REPUBLICA DE CHILECAMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIASesión 15ª, en martes 5 de mayo de 1998(Ordinaria, de 11.08 a 14.07 horas) Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg, y de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTO DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 7 II. Apertura de la sesión 10 III. Actas 10 IV. Cuenta 10-o- Designación de diputado para integrar Comisión 10-o- V. Orden del Día. Restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado. Tercer trámite constitucional 10-o- Acuerdo de Comités para postergar sesión especial destinada a tratar problemas de comunidades indígenas 30-o- VI. Proyecto de acuerdo. - Exención de aportes en programa de pavimentación participativa 30 VII. Incidentes. - Derrame de combustible de motonave hundida en la bahía de San Vicente. Oficio 34 - Cambio de categoría del hospital de Rengo. Oficio 34 - Medidas para solucionar problemas de salud en localidad de Coya. Oficios 35 - Voto político de junta nacional de la Democracia Cristiana 35 - Rechazo a actuación de diputado en problema de Carabineros de Chile 37 - Devolución de fondos a ex socios de Habitacoop. Oficios 38 - Aniversario de Colegio San Ignacio, de Concepción. Oficio 39 - Precisiones sobre intervención de diputado en caso de funcionario de Carabineros 39 - Financiamiento para hospitales base de Puerto Montt, Calbuco y Maullín. Oficio 41Pág. - Mayor cobertura para beneficios sociales en Calbuco. Oficios 41 - Reconocimiento a Codelco-Chile por inauguración de mina Radomiro Tomic. Oficios 41 - Distribución de recursos públicos entre los servicios de salud del país. Oficios 42 - Postergación de búsqueda de soluciones para el pueblo mapuche 43 - Emplazamiento de monumento al Cristo de la Paz en Arica. Oficios 44 - Alcance sobre devolución de bienes confiscados a partidos políticos 44 - Razones de postergación de sesión especial 44 - Solución de problemas institucionales en Carabineros de Chile. Oficio 45 VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual incluye en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones el proyecto que reforma los institutos tecnológicos Corfo. (boletín N° 1960-03) 47 2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el proyecto que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos. (boletín N° 1978-13) 47 3. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto que modifica el Código de Minería en relación con la superposición de pertenencias mineras. (boletín N° 814-08)(S) 47 4. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el Código de Minería en relación con la superposición de pertenencias mineras. (boletín N° 814-08)(S) 48 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación: - Del Diputado señor Walker, don Ignacio, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, de la Constitución Política de la República, y 35, del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 1 de mayo en curso. 2. Oficios: Contraloría General de la República-Del ex Diputado señor Rodríguez, responsables de construcción de conjunto habitacional en un sector de alto riesgo en la comuna de Los Andes.-Del Diputado señor Ávila, gastos efectuados por municipalidades de la provincia de San Felipe, por concepto de viajes al extranjero de alcaldes y concejales.-Del Diputado señor Gutenberg Martínez, inhabilidad para cargos públicos de diputados o senadores hasta después de 6 meses de finalizado su período legislativo.Ministerio del Interior-Del ex Diputado señor Ramón Pérez y del Diputado señor Soria, problemas ocasionados por el invierno altiplánico.-De los Diputados señores Pablo Galilea y Kuschel, ventajas de la tecnología de conversión de vehículos a gas.Ministerio de Relaciones Exteriores-Del Diputado señor Navarro, convenio de la OIT sobre pueblos indígenas.Ministerio de Justicia-Del Diputado señor Alvarado, problema que afecta a pobladores de las comunas de Chaitén y Palena.Ministerio de Obras Públicas-Del Diputado señor Soria, programa monitoreo de recursos hídricos, cuenca del Salar de Huasco, I Región.-Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, camino que une sectores de la Placeta, Astillero y Huencuecho, comuna de Pelarco.-Del Diputado señor José Galilea y del ex Diputado señor Bayo, ubicación plazas de peaje en Ruta 5, tramo Collipulli-Temuco, Novena Región.-Del Diputado señor Kuschel, conservación camino Huelmo-San Agustín, comuna de Calbuco.-Del ex Diputado señor Rodríguez, pavimentación ruta internacional Los Andes-Concón.-Del ex Diputado señor Ramón Pérez, invierno altiplánico, comuna de Camiña.-De la Diputada señora Prochelle, doña Marina, de los Diputados señores Kuschel y Ojeda y de los ex Diputados señores Caminondo, Hamuy y Latorre, situación paso internacional Cardenal Samoré, provincia de Osorno.Ministerio de Bienes Nacionales-Del Diputado señor Kuschel, festival costumbrista de Lenca.-De la Diputada señora Soto, doña Laura, traspaso lago Peñuelas de Esval a Bienes Nacionales.Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-De los Diputados señores Errázuriz y Kuschel, reglamento del servicio público telefónico.Ministerio Secretaría General de la Presidencia-De los Diputados señores Kuschel y Pablo Galilea, proyecto de ley que reforma los institutos tecnológicos Corfo.-Del Diputado señor Díaz, retiro de proyecto que modifica sistema binominal de elecciones.Municipalidad de Temuco-Del Diputado señor José García, proyecto de mejoramiento de barrios de la Villa Tromen.Consejo de Defensa del Estado-Del Diputado señor Navarro, problema de contaminación de la bahía de San Vicente, de Talcahuano. I. ASISTENCIA-Asistieron los siguientes señores Diputados: (115)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Alvarado Andrade, Claudio IND X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60Allende Bussi, Isabel PS RM 29Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Ávila Contreras, Nelson PPD V 11Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caminondo Sáez, Carlos RN X 54Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Cornejo González, Aldo PDC V 13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Espina Otero, Alberto RN RM 21Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García Ruminot, José RN IX 50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Guzmán Mena, María Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Leay Morán, Cristián UDI RM 19León Ramírez, Roberto PDC VII 36Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42Longton Guerrero, Arturo RN V 12Longueira Montes, Pablo UDI RM 30Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Pareto González, Luis PDC RM 20Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Pollarolo Villa, Fanny PS II 3Prochelle Aguilar, Marina RN X 55Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2Soto González, Laura PPD V 14Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Venegas Rubio, Samuel IND V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Asistieron, además, la Ministra de Bienes Nacionales, señora Adriana Delpiano, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan Villarzú, y los Senadores señores Jorge Pizarro, Jorge Lavandero y Carlos Ominami. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.08 horas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 10ª se declara aprobada. El acta de la sesión 11ª se encuentra a disposición de los señores diputados. IV. CUENTA El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. DESIGNACIÓN DE DIPUTADO PARA INTEGRAR COMISIÓN. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En virtud de un acuerdo de Comités adoptado en reunión realizada en la mañana, propongo al Diputado señor Francisco Bartolucci para que, en representación de la Corporación, integre la comisión encargada de estudiar la construcción de un monumento en memoria de San Juan Bosco en la ciudad de Valparaíso. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍARESTITUCIÓN O INDEMNIZACIÓN POR BIENES CONFISCADOS Y ADQUIRIDOS POR EL ESTADO. Tercer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes Nºs 77, de 1973; 1.697, de 1977; 12 y 133, de 1973, y 2.346, de 1978. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Montes. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 378-12, sesión 31ª, en 3 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 11. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 14ª, en 23 de abril de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Por acuerdo de la Sala, este proyecto será considerado en la presente sesión, hasta su total despacho. Ello implica que, en caso de que su debate ocupe todo el tiempo del Orden del Día, a su término se iniciará la votación de las modificaciones. De lo contrario, de acuerdo con el Reglamento, se votará en el momento en que concluya su discusión. Tiene la palabra el Diputado señor Montes, informante de la Comisión de Hacienda. El señor MONTES.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda me ha encargado informar sobre la iniciativa que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados por el Estado a través de los decretos leyes Nºs 12, 77 y 133, de 1973; 1.697, de 1977, y 2.346, de 1978. Sin embargo, antes de referirme a los aspectos analizados por dicha Comisión, haré una síntesis del informe del Senado. El proyecto, iniciado en mensaje, tiene por objetivo fundamental restituir bienes o, si ello es imposible, entregar la indemnización pertinente a las personas naturales o jurídicas -incluidos los partidos políticos- a las cuales se les hubiera privado de su dominio. ¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto? -Las personas naturales y jurídicas, entre ellas, los partidos políticos y las organizaciones sociales que hayan sido privados del dominio de sus bienes. Igual derecho tendrán sus sucesores o quienes se reputen como tales. -Quienes hayan perdido el dominio de sus bienes por actos de autoridad ejecutados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, establecido por sentencia judicial ejecutoriada dictada con anterioridad a la vigencia de esta ley. -Las personas privadas del dominio de sus bienes en virtud de los decretos ya señalados y que no los recuperaron posteriormente -no obstante haberse dejado sin efecto el respectivo acto administrativo- y siempre que no hubieren recibido compensación alguna por parte del Estado. -Los titulares de concesiones definitivas de estaciones de radiocomunicaciones, otorgadas de acuerdo al decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1959, del Ministerio de Economía, ley general de Servicios Eléctricos. Dichos titulares tendrán derecho a solicitar una indemnización, de conformidad con la ley. -Quienes tengan juicios pendientes en contra del Fisco, iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en que reclamen restitución o indemnización. En este caso, deberán desistirse de las acciones deducidas. -Las personas que no obstante haber recibido compensación del Estado, tendrán derecho a que se les indemnice -cuando proceda- por la diferencia de valor existente entre ésta y el bien confiscado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Las solicitudes deberán presentarse dentro de un año, a partir de la vigencia de la ley, en las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales, y deberán contener la individualización del solicitante, la determinación de los bienes que se reclamen, o sobre los cuales se pretenda indemnización, precisándose el derecho que se invoca y la estimación del valor comercial que se les atribuya. Se deberán acompañar todos los documentos y elementos en que se funde el derecho. Un extracto de la solicitud debe publicarse en el Diario Oficial, y si hubiere más de dos interesados, el Ministerio de Bienes Nacionales dispondrá acumular las solicitudes y notificará este hecho a los interesados por carta certificada. Siempre hay derecho a solicitar un bien que ha sido requerido por otra persona con anterioridad, pero la presentación debe hacerse en el plazo de treinta días desde la publicación del extracto. Será competente para conocer las causas originadas por la aplicación de este procedimiento, el juez de letras en lo civil que tenga asiento en la ciudad capital de la región en que estuviere ubicado el inmueble de que se trate o el domicilio del peticionario si la solicitud recayere sobre bienes muebles u otros derechos. En relación con la indemnización, procederá su pago cuando los bienes hubieren sido enajenados por el Fisco o no fuere posible su devolución debido a su destrucción, modificación significativa u otra circunstancia que impida jurídica o materialmente la restitución. Se pagará igualmente si el Fisco optare por mantener en su patrimonio alguno de los bienes raíces por encontrarse destinados al uso de un órgano de la administración del Estado y fueren necesarios para los fines propios de la respectiva entidad. Respecto de los bienes muebles sólo se indemnizará el valor que tenían a la fecha de su confiscación, reajustado según el Índice de Precios al Consumidor. En cuanto a los bienes raíces, se indemnizará el valor que tengan a la fecha de publicación de la ley, con deducción de las mejoras, susceptibles de ser avaluadas, que se hayan introducido con posterioridad a la confiscación. En ningún caso se indemnizará el lucro cesante ni cualquier menoscabo patrimonial o moral sufrido como consecuencia de la privación de los bienes. El monto de la indemnización, que será determinado por una comisión de peritos, se notificará personalmente al solicitante. Se podrá reclamar de él dentro de los treinta días contados desde la notificación. Finalmente, el monto determinado se pagará en cinco cuotas anuales sucesivas. Si procediere la restitución, se dictará un decreto supremo, expedido por el Ministerio de Bienes Nacionales, que señalará un plazo no superior a seis meses para su entrega material, plazo que podrá ser prorrogado por una vez. En relación con la restitución de los bienes confiscados o indemnizados a los partidos políticos -tema que fue reincorporado por el Senado, porque la Cámara de Diputados no contó en su momento con el quórum necesario-, la presentación de la solicitud de los partidos políticos tendrá la misma regulación ya señalada. Los partidos políticos sólo tendrán derecho a solicitar la restitución de bienes inmuebles de cuyo dominio hayan sido privados. Si más de un partido político solicitare la restitución del mismo bien raíz, el Ministerio de Bienes Nacionales la remitirá a la Corte de Apelaciones de Santiago notificando a los interesados por carta certificada. Las solicitudes remitidas tendrán el carácter de suficiente presentación para iniciar el procedimiento en la Corte, sin más formalidad. La Corte de Apelaciones es la encargada de resolver cuál de los solicitantes será reputado sucesor del partido político afectado, para lo cual debe considerar, entre otros, los siguientes antecedentes: a) El número de parlamentarios elegidos por el partido disuelto en marzo de 1973 y que al 31 de diciembre de 1996 se encontraren afiliados al partido peticionario.b) La afinidad entre las orientaciones doctrinarias, el nombre utilizado y los símbolos empleados por el partido solicitante y el disuelto afectado.c) La militancia, al 31 de diciembre de 1996, en el partido solicitante de los dirigentes del partido político afectado.d) La circunstancia de que los dirigentes del partido político solicitante hayan sido también dirigentes del partido político afectado.e) La militancia en los partidos políticos disueltos de personas que, al 31 de diciembre de 1996, tuvieren figuración pública relevante en el partido solicitante. La Corte examinará estos antecedentes de conformidad a las reglas de la sana crítica y fallará en conciencia, pudiendo requerir del Servicio Electoral, como medida para mejor resolver, los informes que estime pertinentes. Asimismo, determinará, mediante auto acordado, las normas sobre tramitación y fallo de estos asuntos, procedimiento que, en todo caso, será breve y sumario y de única instancia. En relación con el informe que la Sala encargó a la Comisión de Hacienda sobre el proyecto en tercer trámite constitucional, puedo informar lo siguiente: Primero, según el informe de la Dirección de Presupuestos, los recursos involucrados llegan a un costo total estimado de 24.068,4 millones de pesos, de los cuales corresponden 22.668,4 millones de pesos a inmuebles y 1.400 millones de pesos a vehículos, muebles y otros. Lo anterior se descompone de la siguiente manera: -Personas naturales: 60 inmuebles confiscados con un valor de 6.100 millones; 26 fueron enajenados y 34 están en poder del Fisco. -Personas jurídicas: 60 inmuebles confiscados con un valor de 8.062 millones de pesos; 33 fueron enajenados y 27 se encuentran en poder del Fisco. -Partidos políticos: 113 inmuebles confiscados cuyo valor comercial ajustado asciende a 7.516 millones de pesos; 44 fueron enajenados y 69 se encuentran en poder del Fisco. -Organizaciones sindicales: 21 inmuebles confiscados cuyo valor comercial ajustado asciende a 1.749 millones de pesos; 10 fueron enajenados y 11 están en poder del Fisco. También hay 6 inmuebles de personas naturales con acta de entrega, que se descuentan de lo anterior, cuyo valor asciende a 761 millones de pesos. Por otra parte, por la unanimidad de sus miembros, la Comisión de Hacienda acordó recomendar al Ejecutivo que considere soluciones para aquellas entidades que se verán privadas de aquellos bienes inmuebles que hoy están en poder del Fisco y que están siendo ocupados a título de comodato u otro, toda vez que serán restituidos a sus propietarios. Asimismo, recomienda aplicar este criterio a las instituciones de beneficencia que no persiguen fines de lucro y que podrían verse impedidas de continuar prestando su ayuda benéfica al no disponer de un inmueble. Para estos efectos, la Ministra de Bienes Nacionales propuso al Ministerio de Hacienda que en el Fondo de Adquisición de Patrimonio para 1998, se contemple un ítem especial que permita adquirir algunos inmuebles. El Ministerio de Hacienda hizo ver que las situaciones eran muy diversas, que no siempre se justifican y que, además, el costo podía ser bastante alto. En definitiva, lo propuesto por el Ejecutivo y lo asumido por la Comisión de Hacienda como recomendación es insistir en que estos problemas se analicen, caso a caso, dejando al criterio del Ejecutivo la búsqueda de soluciones para todas aquellas instituciones benéficas que serán perjudicadas. Para evitar confusiones, cabe hacer presente que no nos referimos a aquellas que son propietarias de los bienes. Por ejemplo, en La Florida, la Cruz Roja funciona en un local que era del Partido Comunista, pero éste le fue transferido en propiedad. Por lo tanto, casos como éste no forman parte de la discusión. Nos estamos refiriendo a los inmuebles que han sido entregados en comodato a algunas instituciones de beneficencia, las cuales, al ser restituidos a su dueño original perderán el lugar donde desarrollan sus actividades. Para esos casos se plantea la necesidad de que el Ejecutivo busque una solución. El Senado aprobó todas las normas de carácter orgánico Constitucional, con la excepción de los artículos 1°, 2° y transitorio. En el debate de la Comisión estuvieron presentes sus trece integrantes. Ésta, por la unanimidad de sus miembros, acordó proponer a la Sala la aprobación de las modificaciones del honorable Senado al proyecto en informe. Es todo cuanto puedo informar. