REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 339�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 22�, en martes 9 de marzo de 1999 Ordinaria (De 16:24 a 19:14) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE, Y MARIO R�OS, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES JOS� LUIS LAGOS L�PEZ, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESI�N III. TRAMITACI�N DE ACTAS IV. CUENTA Acuerdos de Comit�s V. ORDEN DEL D�A: Acuerdo para precisi�n de l�mite desde monte Fitz Roy a cerro Daudet (2285-10) (queda pendiente su discusi�n) (sesi�n secreta) VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o) Restituci�n de tierras a mapuches. Oficios (observaciones del se�or Mu�oz Barra) An�lisis sobre situaci�n de mapuches. Oficio (observaciones del se�or Prat) Anexos ACTA APROBADA: Sesi�n 19�, en 20 de enero de 1999 DOCUMENTO: Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite, que aprueba el Convenio entre Chile y Panam� para evitar doble tributaci�n por ingresos que perciban empresas de navegaci�n de ambos pa�ses que operen en ellos (2255-10) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros de Relaciones Exteriores, Secretario General de la Presidencia y de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n; y la se�ora Directora Nacional de Fronteras y L�mites del Estado. Actu� de Secretario el se�or Jos� Luis Lagos L�pez, y de Prosecretario, el se�or Carlos Hoffmann Contreras. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:24, en presencia de 24 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 19�, ordinaria, en 20 de enero del presente a�o, que no ha sido observada. (V�ase en los Anexos el acta aprobada). IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios De la Honorable C�mara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobaci�n al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre los Gobiernos de las Rep�blicas de Chile y de Panam� para evitar la doble tributaci�n por los ingresos que perciban las empresas de navegaci�n a�rea de ambos pa�ses que operen en ellos. (Bolet�n N� 2.255- 10) (V�ase el documento en los Anexos). --Pasa a la Comisi�n de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso. Del se�or Ministro de Hacienda, con el que responde un oficio enviado en nombre de la Senadora se�ora Frei, relativo a ayudas para la peque�a y mediana miner�as. Del se�or Director del Servicio de Salud Ais�n, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, referido a contaminaci�n en Puerto Cisnes. Del se�or Director General de Obras P�blicas, con el que remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta dirigidos por el se�or Ministro de Obras P�blicas a las autoridades que indica. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Solicitudes De la se�ora Juana Jasm�n Reyes Alveal y del se�or Ernesto Luis Hurtado Hurtado, con las que piden la rehabilitaci�n de sus ciudadan�as. (Boletines N�s S 384-04 y S 385-04, respectivamente). --Pasan a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El se�or Secretario dar� cuenta de los acuerdos de Comit�s. El se�or LAGOS (Secretario).- Los Comit�s, por unanimidad, adoptaron los siguientes acuerdos: 1.- Continuar en esta sesi�n y en la ordinaria de ma�ana el an�lisis del proyecto que aprueba el Acuerdo para precisar el recorrido del l�mite desde el monte Fitz Roy al cerro Daudet, hasta terminar el debate, y si es posible, votar en la sesi�n ordinaria de ma�ana, y a m�s tardar, al iniciarse el Orden del D�a de la sesi�n ordinaria del martes 16 de marzo; 2.- Ampliar hasta el viernes pr�ximo, a las 12, el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece normas sobre universidades estatales; 3.- Rendir homenaje a don Hern�n Santa Cruz Barcel� al comienzo de la sesi�n del mi�rcoles 17 del mes en curso, y 4.- Enviar a Comisiones unidas de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n y de Hacienda el proyecto que introduce modificaciones a la ley N� 18.525, relativa a distorsiones de precios en las importaciones, para establecer un procedimiento de salvaguardias conforme al acuerdo de Marrakech. