REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 338ª, ORDINARIASesión 10ª, en jueves 18 de junio de 1998(Ordinaria, de 10.42 a 13.53 horas)		Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg,		y de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONESÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	FÁCIL DESPACHO	VI.-	ORDEN DEL DÍA	VII.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VIII.-	INCIDENTES	IX.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	X.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I. 	Asistencia		7	II. 	Apertura de la sesión		9	III. 	Actas		9	IV. 	Cuenta		9		Autorización a Comisiones para sesionar en forma simultánea con la Sala		9	V.	Fácil Despacho. 	-	Modificación del artículo 15 del Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados		9	-	Modificaciones a los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo.   Segundo trámite constitucional		10	VI.	Orden del Día. 		Prórroga de vigencia de los avalúos de bienes raíces agrícolas. Primer trámite constitucional		12	VII.	Proyectos de acuerdo. 		Medidas en favor de Penco		34	VIII.	Incidentes. 	-	Información sobre dieta calórica en la alimentación de los colegios municipalizados. Oficio		37	-	Dictación de reglamento sanitario establecido en la Ley de Pesca. Oficio		38	-	Intromisión indebida de autoridad ministerial en club deportivo Quintero Unido. Oficio		39	-	Información sobre construcción de tramo Santiago-Talca de la ruta 5 Sur. Oficio		40	-	Falta de recursos en los servicios de salud primaria de Curicó. Oficio		41	-	Irregularidades en enajenación de terrenos fiscales en la Segunda Región. Oficios		41	-	Precisiones sobre ámbito y alcances del fuero parlamentario		41	-	Respuesta gubernamental a planteamientos de la comunidad de Arica. Oficios		55	-	Consecuencia y realismo en soluciones a los problemas del sector agrícola. Oficio		55	-	Aplicación inequitativa de la ley Nº 19.553 a funcionarios de la Superintendencia de electricidad y combustibles. Oficios		56Pág.	-	Recursos para construcción de unidad de neurosiquiatría en hospital de Chillán. Oficio		57	-	Labor de Comisiones Especiales de la Cámara en prevención de consumo de drogas		59	-	Maltrato a conscriptos en regimiento de Puerto Montt. Oficio		60	-	Reajuste adeudado al magisterio. Oficio		61	-	Recursos para construcción de canal de riego y para programas de agua potable rural de la Novena Región de la Araucanía. Oficio		62	-	Mayores recursos para el hospital clínico regional de Concepción. Oficios		62	IX.	Documentos de la Cuenta. 	-	Oficios y antecedentes del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos:	1.	Modifica el Código de Procedimiento Civil fijando cuantías que indica en unidades tributarias mensuales. (boletín N° 1935-07)		65	2.	Reduce el monto de la multa para apelar en causas de juzgados de policía local. (boletín N° 2052-07)		66	3.	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión mixta constituida para resolver las divergencias producidas en la tramitación del proyecto que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. (boletín N° 1873-14)		66	4.	Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha aprobado las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados al proyecto que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Limache, en memoria de doña Palmira Romano Piraíno. (boletín N° 1660-04)(S)		67	-	Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos iniciados en mociones:	5.	Modifica la letra k) del artículo 3° de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar, estableciendo que el recurso de apelación se conceda en ambos efectos. (boletín N° 2046-07)(S)		67	6.	Modifica el inciso tercero del artículo 473 del Código del Trabajo, relativo al plazo dentro del cual las Cortes de Apelaciones deben devolver los expedientes al tribunal de origen para el cumplimiento de las sentencias. (boletín N° 2045-07)(S)		68	7.	Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que prorroga la vigencia de avalúos de bienes raíces agrícolas. (boletín N° 2175-01)		70	8.	Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca recaído en el proyecto que prorroga la vigencia de avalúos de bienes raíces agrícolas. (boletín N° 2175-01)		72Pág.	9.	Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copias autorizadas de las sentencias recaídas en los proyectos que disponen la restitución de los bienes confiscados y adquiridos por el Estado y el que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención y dicta normas de protección a los derechos del ciudadano. (boletines N°s 378-12 y 914-07)		78	X.	Otros documentos de la Cuenta	1.	Oficios: -De la Comisión Especial para el Desarrollo del Turismo, por el cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 229 y 235, del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidenta a la Diputada señora Prochelle, doña Marina.-De la Comisión Especial sobre el Problema de la Droga, por el cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 229 y 235, del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidenta a la Diputada señora Soto, doña Laura. Contraloría General de la República-De los Diputados señores Velasco, Letelier, don Juan Pablo; Muñoz, don Pedro; Ávila, Hales, Ojeda, Recondo e Ibáñez, compatibilidad de cargos que señala.Ministerio del Interior-Del Diputado señor Molina, financiamiento de obras en población Nuevo Amanecer, comuna de Illapel.-Del Diputado señor Navarro, reclamaciones territoriales de comunidades mapuches.-De los Diputados señores Pablo Galilea y Lorenzini, información estadística y electoral de cada una de las regiones del país.-De la Corporación, reporte estadístico comunal 1997.Ministerio de Relaciones Exteriores-De la Diputada señora Prochelle, doña Marina, y de los Diputados señores Aguiló, Sánchez y Ceroni, exposición permanente de personas a pesticidas.-De los Diputados señores Urrutia, Masferrer, Fossa, Leay, Bertolino, Van Rysselberghe, Rojas, Hales, Delmastro y Comité del Partido Demócrata Cristiano, monumento denominado “Cristo de la Paz”.Ministerio de Hacienda-De los Diputados señores Leay, Prokurica y de las Diputadas señoras   Muñoz, doña Adriana, y Pérez, doña Lily, suspensión de procesos por no pago de IVA.-Del Diputado señor Vargas, procedimiento para la aplicación del D.S.    Nº 877 del 11 de abril de 1997.-De la Corporación, anteproyecto de ley que favorece a los Cuerpos de Bomberos.-De la Corporación, presupuesto de la Corporación de Desarrollo Indígena.Ministerio de Agricultura-Del Diputado señor Masferrer, deudas y créditos otorgados por Indap en la VI Región.Ministerio de Minería-Del Diputado señor Rojas, cesantía en Taltal.Ministerio de Salud-Del Diputado señor Melero, servicios de emergencia.Ministerio Secretaría General de la Presidencia-Del Diputado señor Navarro, planta de celulosa en las cercanías de la población Nueva Aldea, provincia de Ñuble.I. ASISTENCIA-Asistieron los siguientes señores Diputados: (70)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Alvarado Andrade, Claudio	IND	X	58Ascencio Mansilla, Gabriel	PDC	X	58Ávila Contreras, Nelson	PPD	V	11Bartolucci Johnston, Francisco	UDI	V	13Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Caminondo Sáez, Carlos	RN	X	54Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Cornejo González, Aldo	PDC	V	13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio	PDC	V	11Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Delmastro Naso, Roberto	IND	X	53Díaz Del Río, Eduardo	DEL SUR	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Elgueta Barrientos, Sergio	PDC	X	57Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Fossa Rojas, Haroldo	RN	VIII	46Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52García Ruminot, José	RN	IX	50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UCCP	VI	32González Román, Rosa	IND	I	1Gutiérrez Román, Homero	PDC	VII	37Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Saffirio, Miguel	PDC	IX	49Huenchumilla Jaramillo, Francisco	PDC	IX	50Ibáñez Santa María, Gonzalo	IND	V	14Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jiménez Villavicencio, Jaime	PDC	RM	31Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19Letelier Morel, Juan Pablo	PS	VI	33Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	30Martínez Ocamica, Gutenberg	PDC	RM	21Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Monge Sánchez, Luis	IND	IX	48Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Muñoz Aburto, Pedro	PS	XII	60Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Núñez Valenzuela, Juan	PDC	VI	34Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Orpis Bouchón, Jaime	UDI	RM	25Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Palma Irarrázaval, Andrés	PDC	RM	25Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Prochelle Aguilar, Marina	RN	X	55Prokurica Prokurica, Baldo	RN	III	6Reyes Alvarado, Víctor	PDC	X	56Rincón González, Ricardo	PDC	VI	33Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Rocha Manrique, Jaime	PRSD	VIII	46Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sánchez Grunert, Leopoldo	PPD	XI	59Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soria Macchiavello, Jorge	PPD	Y	2Soto González, Laura	PPD	V	14Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Urrutia Cárdenas, Salvador	PPD	I	1Valenzuela Herrera, Felipe	PS	II	4Van Rysselberghe Varela, Enrique	UDI	VIII	44Velasco De la Cerda, Sergio	PDC	V	15Venegas Rubio, Samuel	IND	V	15Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Jaime Naranjo Ortiz.II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTAS	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 5ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 6ª queda a disposición de los señores diputados.IV. CUENTA	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR EN FORMA SIMULTÁNEA CON LA SALA.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ayer las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Constitución, Legislación y Justicia solicitaron autorización para sesionar simultáneamente con la Sala. El Diputado señor Moreira ha reiterado la petición.	Por lo tanto, solicito autorización de la Cámara para que estas Comisiones puedan sesionar en forma simultánea con la Sala.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	Para un mejor funcionamiento, sugiero que las votaciones que deban efectuarse, se realicen al término del Orden del Día.	¿Habría acuerdo?	Acordado.V. FÁCIL DESPACHOMODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo que modifica el artículo 15 del Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados.	Diputada informante de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento es la señora Marina Prochelle. 	Antecedentes:	Moción, boletín Nº 2187-16, sesión 8ª, en 16 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 6.	-Informe de la Comisión de Régimen Interno, sesión 9ª, en 17 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 6.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante.	La señora PROCHELLE (doña Marina).- Señor Presidente, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar el proyecto de acuerdo, iniciado en una moción de la Diputada señora Adriana Muñoz y del Diputado señor Gutenberg Martínez, que tiene como idea matriz la modificación del artículo 15 del Estatuto del Personal, con el objeto de permitir que determinados profesionales del área contable puedan acceder a cargos de mayor jerarquía.	En el seno de la Comisión de Régimen se debatió apasionadamente el tema, porque se defendió la carrera funcionaria de quienes trabajan en la Corporación y, al mismo tiempo, se analizó la necesidad de establecer requisitos de perfeccionamiento y de capacitación para un mejor desempeño de los funcionarios de esta importantísima área.	La práctica y la experiencia de estos años nos indican que quienes trabajan en el Departamento de Finanzas son personas de alto rendimiento, de la mayor sensibilidad y de una discreción a toda prueba, condiciones necesarias para el mejor desempeño y atención de los señores diputados y funcionarios de la honorable Cámara.	En la discusión particular del proyecto, los señores diputados aprobaron, por unanimidad, la propuesta de la señora Muñoz, doña Adriana, y del señor Martínez, don Gutenberg, en el sentido de fijar los nuevos requisitos que, fundamentalmente, permiten acceder a funcionarios de la Tesorería a los más altos cargos del escalafón, como Director de Finanzas, Director de Presupuesto, Profesional 1º y Director de Remuneraciones.	Además, mediante una indicación, se propuso otorgar la posibilidad de realizar cursos de capacitación a los funcionarios con el título de contador general o contador público que accedan a estas altas jerarquías.	En definitiva, la Comisión aprobó, por unanimidad, la proposición, haciéndose presente que se debe valorar altamente la experiencia de los funcionarios al interior de la Corporación. Por lo tanto, se exige un mínimo de años de servicios prestados en ella, máxime si existe la experiencia de que personas contratadas por la Cámara con grandes currículos no han rendido lo esperado.	El proyecto modifica el artículo 15 del Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados en los siguientes términos. Se agrega en la letra a) de los requisitos establecidos para el cargo de Director de Finanzas, a continuación de las palabras “contador auditor” las expresiones “o contador público o contador general”.	El mismo requisito se establece al incluir, luego de las palabras “contador auditor” las expresiones “o contador público o contador general”, para los casos del Jefe de Finanzas, del Jefe de Presupuestos, Jefe de Remuneraciones y Profesional 1º.	En el número 5 se agrega que para desempeñar estos cargos será necesario que quienes posean el título de contador público o general, deberán tener, además, una antigüedad de 10 años en la Corporación y haber efectuado cursos de perfeccionamiento de contabilidad gubernamental, administración y finanzas públicas, impartidos, obviamente, por institutos de Educación Superior del Estado o reconocidos por éste. Para el cargo de Director de Finanzas, la antigüedad mínima se estableció en 15 años.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	En votación.	Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.	Aprobado.MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Segundo trámite constitucional.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo que aprueba las modificaciones de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo.	Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Edgardo Riveros.	Antecedentes:	-Proyecto del Senado, boletín Nº 1689-10 (S), sesión 35ª, en 20 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1.	-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 9ª, en 17 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 4.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.	El señor RIVEROS.- Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto de acuerdo relativo a las modificaciones de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo y las Reglas de Financiación anexas a dichos Estatutos.	La Organización Mundial del Turismo es un organismo intergubernamental, con sede en Madrid, España, que se rige por sus estatutos y reglas de financiación. En octubre de 1997 la integraban 133 Estados, incluido Chile, más otros cinco en calidad de asociados.	Los estatutos de la Organización Mundial del Turismo y sus reglas anexas tienen el valor jurídico de un tratado internacional. Por ello, nuestro país los ha ratificado después de haberlos aprobado legislativamente y los ha incorporado en su ordenamiento interno.	Los estatutos determinan la constitución, sede, fines, integración, órganos, presupuesto, capacidad jurídica y privilegios e inmunidades, y las reglas de financiación se refieren a su presupuesto y a las contribuciones que deben hacer los Estados miembros a los gastos de la organización.	La Organización Mundial del Turismo tiene como objetivo fundamental promover y desarrollar el turismo, con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad, el respeto universal y la observancia de los derechos humanos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión.	El órgano supremo y plenario es la asamblea general, que se reúne cada dos años y que tiene la atribución de modificar los Estatutos y sus reglas anexas.	Así, en sus reuniones celebradas en 1979, 1981, 1983 y 1987, adoptó las modificaciones objeto de este informe.	La próxima asamblea general de la OMT se celebrará en 1999, en Chile, oportunidad en la que se espera que participen los 133 Estados miembros y los cinco asociados, con la asistencia de mil doscientos delegados, aproximadamente. En la misma fecha se celebrará el día mundial del turismo, lo que le dará resonancia política especial al país sede del evento.	Las modificaciones de los estatutos de la OMT tienen los siguientes propósitos:	-Agregar el árabe entre las lenguas oficiales de la organización. Actualmente, lo son el español, el francés, el inglés y el ruso.	-Reemplazar al Gobierno de Suiza, originalmente designado depositario provisional, por el de España, que pasa a ser depositario definitivo.	-Reconocer a España, estado huésped de la OMT, el derecho a integrar el consejo ejecutivo de la organización.	Por otra parte, las modificaciones de las reglas de financiación tienen los siguientes propósitos:	-Establecer que un Estado miembro moroso, por un año o más, en el pago de sus contribuciones al presupuesto de la OMT, dejará de ser parte del consejo ejecutivo y no podrá ejercer función alguna en el seno de los órganos de la asamblea general.	-Autorizar un recargo del 2 por ciento por atrasos injustificados en el pago de dichas contribuciones.	-Fijar los plazos en los que los Estados miembros deben pagar sus contribuciones.	La Comisión de Relaciones Exteriores acordó, por unanimidad, solicitar a esta Sala la aprobación del proyecto de acuerdo, en los mismos términos en que lo hizo el Senado de la República.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	La votación queda pendiente para el término del Orden del Día, tal como lo acordáramos.	El señor ROCHA.- ¿Por qué no consulta si existe unanimidad para aprobarlo, señor Presidente?	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo aprobatorio de las modificaciones de los estatutos de la OMT.	Aprobado.	Despachado el proyecto.VI. ORDEN DEL DÍAPRÓRROGA DE VIGENCIA DE LOS AVALÚOS DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS. Primer trámite constitucional.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que prorroga la vigencia de los avalúos de bienes raíces agrícolas.	Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca es el señor Miguel Hernández.	Antecedentes:	-Mensaje, boletín Nº 2175-01, sesión 1ª, en 2 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1.	-Informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 7 y 8, de esta sesión.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.	El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca pasa a informar acerca del proyecto de ley, ingresado a tramitación legislativa el 2 de junio del presente año y originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que prorroga la vigencia de avalúos de bienes raíces agrícolas.	Para el despacho de esta iniciativa legal, el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia, calificándola de suma, en todos sus trámites constitucionales, incluidos los que le correspondiere cumplir al honorable Senado.	La idea matriz que inspira la proposición de esta iniciativa legal es prorrogar la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas vigentes al 30 de junio de 1998 hasta el 30 de junio de 1999 y postergar, a contar del 1º de julio del presente año al 1º de julio de 1999, la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.	Según se expresa en el mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, este proyecto se fundamenta en la actual condición del sector agrícola, afectado tanto por agentes climáticos y catástrofes en algunas regiones como por factores externos vinculados a la situación de la economía a nivel internacional durante el presente año, por lo que resulta altamente inconveniente aplicar nuevos avalúos en la fecha prevista en la ley Nº 19.468. En efecto, ello importaría aumentar la carga impositiva sobre el patrimonio, desatendiendo los problemas enfrentados por el sector y la baja productividad derivada de los mismos. 	Destaca el mensaje que esta prórroga será aplicable a 161.538 propiedades agrícolas, cuyo avalúo actual supera 1.649.182 pesos y beneficiará a 48.656 agricultores acogidos al sistema de renta presunta, por tener rentas anuales menores a ocho mil UTM.	Esta iniciativa legal consta de un artículo único que, como ya se dijo, prorroga hasta el 30 de junio de 1999 la vigencia de los avalúos de bienes raíces agrícolas que regían al 30 de junio de 1998, fijando, a contar del 1º de julio de 1999, la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.	La Comisión determinó, por unanimidad, que este proyecto de ley no contiene artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.	Durante la discusión general de esta iniciativa, la Comisión escuchó a los señores Rodrigo Durán López, Subdirector de Evaluación del Servicio de Impuestos Internos, y a Carlos Orrego Acuña, Jefe del Departamento de Catastro y Tasaciones del mismo Servicio.	Además, se recibió una declaración pública efectuada por el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.	En relación con lo preceptuado en el artículo 220 del Reglamento, el Presidente de la Comisión, con el asentimiento unánime de la misma, determinó que este proyecto de ley requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.	Durante la discusión general se contó con la opinión, como ya se dijo, de funcionarios de Impuestos Internos, quienes, en su parte más interesante, expusieron lo siguiente:	“La ley aprobada durante 1996, que aún se encuentra vigente, establece que el reavalúo de los bienes raíces agrícolas debe comenzar a regir a contar del 1º de julio del presente año. En relación con las cifras generales, en el caso de los predios agrícolas, alcanzan, según datos del Servicio de Impuestos Internos, a unas 550 mil propiedades agrícolas, de las cuales 161 mil pagan contribuciones, representando estas propiedades un 14 por ciento del total del país, lo que significa que el resto corresponde a propiedades no agrícolas.	“En cuanto al rendimiento del impuesto territorial por concepto de propiedades agrícolas, alcanza anualmente a 30.125 millones de pesos, lo que equivale a un 12,35 por ciento del giro total de contribuciones de bienes raíces. Por tal razón, atendiendo a la serie de catástrofes que han azotado a algunas regiones de nuestro país y, por otro lado, a la menor demanda de productos agrícolas que acontece debido a la crisis internacional, el Gobierno decidió postergar nuevamente el reavalúo agrícola por un año”.	En relación con otros factores que afectan en general a los avalúos fiscales, se ha dicho que la retasación es un proceso que busca encontrar una estructura relativa de avalúos fiscales que guarde relación con los avalúos de mercado y acercarlos unos con otros, porque se ha visto, en la práctica, que los valores comerciales de las propiedades han subido mucho más que la variación del IPC. Según estudios del Servicio de Impuestos Internos, los avalúos fiscales, a nivel nacional, debieran subir en el orden de 2,5 veces.	El Servicio no cuenta este año con cifras actualizadas, dado que el Gobierno decidió postergar esta retasación, lo que no permitió realizar un cálculo del nuevo avalúo fiscal propiedad por propiedad, pero según cifras de 1996, que indican que los avalúos fiscales debieran haber subido en el orden de 2,5 veces, lo mismo debió haber sucedido con el valor de las rentas presuntas, el cual se encuentra afecto con el impuesto de primera categoría.	En términos del impacto al impuesto territorial, las cifras son del orden de lo manifestado por la Asociación Chilena de Municipalidades -esto, según los funcionarios de Impuestos Internos-, por cuanto el Servicio no cuenta con una cifra exacta para el presente año; pero, en relación con el impuesto territorial, se estaría alrededor de los 10 mil millones de pesos. Esto corresponde a un impuesto fiscal de beneficio municipal, no obstante que la atribución legal de modificar esta ley tributaria le corresponde al Ejecutivo.	Por otro lado, se llevó a cabo un proceso masivo de los bienes raíces no agrícolas, desde el segundo semestre del año 1995 a la fecha, lo que ha permitido generar recursos adicionales a los municipios. En el caso del reavalúo agrícola, se afecta con una postergación tanto al impuesto territorial como a las arcas fiscales, ya que éste sirve como base para la renta presunta en la determinación del impuesto de primera categoría y global complementario.	Los reavalúos agrícolas vienen prorrogándose desde el año 1989. Lo que se ha estado haciendo en la ley es postergar la aplicación del reavalúo sin que sea necesario que en la nueva retasación deba realizarse un nuevo proceso de declaraciones. En relación con esto, se puede agregar que se efectuó la misma operación con los reavalúos de los bienes raíces no agrícolas, para lo cual se llevó a cabo un proceso de declaración masiva denominado “Normalización de los catastros de las propiedades no agrícolas”. Posteriormente, se hicieron postergaciones hasta el momento de realizar la aplicación del reavalúo no agrícola, lo que es semejante a lo que se hizo en la agricultura en el año 1992. En este caso, además, en el artículo se está proponiendo que el Servicio de Impuestos Internos pueda eximir de la obligación de presentar esta declaración a los contribuyentes o a parte de ellos para simplificar el proceso.	En relación con la carta enviada por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, cabe destacar lo siguiente. Su punto 2º dice textualmente que la postergación que implica este proyecto de ley “significa que dineros que debían ingresar a las municipalidades este año no ingresarán por esta decisión unilateral del Gobierno Central, afectando a la totalidad de los municipios chilenos con el aporte de estas contribuciones al Fondo Común Municipal, en especial a los municipios rurales, que deben recibir el 40 por ciento de estos fondos. Esto se debe a que el 60 por ciento de lo recaudado por concepto de reavalúo ingresa en un plazo no mayor de 30 días al Fondo Común Municipal”.	En el punto 3º, esta carta expresa textualmente: “Debemos recordar que el último reavalúo agrícola se efectuó en 1980 y desde entonces los municipios rurales del país han visto crecer la demanda social y las necesidades del sector, sin apoyo de recursos adicionales por este concepto de parte del Fisco. Ello significa que una vez más se utilizan los recursos municipales para solucionar diversos problemas, esta vez del agro chileno”.	Esto es, en síntesis, lo que escuchamos y recibimos como documentación y comentario respecto del proyecto.	Durante su votación en general no hubo una opinión disidente respecto de lo propuesto por el Ejecutivo, y en la discusión en particular también se procedió a aprobarlo por unanimidad.	En definitiva, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca recomienda aprobar este proyecto, que en su artículo único expresa:	“Prorrógase hasta el 30 de junio de 1999, con sujeción a las normas de la ley Nº 17.235, la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que rijan al 30 de junio de 1998 y fíjase a contar del 1 de julio de 1999 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.	“Para la fijación de los nuevos avalúos, el Servicio de Impuestos Internos podrá eximir de la obligación de presentar la declaración a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 17.235, a todos los contribuyentes o a una parte de ellos”.	Es cuanto puedo informar.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Para entregar el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en reemplazo del Diputado señor Pablo Lorenzini, paso a informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, el proyecto que prorroga la vigencia de avalúos de bienes raíces agrícolas.	La iniciativa tiene su origen en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa. Desde 1990 a la fecha es la sexta vez que se solicita esta prórroga.	El propósito de la iniciativa consiste en prorrogar la vigencia de los actuales avalúos agrícolas vigentes al 30 de junio de 1998 hasta el 30 de junio de 1999, y postergar del 1º de julio del presente año al 1º de julio de 1999 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen, como una manera de evitar el aumento de la carga impositiva que afecta al sector agrícola -así lo plantearon en la Comisión diferentes parlamentarios que representan distritos rurales-, el que pasa por un período difícil como consecuencia de fenómenos climáticos adversos y factores externos vinculados a la situación económica internacional.	En los antecedentes del mensaje se señala que la prórroga será aplicable a 161.538 propiedades agrícolas cuyo avalúo actual supera 1.649.182 pesos y beneficiará a 48.656 agricultores acogidos al sistema de renta presunta por tener rentas anuales menores a 8 mil UTM.	Durante el estudio del proyecto, concurrieron a la Comisión, especialmente invitados, los señores Octavio Arellano, Duberli Valenzuela y Luis Barra, alcaldes de Los Andes, San Rosendo y Malloa, respectivamente, y Héctor Hernández, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Rural de la Asociación Chilena de Municipalidades.	Como representantes de dicha entidad, ellos manifestaron su oposición al proyecto en informe por varias razones, entre las que cabe consignar el hecho de que se pretenda favorecer al sector agrícola con recursos que tienen un destino municipal.	Estimaron en 30 mil millones de pesos la recaudación anual por contribuciones agrícolas.	Plantearon que, de aprobarse el proyecto, las municipalidades deberían recibir una asignación, de origen fiscal, equivalente a los recursos no percibidos por efecto de la postergación de los reavalúos, a través del Fondo Común Municipal, o en su defecto, que se aplicara el reavalúo para efectos del pago de contribuciones y no en relación con la renta presunta, evitando perjudicar así a los agricultores. Afirmaron que mediante la reducción de los ingresos municipales se estaría perjudicando a los habitantes del sector rural al afectar los proyectos sociales y de infraestructura en ejecución por las municipalidades.	En representación del Servicio de Impuestos Internos, asistieron los señores   Rodrigo Durán, subdirector de evaluación, y Carlos Orrego, jefe del Departamento de Catastro y Tasaciones. Ellos señalaron que los recursos generados por la recaudación del impuesto territorial son destinados a las municipalidades. Manifestaron también que la Dirección de Presupuestos no tiene las cifras del efecto que produciría el proyecto en los ingresos municipales, y que tampoco han sido calculados. No obstante, indicaron que en la actualidad el giro por tal concepto alcanza, como lo dijeron los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, a 30 mil millones de pesos anuales, y que si se dieran los supuestos que se tuvieron presentes al efectuarse el reavalúo urbano último, la magnitud del impacto por no efectuar el reavalúo agrícola sería, aproximadamente, de 3 mil millones de pesos anuales, que tendrían que repartirse en el Fondo Común Municipal.	El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que la iniciativa en informe no produce incidencia alguna en la recaudación del presente año, en la medida en que sólo prorroga los actuales avalúos fiscales de los bienes raíces agrícolas sujetos a impuesto territorial y, en consecuencia, su aplicación no importará cambios en la situación financiera y presupuestaria del ejercicio 1998.	Los diez parlamentarios que asistimos a esta discusión planteamos diferentes observaciones al proyecto. En primer lugar, se consideró que tiene incidencia en materia financiera y presupuestaria de las municipalidades, aspecto del cual el informe financiero no se hace cargo, y que la postergación reiterada durante los últimos años de los reavalúos agrícolas ocurre frente a una situación en que no se aborda el problema de fondo que afectaría al sector, cual es la ausencia de una política agrícola acorde con la pérdida de productividad que le afecta.	Como alternativa a la propuesta, se planteó facultar a los municipios para que, con plena autonomía, determinen la procedencia o no de los reavalúos en sus respectivos territorios, así como se hizo en su oportunidad con los bienes raíces urbanos, o darse un mayor plazo para resolver con todos los antecedentes del caso acerca de una nueva postergación de los reavalúos agrícolas.	El proyecto consta de un artículo único, y la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca dispuso que la de Hacienda tomara conocimiento del artículo, el que fue aprobado por 8 votos a favor y 2 en contra.	En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que por el inciso primero del artículo único se prorroga hasta el 30 de junio de 1999, con sujeción a la ley Nº 17.235, la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que rijan al 30 de junio de 1998, y se fija, a contar del 1º de julio de 1999, la vigencia de los nuevos avalúos.	En el inciso segundo se faculta al Servicio de Impuestos Internos para eximir a los contribuyentes de la obligación de presentar la declaración descriptiva del inmueble, objeto de la tasación a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 17.235.	