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra la Ministra de Bienes Nacionales, señora Adriana Delpiano. La señora DELPIANO, doña Adriana (Ministra de Bienes Nacionales).- Señor Presidente, el proyecto que hoy analiza la Cámara de Diputados se presentó al honorable Congreso Nacional en junio de 1991. Ha sido objeto de un largo debate y se le han incorporado varias modificaciones, en aras de hacer de él un texto ampliamente consensuado. Hace más de un año, en esta misma Sala se aprobó, pero sin incluir entre los beneficiados a los partidos políticos. Posteriormente, durante su segundo trámite legislativo, varios senadores manifestaron su preocupación por la exclusión de estas organizaciones señalando que, de no ser aplicable a los partidos políticos, el proyecto atentaría contra la igualdad ante la ley y haría distingos no justificables en relación con el derecho de propiedad, reconocido para todo tipo de personas, naturales y jurídicas. Fue así como a instancias de los parlamentarios de diferentes bancadas, el Ejecutivo remitió al Senado una indicación que repuso el tema de los partidos políticos. Finalmente, en enero de este año, los honorables senadores aprobaron por unanimidad el proyecto que hoy se somete a vuestra consideración, que incluye a personas naturales y jurídicas, organizaciones sindicales y partidos políticos, y que permite una devolución o indemnización, en su caso, fundamentalmente justa. Por un lado, consagra el derecho de propiedad y plantea una valorización real y plausible del daño causado. El artículo correspondiente dispone con claridad que no se indemnizará el lucro cesante -como señaló el Diputado señor Montes-, ni cualquier otro menoscabo sufrido como consecuencia de estos actos. Evidentemente que durante todos los años transcurridos se ha producido un daño, el que no será compensado. Si esto se pone en la balanza, sin duda que el procedimiento propuesto apunta a una solución del problema por una vía real, posible y en la línea de justicia. El mecanismo administrativo resulta ser el más adecuado, pues, de otro modo, en la medida en que se recurra a los tribunales de justicia, el problema se agravará sin que se logre el objetivo del proyecto. A fin de garantizar los derechos de terceros, se plantea la instancia judicial cuando por la vía administrativa no es factible resolver la situación. Muchos señores parlamentarios manifestaron su preocupación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por la situación de las personas jurídicas, sin fines de lucro, que actualmente ocupan inmuebles confiscados, los cuales, conforme al texto de la iniciativa propuesta, deberán devolverse a sus legítimos propietarios. Igual preocupación planteó el honorable Senador señor Díez durante la tramitación de esta materia en la Cámara Alta. En esa oportunidad, señalamos que el Ministerio de Bienes Nacionales, junto con el de Hacienda, han venido estudiando la creación de un fondo de adquisición de patrimonio que permita al Fisco adquirir inmuebles para casos como éste, entre otros. Sin perjuicio del trabajo que estamos realizando con el Ministerio de Hacienda, hemos iniciado otro en el Ministerio de Bienes Nacionales, para identificar en cada una de las regiones eventuales inmuebles que permitan trasladar a las instituciones de beneficencia afectadas, a fin de resolver el problema cuanto antes mediante la permuta contra terrenos fiscales que vendemos periódicamente. Es decir, el Fisco, en vez de pagar en dinero, lo hace en especies, adquiriendo las propiedades particulares previamente identificadas, con el objeto de trasladar a las instituciones que ocupan inmuebles confiscados que deberán restituirse, cuyo número no es superior a veinte. Por otra parte, el Ministerio de Bienes Nacionales se ha preocupado de apoyar a las instituciones de beneficencia, otorgándoles en concesión o uso gratuito, en la medida de sus posibilidades, inmuebles fiscales para desarrollar sus actividades. Para conocimiento de los señores diputados, sólo en el último tiempo hemos entregado inmuebles al Hogar de Cristo, a Coaniquem, en Antofagasta, a la Agrupación de Alcohólicos Anónimos, cuerpos de bomberos, clubes deportivos, etcétera. Dispongo de un listado de las organizaciones beneficiadas, que, para su información, puede ser consultado por los señores diputados. Termino mis palabras recordando lo expresado por muchos señores senadores al aprobar el proyecto. Señalaron que su aprobación no sólo consagraba el derecho de propiedad, sino, muy especialmente, más que a un acto de justicia, contribuía a la reconciliación. Como Ejecutivo, no podemos hacer otra cosa que respaldar tal afirmación y señalar que hoy está en manos de esta Sala lograr que ese hecho se haga realidad. Muchas gracias. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, yo no sé si 25 mil millones de pesos bastan para reconciliar al país -tengo esa duda-, pero sí pueden ayudar a calmar los ánimos, por lo que votaré favorablemente el proyecto. Y no lo haré tan sólo porque se restituyen los bienes a los partidos políticos, sino porque ha permitido comprobar que la señora Gladys Marín hoy se ha convertido en defensora de la propiedad privada. Me ha llamado la atención comprobar cómo, desde hace un año, ella ha hecho lobby a diferentes señores parlamentarios con el objeto de que se apruebe el proyecto, lo cual me alegra enormemente, no tanto por el hecho de devolver los bienes confiscados al Partido Comunista, sino porque, cuando los comunistas se sienten afectados, ¡por Dios que les gusta la propiedad privada! Sin embargo, cuando ese derecho favorece a los demás, no tiene ninguna importancia. Esto me recuerda que cuando en el sur se entregaba a los asentados algún campo expropiado se mataban una o más vaquillas del ex dueño del predio para hacer asados, en circunstancias que cuando de repente un jefe de la Cora se quería comer un par de gallinas, la reacción del jefe del asentamiento era decir: “¡No, señor! ¡Ésas son mías!”. Aquí está pasando lo mismo. Cuando se trata de los bienes de otros, que se den no más, pero cuando los afecta enormemente a ellos, ¡por Dios que es bueno restituirlos! Me produce mucha satisfacción que la señora Ministra haya acogido una petición que formulamos con el honorable Diputado señor José García, en orden a que las instituciones que ocupan estos bienes no sean lanzadas, sino que a los propietarios se les restituya la plata. Ojalá este proyecto siente jurisprudencia, a fin de que a toda persona que se le haya expropiado sus bienes sin pagarle, se le pueda devolver o pagar esas propiedades. Por eso, y no porque me guste el proyecto, voy a votarlo favorablemente. He dicho. -Aplausos. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, este proyecto de ley es de altísimo costo para el Fisco. En verdad, en la Comisión de Hacienda no logramos formarnos una idea completa y cabal de su real cuantía, dado que las estimaciones de los valores comerciales, sólo en inmuebles, es del orden de 22 mil millones de pesos, más el precio de los bienes muebles, que también deberá restituirse. En la mayoría de los casos, se indemnizará, porque no es posible la restitución del bien. Se nos dijo que el inventario existía sólo en forma parcial. Por lo tanto, tampoco sabemos cuánto dinero le costará al país la indemnización de los bienes muebles. Tal como lo ha señalado el Diputado señor René Manuel García, aquí está de por medio un principio que para nosotros es fundamental: el respeto irrestricto del derecho de propiedad. Estos inmuebles, confiscados durante el gobierno militar, deben ser restituidos o indemnizadas las personas que sufrieron la confiscación, ya sea que se trate de particulares, de organizaciones sindicales o gremiales o de partidos políticos. Por esa razón, los parlamentarios de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente el proyecto de ley. Sin embargo, quiero destacar el compromiso que adquiere esta mañana ante todos nosotros la señora Ministra de Bienes Nacionales respecto de los inmuebles ocupados por instituciones de beneficencia. Conocemos los casos de Coanil, de la Cruz Roja, de Cema Chile, del Hogar de Cristo y de los cuerpos de bomberos, que podrían verse en la peor de las situaciones si se les obligara a restituir el bien que ocupan y la Dirección de Presupuestos o el Ministerio de Hacienda no otorgaran los recursos necesarios para que estas instituciones de beneficencia pudieran adquirir otros inmuebles que les permitiera desarrollar sus actividades. Para nosotros es fundamental el compromiso que asume esta mañana la señora Ministra de Bienes Nacionales, porque plantea incorporar un elemento indispensable al proyecto, sin el cual no lo votaríamos favorablemente. Si se dejara en el desamparo a instituciones que han mantenido estos bienes por espacio de tantos años, efectuado inversiones para adecuarlos al tipo de función que realizan -es el caso de Coanil, que ha debido habilitar salas y transformarlas en talleres para que los niños desarrollen determinadas labores manuales y habilidades-, no podríamos respaldar el proyecto. Por eso, reitero, el compromiso asumido por la Ministra de Bienes Nacionales lo entendemos como propio del Gobierno, que obligará en su momento a que la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda entreguen los recursos necesarios para que estas instituciones cuenten con sus inmuebles y puedan continuar realizando la labor humanitaria que desarrollan. En lo personal, me habría gustado que el Gobierno hubiera acogido una indicación del Senador señor Sergio Díez, que señalaba textualmente: “El Fisco deberá mantener en su patrimonio los bienes raíces que estén ocupados o sean usados por instituciones que no persigan fin de lucro y cuyo objeto sea la práctica de la caridad o beneficencia. Asimismo, por decreto supremo de Interior y Bienes Nacionales, podrá reservarse para el Fisco otros bienes raíces que no estén siendo usados u ocupados por instituciones que no persiguen fin de lucro, con objetivos de bien público distintos a los señalados en el inciso anterior”. La aprobación de esa indicación nos habría dado la certeza jurídica de que ninguna institución correría peligro de quedar en la calle. Lamentablemente, el Gobierno -la indicación requería el patrocinio del Ejecutivo- no la quiso hacer suya, por lo que deberemos conformarnos con el compromiso expresado esta mañana por la Ministra de Bienes Nacionales. Sin embargo, nos mantendremos atentos y vigilantes en nuestra función fiscalizadora, a fin de que efectivamente esas instituciones no queden en la calle y puedan contar con inmuebles para funcionar. Finalizaré mi intervención con un comentario. El costo fiscal estimado por la restitución de estos inmuebles alcanza a 22.668 millones de pesos. Esta cifra es extraordinariamente considerable, más aún si a ello debe agregarse el costo por indemnización de bienes muebles, lo que se hará con cargo a los recursos del Estado contemplados en la Ley de Presupuestos. Aquí no es necesario inventar ninguna alza de impuestos ni se requiere de ninguna adecuación tributaria, por cuanto -repito- se recurre a los ingresos que percibe el Fisco. Cuando se trata de mejorar las pensiones de los ancianos o las de las familias que viven en situación de pobreza o indigencia, inmediatamente el Fisco recurre al alza de impuestos, a adecuaciones tributarias y a dineros frescos que permitan financiar ese tipo de reajustes. Sin embargo, cuando se trata de montos significativos cuyo objeto es devolver inmuebles confiscados, la operación se efectúa con cargo a los recursos del Estado. En todo caso vamos a respaldar el proyecto, en el entendido de que está en juego el principio fundamental del derecho de propiedad, garantizado en la Constitución Política, que hoy reafirmaremos con nuestra votación. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Iván Mesías. El señor MESÍAS.- Señor Presidente, cuando en 1973, 1977 y 1978 se dictaron los decretos leyes Nºs 12, 77, 133, 1.697 y otros, nadie imaginó que deberíamos esperar más de veinte años para hacer justicia. Buena parte de la fundamentación de los intensos y extensos debates habidos en la Cámara entre 1991 y 1995 se encuentra en los informes de las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, y de Hacienda. Hoy nos llega la modificación del Senado, que difiere del proyecto aprobado por la Cámara, pues repone el derecho de restitución o indemnización de los bienes expropiados a los partidos políticos, norma injustificadamente excluida en el primer trámite de la iniciativa. Recordemos brevemente que el decreto ley Nº 12, del 17 de septiembre de 1973, cancela la personalidad jurídica de la Central Única de Trabajadores y que el decreto ley Nº 133, del mismo año, la declara disuelta y nombra liquidador de sus bienes al Director del Trabajo. El decreto ley Nº 77, del 8 de octubre de 1973, declara asociaciones ilícitas y disuelve los partidos Radical, Socialista, Comunista, Unión Socialista Popular, Movimiento de Acción Popular Unitario, Izquierda Cristiana, Acción Popular Independiente y a todos aquellos que sustentaran, a criterio del régimen militar, la doctrina marxista. Con la disolución de los partidos políticos y la cancelación de la personalidad jurídica de la CUT, se desconoció el derecho de asociación consagrado en el artículo 10, Nº 5, de la Constitución Política de 1925. Si consideramos que en 1971 la ley Nº 17.398 otorgó el rango de persona jurídica de derecho público a los partidos políticos, fue contrario al derecho cancelar su personería y declarar a los partidos asociaciones ilícitas mediante una norma de rango inferior, como es el decreto ley. La apropiación de los bienes de los partidos políticos y de la CUT resultó así un acto de despojo arbitrario. Recordemos que esos bienes correspondían al sacrificio personal de los militantes y simpatizantes de los partidos y de los adherentes a las organizaciones sindicales, los cuales, por muchos años, entregaron parte de su patrimonio para adquirirlos. La dictación de esos decretos leyes atentó contra el derecho de propiedad, en sus diversas especies, consagrado en el artículo 10, Nº 10, de la Constitución de 1925, que establecía: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador”. Este derecho también aparece reforzado en la Constitución de 1980, que en su artículo 19, Nº 24º, dispone que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad..., sino en virtud de ley general o especial...”. Resulta curioso y paradójico comprobar que el gobierno militar, durante toda su gestión, hizo una apología del derecho de propiedad, transformándolo en el nervio y motor de todo nuestro ordenamiento económico y jurídico. Las normas señaladas también afectaron el patrimonio de muchas personas naturales, vinculadas a los partidos políticos y a la CUT, que se encontraban asiladas, exiliadas o en el extranjero, dejándolas así en la más absoluta indefensión. La justificación jurídica de esos actos de privación patrimonial forzosa sólo podía haberse discurrido por dos causales: a) la expropiación, que requiere de una ley que califique en forma previa la utilidad pública o el interés social o nacional de los bienes afectos a ella. Esta figura debe considerar, además, una acción o recurso en favor del expropiado para discutir judicialmente la cuantía de la indemnización, y b) la confiscación, sanción de carácter penal que consiste en despojar de sus bienes a quienes incurren en delitos establecidos por la ley. Esta sanción fue abolida en Chile por el artículo 143 de la Constitución de 1833. Estamos de acuerdo en que para el buen funcionamiento de la democracia es fundamental contar con partidos políticos fuertes, bien organizados y de gestión transparente. Para nadie es un misterio que casi todos los partidos carecen de medios para su adecuado funcionamiento, lo que, dicho sea de paso, hace imprescindible la aprobación de una ley de financiamiento de éstos; pero, mientras tanto, procedamos a la devolución de los bienes que tan arbitrariamente quitó la dictadura o, en su defecto, indemnicemos de manera justa, aun cuando jamás podremos hacerlo en cuanto al dolor del despojo ni a los gastos en que incurrieron los afiliados de esas organizaciones durante tantos años. El Partido Radical fue uno de los más perjudicados al ser desposeído de más de 40 de sus propiedades, algunas de las cuales no podrán ser recuperadas; por otras, ni siquiera recibirá indemnización por existir vicios e irregularidades en los respectivos traspasos. Esto es doblemente doloroso, pues hay inmuebles cargados de años y de tradición, los cuales, por varios lustros, fueron el segundo hogar de militantes y simpatizantes. Se transformaron en verdaderos laboratorios de ideas y de proyectos de bien común, muchos de ellos plasmados en leyes y en medidas administrativas. Esas queridas casas viejas, sedes sociales y clubes, fueron el segundo hogar de varias generaciones de radicales. Constituyeron templos de pluralismo, tolerancia y fraternidad, donde se forjaron tantos nobles sueños que hablaban de la construcción de una sociedad más libre, justa y solidaria. Existía con esos inmuebles una particular afinidad y una vinculación muy estrecha, tanto intelectual como afectiva y emocional. A mi juicio, la votación de esta iniciativa en el Senado fue muy elocuente. Se puso en evidencia el ánimo de reparar, por lo menos en parte, el daño de una privación ilegítima, y la voluntad de entregar al país una señal de reconciliación, pues en determinados senadores hubo una real expresión de arrepentimiento y el buen deseo de enmienda y reparación. Todo lo que se haga en este terreno son gestos que debemos valorar. Aunque el proyecto no satisface plenamente los intereses particulares de mi partido, lo votaré favorablemente, porque se acerca a lo que corresponde en un acto de elemental justicia. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, puede llamar la atención a la opinión pública que, habiendo tantas necesidades sociales en el país, el Parlamento se aboque a un proyecto de ley que, en apariencia, está destinado a beneficiar a organizaciones sindicales o gremiales, a partidos políticos y a personas particulares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aquí, sencillamente, se está aplicando un principio establecido no sólo en la Constitución, sino también en el derecho natural, cual es que nadie puede ser desposeído de sus bienes sin ser adecuadamente indemnizado. Puede haber problemas al concretarse estas indemnizaciones, porque muchos de los bienes de los partidos políticos, en especial los inmuebles, estaban en manos de particulares e inscritos a su nombre en el conservador de bienes raíces; pero todo el mundo sabía que pertenecían a determinados partidos políticos. Después de transcurridos tantos años desde que esos bienes pasaron a manos del Estado, se producirán algunos problemas, porque, a lo mejor, algunos particulares discutirán el derecho de transferir al partido político la indemnización que reciban por bienes que se encontraban inscritos a su nombre. Pero hay un punto sobre el cual quiero plantear mi inquietud. Desgraciadamente, en este trámite constitucional ya no es posible formular indicaciones. Me preocupa dejar claramente establecido, aunque sea para la historia fidedigna de la ley, que las indemnizaciones que reciban los partidos políticos, los particulares y las organizaciones gremiales y sindicales, no deben ser consideradas ingresos por el Servicio de Impuestos Internos. “Indemnizar” significa reemplazar un valor por otro. Por lo tanto, si una persona fue privada de un bien, aunque haya transcurrido mucho tiempo, la indemnización que reciba no puede ser considerada como renta ni como un incremento de su patrimonio. Sencillamente, se le está reemplazando el bien del cual fue despojado por una determinada cantidad de dinero que Impuestos Internos no debiera considerar como ingreso. Digo esto porque no faltarán abogados del Servicio de Impuestos Internos que argumenten que las indemnizaciones que demanden los particulares de parte del Estado no corresponden por estar prescrita la acción. En consecuencia, podrían alegar que esos dineros no constituyen una indemnización, sino un ingreso afecto a impuesto. He conversado el tema con la señora Ministra y creo que es importante dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, que estas indemnizaciones no constituirán ingreso de ninguna especie. Finalmente, me alegro de la buena predisposición que hay en todos los sectores políticos hacia el proyecto, pues no hubo la misma voluntad en su momento para las indemnizaciones que se pagaron con motivo de las expropiaciones de predios agrícolas, con un diez por ciento al contado y el saldo a 25 años, no reajustable y sin intereses. En la provincia de Colchagua -a la cual tuve el honor de representar en la Cámara de Diputados en 1973- todavía hay casas cuyas murallas están adornadas con papeles que hoy no tienen valor alguno, correspondientes a la indemnización que se les daría a los agricultores expropiados hace 25 años. Espero que el mismo espíritu que anima a la Cámara en la aprobación de esta iniciativa exista en futuros proyectos de ley, cuando se trate de afectar derechos adquiridos y a la propiedad privada, lo que indudablemente no obsta a que deba cumplir una función social. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en primer lugar, me haré cargo de algunas consideraciones políticas de los diputados de Renovación Nacional que me han precedido en el uso de la palabra. Mediante esta iniciativa se trata, lisa y llanamente, de devolver un botín de guerra que se capturó después del 11 de septiembre de 1973. Los decretos leyes que se han mencionado deberían haber significado un verdadero día de luto para quienes adoran la propiedad privada. Sin embargo, en esa época, ninguno de quienes colaboraban con los gobernantes, derramó una sola lágrima por esa violación del sacrosanto derecho de propiedad. Hoy recuerdan a los partidos disueltos y a los que no se encuentran representados en esta Cámara y, ¡aleluya!, ahora vuelven a sus adoradores de la propiedad privada. En el caso en análisis operó, lisa y llanamente, una confiscación de las propiedades de corporaciones de derecho público, disueltas mediante los mencionados decretos leyes, y se impuso el silencio político por 17 años. Incluso, la Constitución Política de 1980 sólo acepta esta “manu militari” en caso de declaración de estado de asamblea, de emergencia o de catástrofe, es decir, por ejemplo, en tiempos de verdadera guerra en que se atenta contra la soberanía. Ahí pueden requisarse aquellos bienes que necesitan las fuerzas armadas, pero también deben indemnizarse, y no como ocurrió entre 1973 y 1980, en que se implantó en nuestro país la inédita institución de la confiscación. En consecuencia, este proyecto es un verdadero acto de justicia. Muy distinta es la situación de la reforma agraria, porque en el Congreso Nacional se aprobó una ley para efectuar la reforma constitucional correspondiente. Los representantes de la Derecha participaron en ese debate, votaron e, incluso, algunos aceptaron enajenar sus predios y obtener valores al contado y al crédito por ellos. En segundo lugar, en cuanto a la preocupación del Diputado señor Errázuriz, de que las indemnizaciones podrían dar lugar a impuesto, no cabe duda alguna de que no es así, porque la Ley de Impuesto a la Renta dispone que las indemnizaciones no constituyen ingresos. En consecuencia, no están afectas a este tipo de tributo. En todo caso, como esta restitución proviene del Fisco, que en general no está afecto a impuesto alguno, tampoco podría generar un tributo respecto de quienes reciben dichos bienes. En tercer lugar, deseo afirmar muy categóricamente que si bien se indemniza o se restituyen los bienes, no se cubre la totalidad del perjuicio causado a las personas naturales o jurídicas a quienes se les confiscaron sus bienes. El texto del Senado señala que no se paga el lucro cesante, es decir, si una de las propiedades hubiese sido arrendada a un valor dado, la indemnización -así lo establece el Código Civil- tendría que ser total, incluido el lucro cesante. Sin embargo, el proyecto no lo considera. Tampoco se indemniza el daño moral, pues a las personas naturales que se les confiscó o privó de sus bienes sin indemnización alguna, además de ocasionárseles ese enorme perjuicio, aquello les ha afectado el espíritu o el alma, porque eran personas socialmente bien consideradas; incluso, algunas en cargos de autoridad. De manera que ni siquiera se trata de devolver lo que corresponde, un resarcimiento total, como lo han establecido en otras situaciones los tribunales y la ley. Me referiré a las modificaciones introducidas por el Senado. Estoy de acuerdo con la iniciativa, y pienso que para agilizar su tramitación debería ser aprobada hoy. Sin embargo, tengo algunas dudas que es conveniente aclarar. En primer lugar, el nuevo inciso segundo del artículo 1º dice: “Igual derecho corresponderá a quienes hayan perdido el dominio de sus bienes por acto de autoridad ejecutado con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 establecido por sentencia judicial ejecutoriada, dictada con anterioridad a la vigencia de esta ley.” Mi duda radica en si, en lo medular, se atenta o no contra la cosa juzgada, porque según su redacción, salvo que lo entienda mal, se coloca en la situación de quienes hayan perdido el dominio de sus bienes por acto de autoridad. Por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales saneó un bien a una tercera persona, un particular, a lo cual el propietario se opuso, pero el juez consideró que ese propietario perdió el dominio. De acuerdo con el texto del inciso, ése podría ser un caso. Pero si el juez, mediante una sentencia, estableció que el dominio pertenecía a una persona determinada -esto hay que mirarlo en los dos sentidos: uno perdió y el otro adquirió, y en este caso se habla del que perdió-, dicha sentencia tiene el valor de cosa juzgada. En consecuencia, ¿no se está contraviniendo el artículo 73, inciso primero, de la Constitución, que nos prohíbe “hacer revivir procesos fenecidos”? Sólo los tribunales pueden revocar o modificar la cosa juzgada, pero no el legislador ni el Presidente de la República. Solicito que la Ministra de Bienes Nacionales o sus asesores expliquen esta modificación del Senado, porque tal como está redactada lleva a la conclusión de que se estaría revisando la cosa juzgada. En segundo lugar, debo interpretar, gramaticalmente, que el pronombre “quienes”, que figura tanto en el inciso segundo como en el tercero, se refiere a las personas naturales y a las personas jurídicas del inciso primero. De lo contrario, podría abarcar una gama diferente de personas. Para aclarar el punto, en ambos incisos debería hacerse referencia al inciso primero. En tercer lugar, el inciso sexto del mismo artículo 1º dice: “Podrán acogerse a este procedimiento, quienes tengan juicio pendiente en contra del Fisco, iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en que reclamen la restitución o indemnización de los bienes señalados en el inciso primero. En este caso, deberán desistirse previamente de las acciones deducidas ante el tribunal respectivo,...”. Como es sabido, el desistimiento es una institución procesal que se tramita en forma incidental y que requiere el acuerdo de las dos partes. De manera que si en este caso una persona se desiste, necesita la aceptación del Fisco. Entiendo esta omisión procesal en el sentido de que implícitamente se reconoce una aceptación de la parte contraria, o sea, del Fisco. Además, cuando se habla de la resolución judicial -esto para la historia de la ley o de los antecedentes que se tuvieron en vista al legislar-, entiendo que se trata de una resolución judicial a firme o ejecutoriada, o sea, aquellas contra las cuales no cabe recurso alguno. Otra cuestión que me parece importante se refiere al artículo 2º en relación con el 7º, el cual dispone que el Ministerio de Bienes Nacionales debe pronunciarse respecto de las solicitudes presentadas. En general, en materias administrativas la ley siempre fija un plazo a las autoridades para pronunciarse. Aún más, transcurridos esos plazos, el silencio de la autoridad significa que acepta la solicitud o, como se ha dispuesto en otras leyes, que la rechaza; pero aquí no se establece ni el plazo, ni que el silencio deberá entenderse como aceptación o rechazo de la solicitud; o sea, hay un vacío respecto del plazo en que el Ministerio de Bienes Nacionales debe pronunciarse. Tal vez, una vez presentada la solicitud, debería tener, a lo menos, 120 días para hacerlo. Por otra parte, en el artículo 4º, que pasa a ser 3º, el Senado ha reemplazado la expresión “seis meses” por “un año” y ha suprimido su frase final. Entiendo que no se trata de una frase, sino de una oración, porque la frase no contiene la acción, o sea, el verbo. Al parecer, lo que se elimina es la oración después del punto seguido: “Expirado dicho plazo, no se admitirán nuevas solicitudes, ni podrán adicionarse nuevos bienes a las ya presentadas”. En consecuencia, cuando se dice “y ha suprimido su frase final”, debe entenderse que se trata de la oración final, para evitar situaciones contradictorias en el texto. Por otra parte, se dispone que las causas que se originen se substanciarán conforme al procedimiento del juicio sumario, pero no se señala, como en otras leyes -en el decreto ley Nº 2.625 tuvimos que resolver ese problema- quién es el actor o demandante y quiénes los demandados, es decir, quién impulsará la acción, porque el abandono del procedimiento sólo corre para el actor. Pero, ¿quién es el actor? ¿El primer solicitante, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos ellos o al revés? En este caso, es la persona jurídica, el Fisco, el que hace el papel de actor, pues él ha resuelto en forma negativa la solicitud de las personas. Entiendo que las personas naturales y jurídicas que presentaron las solicitudes deben ser tomadas en cuenta como actores en el juicio sumario. Si no se desea corregir este aspecto en comisión mixta, debemos entender que los interesados en la devolución de los bienes confiscados o en las indemnizaciones, son los demandantes en estos juicios. Otra inquietud se relaciona con la modificación al artículo 8º, cuyo nuevo penúltimo inciso señala lo siguiente: “Tratándose de bienes raíces, se indemnizará el valor que éstos tengan a la fecha de publicación de la presente ley,...”. ¿Esta indemnización se establecerá de acuerdo con el avalúo fiscal o con una tasación que elaborará alguna persona o comisión? Mi última inquietud se relaciona con la modificación al artículo 9º, inciso segundo, que prescribe: “Si la restitución recae sobre un bien raíz, el interesado podrá requerir del Conservador de Bienes Raíces competente la cancelación de la inscripción de dominio a favor del Fisco y la inscripción del inmueble a su nombre, con el solo mérito de copia autorizada del respectivo decreto supremo”. Dicho decreto supremo, como se manifiesta en una norma anterior, se dicta sólo cuando el Ministerio de Bienes Nacionales ordena la restitución y no hay oposición o reclamo de ninguna especie, porque, en ese evento, la sentencia o el fallo decidirá a favor de quiénes se inscribe y respecto de quiénes se cancela la inscripción. En consecuencia, la frase respectiva debiera quedar redactada de la siguiente manera: “con el mérito de copia autorizada del respectivo decreto supremo o del fallo, en su caso”. Formuladas estas observaciones, anuncio que votaré favorablemente las modificaciones del Senado, aun cuando me asisten las dudas que he explicitado en el transcurso del debate. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la señora Ministra de Bienes Nacionales. La señora DELPIANO, doña Adriana (Ministra de Bienes Nacionales).- Señora Presidenta, sólo haré un par de aclaraciones específicas en relación con lo puntualizado por el Diputado señor Elgueta. En primer lugar, el inciso tercero del artículo 1º tiene que ver con juicios que se desarrollaron durante el gobierno militar, con sentencias de la Corte a favor de los reclamantes, a quienes, lamentablemente, no se les hizo justicia, ya sea porque no existieron las condiciones para restituirles los bienes en su oportunidad o porque no hubo ninguna posibilidad de que la autoridad pudiera responder en su momento. Dado que estas situaciones corresponden exactamente a las consignadas en el primer inciso del artículo lº, toda vez que se les aplicaron los decretos leyes allí indicados para confiscarles sus bienes, y que a pesar de haber existido juicios y sentencias en favor de estos propietarios no fue posible restituirles los bienes en su oportunidad, el Senado los incorporó de la manera como ahí se expresa. En segundo término, quiero hacerme cargo de la inquietud del Diputado señor Elgueta relacionada con la forma de determinar la indemnización de estos bienes. Con el objeto de hacer más justa la indemnización, el artículo 11 establece una comisión de tres peritos para tasar el bien del cual se trate, a fin de fijar el monto de la indemnización. Por lo tanto, la preocupación del Diputado señor Elgueta estaría cubierta por esta norma. Por último, se ha otorgado un plazo de un año al Ministerio de Bienes Nacionales para acumular los distintos antecedentes, al cabo del cual, con éstos en la mano, emitirá el informe que corresponda, porque pudiera ocurrir que se presente una solicitud de restitución o indemnización sobre un bien, pero cinco o seis meses después, otra persona presente otro requerimiento por el mismo inmueble. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia. La señorita SCIARAFFIA, (doña Antonella).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero aclarar a los señores diputados que este proyecto no restituye estos bienes por capricho a las personas jurídicas o naturales a quienes les fueron confiscados, sino que, lejos de eso, realiza un acto de justicia. Al respecto, el Ministerio de Bienes Nacionales siempre ha tenido una labor destacada en ese sentido, la cual se ha manifestado, por ejemplo, al otorgar títulos de dominio gratuitos a los campesinos que han ocupado predios por mucho tiempo. Coherentemente con lo anterior, el proyecto devuelve, en un acto de justicia, el dominio de los bienes a aquellas personas a quienes les fue quitado, con lo cual se atentó contra el derecho de propiedad. Asimismo, me parece muy bien que los señores diputados de Derecha hayan adherido a esta iniciativa. En cuanto a la indicación presentada por el Senador señor Sergio Díez, de establecer por ley la ocupación de esas propiedades por parte de instituciones que realizan labores sociales, cabe precisar que el quehacer de Bienes Nacionales respecto del compromiso con las organizaciones de carácter social, especialmente con las de beneficencia, se ha ido dando desde el primer día. Por ello, no creo necesario que los colegas de Derecha ejerzan la facultad de fiscalización -obviamente, ninguno va a renunciar a ella, la cual debe estar presente siempre en nuestro accionar-, porque el espíritu inmerso en la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales ha sido siempre el de colaborar no sólo con organizaciones sociales, como Coanil o Bomberos, a las cuales ha entregado los instrumentos para que trabajen mejor, sino también con otras entidades, tal vez más pequeñas, las que han sido beneficiadas con la labor de dicho Ministerio. En ese sentido, no creo necesario presentar una indicación, dado que se ha mantenido siempre una actitud coherente con estos principios, la que considero que se mantendrá en la aplicación de este proyecto. Asimismo, quiero hacer mención a una modificación del artículo 1º, que también preocupa al Diputado señor Elgueta, y que dice: “Podrán acogerse a este procedimiento, quienes tengan juicio pendiente en contra del Fisco,...”. Si bien es cierto que el desistimiento se hace de común acuerdo entre las partes, en este caso el Fisco -al momento de legislar- ha manifestado su acuerdo en que estas personas podrán impetrar este beneficio. Reitero, la voluntad del Fisco está dada por el envío del texto del proyecto de ley, por lo cual no será necesario que concurra con su voluntad; de serlo, el Fisco deberá actuar en forma coherente con el objetivo perseguido por el Ejecutivo. Hago un llamado a los señores diputados presentes para que aprueben este proyecto, porque nos parece un acto de justicia y, además, permite reconciliarnos y vivir mejor en el futuro. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, para tener una visión adecuada del acto jurídico del Estado que hoy estamos aprobando, es fundamental distinguir entre la responsabilidad política y la jurídica. Políticamente, el gobierno militar es el responsable de esta confiscación de los bienes a los particulares, a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales, ya que, como decía el Diputado señor Elgueta, haciendo uso de la fuerza y amparado políticamente por los partidos de Derecha que lo apoyaban, confiscó estos bienes, los cuales estaban protegidos en ese momento por el derecho de propiedad. Pero, desde el punto de vista jurídico, es evidente que la responsabilidad no es del gobierno de turno, sino del Estado chileno, el cual, a través de ese gobierno, realizó los hechos que significaron la confiscación y la expropiación sin pago de los bienes de los partidos políticos y de otras personas jurídicas y naturales. Lo que hacemos al aprobar el proyecto es, por un lado, asumir nuestra responsabilidad política como Gobierno, con el objeto de hacer justicia por los abusos cometidos en su oportunidad; y, por el otro, acreditar, establecer y reafirmar que el que está en deuda con estas personas naturales y jurídicas es el Estado de Chile. En consecuencia, hoy, simplemente, estamos asumiendo nuestra responsabilidad como Estado para los efectos de la restitución y de las indemnizaciones correspondientes. Si tenemos presente este telón de fondo, podremos resolver adecuadamente el tema que afecta, por ejemplo, a las personas jurídicas sin fines de lucro, a las cuales, por un acto del Estado, se les traspasaron determinados bienes para que realizaran actividades sociales, de caridad o de beneficencia. Desde este punto de vista, lógicamente, por la naturaleza del derecho de propiedad, no podemos establecer en esta restitución o indemnización un cierto acondicionamiento -por ejemplo, que el Estado tuviera que solucionar el problema que afecta a estos terceros de buena fe que recibieron estos inmuebles en algún momento para sus fines de beneficencia-; porque, jurídicamente, éste es un acto puro y simple, de derecho absoluto. Sin embargo, creo que, políticamente, el Gobierno tiene la responsabilidad de solucionar tales problemas a estas instituciones, los cuales se les generarán si tienen que restituir algunos de estos inmuebles que ocupan debido a un acto realizado por el Estado de Chile en determinado momento. Por eso, después de hacer esta consideración para los efectos de la historia de la ley, es bueno decir que hay un compromiso político; pero también una responsabilidad jurídica, porque quien expropió, confiscó y arrebató los bienes es el mismo Estado que después los entregó a instituciones de beneficencia. Por lo tanto, también hay una obligación en el sentido de que si hoy estamos dictando un instrumento para los efectos de reparar una injusticia, no se vean afectados terceros por un acto del Estado, aunque en algún artículo o inciso de la ley no podamos consignar esta obligación, porque, como digo, el derecho de propiedad debe ser tratado en términos puros y simples, y no sujeto a eventualidades o condiciones. Quiero compartir, además, la inquietud que ha manifestado el Diputado señor Elgueta respecto del inciso segundo del artículo 1º. Creo que allí hay un problema de redacción, porque si una persona entabló un juicio por haber perdido el dominio de sus bienes con posterioridad al 11 de septiembre, tiene dos posibilidades: si lo ganó, evidentemente que su derecho no va a emanar de esta ley, sino de la sentencia judicial que le reconoció tal derecho -valga la redundancia- en el juicio respectivo y, por lo tanto, sólo en la ley tendríamos que colocar la obligación o posibilidad de que el Fisco pueda hacer uso de recursos fiscales para pagarle ese derecho que está reconocido por una sentencia. A mi juicio, la redacción del inciso no es afortunada, aunque acepto que la explicación dada por la señora Ministra es coherente con el espíritu de la ley. Sin embargo, es bueno -para que entendamos bien la historia de este proyecto- que consignemos lo que hemos dicho. En cuanto a lo señalado por el Diputado señor Errázuriz, de dejar constancia de que esto no constituiría ingreso, la verdad es que, aparte del texto de la ley sobre impuesto a la renta, la naturaleza del ingreso significa que el contribuyente está enriqueciéndose, incrementando su patrimonio, por el hecho de incorporarle un bien raíz o alguna indemnización. Aquí no hay incremento de patrimonio, porque el Estado, en un momento dado, le quitó de su patrimonio el bien que hoy le restituimos o la indemnización que le pagamos. Podríamos decir que vamos a estar a la par. Salió un bien, y hoy el Estado, simplemente, lo está pagando. Por lo tanto, por naturaleza, no podríamos hablar de ingreso y no tendría aplicación, bajo ningún concepto, la ley de impuesto a la renta para que alguien pueda pensar que esta indemnización quedará sujeta al pago del impuesto respectivo. Termino señalando que, con ese mismo criterio, me parece poco serio que un señor diputado compare esta obligación del Estado con el problema de financiamiento de las pensiones. Aquí estamos hablando de una obligación que el propio Estado asumió cuando realizó los referidos actos después del 11 de septiembre. Estamos hablando de una cifra única de, a lo más, 25 mil millones de pesos que se pagarán de una sola vez. Respecto de las pensiones hablamos de 120 mil millones de pesos que deberemos pagar todos los años. En consecuencia, creo que no conviene ni es serio hacer esta argumentación para confundir a la opinión pública respecto de los verdaderos alcances del proyecto. Hoy, más allá de un acto de justicia, estamos cumpliendo, simplemente, con una responsabilidad que el propio Estado de Chile puso en sus manos cuando el gobierno de turno procedió a confiscar bienes después del 11 de septiembre de 1973. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra la Ministra, señora Adriana Delpiano. La señora DELPIANO, doña Adriana (Ministra de Bienes Nacionales).- Señor Presidente, me parece importante hacer una aclaración que puede ayudar a entender mejor lo que señala la ley al respecto. En el tema de las instituciones sin fines de lucro hay dos situaciones distintas. Una dice relación con aquellas instituciones a las cuales el Fisco transfirió en dominio el inmueble que ocupan. Desde el punto de vista legal se entiende que es un inmueble que no está en poder del Fisco en la actualidad, sino que procede de él, y lo único que cabe es la indemnización, la cual en ningún caso pondrá en peligro la situación de las instituciones sin fines de lucro que ocupan un inmueble que les fue transferido. Otra situación distinta se refiere a aquellas instituciones sin fines de lucro a las cuales el Ministerio, de acuerdo con lo que establece la ley, les ha entregado un inmueble en concesión de uso por un período máximo de cinco años. El Ministerio tiene la facultad de renovar dichas concesiones si le parece que se está haciendo un buen uso del inmueble y que, además, no se requiere para otros fines. Por lo tanto, durante el trámite de este proyecto nos hemos comprometido a asegurar inmuebles en concesión de uso a instituciones sin fines de lucro, sobre las cuales el Fisco tiene hoy responsabilidad, para que puedan continuar funcionando. Sobre las otras instituciones, en ningún caso se ha planteado que se ponga en peligro el derecho de propiedad que tienen sobre los inmuebles que les fueron transferidos. Muchas gracias. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar mi satisfacción por este proyecto que, como bien se ha dicho, más que de conciliación, constituye un acto de elemental reparación. A mi juicio, es un acto de reparación necesaria frente a lo que en su momento fueron medidas arbitrarias o de despojo de bienes a personas, partidos u organizaciones gremiales. Estando completamente de acuerdo con esa línea, quiero entonces dejar constancia de que, en conformidad con el artículo 145 del Reglamento de la Corporación, sólo me abstendré de votar el artículo 1º, referido a personas naturales y bienes muebles, por considerar que de alguna manera este asunto tiene que ver directa o personalmente con los intereses que pueda representar. Creo que, para mejor comprensión y para la historia fidedigna de la ley -aunque el hecho es bastante conocido y notorio, no por eso voy a dejar de referirme a él una vez más-, el 12 de septiembre de 1973, a las 10 de la mañana, ya las fuerzas policiales estaban constituidas en Tomás Moro -incluso desde el mismo 11-. En un documento público notarial se estableció el inventario de todos los bienes muebles que había en ese momento en la residencia de mis padres y, como bien se sabe, hasta hoy -salvo respecto de una mínima parte- no hemos logrado obtener una respuesta clara sobre ellos, lo que incluso nos llevó a presentar un recurso de protección que contó con el fallo unánime tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema. Han pasado prácticamente ocho años y todavía no hay una respuesta clara al respecto. Repito que he querido dejar constancia de esta situación -me parece propio-, de las razones por las cuales procederé a abstenerme de votar ante el tema de las personas naturales y de los bienes muebles. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, me referiré brevemente al proyecto en discusión que interpreta la aspiración no sólo de partidos políticos, sino también de particulares en relación con la lógica devolución de bienes que les pertenecieron. Quiero hacer presente que nuestro partido en mi distrito compró dos inmuebles con el aporte y sacrificio de muchos de nosotros, para tener un lugar donde reunirnos, pero nos fueron quitados. Incluso, lamentamos tener que señalar que uno de ellos no es usufructuado por la persona a la cual se lo entregó el Ministerio de Bienes Nacionales, sino que, casualmente, debemos arrendarlo en circunstancias de que es nuestro. El otro local lo ocupa una institución que no le da el uso debido que podría justificar que lo mantuviera. Es natural que se proceda a su devolución. No me voy a referir al comentario del Diputado señor José García, puesto que la réplica del Diputado señor Huenchumilla interpreta totalmente mi opinión sobre el tema. A mi juicio, es lógico que se devuelva a nuestros partidos y particulares, a sus propietarios, no sólo el dominio de tales inmuebles, sino también su usufructo, que perdieron hace muchos años. Por lo tanto, es necesario que su devolución se efectúe a la mayor brevedad. No es posible que un país pueda expropiarles o quitarles el goce de sus bienes sin que exista ninguna posibilidad de que en algún momento puedan recibirlos y ocuparlos nuevamente para el fin que primitivamente tuvieron. De manera que vamos a apoyar el proyecto y esperamos contar con la mayoría suficiente, puesto que -reitero- su tramitación ha demorado muchos años y constituye una sentida aspiración de militantes de partidos de todas las tendencias; no sólo de Oposición sino también de Gobierno. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, después de largos años logramos abordar un tema que quizás debimos ser capaces de hacerlo hace ocho años y tiene que ver con corregir ciertas situaciones producidas en el pasado, como la confiscación de bienes inmuebles de propiedad de privados, partidos y organizaciones. La historia es conocida por todos. Se trata de más de 254 inmuebles confiscados que representan un valor bastante alto. Es justo decir que, más allá del hecho evidente de que algunos partidos, como el Socialista, el Radical y el Comunista, y también organizaciones sindicales, fueron más afectados que otros por ese proceso de confiscación, debido a la mentalidad que se apoderó del país en un momento y que afectó a todos, a tal punto que en la comuna de Rengo -me consta- una propiedad que era del Partido Nacional, hoy está en manos de la Digeder, porque entonces, por alguna razón, se consideró procedente confiscarla. Es lamentable que se haya demorado tanto el trámite de este proyecto, pero estamos muy satisfechos de que finalmente salga adelante. Sin perjuicio de lo anterior, en nombre de mi bancada, quiero dejar constancia de que cuando se discutió el proyecto de ley sobre concesiones radiales, planteamos que el Partido Socialista -que era dueño de la radio que después se transformó en Radio Nacional- perdió un patrimonio muy significativo. Quienes conocen la historia, saben que la situación es similar al proceso de confiscación de los bienes por los que hoy se pretende generar un mecanismo que permita el pago del daño patrimonial que se causó. Estamos satisfechos de que se despache el proyecto y hacemos votos para que la Corporación trate otros temas aún latentes y que tienen que ver con la necesidad de juntar el pasado con el presente, en aras de la recuperación de una tradición democrática de respeto y de tolerancia de las más diversas opiniones, ideas y formas de organización social. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Luego de la intervención de la Diputada señora María Victoria Ovalle y de los Diputados señores Mario Bertolino y José Pérez, procederíamos a votar. Tiene la palabra la Diputada señora María Victoria Ovalle. La señora OVALLE (doña María Victoria).- Señor Presidente, estoy de acuerdo con que se haga justicia al derecho de propiedad, que siempre debe respetarse para que haya estabilidad y progreso, y me alegra lo dicho por mi colega señor René Manuel García, en el sentido de que el Partido Comunista reconoce, al menos, que el derecho de propiedad existe, aunque lo haga sólo cuando se ve afectado. Sin embargo, me preocupa que no se haya considerado a un sector de la sociedad que también se vio afectado durante ese período. Son los agricultores. A ellos, durante el gobierno de la Unidad Popular, se les expropiaron y confiscaron sus bienes y jamás han sido indemnizados ni se les ha cancelado el valor comercial que corresponde. Por ello, echo de menos un beneficio similar, para que se les haga justicia. Con equidad para todos, habrá paz y tranquilidad en el país. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, mi voto será a favor del proyecto, al igual que el de los demás integrantes de la bancada de Renovación Nacional, por todo lo que se ha reiterado en relación con el respeto del derecho de propiedad. Asimismo, adhiero a las palabras de la Diputada señora Ovalle. Considero muy poco serio que una decisión de este tipo beneficie sólo a los partidos políticos. Una vez más, los políticos damos muestras de que la política no es el arte de gobernar, sino el de la conveniencia, y eso habla muy mal de la forma en que enfrentamos los problemas de las personas. Debemos tener presente que a muchas les fue arrebatado su patrimonio, fruto del trabajo y esfuerzo de años. Si bien fue a través de una ley, hubo arbitrariedades, o sea, despojo. ¿Por qué? Porque se les canceló con bonos que nunca fueron reajustados. Incluso, algunas familias ni siquiera pudieron educar a sus hijos por la situación que vivieron. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra el Diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, he escuchado con profunda atención las intervenciones de los distintos colegas y no puedo dejar pasar el hecho de que en un proyecto específico, que crea expectación en la opinión pública -se trata de devolver los bienes confiscados a las personas naturales, jurídicas, organizaciones gremiales y partidos políticos-, se haya desviado el debate a materias que bien podrían tratarse en otra oportunidad. La honorable Cámara debería demostrar altura y compostura y legislar con mayor seriedad, para economizar tiempo. Mi partido, el Radical, fue uno de los más afectados con motivo de la confiscación de bienes. Además de las propiedades propiamente tales, también fueron incautados los bienes que existían al interior de ellas, los que desaparecieron con el correr del tiempo. Para nosotros, eran muy valiosos, porque decían relación con la historia de nuestra colectividad. Pero no queremos ahondar en ese asunto. Hoy existe la posibilidad de que se haga justicia a instituciones que, de una u otra manera, fueron afectadas en aquella época. Es el momento de avanzar para construir una sociedad más justa, más solidaria, más humana y más fraterna. Estoy de acuerdo con la mayoría de las intervenciones que he escuchado y agradezco, sinceramente, el anuncio de los diputados de Derecha de votar favorablemente el proyecto. Sin embargo, me llama mucho la atención que las personas naturales cuyos bienes les fueron confiscados, tengan que esperar cinco años para que el Estado les restituya sus valores en cómodas cuotas anuales. Al respecto, sugiero que se recomiende al organismo pertinente que se les cancele el total del valor y no en cómodas cuotas a través de cinco años. Será de su competencia cancelar los bienes -cuando no sea posible su restitución- en la forma más urgente y justa posible. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Cerrado el debate. En votación las modificaciones al artículo 1º. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 13 abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Alvarado, Álvarez, Alessandri, Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Patricio). -Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Bartolucci, Correa, Dittborn, Fossa, González (doña Rosa), Ibáñez, Leay, Monge, Paya, Pérez (don Víctor) y Rojas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para votar de una vez el resto de las modificaciones? Acordado. Por lo tanto, en votación las demás modificaciones. Si le parece a la Cámara, se aprobarán con la misma votación anterior. Acordado. Aprobadas las modificaciones. Se deja constancia de que se han reunido los quórums de ley orgánica requeridos. Tiene la palabra la señora Ministra. La señora DELPIANO, doña Adriana (Ministra de Bienes Nacionales).- Señor Presidente, al término del tercer trámite constitucional, quiero agradecer a los honorables diputados que han intervenido en la discusión del proyecto de ley. Como señalé al comienzo, su texto consensuado tomó una cantidad importante de tiempo de cada uno de los parlamentarios y del Ejecutivo. En verdad, este momento es muy especial, un acto de Estado. El Ministerio de Bienes Nacionales, que tendrá la responsabilidad de poner en práctica la futura ley, tratará de acelerar los procedimientos, de ser lo más transparente posible y de estar atento a cualquier consulta que los señores parlamentarios quieran hacer sobre estas materias. Finalmente, quiero reiterar el compromiso de garantizar que las instituciones sin fines de lucro, que por voluntad del propio Gobierno ocupan en concesión algún inmueble, podrán continuar en uno de similares características. He dicho.ACUERDO DE COMITÉS PARA POSTERGAR SESIÓN ESPECIAL DESTINADA A TRATAR PROBLEMAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Informo a la Sala que se ha recibido un oficio de los Comités de Renovación Nacional y de la UDI por el cual comunican que postergan hasta una nueva fecha, la sesión especial citada para hoy a las 16 horas. Por lo tanto, las Comisiones podrán hoy día funcionar con toda normalidad. VI. PROYECTO DE ACUERDOEXENCIÓN DE APORTES EN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a un proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 20, de los Diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Valenzuela, Jaramillo, Muñoz, don Pedro; Hales, Encina, Navarro, señora Muñoz, doña Adriana; Villouta, Gutiérrez, Silva, Vargas, señora Caraball, doña Eliana; Cornejo, don Patricio; Hernández, Ortiz, Pérez, don José; Jiménez, Jarpa, Mora, Mulet, Galilea, don José Antonio; Urrutia, señora Pollarolo, doña Fanny; Reyes, señorita Sciaraffia, doña Antonella; Kuschel, García, don René Manuel; Errázuriz, Arratia, Naranjo, Delmastro, León, Soria, Tuma, Álvarez-Salamanca y señora Allende, doña Isabel. “Considerando: Que el país presenta un enorme déficit de pavimentación de sus calles. Que contar con las calles pavimentadas tiene un sinnúmero de efectos favorables para la comunidad, tales como, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes cuyas viviendas se ubican en sectores con urbanización incompleta por falta de pavimentos, la mejor calidad ambiental del sector, facilita el acceso al transporte colectivo y el mejor escurrimiento de las aguas lluvias. Que, dentro del esfuerzo desarrollado por las autoridades del sector para disminuir las carencias, que en esta materia presenta el país, el Programa de Pavimentación Participativa ha desempeñado un rol fundamental. Que dicho programa significa un trabajo mancomunado del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales respectivas, con las juntas de vecinos y con los municipios, debido a que se financia, principalmente, con fondos provenientes de ese Ministerio, con los aportes de la comunidad y con fondos municipales. Que, en cuanto al aporte que realiza la comunidad, cabe hacer presente que ella se clasifica de acuerdo a la realidad socioeconómica del sector. Que en las comunas existen personas a las cuales les resulta, considerablemente, más difícil efectuar la contribución que les corresponde dentro de los respectivos Comités de Pavimentación, especialmente, en el caso de los adultos mayores que, por lo general, perciben pensiones muy bajas. Que es decisión del Gobierno, adoptar medidas tendientes a favorecer la actual situación del adulto mayor en el país, como lo demuestra el proyecto de ley que concede un aumento a todas las pensiones, y en especial, a las pensiones mínimas y asistenciales. Que, en tal sentido, y dentro del marco de la policía recién reseñada, como forma de favorecer a los sectores de menores ingresos, y en especial a quienes perciben pensiones asistenciales y mínimas, sería aconsejable eximios del aporte que debe efectuar la comunidad en el Programa de Pavimentación Participativa. La Cámara de Diputados acuerda: Oficiar a US. y al Ministro de Hacienda con el objeto que, si lo tiene a bien, se sirve estudiar la posibilidad de eximir a las personas que perciben pensiones inferiores al salario mínimo de la obligación de efectuar los aportes al fondo que corresponde a la comunidad, en el Programa de Pavimentación Participativa”. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para argumentar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señora Presidenta, en nuestros distritos hemos aplaudido activa y fervientemente el proceso de pavimentación de las diversas calles de nuestras comunas. Hemos reconocido el éxito obtenido por el programa de pavimentos participativos, impulsado por el ex Ministro Hermosilla, que logró unir la cooperación de la comunidad y de los municipios con los gobiernos regionales. Pongo énfasis en lo concerniente a los gobiernos regionales porque es uno de los ámbitos donde se ha logrado descentralizar el uso de los recursos aprobados por el Congreso Nacional. A pesar de lo valioso de dicho programa, se ha detectado un problema en relación con la forma en que la comunidad genera los aportes para cumplir sus compromisos. En la actualidad, la comunidad debe aportar el 5, el 7 o el 15 por ciento del valor de los pavimentos. Ese aporte también se exige a aquellos vecinos pensionados cuyo ingreso es escuálido, por lo que se generan situaciones bastante dramáticas, ante la imposibilidad de pagarlo, aun cuando, en la práctica, nos constan sus grandes esfuerzos por cumplir; pero 10, 15 ó 20 mil pesos muchas veces les significa no comer como corresponde durante una semana o carecer de los recursos para pagar el gas o el agua. Es decir, se les impone un gravamen muy pesado para sus bajísimos ingresos. En atención a esta situación, la Subcomisión que revisó el presupuesto del Ministerio de Vivienda acordó plantear al Director de Presupuestos y a los Ministros de Hacienda y de Vivienda, la posibilidad de establecer un mecanismo que exima en forma explícita del aporte a aquellos pensionados y jubilados cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo, con el propósito de que dicho aporte sea asumido por los municipios o por los gobiernos regionales, con los fondos del Ministerio de Vivienda. Éste nos parece un camino práctico para ratificar el compromiso transversal de todos los partidos con los adultos mayores y un reconocimiento a la necesidad de apoyar a los pensionados y jubilados que reciben menos; asimismo, una forma de reconocer lo valioso de este programa de pavimento participativo en la focalización de la inversión social. Por lo expuesto, solicito el respaldo de la Sala a este proyecto de acuerdo, a fin de que el Gobierno implemente las medidas tendientes a eximir a los pensionados del referido aporte. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar a favor, tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, el programa de pavimentación participativa, sin duda, ha tenido gran éxito. Como lo planteó el colega que me antecedió en el uso de la palabra, esta idea es del ex Ministro don Edmundo Hermosilla. Cuando comenzó este programa, prácticamente todos los comités que se conformaron tuvieron acceso al presupuesto, aun cuando muchas juntas vecinales y conciudadanos no creían en él. El tiempo ha demostrado su efectividad, ya que ha tenido un gran éxito, sobre todo si se considera que uno de los grandes déficit, especialmente en comunas urbanas, está en pavimentación. Este tema fue analizado por la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, en octubre del año pasado, en la cual hubo el compromiso de proceder en el sentido indicado, lo que hasta hoy no ha ocurrido. Por eso, daré mi voto favorable a este proyecto de acuerdo. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para argumentar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Venegas. El señor VENEGAS.- Señora Presidenta, en realidad, este proyecto de acuerdo en ningún caso reviste aquellas consideraciones que tuvo el Ejecutivo cuando se creó este importante programa, que ha permitido, como lo explicaba el Diputado Juan Pablo Letelier, un reencuentro entre las personas que tenían sus hábitos históricos quebrantados. Este programa ha facilitado la concreción de la solidaridad, que es uno de los elementos que contribuye al reencuentro en la ciudadanía. Es, tal vez, el tema más importante que hoy debemos abordar. En la provincia de San Antonio, especialmente en mi comuna, se han constituido más de 150 comités de pavimento participativo y se han pavimentado más de cien calles. Por lo tanto, esto, que no es un imperativo, sino la voluntad de las personas, por ningún motivo debe impedirse que siga funcionando en los términos en que ha sido concebido. Además, permite acciones solidarias para juntar recursos en favor de aquellas personas que no tienen capacidad económica para hacerlo en forma directa, ya sea a través de bingos, rifas, la venta de pescado frito o convivencias. Creo que este proyecto se aleja de lo que era el pensamiento del Ejecutivo en el momento en que se estableció y, por lo tanto, lo votaré en contra. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para argumentar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señora Presidenta, en primer lugar, debo aclarar una situación histórica. Los programas de pavimentos participativos no los implementó ni los descubrió el ex Ministro señor Hermosilla, sino que se generaron, en forma muy importante, durante el gobierno militar. Fuimos muchos los alcaldes que llevamos adelante esos proyectos de pavimentación con singular éxito, de forma tal que surgió una participación. Gracias a la responsabilidad con que se asumió este programa, se logró la pavimentación de cientos de kilómetros en el país. Por lo tanto, debemos ser rigurosos con la historia y no pretender descubrir la pólvora a último momento. En segundo lugar, estas medidas, exclusivas y excluyentes, que benefician sólo a los jubilados con este tipo de condonaciones, a mi juicio, generan una tremenda injusticia respecto de otros sectores sociales. ¿Por qué no se aplica también a los que están cesantes y que pueden acreditar su situación de cesantía? ¿Por qué no a los que cobran subsidios únicos familiares? ¿Por qué no a quienes padecen enfermedades catastróficas? La experiencia, la vivencia empírica nos demuestra que en la comunidad de una calle o de un pasaje -en eso estoy de acuerdo con el Diputado señor Venegas- se generan acciones solidarias -que constituyen la esencia de este tipo de proyectos- muy hermosas y positivas. Al respecto hay que tener presente que nadie conoce mejor la realidad de una calle o de un pasaje que sus propios vecinos. Cuando aquí se plantean condonaciones en favor de aquellas personas que por situaciones muy atendibles se encuentran impedidas de poder cumplir con sus compromisos, se empieza a sentar un precedente y, por otro lado, se inhibe la solidaridad y la participación vecinal, que también es un elemento muy positivo. En consecuencia, debemos dejar que los gobiernos comunales, descentralizadamente, evalúen la situación de una persona en particular, con su correspondiente informe CAS, y si se da esa situación, los municipios tienen todas las atribuciones para implementar medidas en ese sentido. En tercer lugar, hoy no es obligatorio el pago de este derecho de pavimentación. De hecho, muchos no lo pagan, porque no hay una acción en contra de quienes no lo hacen. En cierta forma, hay libertad para que, responsablemente, las personas que no están en condiciones de realizar ciertos aportes, no los hagan, y nadie los persigue por ello. En definitiva, por la historia, el desarrollo, el éxito y la solidaridad humana que generan los pavimentos participativos y a fin de no seguir directivas impuestas desde el nivel central, que finalmente inhiben estos factores tan positivos, creemos que no es la mejor forma de abordar el proyecto, no obstante tener una intención positiva. Por eso, invitamos a los demás diputados a reflexionar sobre la materia, a fin de buscar otro tipo de soluciones y no aplicar una medida imperativa como la que se propone. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 5 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Delmastro, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Reyes, Rincón, Sánchez, Soto, doña Laura; Tuma, Vargas, Velasco, Villouta y Walker (don Patricio). -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Álvarez, Alessandri, Bertolino, Correa, Díaz, Dittborn, Fossa, González (doña Rosa), Ibáñez, Leay, Melero, Orpis, Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Rocha, Rojas, Venegas y Vilches. -Se abstuvieron los Diputados señores: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Elgueta, Pérez (doña Lily) y Prokurica. VII. INCIDENTESDERRAME DE COMBUSTIBLE DE MOTONAVE HUNDIDA EN LA BAHÍA DE SAN VICENTE. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, hace algunas semanas solicité diversos oficios respecto del hundimiento de la motonave privada Alborada, hace 14 años, en la bahía de San Vicente, puerto de Talcahuano, la que aún contiene en sus estanques alrededor de 470.000 litros de petróleo. Ese combustible ha comenzado a escurrirse y ha obligado a la Armada, a fin de contener el derrame, a contraer gastos que suman más de 100 millones de pesos en algo más de 10 días. Sin duda, se trata de un hecho extraordinariamente negativo, no sólo por el daño que provoca al medio ambiente acuático, sino también porque esa motonave pertenecía a un particular y existían seguros comprometidos. La ley de navegación -ello debe ser revisado- establece de manera completamente impropia que estos navíos deben ser declarados en naufragio y de propiedad del Estado. Por lo tanto, la motonave Alborada, que yace al fondo del puerto de Talcahuano y que -reitero- aún contiene 470 mil litros de petróleo en sus estanques, es de propiedad del Fisco, por lo que es el Estado quien debe hacerse cargo de todos los daños que está produciendo. En su oportunidad, solicité el envío de un oficio al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que estudiara la situación. Sobre el particular, he recibido un oficio respuesta de la Presidenta de ese organismo, señora Clara Szczaransky, mediante el cual señala que el Consejo examinará los antecedentes. Sin embargo, quiero insistir en que se oficie al Ministro de Defensa, a fin de conocer en detalle las acciones que ha realizado la Armada, en especial los gastos en que ha incurrido para enfrentar esta situación de emergencia. Se nos ha señalado que dicha institución ha ocupado más del 90 por ciento del material disolvente de que dispone para tratar los derrames de petróleo en el mar, lo cual, sin duda, ha provocado costos altísimos al interior de la Armada. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.CAMBIO DE CATEGORÍA DEL HOSPITAL DE RENGO. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier, por un minuto. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señora Presidenta, quiero solicitar el envío de un oficio al Ministro de Salud, con el objeto de que estudie cambiar de 4 a 3 la categoría del hospital de la comuna de Rengo. Ocurre que en algunos lugares en que se han efectuado grandes inversiones de infraestructura, no ha existido la capacidad resolutiva que se requiere, lo que, muchas veces, es producto de la clasificación de los hospitales, produciéndose absurdos tales como el siguiente: en un hospital comunal, que atiende a cuatro comunas con más de cien mil habitantes, no hay un médico de turno en forma permanente ni se cuenta con recursos para pagar las horas de urgencia, lo que redunda en mal funcionamiento del hospital comunal y en una recarga del hospital regional. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.MEDIDAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SALUD EN LOCALIDAD DE COYA. Oficios. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- En segundo lugar, pido que se oficie al Ministro de Salud y al Intendente de la Sexta Región -a través del Ministerio del Interior-, a fin de que estudien la situación que se está produciendo en la localidad de Coya, comuna de Machalí, la que además de encontrarse en un sector saturado por la contaminación de los humos de la fundición de Caletones, debe soportar otro problema sanitario muy grave: la ausencia de alcantarillado y la contaminación del agua que consume la población. En la actualidad, se está viviendo un brote de hepatitis, con más de 15 casos declarados en dos semanas, no obstante que se trata de una localidad muy pequeña. Por eso, pido que el Ministerio de Salud investigue las causas de la situación descrita, que es bastante grave si consideramos sus efectos en los niños que contraen la enfermedad. Asimismo, pido que se oficie al Ministro del Interior, con el objeto de que, por su intermedio, el gobierno de la Sexta Región estudie la destinación de los recursos necesarios para construir en dicha localidad, de una vez por todas, la red de alcantarillado que evitaría los graves problemas de salud mencionados. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Masferrer y Navarro.VOTO POLÍTICO DE JUNTA NACIONAL DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Mario Acuña. El señor ACUÑA.- Señora Presidenta, hace algunos meses, un grupo de diputados de la Democracia Cristiana comunicó su intención de presentar una acusación constitucional en contra del entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Posteriormente, presentada la acusación y votada en este hemiciclo, la Democracia Cristiana se abocó a un intenso debate como consecuencia de las diversas posturas sostenidas durante su análisis. En esas condiciones llegamos a la junta nacional de nuestro partido, realizada en el edificio del Congreso los días 24, 25 y 26 de abril del presente año. Después de varias horas de discusión, acordamos un voto político que hoy nos ha permitido tener como partido una postura muy sólida y unitaria que, desde mi punto de vista, es necesario explicitar al país. La Democracia Cristiana tiene una sola posición acerca de Pinochet. Quien encabezó la dictadura por 17 años no ha tenido una reconversión democrática en la etapa posterior a 1990. Valoramos el trabajo realizado y la verdad establecida en la Comisión de la Cámara de Diputados en el marco de la acusación constitucional, lo que es una prueba evidente de los abusos de poder cometidos. El dictador de ayer, que violó sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas -lo que quedó plasmado como verdad histórica en las conclusiones de la Comisión Rettig-, es el mismo responsable de los abusos de poder cometidos durante la transición, superados gracias a la prudencia, inteligencia y arraigo democrático de los gobiernos de la transición.Nuestro compromiso democrático. La oportunidad histórica de enfrentar el nuevo milenio en un país plenamente democrático, con un Estado comprometido con valores solidarios, capaz de ganar la lucha contra la pobreza y de lograr un desarrollo económico y social que sea ejemplar en cuanto a la equidad, es nuestro principal compromiso como democratacristianos. Los democratacristianos creemos que la necesidad de profundizar la democracia y terminar con los enclaves autoritarios es esencial para corregir las imperfecciones del modelo. Sólo habrá más equidad si logramos más democracia. El próximo programa de la Concertación de Partidos por la Democracia debe asumir este compromiso como sustancial y perfilarse en la agenda política y social en los próximos 23 meses del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle. En ese sentido, valoramos la agenda social especial del Gobierno y denunciamos la oposición de la Derecha a las medidas allí contenidas. La sociedad chilena requiere de un nuevo acuerdo nacional para la democracia plena, que debe ser sancionado por la soberanía popular. Por lo tanto, la Democracia Cristiana llama a todos los partidos políticos y organizaciones sociales del país a conformar un gran movimiento que tenga como objetivo lograr un plebiscito para reformar la institucionalidad jurídico-política que nos permita lograr una democracia plena. Dicho perfeccionamiento de la democracia busca ampliar la participación de la ciudadanía en las decisiones, a través del fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad y de la sociedad civil, a fin de asegurar la transferencia de más poder a los ciudadanos. El programa de gobierno de la Concertación III debe asumir como compromisos: el logro de un nuevo pacto social en Chile, en que el Estado y la sociedad civil, expresada en sus organizaciones, respondan a las demandas de los diversos sectores de la realidad nacional; la equidad y la calidad de vida, asegurar la superación de la pobreza y el pleno acceso a las oportunidades, especialmente de los más vulnerables, a través de mejor educación, salud y empleo y pensiones justas; la construcción de nuevas relaciones laborales y la restitución de los equilibrios medioambientales en nuestras ciudades y barrios; un desarrollo con rostro humano, que restituya la certidumbre en nuestra subjetividad de personas en un mundo global y en permanente cambio, que reconstruya las confianzas, que humanice la economía y la política, que fortalezca y proteja a la familia y promueva una cultura de creatividad e innovación, pero, sobre todo, los valores de solidaridad y responsabilidad en libertad y fraternidad. Asimismo, debe tener particular relevancia el creciente proceso de descentralización del poder en los ámbitos regionales y locales. Adicionalmente, la Democracia Cristiana promoverá un nuevo concepto de participación ciudadana, para que la gente sea el sujeto de la resolución de sus problemas concretos. Creemos en las elecciones primarias para un candidato único de la Concertación, por cuanto tenemos una historia común; hemos compartido un proyecto de país que ha tenido éxito y sigue vigente. No existe ningún fin superior ni más poderoso que el compromiso fundamental de la Concertación, que sólo ella puede hacer realidad con eficacia. En el hecho, nuestros dos gobiernos han restablecido la democracia, han sentado las bases de un crecimiento económico compatible con la equidad social y han logrado importantes avances en la superación de la pobreza y la marginalidad. La preservación y profundización de la Concertación demanda de todos los partidos integrantes un serio y urgente esfuerzo de responsabilidad para asegurar su proyección futura. El Partido Demócrata Cristiano asume con honestidad su cuota de responsabilidad y, a partir de dicho reconocimiento, expresa solemnemente su voluntad de contribuir a la superación de las dificultades. En la misma perspectiva constructiva, nuestro partido espera y confía que los demás partidos de la Concertación también hagan su autocrítica y que en el futuro todos nos abstengamos de conductas que puedan lesionar la unidad y coherencia de la coalición. El Partido Demócrata Cristiano reafirma una vez más su compromiso con la Concertación de Partidos por la Democracia. Para nosotros, la Concertación es más que una coalición de partidos políticos: representa, fundamentalmente y ante todo, un movimiento político-cultural, que encarna los mejores anhelos de quienes, desde diferentes perspectivas, se comprometen en la profundización de la equidad, la justicia y la libertad. En consecuencia, la adscripción de nuestro partido a la Concertación no responde a una opción táctica transitoria; por el contrario, hoy por hoy, dicha vinculación constituye la única alternativa política coherente con los principios democráticos y social-cristia-nos que inspiran al partido. Por ser la Concertación el espacio natural y lógico para nuestra acción política, el Partido Demócrata Cristiano descarta absolutamente tanto el llamado camino propio como la posibilidad de dos candidatos presidenciales y afirma su decisión de postular a la Concertación un precandidato presidencial, a fin de que de ella surja un solo abanderado. Aspiramos a un nombre nuestro, porque lo consideramos la mejor carta de triunfo; sin embargo, reiteramos nuestro compromiso con la unidad en una sola opción de la alianza, que surgirá a través del mecanismo de elecciones primarias, sean éstas legales o convencionales. Sólo hay un camino: candidato único de la Concertación. La junta nacional mandató a la directiva nacional, para que en un plazo de 60 días realice con los demás partidos de la Concertación las gestiones destinadas a resolver la fecha, características y procedimientos de las primarias. Por considerar extraordinariamente importante este acuerdo político unánime de nuestra junta nacional, he estimado necesario darlo a conocer desde este hemiciclo, teniendo claro que en numerosas zonas del país se observa a través de la televisión esta hora de Incidentes, y considerando que, hasta el momento, el único partido político de la Concertación que ha fijado una postura clara respecto de las próximas elecciones presidenciales es la Democracia Cristiana. He dicho.RECHAZO A ACTUACIÓN DE DIPUTADO EN PROBLEMA DE CARABINEROS DE CHILE. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señora Presidenta, ayer, en las noticias por televisión, escuché con gran preocupación y estupor a un parlamentario de Renovación Nacional -don Maximiano Errázuriz- hacer declaraciones sobre su participación en la situación producida en Carabineros de Chile. Y digo con preocupación y estupor, porque al interior de ese partido ha existido verdadera preocupación por el problema. Así lo han expresado las Diputadas señoras Pía Guzmán -este fin de semana- y Lily Pérez, y su presidente, don Alberto Espina, quien, incluso, es profesor en la institución. Todos ellos, junto con otros parlamentarios, han tratado de solucionar el problema. Sin embargo, ayer descubrimos al Diputado Maximiano Errázuriz en un acto de conspiración junto a un carabinero -don Hernán Leiva- que fue dado de baja. Al parecer, dicho diputado fue el gestor de la actitud asumida por ese carabinero que, vistiendo uniforme, ante las cámaras de Televisión Nacional hizo las denuncias que todo el país conoce. Sin pronunciarme respecto de tales denuncias, quiero referirme al fondo de la conspiración del diputado aludido. Creo que el país debe reaccionar ante este tipo de situaciones. Espero sinceramente que el Diputado Alberto Espina y su partido se pronuncien al respecto, pues no podemos dejar pasar un acto de conspiración de un parlamentario con miembros activos de Carabineros. El diputado dijo que se reunió con el señor Leiva en su oficina, y supongo que si estuvieron reunidos allí, podría ser el autor intelectual de las declaraciones del cabo Leiva. Además, podría ser el instigador de la situación que ha provocado las actuaciones de algunos carabineros y de sus mujeres. De sus declaraciones deduzco que ha amparado esta situación y como creo firmemente que Renovación Nacional no está conspirando y no está en la línea planteada por el diputado mencionado, espero un pronunciamiento público de ese partido, de rechazo y de repudio al acto de conspiración descrito. Como he estado preocupado del asunto y estamos trabajando por conseguir más recursos para Carabineros, expreso mi malestar por la actitud de un señor diputado y espero que nunca más haya parlamentarios que se reúnan con uniformados para conspirar contra la propia institución que ellos representan. He dicho.DEVOLUCIÓN DE FONDOS A EX SOCIOS DE HABITACOOP. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Diputada señora Sciaraffia. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señora Presidenta, me referiré a una situación que afecta a la cooperativa Habitacoop, a la que todos conocemos. En la zona que represento ha habido un problema con los pobladores de la villa Diego Portales, quienes dejaron de pertenecer a Habitacoop en 1988. En 1982, se construyeron 120 viviendas, y como parte de un fondo de desarrollo y garantía, cada uno de ellos aportó el equivalente a 18,91 UF. Lamentablemente, este fondo no ha sido reembolsado, a pesar de que cuando renunciaron a la cooperativa, en 1988, se dijo que sería devuelto en el plazo de 3 a 5 años, a partir de esa fecha. Además, desde 1993 se ha estado gestionando formalmente su devolución y me parece insólito que una cooperativa como Habitacoop, tan conocida en el país y que además ha sido apoyada -desde luego cuando fui Seremi de Bienes Nacionales impulsé muchas de sus gestiones porque significaban soluciones habitacionales para gente de mi provincia-, no haya dado respuesta a estos pobladores ni devuelto esta suma de dinero, que por ley y contrato les corresponde. Por eso solicito que se oficie al Ministro de Economía para que investigue por qué no se han devuelto estos fondos y qué clase de irregularidades hay detrás de este asunto. Del mismo modo, pido que se oficie a los Ministros de Bienes Nacionales y de Vivienda, dos organismos que trabajan muy de la mano con esta cooperativa, a fin de que condicionen su apoyo a la misma para que, de alguna manera, resuelva esta situación que afecta a los pobladores de la villa Diego Portales. Considerando que la suma adeudada a estos pobladores es de aproximadamente 30 millones de pesos, cantidad bastante importante para personas de clase media baja y que, por lo mismo, la reunieron con gran esfuerzo, no es posible que vean conculcado su derecho y no se les devuelva el dinero que les corresponde. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Kuschel, Fossa, González (doña Rosa), de la bancada de la Democracia Cristiana y de quienes así lo manifiesten.ANIVERSARIO DE COLEGIO SAN IGNACIO, DE CONCEPCIÓN. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En los tres minutos y medio que restan al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, en la ciudad de Concepción se creó hace alrededor de un año, la fundación San Juan del Castillo, para articular orgánicamente la colaboración de laicos y jesuitas en el trabajo apostólico. Esa fundación será la sostenedora del Colegio San Ignacio, de Concepción -del cual me honro de ser ex alumno- y de otras obras educacionales, sociales y de formación que se organizarán más adelante. ¿Quién es Juan del Castillo? Es el único santo jesuita canonizado que vivió en Chile y ejerció su magisterio durante tres años en Concepción, desde 1620 a 1622. La fundación lleva su nombre por su vinculación misionera con la Octava Región. Por eso, a quienes creemos que la educación ignaciana lleva a construir un mundo donde reinen la justicia, el respeto y el derecho de la persona a dialogar con Dios y con los demás, Juan del Castillo se nos presenta como un digno y santo patrono de nuestras obras. Dicha fundación está comprometida, a través de los laicos, en la conducción del colegio San Ignacio, de Concepción, que el 1 de mayo cumplió 111 años desde su fundación, tiempo durante el cual se han formado cientos y miles de alumnos que hoy se encuentran diseminados a lo largo del país. Hace tres años, se dio comienzo al ciclo de enseñanza media. La fundación hizo posible que el año pasado funcionara el primer año medio y este año, el segundo. En 1999, pensamos completar el tercero medio, y en el 2000, el cuarto. Aprovecho la oportunidad para rendir un justo homenaje a muchos sacerdotes de la Compañía de Jesús, a los cuales simbolizo en la persona de un ex director del colegio San Ignacio, don Manuel Fincheira Vega, y en la del actual director, don Carlos Hurtado Echeverría. Por eso, en su aniversario, pido oficiar al colegio San Ignacio, de Concepción, a fin de dar a conocer mi justo reconocimiento por la labor realizada en beneficio de tantos hijos de familias modestas que hemos pasado por sus aulas. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Fossa y Velasco.PRECISIONES SOBRE INTERVENCIÓN DE DIPUTADO EN CASO DE FUNCIONARIO DE CARABINEROS. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señora Presidenta, no me referiré a los exabruptos del Diputado señor Seguel, porque pienso que, en verdad, debería ir a un psiquiatra, ya que no es normal que una persona sana pueda referirse en esos términos, sin tener mayores antecedentes, a una situación que nada tiene que ver con lo que él ha señalado. Señora Presidenta, el cabo 1º de Carabineros Hernán Leiva pertenecía a la dotación de la 10ª Comisaría de Puente Alto y fue trasladado a la 46ª Comisaría de Macul. Aproximadamente, veinte días antes de formular sus declaraciones a Televisión Nacional, concurrió a mi oficina -al igual que mucha gente-, para hacerme un planteamiento que me dejó bastante sorprendido, porque revelaba que contaba con una asesoría importante, aunque, a mi juicio, equivocada. Me planteó que, de acuerdo con la Constitución Política, una persona sólo puede ser privada de libertad si un tribunal de justicia lo determina y que -según él- un reglamento no puede facultar a un superior para privar de libertad a un inferior, porque el reglamento es de rango inferior a la Constitución Política. Le hice presente que, si fuera así, se vendría abajo la disciplina de todas las escuelas matrices, en las cuales, como es natural, existe el arresto. Luego, me mostró una circular del general Stange, en la cual solicitaba a los fiscales que instruyeran sumarios en Carabineros, no declarar la privación de libertad como medida de sanción. Le hice presente que, si bien eso obedecía a una instrucción respecto de los sumarios, por la vía administrativa podía impedirse la libertad de una persona. Ante eso, me solicitó que recurriéramos al Tribunal Constitucional, y le expliqué que a él sólo se recurre cuando hay un proyecto de ley que atenta contra la Constitución, pero que si existe una ley, un reglamento o una instrucción contrario a la Carta Fundamental, lo que procede es solicitar su inaplicabilidad. Con posterioridad, llegaron a conversar conmigo algunas personas del Servicio de Inteligencia de Carabineros, quienes me consultaron si era efectivo que el cabo Leiva había estado, en mi oficina, en reuniones con algunas mujeres. Revisando la lista de quienes habían concurrido ese mismo día, me di cuenta que entre las veinte o treinta personas que estuvieron allí, había cinco viudas de carabineros que me proporcionaron toda la documentación de sus maridos asesinados por terroristas. Su planteamiento fue que cómo era posible que hubiera tanta preocupación del Gobierno por los derechos humanos de los terroristas y en cambio nada se dijera por los de las víctimas del terrorismo, como sus maridos. Entre otras, vino la viuda del carabinero que murió en el rescate del extremista Marcos Ariel Antonioletti, del hospital Sótero del Río. Por ejemplo, tengo varios certificados de defunciones: el de Alfonso de la Cruz Villegas Muñoz, de fecha 14 de noviembre de 1990, dice: “Causa de la muerte: traumatismo torácico por bala”; el de Alejandro Tomás Seydewitz Barría, de Cerro Navia, expresa: “Causa de la muerte: heridas de bala en cabeza, tórax, abdomen, pelvis y extremidades”; el de Dionisio Zapata Araneda, del 21 de octubre de 1993, señala: “Defunción en Hospital de Carabineros: herida cérvico torácica por bala”. Lo que me plantearon las viudas fue su preocupación por la situación en que hoy se encuentran las mujeres de las víctimas del terrorismo. Fue una coincidencia que se produjo. En una ocasión posterior, volvió a hablar conmigo el cabo Leiva. Le pregunté si había tenido algún tipo de reuniones con mujeres de carabineros y muy alarmado me respondió: “No, diputado. Yo vengo a plantear exclusivamente mi situación personal”. Ahora, preocupado de que la información que tenía Carabineros no lo fuera a perjudicar más allá de lo que estrictamente le corresponde, ayer me trasladé a hablar con el fiscal de la Sexta Fiscalía Militar, comandante Juan Solís, para decirle que si llegaba un informe de Carabineros, en el cual se señalara que el cabo Leiva habría podido tener alguna reunión con mujeres de carabineros en mi oficina, era una coincidencia con la visita de estas cinco viudas que fueron a plantearme una situación absolutamente distinta. No pretendo exculpar al cabo Leiva, pero que no se le imputen agravantes a su responsabilidad que no corresponden a los hechos. Además, quiero señalar que no hay un problema de mala distribución de los recursos por parte de Carabineros. En 1998, se aumentó la asignación presupuestaria en un 9 por ciento en valores históricos respecto de 1997, pero si consideramos que la inflación fue de un 6 por ciento, el aumento real fue sólo de un 3 por ciento. En consecuencia, mal puede hablarse, como dice el Gobierno: “Nosotros entregamos los recursos a Carabineros y ellos ven cómo los distribuyen”. ¡Qué van a distribuir si reciben poco y, además, se les pide que aumenten las plazas! Quiero dar a conocer estas cosas porque, evidentemente, la situación de Carabineros es extraordinariamente delicada; pero no quisiera que se utilizara al cabo Leiva como un chivo expiatorio, ni tampoco que su responsabilidad se viera agravada por informaciones provenientes de los servicios de inteligencia, que no se ajustan a la realidad. He dicho.FINANCIAMIENTO PARA HOSPITALES BASE DE PUERTO MONTT, CALBUCO Y MAULLÍN. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, solicito que se oficie al Ministro de Salud, a fin de que se adopten las medidas necesarias para asegurar el financiamiento de los hospitales base de Puerto Montt, de Calbuco y, en menor grado, el de Maullín, debido a que, con el sistema existente en el ministerio, se ingresan los recursos de acuerdo con los llamados reajustes históricos, en circunstancias de que en estos hospitales hay un aumento de la atención que supera largamente las normales, por lo cual se facturan más servicios médicos. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio pedido por su Señoría.MAYOR COBERTURA PARA BENEFICIOS SOCIALES EN CALBUCO. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- En segundo lugar, solicito que se oficie a los Ministros de Hacienda y del Interior, a fin de que tomen las medidas tendientes a asegurar una mayor cobertura de beneficios sociales en la comuna de Calbuco, donde la cesantía ha aumentado considerablemente, a causa de la crisis de la industria pesquera, particularmente de la elaboración de productos derivados del salmón, que se suma a la ya conocida crisis de la agricultura. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por el Diputado señor Kuschel.RECONOCIMIENTO A CODELCO-CHILE POR INAUGURACIÓN DE MINA RADOMIRO TOMIC. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señora Presidenta, en esta oportunidad creo conveniente destacar un ejemplo de la excelencia alcanzada por la minería nacional al concretarse una sentida aspiración que, íntimamente, me produce gran satisfacción, porque desde el principio he participado en la propuesta modernizadora de la Corporación Nacional del Cobre al sostener e impulsar la proposición de que la mina Radomiro Tomic se constituyera en un yacimiento de reposición. Hoy eso es una gran realidad. Recientemente, tuve el honor de asistir, como invitado, a la inauguración por su Excelencia el Presidente de la República, de la mina Radomiro Tomic, ubicada en la Segunda Región de Antofagasta, al pie del cordón cordillerano de Los Andes, a tres mil metros sobre el nivel del mar y a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Calama. El desarrollo de este proyecto constituye un reto para Codelco-Chile, porque significa hacer realidad grandes desafíos, como consolidar su liderazgo como principal productor del mundo al mantener una participación en el mercado del orden del 15 por ciento y producir anualmente más de 1,5 millones de toneladas métricas de cobre fino; posesionar a la empresa como uno de los productores más competitivos y de más bajo costo a nivel mundial; incrementar sus aportes al Estado y transferir al Fisco el ciento por ciento de sus utilidades operacionales. Sabemos que Codelco-Chile, a través de las faenas en la mina Radomiro Tomic, supera sus expectativas al comprobar, en el lugar, el uso de la más avanzada tecnología chilena, como pocas instalaciones pueden mostrar. Sin duda, todo esto constituye un ejemplo del trabajo de tantos hombres y una alegoría al esfuerzo humano. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de esta misma se transformará en una gran promesa para el país. Todo ello avala, con firmeza, los fundamentos que siempre he tenido para defender la propiedad estatal de las divisiones de Codelco-Chile. Cuando se hacen las cosas bien, hay que reconocerlo para que se convierta en un ejemplo. En esta oportunidad, deseo dejar consignado en las actas de la honorable Cámara de Diputados mi reconocimiento a los ejecutivos integrantes del Comité de Administración Divisional de Codelco-Chile, en la persona de su presidente ejecutivo, Marcos Lima Aravena; a quienes integran el cuerpo de administración superior de la División Radomiro Tomic, en la persona de su gerente general, don Luis Farías Lazarte. Del mismo modo, a los trabajadores del cobre, en la persona de su representante ante la Federación de Trabajadores del Cobre, don Raimundo Espinoza. Por último, deseo expresar mis felicitaciones por los niveles a que ha llegado esta empresa moderna con un proyecto de futuro que es símbolo para toda la minería chilena. Solicito que mi intervención sea enviada a la presidencia de Codelco, a la Quinta División de Codelco-Chile, Radomiro Tomic, y a la Federación de Trabajadores del Cobre. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se procederá como lo ha solicitado su Señoría.DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PAÍS. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señora Presidenta, durante estos días el Colegio Médico ha formulado graves denuncias respecto del funcionamiento de los servicios de urgencia en distintos servicios hospitalarios, focalizando el problema en la Región Metropolitana. Tengo en mi mano un estudio elaborado por el Ministerio de Salud, que indica la situación en que se encuentra cada servicio de salud respecto de un patrón de eficiencia, es decir, respecto de la situación ideal de costos que debiera enfrentar cada uno de los servicios de salud. Sucede que los de Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, La Serena, San Felipe, Los Andes, Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Quillota, O’Higgins, Maule, Biobío, Concepción, Arauco, Ñuble, Talcahuano, Araucanía Norte, Araucanía Sur, Llanchipal, Osorno, Magallanes, más el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, presentan déficit. Eso demuestra que los recursos que les entrega el Ministerio de Salud no alcanzan siquiera para cubrir estos costos, que -repito- son ideales y medidos con el patrón de eficiencia al que están sometidos todos los sistemas. Sin embargo, los servicios Metropolitano Norte, Metropolitano Occidente, Metropolitano Sur, Metropolitano Sur-Oriente y Metropolitano Central tienen, en conjunto, un superávit en eficiencia de más de 11 mil millones de pesos. En consecuencia, lo que está ocurriendo es que las regiones están subsidiando la atención de salud de la Región Metropolitana. Por ello, solicito que se oficie a los Ministros de Salud y de Hacienda, a fin de que nos indiquen con qué criterios se distribuyen los recursos del Estado entre los servicios de salud del país. Asimismo, entrego a la Mesa el cuadro resumen que he utilizado, para que se adjunte a los oficios. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI, y del Diputado señor Felipe Letelier.POSTERGACIÓN DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA EL PUEBLO MAPUCHE. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Eduardo Díaz. El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, es muy lamentable que un tema tan importante, como el que afecta a nuestro pueblo mapuche, no pueda ser debatido hoy con la seriedad, oportunidad y amplitud necesarias. De esta forma, el Gobierno sigue postergando la búsqueda de soluciones de fondo para estos chilenos, a los cuales históricamente debemos tanto. Me causa gran decepción e indignación, al igual que a los loncos mapuches aquí presentes, que el Ministro del Interior no asista hoy a esta Cámara, pues su presencia era esencial en esta sesión. ¿Hasta cuándo se seguirán excusando con viajes al extranjero o con padecer dudosas enfermedades? Esto se parece al cuento del lobo o al del carné de identidad, tan famoso. No estamos dispuestos a seguir aceptando substitutos por cuanto el Gobierno tiene la obligación de dar pronta respuesta a esta grave situación. Es muy importante discutir aquí qué sucede con los dineros que la ley destina a los campesinos mapuches y que quedan atrapados en la ineficiencia y en la falta de probidad de organismos estatales y de diversas ONG. También es importante que todos luchemos por esclarecer las irregularidades cometidas tanto en el seno de la Conadi como en otros organismos de Gobierno, que han contribuido a aumentar la terrible pobreza que sufren hoy los mapuches, que se encuentran entre los más pobres de la región más pobre de Chile. Señor Ministro, los campesinos pobres, sean huincas o mapuches, no pueden esperar más. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Adhieren al planteamiento formulado por el Diputado señor Díaz, los Diputados señores Kuschel y Fossa. En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la Diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señora Presidenta, adhiero a todo lo dicho por el Diputado señor Díaz. No olvidemos que el 22 de abril había una sesión especial, que también debió ser suspendida porque el Ministro del Interior no pudo asistir. Siempre pensé que esto ocurría sólo a nivel de las provincias de Arica y Parinacota, ya que en innumerables oportunidades el Ministro se ha comprometido a ir, pero lamentablemente dolencias a su espalda, tan precaria, no le permiten llegar.EMPLAZAMIENTO DE MONUMENTO AL CRISTO DE LA PAZ EN ARICA. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Puede continuar la Diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) Señora Presidenta, solicito que se oficie a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, a fin de que expliquen las razones por las cuales el Cristo de la Paz, obra monumental mandada a elaborar en 1986, desde hace doce años duerme boca abajo en un recinto cualquiera. Se trata de la obra realizada por un gran escultor que falleció sin haberla concluido y cuyo costo es de 4 millones de dólares. Hasta el momento, por razones que tienen esos ministerios, no ha sido posible levantarla en nuestra ciudad, a pesar de que ya está hecha toda su estructura. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Kuschel, Fossa, Díaz y Álvarez.ALCANCE SOBRE DEVOLUCIÓN DE BIENES CONFISCADOS A PARTIDOS POLÍTICOS. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Puede continuar su Señoría. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señora Presidenta, estoy abismada porque hace pocos minutos se ha votado favorablemente en la Sala un proyecto que permite la devolución de 25 mil millones de pesos a los partidos políticos. ¿Qué dirán los pobres y todo el personal de los servicios de salud ante la aprobación de esa iniciativa, por cuanto 25 mil millones de pesos son casi 60 millones de dólares y esa situación se contradice tremendamente con los 6 millones de dólares que ofreció el Presidente de la República el 27 de abril para solucionar el problema de 27 unidades de emergencia? ¿Qué le diremos a estas personas cuando el Estado, por una parte, declara que no tiene dinero para los jubilados ni para la salud y, en cambio, devuelve 25 mil millones de pesos a los partidos políticos? ¿No sería más conveniente utilizar parte de esos recursos, que en este momento sí los tiene el Estado, para preocuparse de la salud de la gente? El señor LETELIER (don Felipe).- ¡Eso es popularismo! La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- No, no es así, señor diputado. Es sólo que vemos muy de cerca la miseria y que está a punto de paralizar todo el servicio de salud. ¡Y aquí estamos entregando 25 mil millones de pesos a los partidos políticos! He dicho.RAZONES DE POSTERGACIÓN DE SESIÓN ESPECIAL. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, con su venia, le concedo una interrupción de un minuto al Diputado señor Ortiz. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, una de las cosas importantes del quehacer político es tratar de decir siempre la verdad y de no sacar provechos personales que, en el fondo, lo único que hacen es desprestigiar a quienes participan más activamente en política, como somos los ciento veinte diputados. Hace un rato el colega señor Eduardo Díaz -quien se está distinguiendo por tirar cosas para aparecer en los medios de comunicación y junto con otros colegas planteó un tema relacionado con el Senado de la República-, acaba de decir una mentira. En efecto, tengo en mis manos la nota firmada por el Secretario de la Cámara, que en estos momentos se está repartiendo -lo menciono para claridad de las dos personas que se encuentran en la tribuna-, la cual dice: “Por orden del señor Presidente de la Cámara de Diputados tengo a honra comunicar a US. que la sesión especial citada para hoy, martes 5 del presente, de 16.00 a 17.45 horas, con el objeto de tratar la grave situación producida en las Regiones IX y X por tomas ilegales de predios y evaluar el funcionamiento de la Conadi; como igualmente, analizar los problemas sociales que afectan a las comunidades indígenas, ha sido postergada para una fecha que se avisará oportunamente. “Lo anterior -y aquí está la verdad-, debido a una petición de los señores diputados que solicitaron dicha sesión especial”. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier. El señor DÍAZ.- ¿Me concede una interrupción, señor Letelier? El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, al inicio de la sesión de mañana, el señor diputado tiene la posibilidad de replicar al colega señor Ortiz. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- ¿Le concede la interrupción, señor diputado? El señor LETELIER (don Felipe).- Sí, señora Presidenta. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Con la venia de su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Díaz. El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, lo que planteaba el Diputado señor Ortiz es la mitad de la verdad. Es cierto que esta sesión fue solicitada por estos dos Comités, pero no queremos seguir dando espectáculo al no contar con la presencia de las personas responsables, pues el Ministro del Interior nos informó que no asistiría a la sesión a la cual se le convocó. Ésa es la verdad. El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, quiero ser generoso con mi colega Díaz; pero el documento que exhibió el Diputado señor Ortiz es el que tiene validez para estos efectos.SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INSTITUCIONALES EN CARABINEROS DE CHILE. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, no hay peor error que tratar de ocultar la verdad. Digo esto en momentos en que Carabineros de Chile cumple 71 años al servicio del orden público de la nación, y en que se realizan manifestaciones insólitas o novedosas, por decirlo de alguna manera, hacia la Institución. ¿Hay problemas al interior de Carabineros de Chile? ¡Claro que los hay, y muchos! Incluso más de los que han expuesto las esposas de los carabineros y de los que han dado a conocer públicamente miembros de la institución. Al interior de Carabineros de Chile hay corrupción, y muchas veces el personal gasta mucho tiempo en esclarecer o resolver uno u otro problema. Esconder la cabeza como el avestruz para ocultar los problemas que existen en Carabineros de Chile, no le hace nada de bien a la Institución. Asumámoslo con sentido autocrítico y con altura de miras. Hablar de Carabineros de Chile es hablar de una institución que es de todos los chilenos. No se trata de estar en contra o a favor del alto mando; yo no estoy en ninguna de las dos posturas. ¡Pero por supuesto que siempre he estado a favor de la Institución, independientemente del General Director que la encabece! En Chile debemos terminar con la actitud pacata de ocultar todo. No se exagera cuando se afirma que en Carabineros existe un número importante de casos por conducta, por extravío de documentos, por falta de claridad en la asignación de algunos recursos, etcétera. Digamos las cosas como son y así vamos a marchar mejor. ¡Claro que lo acaecido es doloroso! ¡Y nos habría gustado que en el 71º aniversario de esta institución tan importante para nuestro país no se hubiesen producido estos hechos! A lo mejor, era tiempo de que los problemas se conocieran. La prensa de hoy informa sobre el próximo envío del proyecto de reforma constitucional que traspasa a Carabineros de Chile desde el Ministerio de Defensa al del Interior, que es la instancia que le corresponde. Este intento se hizo durante la administración anterior y, lamentablemente, la Oposición rechazó esa iniciativa. Pese a que Carabineros es una institución muy importante, no tiene un marco definido respecto de instituciones afines; me refiero, por ejemplo, al tema de la dependencia. ¿Y por qué es importante el traspaso? Cuando Carabineros de Chile pasó a depender del Ministerio de Defensa, lo hizo con instrucciones, posiciones y formación distintas y, por supuesto, hoy se topa por todos lados con Investigaciones, con Bomberos, con la Fach, con el Ejército, etcétera. En consecuencia, es importante asumir estos temas, abordarlos con altura de miras, sin pequeñeces y sin mezquindades. Soy un defensor de Carabineros y valorizo su rol. Me parece negativo y un error ocultar sus problemas y que las esposas de los carabineros hayan sido reprimidas por haber realizado una manifestación en el centro de Santiago. Como no es un tema menor, hemos presentado un proyecto de acuerdo para realizar una sesión especial, a fin de analizar la situación que afecta a esta Institución, a la que le debemos mucho, y generar directrices que nos permitan reubicarla en el rol que le corresponde. Es importante que los parlamentarios sepamos en qué consiste el nuevo DFL 2. Ahora todo es especulación, porque unos señalan una interpretación, y otros, otra. Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro del Interior a fin de que nos informe sobre la aplicación de este decreto con fuerza de ley para no caer en la teoría de la especulación. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 14.07 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de comunicar a vuestra Excelencia, que he resuelto incluir en la Convocatoria a la actual 337ª Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el asunto legislativo que se indica: -Proyecto de ley que reforma los institutos tecnológicos Corfo. (Boletín Nº 1960-03). Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JUAN VILLARZÚ ROHDE, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos. (Boletín Nº 1978-13). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere al artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JUAN VILLARZÚ ROHDE, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3. Oficio del Senado. “Valparaíso, 27 de abril de 1998 Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código de Minería en relación con la superposición de pertenencias mineras. Hago presente a V.E. que la proposición de la Comisión Mixta ha sido aprobada en el carácter de orgánica constitucional, con el voto afirmativo de 38 señores senadores de un total de 47 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V.E., (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.4. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre modificaciones al Código de Minería en relación con la superposición de pertenencias mineras. (boletín Nº 814-8)“Honorable Senado:Honorable Cámara de Diputados: La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las diferencias surgidas entre el honorable Senado y la honorable Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro. NOTA. El proyecto, para su aprobación, requiere quórum de ley orgánica constitucional, por tratarse de derechos y obligaciones de los concesionarios mineros. (Párrafo séptimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República). Su Excelencia el señor Presidente de la República incluyó el citado proyecto de ley en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria con fecha 7 del mes en curso. Durante la tramitación de la iniciativa, se produjeron diferencias entre los textos aprobados por ambas Corporaciones, razón por la cual correspondió la formación de una Comisión Mixta. El honorable Senado, en sesión del día 17 de julio de 1997, designó para integrar la referida Comisión Mixta a los honorables Senadores miembros de su Comisión de Minería, es decir, a los honorables Senadores señores Arturo Alessandri Besa, Ignacio Pérez Walker, Santiago Sinclair Oyaneder, Anselmo Sule Candia y Adolfo Zaldívar Larraín. Por su parte, la honorable Cámara de Diputados, en sesión del día 6 de agosto del año 1997, designó como integrantes de la aludida Comisión Mixta a los honorables Diputados señora Fanny Pollarolo Villa y señores Nelson Ávila Contreras, Cristián Leay Morán, Carlos Vilches Guzmán y Erick Villegas González. Previa citación del Excelentísimo señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 13 de enero de 1998, con la asistencia de los honorables Senadores señores Arturo Alessandri Besa, Ignacio Pérez Walker y Santiago Sinclair Oyaneder, y de los honorables Diputados señora Fanny Pollarolo Villa y señores Nelson Ávila Contreras, Cristián Leay Morán y Carlos Vilches Guzmán. Asistieron, además, el honorable Diputado señor Baldo Prokurica Prokurica; el Fiscal del Ministerio de Minería, señor Gastón Fernández Montero, y el Fiscal de la Comisión Chilena del Cobre, señor Patricio Cartagena Díaz. La Comisión Mixta, luego de constituirse, por unanimidad, eligió como su Presidente al honorable Senador don Ignacio Pérez Walker. Seguidamente, la Comisión Mixta se abocó al cumplimiento de su cometido.-o- La controversia se originó, porque, en el primer trámite constitucional, el honorable Senado aprobó un proyecto de dos artículos permanentes, dividiéndose el primero de ellos en cinco números. En el segundo trámite, la honorable Cámara de Diputados aprobó el Artículo Segundo y respecto del Primero sustituyó el número 2); intercaló unos números 3), 4), 5), 6) y 7), nuevos; reemplazó la letra a) y modificó la letra b) del número 3) (que pasó a ser número 8)) y agregó un número 11), nuevo, que introdujo un artículo 8º, transitorio, nuevo, al Código de Minería. En tercer trámite constitucional, el honorable Senado rechazó las modificaciones introducidas por la honorable Cámara de Diputados, con excepción de la enmienda a la letra a) del número 3) del Artículo Primero, la que aprobó.-o-DISCUSIÓNArtículo Primero (Introduce diversas modificaciones al Código de Minería).Número 2) En primer trámite el Senado aprobó el siguiente texto:“2) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente: “Artículo 27.- La constitución de concesiones mineras superpuestas está prohibida. Sin perjuicio de lo que se establece en los artículos 91, inciso primero, 95, Nº 6º, y 97, el juez velará por la observancia de esta prohibición y, de oficio, declarará nulo, en cualquier estado del proceso, lo obrado en el expediente de constitución de una concesión en contravención a la prohibición referida. La sentencia que declare la nulidad será apelable en ambos efectos. La declaración de nulidad de lo obrado dejará a salvo el derecho del interesado a mensurar terrenos manifestados comprendidos en su solicitud de mensura no cubiertos por otra concesión minera. Lo preceptuado en el inciso precedente no procederá cuando el titular de la concesión que soporte directamente la superposición sea, a su vez, titular de la concesión que se trata de superponer a ella. Lo dispuesto en este artículo no afectará, en modo alguno, el derecho que reconoce este Código a oponerse a la mensura o a la constitución de la pertenencia, ni el derecho a solicitar la declaración de nulidad de la concesión en su caso.”.”. Por su parte, la honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:“2) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente: “Artículo 27.- Se prohíbe la superposición de pertenencias mineras. El juez velará por la observancia de esta prohibición y, en la sentencia, desestimará la manifestación en la parte en que se superponga a una pertenencia vigente constituida con anterioridad.”.”. El Presidente de la Comisión Mixta explicó que, luego de conversaciones sostenidas por parlamentarios con representantes del Ministerio de Minería, se concluyó en que la mejor manera de resolver la discrepancia era agregar al texto vigente del artículo 27 del Código, la siguiente frase final: “El juez velará por la observancia de esta prohibición”, dejando testimonio de que la prohibición de superposición no alcanza al caso de la autosuperposición, es decir al hecho de que un concesionario constituya una nueva concesión sobre los terrenos cubiertos por aquélla de la que actualmente es dueño. La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes (honorables Senadores señores Alessandri, Pérez Walker y Sinclair; y honorables Diputados señora Pollarolo, y señores Ávila, Leay y Vilches) aprobó agregar la referida frase al actual artículo 27 del Código de Minería.Números 3), 4), 5), 6) y 7). La honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, agregó los siguientes números, nuevos:“3) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente: “Artículo 50.