arica. Manuel Andrés Celedón Fuentes: Ataque cardíaco en el cumplimiento de su Servicio Militar Obligatorio. Familiares denunciaron no tener información al respecto. Soldado conscripto en el Regimiento “Rancagua”, Arica. Rigoberto Mallías Díaz Maltratos y tortura. Soldado conscripto en el Grupo de Aviación Nº 9 de Cerrillos. Presentación de Recurso de Protección con fecha 9/5/97, el que fue declarado admisible. Licenciado del servicio con fecha 9/5/97. Cristián Rodrigo Aguirre Mora Accidente de mortero con fecha 22 de octubre de 1992. Inutilidad laboral de casi un 100%. Recibe pensión de $ 14.000 (catorce mil pesos). Héctor Flores Gutiérrez Suicidio. Cabo de Ejército. Su madre fue notificada el 29 de noviembre de 1996. Familiares no creen en la tesis del suicidio, debido a contactos telefónicos en días previos al suceso, en los que no habrían notado nada extraño. Causa en sumario. El único soldado que vio lo ocurrido falleció tiempo después en un accidente. Fax anónimo Sobre la muerte de joven apellidado Córdoba, soldado conscripto del Regimiento “Rancagua”, acontecido en octubre de 1996.(no documentados) Sergio Núñez García Padre inválido. Estudia y trabaja. Sostenedor de la familia. Roberto Salgado Arancibia Presenta problemas psiquiátricos. Soldado conscripto en el Regimiento de Infantería Nº 11 “Caupolicán”, Tierra del Fuego. Jorge Machuca Sepúlveda Estudiante secundario. Soldado conscripto en Antofagasta. “Santiago, 28 de junio de 1997 De: Subdirector de Operaciones A: Señor secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.1. De acuerdo a lo solicitado en oficio del antecedente, que dice relación con información sobre suicidios, tengo a bien adjuntar a Ud. estadísticas disponibles a nivel nacional.2. Debo manifestar a Ud. que no se cuenta con información separada para civiles y militares. Saluda atentamente a Ud. (Fdo.). PEDRO MENÉNDEZ PAREDES, Subdirector de Operaciones”.OTCH/MPA/jagDistribución:-señor Secretario Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía-Depto. Estad. Demog. y Soc.-Subdepto. Estad. Vit. y Soc.-Subdepto. Doc. y ArchivoNÚMERO Y PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR SUICIDIO1990-95 Suicidios Total Ambos Sexos Nº Porcentaje 1/ Hombres Mujeres1995 933 1.19 809 1241994 801 1.06 704 971993 740 0.97 624 1161992 658 0.89 562 961991 787 1.05 654 1331990 743 0.95 634 1091/ Porcentaje calculado respecto del Nº total de defunciones”.“Santiago, 18 de junio de 1997Sr.José Vicencio FríasSecretario Comisión Derechos HumanosCámara de DiputadosFax: 32-232657Estimado señor Vicencio: Respondiendo a su solicitud le estoy enviando el texto de las presentaciones de María Isabel Castillo y mías, las que hemos revisado e integrado en un texto único. Les deseamos éxito en los propósitos relacionados con estos temas. Lo saluda atentamente, Juana Kovalskys”CONTEXTO INSTITUCIONAL Y CONSECUENCIAS PSICOLÓGICASEl Regimiento El regimiento puede ser nominado como una institución total (Goffman, E., 1988). La característica central de las instituciones totales es que rompen las barreras de un ordenamiento social básico en la sociedad moderna, que es que el individuo tiende a dormir, jugar y trabajar en distintos lugares, con diferentes coparticipantes, bajo autoridades diferentes y sin un plan racional amplio. En el regimiento todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad, cada etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una actividad conduce a otra, mediante un sistema de normas formales explícitas. Se establece claramente la diferencia entre el grupo de reclutas y el grupo de suboficiales y oficiales. Manteniendo una jerarquía vertical y estricta en el cumplimiento de las normas.El mundo del recluta El contexto institucional que acoge a los reclutas, requiere para cumplir con sus objetivos, establecer muy nítidamente las nuevas reglas que regirán su desempeño, lo que impone una suerte de barrera entre la experiencia previa de los jóvenes y del nuevo contexto. Esta exigencia requiere que los jóvenes apelen a