Quiero dejar constancia de que, en la discusión del proyecto de ley, el Diputado señor Pablo Lorenzini presentó la siguiente indicación sustitutiva del artículo único: “Prorrógase hasta el 30 de septiembre de 1998, con sujeción a las normas de la ley   Nº 17.235, la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que rijan al 30 de junio de 1998, y fíjase a contar del 1º de octubre de 1998 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen”. Dicha indicación fue declarada inadmisible por el presidente de la Comisión, por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.	El proyecto debe aprobarse antes del 30 del presente mes, puesto que, de lo contrario, entraría a regir la nueva tasación de avalúos de los bienes raíces agrícolas.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García.	El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, quiero expresar nuestro respaldo a la iniciativa del Ejecutivo que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas hasta el 1º de julio de 1999.	Como lo expresa el mensaje en sus fundamentos, debido a la situación por la que atraviesa el sector agrícola, sería muy inconveniente aumentar la carga impositiva sobre el patrimonio, desatendiendo los problemas que enfrenta y su baja productividad.	Quiero recordar que el reavalúo de las propiedades agrícolas tiene doble efecto. Por un lado, probablemente un incremento del impuesto territorial, de beneficio municipal, y, por otro, un incremento del impuesto de primera categoría de la ley de la renta, puesto que quienes declaran sobre la base de renta presunta deben considerar el avalúo fiscal.	Todos estamos conscientes de la situación por la que está atravesando la economía chilena, como consecuencia, entre otras cosas, de la crisis asiática, y de que los costos de los distintos convenios firmados por Chile -por ejemplo, con Canadá o el Mercosur-, han debido ser asumidos casi en su totalidad por el sector agrícola, en particular, de las regiones del sur; es decir, por aquellos que se dedican a la explotación de su tierra, tanto de la agricultura como de la ganadería alimentaria. Ese sector, compuesto de grandes, medianos y pequeños agricultores, está enfrentando serias dificultades, y la pobreza, como lo demuestra la encuesta de caracterización social, ha aumentado en los últimos años, especialmente entre los pequeños agricultores.	Si nos trasladamos más al norte, apreciaremos que el sector frutícola también tiene dificultades, porque, como consecuencia de la crisis asiática, han mermado nuestras exportaciones o envíos de cajas de frutas al exterior. Además, el bajo valor de nuestro tipo de cambio provoca la disminución del retorno por concepto de exportaciones, y, por lo tanto, la reducción notable de la rentabilidad del sector.	Consideramos que este proyecto es justo, oportuno, y nos alegra profundamente que el Gobierno, en su mensaje, reconozca los problemas de la agricultura en la actualidad. Muchas veces lo hemos señalado aquí. Hemos dedicado, incluso, sesiones especiales para tratar lo que hemos llamado “crisis agrícola”; pero, poco se nos cree y considera. Por lo tanto, este reconocimiento del Gobierno, en su mensaje, acerca de la crisis y las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa el sector, es, a nuestro juicio, un buen primer paso para buscar soluciones realistas, efectivas y concretas que apunten a potenciar el desarrollo agrícola del país.	Por las razones que he señalado, anuncio mi voto favorable y el de la bancada de Renovación Nacional a esta iniciativa.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.	El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en primer lugar, lamento la ausencia de los Ministros de Agricultura y de Hacienda, porque mi principal planteamiento no podrá ser acogido. Quiero pedir al Gobierno que retire este proyecto de la tabla, porque, si se toma en cuenta la fecha en que lo vamos a despachar y su trámite en el Senado, no entrará en vigencia antes de la fecha en que, de acuerdo con la ley, regirán los nuevos reavalúos agrícolas. Técnicamente, se nos presentará una situación bastante absurda: que la gente entenderá que no habrá reavalúos agrícolas y, sin embargo, la ley va a decir que el 1º de julio rigen los nuevos reavalúos. En consecuencia, como esta disposición deberá ser modificada para que tenga efecto retroactivo, no tiene mucho sentido que la despachemos como está, porque necesariamente deberá ser modificada para adecuar la situación a los siguientes hechos reales: que el proyecto no será ley el 1º de julio; que, por lo tanto, los reavalúos agrícolas rigen a partir de esa fecha y que deberá dictarse un artículo nuevo. El Senado nos devolverá este proyecto diciendo que rige con efecto retroactivo a contar del 1º de julio y que lo que debió pasar en esa fecha no debe ocurrir. Hay un problema técnico; pero ése es un tema más de fondo vinculado a esto. Por eso, lamento dos veces la ausencia de los representantes del Ejecutivo con capacidad de decisión sobre la materia, porque el tema de fondo es tal que, en la forma como está el proyecto, tendré que votarlo en contra.	Como dijo el diputado informante de la Comisión de Hacienda, es la sexta vez que discutimos este asunto. Es decir, lo que debió haber ocurrido en 1989 se postergó para 1990 y después lo hemos ido postergando; claro que, en los años anteriores, con mayor eficiencia que en esta oportunidad, lo postergamos por dos años. Por eso, desde 1990 a la fecha hemos discutido seis veces la misma iniciativa. El próximo año volveremos a discutirla, porque el país no habrá salido todavía de los efectos de la crisis asiática; porque los mercados internacionales van a estar relativamente deprimidos; porque seguramente habrá llovido mucho en algunas zonas del país, o porque, tal vez, en otras el fenómeno de “La Niña” puede haber causado sequías y, por lo tanto, la agricultura no estará preparada para un reavalúo. En esta lógica continuaremos por muchos años más, postergando año a año la entrada en vigencia de los nuevos reavalúos agrícolas por diferentes razones, todas en su momento muy prudentes y atendibles.	Además, el Gobierno nos enviará el proyecto en junio del próximo año para que lo discutamos con suma urgencia, a fin de que no haya tiempo para acoger todas las observaciones que uno puede realizar a las decisiones. Y yo digo: mejor mándennos un proyecto que establezca que los actuales avalúos agrícolas son eternos. Así, todos los años nos ahorraremos el esfuerzo de discutir y postergar decisiones que serían razonables, como el hecho de si los nuevos reavalúos agrícolas benefician o no y a quiénes, porque cuando uno escucha la descripción   -como la que acabamos de escuchar del Diputado señor José García- sobre qué está pasando en la agricultura, hay gente a la cual dichos reavalúos debieran perjudicar, porque tendrían que pagar mayores impuestos; pero hay otra a la que, ciertamente, debieran beneficiar, porque pagarían menos impuestos. Estamos hablando de avalúos que no se fijaron en 1989, sino en los años setenta y tantos, o en 1980, porque en 1989 correspondía modificarlos y los hemos ido postergando.	Esta discusión sobre el tema de fondo la tuvimos exactamente igual para los bienes raíces urbanos. Los señores diputados recordarán que, año a año, cada vez que debían entrar en vigencia los nuevos avalúos de bienes raíces urbanos, recibíamos un mensaje del Ejecutivo y postergábamos y postergábamos su aplicación. Al analizar el tema de fondo, se pueden encontrar soluciones beneficiosas para el sector agrícola, para la correcta decisión de inversión en dicho sector, y beneficiosas también para los municipios rurales que prestan servicio a sus habitantes. Hoy, esos municipios protestan porque no van a entrar en vigor los nuevos avalúos, y no percibirán mayores ingresos para poder atender a la población rural, cifra que, según el Servicio de Impuestos Internos, alcanzaría a dos o tres mil millones de pesos si se efectuase el reavalúo.	Por último, deben considerarse también otros aspectos. Anteayer, el representante del Servicio de Impuestos Internos manifestó, en la Comisión de Hacienda, que no debemos olvidar que los avalúos agrícolas se fijan por un plazo de cinco año y, como la agricultura -según todos los análisis- está pasando por una situación crítica, si se determinan hoy los valores sobre los cuales estos impuestos deberán pagarse, van a ser más bajos que si ello ocurriera en un período de auge de la agricultura y, por lo tanto, al fijarlos por un plazo de cinco años tal vez estaremos disminuyendo los ingresos de los municipios afectados.	Todos estos elementos hay que tenerlos en consideración. Creo que hay que buscar una solución de fondo que impida que, año a año, eternamente, se envíe un proyecto -muy aplaudido por la Sociedad Nacional de Agricultura que, obviamente, representa los intereses de los grandes agricultores; pero el resto no tiene mucha información sobre lo que significa- que, a la larga, determina una asignación de recursos que no es la mejor para el sector agrícola.	Espero que antes de que se termine de despachar este proyecto haya alguna acción del Ejecutivo para modificarlo y abordar el tema de fondo. Una solución de fondo podría ser la que propuso el Diputado señor José García en la Comisión de Hacienda: aplicar en el tema de los reavalúos agrícolas algo similar a lo que se hizo en el de los reavalúos urbanos, respecto de los cuales se fijaron parámetros, y la decisión o responsabilidad de dar curso a los reavalúos se otorgó a los municipios, en consideración a la realidad de sus propias comunas, fijando una fecha tope, bastante alejada en el tiempo, para hacerlo -si mal no recuerdo, en el caso de los bienes raíces urbanos, el año 2001-, de manera de volver a efectuar, en el tiempo, el ajuste entre el valor de la propiedad y la contribución que realizan a los municipios, cuestión que está muy distorsionada en la actualidad.	Al impedir la ausencia del Ejecutivo una adecuación del proyecto en ese sentido, personalmente voy a votarlo en contra.	He dicho. 	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Leopoldo Sánchez.	El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, como lo han explicado los señores diputados informantes, el Supremo Gobierno ha enviado a tramitación este proyecto de ley fundado en el hecho de que la agricultura tradicional chilena, de carácter esencialmente familiar, pasa por una situación de pérdida de competitividad en el mercado nacional y de falta de capacidad para insertarse en el ámbito internacional, lo que se traduce en una disminución de su rentabilidad relativa. 	Todo eso deriva de la escasa modernización tecnológica, de las alteraciones de algunos mercados específicos de productos, de fenómenos climáticos y de otra serie de razones de carácter estructural que no viene al caso analizar en este momento.	La suspensión de los reavalúos de predios con destino agrícola y la consecuente prórroga de los vigentes, se ha convertido, como se ha señalado, en una práctica habitual por parte de la administración central del Estado, puesto que se realizan desde 1989, sin que se tome una decisión definitiva y permanente sobre la materia, lo que, a mi juicio, denota cierta improvisación por parte de la autoridad.	Por otra parte, la opinión vertida por el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades, en el sentido de que el gobierno central, mediante el proyecto de ley, estaría limitando su autonomía financiera al restringir a los municipios el acceso a recursos que les son propios, me parece del todo atendible. Es más, constituye una pésima señal ante la comunidad nacional. No se puede tener un discurso proclive a la descentralización y desconcentración del poder público y tratar de reforzar la capacidad de gestión de los municipios y, al mismo tiempo, imponerles limitaciones de esta naturaleza, sin que exista siquiera la intención de compensarlos por los menores ingresos que percibirán.	Tal vez, la reestructuración del fondo común municipal, con el objeto de mejorar la situación relativa de los cientos de municipios rurales pobres del país, podría compensar en parte esta cuestión.	Como se sabe, es casi seguro que se producirá una rebaja general de los aranceles, y la agricultura familiar campesina, que es la que las enfrenta, verá agudizada las dificultades, por lo que se hace necesario que el Estado desarrolle una fuerte actividad de apoyo y fomento mediante, por una parte, instrumentos clásicos: transferencia tecnológica, apoyo a la asociatividad, mejoras de las redes de comercialización, líneas de crédito, mejoras en sanidad vegetal y pecuaria, etcétera; y por otra, con incentivos como la reestructuración de la tributación del sector agrícola, con el fin de refocalizar los beneficios de esta índole a aquellos campesinos que realmente tienen necesidades y carencias, mediante un cambio en los parámetros de exención en el pago de impuesto territorial, y la revisión del sistema de tributación fundada en la renta presunta de los predios, a través de la incorporación de la declaración en base a la renta efectiva, para lo cual debería ampliarse la obligación de llevar contabilidad completa. 	Es importante revisar el punto de la rebaja arancelaria y el impacto que ésta tendrá en la pequeña agricultura, cuya complicación será mayor con la rebaja anunciada.	Aunque la iniciativa legislativa del Gobierno no se hace cargo del problema de fondo y, al mismo tiempo, violenta el principio de la autonomía municipal, la votaré favorablemente, a fin de que no se perjudique a miles de pequeños productores agrícolas del país.	Sin embargo, solicito formalmente a las autoridades del sector que diseñen una clara política de apoyo a la economía familiar campesina chilena y que eviten la utilización de medidas de parche, como la que se trata.	Tal política de apoyo no sólo tendría repercusiones positivas en el agro, sino que también podría frenar un hecho claro del último tiempo: la emigración del campo a la ciudad, con los graves problemas que tiene en la Región Metropolitana, a la que cada tres años llegan aproximadamente 400 mil personas por este fenómeno.	Como lo expresó el Diputado señor José García, el Ejecutivo reconoce la crisis de la agricultura campesina, un buen punto de partida para cristalizar una mayor preocupación y evitar que el próximo año se discutan de nuevo los reavalúos, según lo manifestó el Diputado señor Andrés Palma.	En la práctica, en término deportivos, se ha “chuteado” el problema a partir de 1989 y no se ha dado una solución de fondo a un sector que, lamentablemente, no ha sido valorado en los últimos años.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Ceroni.	El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que el proyecto es positivo. En parte, aunque sea en algo mínimo, ayudará a solucionar los problemas graves que han afectado durante tanto tiempo a la agricultura tradicional.	En el fondo, a mi juicio, más allá de que sean pequeños, medianos o grandes, beneficia a agricultores, y eso es lo importante, porque no debemos olvidar que la agricultura tradicional es la fuente fundamental de trabajo de muchas regiones.	Desde ese punto de vista, la clasificación no es importante. Lo que importa es que se ayudará a poco más de 48 mil agricultores, de los cuales una gran parte ni siquiera subsiste con sus ingresos, y la otra, con tantos problemas y dificultades, cada día da menos trabajo.	Por su escasa rentabilidad, lo que se haga en favor de la agricultura tradicional es extraordinariamente positivo. Por supuesto, no se solucionarán sus problemas fundamentales, pero el proyecto de ley es positivo.	No comparto la argumentación del representante de los municipios para oponerse al proyecto. Básicamente, las medidas que han aplicado los gobiernos regionales para que las distintas zonas salgan adelante han sido con fondos del gobierno central. Por ello, carece de sentido que se diga que la disminución de los ingresos municipales afectará en forma importante el desarrollo.	Está claro que ha habido desarrollo en las comunas rurales. Basta recorrer algunas para ver cómo han aumentado las obras de pavimentación, de infraestructura, los proyectos de electrificación, la construcción de escuelas, de postas, etcétera. Eso contribuye a un mejor futuro.	Por lo tanto, los fondos que puedan restarse a los municipios no acarrearán perjuicios a la ciudadanía.	Por otra parte, las municipalidades, como gobiernos locales, deben expresar la realidad de sus habitantes; y si ellos están complicados y apenas subsisten, en especial los campesinos, ¿por qué pedirles mayores aportes? Me parece un argumento absolutamente impresentable.	Reitero, el proyecto es positivo, porque, al menos, permitirá una mínima ayuda a los sectores agrícolas, y lo apoyaré en forma decidida, sin perjuicio de tener claro que deberá discutirse el problema de fondo más adelante: la postergación indefinida de los reavalúos.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea.	El señor GALILEA (don José Antonio).- Señor Presidente, ya lo anunció el Diputado señor José García, pero vale la pena reiterarlo: nosotros apoyaremos entusiastamente el proyecto, sin perjuicio de hacer algunas consideraciones.	Según se ha señalado, es positivo no sólo porque posibilitará resolver el problema de un sector ya bastante afectado, como es el agrícola, sino porque también evitará los inconvenientes que acarrearía el aumento de la carga impositiva sobre el patrimonio en momentos de crisis de rentabilidad, aspecto que ha sido reconocido en los discursos y en el propio mensaje, aparte, por supuesto, de los contrarios al proyecto.	Es un despropósito cargar con nuevos impuestos a los agricultores, que, por diversas razones, tienen un profundo problema de falta de rentabilidad, con repercusiones sociales.	Asimismo es positivo que en el mensaje se reconozcan las dificultades por las que atraviesa el sector, y lo destaco porque muchas veces, en la Comisión de Agricultura y en la Sala, ha quedado la sensación de que no todo el mundo está de acuerdo en eso. Vale la pena destacar el hecho de que esté escrito.	Sin embargo, además de los agentes climáticos y catastróficos en algunas regiones y de los efectos externos vinculados a la economía internacional durante el presente año, cabe destacar que no se han tratado en profundidad los problemas que afectan al sector. Falta un análisis completo de las verdaderas razones que lo están haciendo sufrir.	Sorprende la carta enviada por el señor Gonzalo Duarte, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en la cual se manifiesta en contra de esta iniciativa. Al respecto, recojo lo planteado por el Diputado señor Ceroni, porque tengo serias dudas de que en ella interprete el sentimiento de todos los alcaldes y concejales del país.	Si tuviera la oportunidad de conversar con ellos, en especial con todos los de las zonas rurales del sur del país, estoy seguro de que me encontraría con que en esta materia no existe pleno acuerdo ni hay una sola voz, al igual como ocurre en otros asuntos.	Sé que los alcaldes y concejales de la zona que represento, más allá de los problemas de financiamiento de obras y de endeudamiento, están de acuerdo en no recargar desde el punto de vista impositivo, una vez más, a un sector afectado.	Resulta preocupante que en su carta el presidente de dicha asociación pretenda arrogarse una especie de representación de todos los municipios.	Además, creo que la lucha del señor Duarte está mal enfocada. El problema no estriba en la merma de los recursos por los reavalúos al sector agrícola. Debería solicitar del Gobierno la solución de los problemas económicos de los municipios, no sólo para nuevas obras, sino, simplemente, para pagar deudas previsionales y atender los déficit en educación, en salud.	El señor Duarte no va a resolver los problemas de los municipios con los 30 mil millones de pesos que significarían los nuevos reavalúos. Necesita una decisión y una voluntad política mucho mayor.	Sorprende que la iniciativa no haya contado con la unanimidad en la Comisión de Hacienda -por lo que he escuchado, también va a tener detractores en la Sala-, porque más allá del proyecto en particular, queda la sensación de que, una vez más, no se reconoce cabalmente el problema que afecta al sector agrícola, que involucra a un porcentaje muy importante de la población del país.	Preocupa que, una vez más, se intente una suerte de separación entre el efecto que tienen proyectos como éste en los pequeños y grandes agricultores. Esta cuestión la hemos discutido muchas veces y difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Sólo quiero agregar un elemento.	De la suerte, del éxito o del fracaso de los empresarios agrícolas, de muchos grandes agricultores a quienes algunos diputados podrían considerar inadecuado postergarles los reavalúos de sus propiedades, dependen trabajadores agrícolas. Por lo tanto, es evidente que si se recarga a los de más tamaño, la parte impositiva afectará de manera directa a quienes trabajan para ellos.	Es una cuestión -perdónenme el chilenismo- que hay que meterse en la cabeza. No se puede separar el sector agrícola como si fueran dos mundos. Si bien hay diferencias, muchas cosas y factores afectan de igual manera a los agricultores.	Lo hemos dicho muchas veces: si el precio de determinado producto afecta al pequeño agricultor, también afecta al grande, y viceversa; son problemas sociales distintos  -lo reconozco-; pero desde el punto de vista de la productividad y de las posibilidades de mirar con algún optimismo el futuro, es evidente que la suerte de los grandes y pequeños agricultores está estrechamente vinculada.	El Diputado señor Andrés Palma señalaba que ésta es la sexta vez que discutimos un proyecto de esta naturaleza. Pero, estimados colegas, ¡si en la Cámara casi todos los años discutimos por cuarta, quinta o sexta vez proyectos de la misma naturaleza! ¿Cuántas veces hemos discutido en esta Sala la postergación, repactación o condonación de las deudas Cora? ¿Cinco o seis veces? Sin embargo, el problema todavía no tiene una solución global. Entonces, ¿por qué nos sorprende que, una vez más, frente a una situación que el propio Ejecutivo reconoce como crítica, se envíe un proyecto para volver a postergar los reavalúos agrícolas? 	Creo que el señor Duarte y el colega   Andrés Palma deberían ponerse de acuerdo, porque el primero se queja, en la nota de la Asociación Chilena de Municipalidades, por el impacto económico que este proyecto tendrá en los municipios, y el Diputado señor Andrés Palma, por su inoportunidad, debido a que no alcanzará a ser ley. Considero pertinente pedir mayor coordinación entre los diputados de Gobierno y el propio Ministerio de Hacienda, respecto de la oportunidad con que se envían los proyectos orientados a resolver determinados problemas, más allá de la opinión que se tenga de ello. Asimismo, habría que pedirle al señor Duarte que no le carguen los problemas económicos de los municipios al sector agrícola y que pidan más recursos a su Gobierno. 	Creo que quienes representamos a zonas agrícolas y nos sentimos tocados por sus problemas, estamos frente a la posibilidad    -como la hemos tenido otras veces en esta Sala- de demostrar con nuestros votos que realmente nos preocupa su situación y que, a partir de una iniciativa del Ejecutivo, podemos cooperar -como lo dije al principio-, no para resolverles un problema, sino para evitarles uno nuevo.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Hay inscritos diez diputados más para hacer uso de la palabra. Si nos ajustáramos estrictamente el tiempo del Orden del Día, no alcanzarían a intervenir algunos. 	Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para que puedan intervenir, hasta por cinco minutos, todos los diputados inscritos, entendiéndose prorrogado el Orden del Día por los diez minutos, aproximadamente, que se requerirían para ello.	¿Habría acuerdo?	No hay acuerdo.	Tiene la palabra el Diputado señor     Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto favorecerá, en particular, a una serie de agricultores de la Novena Región que están pasando por muchas dificultades debido a las condiciones climáticas. Por otra parte, aquí también se han señalado los efectos de la crisis asiática. 	Sin embargo, creo conveniente hacer resaltar la preocupación del Gobierno por mejorar las condiciones económicas de los agricultores, muy especialmente de los medianos. Y hablo de los medianos y grandes y no de los pequeños, porque las propiedades de estos últimos tienen, en general, avalúos muy bajos y, por lo tanto, no se ven afectados por las tributaciones o la exigencia de declaración de renta. En todo caso, sería conveniente que el Gobierno regularizara la situación de los avalúos y que entregara los fondos compensatorios necesarios para los municipios, a fin de que puedan adoptar las medidas tendientes a solucionar los problemas que afligen a la gente, en particular, a los propietarios agrícolas de sus comunas. Creo que eso sería lo principal.	Asimismo, quiero hacerme eco del problema relativo al plazo con que se envió este proyecto, puesto que, a lo mejor, ello obligará a tratar nuevamente el tema. De manera que insisto en la necesidad de que el Gobierno regularice en forma definitiva esta situación, a fin de no tener que discutir permanentemente este tipo de proyectos, y busque los medios alternativos de financiamiento para los municipios y una modalidad que permita a los agricultores solucionar sus problemas económicos, ocasionados por fenómenos naturales que pesan en el normal desarrollo de sus actividades productivas.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, vuelvo a solicitar el acuerdo de la Sala para prorrogar el Orden del Día; en caso contrario, el proyecto no alcanzará a despacharse hoy y se producirá la siguiente situación: la ley debería regir a contar del 30 de junio, pero la Sala lo votaría recién el martes 30 de junio. Si no se despacha hoy, lo indicado sería que vuelva a la Comisión para que ésta estudie la forma de modificar los plazos.	Por lo tanto, es de toda lógica solicitar el acuerdo de la Sala para otorgar la palabra por cinco minutos a todos los diputados inscritos, prorrogando el Orden del Día por diez minutos, a fin de despachar hoy el proyecto.	Para referirse a una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, sugiero que se adopte el mismo criterio de ayer: que se prorrogue el Orden del Día no sólo por diez minutos, sino por todo el tiempo necesario para que hablen todos los diputados que quieran hacerlo, fijando una hora de votación. Lo que no me parece correcto es limitar el tiempo a los diputados que estábamos inscritos. Ésa es la razón por la que no doy el acuerdo.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, el proyecto tiene calificación de “suma” urgencia. Por lo tanto, debe despacharse hoy, sin importar si alcanzan a intervenir todos los diputados inscritos.	Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, tengo la impresión de que estamos discutiendo en blanco y negro un tema que es gris.	Con el afán de simplificar el debate, se recurre a discursos como el del colega José Antonio Galilea, que rasga vestiduras para defender a la agricultura, sin reconocer que ella no es homogénea y que no a todos les ha ido mal. Hay diversos factores involucrados en el desarrollo agrícola. En la agricultura no todos son iguales. Hay pequeños y grandes propietarios, diferentes actividades; sin embargo, todos quedan incluidos en este “paraguas” que estamos discutiendo: en este debate sobre prórroga de la vigencia de los avalúos agrícolas caben tanto las propiedades de agroindustrias, como también la de un pequeño campesino mapuche de la Novena Región. Por ende, no siempre es justo medir todo con la misma vara.	Pero hay más. Para algunos -así lo han manifestado en el debate- el tipo de cambio está fuera de discusión: hubo una corrección en el valor del dólar y los retornos por las exportaciones mejoraron. Por cierto, si uno quiere recurrir a una lógica populista en su argumentación, debe quedarse en los tonos blancos y negros; pero no es así.	En mi intervención quiero tocar tres temas.	En primer lugar, sugerir que los municipios pequeños y rurales están planteando cosas sin fundamento -perdónenme-, lo que me parece una falta de respeto. Dichos municipios están desfinanciados; les toca la menor parte del Fondo Común Municipal. Basta con ver lo que reciben las comunas grandes. Hay municipios que deben atender en forma adecuada las áreas de salud, educación y otros servicios, en particular la red social, con recursos bastante más reducidos que los que reciben comunas como la de Las Condes. Por consiguiente, todos esos municipios de comunas pequeñas como Malloa, Requínoa o Ercilla tienen inquietud respecto de sus ingresos y están muy interesadas en que próximamente se revise la composición del Fondo Común Municipal, pues no quieren seguir siendo postergadas. Y ello por una razón: son beneficiadas directamente con un porcentaje del pago de contribuciones. De manera que no es correcto pensar que el planteamiento de los municipios rurales carece de fundamento.	A quienes con cierta actitud un poco pomposa dicen que las cifras entregadas por los municipos rurales no son exactas, les digo: ¡Dios mío!, al parecer, no conocen los municipios del país, que muchas veces no tienen recursos para contratar a un contador o a profesionales idóneos, porque éstos no están dispuestos a trabajar allí por remuneraciones tan bajas.	Debemos entender que existen problemas en los municipios y no descalifiquemos sus planteamientos. Tienen razón al pedir un incremento de sus ingresos, por la vía de exigir a todos los que habitan en sus territorios que paguen contribuciones de acuerdo con la realidad.	En segundo lugar, ¿quién determina el valor sobre el cual hay que pagar las contribuciones? Respecto de este punto quiero ser el primer crítico de mi Gobierno, pues creo que aquí hay una tarea incumplida. Quiero saber si la tarea está hecha.	Si esta ley se rechaza, ¿podría el Servicio de Impuestos Internos darnos a conocer el avalúo de las propiedades agrícolas? Es decir, aquí estamos “chuteando” este problema, porque algunos no han hecho su pega o porque hay un problema en la agricultura. Discúlpenme, pero creo que es más lo primero que lo segundo.	Creo que aquí no se ha realizado el trabajo que correspondía hacer; dimos más de ocho años -por lo menos este Parlamento, desde que se recuperó la democracia- para que se hiciera, pero no ha ocurrido así. Tal vez, podríamos evaluar si está bien o mal sobre datos concretos; quizás, podríamos subir el techo de las exenciones para ciertas propiedades agrícolas, considerando fenómenos estructurales de ese sector del país. Temo que nos pidan que chuteemos este proyecto un par de meses, porque algunas autoridades del Ministerio de Hacienda no han hecho su pega; están sacando las castañas del fuego con nuestra mano y no quieren asumir su responsabilidad.	Creo que en esto, como Congreso Nacional, debemos ser responsables, porque hay un tercer tema que debe ser abordado con seriedad. ¿Por qué se va a discriminar entre un empresario que está dentro del caso urbano y aquel que puede estar desarrollando el mismo tipo de actividad fuera de él, como, por ejemplo, las agroindustrias? ¿Por qué vamos a discriminar en el pago de contribuciones? No hay ninguna razón lógica.	A las agroindustrias, a los exportadores de ciertas variedades de productos, no les fue mal esta temporada. Es una falacia sostener lo contrario. Tal vez, a algunos no les ha ido tan bien; algunos pequeños productores han tenido dificultades, pero no por problemas con los mercados externos, que es una de las justificaciones del proyecto: la crisis asiática. Aquí se ha dicho que se quiere defender a los pequeños productores         -alrededor de 220 mil-; sin embargo, la mayoría de ellos vende sus productos en el mercado interno y no les afecta la crisis asiática. Su problema es con los comercializadores, lo que ocasiona distorsiones en el mercado interno. Por lo tanto, uno de los fundamentos del proyecto debería apuntar a la revisión del sistema.	Aquí se dice que el problema se debe a razones climáticas y a la crisis externa. Si existen distorsiones en el mercado interno, abordemos el problema como una forma de ayudar a los pequeños agricultores, pero no dejemos de enfrentar algo necesario: el reavalúo de las propiedades agrícolas. Quizás, haya que asumir que la realidad del país es muy heterogénea, pero hay un fenómeno que se ha mantenido, por lo menos, en la gran mayoría de las propiedades agrícolas de Chile; el valor de la tierra sube. No creo que el valor de la tierra haya bajado en este último tiempo; no conozco ningún punto del país donde haya ocurrido eso. ¿En qué lugar de los valles centrales de Chile se encuentra hoy una hectárea por menos de cuatro millones de pesos? Es más, creo que es bastante más cara. En los últimos seis u ocho años, se ha más que duplicado el valor de la tierra en los valles centrales, hecho que permite sostener que no hay que hablar en blanco y negro, porque hay muchos tonos grises en este debate.	Represento a una zona agrícola; por lo tanto, conozco perfectamente la diferencia que existe entre la realidad de un pequeño y un gran productor, y no es cierto que les haya ido igual a todos. A algunos, les va no tan mal y, a otros, mucho mejor. Creo que se comete un error al plantear una norma pareja para todos, sin asumir la necesidad de una discriminación positiva establecida en la ley.	