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- rdf:value = " El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, más que una observación al artículo 1º, quiero hacer un alcance de carácter general.
Cuando uno mira el contexto en que se ha situado el proyecto de ley en debate y se percata que lo que se busca es una redistribución de los recursos para asignarlos de manera equitativa a los municipios más pobres del país, necesariamente tiene que preguntarse qué esta ocurriendo con la fiscalización de la gestión municipal.
Porque aquí se pide un esfuerzo a las municipalidades que aportan más recursos con su Impuesto Territorial; pero no hay un control de gestión ni de los programas. Virtualmente en las municipalidades no existe ninguna fiscalización, salvo la mínima que hace el Contralor General de la República. Ahí están los testimonios del propio órgano contralor, que carece de personal.
Desde luego, las municipalidades no están sujetas a responsabilidad política ni tampoco los alcaldes. En general, la gestión municipal ni siquiera es susceptible de ser controlada por los concejales, los cuales -como sabemos- tienen mínimas atribuciones.
Y ello se da en todos los municipios del país, pues en ellos no existe control de gestión ni de programas. Solamente en aquellos aspectos en que la autoridad superior maneja programas globales, se puede inquirir alguna información respecto de los recursos estatales puestos a disposición de los municipios y en los cuales puede existir un control del Ejecutivo o del órgano administrador central.
Traigo lo anterior a colación, señor Presidente , porque no sacamos nada con estas redistribuciones de ingresos, si en definitiva ellos se despilfarran, como ocurre hoy en día en los municipios del país, con muchísima cantidad de dinero. Basta ver los honorarios que se están pagando en las municipalidades. Nunca nadie ha podido hacer una cuenta exacta de qué está sucediendo con los honorarios que se pagan y con los contratos que se celebran. De manera que no sabemos qué destino van a tener todos los recursos que hoy día se asignan a las municipalidades y si va a haber más contrataciones a honorarios.
Para qué decir todo lo que significan los gastos por concepto de vehículos, publicaciones, programas y contrataciones de determinadas licitaciones, respecto de las cuales -como todos sabemos- en diversas municipalidades, muchas veces, carecen de sentido.
Entonces, señor Presidente , más que referirme al artículo en sí, deseo indicar que el debate sobre el proyecto que busca asignar mejor los recursos municipales, necesariamente debe ir aparejado de una discusión que, a mi juicio, está pendiente respecto de cómo establecer un sistema adecuado para que la fiscalización de la gestión municipal hoy día sea una realidad, porque ella no se está haciendo.
Los alcaldes, sin perjuicio de la autonomía que merece su gestión, necesitan mecanismos de control que actualmente no tienen. Y mi temor es que la mayor cantidad de recursos que se les entregue siga el mismo destino que han tenido los fondos de muchas municipalidades del país: platas mal asignadas, que no llegan a los objetivos propuestos y, desde luego, despilfarro de recursos, según indican las muchas evidencias y no sólo los informes de la Contraloría, sino también los emitidos por las propias municipalidades cuando detectan irregularidades.
Finalmente, respecto de la gestión municipal no hay ninguna cuenta nacional ni informe de gestión sobre lo que está ocurriendo en los municipios. A quien se pida tal informe, la respuesta es siempre negativa; o bien, se entrega en forma desfasada, porque no hay recuento de la información.
Reitero mi llamado de atención sobre tales aspectos, para evitar que los recursos terminen empleándose mal.
Ojalá que los sectores políticos que hemos llegado a ciertos acuerdos, concordemos también en crear un mecanismo moderno de control de programas y de eficacia en la gestión municipal, a fin de lograr que los fondos rindan más y lleguen realmente al destino propuesto.
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