mecanismos de adaptación que implican la suspensión o el borramiento transitorio de los códigos de relación que reglan su experiencia previa, según su propio contexto social y familiar. Los reclutas llegan al regimiento con una “cultura de presentación” derivada de un “mundo habitual”, un estilo de vida y una rutina de actividades. Ella forma parte de un marco de referencia ubicado en su entorno civil; un grupo de experiencias que conforman una identidad y le permiten un conjunto de mecanismos para enfrentar conflictos y fracasos. Los objetivos propios de la instancia militar que consisten en disciplinas, fortalecer e imponer la obediencia, en la práctica pueden ser fácilmente desbordados, conduciendo en circunstancias extremas a la destrucción de la identidad individual. Si la estadía del recluta es larga puede ocurrir lo que se ha denominado “desculturación” o “desentrenamiento” que lo incapacita temporalmente. El recluta llega al regimiento con una concepción de sí mismo que rápidamente se le despoja. Comienza para algunos, en su gran mayoría una serie de degradaciones, humillaciones. La mortificación es sistemática aunque a menudo no es intencionada. En muchos regimientos se prohíbe al principio recibir visitas o salir en un período determinado, asegurándose así un profundo corte que aísla los roles del pasado y los despoja de ellos. El aislamiento ayuda a formar el grupo de reclutas. Los uniformes se entregan el primer día, quedando excluido el estatus social que ellos tenían en el mundo exterior. Cuando el ingreso es voluntario, el recluta ya se ha separado en parte de su mundo habitual, la institución reprime algo que ya había comenzado a suceder. Se ha descrito en la población de reclutas la presencia de expectativas idealizadas respecto al ámbito militar. Es de suponer que para ello confluyen dos aspectos: las condiciones de vida precaria que caracterizan el entorno socioeconómico de la mayoría de ellos y el carácter idealizado de los mensajes comunicacionales sobre la vida militar. La condición masculina y las múltiples prescripciones culturales que se le asocian, constituye simultáneamente, un estímulo para exigencias extremas por parte de la institución y facilitan la inhibición de los jóvenes para resistir o sustraerse al cumplimiento de las mismas. Este factor que es básicamente cultural, facilita el uso arbitrario de métodos de entrenamiento abusivos y de maltrato físico y/o psicológico. Los procedimientos de admisión y los tests de obediencia pueden considerarse una forma de iniciación, llamada la “bienvenida”, en la que el personal deja sus tareas, para dar al recluta una noción clara de su nueva condición. El someter a un recluta a un castigo físico o moral, es observado por todo el grupo creando la certeza de que la obediencia debe realizarse al costo que sea, ya que de lo contrario será sometido a las vejaciones sufridas por su compañero. Aquí se puede observar límites extremos de mortificación experimental con la intención de crear aprendizaje de sumisión. Estas situaciones de agresiones hacia la persona, desfiguran y refutan en forma violenta la autovalorización anterior que tenía el sujeto de sí mismo. En la sociedad civil, cuando un individuo tiene que aceptar circunstancias y órdenes que ultrajan su concepción de sí mismo, se le concede un margen de expresiones reactivas: gestos de malhumor, ironías, maldiciones entre dientes. Aunque estas reacciones expresivas de autoprotección frente a exigencias humillantes tampoco faltan en el regimiento, los suboficiales u oficiales pueden reprimirlas en el acto, por vía punitiva. Así el recluta aprende a que estas manifestaciones no puedan ser expresadas, ya que será sometido a humillaciones más fuertes para acallar sus expresiones. Debido a estas situaciones aparecen las tendencias a la solidaridad, como las que se manifiestan en la fraternización y en la formación de camarillas, que existen pero que no son frecuentes. El recluta debe adaptarse a este nuevo mundo, con sus normas explícitas e implícitas (Goffman, E., 1988). El recluta utilizará diferentes modos personales de adaptación en las distintas etapas de su permanencia en el regimiento. En primer lugar puede utilizar la “línea de la regresión situacional” que significa conductas infantilizadas, críticas y de obediencia pasiva. Una segunda posibilidad es la “línea intransigente”: el recluta se enfrenta con la institución en un deliberado desafío y se niega abiertamente a trabajar, lo que obviamente suscita respuestas institucionales primitivas en extremo. Otra forma es la “conversión”, con una adaptación total al espíritu institucional, es decir una identificación. Las tácticas mencionadas representan conductas coherentes a seguir, aunque no todos las practican exclusivamente, sino más bien hay un acomodo relativo a cada una de ellas.Eventos traumáticos e impacto psíquico Aun cuando la explicación de la ocurrencia de suicidios requiere considerar simultáneamente los factores biopsicológicos individuales y sociales, sería riesgoso subestimar el impacto de contexto institucionales que por su naturaleza, conllevan un alto potencial traumático. Es sabido, que aun cuando la historia previa de los sujetos indique la presencia de una estructura psíquica vulnerable, el hecho de estar sometido a situaciones de extrema indefensión, opera como desencadenante de patologías severas, y particularmente de la conducta suicida. Los contexto institucionales en los que priman los aspectos señalados, se constituyen entonces en experiencias traumatizantes, cuyas consecuencias psíquicas revisten las siguientes características:1. Estado de inermidad afectiva como consecuencia del desarraigo del contexto familiar y social (especialmente cuando los jóvenes son desplazados a lugares geográficos muy distantes). Esta experiencia aumenta la vulnerabilidad psíquica de los jóvenes y los expone a conductas de extrema incondicionalidad y/o sumisión. El individuo se somete porque la resistencia implica un suplicio mayor. Se trata de una adaptación necesaria y al mismo tiempo enfermante.2. Estado de confusión caracterizado por la imposibilidad de pensar, que se denomina estado de obnubilación (bruma del pensamiento). Si la situación es extrema, se produce un estado de antestesia afectiva y de perplejidad. Lo traumático pierde transitoria o permanentemente su carácter de tal, particularmente en lo que se refiere a la obligación de someterse a entrenamientos físicos extremos. La racionalidad de estos procedimientos se justifica en aras de preceptos indiscutibles. El bien de la patria. La defensa de las fronteras. La defensa de la nacionalidad. La defensa de principios morales ligados a la patria. Así la ética subyacente actúa como un freno a toda conducta o reflexión crítica. De este modo el poder de estos preceptos, particularmente cuando son ligados a la fuerza, la razón y la moral masculinos, puede, finalmente, convertir el entrenamiento más abusivo en algo natural y necesario.3. Síndrome de cosificación, caracterizado por la prevalencia de conductas de encubrimiento; de silenciamiento de abusos a sí mismo o a otros; de sometimiento a la violencia o a la sodomización. Se trata de comportamientos límites para situaciones límites, que obedecen a un recurso primitivo de sobrevivencia a cualquier precio.4. Pérdida de la confianza básica. El impacto traumático más severo ocurre cuando la violencia está mediatizada por otros seres humanos lo que lleva a una pérdida de la ilusión respecto a la naturaleza humana y a la destrucción de la confianza básica. El sujeto se vuelve adicto, totalmente adaptado a la situación externa tal como es, sin alternativa ni posible elección.Comentario Las manifestaciones psíquicas señaladas están en la base de la conducta suicidal. Es importante considerar que aun cuando el intento de suicidio aparezca con características de impulsividad e irracionalidad, siempre existen antecedentes previos vinculados a una decisión tan dramática. Aún más, siempre existen señales previas dadas por el sujeto, conscientemente o no. Siempre