El Ejecutivo nos coloca ante un hecho consumado: calificación de “suma” urgencia para un proyecto que prorroga el avalúo de las propiedades agrícolas. Tenemos muy pocas alternativas, pero ésta es una mala forma de legislar, pues aquí se debería discriminar al interior de la ley. No hay ninguna explicación -a lo menos a mi juicio- suficiente para entender por qué es necesario que en todo el país se suspenda el reavalúo de la propiedad agrícola. Las personas que viven en la ciudad, en La Florida, en Pudahuel, hoy tienen que aportar más, por la extracción de la basura y porque se aplicó el reavalúo de los bienes raíces urbanos. Sobre la materia -hay un debate- hemos facultado a los municipios para estudiar las tasas aplicables al pago de contribuciones en las zonas urbanas, lo cual es razonable. Pero, ¿por qué en los sectores rurales existe otra situación? Ello hace pensar -y es mi mayor inquietud- que todas las personas que viven en zonas rurales quieren esquivar el bulto de su responsabilidad como ciudadanos, y no debemos generar esa noción.	Me gustaría votar a favor del proyecto, pero no lo voy a hacer porque tengo la íntima convicción de que en este tema hay una falta de las autoridades de mi Gobierno: no han hecho su “pega”, y en segundo término, me parece mal que el Congreso, después de ocho años, siga sosteniendo que todos los agricultores son iguales. Necesitamos una discriminación positiva en favor de los pequeños que, en los lugares que representa el Diputado señor Villouta, por ejemplo, han vivido una situación distinta a la de otros grandes agricultores del valle central, a quienes no les ha ido tan mal.	He dicho.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Melero.	El señor MELERO.- Señor Presidente, mi intervención sobre este proyecto la enfocaré desde el punto de vista agrícola y municipal, pero sin dejar de señalar, primero, que, en lo que ha avanzado su discusión, paradójicamente, ya son dos los señores diputados de la Concertación -la misma del Presidente Frei, que manda el proyecto a trámite legislativo- que acusan al Gobierno de no cumplir su tarea, de estar haciéndolo mal y, por consiguiente, lo rechazan.	Digo esto como un paréntesis, que sólo es sinónimo de lo que hoy está ocurriendo al interior del conglomerado gobiernista, donde cada día se genera una oposición más fuerte que -muchas veces- la de quienes somos sus opositores. También se hace cada vez más famosa la política de autocrítica y la de ponerse los señores diputados de la Concertación en un rol opositor, por sobre el bien y el mal, y criticar fuertemente a su propio Gobierno como una forma de eludir sus propias responsabilidades.	Es un doble estándar inaceptable, porque ustedes tienen que asumir los costos de ser gobierno y responsabilizarse de la forma como actúan.	Hace algún tiempo se puso de moda escribir documentos muy inteligentes. Partieron en 1988 ofreciéndonos la alegría; después, en 1990, nos dijeron “gana la gente”; luego nos dicen que es importante autocriticarse; siguen con un documento que expresa que la gente tiene la razón y, ahora, uno nuevo manifiesta que “la gente quiere cambios”. ¡El cambio que Chile necesita es que ustedes se vayan del Gobierno y que la Concertación deje de gobernar, porque lo está haciendo muy mal!	Digo esto, a propósito de la discusión de este proyecto y quiero fijar mi posición frente a él, porque, indudablemente, el Gobierno está enfrentando muy mal la situación de la agricultura, y tiene un doble estándar frente al tema. En el mensaje expresa que es necesario postergar el reavalúo agrícola porque la agricultura soporta una situación difícil y crítica, por factores externos -nunca van a reconocer ninguna culpabilidad interna- y fenómenos climáticos.	Es muy fácil señalar esto cuando la cuenta se pasa a los municipios y el Gobierno se lava las manos. El señor Ministro de Hacienda y el Presidente de la República no ponen ni un peso, sino que son los trescientos cuarenta y tantos alcaldes del país quienes deben dar la mano a la agricultura.	Hemos tenido -y varios señores diputados lo han señalado- importantes discusiones en el Parlamento sobre la crítica situación de la agricultura. Las tuvimos con motivo del Mercosur, del convenio con Canadá y de diversos proyectos agrícolas. En esas oportunidades sí se han cerrado a reconocer esta situación de crisis o lo que hicieron muchos señores diputados, como lo acaba de hacer el señor Sánchez: criticar muy fuerte los proyectos y las ideas, y después los votan a favor, porque les falta la resolución para actuar de acuerdo con lo que han hablado. Doble estándar nuevamente.	No hay asomo de duda de que el país y su sector agrícola enfrentan una crisis. Más de dos mil millones de dólares de endeudamiento, muchas dificultades para pagarlos, disminución de la superficie sembrada, en especial de los cultivos tradicionales, un crecimiento económico bajo al del resto de la economía del país. En fin, no quiero prolongarme en señalar los factores que evidencian la crisis.	Razón tiene el Diputado señor Juan Pablo Letelier en manifestar que hay distintas agriculturas. A algunos les va bien y a otros, francamente, muy mal. Eso es parte de la realidad y es importante reconocerlo y decirlo; pero lo que me parece inaceptable es que, frente a un problema que se hace crónico -ya se ha dicho hasta la saciedad el largo tiempo que se vienen postergando los reavalúos agrícolas-, la posición del Gobierno sea: “A este enfermo crónico, sigamos apoyándolo con medidas crónicas; total, tenemos un Parlamento que nos respalda frente al tema, para qué nos complicamos, para qué buscamos otros mecanismos, para qué damos una ayuda eficiente a la agricultura. Carguémosle la mata a los municipios: solucionemos este problemita; tratemos de aprobar esto rapidito, un jueves por la mañana, con pocos diputados; que pase “piola” -como dirían los jóvenes- y no hagamos mayor análisis”. Y ¡pum, de nuevo saltamos la valla de los reavalúos agrícolas!	Desde que soy parlamentario he integrado la Comisión de Agricultura y siempre he favorecido estos proyectos de ley, pero hoy no estoy dispuesto a seguirle la comparsa al Gobierno en la falacia de continuar engañando a los agricultores con proyectos de ley que no representan nada contundente para ayudarlos.	No comparto lo expresado, a pesar de todas las críticas, porque ningún señor diputado ha dicho que el proyecto es bueno. Todos afirman que es la solución, aunque tiene peros, tiene dificultades; unos han sido más resueltos y han expresado que lo votarán en contra, y otros: “Bueno, tengo complejos; es un proyecto del Gobierno, y cómo le digo que no a mi Gobierno”; en definitiva no hay una resolución de la Cámara para decir las cosas de verdad.	Aquí no hay una real y contundente ayuda a los agricultores. ¡No me digan que con tres mil millones de pesos vamos a ayudar a la agricultura del país! Eso no lo cree, ni lo entiende, ni tampoco lo acepta nadie.	Desde el punto de vista municipal, no me parece justo que nuevamente le carguemos la mata a los gobiernos locales. Si el Gobierno reconoce que hay factores climáticos y de crisis que afectan a la agricultura, muy bien, pero el problema no se resuelve con tres mil millones de pesos. Veamos también qué hacemos con la política arancelaria.	Con motivo del proyecto de ley de rebaja de los aranceles, un grupo de senadores de distintos partidos planteó buscar un sistema arancelario para proteger las importaciones de insumos agrícolas, en especial de fertilizantes fosforados y de bienes de capital. De nuevo, hay oídos sordos en el Gobierno.	Recordemos que cuando se debatió el convenio del Mercosur, en la Cámara nos dijeron que no, y tuvieron que negociar con el Senado un aporte de 500 millones de dólares -80 millones de dólares anuales para ir en ayuda de este sector-.	Entonces, estimados colegas, los invito a rechazar este proyecto de ley, no porque no deseemos apoyar a la agricultura. ¡Por Dios Santo, es lo que más quiero en el mundo! Mi historia legislativa y parlamentaria ha sido elocuente en la materia. Por eso voté contra los convenios del Mercosur y de Canadá; pero no estoy de acuerdo en aprobar más medidas de parche, que ambientalmente nos hacen quedar bien, ya que cada uno, el día de mañana, cuando llegue a su zona, le dirá al agricultor: “Viejito, estuve superbien. Fíjate que te postergamos los reavalúos agrícolas”. Eso es mentira. De una vez por todas obliguemos al Ejecutivo a venir al Congreso a discutir el problema de fondo, en toda su dimensión y magnitud, y no sigamos avalando medidas de parche, que no solucionarán problemas crónicos.	Y como, según el artículo 62 de la Constitución Política, carecemos de facultades legislativas para modificar los contenidos de proyectos de esta naturaleza, la única forma de presionar es rechazando esta iniciativa.	Mi posición es personal, no compromete la de mi bancada; pero, al menos, quiero trasmitir una sensibilidad sobre el tema, más allá de todo lo que se ha dicho. Es un argumento falaz decir que aquí hay una ayuda real al sector agrícola, porque se perpetúa un problema en vez de cortarlo de raíz como se hace con las enfermedades crónicas, porque no me parece justo cargarle a los gobiernos locales lo que debe ser abordado en forma nacional y porque, en definitiva, no quiero ser cómplice de un Gobierno mediocre por la manera en que está enfrentando el problema a futuro.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.	El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, no tengo la experiencia de haber trabajado muchísimos años en la Comisión de Agricultura, como el Diputado señor Melero; por lo tanto, no puedo calificarme de experto en una materia en la cual su Señoría lo es, como lo ha dicho. Sin embargo, al escucharlo pensé que estaba equivocado de proyecto. Si bien entiendo, aquí no estamos tratando una iniciativa que tenga por objeto ayudar a la agricultura o abordar su problema en conjunto, ni sentar las bases para una nueva política agrícola en el país.	Lo que estamos tratando, básicamente, es un problema tributario en relación con la agricultura y con el pago de contribuciones de bienes raíces. Sobre eso estamos discutiendo. Por lo tanto, cuando el señor Melero dice que votará en contra de la iniciativa, significa que quiere que el grupo de agricultores que se acoge a la renta presunta, pague más impuesto, con lo cual contradice abiertamente la política que normalmente tiene la Unión Demócrata Independiente respecto de establecer nuevos impuestos o subirlos. No me parece serio que, a propósito de un proyecto de ley específico, nos encontremos con un discurso ideológico que, repito, contradice absolutamente la política que ha tenido la Unión Demócrata Independiente en la materia y sólo tiene por objeto allegar aguas a su molino.	Por otra parte, algunos señores diputados han dicho -y les encuentro razón- que hay distintos tipos de agricultores; diría, más bien, que hay distintos tipos de contribuyentes de la agricultura. De partida, según los informes, en el país existen 550 mil propiedades agrícolas, de las cuales sólo pagan contribuciones 161 mil. Entonces, desde ya dejemos fuera a 389 mil propiedades agrícolas a las cuales la iniciativa no afecta; no hay problema respecto de ellas. Sin embargo, lo más probable es que lo que saldrá para afuera es que en el Congreso se discute un proyecto de ley que tiende a perjudicar a los agricultores, a subir los avalúos y, por lo tanto, las contribuciones. Es decir, les estamos proporcionando una señal confusa, porque no decimos las cosas con claridad.	También dejemos fuera de la discusión a los pequeños agricultores que están bajo el avalúo exento, que es de 1 millón 600 mil pesos; no los toquemos, porque el proyecto no los afecta, como tampoco a los pequeños agricultores acogidos a la ley indígena, porque, de acuerdo con dicha normativa, están exentos del pago de contribuciones. También dejemos de lado a los agricultores que pagan sus tributos de acuerdo con contabilidad completa y no por renta presunta. Aquí estamos hablando exclusivamente de los agricultores que pagan sobre la base de renta presunta, lo que tanto el informe como el mensaje del Ejecutivo señalan expresamente. 	Aquí se dice que con esta prórroga vamos a beneficiar exclusivamente a 48 mil agricultores. Entonces, ése es el universo del que estamos hablando y ése es el tema.	Otra reflexión que me surge, a raíz de lo que he escuchado -como digo, sin ser especialista en materia agrícola-, respecto de la vigencia a que se refería el Diputado señor Andrés Palma. Si las normas sobre vigencia de las leyes son generales y están establecidas en el Código Civil, éstas rigen a contar de su publicación en el Diario Oficial. El proyecto no dice nada al respecto y, por lo tanto, la ley regiría desde su publicación en el Diario Oficial, pero seguramente el Ejecutivo agregará en el Senado una disposición que le dará efecto retroactivo a contar del 1º de julio, en cuyo caso el problema técnico a que se refería el Diputado señor Andrés Palma no existe ni va a existir, ya que se le va a dar una adecuada solución.	Tercera reflexión que quiero hacer sobre esta materia. ¿Cuál es el tema de fondo desde el punto de vista tributario? 	¿Por qué los bienes raíces urbanos tuvieron un reavalúo y por qué los avalúos de los predios agrícolas tienen que mantenerse en ese statu quo desde 1980, no obstante que se han reajustado desde siempre según el IPC?	Sin ser especialista en agricultura, quiero señalar dos razones. En primer lugar, los mercados de tierras agrícolas son diferentes a los de tierras urbanas. Entiendo que el precio de las tierras -porque el avalúo, en el fondo, es el precio fiscal de ellas- depende de mercados inestables. Entonces, no es lo mismo el mercado de la propiedad urbana que el de la propiedad agrícola, que está sujeto a muchas externalidades, como dicen los expertos.	En segundo lugar, normalmente, los predios agrícolas forman parte del proceso de producción. Una persona tiene un predio agrícola para producir: para sembrar, para criar ganado, para obtener rentabilidad y, por lo tanto, está incorporado dentro de su actividad como un factor de producción. No sucede lo mismo con los bienes raíces urbanos, porque la gente no los tiene para obtener una rentabilidad y no los adquiere como inversión para lograr una ganancia, sino que, generalmente, lo hace para habitarlos.	En consecuencia, si queremos resolver el tema tributario de las propiedades agrícolas, debemos llevar a cabo un proceso a fondo, que, seguramente no se logrará con la prórroga de un año; lo lógico sería que fuera por dos, tres o cuatro años, y en ese período hacer un reavalúo serio, un catastro total, considerando todos los factores que inciden en el valor de la tierra para que, en definitiva, se paguen contribuciones justas.	Aquí también se ha discutido sobre el uso de estos recursos. De acuerdo con la Constitución, los impuestos ingresan a las arcas generales de la nación y no pueden existir tributos destinados a un fin determinado. Sin embargo, el 40 por ciento de lo que se recibe por contribuciones de bienes raíces se destina directamente a los municipios y el 60 al Fondo Común Municipal, redistribuyéndose, luego, de nuevo en los municipios.	Por lo tanto, si existe un tributo con un destino determinado, podemos realizar una fiscalización a los municipios -cosa que hoy constitucionalmente estamos impedidos de hacer-, a fin de saber en qué se han empleado los ingresos percibidos por este concepto.	¿Será verdad que los municipios de las comunas rurales los destinan al fin determinado, cual es resolver los problemas del campo? ¿O será verdad que en esas comunas rurales los recursos que obtienen de la agricultura los destinan a seguir contribuyendo al desarrollo de sus zonas urbanas? 	Sin duda, sobre el tipo de inversión y de gasto que se realiza en los sectores rurales de las comunas podríamos hablar latamente.	Quería hacer estas reflexiones y anunciar que vamos a votar favorablemente el proyecto.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.	El señor ÁVILA.- Señora Presidenta, este tipo de debate suele teñirse de expresiones eufemísticas. En este sentido, la Derecha ha exhibido destrezas inimitables a lo largo del tiempo. 	Hemos oído hace un momento al Diputado señor Melero, quien se nos ha presentado como un defensor histórico de la agricultura. Pero olvidó agregar dos vocablos previos: Sociedad Nacional de Agricultura, que es muy distinto. 	Cuando esta institución o los representantes políticos de la Derecha quieren explicar al país los problemas que vive el sector, se visten de las miserias y dificultades que sufre el pequeño propietario agrícola. Con ello, sensibilizan a las autoridades de Gobierno y se presentan ante el país como una institución preocupada de los problemas sociales. 	Pero, sistemáticamente, cuando las cosas van bien, nunca se ha oído de estas instituciones un solo pronunciamiento acerca de los resultados positivos que registran sus balances.	En el tema que nos ocupa esta mañana, se pone de relieve una situación que en nuestro país se debe corregir en el más breve plazo.	La propiedad en Chile, y en particular la agrícola, tiene dos valores: uno, de mentira, que sirve para relacionarse con todo lo vinculado con el Estado y, otro, de verdad, que sirve para transar con los particulares. Entonces, lo primero que hay que hacer en todos los ámbitos del tema que nos ocupa es llevar a cabo una “sinceración” del valor de la propiedad. Después veremos cuáles son los gravámenes que corresponde aplicársele. 	Pero, necesariamente, tenemos que manejarnos en este plano con lo que dice la realidad del mercado, porque este último se invoca solamente en lo que atañe a los intereses particulares, dejando de lado todo aquello que tenga que ver con una connotación social a cargo del Estado.	Como aquí se ha dicho, resulta obvio que el panorama de la agricultura no puede ser entendido igual para todos.	Entonces, en esta materia, no es justo dar un tratamiento parejo a todo el mundo, porque lo que tenemos al frente son realidades muy dispares, y a lo largo del último tiempo, de manera fundamental, el Estado ha tenido una incidencia muy directa en el cambio del valor de la propiedad agrícola en muchas partes.	La inversión pública en algunos sectores ha incidido en un incremento sustancial del valor de la propiedad agrícola. En esos sectores, la medida significa que se está contribuyendo a una ganancia ilegítima respecto de otros, que no han sido favorecidos con una inversión.	Por tanto, insisto, no resulta lógico que el Estado, y particularmente el Servicio de Impuestos Internos, mantenga esta actitud de prescindencia de una tarea impostergable, como la revalorización de los predios, en función de criterios que, en última instancia, son posteriores al cumplimiento de esta obligación. Ya se verá después cómo es posible gravar la propiedad agrícola teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que inciden en el valor de la tierra.	Por lo tanto, en virtud de estos argumentos y haciéndome eco de otros que se han entregado esta mañana, anuncio mi voto en contra del proyecto.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Corresponde votar el proyecto.	Hago presente a la Sala que estaban inscritos para intervenir los Diputados señores Miguel Hernández, Claudio Alvarado,    Sergio Correa, Carlos Caminondo, Jaime Jiménez y Luis Monge.	¿Habría acuerdo de la Sala para insertar sus discursos?	Acordado.	-En conformidad con el acuerdo anterior, se incluyen las siguientes intervenciones:	El señor CAMINONDO.- Señora Presidenta, nos corresponde en el día de hoy votar el proyecto que prorroga la vigencia de los avalúos de bienes raíces agrícolas.	La agricultura de nuestro país enfrenta una difícil situación como consecuencia, entre otros factores, de la distorsión de los precios internacionales producida por los subsidios externos, la caída de nuestro tipo de cambio, el alto nivel de endeudamiento, la falta de capacitación y aplicación de tecnología por parte de nuestros pequeños productores, todo lo cual ha hecho perder competitividad a nuestros productos en el mercado externo e interno.	Desde hace ya unos años la agricultura es una actividad poco rentable, pues los precios de los productos agrícolas disminuyen, mientras que los de los insumos suben considerablemente. Esta situación está llevando a la ruina a miles de campesinos, los que son obligados a vivir en una mayor pobreza o a vender sus propiedades y emigrar a la ciudad. Los estudios demuestran que la pobreza rural aumenta. Lamentablemente el Gobierno, durante mucho tiempo, negó la existencia de esta crisis y no ha reaccionado efectivamente con medidas que ayuden directamente al campesino.	La agricultura es un problema nacional, que exige una respuesta del país para salir adelante. No debemos olvidar que uno de cada cinco chilenos vive en el campo y uno de cada seis empleos existentes en Chile es producido por la agricultura. La ruina de la agricultura es la ruina de los campesinos, pero también de los comerciantes y de las ciudades pequeñas e intermedias.	Quiero recordar que en el año 1996 se creó a instancia de las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado, la Comisión Agrícola Especial, la que luego de un trabajo de cuatro meses confeccionó un documento que propuso medidas concretas en apoyo de la actividad agrícola, enfrentando los temas de las distorsiones de los mercados, costos directos de producción, endeudamiento, financiamiento, tributación, comercialización, información, capacitación, comisiones de distorsiones, laboral, de acuerdos comerciales internacionales y de agricultura campesina y pobreza rural.	Las medidas acordadas requerían para su aplicación de la iniciativa y voluntad del Gobierno -lo que no ha sucedido- y con ello vemos que las expectativas de los miles de agricultores de todo el país nuevamente se ven frustradas.	Nuestro trabajo como parlamentario es apoyar los proyectos que favorezcan a la gente, por lo cual en el día de hoy concurro con mi voto a aprobarlo, pero quiero dejar presente que ésta es una medida de parche, que ayuda sólo en parte al grave problema de la agricultura. El Gobierno no puede pretender que con este sistema de prorrogar año a año el reavalúo de los bienes raíces agrícolas, se soluciona la crisis de la agricultura.	Exigimos del Gobierno mejores soluciones al grave problema de la agricultura, ayudas directas a los productores, fijar una adecuada banda de precios, capacitación, financiamiento, etc., es decir, medidas reales que resuelven definitivamente esta crisis.	He dicho.	El señor CORREA.- Señora Presidenta, honorable Cámara: una vez más, estamos analizando la situación de la agricultura nacional, con motivo de un proyecto de ley que prorroga el avalúo de bienes raíces agrícolas. Lo venimos haciendo desde 1989, con la diferencia de que esta vez el Gobierno reconoce que la agricultura vive una crisis, cosa que antes negaba.	Por lo menos, en algo avanzamos.	Yo creo, señora Presidenta, que la agricultura tradicional vive la peor crisis de su historia, cosa que nadie discute y que lamentablemente se da por sabida, y muy poco o nada se hace para mejorar.	Los motivos son de sobra conocidos: la baja rentabilidad producto de la competencia desleal de productos subsidiados por los países desarrollados, los convenios internacionales, Mercosur, Canadá, Bolivia, Unión Europea, la crisis asiática y ahora último el anuncio de rebajas arancelarias.	A raíz del reclamo efectuado por la Asociación Chilena de Municipalidades que esta prórroga afectará las arcas municipales, estimo que debería buscarse una solución definitiva. No se puede seguir dilatando todos los años mediante la prórroga de la vigencia de los nuevos avalúos agrícolas, un problema de fondo.	Aquí estamos ante dos problemas que afectan a la agricultura, que deben ser abordados con una política global, por una parte, cosa que aún no se hace, y buscar fórmulas de financiamiento municipal, por otra, que no puede lograrse mediante el aumento de impuestos para una actividad cuya rentabilidad no alcanza a cubrir los gastos de subsistencia misma de los agricultores.	En 1982, el impuesto territorial pasó, de fiscal a ser de beneficio municipal, con el objeto de lograr una autonomía de los municipios que les permitiera ser un agente realmente impulsor del progreso y el desarrollo de sus respectivas comunas, y así fue. Posteriormente, se les fue entregando a los municipios la administración de la educación, la salud, la cultura, el deporte, el desarrollo social, etcétera, sin entregarle los recursos suficientes para estas tan importantes funciones, y con ello se está poniendo en peligro una de las medidas descentralizadoras más efectivas de los últimos tiempos.	Es más: debemos ser capaces de seguir avanzando y permitir que los municipios determinen de acuerdo a sus propias características sus propios impuestos, de tal manera que si quieren efectivamente desarrollar las zonas rurales, incentivando la inversión, rebajen o dejen determinados lugares exentos de impuestos, promoviendo la instalación de industrias y fuentes de trabajo.	Lo que está absolutamente claro es que la agricultura no da para más. Es por ello que yo votaré a favor de este proyecto, que prorroga por un año la vigencia de los nuevos avalúos a la espera de una solución de fondo.	He dicho.	El señor MONGE.- Señora Presidenta, históricamente el impuesto territorial constituyó una importante fuente de financiamiento para los municipios y fue una contribución permanente del mundo rural al desarrollo del mundo urbano, pese a que tradicionalmente el habitante rural casi nada recibe de los municipios, ya que los recursos recaudados por esta vía se destinan preferentemente a obras de mejoramiento urbano o al pago de servicios a los cuales no accede quien vive y obtiene su sustento en zonas alejadas de los centros urbanos.	Hoy, porcentualmente, ha perdido su importancia frente a otras vías de financiamiento, y su rendimiento asciende a nivel nacional a una cifra cercana a los     $ 30.000.000 provenientes de los 161.000 predios agrícolas afectos al pago del impuesto.	Es efectivo que el proceso de reavalúos de bienes raíces agrícolas no se realiza en el país desde el año 1980, y año a año se ha venido postergando, pero también es un hecho cierto que a partir de esa fecha los avalúos se han reajustado anualmente de acuerdo con la variación experimentada por el IPC.	La iniciativa del Ejecutivo reconoce que dada una serie de situaciones adversas que afectan al sector agrícola resulta inoportuno llevar a cabo el proceso, lo cual constituye un reconocimiento implícito a la grave crisis que afecta a gran parte de la actividad agrícola nacional, en especial a la agricultura llamada tradicional, que sustituye importaciones y que se realiza mayoritariamente desde la Séptima Región al sur y en el secano costero de la zona central.	Aunque este gobierno y el anterior se han negado sistemáticamente a reconocerlo, la crisis existe. Así, el sueldo de los agricultores, que es el precio de lo que reciben por lo que producen, ha caído en términos reales en más de un 40% desde el año 1990 a la fecha.	¿Qué persona o gremio pudiera sostener que una caída de sus ingresos de esta magnitud no es una crisis grave?	Por supuesto que el proyecto que nos ocupa no ataca el problema de fondo de la agricultura, ni es una medida de trascendencia, pero al menos intenta no recargar tributariamente y menos en tiempo de dificultades, a un sector que en mucho ha contribuido al desarrollo de Chile, en especial en épocas de vacas flacas, cuando no hemos contado con las divisas suficientes para importar los alimentos que la población requiere.	Esta situación sólo se va a corregir cuando el país defina, de una vez por todas, una política agrícola, que de tiempo a tiempo se anuncia, pero que nunca se concreta, indefinición que se traduce en un alarmante aumento de los índices de pobreza rural, de cesantía y en una fuerte emigración del campo a la ciudad.	Ningún diputado que represente a una región agrícola y que conozca a fondo la realidad que se vive en nuestros campos, puede estar en contra del proyecto.	Mención aparte merece el hecho de que afecta a miles de propietarios de suelos de aptitud forestal, mal clasificados por el Servicio de Impuestos Internos como suelos agrícolas que en la práctica no son susceptibles de explotaciones de tipo agrícola por contar con bosque natural nativo y que pagan contribuciones por montos que equivalen al ingreso predial de tres o más meses del año.	La Cordillera de Nahuelbuta está llena de estos ejemplos; zonas como San Ramón, Pinguidahue, Quechereguas, Chanleo, Pella-huen, Tolpán, Vegas Blancas y Pichimahuida, se cuentan entre las más afectadas y los propietarios no cuentan con recursos para obtener a través de estudios técnicos de alto costo un cambio de la clasificación de sus terrenos y obtener así la rebaja de los avalúos.	Aprovecho la oportunidad para reiterar lo que manifesté en el seno de la Comisión de Agricultura de esta Cámara y que se refiere a la necesidad manifiesta de cambiar los procedimientos y el criterio con el cual se efectúan las retasaciones de bienes raíces agrícolas y que pasa por un estudio de valores de mercado de los suelos que hace el Servicio de Impuestos Internos, lo cual muchas veces no refleja la realidad de la agricultura en una determinada zona, sino que obedece a otras consideraciones que apuntan a expectativas de plusvalía futura, turísticas, habitacionales o de otro tipo que se reflejen en los precios de las transacciones de tierras. Me parece adecuado y justo volver al criterio que se empleaba en la década de los ’70, cuando los reavalúos se fijaban de acuerdo a los parámetros que se obtenían del estudio de la rentabilidad agrícola por zonas geográficas que entregaban organismos oficiales.	Finalmente, como ex dirigente agrícola, lamento tener que referirme a las expresiones vertidas por el Diputado señor Ávila que demuestran su absoluto desconocimiento de la realidad de la agricultura chilena, en especial de la sureña, y del papel que en defensa de toda la agricultura chilena y de la ruralidad ha realizado la Sociedad Nacional de Agricultura a través de su historia de más de 160 años. Pareciera ser, señora Presidenta, que “los anteojos de ratán”, le impiden al diputado ver la realidad y sólo divisa algunas trasnochadas consignas propias de los años setenta. Los problemas de la agricultura chilena son básicamente los mismos en cada zona, variando únicamente su escala y magnitud.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En votación el proyecto.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 2 abstenciones.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Aprobado.	Por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba en general y en particular.	Despachado el proyecto.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:	Alvarado, Ascencio, Bertolino, Bustos (don Juan), Caminondo, Ceroni, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Monge, Mora, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Orpis, Ortiz, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Urrutia, Villouta y Walker (don Patricio).	-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:	Ávila, Leay, Melero, Palma (don Andrés), Valenzuela y Van Rysselberghe.	-Se abstuvieron los Diputados señores:	Letelier (don Juan Pablo) y Rojas.-o-	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Informo a la Sala que se encuentra en las tribunas una delegación de Nicaragua, presidida por su Vicepresidente, señor Enrique Bolaños, acompañado por funcionarios de gobierno y empresarios de ese país.	En nombre de la Corporación, les saludamos con mucha cordialidad.	-Aplausos.VII. PROYECTOS DE ACUERDOMEDIDAS EN FAVOR DE PENCO.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo.	El señor Prosecretario dará lectura al primero de ellos.	El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 61, de los Diputados señores Van Rysselberghe, Ulloa, Moreira, Fossa, Alessandri, Recondo, Monge, Dittborn, Longueira, Pérez, don Víctor; señora Ovalle, doña María Victoria; señores García, don René Manuel; Correa, Martínez, don Rosauro; Delmastro, señora González, doña Rosa, y señor Díaz.	“Considerando:1.	Que la región del Biobío tiene el índice de cesantía más alto del país, con un 6,8%, índice que con el transcurso del tiempo no ha disminuido, sino que se mantiene constante.2.	Que además de lo anterior, la cantidad de despidos en Penco llegan a más de 450 trabajadores, lo que repercutirá en 2.500 personas, teniendo presente además que se esperan para los próximos meses nuevos despidos en la comuna de Penco y en empresas textiles de Tomé, lo que aumentará la cesantía en esas comunas, a niveles muy preocupantes, por lo que resulta urgente tomar medidas que reviertan esa situación.3.	Que las soluciones propuestas por el Gobierno significan un aporte, pero es necesario que se implementen conjuntamente con otras para lograr una solución real y efectiva al problema existente en Penco-Tomé.4.	Que es imprescindible activar de una manera significativa los planes y programas de Obras Públicas, los que actualmente se encuentran paralizados, como es el caso del camino costero Penco-Tomé.5.	Que es necesario otorgar mayores facilidades para la rápida instalación de empresas que absorban una cantidad importante de mano de obra y así generar fuentes de trabajo estables en el tiempo y evitar en consecuencia el aumento de la cesantía, la que de acuerdo con las proyecciones podría llegar a un 20% en un corto tiempo.6.	