- El Secretario confeccionará un extracto del pedimento o de la manifestación, respectivamente, y dará copia autorizada de éste, el que deberá contener las menciones del artículo 43, o de los artículos 44 y 45, según corresponda, como asimismo del certificado del día y hora de su presentación al juzgado y de la resolución que ordena su inscripción y publicación. En el caso del inciso primero del artículo anterior, el extracto incluirá, además, el decreto que ordena subsanar defectos u omisiones y la presentación en que se haya cumplido con lo ordenado.”;4) Agrégase, en el inciso primero del artículo 55, a continuación de la palabra “publicar”, el vocablo “en extracto”;5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 60:a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la palabra “publicarla”, la expresión “en extracto”;b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente: “Para efectuar la publicación, el Secretario dará copia autorizada de un extracto de la solicitud de mensura y de la resolución que dispone publicarla. El extracto de la solicitud de mensura deberá expresar:1) La designación del juzgado y el número de rol del expediente.2) El nombre, profesión u oficio y domicilio del manifestante y, en su caso, los del actual titular.3) La fecha de presentación de la manifestación y, si corresponde, aquella en que se tiene por presentada, y los datos de la inscripción de ésta.4) El nombre de la pertenencia o del grupo de pertenencias.5) Las coordenadas U.T.M. de cada uno de los vértices del perímetro de la pertenencia o del grupo de pertenencias.6) La relación en rumbo y distancia de uno de los vértices con el punto de interés señalado en la manifestación.7) En el caso del inciso anterior, el extracto deberá incorporar las correcciones que se hayan efectuado a la solicitud de mensura.”, y c) Sustitúyese el inciso final, por el siguiente: “El extracto se publicará por una sola vez y deberá contener todas las menciones señaladas precedentemente. La publicación deberá hacerse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la resolución que la ordenó. El Secretario deberá dejar constancia en el proceso de que se hizo la publicación en forma legal.”;6) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 62, por el siguiente: “El juez examinará la solicitud de mensura del opositor y los antecedentes acompañados a ella y, de encontrar ambos conformes, mandará publicarla en un extracto confeccionado por el Secretario, que contenga las mismas menciones que se establecen en el artículo 60. En la misma resolución se dejará testimonio de la fecha en que se haya presentado o se tenga por presentada la manifestación. Para efectuar la publicación, se dará copia autorizada del extracto de la solicitud y del proveído de la misma. El Secretario deberá dejar constancia en el proceso de que se hizo la publicación en la forma legal.”;7) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 63, a continuación de la palabra “publicación”, la expresión “en extracto”.”. Dichos números -como se ha visto- proponen modificaciones a los artículos 50, 55, 60, 62 y 63 del Código de Minería, relativas a publicaciones extractadas, en lugar de “in extenso”, como ocurre actualmente. En cuanto a esta materia, el Fiscal del Ministerio de Minería, señor Gastón Fernández, estimó necesario hacer presente que el objetivo de las propuestas aprobadas por la honorable Cámara era dar cumplimiento a una disposición del Código de Minería que ordena efectuar las publicaciones en el Diario Oficial. Para ello, precisó, resultaría indispensable efectuar las correspondientes publicaciones en forma extractada, por el alto costo que implicaría hacerlas en extenso. Sin embargo, añadió, al reestudiarse la conveniencia de la elaboración del extracto se resolvió que significaría una complicación, a pesar -observó- de que lo buscado era lograr una mayor transparencia, publicando todas las solicitudes mineras en el Diario Oficial; evitando, por lo tanto, los distintos Boletines Oficiales de Minería. Agregó que, con todo, se tuvo en consideración que los mineros chilenos están habituados a la publicación “in extenso”, en los Boletines Oficiales, lo que, indicó, constituye una tradición en el ámbito de la minería del país. Finalizó sus palabras, destacando que sería conveniente reforzar la supervisión de los Boletines Mineros, por los medios administrativos. La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes (honorables Senadores señores Alessandri, Pérez Walker, y Sinclair, y honorables Diputados señora Pollarolo, y señores Ávila, Leay y Vilches) acordó no contemplar en el proyecto de ley los números nuevos propuestos por la Cámara de Diputados.Número 3).Letra b). El honorable Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto: “3) Modifícase su artículo 73, de la siguiente forma:a) . . . .b) Intercálase, a continuación de su inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente: “El ingeniero o perito que a sabiendas infringiere la prohibición del inciso precedente sufrirá la pena de prisión en cualquiera de sus grados a reclusión menor en su grado mínimo, y la accesoria de inhabilitación especial perpetua para llevar a efecto mensuras.”, y”. Por su parte, la honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite, propuso la siguiente modificación al texto aprobado por el Senado, recién transcrito: “Ha sustituido en el inciso segundo, nuevo, propuesto, la expresión “a sabiendas” por las palabras “, sabiendo o debiendo saber,” y ha agregado a continuación de la palabra “mensuras” la voz “mineras”.”. El señor Presidente de la Comisión, expresó que en la reunión de los Parlamentarios con representantes del Ministerio de Minería se consideró oportuno aprobar la propuesta del Senado, pero cambiando la sanción de inhabilitación especial “perpetua” por una inhabilitación especial “temporal de entre dos y cinco años”, además de explicitar que esta inhabilitación no sería genérica “para llevar a efecto mensuras”, sino específica “para llevar a efecto mensuras de pertenencias mineras”. Lo anterior, obviamente, sin perjuicio de la correspondiente acción civil. El honorable Diputado señor Baldo Prokurica, consultó acerca de la razón para no considerar la proposición de la Cámara de Diputados en cuanto a sustituir la expresión “a sabiendas” por las palabras “, sabiendo o debiendo saber,”. La Secretaría de la Comisión explicó que los vocablos aprobados por la Cámara de Diputados configuraban una figura jurídica propia más bien del ámbito civil, y referidas a las nulidades. Continuó el Diputado Prokurica reflexionando en torno al punto de la pena accesoria de inhabilitación especial temporal, puesto que, dijo, los negocios mineros, en muchas ocasiones, implican una cuantía de muchos millones de pesos, por lo que, agregó, un ingeniero o perito podría -a propósito- condescender en manejos irregulares, sin importarle que lo sancionaran con el no ejercicio por dos años de su profesión. Propuso elevar el número de años de inhabilitación. El Fiscal del Ministerio de Minería, acotó que los peritos, a diferencia de los ingenieros civiles de minas, todos los años deben someterse a un análisis de sus antecedentes y deben ser nombrados -anualmente- por el Presidente de la República, a proposición del Servicio Nacional de Geología y Minería. El Diputado Prokurica insistió en que debían elevarse los años de inhabilitación para, expresó, evitar los abusos que se cometen con los pequeños mineros y, además, para frenar a una gran cantidad de personas que se dedican a obstaculizar la labor de las grandes empresas mineras. La Comisión Mixta en consideración a las aprensiones explicitadas, acordó mantener el texto aprobado por el honorable Senado, pero reemplazando el período de la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua, quedando en el rango de tres y seis años, y agregando que tal inhabilitación especial temporal lo es para llevar a efecto mensuras “de pertenencias mineras”. Esta decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes (honorables Senadores señores Alessandri, Pérez Walker y Sinclair, y honorables Diputados señora Pollarolo y señores Ávila, Leay y Vilches).Número 11). La honorable Cámara de Diputados aprobó, en segundo trámite constitucional, un número 11), nuevo, del siguiente tenor: “11) Agrégase, a continuación del artículo 7º transitorio, el siguiente artículo 8º transitorio, nuevo: “Artículo 8º.- Para que queden determinados en coordenadas U.T.M. los vértices de su cara superior, las pertenencias constituidas sobre nitratos y sales análogas de todas las regiones o zonas del país deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 6º transitorio de este Código, del modo que se indica en los incisos siguientes. El Presidente de la República determinará el plazo dentro del cual los interesados deberán proporcionar al Servicio Nacional de Geología y Minería los antecedentes que determinen la exacta ubicación de sus pertenencias, expresando en coordenadas U.T.M. los vértices de su cara superior, y que acrediten el cumplimiento de la obligación contemplada en el inciso primero del artículo anterior. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año, y se contará desde la publicación del decreto supremo correspondiente en el Boletín Oficial de Minería. El Servicio, dentro del término de seis meses, contado desde la extinción del plazo señalado en el inciso anterior, deberá confeccionar y poner a disposición de los interesados roles provisionales, por zonas o regiones, de las pertenencias que hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, con los datos que obren en su poder y que permitan singularizarlas y ubicarlas. Cumplido dicho trámite, el Servicio deberá publicar en dos días distintos, en el Boletín Oficial de Minería, y en igual forma, en dos diarios diferentes de circulación nacional, la circunstancia de encontrarse a disposición de los interesados, en la oficina regional correspondiente, el rol provisional respectivo, para que lo consulten o adquieran. Se entenderá que el rol provisional ha quedado a disposición de los interesados en la fecha de la última de esas publicaciones. Los interesados, dentro del plazo de seis meses, contado desde que el rol provisional ha quedado a su disposición, podrán subsanar las objeciones del Servicio que hayan motivado la exclusión de una o más pertenencias del rol provisional o su incorporación con antecedentes diferentes de aquellos que fueron proporcionados por dichos interesados. Todos los interesados deberán indicar cómo determinaron las coordenadas U.T.M. proporcionadas, conforme a las normas legales y reglamentarias pertinentes, en lo que resulten aplicables a las pertenencias constituidas sobre nitratos y sales análogas. En todo lo demás, sólo será aplicable, en la parte pertinente, lo establecido en los incisos sexto, con excepción de los Nos 1º, 2º y 5º; inciso séptimo, en lo que respecta a la comunicación que ordena; e incisos decimoprimero, decimosegundo y decimotercero del artículo 6º transitorio de este Código. Para estos efectos, en el evento de existir disconformidad entre las coordenadas U.T.M. aportadas por el interesado y las demarcaciones originales del terreno, el Servicio deberá verificar la correspondencia de tales coordenadas, utilizando para ello la primitiva demarcación, el Plano General de Salitreras, el plano de mensura y el acta de mensura, si correspondiere, y otros antecedentes acompañados, si existieren. Las eventuales controversias que genere la aplicación del procedimiento establecido en este artículo se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 235 del Código de Minería, debiendo el interesado reclamar judicialmente en el plazo de un año, contado desde la última publicación que prescribe el inciso séptimo de esta disposición.”. Por su parte, el honorable Senado, en el tercer trámite rechazó esta norma. El señor Presidente de la Comisión explicó que a la fecha en que entró en vigor el actual Código de Minería había concesiones exclusivas para explorar y pertenencias mineras de origen administrativo y judicial. Con el propósito de uniformar el sistema, los titulares de concesiones judiciales para explorar y los titulares de concesiones administrativas para explorar o explotar, como los titulares de dichas concesiones, debieron presentar una manifestación, bajo la sanción de la pérdida de sus derechos pasados ciento ochenta días. Advirtió que si se aprobare el artículo transitorio propuesto, a través de una ley se estarían resolviendo juicios pendientes ante los Tribunales de Justicia, papel que no le corresponde al Poder Legislativo. El Fiscal del Ministerio de Minería aclaró las razones que llevaron al Ejecutivo a presentar una indicación, ante la Cámara de Diputados, para introducir el artículo transitorio en discusión. Aseveró que al momento de publicarse el Código de Minería, llamándose a catastrar, se respetaron las pertenencias antiguas, dándose un plazo, en el artículo 6º transitorio, para que cada propietario aportara las coordenadas U.T.M. de sus concesiones, para que, de esa manera, ingresaran al sistema del catastro. Informó que dicho catastro estaba prácticamente levantado en su totalidad, pero con algunos vacíos, porque, agregó, el Servicio Nacional de Geología y Minería en su primer llamado en la Región de Tarapacá no consideró a las concesiones salitrales, debido a que éstas hasta el año 1983, no pagaban patentes mineras sino que sólo pagaban contribuciones. A partir de la vigencia del Código, prosiguió, se determinó un rol para las pertenencias relativas al salitre. Reiteró que las pertenencias constituidas sobre nitratos, reconocidas como válidas por el artículo 7º transitorio, no fueron llamadas para ingresar al sistema de catastro de las mismas, por lo que, opinó, si se rechazaba el artículo transitorio aprobado por la Cámara de Diputados, dicho catastro quedaría incompleto. El honorable Diputado señor Prokurica llamó a considerar el trasfondo del artículo transitorio en análisis, en cuanto a no caer en actuaciones que se han llevado a cabo en el país relativas a dirimir los derechos de las personas -sometidos a algún litigio- mediante leyes, situación que se repetiría si se acordara aprobar el artículo transitorio, puesto que, en estos momentos, solamente existen pertenencias salitrales, no incluidas en el catastro, que se encuentran en estado de litigio, es decir, sujetas a un fallo de la justicia. El Fiscal de la Comisión Chilena del Cobre, señor Patricio Cartagena Díaz, quiso dejar en claro que el artículo transitorio no afectaría la validez de los títulos, pero sí permitiría aclarar la ubicación física de las pertenencias salitrales. A continuación, el Presidente de la Comisión Mixta sometió a votación el artículo transitorio, propuesto por la Cámara de Diputados, acordándose no formular proposición al respecto, con los votos favorables de los honorables Senadores Alessandri, Pérez Walker y Sinclair, y de los honorables Diputados Leay y Vilches, y con la abstención de los honorables Diputados señora Pollarolo y señor Ávila.-o- En mérito de las consideraciones precedentes, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de efectuar la siguiente proposición, como forma y modo de resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional:Artículo Primero.Número 2) (del Senado). Redactarlo en la siguiente forma:2) Agrégase al artículo 27 la siguiente frase final, sustituyendo el actual punto final (.) con el que concluye, por un punto seguido (.): “El juez velará por la observancia de esta prohibición.”;Números 3), 4), 5), 6) y 7), nuevos (de la Cámara de Diputados). No proponer texto alguno al respecto.Número 3 (del Senado). Redactarlo del modo que se indica:3) Modifícase su artículo 73, de la siguiente forma:“b) Intercálase, a continuación de su inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente: “El ingeniero o perito que a sabiendas infringiere la prohibición del inciso precedente sufrirá la pena de prisión en cualquiera de sus grados a reclusión menor en su grado mínimo, y la accesoria de inhabilitación especial temporal de entre tres y seis años para llevar a efecto mensuras de pertenencias mineras.”.”;Número 11) nuevo (de la Cámara de Diputados). No hacer proposición respecto a esta materia.-o- A título meramente informativo, cabe hacer presente que de aprobarse la proposición de vuestra Comisión Mixta, el texto del proyecto quedaría como sigue:“PROYECTO DE LEY: “Artículo Primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Minería:1) Modifícase el artículo 17 de la siguiente forma: Intercálase el siguiente párrafo tercero, nuevo, a su número 1º.-, reemplazando el punto y coma (;) con que termina el párrafo segundo por un punto aparte (.): “Antes de otorgar el permiso para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o población, el gobernador deberá oír al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo;”;2) Agrégase al artículo 27 la siguiente frase final, sustituyendo el actual punto final (.) con el que concluye, por un punto seguido (.): “El juez velará por la observancia de esta prohibición.”;3) Modifícase su artículo 73, de la siguiente forma:a) Agrégase, en su inciso primero, entre el artículo definido “El”, con el que se inicia la norma, y el sustantivo “perito”, las siguientes palabras: “ingeniero o”; reemplázase la expresión “terrenos ya mensurados” por la frase “pertenencias vigentes”, y elimínase la frase “aun cuando el acta de la mensura de estos últimos no se haya levantado todavía”;b) Intercálase, a continuación de su inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente: “El ingeniero o perito que a sabiendas infringiere la prohibición del inciso precedente sufrirá la pena de prisión en cualquiera de sus grados a reclusión menor en su grado mínimo, y la accesoria de inhabilitación especial temporal de entre tres y seis años para llevar a efecto mensuras de pertenencias mineras.”;c) Sustitúyese su inciso final por el siguiente: “La acción penal correspondiente sólo podrá ser ejercitada por el titular de la concesión que soporte directamente la superposición.”;4) Agréganse, a su artículo 83, los siguientes incisos: “Una vez efectuada la publicación, su contenido deberá notificarse a la persona o personas a cuyo nombre figuren inscritas las pertenencias en el correspondiente Registro del Conservador de Minas. La notificación se practicará personalmente, con arreglo al Título VI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.”;5) Introdúcense, a su artículo 84, las siguientes modificaciones:a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente: “Artículo 84. Cada uno de los afectados podrá dentro del plazo de sesenta días, contado desde la fecha de la notificación a que se refiere el artículo anterior, presentarse en el expediente del interesado oponiéndose a la constitución de la pertenencia o pertenencias de éste.”.b) Sustitúyese en su inciso final, la expresión “del número 6 o del número 7”, por la siguiente: “del número 6º o del número 7º”. Artículo Segundo.- Declárase, interpretando el inciso primero del artículo 61 y el inciso primero del artículo 84 del Código de Minería, que los plazos de treinta y sesenta días, respectivamente, que en ellos figuran, son solamente para presentar la correspondiente demanda de oposición -con los documentos que, conforme a dichos artículos, deben acompañarse- en la secretaría del tribunal correspondiente. Declárase, asimismo, interpretando el inciso primero del artículo 70 del mismo Código, que el término de tres meses, que en él figura, comienza a correr desde que la demanda de oposición, a que dicho inciso se refiere, queda presentada en la secretaría del tribunal correspondiente.”.-o- Acordado en sesión del día 13 de enero de 1998, con asistencia de los honorables Senadores señores Ignacio Pérez Walker (Presidente), Arturo Alessandri Besa y Santiago Sinclair Oyaneder; y de los honorables Diputados señora Fanny Pollarolo Villa, y señores Nelson Ávila Contreras, Cristián Leay Morán y Carlos Vilches Guzmán. Sala de la Comisión de Minería del honorable Senado, a 20 de enero de 1998. (Fdo.): CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario ad hoc”.