es posible descubrir la señal de alarma que proviene del estado de desamparo básico. Es razonable postular que el aumento significativo de suicidios en el ámbito militar se relaciona al menos con dos aspectos:1. La ausencia de una instancia de análisis y control permanente de las metodologías de entrenamiento de modo que no atenten contra la integridad individual y grupal.2. La ausencia de una instancia profesional de apoyo, dirigida a cautelar la salud mental previa al ingreso al servicio militar y las condiciones del contexto en el que se desenvolverá la experiencia dentro de la institución.Ps. Juana Kovalskys S.Ps. María Isabel Castillo V.Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos I.L.A.S.Núñez de Arce 3055 Ñuñoa-SantiagoTeléfonos: 2256231-2234135. Fax: 2232473”“Santiago, 22 de abril de 1998Del Ministro de Defensa Nacional (Guerra)Al señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.1. En consideración a su planteamiento manifestado por el oficio indicado en la referencia 1), sobre posibles maltratos que habrían sido objeto en recintos militares en sus respec-tivas conscripciones los señores Claudio Andrés Vergara Mena, Erick Pascal Rivera Santillán, Víctor Hugo Garrido Garrido, David Enrique Román Calquín y Ángel Gustavo Moreno Flores, el Sr. Ministro de Defensa mediante el documento citado en referencia 2), solicitó al señor Comandante en Jefe del Ejército aportara todos los antecedentes que existieran acerca de los mencionados soldados conscriptos.2. Sobre el particular, de acuerdo a lo informado por el Ejército, cumplo con manifestar a US. lo siguiente:a) En relación a los soldados conscriptos Claudio Vergara Mena y Erick Rivera Santillán, se puede manifestar que ambos desde sus inicios cumplieron con las actividades propias del régimen interno de la Unidad, tales como. traslado al Regimiento, recepción de vestuario, conocimiento del cuartel, como asimismo, se les otorgó tiempo suficiente para escribir a sus familiares con el propósito de mantener una fluida comunicación con éstos. Posteriormente a las actividades desarrolladas, con fecha 5 de abril de 1998, aproximadamente a las 19.30 hrs. el personal de la Unidad detectó la ausencia de los SLC Vergara y Rivera. Al día siguiente, se tomó contacto con los familiares del SCL Vergara, quienes manifestaron que se encontraba en Iquique, con buen estado de salud, presentando un dolor de espalda por haber sido golpeado, lo que era falso producto de las averiguaciones efectuadas en la Unidad. Luego, se constató que el mencionado SLC Rivera se encontraba arrepentido de su actitud y que solicitaba un traslado a una Unidad de la Guarnición de Santiago por motivos particulares. Esto último se materializó por parte de la madre, a quien se le indicó que el traslado era factible previo regreso a la Unidad, ofreciéndole los pasajes y cancelación de gastos para ella. Finalmente cabe señalar que el día 9 de abril del presente año, su tía manifestó que su sobrino tendría una reunión con el Diputado Tuma junto a su madre.b) En relación al SCL Rivera, se tomó contacto con sus familiares, quienes se sorprendieron por la actitud de éste y que incluso con fecha 5 de abril habría informado que se encontraba bien y sin problemas. Su padre era partidario de que regresara a la Unidad comprometiéndose a contactarse con ésta, una vez que su hijo llegara a su domicilio. Cabe hacer presente, que durante las 43 horas que permanecieron los SLC Vergara y Rivera en la Unidad, 29 fueron destinadas a reposo, alimentación y escritura de correspondencia, siendo todas estas actividades de régimen interno las que fueron destinadas a la distribución de diferentes cargos, los que dada su naturaleza, dificulta en gran medida la materialización de los hechos denunciados, puesto que sobre esta actividad existe un control directo por parte de los diferentes mandos de la Unidad. Resumiendo y conforme a los antecedentes expuestos por el Ejército, se concluye que la denuncia de maltrato formulada por los soldados conscriptos Vergara