Que los habitantes de Penco se encuentran dispuestos a aceptar todas las medidas que puedan implementarse para solucionar realmente los problemas que les afectan, no existiendo en ellos un ánimo de conflicto. Lo anterior favorece enormemente la ejecución de proyectos que signifiquen nuevas oportunidades laborales.	Por tanto, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:	Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República la formación de un comité interministerial que proponga medidas que signifiquen un real mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Penco y que, entre otras, contemple las siguientes, habida consideración de que muchas de ellas han sido implementadas en otras zonas del país, que han vivido situaciones similares, como por ejemplo el caso de Lota:1.	Subsidio para que los funcionarios despedidos con más de 50 años de edad puedan jubilar hoy en forma digna.2.	Subsidio para que aquellos funcionarios afectados por enfermedades laborales puedan jubilar hoy en forma digna, independiente de su edad.3.	Creación de un parque industrial en la comuna de Penco, aprovechando sus excepcionales condiciones de accesibilidad.4.	Incentivos tributarios para la instalación de nuevas industrias en Penco.5.	Subsidio a la contratación de mano de obra en Penco.6.	Instalación de almacenes francos para la manufactura de productos de exportación.7.	Financiamiento para la reformulación del Plano Regulador de Penco.8.	Aprovechar la privilegiada ubicación geográfica de la comuna para generar en Penco un centro de atracción turística.9.	Impulsar el Camino Turístico Costero que debe unir en el futuro Talcahuano con Tomé, lo que entre otras cosas generaría un desarrollo inmobiliario junto al mar.10. Todo lo anterior debe insertarse en un plan que contenga fechas y plazos conocidos por la comunidad de Penco, el que pueda ser seguido y evaluado en forma objetiva”.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Van Rysselberghe.	El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, tengo el honor de representar a uno de los distritos de la Octava Región, la que, por desgracia, mantiene desde hace tiempo un triste récord, ya que, por muchos períodos, registra las más altas tasas de cesantía del país.	Ahora, a raíz de la crisis asiática y la recesión de Japón, la situación de cesantía crecerá de manera sustancial.	Ya tenemos un primer ejemplo realmente dramático: el cierre de la fábrica de loza, en la pequeña comunidad de Penco, que tiene entre 35 y 40 mil habitantes, ha dejado cesantes a aproximadamente 450 trabajadores, lo que afecta a un universo de casi 2.500 personas, si consideramos su grupo familiar, cantidad bastante alta respecto de la población total de la comuna.	Por ello, es necesario adoptar una serie de medidas urgentes, destinadas a revitalizar ese sector. Dadas las excepcionales características tanto de la gente de Penco como de la situación geográfica en que se encuentra ubicada, puede pasar de la deteriorada situación que hoy presenta a ser un polo de desarrollo de la región.	Por eso, pido a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo, que plantea al menos diez puntos que pueden significar un real mejoramiento de la calidad de vida de esa comunidad.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra para impugnarlo.	Tiene la palabra el Diputado señor     Nelson Ávila.	El señor ÁVILA.- Señora Presidenta, podría estar de acuerdo con el contenido del proyecto; pero rechazo la forma de abordar los problemas regionales acudiendo al expediente de reacciones de tipo espasmódico.	Lo que aquí se da cuenta como problemas reales que vive una zona de nuestro país, se repite con leves cambios en la mayor parte del territorio nacional. Se nos invita a poner un pequeño ungüento en la piel irritada; pero no hacemos esfuerzo alguno por explicarnos las razones de fondo que están generando estas situaciones. Y la verdad es que el modelo económico concentrador de la riqueza y del poder está generando, en todas las regiones de Chile, un drama social muy intenso. Son muchísimas las actividades productivas que están siendo arrasadas por la concentración de actividades industriales, financieras y de todo tipo, la que resta posibilidades económicas a la pequeña y mediana empresa.	Este drama lo observamos en todas las ciudades de Chile y, naturalmente, la causa de fondo está en el tipo de orientación que lleva a cabo el modelo económico imperante. Si no somos capaces de atacar el mal en sus raíces, entonces serán infructuosos los esfuerzos que aisladamente hagamos respecto de zonas en particular. Estaremos siempre aprobando proyectos de esta naturaleza, porque irán floreciendo similares problemas en todas partes. ¿Y de qué van a servir? Exclusivamente para que el señor diputado que los presenta llegue mañana a su zona y en una conferencia de prensa local diga que él se ocupa del drama humano de los sectores que representa y ha propuesto, para lo cual contó con la aprobación de la Sala, un conjunto de medidas que él reclama de modo imperativo que se apliquen a partir del lunes y que dará a conocer. Resultado: al menos un porcentaje de la gente pensará que se ha iniciado el camino de la solución de fondo de todos sus males. Probablemente, el diputado reciba más de algún palmoteazo en la espalda por la preocupación que observa respecto de los problemas de su zona.	Al cabo de poco tiempo, todo esto no servirá para nada, pues lo que se propone es absolutamente impracticable, y no tengo la menor duda de que no será acogido por las instancias oficiales, porque demanda la implementación presupuestaria especial de partidas no consultadas en el presupuesto.	Entonces, hemos hecho un gesto retórico para la galería, que no servirá de nada. En ese sentido, no estoy disponible para prestarme a ese “show”.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En votación el proyecto.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- No hay quórum. Se va a repetir la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- No hay quórum. Se llamará por cinco minutos a los señores diputados.	-Transcurrido el tiempo reglamentario:	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Continúa la sesión.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 7 abstenciones.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No hay quórum nuevamente.	Queda pendiente la votación del proyecto para la próxima sesión.VIII. INCIDENTESINFORMACIÓN SOBRE DIETA CALÓRICA EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOS. Oficio.	El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional.	Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la Diputada señora Lily Pérez.	La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, quiero referirme a un tema que, aunque no es sobre política coyuntural, a muchos nos preocupa. Dice relación con las 700 calorías diarias que el Ministerio de Educación está entregando en los colegios municipalizados donde los niños tienen que almorzar, en circunstancias de que el requerimiento para los niños en edad de crecimiento es de aproximadamente 2.400 calorías diarias.	Hace un par de semanas, en una visita que hice al colegio Sótero del Río, del distrito que represento en la comuna de La Florida, pude verificar con las propias operadoras y manipuladoras de alimentos, en un registro que ellas llevan, el número de 700 calorías en alimentos, más un tazón de leche, que entrega diariamente la empresa -que tiene el convenio con el Ministerio de Educación- a los alumnos que asisten a la jornada de la tarde.	Solicito enviar un oficio al Ministerio de Educación, básicamente, para que conteste las cuatro interrogantes siguientes:1º	¿Cuál es el criterio que ha fijado dicho Ministerio para establecer una dieta de 700 calorías diarias a los niños?2º	¿Cada cuánto tiempo se está evaluando el cumplimiento de las necesidades y requerimientos de las dietas?3º	¿Se está fiscalizando que las operadoras de alimentos cuenten con todos los implementos y enseres necesarios para poder hacer bien su trabajo? Me refiero, por ejemplo, al agua caliente, pues muchas veces no cuentan con ese elemento indispensable para lavar los utensilios que se utilizan.4º	¿Qué responsabilidad tienen los municipios, que desde 1981 son administradores de los colegios municipales, en la implementación de la entrega de estos alimentos?	Formulo estas preguntas porque uno ve los esfuerzos que hacen los colegios y los centros de padres para atender en la mejor forma posible a los alumnos. Yo misma observé ese día cómo las profesoras se preocupaban de la higiene y salud bucal de los niños. Es decir, después de ingerir esos alimentos, los instaban a lavarse los dientes.	Reitero que los colegios de escasos recursos hacen esfuerzos tanto para que el almuerzo funcione bien, como para preservar la salud de los niños.	Entonces, mi pregunta de fondo es: si estamos todos claros en que los niños gastan una cantidad de energía tremenda en sus clases de gimnasia, en deportes, en los recreos, ¿por qué están consumiendo todavía el mismo nivel de calorías establecido hace diez años? ¿Por qué no se ha hecho una revaluación con respecto a la ingesta de calorías?	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.DICTACIÓN DE REGLAMENTO SANITARIO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PESCA. Oficio.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra, hasta por 4 minutos, el Diputado señor Pablo Galilea.	El señor GALILEA (don Pablo).- Señora Presidenta, uno de los capitales más preciados y una característica que diferencia a la región de Aisén, es su privilegio ambiental.	Por esta razón he considerado importante contribuir a elaborar una adecuada política que permita asegurar el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y la protección de los mismos, todo ello con la finalidad de preservar el patrimonio ambiental de Aisén.	Dentro de este contexto se ha desarrollado la salmonicultura, con un crecimiento de 65 por ciento de promedio anual en la última década, actividad que aportó, en 1997, 34,4 millones de dólares, cifra que representa el 30,23 por ciento de las exportaciones regionales.	La evolución de la salmonicultura ha sido sorprendente, a tal punto que, en la actualidad, nuestro país es el segundo productor del mundo, después de Noruega, en que Aisén aporta el 18 por ciento.	Sin embargo, el crecimiento sostenido de esta actividad sufrirá, por primera vez, una disminución de aproximadamente 11 por ciento durante la temporada 1998-1999, debido, principalmente, al aumento de las enfermedades y epidemias de los salmones.	Resguardar la calidad sanitaria es un trabajo que el consejo de salmoneros de Aisén ha impulsado con mucha fuerza. En efecto, ha recomendado a sus asociados extremar las precauciones para que, en la medida de lo posible, se evite llevar peces en cualquier estado de su desarrollo desde otras regiones del país. Esta recomendación, si bien fue una contribución, no ha sido del todo exitosa para impedir la presencia de enfermedades en la Décima Región. Sin embargo, el objetivo fundamental de este mecanismo gremial radicaba en suplir la ausencia de un reglamento sanitario que la ley de Pesca establece en su artículo 86, y el cual, a pesar de estar publicada la ley hace más de seis años, aún no ha sido implementado.	El acuerdo del consejo de salmoneros de Aisén fue impugnado por una empresa de la Décima Región que se sintió perjudicada al intentar vender peces. Esta denuncia fue presentada a la Comisión Antimonopolios, cuyo fiscal recomendó abstenerse de implementar barreras sanitarias que impidan el libre ejercicio de la actividad económica, además de sancionarlo económicamente.	Por lo anterior se diría que existe una errónea percepción, pues al Estado se le perdona su desidia de no reglamentar; pero la industria no puede recomendar a sus asociados normas que resguarden su patrimonio sanitario, requisito esencial para un sostenido desarrollo de la actividad acuícola.	Es un hecho ya demostrado en Aisén que un descuido en este aspecto genera epidemias y graves perjuicios económicos a la industria.	Por la importancia que este sector productivo tiene en la actividad económica, por la mano de obra que requiere y por el gran potencial de Aisén en esta materia, pido que se oficie al Ministro de Economía con el objeto de que el Subsecretario de Pesca nos informe respecto de las razones por las cuales no se ha dictado el reglamento anteriormente señalado que, claramente, establece la ley de Pesca en su artículo 86.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Sánchez.INTROMISIÓN INDEBIDA DE AUTORIDAD MINISTERIAL EN CLUB DEPORTIVO QUINTERO UNIDO. Oficio.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra, hasta por 3 minutos, el Diputado señor Bertolino.	El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta, en esta oportunidad me quiero referir a una situación que afecta al club deportivo Quintero Unido, de la Quinta Región, que milita en la tercera división en el fútbol nacional.	Dicho club eligió su directiva de acuerdo con sus estatutos y ha venido operando y participando en la liga respectiva; pero, en un momento determinado, un grupo de personas, entre las cuales, incluso, había algunas que no eran ni siquiera socios, nombraron una directiva paralela y recurrieron al Ministerio de Justicia para legalizar su situación.	Este hecho es totalmente irregular y grave, porque se está atentando contra el estado de derecho; más aún, cuando existen estatutos y está vigente la personalidad jurídica; más todavía, cuando el Subsecretario de Justicia, don José Antonio Gómez Urrutia, se inmiscuye en este asunto y por oficio, a través de la Secretaria Regional de Justicia, solicita que se regularice esta situación, llamando él a elecciones; y más aún, cuando se sabe, según algunos antecedentes, que funcionarios municipales han estado detrás de este asunto, incluso recolectando fondos para el club deportivo con recibos timbrados por la municipalidad.	Por esas razones, pido que se oficie a la señora Ministra de Justicia para que informe sobre la responsabilidad que le ha cabido al Subsecretario de Justicia en el manejo de esta situación; en qué leyes se ha amparado para inmiscuirse, faltar al estado de derecho y no respetar los estatutos del club depor-tivo.	Pero lo más serio aún es que, por oficio Nº 1643, de 10 de noviembre de 1997, la Secretaria ministerial se dirige al Subsecretario de Justicia y le dice, refiriéndose a la nueva elección que se había ordenado: “Creo que esta situación, a mi juicio, requiere ser revisada”. O sea, ni siquiera entre los funcionarios había unanimidad en la actitud que se estaba tomando.	Por lo tanto, reitero mi petición de antecedentes y aclaración referente a la situación en que se encuentra hoy la directiva del club Quintero Unido.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE TRAMO SANTIAGO-TALCA DE LA RUTA 5 SUR. Oficio.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el turno del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y medio, el Diputado señor Sergio Correa.	El señor CORREA.- Señora Presidenta, a mediados de mayo, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión del tramo Santiago-Talca, correspondiente a la ruta 5 Sur, completando de esta manera el proceso de licitación entre La Serena y Puerto Montt.	El consorcio chileno-español denominado Autopista del Maipo se adjudicó la propuesta por 25 años y por un monto de alrededor de 750 millones de dólares. Se pagará un peaje de mil pesos y la obra representa un adelanto en cuanto a que se hará un by pass entre la ciudad de Rancagua y un acceso a la capital, el cual pasará por las comunas de La Granja, La Pintana y otras. Incluso se considera la construcción de un túnel de alrededor de tres kilómetros. Dicha propuesta, de acuerdo con las bases del concurso, se caracteriza también porque se entrega al Ministerio de Hacienda la cantidad extra de 127 millones de dólares.	Todo ello ha hecho expresar al coordinador general de sistemas de concesiones, señor Cruz-Coke, que esta adjudicación es espectacular.	Sin embargo, quiero llamar la atención sobre lo que está sucediendo con el sistema de concesiones en las regiones, específicamente en la del Maule, en la provincia de Curicó, que represento, donde, si bien se llama a una propuesta, se adjudica y es de conocimiento de los concesionarios que postulan, existe desconocimiento absoluto acerca de por dónde pasará la vía y de muchos otros aspectos conexos; entre otros, sobre el sistema de expropiaciones. Muchísimas industrias no pueden realizar sus proyectos, porque están a la espera de saber qué ocurrirá con la carretera Panamericana o ruta 5 Sur. No se conoce la cantidad de metros que se expropiarán, y ningún propietario aledaño a esa carretera sabe a qué atenerse, pues no ha sido notificado por el Ministerio de Obras Públicas. Packings e industrias vitivinícolas están en la misma situación de incertidumbre, porque no han sido informadas, como corresponde, por dicho ministerio. Se van a construir calles de servicio, pero no está claro dónde ni cómo. No se sabe cómo y dónde serán instalados los peajes. De pasarelas peatonales se tienen antecedentes, pero algunas no corresponden o son innecesarias; no se consideran en sectores donde realmente se requieren.	De todo esto se necesita mayor información del Ministerio de Obras Publicas, para mayor claridad y tranquilidad de quienes viven en las regiones por las cuales pasará la ruta.	En consecuencia, pido el envío de un oficio al Ministro de Obras Públicas, con el fin de que se instalen oficinas de información sobre la materia; específicamente, una en la ciudad de Curicó, en la gobernación o en la municipalidad, con el objeto de que se informe a todos los vecinos.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.FALTA DE RECURSOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA DE CURICÓ. Oficio.	El señor CORREA.- Señora Presidenta, en forma breve, me referiré a la carencia de recursos para la salud primaria en Curicó.	Debido a que el sistema per cápita que se aplica, por ser considerada comuna urbana pobre, es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades, faltan medicamentos de todo tipo. Los pacientes crónicos de diabetes no cuentan con el suyo sino después de 25 días, con las consecuencias lógicas. El rechazo de enfermos por falta de personal médico es del orden del 30 por ciento.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- ¿Me permite, señor diputado? Terminó el tiempo de su bancada.	El señor CORREA.- Existe un ofrecimiento de parte de la intendenta, pero se requiere de la preocupación de las autoridades nacionales para solucionar el problema de la salud primaria de la comuna de Curicó.	Por eso, solicito que se envíe oficio a quien corresponda en este sentido.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.IRREGULARIDADES EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS FISCALES EN LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojas, a quien el Comité de Renovación Nacional le ha cedido el tiempo del Diputado señor García-Huidobro.	El señor ROJAS.- Señora Presidenta, la Segunda Región ha sido testigo de varias irregularidades en la Intendencia, específicamente con la venta de terrenos fiscales.	Por eso, solicito oficiar al Contralor General de la República, a fin de que envíe el informe emitido por la Contraloría Regional de Antofagasta sobre denuncias que recaen en asesores del Intendente. 	Asimismo, que se oficie a la Ministra de Bienes Nacionales, con el objeto de que envíe la investigación que a propósito de dicha denuncia efectuó en Antofagasta su ministerio.	Tales documentos nos permitirán ejercer, a conciencia y con respeto, nuestra facultad de fiscalizadores de los actos del Gobierno.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.PRECISIONES SOBRE ÁMBITO Y ALCANCES DEL FUERO PARLAMENTARIO.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Moreira.	El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, utilizaré un par de minutos para hacer una reflexión.	El fuero parlamentario es para proteger y no para destruir. La Constitución establece que los parlamentarios sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de su cargo, en sesiones de Sala o de comisiones.	Este privilegio, consagrado en la Constitución, tiene por objeto que los parlamentarios puedan ejercer con independencia y total autonomía su labor. En el caso específico de los diputados, además, es una garantía eficaz para el desarrollo de sus facultades fiscalizadoras.	Sin embargo, por ser un privilegio del que sólo gozan los senadores y los diputados, debe ejercerse con responsabilidad y enmarcarse dentro del sentido para el cual fue establecido.	Los parlamentarios debemos tener conciencia de que el hecho de tener un privilegio del cual no goza el resto de los chilenos, no nos exime del respeto que se merece la honra de toda persona o institución. En consecuencia, este privilegio debe ser ejercido para cumplir con la labor para la cual fuimos elegidos por la ciudadanía.	Jamás la inviolabilidad de que gozamos por las opiniones que manifestemos en la Sala o en las comisiones debe llegar a ser una coraza para cobijar acusaciones sin fundamento, ni menos los insultos a personas o instituciones.	Es cierto que muchas veces nuestra pasión nos hace olvidar que la denuncia de lo que no nos parece correcto debe ir acompañada de la prudencia, pero la pasión, incluso el arrebato, no puede ser excusa para desacreditar o menospreciar a alguien.	Hace poco se produjo una gran tempestad. Hoy, prevalece la calma; por eso la reflexión.	Algunos diputados, amparándose en esta inviolabilidad, calificaron en términos absolutamente irrespetuosos, al extremo de que afectaron su honor, a distintas instituciones del Estado, en especial de la Defensa Nacional.	Resulta incomprensible y no resiste análisis alguno el hecho de que esta inviolabilidad sea usada para insultar gratuitamente a personas o instituciones, con el agravante, además, de que tales insultos quedarán impunes, puesto que no se responderá por ellos, como lo tendría que hacer cualquier ciudadano por expresiones injuriosas o calumniosas. 	Ello, simplemente, constituye un mal uso de este privilegio que la Constitución nos otorga y una falta de respeto hacia nuestros electores, que confían en que la labor parlamentaria será ejercida con energía y decisión, pero jamás en forma irresponsable, desinformada e, incluso, con desapego a las normas más elementales de caballerosidad.	Una reflexión, sí, sobre todo cuando la democracia chilena está en un punto culminante, y al borde del nuevo siglo se espera del mundo político mayor madurez. Por eso, quienes ostentamos el cargo de parlamentario debemos ejercer estos privilegios como corresponde.	Al margen de quienes hayan tenido expresiones injuriosas o usado mal el fuero parlamentario, hago un llamado a todos mis colegas a no perder de vista que, para un adecuado ejercicio de nuestra labor, son necesarios los derechos que la Constitución establece. Pero es de nuestra responsabilidad no abusar ni utilizar de manera irresponsable y desenfrenada el privilegio de la inviolabilidad.	Por eso, hoy, después que la tempestad ha pasado, es bueno recordar que el fuero parlamentario es para proteger nuestra acción en defensa de los demás y no para destruir.	He dicho. 	-En conformidad al artículo 117 del Reglamento y a petición del Diputado Iván Moreira, se incluye el siguiente documento:	“Santiago, mayo 22 de 1975.	Señor Bernardo Leighton Guzmán. 	Roma, Italia.	Querido Bernardo: 	Recibí tu carta del 22 de abril y aprovecho el viaje de Angelo Bernasola para enviarte una respuesta.	Tú me dices en ella textualmente: “He leído y releído tu carta, meditado con ánimo objetivo y abierto sobre cada una de sus líneas más expresivas”. “Otro espíritu no hace grato ni útil un intercambio de correspondencia”.	Trataré de seguir el orden de tus argumentaciones y juicios concretos.	En vista de la acuciosidad con que sigues mis pasos y argumentos y la forma de tu planteamiento, me parece que lo mejor es atenerse a la misma pauta.	Comienzas comentando mi frase “que me desconcertó la interpretación dada por ti acerca de la declaración relativa a la expulsión del país de Renán Fuentealba”, en que tú textualmente dices que “se expresaba confianza en los actuales ocupantes del poder para ser el centro de la reconciliación de los chilenos”, cosa que yo jamás he afirmado. Comentando esta parte me dices que tengo razón, pues las palabras transcritas son tuyas y no mías. O sea, dejas estampado que me atribuías algo que se te ocurrió a ti, pero que yo no había escrito, lo que no deja de ser grave. Pero en vez de reconocer ese hecho tratas de justificarlo sobre la base de analizar una serie de actitudes para así explicar el que me hayas inventado una frase que no dije.	Cualesquiera que hubieren sido mis actuaciones anteriores, ello no te da derecho para suponerme ideas, actitudes o afirmaciones que no he formulado ni pensado, pero revela cuál es el fondo de tu actitud, que en este caso se transparenta. Como tú me hablas con franqueza de igual modo te diré que has adoptado una actitud de juez o acusador que no acepto; pero al amigo de tantos años le voy a contestar.	El origen de donde derivan todas nuestras diferencias reside en una visión fundamentalmente diferente de lo que pasó en Chile en los años de la Unidad Popular. Si yo parto de la base de que el Gobierno de la UP no violentó las leyes ni la Constitución, que a ojos vista no estaba preparando un golpe dictatorial marxista leninista, que no se manifestó reiteradamente un gran desprecio por la democracia “formal” y “burguesa”, que no se creó en el país un clima de odios insuperables, y no se llevó a la destrucción de la economía que acarrea inevitablemente el trastorno político, no hay nada que decir. Si, por el contrario, ocurrió todo eso y mucho más, como lo pienso, no hay manera de entenderse.	No me interesa entrar a discutir aquí las intenciones del Presidente de la República, porque los hechos históricos y políticos se juzgan por lo que realmente ocurrió y no por la interpretación de cuál sería el estado de ánimo de personas que se estiman o se quieren.	A la luz de una y otra interpretación, todo lo que sigue es distinto, y me referiré al capítulo de cargos que con tono admonitorio me formulas.	Fui a la ceremonia de la Gratitud Nacional a que invitaba el Cardenal para pedir a Dios por la paz de los chilenos. Invitados los tres ex Presidentes de la República, me pareció mi deber concurrir, deber para mí doloroso, pero deber.	Olvidas tú que en esa ocasión fui interrogado por la TV y por la prensa. Mi respuesta fue: “He venido a rogar a Dios que vuelva la paz a Chile”. No hay ahí ni una sola palabra de adhesión ni de excusa a nada. Además hecho que olvidas cuando al término de la ceremonia los otros dos ex mandatarios, el decano del cuerpo diplomático y todos los personajes asistentes fueron a saludar a la Junta, fui el único que permaneció sin moverse, lo que fue considerado por ésta como un agravio, y ante el hecho de que así se me representara contesté “que yo era Presidente del Congreso Nacional que ellos habían cerrado y que en tales circunstancias no podía adherir al saludo que los otros ex Presidentes, autoridades y representantes extranjeros estaban haciendo”.	Fue notorio a la concurrencia entera de las Fuerzas Armadas que don Gabriel    González y don Jorge Alessandri que habían avanzado a saludarlos se devolvieron a buscarme y que me negué a acompañarlos.	No digo esto por excusarme ni para dar explicaciones, sino porque quiero que los hechos también queden claros, ya que hay quienes viven llevando una bitácora de mis actitudes.	No acepté la clausura del Parlamento. Hay una declaración de mi parte al respecto. Es posible -y lo he pensado muchas veces- que debiera haber hecho una protesta formal, pero en las circunstancias que vivía Chile en esos momentos, y que nadie podía suponer, como tú mismo lo reconoces lo que ocurriría después, me pareció que más testimonios personales, en que trata de salvarse uno y quedar bien, contribuiría así a la posibilidad de que se restableciera la paz y se abrieran caminos de conducción democrática. Como me gusta reconocer los hechos, hoy tengo graves dudas respecto a que podría haber sido más categórico en mis expresiones.	En cuanto a mi entrevista al ABC me extraña que la cites. Hice una protesta pública por los diarios diciendo que el periodista español había abusado de mi confianza, que no le había dado una entrevista, que había tomado parte de mis palabras, y entre otras cosas señalé mi protesta porque se ponía en mi boca una referencia al Presidente Allende que jamás hice.	Por lo demás, tú estás acostumbrado a entrevistas en que distorsionan palabras o te aprovechan. Testimonio de ello es tu entrevista a “L’Expreso”, en la cual mañosamente, sin que tú lo hubieras dicho, del contexto de ella se desprendían juicios sobre mi persona, que me has afirmado no formulaste, o se hacían afirmaciones muy mentirosas, como el atribuirme encuentros con Pinochet en el mismo momento en que yo estaba en los Estados Unidos.	A no otra cosa responde también mi prólogo al libro de Genaro Arriagada. No hay una sola palabra de aprobación al golpe y mucho menos de una dictadura militar. Los elementos marxistas han escrito decenas y decenas de libros que contienen las mayores falsedades, incluso las más increíbles fantasías. No te he visto protestar en contra de ellos. Desde el libro del señor Joan Garcés afirmando que en conversación con Allende pocos días antes del golpe éste le dijo que jamás se entendería con la Democracia Cristiana, hasta toda clase de truculencias.	Yo creo que será difícil que el país se recupere si no se establece la verdad de lo que pasó. Y vuelvo aquí a mi convicción fundamental: nosotros entregamos un país en que durante seis años hubo real y verdadera democracia, y nadie mejor que tú lo sabe. Tú sabes muy bien lo amargos que fueron los sesenta días entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1970; las enormes presiones de que fui objeto, y sin embargo, es un hecho histórico que, cualesquiera que sean mis defectos -que tú con acuciosidad apuntas y te esmeras tanto en destacar- resistí esas presiones y cumplí con mi deber, entregando un país en pleno desarrollo económico, en las mejores condiciones que ningún otro gobierno lo ha entregado.	Continúas tú en tu lista de cargos. Citas una frase mía en cuanto no he tenido relación alguna con la preparación o el hecho del golpe militar. No tuve ni contactos ni conversaciones, ni conocimiento de su gestación.	Tú me dices que no soy exacto. Quiero tomar en la mejor forma posible lo que en su texto es un agravio inaceptable. Recuerdas que una vez que nos reunimos en un departamento de Américo Vespucio (realmente no me acuerdo), yo dije saber en esa ocasión que no había duda de que el golpe se produciría.	Me dices que me equivoqué de fecha pero que eso no destruye el hecho, aunque las fechas no coincidan. Me parece fantástica tu afirmación. No había parlamentario ni persona en Chile que durante los últimos meses no hablara de que el golpe se iba a producir y que estaba a la vista. No sólo lo dije una vez sino diez veces que veía que en las condiciones en que estaba operando el país el golpe sería inevitable. No había Embajador, incluso de los países socialistas, que no expresara sus temores ciertos de que se iba al colapso.	Rumores de todo orden corrían el día entero. No conozco un solo senador que alguna vez no dijera que había oído referencias a ello. Invocar esto para dar a entender que yo estaba vinculado con esta situación, me parece que excede a todo lo ponderable.	Retienes también en tu memoria me dices que en la comisión política yo informé varias veces de mi insistencia ante militares amigos para que aumentaran el control de parte de las Fuerzas Armadas respecto a las armas. Agregas que se ha conocido la intención torcida destinada a extremar la atención pública con que en repetidas ocasiones se aplicó esta ley. Tú me dices que al insistir en esto yo no tenía la intención, pero que prácticamente la servía, y que era grave por el alto cargo que ocupaba que no lo advirtiera.	Realmente veo que estamos en posiciones más que diametralmente opuestas para interpretar lo ocurrido en Chile.	Nunca oculté mi exigencia de que se cumpliera con esa ley, pues estimaba que ella podía impedir un trastorno, ya que ningún país puede admitir impunemente que se internen armas en forma ilegal. Esto no se lo dije a militares amigos. Se lo dije ocasionalmente a uno o dos de mis ex edecanes y sólo de manera formal al General señor  Carlos Prats.	Entre otras cosas le manifesté mi grave preocupación porque él decía que habría una guerra civil con un millón de muertos. Yo le dije que esa guerra civil no sería posible si no hubiera enormes cantidades de armas entregadas al país (cosa que por lo demás fue fehacientemente comprobada después), y que la aplicación severa de la ley despachada por el Congreso daría a la ciudadanía sensación de seguridad y a la vez evitaría la posibilidad de cualquier golpe.	Decir que si el Presidente del Senado exigía el cumplimiento de una ley que pedía al país entero ante el hecho gravísimo y provocativo de la internación de armas hacía el juego a la subversión, me da la impresión ya no de la torre de Babel, sino de una distancia aún mayor para juzgar lo que ocurrió.	Por lo demás, en este aspecto las declaraciones de Renán Fuentealba como presidente del partido, directiva de la cual era Vicepresidente, son numerosas, públicas y muchísimo más severas que las mías. Sin comparación. De eso nada dices. Tampoco de la actitud de muchos personeros DC que actuaron pública y constantemente.	