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a constituir la Sala en sesi�n secreta. V. ORDEN DEL D�A SESI�N SECRETA --Se constituy� la Sala en sesi�n secreta a las 16:28 y prosigui� la discusi�n del proyecto, en primer tr�mite e iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo entre las Rep�blicas de Chile y de Argentina para precisar el recorrido del l�mite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet y sus anexos I y II, con informe de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, quedando pendiente el debate. --Se constituy� la Sala en sesi�n p�blica a las 18:37. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Contin�a la sesi�n p�blica. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. ___________ --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or CARIOLA: Al Se�or Ministro de Obras P�blicas, acerca de CONSTRUCCI�N DE PUENTES DEFINITIVOS EN CAMINO INTERIOR QUE UNE RUTA 207 CON RUTA 5 SUR, EN VALDIVIA (D�CIMA REGI�N), y sobre EXPROPIACI�N DE "CAMINO DE LOS MEL�ES" (D�CIMA REGI�N). Al se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo relativo a LICITACI�N DE AVENIDA PEDRO MONTT, EN VALDIVIA (D�CIMA REGI�N). Del se�or CHADWICK: Al se�or Contralor Regional Sexta Regi�n, respecto a EVALUACI�N DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERMINAL DE BUSES DE SANTA CRUZ. Del se�or HORVATH: A los se�ores Ministro de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n y Subsecretario de Pesca, acerca de CUOTAS ASIGNADAS MENSUALMENTE A PESCADORES ARTESANALES DE UND�CIMA REGI�N. Del se�or MORENO: Al se�or gerente general de Ferrocarriles del Estado, sobre DESTINACI�N DE TERRENOS DE SU PROPIEDAD PARA CONSTRUCCI�N DE SEDE DE CONSEJO COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE SAN FERNANDO (SEXTA REGI�N). ___________ El se�or R�OS (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Institucionales 2. No har� uso de �l. En el tiempo del Comit� Mixto, tiene la palabra el Honorable se�or Mu�oz Barra. RESTITUCI�N DE TIERRAS A MAPUCHES. OFICIOS El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, en las �ltimas semanas el tema ind�gena ha concitado -y lo lamento- el inter�s nacional. Debo decir que lamento profundamente que haya concitado este inter�s, producto de acontecimientos f�sicos que cada d�a van tomando mayor volumen. Por ahora -y lo subrayo: por ahora-, los focos est�n ubicados en dos comunas de la provincia de Malleco: Traigu�n y Lumaco, esta �ltima una de las m�s pobres del pa�s. Dos reducciones -Temulemu y Pantano- viven horas de incertidumbre, temor y esperanza. En la Regi�n de la Araucan�a hay aproximadamente 60 mil familias campesinas, mapuches y parceleros. Los minifundistas se desempe�an en una zona, por las caracter�sticas naturales, s�lo de cultivos tradicionales, que son los m�s afectados en los �ltimos tiempos por estos pactos internacionales. Estas 60 mil familias campesinas son grupos modestos, de muy escasos recursos. En ese mundo de sacrificios los parceleros mapuches -�qu� duda cabe!- son los m�s pobres entre los pobres; y los de las reducciones que se�al�, los m�s pobres entre los m�s pobres, ya que las tierras del sector de Lumaco, como les consta a algunos se�ores Senadores, son las m�s depreciadas, desde el punto de vista de su riqueza vegetal. La Regi�n de la Araucan�a -es bueno recordarlo- mantiene una poblaci�n cercana a los 300 mil campesinos mapuches. Otros 400 mil de esa etnia han emigrado a Santiago, a algunas comunas de la metr�poli. Y lo han hecho, no porque �sta les atraiga, sino acuciados por la posibilidad de dejar un peque�o espacio a otros hermanos en esa Regi�n. Y estos 400 mil mapuches han asumido sacrificios, ya que en la urbe deben desempe�arse en los trabajos m�s pesados, pues lamentablemente no est�n capacitados para realizar otros m�s livianos. La realidad f�sica de estos campesinos mapuches no puede ser m�s paup�rrima. Y aqu� no hay ni esl�ganes ni otras intenciones que no sean decir la estricta verdad. En el caso particular de las reducciones en conflicto, como en el caso de Pantano y Temulemu, he constatado que 16 personas viven en una sola hect�rea de terreno. Cualquiera podr�a decir que no es factible. Ah� viven el padre y la madre, due�os de esa porci�n de tierra, junto