y Rivera, no corresponde a la realidad de los hechos; sin embargo, siempre existió por parte de la Institución otorgar un adecuado cuidado y control de los soldados que recién inician su Servicio Militar.3. Con respecto a los SLC Ángel Moreno Flores y David Román Calquín se señala que:a) El 29 de noviembre de 1997, en circunstancias que el SLC Moreno hacía uso de su permiso de franco, sufrió un grave accidente lo que le ocasionó una “asfixia por inmersión”, este hecho debido a que no ocurrió en un acto determinado del servicio, no se instruyó una Investigación Sumaria Administrativa (ISA); sin embargo, la Unidad a la cual pertenece el SLC Moreno ha realizado acciones tendientes a ir en ayuda del citado conscripto, tales como: pasajes a familiares, ayuda en dinero, traslado en avión al Hospital Militar, compra de silla de ruedas, etc. Es dable señalar, que el período de conscripción de su promoción finaliza el 31 de mayo de 1998, fecha en la cual la Institución deja de asumir los gastos que demande la recuperación del SLC Moreno.b) En lo concerniente al SLC Román, éste fue acuartelado el 1º de abril de 1998, presentando en fecha posterior un problema socio-económico, situación que no hizo presente a la comisión seleccionadora de contingente en Santiago. Al respecto, las autoridades del Regimiento Nº 4 Rancagua de Arica, entrevistaron al afectado y tomaron contacto con sus familiares, los cuales respondieron que éste debería realizar su Servicio Militar, lo que a la fecha se sigue cumpliendo.4. Por último, en lo que dice relación con el ciudadano Víctor Garrido Garrido, se informa a US. que dicha persona no es miembro de la Institución, como tampoco se encuentra realizando el Servicio Militar.5. Considerando lo anteriormente expuesto y para los fines que estime pertinentes, el Ministro de Defensa, ha resuelto informar a esa honorable Cámara de Diputados, detalladamente los casos de los soldados conscriptos en cuestión, solicitando a US. tenga a bien disculpar la inasistencia del Ministro de Defensa por cuanto había contraído compromisos ineludibles con anterioridad. Saluda a US., Por O. del Sr. Ministro (Fdo.): MARIO FERNÁNDEZ BAEZA, Subsecretario de Guerra”.Distribución.1. Honorable Cámara de Diputados.2. SSG. Of. Partes.3. SSG. depto. II/24. SSG. Kardex”.Proposiciones del Diputado Eugenio Tuma al Informe de la Comisión de Derechos Humanos, encargada de investigar las denuncias por maltratos a conscriptos que cumplen con el Servicio MilitarI. Consideraciones generales: Llama la atención que el estudio del informe en comento, no incorpore en la discusión la experiencia comparada en materia promoción y defensa de los derechos humanos de los jóvenes y conscriptos. Cabe recordar que la tarea encomendada por la honorable Cámara a la Comisión está centrada en la protección de los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida que ha sido puesto en riesgo al interior de los cuarteles. Los análisis técnicos y jurídicos de la conscripción fueron abordados por la Comisión de Defensa, por lo cual el centro de preocupación de la Comisión de Derechos Humanos en su estudio refiere a las condiciones de maltrato y los actos de suicidio acaecidos en los cuarteles, situaciones que han causado preocupación en la comunidad nacional y que cuestionan, dado su gravedad, la naturaleza del servicio militar obligatorio, respecto a la protección de los derechos humanos. Es notoria la ausencia de antecedentes o referencias en la discusión a materias relacionadas con los derechos de los conscriptos, como por ejemplo el resguardo de la privacidad de la correspondencia, del acceso a sus lugares de origen, sistemas de salidas y respeto y prácticas del culto religioso.Propuesta de temas a incluir en las conclusiones:1. De los antecedentes del informe se desprende que el actual sistema de servicio militar obligatorio no resguarda debidamente los derechos fundamentales de los conscriptos.2. El servicio militar obligatorio constituye una tensión sobre aquellos jóvenes que no comparten los