Muchas veces expresé que yo veía inevitable que la Democracia se derrumbaría ante tales eventos. Más aún, creí mi deber advertirlo y repetirlo. Para ti eso es un delito. A los seis meses de gobierno en la elección municipal dije un discurso al país a petición expresa de la directiva, en la cual señalé que se llevaría al país al desastre y a una inflación incontrolable. El señor Vuskovic se rió de mí, diciendo que la situación económica era espléndida y que no habría inflación. Según tú piensas, cometí yo una provocación y Vuskovic estuvo muy acertado. Sin embargo, olvidas que tú mismo, de lo cual hoy te lamentas, firmaste los acuerdos del partido en que se señalaron taxativamente las distintas violaciones de la Constitución y la ley.	Tú me recuerdas que un día al salir del Senado según tú te pregunté por qué estabas tan furioso, y tú me dijiste que no estabas furioso conmigo sino con mi posición política. Tú me has obligado esta carta, porque no puedo dejar en pie tus aseveraciones. Yo también recuerdo que un día te dije en el Senado: “Bernardo no te conozco. Te veo lleno de odios y de resentimientos. No soy yo solamente el que piensa así, entre muchos amigos tuyos. No eres el Bernardo que yo conocía”. Tú me contestaste que no era así, que yo estaba equivocado.	Después dices que yo hice declaraciones frente al Gabinete de Allende, que fueron un ariete en contra de la estabilidad del Gobierno y precipité la catástrofe. He repasado esas declaraciones y las hice porque estaba convencido de que la fórmula que se estaba aplicando no tenía por objeto que las FF.AA. entraran al Gobierno a dar garantía a todo el país, sino para ser envueltas en una maniobra política destinada a dar los últimos pasos para la consolidación de una forma de Gobierno antidemocrática. Los hechos posteriores me han confirmado la justicia de esa interpretación.	Por lo demás, tú pareces olvidar otra cosa. Hubo varias reuniones del comité político a las cuales asististe tú, Tomic y otros personeros y yo también, y con la aprobación unánime de la Comisión Política se señaló la necesidad de un gabinete en que estuvieran las Fuerzas Armadas, pero se decía claramente -y yo no era miembro de la comisión- que no con unos dos o tres ministros superpuestos manteniendo toda la estructura administrativa inferior, porque eso se consideraba un peligro y un error. Más aún, hubo una declaración oficial de la Comisión Política al respecto. Yo llevé un borrador de declaración el cual fue aprobado en términos generales, estando tú presente, y redactado en definitiva por el presidente del partido, con la aprobación de toda la Comisión, a la cual tú asististe.	Yo también hago memoria y podría citar otra infinidad de hechos, porque resulta que aquí parece que algunos no habrían cometido pecado alguno y quieren convertir a otros, especialmente a mí, en chivos expiatorios de todos los pecados. Yo estoy dispuesto a cargar con los míos, pero no a que aparezcan como blancas ovejas quienes tienen bastantes salpicones...	Al final de la página dos me dices que cometo un error que escogiste el camino del exilio, porque tú no saliste pensando en un alejamiento definitivo y que es la decisión de Pinochet la que te impidió y te impide volver a Chile.	La verdad es que en el carácter de proceso que le has dado a mi carta, cometí un error. Podría invocar para él el que no me fijé atentamente en su redacción, puesto que comenzaba por decirte que considero una infamia que se te niegue volver a tu Patria, a la que tú siempre has servido con dignidad y con honor. Si siguiera tu hermenéutica diría que del contexto de tu actuación, tú decidiste ese camino. Pero si tú estimas que he cometido un error, me apresuro a pedirte excusas por él.	En la página tres hay una afirmación fundamental, que crees uno de los puntos claves de toda nuestra discrepancia. Dices textualmente: “los que creyeron posible la colaboración, nunca recibieron una proposición seria y aceptable. Esto no es verdad e incluso tengo escrito los hechos que demuestran lo contrario. Que la gran prensa guardara silencio o tergiversara, es cuento aparte”.	Yo no puedo saber cuáles son los hechos a que tú te refieres mientras no los des a conocer. Desgraciadamente en los años de la Unidad Popular tampoco tuve ocasión de conocerlos, lo que lamento profundamente, pues creo tenía el derecho de estar informado de una materia tan trascendental. Los hechos que yo tengo hasta ahora son otros: 1) Nunca en la mesa directiva del partido o en el Consejo se dio cuenta de ninguna proposición concreta o seria varias veces lo dije y en tu presencia. Era la ocasión de convencerme de que estaba en un error; 2) la proposición de Irureta fue rechazada; 3) una carta que no conocía y que he leído de Tomic al Presidente Allende fechada el 3 de junio de 1971, en la cual textualmente le proponía un acuerdo con la Democracia Cristiana, no tuvo respuesta, lo que se tradujo en el hecho en una negativa; 4) las diversas gestiones que se hicieron respecto a la Reforma Constitucional; 5) las entrevistas finales y públicamente conocidas del Presidente del partido, que nadie puede discutir, salvo que ya se quiera discutir que la luz del día no la produce el sol, que fueron rechazadas por el Presidente; 6) la última conversación del presidente del partido en casa del Cardenal con el Presidente de la República, en la cual el primero le insistió en la búsqueda de un acuerdo sin que hubiera respuesta de parte del segundo, salvo que le encomendaría el asunto a Carlos Briones, cosa que no hizo. Por lo menos eso es lo que Aylwin ha informado y ha ratificado el Cardenal.	Me parece aún más extraño todo lo que tú me dices, porque tú fuiste miembro de la mesa directiva durante todo el período de Fuentealba. Si hubo una proposición, ¿por qué no la tradujeron en hechos? Tampoco la llevaste a la Presidencia de Aylwin. Por eso es que tengo verdadera curiosidad por conocer esas proposiciones, que desgraciadamente no llegaron a tiempo.	Tú me dices que la gran prensa calló y tergiversó. No hay duda. Pero yo creo que una directiva de partido que hubiera tenido una proposición seria y responsable no podía dejarse manejar por esa gran prensa. Nunca lo fue en las cosas decisivas. Por lo demás, entre esa gran prensa yo coloco también al “Clarín” de propiedad del Presidente de la República que avivaba la cueca en una forma horrorosa y que injuriaba y encanallaba a destajo, y “Última Hora”, de propiedad de algunos ministros de estado. Yo fui una víctima constante de esa actitud. Y allí, salvo tratar de dividirnos en buenos y malos, nunca hubo nada serio.	Tú has hecho así una larga y detallada enumeración de lo que tú concibes como mis errores políticos. Pero yo quisiera agregarte dos cosas que creo es conveniente se señalen para la historia.	Cuando fui a la Moneda con motivo de la muerte del Edecán señor Araya, el Presidente Allende me recibió con extrema cortesía. Para dos días después estaba anunciada su reunión con Patricio Aylwin, que había sido suspendida por esa desgracia. Al despedirme de él le dije: “Presidente, Ud. va a tener una conversación con Aylwin. Yo he respaldado con todo entusiasmo el que esta conversación se verifique. Creo que es decisivo para el futuro de Chile que Ud. llegue a un acuerdo con el partido y con su presidente. No trate con personas individuales, trate sólo con él como directiva oficial. Tenga la seguridad de que yo deseo el éxito de esta reunión”. El Presidente agradeció mis palabras pero no agregó una sola frase fuera de sus expresiones de gratitud. Si él tenía algo que decirme, yo le abrí camino. No se interesó.	Para terminar con esta serie de recuerdos quisiera señalar dos cosas.	Tú te encargas de señalar mis errores políticos, de subrayarlos, pero olvidas que durante los seis años de mi presidencia el Partido Socialista y el Partido Comunista pero especialmente el Partido Socialista, mantuvieron una actitud de ruptura con el gobierno legal que no tiene parangón con la que tuvimos nosotros con el Gobierno de la Unidad Popular.	Desconocieron la legalidad de mi elección; se negaron incluso en el caso del terremoto a ir a la Moneda cuando los invité oficialmente; me negaron permiso para salir de Chile a Estados Unidos, unidos a la derecha; los senadores socialistas y el propio Salvador Allende no sólo guardaron silencio para el tacnazo, sino que hicieron declaraciones estimulando el golpe. En cambio la directiva del PDC y algunos prominentes democratacristianos tuvieron continuados contactos con el Presidente, perdonaron tramitaciones y engaños. Yo no los critico. Cuando Aylwin se iba a la Moneda voté afirmativamente, y cuando me consultó privadamente si concurriría a la comida donde el Cardenal, a pesar del fracaso anterior, le di mi opinión diciéndole que era su deber asistir.	También debiera pesar en tu conciencia un hecho: a ti te consta que yo no quería ser candidato a senador por Santiago. Cuando la mesa insistió, estando tú presente como parte de ella, dije la razón que tenía para no aceptar, y que era mi posición frente al gobierno de la Unidad Popular; el juicio que yo tenía de ese gobierno, la catástrofe que se preparaba para Chile, y que yo en ese contexto daría la campaña porque no podía hacerlo de otra manera, y que si ustedes no estaban de acuerdo con esa posición no tenía objeto en que insistieran en que fuera candidato. En eso fui extremadamente claro e insistente, y tú que has sido siempre muy honrado para tus cosas no puedes dejar de reconocerlo. Nada, pues, de mis posiciones posteriores pudieron extrañarte porque fueron debida, explícita y reiteradamente advertidos respecto a cuál era mi posición. Y en esas condiciones me insistieron, designándome.	Cuando yo veo la oposición que le hace el comunismo al gobierno D.C. en Italia, cuando veo lo que ocurre en Portugal, en Grecia y en otras partes, confirmo cada una de mis posiciones.	Tú me dices que la Democracia Cristiana de Portugal no era claramente democrática y que ese militar era una persona extraña, que así te informaron los D.C. españoles. También lo sé. Leo diarios italianos que me llegan con regularidad. Leo “Il Popolo”, el órgano de la D.C. y me di el trabajo de seguir todo el debate del Consiglio Nacional de Febrero y las posteriores campañas; la ley para garantizar el orden público y la seguridad y el voto en contra del Partido Comunista, después de haber hecho campaña en contra de la Democracia Cristiana, porque ésta era débil para mantener el orden público; y después, cuando quiere intentarlo la atacaban por vinculaciones fascistas. Leo también “Le Monde” y el “New York Times” y otras revistas, de manera que a pesar de no estar en Europa creo tener una información adecuada y no simplificada de los fenómenos. Lo que es un hecho es que el P.C. con un 12% del electorado tiene más poder que los sectores democráticos con 60 ó 70%.	Esta es la misma línea que siguieron en Hungría cuando con 17% del electorado se quedaron con el país, la misma línea de Checoslovaquia y la misma que siguen en cualquier parte. Los detalles importan poco frente a una línea de conducta siempre igual y a una estrategia no variada y sólo a tácticas diversificadas. Los D.C. italianos han dicho una cosa muy razonable “mientras la adhesión a la democracia del P.C. sea sólo táctica y mantenga su filosofía y su estrategia muy clara para llegar a una dictadura totalitaria, no hay base para un acuerdo”.	Yo quisiera ahora también, porque tú me has colocado en esa situación, decirte lo que yo pienso de algunas actuaciones tuyas.	Creo en primer término que tú cometiste un error político inmensamente grave, sin quererlo, porque nunca he dudado de tu lealtad y de tu rectitud. ¿Cuáles son esos errores? Yo creo que tus actuaciones amistosas y privadas, aunque fueran autorizadas por la Directiva o no autorizadas porque tú eras parte de ella muy fundamental, los contactos que tuviste con el propio Presidente Allende, nunca fueron claros. Fueron emocionales, amistosos, y dieron pábulo para que él creyera que podía dividir o manejar la Democracia Cristiana. Si se hubiera sido claro y más rotundo desde el comienzo y él hubiera visto un bloque de esa posición, tal vez se habrían evitado los daños posteriores y quizás llegado a un acuerdo. Y digo tal vez, porque creo que la temática en que él estaba empeñado y las fuerzas políticas que lo acompañaban lo habrían hecho imposible. Ignorar ahora todas las declaraciones del Partido Socialista, el Comunista y el MIR y sus actos, es imposible.	Creo también que nunca has hecho una valoración exacta de los actos del gobierno de la UP que llevaron al país al despeñadero, a la violencia, a los cordones industriales, a las tomas, a los territorios ocupados por el comandante Pepe y otros, al control de las poblaciones, etc.	Esa valoración es posible la hayas hecho en las conversaciones privadas, porque te sé muy claro para ello, pero nunca en público. De tal manera que tú apareces, quiéraslo o no, avalando o cohonestando ese gobierno que tú estimabas correcto y aun ejemplarmente democrático.	Oscar Waiss, que dirigió el diario “La Nación”, órgano oficial de gobierno en el  Nº 600 de la revista “política internacional” publicada en Belgrado en abril de 1975, hace una serie de afirmaciones que por milésimas, no por centésima vez, confirman mi diagnóstico y no el tuyo.	Si las hubiera citado en el prólogo del libro de Arriagada diría que era para justificar la dictadura y no para demostrar cuáles fueron las causas de la quiebra de la democracia en Chile, sin cuyo reconocimiento no habrá reconstrucción democrática.	Te citaré algunas de ellas. Al señalar las grandes realizaciones del Gobierno de Allende termina el párrafo con esta frase: “La reanudación de relaciones diplomáticas y comerciales con los países socialistas, que permitió mejorar con independencia el intercambio mercantil”. Grosera mentira, ya muchas veces repetida pues esta reanudación se hizo en nuestro gobierno. Subrayo nuestro. Igual cosa respecto a la reforma agraria. Igual cosa respecto a la nacionalización, etc. Se diría que no hubo Gobierno D.C. Eso es engañar deliberadamente.	Otro párrafo: “Y la brutalidad sin precedentes del golpe se explica por el temor de una guerra civil, muy proclamada por algunos sectores de la Unidad Popular y de la extrema izquierda y muy poco preparada realmente”. El hecho político es que se llevaban proclamando la guerra civil.	Otro párrafo: “Tememos que un estudio desapasionado y objetivo demuestre el bajísimo nivel de la producción agropecuaria en el período de la UP; en todo caso, ella no disminuyó la crecida cuota de importaciones en este rubro, que se convirtió en uno de los factores determinantes del colapso”. La verdad es más dura, y la dije oportunamente: de catorce millones de qq de trigo en 1970, para citar sólo ese ejemplo, bajaron a menos de ocho. Naturalmente, eso explica el colapso al cual se refiere el señor Waiss.	Otro párrafo: “El revolucionarismo de algunos alentó las tomas indiscriminadas, y el Estado debió hacerse cargo de manufacturas insignificantes o de pequeñas fábricas que exigieron, además, un cargo burocrático”.	Sin comentarios.	Otro párrafo: “Entre las palancas que se dejaron en manos de la reacción estuvo la posesión de la mayoría de los medios de comunicación de masa”. Olvidan lo que hicieron con la TV nacional, que nosotros establecimos en Chile, y que convirtieron en un instrumento a su servicio; que además se tomaron el canal 9. La oposición sólo tenía el Canal 13. Olvida, además, que se compraron más de ochenta radios y que disponían de un poder de prensa equivalente al menos, al de sus adversarios. La próxima vez no habrá diarios que no estén en desacuerdo con el Gobierno. Por lo demás, eso queda explícito en la siguiente frase: “muy bien pudo permitirse a las masas adueñarse de sus medios y proceder ante los hechos consumados”. “Una revolución o un proceso revolucionario que se inclina ante la legalidad burguesa resulta más papista que el Papa”.	Otro párrafo que subrayo en forma especial: “Porque con estos errores o sin ellos habríamos desembocado fatalmente en el mismo punto, con la diferencia que, evitando los errores, la relación de fuerzas nos habrían favorecido y hubiéramos sido nosotros los dueños de resolver el cuándo y dónde”. O sea, ahora el señor Waiss confirma lo que muchos dijeron.	Otro párrafo: “Coincido plenamente en el camarada Carlos Altamirano en que es mucho más grave lo que no se hizo que lo que se hizo. Los propios militares golpistas no podían convencerse de que los alardes de una guerra civil no pasaban de ser más que eso: amenazas inconsistentes”. De este párrafo y el contexto se deduce que para otra vez no se van a dejar llevar por amenazas inconsistentes. En todo caso, es muy grave que los gobernantes alardeen de guerras civiles.	Termina ese párrafo con esta frase: “el MIR, provisto de un armamento bastante sólido, evidenció su debilidad orgánica retirándose sin intentar atrincherarse en los cordones industriales como estaba previsto. La estridencia revolucionaria se derrumbó como un castillo de naipe”. Este párrafo del Director del Diario Oficial e íntimo amigo del Presidente, revela lo siguiente: 1) Que el MIR tenía un armamento bastante sólido. A confesión de parte...; 2) Establece que estaba previsto atrincherarse en los cordones industriales. Luego, había planes y cordones.	Termina este artículo diciendo lo siguiente: “El choque iba a producirse de todas maneras, fuere cuales fueren las concesiones del Gobierno, y parecía imposible que el Presidente de la República, militante del Partido Socialista, se desentendiera de la consigna básica de su partido que era la de avanzar sin transar. Había llegado el momento de echar el fetichismo legalista por la borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores; de destituir al Contralor General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de incautarse de “El Mercurio” y toda la jauría periodística contrarrevolucionaria...”. “Resultaba mejor dar el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces”.	Seguramente tu argumento va a ser: es la opinión de Óscar Waiss. Sin embargo, esto confirma todo el libro de Arriagada. Es posible también que se diga que yo estoy justificando el golpe al citar este artículo escrito por un hombre prominente de la Unidad Popular, que está totalmente de acuerdo con lo que dice su Secretario General, señor Carlos Altamirano.	Tampoco tú has evaluado, a mi juicio, todos los ataques de que fui víctima, el partido y yo, que he sido amigo durante toda la vida, al que trataron de asesino, dijeron que me financiaba con el tráfico de drogas, incluso atacaron hasta a mi familia. Todo eso fue tolerado. Reconozco que dos veces tú protestaste por ello, pero es muy distinto, Bernardo, protestar y dejar constancia de la protesta, pero seguir en una misma línea de contacto con los infamadores.	Tampoco veo nunca una valoración de tu parte de lo que fue nuestro Gobierno, de todo lo que hicimos en el terreno económico, político y social. Tampoco recuerdas las locuras ideologistas que se apoderaron del partido, que siendo Presidente tuve que soportar, y que el peor ataque que se hubiera hecho de nuestro Gobierno partiera desde dentro del partido. Recordarás que te pedí afrontaras esa situación y fueras candidato, cuando la UP rechazó la proposición unitaria. Me dijiste que no tenías ánimo para ello.	Tú vives haciendo el proceso del partido. Tú me dirás que no, pero es así. Tengo a mi vista el Nº 4 de la revista “Chile América”. Todo está allí calculado, medido y pesado para distorsionar los hechos, y sobre todo     -no creas que sufro de delirio de persecución- pero conozco las técnicas modernas para destruir a las personas. Cada vez que se nombra a don Sergio Ossa o a Juan de Dios Carmona se les agrega y subraya el título “Ex ministro de Frei”, cuando no se les agrega la frase “íntimo amigo de Frei”. No hay duda de que son mis amigos, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con ellos. Desde luego todo el partido en Chile sabe que cuando hicieron su declaración yo estaba fuera del país y que inmediatamente después de llegar les manifesté mi rotundo desacuerdo con tal documento, que consideré un grave error político. Pero yo me preguntaría, ¿por qué cuándo se dice don Bernardo Leighton no se pone también “Ex ministro y ex Vicepresidente del gobierno de Frei?” ¿Sólo fueron ministros Ossa y Carmona? ¿Por qué no se dice de Radomiro Tomic o de Gabriel Valdés “ex ministros de Frei”? Tú dirás que fuiste Ministro por méritos propios y que nada recibiste por el hecho de ser ministro mío. No lo dudo. Pero es un hecho que formaste parte de ese Gobierno, y hay otros que no eran nada políticamente y que si hoy tienen una situación es por haber sido ministros de ese gobierno.	Pero resulta que dentro de la técnica de la revista que tú oficialmente patrocinas, son sólo ex ministros los que les convienen a sus redactores.	Lo demás se ignora y deliberadamente se calla. En una palabra se trata de presentar mañosamente una imagen que me perjudique. No es casual lo que ocurre en los diarios italianos. No es casual que recientemente “Le Monde” hizo una relación de lo que sucede en Chile afirmando que las bases DC están cada vez más en contra de la posición del gobierno, pero deja caer la siguiente frase: “a pesar de los reiterados rumores de contactos del ex Presidente Frei con el General Pinochet”. No pueden afirmar que esos contactos existen, pero dejan caer la frase con la suficiente insidia y maldad para hacerme aparecer a mí en posición distinta del partido. Resulta que cuando el partido era blando frente a la Junta, yo era el blando porque yo era el que manejaba el partido en Chile. Resulta que cuando el partido se pone duro, yo estoy en desacuerdo en ese mismo momento. Por ningún motivo conviene que yo aparezca unido al partido en buena posición.	Todo esto es aceptado, avalado y es aprobado por ti, y así como tú dices que con mis actitudes yo había posibilitado el golpe, yo te digo que cada frase tuya contribuye a esto mismo. “Quiero mucho a Frei como amigo, pero no votaré jamás por él para Presidente por los tremendos errores políticos que ha cometido. Votaré por él para senador”. Te estoy muy agradecido por considerarme todavía apto para ocupar una senaturía. Pero no te inquietes. Aunque sé que tú no tienes ambiciones, diles a algunos de tus amigos que no se preocupen. A mí me queda poca cuerda y no creo que una candidatura mía sea una solución para el país ni muy remotamente. Son declaraciones excesivamente inútiles, y dado lo que está viviendo el país el colocarme como posible candidato sería, con buen humor, querer tomarme el pelo o colocarme como un ambicioso, el cual no contaría con tu voto.	Toda esa historia no se cuenta. En cambio se quiere presentar al partido en la peor posición.	¿Qué dirías tú, por ejemplo, si la gente conociera la carta enviada por Radomiro Tomic al General Gustavo Leigh el 23 de diciembre de 1973? ¿Por qué ella no forma parte del historial del partido? Vamos a leer algunos párrafos; en su primera parte dice: “Estaba convencido de que la Unidad Popular había malogrado miserablemente la oportunidad que tuvo de abrir una nueva época en la Historia de Chile; que estaba literalmente agotada como fórmula de gobierno; y que la desintegración notoria y galopante del régimen llevaría a la renuncia de Allende sin que fuera indispensable el pronunciamiento militar y los inmensos riesgos potenciales del enfrentamiento armado”.	O sea, éste era un gobierno que malgastó miserablemente la oportunidad, que estaba literalmente agotado y el régimen desintegrado. Según esa opinión había que esperar sólo que cayera. Pero como es lógico parece que había otros que pensaban que no iba a caer, sino que en vista de su desintegración habría un autogolpe. Eso piensa el señor Waiss, al menos.	En otro párrafo de esa carta subtitulado “La realidad política, social y económica del país” se escribe textualmente: “la define Ud. -y es imposible no compartir este planteamiento- (se refiere al texto del discurso del general que reproduce) como expresión malsana y ya intolerable del deterioro moral, institucional, gestado gradualmente a lo largo de muchos años y gobiernos del cual la UP no fue origen sino la expresión final. Todo ello como consecuencias de los vicios que su discurso señala: el efecto corrosivo del apetito del poder a cualquier precio, de grupos o individuos; del partidismo sectario y voraz; del excesivo ideologismo; del desprecio por las virtudes sólidas, como la confianza en el propio esfuerzo, el trabajo y la disciplina; de la imitación alienadora de modelos extranjeros”.	Y entonces el autor de la carta dice: “todo eso es cierto”.	En consecuencia según esta carta, la realidad de Chile es que era la expresión malsana y ya intolerable del deterioro moral e institucional. Aquí hay un juicio rotundo, más definitivo que todo el libro de Arriagada y que mi prólogo, y una concordancia, pues se le dice que “es imposible no compartir sus planteamientos” y que “todo eso es cierto”.	No quisiera alargarme, pero al final se hacen afirmaciones como éstas. Se le dice al señor Leigh que la Democracia Cristiana, “comprometida desde su fundación a la sustitución del capitalismo; adherente sin ilusiones a la legalidad del viejo orden; participante a desgano del juego partidista tradicional... sigue estando dispuesta para un programa revolucionario auténtico”.	Se dice después que la D.C. en un esquema revolucionario así, “podría integrarse y la respuesta dependerá directamente de la autenticidad del esquema al cual se le pide integrarse. La idea de la sociedad democrática y socialista deberá lograrse en un esquema fundamentalmente distinto del que emana de la llamada democracia representativa...” etc., etc., etc.	Si yo hubiera escrito eso, seguramente tú lo habrías publicado en tu boletín, en tu revista, con los subrayados presentándome como un individuo que ofreció el partido a la Junta e incluso planteaba su disolución para un nuevo orden en que desaparecía la democracia representativa. Pero como no fui yo el que escribió esa carta, ella no contribuye a infamarme a mí.	Si yo hiciera uso de esta carta citando estos párrafos cometería un grave daño moral y una injusticia, porque naturalmente esos párrafos están en el contexto de una carta muy extensa, cuyos juicios yo no comparto, pero que contiene los puntos de vista coherentes de una línea de pensamiento que ha seguido el autor. Por eso creo que sería desleal juzgarme a mí hasta por el texto de una conversación telefónica con un hijo mío a propósito de hechos conocidos, o por una reunión en casa de Lagarrigue que no ha existido, etc.	Por eso, así como no he negado ningún hecho que me concierne, encuentro extremadamente grave el siguiente párrafo publicado en una revista de tu responsabilidad que comienza así: “Informaciones periodísticas revelan que en Santiago en casa de Javier Lagarrigue, “íntimo amigo de Frei”, se produce un encuentro entre el ex Presidente y su amigo el General de División Óscar Bonilla, etc., etc.... En ese encuentro Frei aseguró que el partido apoyaría a la Junta y se acordó el envío inmediato de una carta informativa a los partidos de Unión Mundial de la Democracia Cristiana. Igualmente se acordó la urgente salida de una delegación del PDC al extranjero...”.	Al respecto, quiero ser muy preciso. No he asistido a esa reunión. No sabía de ella hasta leerla en tu revista. Fui hoy donde Javier Lagarrigue. Te acompaño una carta de él. Jamás he ofrecido apoyo del partido a la Junta. Ésa es una grosera mentira, y considero un insulto y una canallada el afirmar que mi carta a Rumor fue acordada con un personero de Gobierno Militar. La carta fue escrita por mí sin previa consulta con nadie, porque consideré un deber moral hacerlo para levantar los cargos inicuos que se hacían de la Democracia Cristiana y en contra mía personalmente. La única persona que conoció esa carta en Chile, una vez redactada fue Patricio Aylwin, y fue muy similar a un documento por él mismo elaborado. La carta no se conoció en Chile y la repartí privadamente a dirigentes DC de Europa. Sólo fue publicada aquí a raíz de la protesta de Fuentealba, como una manera de atacarme, y eso más de un año después.	He recibido muchos ataques insidiosos que han querido deshonrarme, pero ninguno me ha dolido tanto como esta afirmación que aparece en una revista, repito, patrocinada por ti.	Enseguida se refieren a una conversación que tuve con mi hijo Jorge. Tengo que recordar también este hecho. El día 15 de septiembre varias radios del exterior dieron la noticia de que yo había muerto. Muchas personas que las oyeron en Chile corrieron a mi casa y a la casa de mis hijos. En ese instante pensé que estando mi hijo Jorge en Roma, se desesperaría al saber la noticia. Por ese motivo conseguí que se me autorizara una llamada telefónica, para lo cual llamé a mi ex edecán General Bonilla. Creo que éste no es un delito, como se trata de presentar en tu revista. Le dije que estuviera tranquilo, que nada me había ocurrido y que en general en el país reinaba la tranquilidad y que incluso en las poblaciones habían aparecido banderas chilenas. Jorge le contó esta conversación a un periodista italiano que se pasaba por amigo mío, el cual naturalmente adaptó la información a su entero amaño. No tengo otra explicación salvo que se hubiera grabado la conversación en el exterior. Ninguno de esos procedimientos es honroso, pero se utiliza en mi contra. A la entrevista del ABC ya me referí.	Pero una cosa queda en pie: yo no sé si tú te dedicas a escribir la revista, pero tu nombre es el que le da cobertura, y puedo decirte que además de interpretar mañosamente algunas de mis actuaciones, contiene como ya te dije, infames mentiras.	Perdona que hable con la franqueza a que tú me incitas. Pero leer semejantes cosas me han producido no sólo desazón sino que una profunda amargura. Que lo hagan los adversarios lo comprendo y no me duele.	Pero que lo hagan los amigos me duele profundamente.	Habría otras cosas que agregar. Yo comprendo que un partido se haga una autocrítica, que nada se oculte, que todo se analice, que cada uno cargue con las responsabilidades que corresponde y que el partido lo juzgue y lo castigue si es necesario. Eso no sólo me parece conveniente sino indispensable. Pero ningún partido que yo conozca admite que esa autocrítica la haga un prominente miembro del partido en una revista, acompañado de personas que no son miembros del partido, que lo han atacado y lo han criticado y abandonado. Eso no lo acepta ninguna organización política, democrática o no. Todo su contexto aparece dirigido a mostrar que hay dos partidos, el de los buenos, de los rectos que no se equivocaron y el de los malos equivocados, para difundir esta idea entre los DC del mundo y naturalmente entre los que no lo son y presentar debidamente adosada la información.	Ésa no es autocrítica. Eso es tratar de destruir un partido. Y eso es incomprensible.	La presentación de los hechos es parcial. Es cierto que si yo cojo un párrafo de una que otra declaración, y más aún si invento algo como es el caso de lo señalado, puedo distorsionar la verdad por completo.	Nada se dice en cambio, del enorme esfuerzo, que nunca será bien apreciado de la gente que se hizo cargo del partido en esta etapa. De su lucha amarga y silenciosa por sostenerlo; por recibir cada día las tribulaciones de tanto militante que ha perdido su puesto, que pasa hambre, que sufre vejaciones o que es detenido; de las mismas gestiones, a veces dolorosas y hasta humillantes para defenderlos; de esa resistencia sorda, permanente para defender a las personas, a los derechos humanos; la actuación de tantos abogados y militantes nuestros en ayuda de las víctimas como es el caso muy honroso de Jaime Castillo, como el alegato ante el Tribunal Militar de Antonio Recabarren en San Fernando; como son los escritos de Orrego; como es la acción de nuestras juventudes.	En la parte final de tu carta citas un párrafo mío del prólogo al libro de Genaro Arriagada: “Chile está viviendo una tragedia, nuevos odios no pueden sustituir a los antiguos y nuevos apetitos y sectarismo no pueden sustituir a los viejos”. Y sigues: “por fin un punto de total acuerdo. Esa es la meta que yo busco, ahora que por caminos diferentes, mas no contrapuestos, a los que tú has elegido”.	En este caso olvidas también que al final de mi carta a Rumor señalo cuáles son los objetivos de la DC. No digo en ella que los objetivos son debilitar la acción del partido, ni justifico apoyo a la Junta. Digo categóricamente que los objetivos del partido son luchar por la vuelta a la democracia, por la defensa de los derechos humanos, etc..., pero no se parecía cuando hay un prejuicio y una posición a priori para juzgarme. Hay ahí el deseo de un daño moral que rechazo. Sostengo ahí lo mismo que sostuve en la parte del prólogo que tú reproduces, con la que te manifiestas de acuerdo.	Escribir esta carta ha sido duro para mí. Desde Nueva York te escribí sólo expresándote mi solidaridad como amigo, mi recuerdo y mi afecto. No había allí ninguna alusión a posiciones políticas. Tú me contestaste una carta igualmente afectuosa, pero en la cual hacías una serie de observaciones políticas, por lo que yo estimé necesario representarte algunos de mis puntos de vista. Tu respuesta fue categórica. Rechazabas algunas de mis afirmaciones, calificabas otras y hacías una lista de cargos respecto a mis actuaciones. No referirme a ellas habría sido aceptarlas.	Al iniciar tu carta me invitas a la franqueza y me dices que es inútil proceder de otra manera. He querido ser bien franco, como tú lo has deseado. Habrá tiempo para debatir nuestros desacuerdos y hacer un juicio sobre nuestro pasado.	