con cuatro hijos casados y sus respectivas mujeres e hijos. Lo se�alo as�, puntualmente, para afirmar la veracidad de lo que estoy planteando. En verdad, un simple an�lisis de quienes estamos en esta Sala hace casi imposible creer que este pueblo haya logrado mantener vivas a cuatro o cinco generaciones. Tambi�n es conveniente tener en cuenta que 75 por ciento de las tierras en manos de los mapuches son de mala calidad; 12 por ciento de ellas son de regular calidad, y el resto re�ne ciertas condiciones b�sicas. Nuestros mapuches han sido estigmatizados injustamente, no por toda la sociedad chilena, pero s� por algunos sectores. Y debemos ser sinceros en reconocerlo. Repito: han sido estigmatizados, porque les han achacado todo tipo de defectos. Conozco casos reales de agricultores que, con tecnolog�a y en propiedad de 400 � 500 hect�reas de terreno, se quejan de todos los problemas que enfrentan para mantener esas estructuras agr�colas. Entonces, habr�a que observar lo que sucede con ese otro sector que hoy est� siendo movilizado a actos muy desesperados. No es f�cil buscar otras actividades para los miembros de esta etnia. La palabra "mapuche" significa "hijos de la tierra". Ellos no quieren abandonar lo que consideran la madre de sus sentimientos, instintos, capacidad de lucha y de creatividad. A veces, es f�cil escuchar a los t�cnicos plantear desde la distancia -as� me ha ocurrido en muchas ocasiones- que los mapuches nunca van a salir del c�rculo de la pobreza mientras se hallen anclados y amarrados, como los pehuenes, a la tierra. Puede que sea cierto, pero es una realidad. Existen 300 mil mapuches, 50 mil familias campesinas que no se pueden arrancar as� como as� del h�bitat que ocupan. A lo mejor, con el transcurrir de los a�os ser� posible disminuir esa dependencia de esta gente de la tierra, a trav�s de un esfuerzo masivo del Estado por entregarle todas las posibilidades para que entre al mundo de la educaci�n, de las habilidades y destrezas artesanales. Creo que no es f�cil tal camino. Ellos mismos me contaban, con esa sencillez tan propia, que de cuatro o cinco hijos que tienen, s�lo a uno le toca una beca, y los restantes est�n condenados a ponerse el yugo de las generaciones, laborando en estas precarias porciones de tierra. Los mapuches y otros habitantes de la Araucan�a depositaron sus esperanzas en la iniciativa del ex Presidente Aylwin, hace a�os, que se transform� en la Ley Ind�gena y dio nacimiento a la Corporaci�n Nacional de Desarrollo de estos pueblos. La estricta verdad es que la ley enunci� buenas intenciones y tiene una hermosa letra. Se hablaba de compra de tierras para estos labradores, mediante subsidios; de adquisici�n de derechos de agua; del pago de los derechos de las herencias de ausentes; del desarrollo de proyectos agr�colas, etc�tera. Pero, lamentablemente, del dicho al hecho, desde 1992 aproximadamente hasta la fecha, este trecho ha resultado muy ancho y no se ha acercado a las pretensiones de esa gente. De cerca de 70 mil hect�reas que la autoridad dice haber comprado para los campesinos mapuches desde esa �poca, no se menciona que las �nicas nuevas son alrededor de 35 mil. En efecto, el resto de los predios adquiridos por la CONADI se encontraba ocupado por estos campesinos desde hac�a muchas d�cadas, pues estaban en litigio en los tribunales, y la Corporaci�n, para los efectos de sanear los t�tulos, procedi� a acercarse a aqu�llos, pregunt� cu�nto val�an esos campos, los pag� y entreg� los t�tulos respectivos, lo cual permiti� que postularan a beneficios como el subsidio habitacional o a los cr�ditos que entrega el INDAP, una de las organizaciones relacionadas con la tierra que m�s se acerca a la gente para ayudarla en el aspecto humano. Con esto quiero significar que, pr�cticamente, en cinco o seis a�os se ha comprado una hect�rea m�s por campesino mapuche, en t�rminos aproximados. Como actualmente 300 mil mapuches no alcanzan a tener 300 mil hect�reas, es f�cil entonces visualizar cu�nto corresponde a cada uno de ellos. Los recursos asignados para solucionar los problemas de esta gente que lleg� hace tantos siglos a Am�rica, en general, y a Chile, en particular, han