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El señor RÍOS.-
El segundo tema que quiero plantear es muy trascendente, porque se refiere a una situación social del país, y respecto de la cual, a mi juicio, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo está equivocado.
El señor Ministro ha señalado en la prensa que iniciará acciones drásticas contra todas aquellas personas que han obtenido subsidio habitacional y que finalmente han arrendado la casa que, a través de los mecanismos que se conocen, obra en su poder.
El señor Ministro dice que fueron dadas, que fueron entregadas. No ocurrió así. La operación fue muy clara y definida: hubo un ahorro previo, existió un subsidio otorgado por el Estado y en la actualidad la gran mayoría de estas personas tienen la responsabilidad de pagar mensualmente sus cuotas por el crédito otorgado por el SERVIU o por alguno de los organismos bancarios o financieros privados.
Es cierto que el objetivo de entregar una vivienda no es que ellos la arrienden. Pero también lo es que existen varios elementos muy importantes que se deben tener presentes. De lo contrario, puede destruirse todo el proceso de otorgamiento de viviendas que existe en el país.
En primer término, el Censo de 1992 señaló que, en cuanto a la emigración regional -de personas de una región a otra-, la más baja fue de 6 por ciento y la más alta, de 12 por ciento (tengo entendido que fue en la Duodécima Región). Eso indica que Chile es un país que, por efecto de su ordenamiento y también por su centralismo, está viviendo una permanente emigración regional.
Hoy tenemos ejemplos realmente impresionantes. Concurrir a Antofagasta es conocer, observar y hablar con decenas, cientos, miles de personas que han llegado a trabajar en la gran minería del cobre. Actualmente, en esa ciudad se afirma con orgullo que la cesantía no supera el 2 por ciento, que los sueldos y remuneraciones que se pagan ahí son los más altos del país. Y eso produce, sin duda alguna, una migración muy importante de trabajadores desde distintos lugares del país, hacia Antofagasta.
Estas personas obtuvieron su casa en el lugar donde habitaban (por ejemplo, Lota). Inevitablemente, como no han terminado de pagar su vivienda, deben arrendarla para poder mantenerla y, una vez cancelada, venderla y resolver su problema habitacional en otro lugar.
En esto, de partida, ya hay un ejemplo muy grande.
Se señala, por citar un caso, a mi Región -la Octava-, de la cual emigraron 120 mil personas entre 1982 y 1992. Eso significa, a lo menos, unas 25 mil o 30 mil familias que buscaron alternativas laborales en otros lugares. Y gran parte de ellas había accedido a la casa propia en donde habitaban.
En segundo lugar, está el tema de las comunas pequeñas. Durante los últimos 14 ó 15 años prácticamente no se construyeron viviendas en las comunas pequeñas. ¿Por qué motivo? Porque la totalidad de los programas consultaban alternativas de construcción de 50, 60 o más unidades, debido a que el margen de utilidad -por así decirlo- que a las empresas constructoras contratadas por el SERVIU les queda por cada una es tan pequeño que sólo les conviene construir en gran número. Por eso, en cientos de comunas donde únicamente se otorgaban 10, 12, 15 ó 30 subsidios, no existió posibilidad alguna de construir poblaciones, de manera que poco a poco las personas fueron traspasando sus subsidios a las comunas mayores, pese a no poder trasladarse allí con sus familias, por tener su fuente laboral en las comunas pequeñas. Entonces, al obtener el subsidio y consecuencialmente la casa, la daban en arriendo hasta terminar de cancelarla. Con el dinero de la venta construían su casa definitivamente en la comuna pequeña, lugar donde el sistema de subvención estatal no les permitió acceder a una vivienda.
Señor Presidente, este ejemplo hay que multiplicarlo por cientos y miles de personas que han resuelto su problema habitacional a través de las comunas más grandes.