Lo único que me importa ahora es trabajar con los pocos medios que tengo para que se restablezca alguna vez la normalidad democrática de nuestro país. Estoy profundamente angustiado, porque creo que en la actual situación de cada día se ahondan más los odios, los resentimientos, los atropellos, la situación económica es desesperada, la gente está sufriendo mucho y todo eso no conduce a una salida racional y pacífica.	Doblo esta página. Habrá alguna vez que volver a abrirla. Seguir esta discusión en este momento es inútil, cuando lo que el país quiere es una salida.	Tú me dirás que si pienso así, por qué te escribo tan largo. Piensa que es, en definitiva, una señal de amistad, porque no se borra de una plumada tan gran parte de la vida.	Tu amigo,	Eduardo Frei MontalvaP.S.: Te incluyo entrevista reciente a una publicación colombiana”.RESPUESTA GUBERNAMENTAL A PLANTEAMIENTOS DE LA COMUNIDAD DE ARICA. Oficios.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia, por cuatro minutos.	El señor URRUTIA.- Señora Presidenta, deseo que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República y al Ministro del Interior, en su calidad de presidente del Comité Interministerial para el Desarrollo de Arica y Parinacota, a fin de que se respondan, en plazo breve -no más de 30 días, a contar de esta fecha-, las propuestas que la comunidad de Arica hizo llegar al Gobierno.	En la primera semana de este mes, una comisión técnica, durante seis días, conversó con los líderes sociales, con los entes económicos y con los dirigentes, a fin de consolidar la propuesta que la comunidad formuló al Gobierno para asegurar el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota.	En consecuencia, es de absoluta necesidad que el Gobierno no postergue más su respuesta. Las cartas están sobre la mesa: lo que pidió en forma unánime la Cámara de Diputados el mes pasado y lo que pide la Oposición, la industria, la agricultura, la minería, las juntas de vecinos y los trabajadores de la Central Unitaria, ya las conoce el Gobierno.	Además, el alcalde y el concejo comunal, específicamente, solicitaron una corporación de desarrollo, idea que no planteé en mi proyecto de acuerdo -aprobado en forma unánime acá-, pero que acojo con entusiasmo, porque un organismo de servicio público sería una buena herramienta para garantizar que las decisiones que se tomen sean con sentido local, al margen de los intereses centrales, y permitiría focalizar mejor el presupuesto, los proyectos de inversión y la planificación de lo que se necesita en Arica y Parinacota.	Ya hubo un paro. Aunque no comparto sus motivaciones, entiendo que corresponden a la exasperación por la dilatación indefinida de la respuesta a una materia conocida y estudiada durante años por el Gobierno, y que ahora último -repito- se ha afinado con la presencia de una comisión técnica en Arica esta semana. 	Pido que en los oficios se haga hincapié en que el Gobierno debe contestar en breve plazo. Se han estimado treinta días, es decir, más que suficiente para una respuesta.	Asimismo, solicito que en ellos se incluya el texto de mi intervención.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Sánchez, Jaramillo, Fossa, Ortiz, Reyes, Patricio Walker, Jarpa, Mora, Gutiérrez, Cornejo y Juan Bustos.CONSECUENCIA Y REALISMO EN SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DEL SECTOR AGRÍCOLA. Oficio.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Enrique Jaramillo, por cuatro minutos.	El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, desde que el Presidente de la República anunció el pasado 21 de mayo la rebaja de los aranceles, múltiples actores se han pronunciado sobre esta medida, la mayoría apoyándola, ya que, como lo anunciara el propio Gobierno, se busca dar un mayor dinamismo y competitividad a nuestro sector exportador. Sin embargo, han aparecido en los últimos días declaraciones que critican dicha medida y que responden, en mi opinión, más a un afán publicitario que a una preocupación real por aquellos sectores que puedan verse afectados por la rebaja.	En efecto, un grupo de senadores pertenecientes a circunscripciones agrícolas, han señalado su rechazo a la rebaja pareja de aranceles, pues afectaría a productos agrícolas considerados sensibles al funcionamiento competitivo del mercado.	Represento a una zona eminentemente agrícola en la cual he desarrollado la actividad de mi vida. Sin embargo, resulta curioso que ahora estos senadores no estén de acuerdo con las políticas del Gobierno en materia arancelaria, en circunstancias de que pudieron manifestarlo en el momento en que se llevaron a cabo las negociaciones con el Mercosur, en aquella época aplaudida por amplios sectores y votada a favor por la mayoría de los senadores que hoy la critican.	Considero necesario dar un apoyo serio al sector agrícola y no limitarse a simples declaraciones que intentan más bien buscar un mayor protagonismo en la prensa que resolver los problemas que afectan al sector, en especial, a los pequeños y medianos productores que hoy sufren un alto grado de endeudamiento. Mucho se ha abundado hoy respecto de este tema.	Lo importante, entonces, es definir cuáles serán las compensaciones que tendrán las regiones agrícolas afectadas, no sólo hoy, sino desde hace mucho tiempo. Estas compensaciones deben ser la preocupación central de los distintos actores en acuerdo con las autoridades económicas del país.	La pobreza que se vive en las zonas rurales debe ser comprendida a cabalidad, y dar posibilidades para salir de esa situación debe ser nuestra principal preocupación. Ésa es la forma más seria y efectiva de bregar por el desarrollo de las zonas que representamos. Aquí no se trata de oponerse por oponerse, sino de buscar las fórmulas que nos permitan resolver los problemas que vive el campo. No podemos desconocer los tremendos beneficios que esta medida traerá al sector exportador, dentro de los cuales también hay muchos productos agrícolas como fruta, hortalizas, vino, etcétera, sin desconocer que los pequeños y medianos productores tradicionales se verán afectados por ella. Sin embargo -insis-to-, no es oponiéndose a ella la forma en que se ayuda a esos sectores.	Durante las últimas semanas, he conversado con importantes personeros de Gobierno, con el único propósito de buscar una verdadera solución al problema agrícola, principalmente al grave endeudamiento que se percibe en las regiones que desarrollan esta actividad, en particular, en la zona sur. Estoy absolutamente convencido de que ésa es la única forma de avanzar y de dar la tranquilidad que requieren los hombres y mujeres del campo para salir adelante. Por eso, hablemos de aranceles acompañados de compensaciones.	Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Agricultura, a fin de que nos informe sobre los recursos entregados por el Supremo Gobierno, por medio de esa cartera, al sector agrícola de la Décima Región de Los Lagos durante 1997 y lo que va corrido de 1998.	He dicho. 	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Sánchez, Urrutia, Patricio Walker, Juan Bustos, Ortiz, Jarpa, Mora, Reyes y Fossa.APLICACIÓN INEQUITATIVA DE LA LEY Nº 19.553 A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. Oficios.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Juan Bustos.	El señor BUSTOS (don Juan).- Señora Presidenta, quiero hacer presente la situación discriminatoria producida con las remuneraciones de los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En efecto, durante el gobierno militar se les mantuvo discriminados en relación con funcionarios de otras superintendencias. Lo mismo sucedió con los de seguridad social.	En 1992, por la ley Nº 19.848, se trató de corregir esta irregularidad; pero, en virtud de la ley Nº 19.148, de 1981, se mantuvo respecto de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Sólo la ley Nº 19.553, de 1998, vino a corregir esta última discriminación. 	Sin embargo, por desgracia, una interpretación muy singular de la Dirección de Presupuestos, determinó que estos nuevos beneficios se otorgaran en tres etapas, lo que ha sido reclamado por los funcionarios de la Superintendencia y de la Anef. Es más, dicho beneficio se ha aplicado en forma discriminatoria al interior de aquélla. A modo de ejemplo, algunos funcionarios han recibido un aumento del 200 por ciento, y otros, sólo del 10 por ciento, lo que ha generado una diferencia enormemente arbitraria entre unos y otros, todo lo cual ha dado origen a reclamos ante la Contraloría General de la República.	Por todo lo expuesto, solicito que se envíen los siguientes oficios:	Al Director de Presupuestos, con el objeto de que explique la forma en que se otorgan a los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles los beneficios de la ley Nº 19.553, y las razones en que se fundamenta el mecanismo empleado para tal efecto.	Al Ministro de Hacienda, a fin de que informe sobre la existencia de recursos para cubrir los beneficios otorgados a la Superintendencia fiscalizadora, y su distribución. 	Al Superintendente de Electricidad y Combustibles, para que informe sobre la forma en que se han distribuido los beneficios otorgados por la ley Nº 19.553 dentro del personal de la Superintendencia y acerca del procedimiento usado y resultados del proceso de calificaciones funcionarias efectuadas en los últimos tres años.	Al Contralor General de la República, con el objeto de que informe sobre el resultado de los reclamos de los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a propósito de la distribución de los beneficios otorgados por la ley Nº 19.553. 	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Urrutia, Jaramillo, Ortiz, Jarpa, Reyes, García-Huidobro y Fossa.RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE NEUROSIQUIATRÍA EN HOSPITAL DE CHILLÁN. Oficio.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señora Presidenta, en abril de 1989, la directiva del Comité Provincial Ñuble del Colegio Médico de Chile, Asociación Gremial, que presidía el que habla, emitió una declaración pública en la cual manifestamos nuestra inquietud ante la difícil situación que enfrentaba el Servicio de Salud de Ñuble.	Como punto principal, incluimos el proyecto de modernización del hospital base, establecimiento construido a inicios de la década de 1940 y respecto del cual ya desde 1970 se hacían esfuerzos por normalizarlo. El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Planificación y Cooperación en 1985, pero no se materializó su construcción debido al terremoto que asoló a la Región Metropolitana. Con posterioridad, en 1989, se postergó nuevamente su construcción, puesto que en esa oportunidad se privilegió la construcción del hospital de Talca, en lo cual coincidimos con las autoridades regionales de salud de ese entonces.	Por ese motivo, al iniciarse el primer gobierno de la Concertación, en 1990, la gobernación, el Ministerio de Salud, el gobierno regional, los parlamentarios y el Ministerio de Salud nos abocamos a la ejecución del plan. 	El Ministerio lo proyectó en cuatro etapas. En la primera, iniciada en diciembre de 1991, se construyó una torre de seis pisos que incluyó los servicios de urgencia, pabellones quirúrgicos, unidad de cuidado intensivo adulto e infantil, cirugía, traumatología, cirugía infantil, otorrinolaringología y oftalmología.	El establecimiento se inauguró en agosto de 1993, con la presencia del ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar. Contó, además, con implementación material y de personal. 	Posteriormente, en una segunda etapa, se normalizó el servicio de obstetricia y ginecología, radiología -incluyendo scanner- y laboratorio. Todo esto ha permitido salvar la vida de muchos pacientes que antaño, cuando eran afectados gravemente por patologías cardiovasculares, patologías infantiles o neuroquirúrgicas, debían ser trasladados a Concepción o a Santiago, y que, en algunas oportunidades, fallecían en el trayecto. Actualmente, los pacientes afectados por patologías neurológicas o siquiátricas deben ser hospitalizados en el Servicio de medicina interna.	El 26 de mayo recién pasado visité el Servicio de Urgencia del Hospital Erminda Martín, de Chillán. Allí pude comprobar que un paciente mayor del sector Capilla, de la Comuna de El Carmen, separado por más de 60 kilómetros de Chillán, había sido trasladado por sus familiares, que debieron recurrir a la locomoción colectiva particular, lo que les significó un alto costo, ya que presentaba una crisis esquizofrénica que lo tornó muy agresivo. Este paciente había sido atendido y trasladado a Chillán desde el hospital de El Carmen. El médico de turno, después de examinarlo, indicó sedarlo y trasladarlo a su domicilio, por no contar con la unidad de neuropsiquiatría, lo que provocó una airada protesta de los familiares, y un áspero diálogo con el médico tratante. Situaciones como ésta se repiten con frecuencia.	Esto hace que en la ciudad de Chillán y en la provincia de Ñuble, personas alteradas y en ocasiones agresivas permanezcan en sus casas o deambulen por la calle, lo que produce temor en el seno familiar, y un factor de constante inseguridad ciudadana para la población.	Junto a ello, con la prolongación de la vida, ha aumentado el número de personas mayores de 65 años, lo que hace que haya una mayor cantidad de patologías neurológicas. Es así como las cifras alcanzaban a 3.290 consultas en el año 1990, y en 1995 a seis mil seiscientas setenta y cinco, es decir, se duplicaron. De igual manera, en 1996 más de 8 mil atenciones han debido realizarse en psiquiatría ambulatoria. Y los egresos de neurología en el servicio de medicina correspondieron en 1995 aproximadamente al 20 por ciento y de psiquiatría al 18 por ciento, lo que hace que la tercera parte de las camas estén ocupadas por pacientes neuropsiquiátricos.	Hoy día en la provincia de Ñuble, al no contar con la unidad de neuropsiquiatría, se entorpece la atención de los servicios de urgencia, medicina, neurología y psiquiatría, produciendo trastornos serios en la atención de salud. A lo que debemos agregar la situación de temor, especialmente en el seno familiar, lo que lo transforma en una problema de seguridad ciudadana.	Por todo lo expuesto, solicito que se oficie al Ministro de Salud para que entregue los aportes necesarios para que pronto se construya la unidad de neuropsiquiatría en el hospital Herminda Martín de Chillán, cuyo proyecto se encuentra aprobado por el Ministerio de Planificación, adjuntando el texto de mi intervención.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y el texto de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Fossa, García Huidobro, Gutiérrez,   Reyes, Patricio Walker, Ortiz, Jaramillo y Urrutia.LABOR DE COMISIONES ESPECIALES DE LA CÁMARA EN PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Reyes, hasta por cinco minutos, de acuerdo al tiempo distribuido por su Comité.	El señor REYES.- Señora Presidenta, creo que todo lo que dice relación con el consumo de drogas y con el combate al narcotráfico debería ocupar permanentemente la atención no sólo de las entidades públicas, sino de la comunidad del país en su con-junto. 	En ese sentido, quiero destacar dos señales muy importantes que ayer entregó nuestra Corporación, y que dicen relación, precisamente, con el activo papel que nos corresponde desempeñar a los diputados en este ámbito.	En primer lugar, el debate desarrollado en torno a las indicaciones formuladas a la ley orgánica constitucional de Enseñanza, tendientes a introducir entre los objetivos generales de la enseñanza básica la prevención del uso de drogas y el conocimiento de los daños que provocan las drogas en la salud de las personas. 	Considero que tales indicaciones van en la línea correcta, por cuanto nuestros debates anteriores han girado fundamentalmente en torno a la represión y, en ese sentido, hemos desarrollado un trabajo bastante importante. Sin embargo, en el ámbito de la prevención es fundamental desarrollar un conjunto de acciones que permitan atacar o evitar el consumo de estupefacientes.	Quiero destacar -por lo menos así se percibió en el debate de ayer, y espero que ocurra lo mismo en la votación que se acordó realizar en la próxima sesión- el amplio consenso que hubo en todas las bancadas parlamentarias, lo que recoge el sentir y el planteamiento formulado en su momento por las comisiones especiales de la Cámara, constituidas para estudiar el problema de la droga en Chile.	Señalo ese hecho como un acontecimiento importante, una señal que va justamente en la dirección adecuada, para que todos nos involucremos de manera más activa y eficiente en la prevención del consumo de drogas.	En segundo lugar, también es una señal positiva que ayer se haya constituido nuevamente una comisión especial de drogas, que deberá abocarse a las tareas contenidas en el proyecto de acuerdo que le dio origen  -y que fue promovido por diputados de esta bancada- y continuar, en consecuencia, con el trabajo que realizaron comisiones especiales constituidas en los dos períodos legislativos anteriores.	Al respecto, quiero destacar el trabajo que las comisiones especiales de drogas han realizado en la Corporación. La primera tuvo por objeto determinar la magnitud del problema de la droga en Chile. Su trabajo se tradujo en un importante informe, cuyas proposiciones se tuvieron muy en cuenta para la posterior dictación de la actual ley Nº 19.366, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y que hoy, con mucho orgullo, podemos exhibir como un modelo de legislación en el ámbito del derecho comparado.	La segunda, que funcionó en el período legislativo anterior y que tuve el honor de presidir, se abocó a hacer un seguimiento de las políticas y del plan nacional en materia de prevención de drogas y, fundamentalmente, a evaluar la aplicación y eficacia de la actual legislación. Su completo informe, que coincidió con otro que, a su vez, efectuó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, hace un análisis exhaustivo de la normativa vigente en materia de represión al narcotráfico y se plantea un conjunto de sugerencias al Gobierno, en especial para introducir algunas modificaciones que nos parecen necesarias para mejorar todavía más la acción del Estado en este ámbito tan importante.	He querido ocupar estos minutos para destacar que la Cámara de Diputados haya dado estos pasos en la jornada de ayer que, a mi juicio, son muy importantes, tanto en lo que dice relación con la prevención del consumo como en el conocimiento que las personas -particularmente los estudiantes- deben tener respecto de los efectos nocivos de su consumo.	He dicho.MALTRATO A CONSCRIPTOS EN REGIMIENTO DE PUERTO MONTT. Oficio.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Walker hasta por tres minutos.	El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, el lunes, en Puerto Montt, junto a los Diputados señores Víctor Reyes y Gabriel Ascencio, pudimos constatar el maltrato que sufrieron 14 conscriptos del regimiento Sangra.	Durante la segunda semana de mayo de este año, en el río Pescado, cercano al sector de Ensenada, 14 conscriptos fueron objeto de apremios ilegítimos por algunos cabos y, eventualmente, por sargentos que estaban a su mando. Fueron introducidos a un lugar con excremento, golpeados con palos en el estómago, tórax, rodillas y, posteriormente, obligados a realizar acciones absolutamente rechazables, como besar los pies de los cabos. Y lo que es peor, fueron amenazados con represalias por parte de sus superiores si contaban lo sucedido.	El lunes, junto a los Diputados señores Ascencio y Reyes y familiares de estos conscriptos, presentamos un recurso de protección en Puerto Montt porque, obviamente, se había vulnerado el derecho a la integridad física y síquica y amenazado el derecho a la vida.	La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso y ordenó al regimiento Sangra evacuar un informe, dentro del plazo de 72 horas, que contenga los detalles de lo acontecido.	Esto no constituye un hecho aislado, ya que en enero de 1997, en mi calidad de Presidente de la juventud Demócrata Cristiana, me correspondió denunciar 14 muertes al interior de recintos militares y más de 300 casos de maltrato.	Los militares decían que la mayoría de esas muertes fueron suicidios, lo que sólo se expresaba en un breve comunicado, sin señalar las circunstancias y detalles que rodeaban al hecho.	En la actualidad, estamos ante casos que, en el pasado, se encubrían con escuetos comunicados y, muchas veces, no se explicitaban suficientemente.	Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Defensa, a fin de verificar si se están realizando las inspecciones permanentes como se anunció en esa fecha.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.REAJUSTE ADEUDADO AL MAGISTERIO. Oficio.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el Diputado señor Homero Gutiérrez.	El señor GUTIÉRREZ.- Señora Presidenta, me referiré a un tema de bastante importancia para el magisterio nacional.	El martes 12 de mayo asistió a la Comisión de Educación de la Cámara el señor Manuel González Cabrera, Presidente de la Comisión Deuda Histórica del Magisterio, para realizar una exposición sobre este tema que afecta, aproximadamente, a entre 15 y 20 mil profesores.	El artículo 40 del decreto N° 3.551, de 1980, otorgó al profesorado un reajuste progresivo, de hasta el 90 por ciento, el que comenzó a pagarse normalmente en numerosos establecimientos educacionales.	Sin embargo, en 1982 y años posteriores los colegios fiscales fueron traspasados a los municipios, y en muchos de ellos se suspendió el pago de este aumento progresivo de remuneraciones; como consecuencia de ello, un gran número de profesores quedó sin obtenerlo.	Posteriormente, en 1985, se modificaron los plazos. Se estableció un nuevo sistema de reajuste progresivo para alcanzar ese 90 por ciento durante los años 1985, 1986, 1987 y 1988, en el cual el proceso tendría que haber terminado.	Ello no ocurrió así, porque una disposición interpretativa del decreto N° 3.551 establecía que podría suspenderse este pago si se producía cambio de empleador, situación que se dio al pasar los establecimientos educacionales fiscales a los municipios, pero esto no fue uniforme.	Por esa razón, los profesores se han organizado y han recurrido a la justicia.	Algunos fiscales de la Corte Suprema, entre ellos el señor Enrique Paillás, han pronunciado dictámenes favorables a la exigencia de esta deuda y han obligado a los municipios a dictar resoluciones reconociéndola, pero en la actualidad, es bastante onerosa para los municipios.	Por consiguiente, se ha planteado un doble problema. Por una parte, la interpretación jurídica que reconoce la deuda a los profesores y, por otro lado, la situación económica de los municipios que, a estas alturas y dado el transcurso del tiempo, se les hace imposible pagarla.	Se ha recurrido al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior sin que, hasta la fecha, haya una solución para este problema que afecta a un enorme grupo de profesores, de avanzada edad, cuando sus remuneraciones deberían alcanzar el mayor volumen para su jubilación.	Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Educación, con el objeto de que nos informe sobre la situación de esta deuda histórica, sus alcances y, eventualmente, las posibles soluciones que se podrían dar. Hasta el momento, las respuestas han sido absolutamente negativas, pero creemos que es posible resolverlo de alguna manera.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ortiz, Jarpa, Reyes, Patricio Walker, Jaramillo, Hales y Urrutia.RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO Y PARA PROGRAMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA NOVENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Miguel Hernández, hasta por 4 minutos.	El señor HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta, solicito que se envíe un oficio al Ministro de Obras Públicas que contenga la petición expresa de incluir en su presupuesto sectorial de la ley de Presupuestos para 1999, los fondos necesarios para iniciar definitivamente la construcción del canal de riego Victoria, primera etapa, durante el próximo año y, asimismo, solicitar que se destine mayor cantidad de recursos a los programas de agua potable rural de la Novena Región de la Araucanía.	He considerado pertinente hacer petición en esta ocasión, porque actualmente los ministerios y cada servicio dependiente de ellos están desarrollando los programas presupuestarios que va a contemplar esa ley de la República para el próximo año.	Mis dos solicitudes tienen un contenido social y económico de mucha profundidad. 	El programa de agua potable rural solucionará un problema que para mucha gente de los sectores urbanos de las grandes ciudades aparece como inexistente, pero es lamentable que, a las puertas de un nuevo siglo, debamos reconocer que son miles los campesinos del país que no cuentan con este vital elemento, principalmente los que viven en comunidades indígenas.	En la Región de la Araucanía, cuando hay intensa lluvia, existe un fuerte movimiento tendiente a solicitar la solución de este problema.	En relación con el canal de riego, cuya tramitación tiene más de 45 años, hoy cuenta con su proyecto de ingeniería definitivo, absolutamente aprobado y, lo que es más importante, con el compromiso del Presidente Frei de que su construcción se inicie durante su mandato.	Reclamo con fuerza que este proyecto se incluya en la ley de Presupuestos para el próximo año, más aún cuando en un convenio recientemente suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y la Conadi, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -este proyecto de riego, como dije, favorece a miles de mapuches propietarios-, estaba incluido en un programa de ejecución para los próximos cuatro años, y no quiero que perdamos la oportunidad de concretar este importante proyecto de desarrollo económico y social para la agricultura de pequeños campesinos que trabajan una agricultura familiar, de subsistencia, porque, sin lugar a dudas, va a ayudar a resolver las precarias condiciones en que hoy viven.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.MAYORES RECURSOS PARA EL HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL DE CONCEPCIÓN. Oficios	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, el hospital clínico regional de Concepción fue construido hace, aproximadamente, 50 años. En la actualidad, tiene 1.054 camas, alrededor de 2.300 excelentes funcionarios -que en los hechos son efectivamente servidores públicos- entre personal profesional y de servicio. Atiende, además de la gente de mi distrito, conformado por las comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, prácticamente a toda la que proviene de la Octava Región, en un ciento por ciento en neurocirugía, especialidad creada durante la dirección del doctor Manuel Donoso, gran profesional médico, quien en los próximos meses cumplirá 50 años de ejercicio.	Además de eso atiende a toda la región en cardiocirugía, en la unidad de tratamiento intensivo de los niños, en quemados, en hemato-oncología, en relación con el cáncer a la sangre y el cáncer linfático. En la práctica, el 80 por ciento de los casos de oncología y de implante renal de la Octava Región se atienden en el hospital clínico de Concepción. Esto significa que anualmente tiene 200 mil atenciones en el policlínico, 200 mil en urgencia, 40 mil hospitalizados, 25 mil intervenciones quirúrgicas.	Por su dirección, han pasado grandes y connotados profesionales. El doctor Héctor Marcial Meza Lagos fue director de este hospital hasta hace poco tiempo. Con anterioridad, lo fueron muchos otros funcionarios. Actualmente, lo es un joven profesional, el doctor Germán Acuña Gamé.	Pero después de dar a conocer lo que significa para nuestra región el hospital regional, que sin discusión es el más grande del sur de Chile, están los aspectos financieros que los afectan, porque sus recursos están muy ligados a su producción. Se valora el número de productos por el precio de éstos y se compromete una gestión a un año. Este recurso constituye el principal ingreso financiero del hospital, que se complementa con ingresos propios, con programas especiales y con pagos de algunas asignaciones especiales.	El valor de cada prestación es establecido por Fonasa, sin importar la región en que ésta se produzca, a excepción de la Primera, Segunda, Undécima y Duodécima. 	Por otro lado, es necesario señalar que aproximadamente el 75 por ciento del costo de un producto sanitario clínico corresponde a recursos humanos. En la gestión de este recurso está la asignación de zona, correspondiente a un 20 por ciento del sueldo bruto. En el caso del hospital    Guillermo Grant Benavente, la asignación de zona significa un gasto anual de 1.100 millones de pesos. 	Es posible hacer gestión de ausentismo, gestión de calidad en recurso humano; sin embargo, sobre ese 20 por ciento no hay gestión posible, porque el tema es materia de ley.	Por lo expuesto, se genera una situación de desmedro al compararlo, por ejemplo, con hospitales de la Región Metropolitana. Cada una de sus prestaciones tiene un costo de un 15 por ciento más alto. Sin embargo, el pago es el mismo, lo que demuestra una absoluta discriminación en relación con el Gran Santiago.	Otro aspecto financiero que es conveniente señalar lo constituye la fijación de precios por parte de Fonasa. Se supone que cada precio corresponde a un mix de casos de distinta complejidad, en que el hospital tendrá costos más bajos cuando sean menos complejos, y más altos si son de mayor complejidad. Si se trata de un mix, se entiende que hay un precio único por diagnóstico o por prestación.	Los hospitales bases y particularmente regionales, reciben derivaciones del resto de la red. Éstas son, generalmente, las más complejas, por lo que el hospital que las recibe tiene el riesgo de quedar por encima del precio promedio del mix.	Otras situaciones, como las facturaciones de interservicios, los techos financieros y las “percapitaciones” teóricas, son también temas de discusión.	Por eso, solicito que se oficie al Ministro de Salud, a fin de plantear mi profunda preocupación por la forma de financiar el Hospital Clínico Regional de Concepción, especialmente considerando cómo se paga en establecimientos de igual tipo de la Región Metropolitana.	En segundo lugar, pido que se oficie al Ministro de Hacienda, con el objeto de que la funcionaria encargada de esta materia en esa Secretaría de Estado invite a una reunión de trabajo al doctor Germán Acuña Gamé, director del hospital, para analizar el tema de la facturación interservicios, techo financiero, el tema sobre el cobro del IVA, en consideración a lo dispuesto en el Nº 5 del artículo 13 del decreto ley Nº 825, de 1974, y lo expresado en el oficio Nº 2.519, del 15 de julio de 1987, que, me parece, están fuera de época.	Formulo esta petición por la gran labor que realiza el Hospital Clínico Regional de Concepción, su director y todo su personal.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntándole copia de la brillante intervención del señor diputado, con la adhesión de los Diputados señores Jaramillo, Jarpa, Walker, don Patricio;   Gutiérrez, Hales y Urrutia.	Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 13.53 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 17 de junio de 1998	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia, que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que modifica el Código de Procedimiento Civil, fijando cuantías que indica en unidades tributarias mensuales, con las siguientes modificaciones:Artículo únicoNúmero 2º	Ha sustituido la expresión “cien” por “quinientas”.-o-	Ha intercalado a continuación del número 3º el siguiente número 4º, nuevo:	“4º. En el artículo 712, suprímese la oración contemplada después del punto (.) seguido, que pasa a ser punto (.) final.”.Número 4º	Ha pasado a ser número 5º.	En el inciso segundo del artículo 723 propuesto, ha eliminado la oración ubicada después del punto (.) aparte.	Ha agregado el siguiente inciso final del artículo 723:	“Las resoluciones que se dicten en todo procedimiento incidental, cualquiera sea su naturaleza, serán inapelables.”.Número 5º	Ha pasado a ser número 6º.	Ha reemplazado la expresión “cincuenta” por “quinientas”.Número 6º	Ha pasado a ser número 7º.	En su letra a), ha sustituido la palabra “acta” por “el acta”.-o-	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.501, de 18 de junio de 1997.	Acompaño la totalidad de los antecedentes.	Dios guarde a vuestra Excelencia,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.2.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 17 de junio de 1998	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia, que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que reduce el monto de la multa para apelar en causas de juzgados de policía local, con la siguiente modificación:Artículo único	Lo ha reemplazado por el siguiente:	“Artículo único.- Reemplázase el artículo 33 de la ley Nº 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local, por el siguiente:	“Artículo 33.- Son inapelables las sentencias definitivas dictadas en procesos por simples infracciones a la Ley de Tránsito que sólo impongan multas”.”-o-	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.641, de 13 de agosto de 1997.	Acompaño la totalidad de los antecedentes.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.3.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 17 de junio de 1998	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia, que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva.	