sido siempre escasos, minoritarios para satisfacer sus necesidades. La Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena dispone de aproximadamente 10 mil 500 millones de pesos para desarrollar su labor desde Arica a Chilo� y hasta la Isla de Pascua, porque la Corporaci�n y la Ley Ind�gena se refieren a todas las etnias existentes en nuestro pa�s: aimara, mapuche, kawashkar y, por supuesto, la rapa nui, de Isla de Pascua. Entre las muchas cosas que hicieron anidar esperanzas en los campesinos, se prometi� devolverles lo que se llam� "herencias de ausentes". En 1985 se entregaron t�tulos a las personas, a las familias que viv�an en esos modestos pedazos de tierra, dejando fuera de la leg�tima herencia al resto de los hermanos que laboraban en otras comunidades cercanas, o que hab�an ido a probar suerte a distintas ciudades. Se les iba a pagar el derecho que les correspond�a por concepto de herencia. Pues bien, el Senado debe saber que -es una situaci�n digna de Ripley-, de las medidas determinadas para esta gente, result� que mapuches que viajaron desde Santiago a Temuco a cobrar sus herencias perdidas, o "de ausentes", recibieron cheques de 8 mil, 10 mil y 12 mil pesos, porque se les pag� el aval�o fiscal de las propiedades. Y, naturalmente, el valor de un octavo de la tierra que correspond�a al grupo familiar resultaba pr�cticamente irrisorio. La Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena gastaba, en promedio, 300 mil pesos en estudiar los papeles para comprobar que esas personas realmente eran herederos, cifra que se iba en abogados, agrimensores, funcionarios administrativos y veh�culos que recorr�an la zona; pero el campesino mapuche recib�a 7 mil � 10 mil pesos, cantidades que resultan absurdas. Por ello, la CONADI suspendi� el pago de esos derechos. En la pr�ctica, tambi�n la compra de tierras ha sido casi suspendida, ya que el subsidio anual no alcanza en promedio a dos o tres familias por comunidad. Se habl� de compras de derechos de aguas. Es una bonita iniciativa de la ley. Si hoy d�a miramos cu�les son los resultados, con la presencia dram�tica de la sequ�a, veremos que resulta una utop�a, y no s�lo afecta a esas personas, sino que nos debe avergonzar a nosotros, como Estado. Las autoridades a cargo del tema han actuado con exagerada lentitud, sin creer en el peligro latente, pues ellas han visto el problema de los campesinos ind�genas �yo dir�a-, a lo mejor, con el peso de una tradici�n de indiferencia permanente. Estos hechos, que se iniciaron hace algunos d�as, son, lamentablemente �repito-, el inicio de una situaci�n de conflicto, porque la autoridad no ha tenido la visi�n de intervenir oportunamente. S�lo hace 48 horas aparecieron los Ministros del Interior y de MIDEPLAN diciendo que se crear� una comisi�n tripartita para dialogar con los loncos, con los muchachos j�venes, y analizar c�mo hacer factible que ellos y las empresas forestales tengan una convivencia arm�nica, de respeto, de apoyo y de mutua reciprocidad. Reitero: esto ocurri� s�lo hace 48 horas. �sa es la verdad. Se ha sido muy ligero al decir que esta gente, en sus planteamientos, estar�a siendo movilizada por activistas pol�ticos, incluso por activistas extranjeros. Nada m�s falso que eso, se�or Presidente. Lo que ocurre es que muchos j�venes mapuches que han terminado sus estudios en las escuelas industriales -la ense�anza media-, por falta de una posibilidad laboral (en La Araucan�a, Regi�n que represento, supera el 12 por ciento) han debido volver a sus comunidades. Y ellos, con mayor cultura y m�s visi�n, est�n dirigiendo y haciendo meditar a los grupos de m�s edad en torno a una demanda de justicia, en orden a solicitar al Estado chileno que de una vez por todas entregue una soluci�n real. Se�ores Senadores, hay cosas incre�bles, y deben ser observadas en el terreno mismo para conocer la envergadura de los hechos. Un campesino del sector de Temulemu me conversaba que no se trata de una lucha contra las forestales, porque estas empresas son un gran poder, sino que desean convivir con ellas. Pero en esa convivencia no se han respetado muchas cosas. En efecto, el h�bitat natural de esos sectores mapuches se