En tercer término se encuentran los campesinos, mineros y pescadores. Los campesinos habitan en zonas rurales y trabajan en empresas agrícolas, en fundos, y no tienen alternativa de resolver ahí su problema de vivienda. Lamentablemente, las políticas en materia habitacional han estado dirigidas a dos áreas bien definidas: al área urbana, que es la más extensa y donde se construye prácticamente el 95 ó 96 por ciento de las viviendas, y al área rural. Esta última está constituida por los propietarios de terrenos pequeños que obtienen el subsidio rural y que anualmente nunca llegan a más de 8 mil o 9 mil en el país. En esta forma se soluciona el problema habitacional de los pequeños agricultores y sus familias, pero no el de los campesinos, de los trabajadores agrícolas, quienes deben postular a vivienda en las ciudades y, por lo tanto, dedicar todos sus esfuerzos de ahorro a ese objetivo, aunque están conscientes de que no pueden trasladar su trabajo.
Lo mismo ocurre con los mineros. En muchos lugares las empresas les entregan casa para vivir, pero ellos aspiran a tener vivienda propia y, naturalmente, una vez asignada proceden a arrendarla y cuando termina su contrato laboral se trasladan a vivir a ellas con sus familias. Algo similar acontece con los pescadores.
El señor Ministro de Vivienda mencionó el caso de personas que arriendan la vivienda básica que se les adjudicó. Sin embargo, puede suceder que un hombre y una mujer, asignatarios por separado de una casa, al quedar ambos viudos se junten y arrienden una más pequeña para vivir, procediendo a arrendar a su vez las propias y subsistir con esas rentas. Según el Secretario de la Cartera , tal hecho rompería el sentido de entrega de las viviendas.
El señor Ministro expresa que hay aproximadamente 20 mil casas en esas condiciones en todo el territorio. Si se considera que sólo el porcentaje que representa la emigración, el de los campesinos, que alcanza más o menos al 18 por ciento de la población del país, junto con los mineros y pescadores, que habitan en comunas pequeñas -donde, si bien están urbanamente consolidadas, no se construyen viviendas básicas-, y los problemas propios de entrega por parte del Ministerio, se concluye que la drástica medida anunciada por el señor Ministro y publicada en los diarios de hoy no contempla una realidad social de la comunidad. Por el contrario, su solo anuncio significa marginar a un conjunto de personas que están optando a una vivienda sin tener la posibilidad de irse a vivir a ellas de inmediato, porque su fuente de trabajo se encuentra lejos del lugar en que finalmente se construyen las casas.
Señor Presidente , solicito oficiar al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , dándole a conocer los aspectos que he señalado, a fin de que sus intervenciones públicas no produzcan el daño que puede causar una medida tan drástica como la anunciada.
Cabe destacar que en 1992, conocido ya el censo poblacional y de viviendas en el país, todos los esfuerzos tanto del Poder Ejecutivo de aquel entonces (con el Ministro señor Etchegaray al frente) como de las Comisiones de Vivienda del Senado y de la Cámara de Diputados, estuvieron dirigidos a que en Chile se construyeran por lo menos 120 mil casas anuales, para ser entregadas sin hacer excepciones, sin marginar a las personas que pese a no poder ocuparlas de inmediato con ellas sí resolvían su problema habitacional. En 1998 se proyecta construir alrededor de 150 mil viviendas. Si eso se concreta, finalizaremos el año 2002 con cuatro habitantes por casa, lo que significa dar por solucionado el problema extremadamente delicado que vivió Chile en esta área social durante mucho tiempo.
Señor Presidente , reitero mi petición de que se envíe oficio al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo con estas observaciones, a fin de que las considere y sus expresiones vayan encaminadas a reconocer los aspectos sociológicos, laborales y de administración centralizada existentes en el país. De lo contrario, las medidas mencionadas pueden ocasionar mucho daño y repercutirán en todos los programas de vivienda actualmente en marcha.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se enviará el oficio en que se consigne la intervención de Su Señoría, para que el señor Ministro tome nota de ella.
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