Hago presente a vuestra Excelencia que la proposición de la Comisión mixta fue aprobada en el carácter de ley orgánica constitucional, con el voto afirmativo de 35 señores senadores de un total de 47 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2.007, de 9 de junio en curso.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.4.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 17 de junio de 1998	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a las enmiendas que introdujo esa honorable Cámara al proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Limache, en memoria de doña Palmira Romano Piraíno.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.987, de 4 del mes en curso.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.5.	Oficio del Senado con el cual modifica la letra k) del artículo 3º de la ley Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar, estableciendo que el recurso de apelación se conceda en ambos aspectos. (boletín Nº 2046-07)	Con motivo de la moción, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO DE LEY:	“Artículo único.- Sustitúyese, en la letra k) del artículo 3º de la ley Nº 19.325, que estableció normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, la frase “La apelación de la sentencia definitiva y de cualquier otra resolución susceptible de este recurso, se concederá en el solo efecto devolutivo”, por la siguiente: “La apelación de la sentencia definitiva se concederá en ambos efectos, y la de cualquier otra resolución susceptible de este recurso en el solo efecto devolutivo”.-o-	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.Moción del honorable Senador señor Mc-Intyre, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la letra k) del artículo 3º de la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar, estableciendo que el recurso de apelación se conceda en ambos efectos. (boletín Nº 2046-07)“Honorable Senado:	Durante la última audiencia de iniciación de funciones de la Corte Suprema (vid. Diario Oficial de 14 de marzo de 1997), su Presidente, don Servando Jordán López, hizo presente algunas anomalías que se habían detectado en la aplicación procesal de la ley Nº 19.325 sobre actos de violencia intrafamiliar. En la parte pertinente de su discurso se lee: “La letra k del artículo 3º de la ley Nº 19.325, en cuanto a la apelación en asuntos de violencia intrafamiliar, ésta se concede en lo devolutivo, lo que implica que durante su tramitación en la Corte, puede estar cumplida la sanción y ser revocada la sentencia o conformidad con otra medida; o no se hace posible la conmutación”.	En efecto, el carácter sumario del procedimiento hace que la denuncia se tramite rápidamente, llegándose al fin del proceso en un tiempo relativamente breve. Sin embargo, la interposición del recurso de apelación hace posible dejar sin efecto todo lo obrado, situación que, como se explicó, puede involucrar a procesos con condenas virtualmente cumplidas. Por esta vía, entonces, es fácil desgastar inútilmente el sistema administrativo y judicial que se encuentra detrás de los procesos por violencia intrafamiliar.	Todo lo anterior hace aconsejable ampliar los efectos del recurso de apelación, en el sentido de comprender también el suspensivo.	En mérito de lo expuesto precedentemente, someto a consideración del honorable Senado, el siguientePROYECTO DE LEY:	Artículo único.- Sustitúyese la frase “en el solo efecto devolutivo”, contenida en la letra k, del artículo 3º de la ley Nº 19.325, que estableció normas sobre procedimientos y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, por la siguiente: “en ambos efectos”.	(Fdo.): RONALD MC-INTYRE MENDOZA, Senador de la República”.6.	Oficio del Senado con el cual modifica el inciso tercero del artículo 473 del Código del Trabajo, relativo al plazo dentro del cual las Cortes de Apelaciones deben devolver los expedientes al tribunal de origen para el cumplimiento de las sentencias. (boletín Nº 2045-07)	Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO DE LEY:	“Artículo único.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 473 del Código del Trabajo, por el siguiente:	“Dictado el fallo, el expediente será devuelto al tribunal de origen una vez cumplido el plazo para interponer el recurso de casación, si éste procediere. En caso contrario, deberá ser devuelto dentro de segundo día.”.”.-o-	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.Moción del honorable Senador señor Mc-Intyre, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el inciso tercero del artículo 473 del Código del Trabajo, relativo al plazo dentro del cual las Cortes de Apelaciones deben devolver los expedientes al tribunal de origen para el cumplimiento de las sentencias. (boletín Nº 2045-07)“Honorable Senado:	Durante la última audiencia de iniciación de funciones de la Corte Suprema (vid. Diario Oficial de 14 de marzo de 1997), su Presidente, don Servando Jordán López, hizo presente la falta de concordancia entre el plazo de dos días que el artículo 473 del Código del Trabajo establece para que la Corte de Alzada devuelva el expediente para su cumplimiento y el plazo de 15 días que la ley establece para la interposición del recurso de casación. En lo pertinente, dicho discurso afirmaba: “En asuntos laborales el artículo 473 impone la devolución del expediente por parte de la Corte dentro de 2º día para el cumplimiento del fallo, no obstante estar abierto el plazo de 15 días para interponer la casación”.	Encontrando muy razonable la inquietud del Presidente de nuestro Máximo Tribunal, y como una manera de encauzar las observaciones que la judicatura emite con arreglo a los artículos 5º del Código Civil y 102 del Código Orgánico de Tribunales, vengo a proponer el siguientePROYECTO DE LEY:	Artículo único.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 473 del D.F.L. Nº 1 de 1994, que fijó el texto refundido del Código del Trabajo, por el siguiente:	“Dictado el fallo, el expediente será devuelto una vez cumplido el plazo para interponer el recurso de casación, si éste procediere. En caso contrario, deberá ser devuelto dentro de segundo día.”.	(Fdo.): RONALD MC-INTYRE MENDOZA, Senador de la República”.7.	Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que prorroga la vigencia de avalúos de bienes raíces agrícolas. (boletín Nº 2175-01)“Honorable Cámara:	Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.	La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.	Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Rodrigo Durán, Subdirector de Evaluación y Carlos Orrego, Jefe del Departamento de Catastro y Tasaciones del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente.	Concurrieron especialmente invitados los señores Octavio Arellano, Duberli Valenzuela y Luis Barra, Alcaldes de Los Andes, San Rosendo y Malloa, respectivamente, y Héctor     Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Rural de la Asociación Chilena de Municipalidades.	El propósito de la iniciativa consiste en prorrogar la vigencia de los actuales avalúos agrícolas vigentes al 30 de junio de 1998, hasta el 30 de junio de 1999 y postergar del 1º de julio del presente año al 1º de julio de 1999, la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen, como una manera de evitar el aumento de la carga impositiva que afecta al sector agrícola, el cual pasaría por un período difícil como consecuencia de fenómenos climáticos adversos y factores externos vinculados a la situación económica internacional.	En los antecedentes del Mensaje se señala que la prórroga será aplicable a 161.538 propiedades agrícolas cuyo avalúo actual supera $ 1.649.182 y beneficiará a 48.656 agricultores acogidos al sistema de renta presunta por tener rentas anuales menores a 8 mil UTM.	El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos sostiene que la iniciativa en informe no produce incidencia alguna en la recaudación del presente año, en la medida que sólo prorroga los actuales avalúos fiscales de los bienes raíces agrícolas sujetos a impuesto territorial y, en consecuencia, su aplicación no importará cambios en la situación financiera y presupuestaria del ejercicio 1998.	Los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades manifestaron su oposición al proyecto en informe por varias razones, entre las que cabe consignar el hecho de que se pretenda favorecer al sector agrícola con recursos que tienen un destino municipal. Estimaron en treinta mil millones de pesos la recaudación anual por contribuciones agrícolas. Plantearon que si se aprobara el proyecto las municipalidades deberían recibir una asignación de origen fiscal equivalente a los recursos no percibidos por efecto de la postergación de los reavalúos, a través del Fondo Común Municipal, o en su defecto, que se aplicara el reavalúo para efectos del pago de contribuciones y no en relación con la renta presunta, evitando perjudicar así a los agricultores. Afirmaron que mediante la reducción de los ingresos municipales se estaría perjudicando a los habitantes del sector rural al afectar los proyectos sociales y de infraestructura en ejecución por las municipalidades.	Los representantes del Servicio de Impuestos Internos señalaron que los recursos generados por la recaudación del impuesto territorial son destinados a las municipalidades. Manifestaron también que la Dirección de Presupuestos no tiene las cifras del efecto que produciría el proyecto en los ingresos municipales, así como tampoco el referido Servicio las ha calculado. No obstante, indicaron que en la actualidad el giro por tal concepto alcanza los 30 mil millones de pesos anuales y que si se dieran los supuestos que se tuvieron presente al efectuarse el reavalúo urbano último, la magnitud del impacto por no efectuar el reavalúo agrícola sería, aproximadamente, de 3 mil millones de pesos anuales.	En la Comisión de Hacienda se plantearon observaciones al proyecto de diversa índole: se consideró que el proyecto sí tiene incidencia en materia financiera y presupuestaria de las municipalidades, aspecto del cual el informe financiero no se hace cargo, y que la postergación reiterada durante los últimos años de los reavalúos agrícolas ocurre frente a una situación en que no se aborda el problema de fondo que afectaría al sector, cual es la ausencia de una política agrícola consistente con la pérdida de productividad que le afecta.	A modo de alternativa de la propuesta que hace el proyecto, se planteó entregar una facultad a los municipios para que con plena autonomía determinaran la procedencia o no de los reavalúos en sus respectivos territorios, así como se hizo en su oportunidad con los bienes raíces urbanos o darse un mayor plazo para resolver con todos los antecedentes del caso acerca de una nueva postergación de los reavalúos agrícolas.	La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del artículo único del proyecto.	En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:	En el artículo único del proyecto, se prorroga hasta el 30 de junio de 1999, con sujeción a la ley Nº 17.235, la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que rijan al 30 de junio de 1998 y se fija a contar del 1º de julio de 1999, la vigencia de los nuevos avalúos.	En el inciso segundo, se faculta al Servicio de Impuestos Internos para eximir a los contribuyentes de la obligación de presentar la declaración descriptiva del inmueble objeto de la tasación a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 17.235.	El Diputado Lorenzini, don Pablo, formuló una indicación para reemplazar el inciso primero del artículo único, por el siguiente:	“Artículo único.- Prorrógase hasta el 30 de septiembre de 1998, con sujeción a las normas de la ley Nº 17.235, la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que rijan al 30 de junio de 1998, y fíjase a contar del 1º de octubre de 1998 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.”.	La indicación precedente fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.	Sometido a votación el artículo único fue aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra.	Sala de la Comisión, a 17 de junio de 1998.	Acordado en sesión de fecha 16 de junio de 1998, con la asistencia de los Diputados señores Palma, don Andrés (Presidente); Álvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; García, don José; Huenchumilla, don Francisco; Jaramillo, don Enrique; Jocelyn-Holt, don Tomás;    Kuschel, don Carlos Ignacio; Longueira, don Pablo; Lorenzini, don Pablo; Montes, don   Carlos y Ortiz, don José Miguel.	Se designó Diputado informante al señor Lorenzini, don Pablo.	(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión”.8.	Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca acerca del proyecto de ley que prorroga la vigencia de avalúos de bienes raíces agrícolas. (boletín Nº 2175-01)“Honorable Cámara:	Vuestra Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca pasa a informaros acerca del proyecto de ley, ingresado a tramitación legislativa con fecha 2 de junio de 1998 y originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que prorroga la vigencia de avalúos de bienes raíces agrícolas.	Para el despacho de esta iniciativa legal, su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia, calificándola de “suma”, en todos sus trámites constitucionales, incluidos los que le correspondiere cumplir en el honorable Senado.	Durante el estudio de este proyecto, vuestra Comisión contó con la asistencia y participación del Subdirector de Evaluación del Servicio de Impuestos Internos, don Rodrigo Durán López, y del Jefe del Departamento de Catastro y Tasaciones del mismo Servicio, don Carlos Orrego Acuña.I. IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO.	La idea matriz que inspira la proposición de esta iniciativa legal tiene por objeto prorrogar la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas vigentes al 30 de junio de 1998 hasta el 30 de junio de 1999 y postergar a contar del 1º de julio del presente año al 1º de julio de 1999 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.Fundamentos	Según se expresa en el mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, este proyecto se fundamenta en la actual condición del sector agrícola, afectado tanto por agentes climáticos y catástrofes en algunas regiones del país, como por factores externos vinculados a la situación de la economía a nivel internacional durante el presente año, por lo que resulta altamente inconveniente aplicar nuevos avalúos en la fecha prevista en la ley Nº 19.468. En efecto, ello importaría aumentar la carga impositiva sobre el patrimonio, desatendiendo los problemas enfrentados por el sector y la baja productividad derivada de los mismos.	Destaca el mensaje que esta prórroga será aplicable a 161.538 propiedades agrícolas cuyo avalúo actual supera los $ 1.649.182.- y beneficiará a 48.656 agricultores acogidos al sistema de renta presunta por tener rentas anuales menores a 8 mil UTM.Texto de las disposiciones legales que el proyecto de ley modifica o deroga.	Se transcriben, en esta parte, la disposiciones legales que inciden en la proposición del proyecto de ley en informe.	La ley Nº 17.235, publicada en el Diario Oficial de 24 de diciembre de 1969, fijó el texto refundido, sistematizado y coordinado de la ley sobre impuesto territorial.	En su artículo primero, letra A) señala:	“Artículo 1º.- Establécese un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado de conformidad con las disposiciones de la presente ley.	Para este efecto, los inmuebles se agruparán en dos series:A)	Primera Serie : Bienes Raíces Agrícolas.	Comprenderá todo predio, cualquiera sea su ubicación, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, o que económicamente sea susceptible de dichas producciones en forma predominante.	La destinación preferente se evaluará en función de las rentas que produzcan o puedan producir la actividad agropecuaria y los demás fines a que se pueda destinar el predio.	También se incluirán en esta serie aquellos inmuebles o parte de ellos cualquiera sea su ubicación, que no tengan terrenos agrícolas o en que la explotación del terreno sea un rubro secundario, siempre que en dichos inmuebles existan establecimientos cuyo fin sea la obtención de productos agropecuarios primarios, vegetales o animales. La actividad ejercida en estos establecimientos será considerada agrícola para todos los efectos legales.	En el caso de los bienes comprendidos en esta serie el impuesto recaerá sobre el avalúo de los terrenos y sobre el valor de las casas patronales que exceda de doce y medio sueldos vitales anuales de la industria y el comercio del departamento de Santiago. No obstante, en el caso de los inmuebles a que se refiere el inciso anterior el impuesto se aplicará, además, sobre el avalúo de todos los bienes.	Las tasaciones que pudieren ordenarse no incluirán el mayor valor que adquieran los terrenos como consecuencia de las siguientes mejoras costeadas por los particulares:a)	Represas, tranques, canales y otras obras artificiales permanentes de regadío para terrenos de secano;b)	Obras de drenaje hechas en terrenos húmedos o turbosos, y que los habiliten para su cultivo agrícola;c)	Limpias y destronques en terrenos planos y lomajes suaves, técnicamente aptos para cultivos;d)	Empastadas artificiales permanentes en terrenos de secano;e)	Mejoras permanentes en terrenos inclinados, para defenderlos contra la erosión, para la contención de dunas y cortinas contra el viento, yf)	Puentes y caminos.	Para hacer efectivo el beneficio establecido en el inciso anterior, el Servicio de Impuestos Internos al efectuar una nueva tasación del respectivo inmueble, clasificará y tasará el valor de los terrenos agrícolas. Determinará al mismo tiempo la parte que en el avalúo total corresponda al mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de las mejoras introducidas, para los efectos de excluirlos del referido avalúo total, previa declaración del interesado, quien deberá acreditar que cumple con los requisitos exigidos por este inciso y el anterior. La declaración precedente deberá hacerse conjuntamente y en el mismo plazo en que deba presentarse la declaración señalada en el artículo 3º de esta ley, y en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos.	Vencido ese plazo, caducará el derecho del contribuyente a impetrar este beneficio.	El beneficio establecido en los dos incisos anteriores se mantendrá por el plazo de 10 años, contados desde la vigencia de la tasación en que se otorgue, pero se extinguirá a contar desde el año siguiente a aquél en que se enajene el predio respectivo.”	“Artículo 3º.- El Servicio de Impuestos Internos deberá tasar los bienes sujetos a las disposiciones de esta ley, por comunas, provincias o agrupaciones comunales o provinciales, en el orden y fecha que señale el Presidente de la República.	El Servicio coordinará con los municipios la tasación de los bienes raíces de sus respectivos territorios.	Entre dos tasaciones consecutivas de una misma comuna, no podrá mediar un lapso superior a 5 años ni inferior a 3 años.	Para los efectos de la tasación, los contribuyentes deberán presentar al Servicio de Impuestos Internos una declaración descriptiva del inmueble, en la forma y dentro del plazo que señale el Reglamento.”-o-	La ley Nº 19.468 en su artículo único señala:	“Artículo único.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 1998, con sujeción a las normas de la ley Nº 17.235, la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que regían al 30 de junio de 1996, y fíjase a contar del 1º de julio de 1998 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.	Para la fijación de los nuevos avalúos, el Servicio de Impuestos Internos podrá eximir de la obligación de presentar la declaración a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 17.235, a todos los contribuyentes o a una parte de ellos”.Comentario del Articulado del Proyecto	Esta iniciativa legal consta de un artículo único que prorroga, hasta el 30 de junio de 1999, la vigencia de los avalúos de bienes raíces agrícolas que regían al 30 de junio de 1998 hasta el 30 de junio de 1999, establecidos mediante la ley Nº 19.468, fijando, a contar del 1º de julio de 1999, la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.II. MENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.	La Comisión determinó, por unanimidad, que en este proyecto de ley no hay artículos que merezcan una u otra calificación.III. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.	Vuestra Comisión, durante la discusión general de esta iniciativa, escuchó al señor Rodrigo Durán López, Subdirector de Evaluación y a don Carlos Orrego Acuña, Jefe del Departamento de Catastro y Tasaciones, respectivamente, del Servicio de Impuestos Internos.	Además, se recibió una declaración pública efectuada por el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en relación con el proyecto de ley en informe.IV. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.	En relación con lo preceptuado en el artículo 220 del Reglamento, el Presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones reglamentarias y con el asentimiento unánime de la misma, determinó que este proyecto de ley requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.V. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.	Durante la discusión general, se escuchó la opinión de los representantes del Servicio de Impuestos Internos, quienes expresaron lo siguiente.	La ley aprobada durante el año 1996, que aún se encuentra vigente, establece que el reavalúo de los bienes raíces agrícolas debe comenzar a regir a contar del 1º de julio del presente año. En relación con las cifras generales, en el caso de los predios agrícolas, alcanzan, según datos del Servicio de Impuestos Internos, a unas 550 mil propiedades agrícolas, de las cuales 161 mil pagan contribuciones, representando estas propiedades un 14% del total del país, lo que significa que el resto corresponde a propiedades no agrícolas.	En cuanto al rendimiento del impuesto territorial por concepto de propiedades agrícolas, alcanza anualmente a 30 mil 125 millones de pesos, lo que equivale a un 12,35% del giro total de contribuciones de bienes raíces. Por tal razón, atendiendo a la serie de catástrofes que han azotado a algunas regiones de nuestro país y, por otro lado, a la menor demanda de productos agrícolas que acontecen debido a la crisis internacional, el Gobierno decidió postergar nuevamente el reavalúo agrícola por un año.	En relación con los procesos de reavalúo, éstos se definen como una fotografía que se toma de la situación del mercado inmobiliario en el momento en que entran en vigencia, de tal manera que no parece adecuado efectuar estos procesos en períodos en que se producen inestabilidades, ya que esto influye en el valor de las propiedades agrícolas. Por lo tanto, pareciera prudente que estos procesos de reavalúo se pudieran implementar cuando la situación es de mayor normalidad, para que tengan una duración a largo plazo, y no como ahora, que podrían definirse en forma distorsionada.	El Servicio de Impuestos Internos estima que, entre reavalúos o entre tasaciones generales, la ley establece que los avalúos fiscales se reajustan en relación con la variación del IPC. Entonces, como el valor de mercado de las propiedades evoluciona de acuerdo a otros factores, es necesario realizar un proceso de retasación, en el cual estos avalúos se acerquen a los valores de mercado, lográndose mayor equidad en la administración del tributo.	Existen, también, otros factores que afectan en general los avalúos fiscales; pero, para todos, la retasación es un proceso que busca encontrar una estructura relativa de avalúos fiscales que guarde relación con los avalúos de mercado y acercarlos unos con otros, porque se ha visto, en la práctica, que los valores comerciales de las propiedades han subido mucho más que la variación del IPC. Según estudios del Servicio de Impuestos Internos, los avalúos fiscales, a nivel nacional, debieran subir en el orden de 2,5 veces.	El Servicio no cuenta este año con cifras actualizadas, dado que el Gobierno decidió postergar esta retasación, lo que no permitió realizar un cálculo del nuevo avalúo fiscal propiedad-propiedad, pero, según cifras del año 1996, que indican que los avalúos fiscales deberían haber subido en el orden de 2,5 veces, lo mismo debió haber sucedido con el valor de las rentas presuntas, el cual se encuentra afecto con el impuesto de primera categoría.	En términos del impacto al impuesto territorial, las cifras son del orden de lo manifestado por la Asociación Chilena de Municipalidades, por cuanto el Servicio no cuenta con una cifra exacta para el presente año; pero, en relación con el impuesto territorial, se estaría alrededor de los 10 mil millones de pesos. Esto corresponde a un impuesto fiscal de beneficio municipal, no obstante que la atribución legal de modificar esta ley tributaria le corresponde al Ejecutivo.	Por otro lado, se llevó a cabo un proceso masivo de los bienes raíces no agrícolas, desde el segundo semestre del año 1995 a la fecha, lo que ha permitido generar recursos adicionales a los municipios. En el caso del reavalúo agrícola, se afecta con una postergación tanto al impuesto territorial como a las arcas fiscales, ya que éste sirve como base para la renta presunta en la determinación del impuesto de primera categoría y global complementario.	Los reavalúos agrícolas vienen prorrogándose desde el año 1989. Lo que se ha estado haciendo en la ley es postergar la aplicación del reavalúo sin que sea necesario que en la nueva retasación deba realizarse un nuevo proceso de declaraciones. En relación con lo anterior, se puede agregar que se realizó la misma operación con los reavalúos de los bienes raíces no agrícolas, para lo cual se efectuó un proceso de declaración masiva denominado “Normalización de los catastros de las propiedades no agrícolas”. Posteriormente, se hicieron postergaciones hasta el momento de realizar la aplicación del reavalúo no agrícola, lo que es semejante a lo que se realizó en la agrícultura en el año 1992. En este caso, además, en el artículo se está proponiendo que el Servicio de Impuestos Internos pueda eximir de la obligación de presentar esta declaración a los contribuyentes o a parte de ellos para simplificar el proceso.	Por su parte la Asociación Chilena de Municipalidades expresó su parecer, mediante el documento que se transcribe a continuación:“ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES FIJA POSICIÓNANTE NUEVA POSTERGACIÓN DE LOS REAVALÚOS AGRÍCOLAS”.	“En el día de ayer, los municipios del país se han visto sorprendidos por una nueva medida del Gobierno Central que afecta directamente sus ingresos propios, ya que al postergar el reavalúo de los predios agrícolas, los municipios más pobres dejarán de percibir importantes recursos financieros. Por ello la Asociación Chilena de Municipalidades desea puntualizar lo siguiente:1º	Altas autoridades plantean como una solución a los problemas del agro, el envío de un proyecto con carácter de suma urgencia postergando la aplicación en todo el país del reavalúo de los Bienes Agrícolas. Cabe recordar que este reavalúo debe comenzar a aplicarse este año y que lo que de él se recaude, los municipios comenzarían a recibirlo a partir del 30 de septiembre próximo.2º	Lo anterior significa que dineros que debían ingresar a las municipalidades este año, no ingresarán por esta decisión unilateral del Gobierno Central, afectando a la totalidad de los municipios chilenos por el aporte de estas Contribuciones al Fondo Común Municipal, en especial a los Municipios Rurales que deben recibir el 40% de estos fondos. Esto se debe a que el 60% de lo recaudado por concepto del reavalúo ingresa en un plazo no mayor de 30 días al Fondo Común Municipal.3º	Debemos recordar que el último reavalúo agrícola se efectúo en 1980 y desde entonces los municipios rurales del país han visto crecer la demanda social y las necesidades del sector, sin apoyo de recursos adicionales por este concepto de parte del fisco. Esto significa que una vez más se utilizan los recursos municipales para solucionar diversos problemas, esta vez del agro chileno.4º	La Asociación Chilena de Municipalidades tiene plena conciencia que el agro chileno está -por diversas causas- en dificultades y que es importante buscar soluciones para este vital sector de la economía nacional, pero también tiene que expresar a la ciudadanía que el Gobierno debe buscar estas soluciones con SUS RECURSOS y no con los recursos de los municipios, incluso sin consulta previa. Esta forma de solución no ayuda en el fondo al agro, ya que al estar los municipios rurales desfinanciados, su acción en pro del desarrollo de sus comunas y en la participación como agentes de desarrollo local se hace imposible, por lo que los propios habitantes de esas zonas son directamente perjudicados.	Finalmente como Presidente de la Asociación solicito al Señor Ministro de Hacienda incluir en el proyecto de ley anunciado, los correspondientes fondos compensatorios destinados a los municipios chilenos como aporte fiscal al fondo común municipal, ya que de no hacerlo éstos se verán fuertemente perjudicados y estaríamos repitiendo un nefasto precedente de uso de recursos propios municipales por parte del Gobierno Central. Alcalde Gonzalo Duarte Leiva, Presidente Asociación Chilena de Municipalidades”.	Vuestra Comisión, luego de conocer los fundamentos de esta iniciativa expuestos en el mensaje del Ejecutivo y de escuchar a los representantes del Servicio de Impuestos Internos, respecto de la conveniencia de legislar sobre la materia, consideró oportuno dar por finalizada la discusión general.	Cerrado el debate y puesto en votación en general el proyecto, se aprobó por unanimidad.VI. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DE LOS DIPUTADOS CUYO VOTO HUBIERE SIDO DISIDENTE DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.	No hubo opinión disidente durante la votación en general del proyecto.VII. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.	Sin discusión, vuestra Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, procedió a aprobarlo en particular, en los mismos términos propuestos, por unanimidad.VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.	En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor diputado informante, vuestra Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca os recomienda aprobar el siguientePROYECTO DE LEY	“Artículo único.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 1999, con sujeción a las normas de la ley Nº 17.235, la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que rijan al 30 de junio de 1998 y fíjase a contar del 1º de julio de 1999 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.	Para la fijación de los nuevos avalúos, el Servicio de Impuestos Internos podrá eximir de la obligación de presentar la declaración a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 17.235, a todos los contribuyentes o a una parte de ellos”.-o-	Se designó Diputado informante al señor Miguel Hernández Saffirio.	Sala de la Comisión, a 3 de junio de 1998.	Acordado en sesión de fecha 3 de junio de 1998, con la asistencia de los Diputados señores Hernández, don Miguel (Presidente); Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo; Bertolino, don Mario; Monge, don Luis; y Recondo, don Carlos.	(Fdo.): MIGUEL CASTILLO JEREZ, Secretario de la Comisión”.9.	Oficio del Tribunal Constitucional.“Excelentísimo señor Presidentede la Cámara de Diputados:	Tengo el honor de remitir a vuestra Excelencia copias autorizadas de las sentencias Roles Nºs 273 y 274, relativas a los siguientes proyectos de ley:1.	Dispone la restitución por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes Nºs 12, 77, 133, de 1973; 1.697, de 1977, y 2.346, de 1978, y2.	Modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención, y dicta normas de protección a los derechos del ciudadano, respectivamente. Ambos fueron remitidos a este Tribunal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS, Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ, Secretario”.	“Santiago, diez de junio de mil novecientos noventa y ocho.	Vistos y considerando:1º	Que por oficio Nº 1.952, de 12 de mayo de 1998, la honorable Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que dispone la restitución por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes Nºs 12, 77 y 133, de 1973; 1.697, de 1977; y 2.346, de 1978, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º -inciso final-, 6º, 7º, 12, 14, 15, 16 y 17 del mismo;2º	Que el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;3º	Que, el artículo 74 de la Carta Fundamental dispone:	“Artículo 74.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.	La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.”;4º	Que las normas sometidas a control constitucional prescriben:	“Artículo 1º.- Las personas naturales y las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos, que hayan sido privados del dominio de sus bienes por aplicación de los decretos leyes Nºs 12, 77 y 133, de 1973; 1.697, de 1977, y 2.346, de 1978, tendrán derecho a solicitar su restitución o requerir el pago de una indemnización, en conformidad con las normas establecidas en esta ley. Igual derecho tendrán sus sucesores o quienes se reputen como tales conforme a las disposiciones que se expresan más adelante.	Igual derecho corresponderá a quienes hayan perdido el dominio de sus bienes por acto de autoridad ejecutado con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 establecido por sentencia judicial ejecutoriada, dictada con anterioridad a la vigencia de esta ley.	