est� terminando. Esa gente dec�a en su lenguaje sencillo: "Senador, no tenemos liebres, no tenemos conejos. Todas estas fumigaciones, con t�xicos, con materiales qu�micos, han terminado mat�ndolos". Y realmente me conmovi� lo que cont� uno de ellos. Dijo: "Senador, nosotros cada d�a estamos m�s conscientes de nuestra miseria, una miseria que nuestros abuelos nos comentaban incluso dentro de su analfabetismo". La abuela de un hombre de 50 a�os edad le dec�a a �ste hace ya muchas d�cadas: "Hijo m�o, cuando t� andes por los caminos de esta ruralidad nunca pises una hormiga, nunca destruyas un nido, y si ves que una culebra se atraviesa en tu camino, no la pises, no la mates. Cuida el h�bitat natural, porque con ese h�bitat natural t� vas a sobrevivir". Lamentablemente, cuando uno recorre hoy la Regi�n de La Araucan�a en los helic�pteros que trae la modernidad, puede observar c�mo cada d�a los lunares agr�colas son m�s escasos, y el paisaje verde de los pinos y eucaliptos es lo �nico que campea en la zona, asfixiando y aplastando a estas 60 mil familias campesinas. Un pino, se�or Presidente, consume al d�a 90 litros de agua; un eucalipto, 140 litros, raz�n por la cual las napas, las vertientes y el caudal de los r�os van desapareciendo. As�, esa gente ha perdido su h�bitat, est� perdiendo sus aguas y las esperanzas. Por eso, ellos en este instante aparecen como transgrediendo la ley. Deseo finalizar esta improvisaci�n haciendo un llamado a mi Gobierno, al Presidente de la Rep�blica, para que en los a�os que le restan de mandato adquiera un compromiso con esos sectores tan desvalidos. Tambi�n me gustar�a mucho que nuestros candidatos a la Presidencia �todos hombres honorables- incluyan en sus programas una proposici�n, un pacto, con estos sectores econ�micos tan paup�rrimos a que he aludido. Deseo que en el Senado quede constancia de mis palabras en el sentido de que si no hay una preocupaci�n concreta en los pr�ximos d�as, la violencia continuar� en la Regi�n. Y no quiero que se incendie la pradera de La Araucan�a. La lentitud de mis autoridades est� conspirando y haciendo posible que ello ocurra. Los campesinos mapuches no desean m�s discursos, ni m�s ofrecimientos, ni que se les lleve a Santiago mand�ndoles los pasajes, para volver despu�s a sus lugares sin ninguna soluci�n. Es urgente que el Gobierno compre tierras para esta gente. Se�or Presidente, se�ores Senadores, hay campos. En la misma zona de Lumaco, donde est� el conflicto, muchos agricultores venden tierras en magn�ficas condiciones. Son campos con plantaciones forestales, con agua y con vegas. El problema es que un solo terreno de 350 hect�reas tiene un valor aproximado de 1.500 millones de pesos, en circunstancias de que los fondos disponibles para la compra de tierras en la CONADI alcanzan, m�s o menos, a los 5 mil millones de pesos. Vale decir, este organismo pr�cticamente no cuenta con dinero ni siquiera para comprar un solo campo en ese sector en conflicto. Y no olvidemos que en la Regi�n de La Araucan�a existen m�s de 2 mil comunidades ind�genas. Se�or Presidente, pido que se oficie, en mi nombre, a los se�ores Ministros del Interior y de MIDEPLAN haci�ndoles llegar mi intervenci�n, a fin de que podamos pacificar a ese sector y de que no se conviertan en v�ctimas los ni�os, mujeres y hombres de todas las edades que viven en ese lugar, ni los esforzados y sacrificados funcionarios que integran Carabineros de Chile, los cuales deben obedecer �rdenes para hacer cumplir la ley. Los mapuches dicen que nada tienen con los carabineros, pero �stos necesariamente deben proceder porque, a veces, el reclamo de esa gente adquiere intensidad. Honorables colegas, formulo votos para que este tema lo consideremos como algo que nos corresponde en la responsabilidad de dar soluci�n. No s�lo se trata de la soluci�n de un Gobierno, sino del Estado, para gente que �repito- lleg� hace muchos siglos a Am�rica Latina y que lleg� a Chile mucho antes que nosotros. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento. El se�or R�OS (Vicepresidente).- No intervendr�n los Comit�s Dem�crata Cristiano y UDI e Independientes. En el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional, ofrezco la palabra al Honorable se�or Prat. AN�LISIS SOBRE SITUACI�N DE MAPUCHES. OFICIO El se�or PRAT.