principios del mundo militar basado en sus opciones de conciencia o simplemente en su no deseo de participar en el adiestramiento bélico.3. En este sentido, “el contexto” del servicio militar, puede actuar como un factor gatillante de perturbaciones en el comportamiento de los jóvenes particularmente de quienes presentan mayor vulnerabilidad psicosocial. Esta situación se agrava por la falta de recursos profesionales e institucionales que existe en los institutos armados para evaluar las condiciones psicológicas y sociales de los conscriptos, como asimismo para atender y canalizar profesionalmente las situaciones de extrema tensión física o psíquica y el abuso del cual pueden ser objeto.4. Si bien es cierto que la legislación general y las normas específicas que regulan la conducta militar, sancionan los malos tratos y aplicación de violencia, los hechos demuestran que la existencia de la normativa no es suficiente para proteger los derechos básicos de los conscriptos. Por lo anterior, vengo en presentar las siguientes propuestas para ser consideradas por la Comisión de Derechos Humanos:1. Proponer al gobierno el estudio de la implementación de una modalidad alternativa para cumplir con la obligación militar para las personas que cursan estudios superiores, son jefes de hogar, realizan servicios comunitarios o tienen una opción de conciencia incompatible con la conscripción.2. Establecer comisiones multidisciplinarias permanentes en las instituciones armadas orientadas a la evaluación psicológica, socioeconómica y médica de los futuros conscriptos y a la fiscalización del cumplimiento de las normas que garantizan el buen trato de los conscriptos.3. Eximir de la obligación del servicio militar a todos los jóvenes que tengan vínculos familiares consanguíneos o por afinidad con personas víctimas de atropellos a los derechos humanos consignadas en el informe Rettig.4. Proponer la creación del estatuto de recluta, normativa que compile las disposiciones reglamentarias que regulan la disciplina en los cuarteles y establezca con claridad los derechos de los reclutas y los procedimientos e instancias de reclamo en caso de ser afectados por los superiores. En dicha normativa se debiera contener las siguientes materias:a) Facilidades para el cumplimiento de los preceptos religiosos.b) Resguardo de la intimidad personal.c) Resguardo y garantías de la inviolabilidad de la correspondencia.d) Asistencia de salud y cobertura de seguridad social bajo todo evento.e) Garantizar el derecho de los familiares a disponer de información expedita y oportuna sobre el estado de salud de los conscriptos y de la situación reglamentaria en caso de aplicación de medidas disciplinarias.f) Garantizar el derecho a petición e interposición de recursos administrativos y judiciales por parte de los reclutas.g) Garantizar el derecho a dirigirse a la autoridad, (Defensor de los Derechos de los reclutas) para comunicar irregularidades o violaciones a sus derechos, ello con resguardo de la identidad y de su integridad personal.5. Proponer al gobierno la creación del defensor de los derechos de los reclutas u Ombudsman para asuntos castrenses. Esta figura funciona en países como Alemania, donde existe un Ombudsman castrense a quien corresponde conocer las denuncias de los conscriptos cuando éstos sienten que sus derechos fundamentales son vulnerados, como asimismo cuando los superiores transgreden los reglamentos disciplinarios o aplican obligaciones que trascienden el ámbito de las tareas propiamente castrenses. 5.1. Carácter de esta autoridad: El defensor de los derechos de los reclutas debe ser una autoridad competente constituida en una Comisión, que preside el Ombusdman y la integran un representante de cada rama de las Fuerzas Armadas. Este organismo deberá conocer las denuncias y solicitudes de investigación sobre malos tratos, abusos o infracciones al reglamento de disciplina militar que vulneran los derechos de los reclutas. El Ombusdman sería autoridad nombrada por el Presidente de la República, cuya designación recaería en un ex ministro de corte, con dependencia directa del Ministro de Defensa. Para el ejercicio de sus competencias y el cumplimiento de sus funciones, se relacionaría con la Dirección General de Reclutamiento. Los integrantes de la Comisión serán propuestos por los respectivos Comandantes en Jefes, nombrados por el Presidente de la República y la designación recaerá en ex oficiales, abogados, quienes hayan desempeñado funciones en el ámbito jurídico castrense. 