Podrán, asimismo, acogerse a las disposiciones de la presente ley quienes hubieren sido privados del dominio de sus bienes en virtud de las normas a que se refiere el inciso primero, sin haberlo recuperado posteriormente, no obstante haberse dejado sin efecto el respectivo acto administrativo, y siempre que no se hubiere recibido compensación alguna por parte del Estado.	Los partidos políticos sólo tendrán derecho a solicitar la restitución respecto de bienes inmuebles de cuyo dominio hayan sido privados.	Cuando la privación a que se refiere el inciso primero haya recaído sobre una concesión definitiva de estación de radiocomunicaciones otorgada de acuerdo al decreto con fuerza de ley Nº 4, del Ministerio de Economía, de 1959, Ley General de Servicios Eléctricos, los titulares tendrán derecho a solicitar una indemnización, en conformidad con esta ley.	Podrán acogerse a este procedimiento, quienes tengan juicio pendiente en contra del Fisco, iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en que reclamen la restitución o indemnización de los bienes señalados en el inciso primero. En este caso, deberán desistirse previamente de las acciones deducidas ante el tribunal respectivo, y acompañar a su solicitud copia autorizada de la resolución judicial que ponga fin al litigio.	Las personas que hayan recibido del Estado alguna compensación por los bienes de cuyo dominio fueron privadas, sólo tendrán derecho a que se les indemnice, si procede, la diferencia de valor entre el bien confiscado y la compensación recibida debidamente actualizada, en su caso”.	“Artículo 2º.- Las solicitudes respectivas deberán presentarse en las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales, y deberán contener las siguientes menciones:a)	Individualización del solicitante;b)	Determinación de los bienes que se reclamen, o sobre lo cuales se pretenda indemnización, precisándose el derecho que se invoca en conformidad con el artículo anterior, yc)	Estimación del valor comercial que se atribuya a los bienes mencionados precedentemente.	La solicitud deberá, asimismo, acompañar todos los documentos y demás elementos en que el peticionario funde su derecho.	Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad respectiva podrá requerir al peticionario cualquier otro antecedente o elemento de convicción que estime necesario para resolverla.	El Ministerio de Bienes Nacionales rechazará las solicitudes que no cumplan con los requisitos antes señalados, mediante resolución de la cual podrá pedirse reposición, con nuevos antecedentes.	De la resolución respectiva podrá reclamarse en conformidad con el artículo 7º.	“Artículo 4º.- Si se presentare más de un interesado solicitando la restitución de un mismo bien en los términos del artículo 1º, el Ministerio de Bienes Nacionales dispondrá acumular todas las solicitudes y notificará este hecho a los demás interesados por carta certificada.	No obstante lo dispuesto en el inciso primero del artículo precedente, siempre habrá derecho a solicitar la restitución de un bien que haya sido solicitado anteriormente por otro interesado, hasta por 30 días contados desde la fecha de la última publicación del extracto a que se refiere el citado artículo.	Transcurridos los plazos señalados en el artículo 3º y en el inciso anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales no admitirá a tramitación nuevas solicitudes, ni se podrán adicionar bienes a las ya presentadas”.	Artículo 5º, inciso final.- “Este pronunciamiento se notificará a los interesados por carta certificada, y de él se podrá apelar ante el Juez de Letras en lo Civil, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 7º, dentro del plazo de 30 días contado desde su notificación”.	“Artículo 6º.- Expirado el plazo para presentar nuevas solicitudes y no existiendo recursos pendientes, el Ministerio de Bienes Nacionales dictará resolución pronunciándose sobre la solicitud.	Esta resolución señalará si el solicitante, o cuál de ellos si se hubiere presentado más de uno, tiene derecho sobre los bienes reclamados en virtud de lo dispuesto en la presente ley y, en caso afirmativo, además, si se le restituirá el bien o se procederá a indemnizarlo de acuerdo con lo prescrito en el artículo 8º.	La resolución se notificará a todos los interesados por carta certificada. De dicha resolución se podrá reclamar de acuerdo con el procedimiento indicado en el artículo 7º, dentro de los veinte días siguientes a su notificación”.	“Artículo 7º.- Será competente para conocer de las causas originadas por aplicación de los artículos anteriores de esta ley, el juez de letras en lo civil que tenga asiento en la ciudad capital de la región en que estuviere ubicado el inmueble de que se trate, o el del domicilio del peticionario si la solicitud recayere sobre bienes muebles u otros derechos.	Dichas causas se sustanciarán conforme al procedimiento del juicio sumario, y en ellas podrá alegarse el abandono del procedimiento si el actor ha cesado en su prosecución durante tres meses contados desde la última gestión útil”.	“Artículo 12.- El Fisco o el solicitante tendrán un plazo de treinta días, a contar de la notificación, para reclamar del monto de la indemnización fijado por la comisión, aplicándose en la especie las normas contenidas en los artículos 14 y 39 del decreto ley Nº 2.186, de 1978, en lo que fuere procedente”.	“Artículo 14.- Las solicitudes presentadas por partidos políticos se regularán, en lo que correspondiere, por los artículos 3º al 13, ambos inclusive, de la presente ley, y por las disposiciones siguientes”.	“Artículo 15.- Si se presentare más de un partido político solicitando la restitución respecto de un mismo bien raíz, una vez dispuesta la acumulación, el Ministerio de Bienes Nacionales las emitirá a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que procederá a designar a un Ministro de dicha Corte para los efectos de lo establecido en el inciso siguiente. El Ministerio de Bienes Nacionales notificará este hecho a los interesados por carta certificada.	Corresponderá al Ministro de Corte de Apelaciones designado, recibir del Ministerio de Bienes Nacionales todos los antecedentes que se le hubieren presentado y que determinan la controversia entre los partidos políticos que se atribuyen la titularidad del derecho. El Ministro tramitará la causa de conformidad a las reglas del juicio sumario y citará a los interesados a comparendo. La notificación de esta resolución se hará mediante carta certificada enviada al domicilio que cada interesado hubiere designado como tal en la solicitud presentada al Ministerio de Bienes Nacionales y se entenderá perfeccionada quince días después de entregada la carta al servicio de Correos. En el testimonio de la notificación deberá expresarse el hecho del envío, la fecha, la oficina de Correos donde se hizo y el número del comprobante emitido por tal oficina, el cual deberá, además, ser pegado al expediente a continuación del testimonio. El Ministro fallará conforme a las reglas de la sana crítica, pudiendo requerir del Servicio Electoral los informes que estime pertinentes.”.	“Artículo 16.- Para los efectos de determinar al peticionario que deba reputarse sucesor de un partido político afectado en los términos del artículo 1º, el Ministro considerará, entre otros antecedentes, los siguientes:a)	El número de parlamentarios elegidos por el partido disuelto en el proceso eleccionario de marzo de 1973 y que se encuentren afiliados al 31 de diciembre de 1996 al partido peticionario.b)	La afinidad entre las orientaciones doctrinarias, el nombre utilizado, y los símbolos empleados, por el partido solicitante y el afectado en los términos del artículo 1º.c)	La militancia al 31 de diciembre de 1996 en el partido solicitante, de los dirigentes del partido político afectado en los términos del artículo 1º.d)	La circunstancia que los dirigentes del partido político solicitante hayan sido también dirigentes del partido político afectado en los términos del artículo 1º.e)	La militancia en partidos políticos disueltos de personas que al 31 de diciembre de 1996 tengan figuración pública relevante en el partido solicitante”.	“Artículo 17.- En tanto no se haya dado entero cumplimiento a las disposiciones de la presente ley, y sólo para este efecto, se suspenderá la aplicación de la norma contenida en el artículo 3º transitorio de la ley Nº 18.603.”;5º	Que, de acuerdo al considerando segundo de esta sentencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas de proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;6º	Que, en relación con el artículo 5º, inciso final, del proyecto en análisis, que dispone: “Este pronunciamiento se notificará a los interesados por carta certificada, y de él se podrá apelar ante el Juez de Letras en lo Civil, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 7º, dentro del plazo de 30 días contado desde su notificación.”, este Tribunal considera que es propio de la ley orgánica constitucional indicada en el artículo 74 de la Constitución Política de la República;7º	Que, sin embargo, en la disposición transcrita en el considerando anterior no se indica a qué pronunciamiento se hace referencia. En esta situación, una vez más, el Tribunal, siguiendo el principio de buscar la interpretación de las normas que permitan resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la Constitución, estima que el precepto en análisis es constitucional, en el entendido que el pronunciamiento del cual se puede reclamar ante el Juez de Letras en lo Civil competente es aquel que corresponde realizar a la Dirección del Trabajo para determinar si una organización sindical puede ser considerada sucesora de aquella que ha sido afectada de acuerdo a lo que establece el artículo 1º del proyecto, a que se refiere el inciso primero del mismo artículo 5º;8º	Que, respecto del artículo 14 del proyecto en estudio que establece: “Las solicitudes presentadas por partidos políticos se regularán, en lo que correspondiere, por los artículos 3º al 13, ambos inclusive, de la presente ley, y por las disposiciones siguientes.”, este Tribunal considera que es propio de la ley orgánica constitucional contemplada en el artículo 74 de la Carta Fundamental, sólo en cuanto se refiere a los artículos 6º, 7º -inciso primero-, 12 y 15 de este proyecto que tienen, a su vez, el mismo carácter;9º	Que, por otra parte, el artículo 16 del proyecto remitido señala:	“Artículo 26.- Para los efectos de determinar al peticionario que deba reputarse sucesor de un partido político afectado en los términos del artículo 1º, el Ministro considerará, entre otros antecedentes, los siguientes:a)	El número de parlamentarios elegidos por el partido disuelto en el proceso eleccionario de marzo de 1973 y que se encuentren afiliados al 31 de diciembre de 1996 al partido peticionario.b)	La afinidad entre las orientaciones doctrinarias, el nombre utilizado, y los símbolos empleados, por el partido solicitante y el afectado en los términos del artículo 1º.c)	La militancia al 31 de diciembre de 1996 en el partido solicitante, de los dirigentes del partido político afectado en los términos del artículo 1º.d)	La circunstancia que los dirigentes del partido político solicitante hayan sido también dirigentes del partido político afectado en los términos del artículo 1º.e)	La militancia en partidos políticos disueltos de personas que al 31 de diciembre de 1996 tengan figuración pública relevante en el partido solicitante.”;10º Que al efecto, como ha tenido ocasión también de indicarlo este Tribunal, es necesario tener presente que la expresión “atribuciones” que emplea el artículo 74 de la Constitución, de acuerdo con su sentido natural y obvio, y con el contexto de la norma en que se inserta, está utilizada como sinónimo de “competencia”, esto es, como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones;11º Que, en relación con la norma sometida a control de constitucionalidad que se analiza, es necesario distinguir entre una regla de competencia, que es la que regula la relación procesal fijando el campo dentro del cual el Tribunal puede actuar para llegar a la decisión, y aquellas otras que gobierna la relación jurídica sustancial que constituye el tema de la decisión. El artículo 16 del proyecto, sólo señala las directrices, pautas o facultades conforme a las cuales el juez debe resolver la causa sometida a su decisión una vez fijada su competencia. En consecuencia, ha de concluirse que no es materia de la ley orgánica constitucional de organización y atribuciones de los tribunales a que se refiere el artículo 74 de la Carta Fundamental;12º Que, la disposición contemplada en el artículo 17 del proyecto remitido señala:	“Artículo 17.- En tanto no se haya dado entero cumplimiento a las disposiciones de la presente ley, y sólo para este efecto, se suspenderá la aplicación de la norma contenida en el artículo 3º transitorio de la ley Nº 18.603.”;13º Que, como puede apreciarse, dicho artículo 17 suspende los efectos del artículo 3º transitorio, inciso primero, de la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional que regula los partidos políticos, y, por ese motivo debe considerarse que tiene el carácter de una norma de esa misma naturaleza;14º Que, las normas contempladas en los artículos 2º, 6º, 7º -inciso primero-, 12 y 15 del proyecto sometido a control, son propias de la ley orgánica constitucional indicada en el artículo 74 de la Constitución Política de la República;15º Que las disposiciones a que hacen referencia los considerandos anteriores no son contrarias a la Constitución Política de la República;16º Que, las disposiciones contempladas en los artículos 1º, 4º, 7º -inciso segundo-, 14, en cuanto no se refiere a los preceptos indicados en el considerando 8º, y 16, no son propias de ley orgánica constitucional, según se desprende de la interpretación que deriva de su texto, de la naturaleza de las leyes orgánicas constitucionales dentro de nuestra normativa jurídica y del espíritu del constituyente al incorporarlas a nuestra Carta Fundamental;17º Que consta de autos que se ha oído previamente a la Corte Suprema de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política;18º Que consta, asimismo, de autos, que las disposiciones sometidas a control de constitucionalidad han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política.	Y, visto, lo dispuesto en los artículos 63, 74 y 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, y lo prescrito en los artículos 34 al 37 de la Ley Nº 17.997, de 1981, Orgánica Constitucional de este Tribunal,	Se declara:1.	Que el artículo 5º -inciso final-, del proyecto remitido es constitucional en el entendido de lo señalado en los considerandos 6º y 7º de esta sentencia.2.	Que el artículo 14 del proyecto remitido es constitucional de acuerdo a lo señalado en el considerando 8º de esta sentencia.3.	Que el artículo 17 del proyecto es constitucional de acuerdo con lo expresado en el considerando 13º de esta sentencia.4.	Que los preceptos contenidos en los artículos 2º, 6º, 7º -inciso primero-, 12 y 15 del proyecto sometido a control, son igualmente constitucionales.5.	Que no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las disposiciones contempladas en los artículos 1º, 4º, 7º -inciso segundo-, 14, en cuanto no se refiere a los preceptos indicados en el considerandos 8º, y 16 del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica constitucional.	Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva y Servando Jordán López, quienes estuvieron por resolver que los artículos 1º, 4º, 7º -inciso segundo-, 14 y 16, sometidos a control de constitucionalidad por el Oficio Nº 1.952, de la Cámara de Diputados, como asimismo los artículos 3º, 8º, 9º, 10, 11 y 13 no sujetos a dicho control por la Cámara de origen, son normas propias de ley orgánica constitucional y, por ende, el Tribunal debió ejercer sobre ellos el control obligatorio previsto en el artículo 82,  Nº 1º, de la Carta Política. Fundan su disidencia en las siguientes consideraciones:1.	Que, concretamente, a juicio de los disidentes, todas las normas de los Títulos I y II del proyecto, que comprenden los artículos 1º al 17, regulan materias relativas a los partidos políticos e inciden directamente en la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de los partidos políticos, de 23 de marzo de 1987, con la sola excepción de los tres primeros incisos del artículo 5º del proyecto que versan sobre materias ajenas a dicha ley, por tratar la situación específica de las solicitudes sobre restitución de bienes presentadas por organizaciones sindicales.2.	Que para una debida comprensión de los fundamentos de esta disidencia corresponde, en primer término, señalar las razones por las cuales las disposiciones antes indicadas son propias de ley orgánica constitucional.3.	Que el proyecto de ley en estudio tiene como finalidad básica establecer normas en beneficio de los partidos políticos, personas jurídicas y naturales que fueron afectados en su patrimonio por los decretos leyes Nºs 12, 77 y 133, de 1973; 1.697, de 1977, y 2.346, de 1978. Es así como el artículo 1º del proyecto dispone, en síntesis, que las personas naturales y las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos, que hayan sido privados del dominio de sus bienes por aplicación de los decretos leyes antes mencionados, tendrán derecho a solicitar su restitución o a requerir el pago de una indemnización, “en conformidad con las normas establecidas en esta ley”. “Igual derecho, se agrega, tendrán sus sucesores o quienes se reputen como tales conforme a las disposiciones que se expresan más adelante”. Luego, los artículos 2º al 13 regulan la forma en que se procederá a la restitución de los bienes o al pago de la indemnización, según proceda. Enseguida, el artículo 14 con que se inicia el Título relativo a los partidos políticos hace aplicables, a dichas entidades, en lo que correspondiere, los artículos 3º al 13, ambos inclusive. Los artículos 15 y 16 legislan sobre la forma de resolver la controversia que pueda suscitarse cuando se presente más de un partido político solicitando la restitución de un mismo bien raíz y, finalmente, el artículo 17, para todos los efectos del proyecto, suspende la aplicación del artículo 3º transitorio de la  ley Nº 18.603, en los términos que luego se verá en detalle.4.	Que, como puede apreciarse, las normas del proyecto en examen otorgan a los actuales partidos políticos el derecho de solicitar la restitución de los bienes raíces respecto de los cuales sus antecesores, o quienes se reputen como tales, hayan sido privados de su dominio, de acuerdo con los decretos leyes Nºs 77, de 1973 y 1.697, de 1977, que fueron los aplicados a estas entidades. En otras palabras, para los efectos indicados, se reconoce a los actuales partidos políticos como sucesores patrimoniales de sus antecesores declarados prohibidos o disueltos, en virtud de los decretos leyes antes señalados.5.	Que, por su parte, el inciso primero del artículo 3º transitorio de la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, de 23 de marzo de 1987, dispone:	“En ninguna circunstancia los partidos políticos serán sucesores de partidos, entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político que hayan existido con anterioridad a la vigencia de esta ley, ni tendrán con ellos continuidad jurídica o patrimonial o de cualquier otra índole”.6.	Que de lo expuesto en los considerandos precedentes resulta claro que las disposiciones del proyecto en estudio, contrarían lo prescrito en el inciso primero del artículo 3º transitorio antes transcrito, ya que en contraposición con lo que establece dicha norma legal, de rango orgánico constitucional, se reconoce a los actuales partidos políticos como sucesores patrimoniales de entidades de la misma índole, que existieron con anterioridad al 23 de marzo de 1987, otorgándoles el derecho de solicitar la restitución del dominio de los bienes raíces de que hubieren sido privadas estas últimas, todo ello conforme a las reglas que establecen los artículos 1º al 17 del proyecto.7.	Que tan evidente resulta lo anterior que el propio proyecto en su artículo 17 prescribe que “En tanto no se haya dado entero cumplimiento a las disposiciones de la presente ley, y sólo para este efecto, se suspenderá la aplicación de la norma contenida en el artículo 3º transitorio de la ley Nº 18.603”.8.	Que, en consecuencia, las normas del proyecto en estudio, relativas a los partidos políticos, modifican sustantivamente el inciso primero del artículo 3º transitorio de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.603, en lo concerniente a la sucesión legal patrimonial de los partidos políticos existentes antes de su vigencia y, por ende, todos los preceptos del proyecto que regulan esta materia son normas de carácter orgánico constitucional, ya que tienen tal naturaleza no sólo las leyes que las aprueban, sino, también, obviamente, las que las modifican o derogan como, por lo demás, se encarga de señalarlo el artículo 63, inciso segundo, de la Carta Fundamental.9.	Que, por otra parte, a juicio de los Ministros disidentes, no resulta armónico resolver que el artículo 17 del proyecto es propio de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, por cuanto “suspende” la aplicación de su artículo 3º transitorio y no lo son, en cambio, en lo pertinente, los artículos 1º al 16 que lo preceden, en circunstancias de que estas normas del proyecto determinan precisamente el contenido y alcance de dicha “suspensión”, como lo demuestra con nitidez la primera parte del citado artículo 17 que expresa: “En tanto no se haya dado entero cumplimiento a las disposiciones de la presente ley, y sólo para este efecto”...se suspende la aplicación del artículo 3º transitorio de la ley     Nº 18.603. En otras palabras, si se decide, como lo hace la sentencia, que el artículo 17 en estudio es propio de ley orgánica constitucional, del mismo modo debe resolverse que también lo son los preceptos del proyecto que determinan el ámbito de acción de dicho  artículo 17, pues la “suspensión” normativa que consagra esta disposición no es absoluta, sino que restringida al entero cumplimiento de los preceptos del proyecto relativo a los partidos políticos.10. Que, por último, en este mismo orden de ideas, debe señalarse que la circunstancia que los artículos 1º al 16 tengan una vigencia determinada o se agoten con su cumplimiento no impide, en manera alguna, calificarlos como normas propias de ley orgánica constitucional, en atención a que la naturaleza de éstas no se determina por su tiempo de aplicación, sino por las materias sobre las cuales versan o, en su caso, por el carácter de leyes orgánicas constitucionales que tienen los preceptos que modifican o derogan.11. Que expresadas las razones por las cuales las normas del proyecto estudiadas son propias de ley orgánica constitucional, corresponde ahora desarrollar la fundamentación de la disidencia de los Ministros que la suscriben, en orden a que el Tribunal no sólo debió ejercer el control de constitucionalidad respecto de los artículos sometidos a dicho control por la Cámara de Diputados en su Oficio Nº 1.952, de 12 de mayo último, sino, también, sobre los artículos 3º, 8º, 9º, 10, 11 y 13 del proyecto remitido. Lo anterior es sin perjuicio de que algunas de las razones que a continuación se exponen, abonen y confirmen la tesis sostenida en la primera parte de esta disidencia, en orden a que los artículos 1º al 17 son propios de ley orgánica constitucional, con la sola excepción de los tres primeros incisos de su artículo 5º.12. Que, en primer término, debe señalarse que los mencionados preceptos, por disposición expresa del artículo 14 del proyecto regularán, “en lo que correspondiere”, las solicitudes de los partidos políticos, y no cabe lugar a dudas que todos ellos son vinculantes a dichas entidades como a continuación se pasa a demostrar. En efecto, el artículo 3º señala el plazo de un año dentro del cual todos los peticionarios, entre los cuales se comprende a los partidos políticos, deben presentar sus respectivas solicitudes de restitución de bienes raíces y los requisitos de publicidad a que deben someterse. El artículo 8º aplicable a todos los solicitantes, incluidos los partidos políticos, indica los casos en que procede el pago de indemnización en lugar de restitución de inmuebles y el valor a que ascenderá ésta. Los artículos 9º, 10 y 11, que rigen del mismo modo a los partidos políticos, en lo pertinente, regulan el procedimiento que debe seguirse, según sea que la resolución del Ministerio de Bienes Nacionales ordene la restitución de bienes raíces o el pago de una indemnización, como asimismo la forma en que ésta será determinada, de acuerdo al artículo 8º, antes mencionado. Y, en fin, el artículo 13 legisla sobre las formalidades que deben observarse para proceder a la cancelación de la indemnización, como así también su modalidad de pago, a los beneficiarios, entre los cuales pueden encontrarse tanto las personas naturales y jurídicas como los partidos políticos.13. Que dentro de esta misma línea de argumentación, debe también agregarse que, la lógica jurídica, elemento de tanta utilidad para resolver adecuadamente los problemas de constitucionalidad, nos conduce a la misma conclusión, porque ante esta situación, cabe preguntarse ¿qué razón valedera existiría para resolver, por ejemplo, que el artículo 4º, sometido a control de constitucionalidad, tiene carácter de proyecto orgánico constitucional y, en cambio, no lo tienen los artículos 3º, 8º, 9º, 10, 11 y 13 que se encuentran en idéntica situación jurídica por mandato de lo dispuesto en el ya citado artículo 14 del proyecto? La verdad es que ninguna. Donde existe la misma razón para determinar la naturaleza jurídica de dos o más normas, debe existir la misma calificación para todas ellas. Sostener lo contrario es inaceptable.14. Que, por otra parte, los artículos no sometidos a control de constitucionalidad en el Oficio de la Cámara de origen configuran con el resto de la preceptiva del proyecto sujeta a ese control, un todo armónico e indivisible de tal naturaleza que no es posible separarlos, pues los artículos sujetos a revisión por este Tribunal sin tomar en consideración aquellos otros excluidos del control, perderían eficacia al extremo de no conseguirse la finalidad misma perseguida por el legislador. Esta indivisibilidad normativa que denota una unidad del acto legislativo que impide la separación de los diversos preceptos del proyecto, nos lleva inevitablemente a concluir, en conformidad a la Constitución, que todas las normas en estudio -sin exclusiones- tienen el carácter de orgánicas constitucionales, habida consideración de la racionalidad que preside el proceso formativo de la ley y del objetivo perseguido por ésta.15. Que, por último, y por si alguna duda quedare sobre la naturaleza de normas propias de ley orgánica constitucional de los artículos 3º, 8º, 9º, 10, 11 y 13 del proyecto, la disipa, por otra parte, la circunstancia de que ellas fueron consideradas de tal carácter por ambas Cámaras Legislativas. En efecto, en el Senado, al discutirse en particular dichos preceptos, el Secretario de la Corporación señaló: “El Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales hace presente que corresponde votar con quórum de ley orgánica constitucional los artículos 1º, 2º, 4º -que pasa a ser 3º-, 5º -que pasa a ser 4º-, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, en cuanto inciden en materias reguladas por la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos”. (Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 336ª, Extraordinaria, Sesión 31ª de 21 de enero de 1998, página 3481). Luego, practicada la votación se expresa que todos dichos artículos fueron aprobados por unanimidad, “dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron voto favorable 31 señores Senadores”. (Diario cit., páginas 3492 a 3495). Cabe agregar, además, que el proyecto había sido aprobado, en general, por el Senado con votación constitucional suficiente, ya que concurrieron a ello 31 señores senadores, votando en contra 6 y absteniéndose otros 6. (Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 334ª, Extraordinaria, Sesión 53ª de 20 de mayo de 1997, página 6175). Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó todas las modificaciones introducidas al proyecto por el Senado -entre las cuales se encuentran los artículos 3º, 8º, 9º, 10, 11 y 13, en cuanto a los partidos políticos se refieren pues ellos se incorporan al proyecto en dicha Corporación-, con el voto favorable de 87 señores diputados, ninguno en contra y 13 abstenciones, expresándose en el Acta de la sesión respectiva que “Se deja constancia de que se han reunido los quórum de ley orgánica requeridos”. (Cámara de Diputados, Legislatura 337ª, Extraordinaria, Sesión 15ª de 5 de mayo de 1998, página 30).16. Que corolario de todo lo expuesto, es que los artículos 3º, 8º, 9º, 10, 11 y 13 del proyecto en examen tienen el carácter de normas propias de ley orgánica constitucional y este Tribunal debió ejercer sobre ellos el control de constitucionalidad previsto en el artículo 82, Nº 1º, de la Carta Fundamental, no siendo óbice para ello la circunstancia de que la Cámara de Diputados no los haya indicado entre los preceptos sobre los cuales el Tribunal debe ejercer el control de constitucionalidad.17. Que la doctrina que deriva de la disidencia en este segundo aspecto no debe tenerse como modificatoria de la tesis general sostenida por el Tribunal hasta ahora, en el sentido de que éste no puede proceder de oficio a ejercer el control obligatorio de constitucionalidad, sino como una complementación de ella, ya que tal posición no es absoluta y su aplicación está subordinada a las  circunstancias especiales que concurren en cada proyecto, como por lo demás este Tribunal ha tenido ocasión de resolverlo en las sentencias Roles Nºs 197, 240 y 251, de 25 de abril de 1995, 20 de agosto de 1996 y 27 de enero de 1997, respectivamente.	Redactó la disidencia el Ministro señor Eugenio Valenzuela Somarriva.	Devuélvase el proyecto a la honorable Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese. Rol Nº 273.	Se certifica que la Ministra señora Luz Bulnes Aldunate concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, pero no firma por estar ausente.	Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional integrado por su Presidente don Osvaldo Faúndez Vallejos y los Ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva, Luz Bulnes Aldunate, Servando Jordán López, Mario Verdugo Marinkovic y Hernán Álvarez García. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larraín Cruz.	Conforme con su original.Santiago, diez de junio de mil novecientos noventa y ocho.Vistos y considerando:1º.	Que por oficio Nº 1.981, de 3 de junio de 1998, la honorable Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención, y dicta normas de protección a los derechos del ciudadano, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 3º y 4º del mismo;2º.	Que el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;3º.	Que el artículo 74 de la Carta Fundamental dispone que: “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las  personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.	“La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.”;4º	Que las normas sometidas a control constitucional prescriben:	“Artículo 3º.- Sustitúyese la letra d) del Nº 2º del artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, por la siguiente:	“d) De las causas por crimen o simple delito;”.	“Artículo 4º.- Derógase el Nº 7º de la letra c) del artículo 13 de la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local.”;5º	Que, de acuerdo al considerando segundo de esta sentencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;6º	Que las normas contempladas en los artículos 3º y 4º del proyecto sometido a control, son propias de la ley orgánica constitucional indicada en el artículo 74 de la Constitución Política de la República;7º	Que las disposiciones a que hace referencia el considerando anterior no son contrarias a la Constitución Política de la República;8º	Que consta de autos que se ha oído previamente a la Corte Suprema de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política;9º	Que consta, asimismo, de autos, que las disposiciones sometidas a control de constitucionalidad han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política.	Y, vistos, lo dispuesto en los artículos 63, 74 y 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, y lo prescrito en los artículos 34 al 37 de la ley Nº 17.997, de 1981, Orgánica Constitucional de este Tribunal,	Se declara: Que las disposiciones contempladas en los artículos 3º y 4º del proyecto remitido son constitucionales.	Devuélvase el proyecto a la honorable Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese. Rol Nº 274.	Se certifica que la Ministra señora Luz Bulnes Aldunate concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, pero no firma por estar ausente.	Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional integrado por su Presidente don Osvaldo Faúndez Vallejos y los Ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva,    Servando Jordán López, Juan Colombo Campbell, Mario Verdugo Marinkovic y Hernán Álvarez García. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larraín Cruz.	Conforme con su original.AL SEÑOR PRESIDENTE DE LACÁMARA DE DIPUTADOSSEÑOR GUTENBERG MARTÍNEZ OCAMICAPRESENTE”