5.2. Funciones del Defensor de los Derechos de los Reclutas.a) Recibir e investigar las denuncias de los reclutas sobre excesos de violencia militar.b) Velar por el resguardo de los derechos de los denunciantes, quienes deben estar protegidos respecto de su identidad mientras se inicia el proceso.c) Asumir la defensa de los reclutas ante las instancias castrenses.d) Poner en conocimiento de las autoridades civiles y militares de los hechos investigados, particularmente ante los tribunales de justicia.e) Finalizar el cumplimiento del reglamento de disciplina militar.f) Conocer los recursos administrativos y judiciales que interponen los reclutas.g) Sugerir a las autoridades respectivas la adopción de las medidas pertinentes para proteger la integridad y seguridad de aquellos reclutas que se vean amenazados en ejercicio de sus derechos. (Fdo.): EUGENIO TUMA, Diputado de la República”.4. Moción del Diputado señor Ulloa. Modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, con el objeto de prohibir a los camiones usar carros y remolques. (boletín Nº 2193-15) La Constitución Política asegura a todas las personas en su artículo 19 Nº 7 letra a) la libertad de movimiento, a condición de que se ejerza en conformidad a las normas legales. Sin embargo, la misma Constitución establece como límite a dicha garantía que su ejercicio no perjudique a terceros. Esta limitante constitucional se basa, respecto del tránsito vehicular, en la protección de la vida e integridad física de las personas. En este contexto, las cifras revelan un sostenido aumento del parque automotor en nuestro país. Lamentablemente el aumento del parque automotor ha significado también un aumento de los accidentes de tránsito, mucho de los cuales han sido causados por vehículos de gran peso con lo que además aumenta el riesgo de muertes en dichos accidentes. Es así que en el año 1997 se produjeron más de 5.000 accidentes de tránsito protagonizados por camiones que contaban con remolques anexados a sus estructuras, accidente que significaron una irreparable pérdida de vidas humanas, lesiones y daños en general. Con el objeto de proteger la vida y la integridad física de las personas, consideramos necesario introducir a la ley de Tránsito la prohibición de que los camiones anexen a su estructura principal carros y remolques, ya que esta situación aumenta considerablemente el riesgo de accidente de tránsito con los resultados descritos. Por tal motivo el alcance de la prohibición sólo afecta a camiones, que por su propia estructura están protegidos de un modo importante frente a la fragilidad que presenta la estructura de vehículos menores y por ello frente a una colisión entre ambos, son muy escasas, sino remotas, las posibilidades de que en el vehículo menor sobrevivan sus ocupantes o salgan ilesos. En todo caso, debe tenerse en consideración que esta limitación a la libertad de movimiento no afecta dicha garantía en su esencia, ni es una condición que impida su libre ejercicio. Por estas razones, sometemos a consideración del Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley:PROYECTO DE LEY Artículo único.- Agréguese a la ley Nº 18.290, ley de Tránsito, el siguiente artículo 62 bis: Artículo 62 bis: “Los vehículos destinados al transporte de carga cuyo peso bruto vehicular sea igual o superior a 3.500 kilogramos no pueden contar con remolque y semirremolque anexos a los incorporados originalmente a dichos vehículos”. La presente modificación entrará a regir 36 meses después de su publicación en el Diario Oficial”.