- Se�or Presidente, los hechos de violencia que se viven en la comuna de Traigu�n no comprometen al pueblo mapuche. �ste es, en esencia, pac�fico, desea vivir en paz y, naturalmente, en mejores condiciones que la de muy extrema pobreza en que actualmente se desenvuelven. Esos acontecimientos configuran una situaci�n extremadamente grave, la que compromete �reas de la Novena Regi�n y afecta al pa�s en su conjunto. La mezcla de comunidades ind�genas sumamente pobres con una mala Ley Ind�gena, una pobre actuaci�n del Gobierno, la acci�n del extremismo con apoyo externo y el profitar por parte de la delincuencia que se da en ellas origina acciones que las tienen al margen del Estado de Derecho que impera en el resto del pa�s. Hemos observado muchos hechos de violencia, que se iniciaron el a�o pasado con el incendiamiento de dos camiones cargados de madera. Posteriormente, en enero reci�n pasado, nos enteramos del ataque, por un grupo de asaltantes, a dos veh�culos forestales, a los que destruyeron, agrediendo a sus ocupantes y dejando a varios heridos de gravedad. Despu�s, en febrero, nos impusimos de numerosos incendios, claramente intencionales, que han afectado a grandes, peque�as y medianas propiedades. Y hoy vemos c�mo el conflicto se plantea en t�rminos de que se pretende impedir la explotaci�n de un predio particular. Los robos masivos con ocasi�n de tomas, el impedimento del acceso de los propietarios a sus terrenos y los asaltos en los caminos vecinales alimentan una red de reducidores y pervierten las conductas, induciendo la complicidad y el encubrimiento. Se establece, as�, una asociaci�n entre el extremismo y la delincuencia, lo que atenaza al conjunto de la comunidad, la cual queda aprisionada entre actitudes que van desde la abierta complicidad al temor a las represalias en contra de quienes colaboren para restablecer la legalidad. Constituye un tema conocido en otros pa�ses, cuyo ejemplo m�s triste se da actualmente en Colombia. Los Gobiernos de la Concertaci�n tienen una responsabilidad directa en dejar hacer lo que sucede. Frente a los hechos de Traigu�n, la autoridad ha eludido aplicar la Ley de Seguridad del Estado, escapando a la evidencia de tratarse de actos que afectan gravemente el orden p�blico. En cada acci�n ilegal ha procedido con debilidad. En el verano anterior vimos al Gobernador subrogante de Malleco transformado en negociador entre el juez y Carabineros, por una parte, y los ocupantes ilegales denunciados ante la justicia, por la otra. Entonces, en un acto de firmeza, se anunci� que los futuros usurpadores no ser�an beneficiados con la entrega del predio usurpado, sino con otro determinado por el Gobierno. Ello suena a iron�a. Hoy, un predio particular con t�tulos claros, donde se realiz� una inversi�n en pinos que ahora tienen pr�cticamente 20 a�os y que habr�a sido de locos efectuar sin ese primer requisito, se encuentra asediado y bajo la amenaza de que si no es detenida la explotaci�n en su interior ser� invadido por la fuerza. Ante tal situaci�n, el Gobierno llama a una mesa de di�logo. Cuando se encuentra comprometida una cuesti�n de orden p�blico, lo que corresponde a la autoridad es asegurar este �ltimo. Cuando se llama a una mesa de di�logo a atacantes que lo afectan, que act�an contra particulares, se da�a gravemente el concepto de la autoridad y del orden p�blico. El Gobierno da en la actualidad se�ales que comprometen la estabilidad y la paz a lo largo de todo Chile. El pa�s ya conoci� tales situaciones. En los a�os setenta presenciamos una escalada de esa �ndole. Y ella comenz� en los campos. En las ciudades, mucha gente mir� con indiferencia lo que ocurr�a, pero luego la violencia tambi�n lleg� a esos lugares. Los principios de conducta que se est�n imponiendo en la comuna de Traigu�n auguran graves conflictos en todas las localidades del pa�s, sean rurales o urbanas. En fin, toda la dificultad se inici� con una ley ind�gena mal orientada, implementada por el Presidente Aylwin. Esa normativa provoca la perpetuaci�n de la pobreza al atar a los ind�genas a la tierra y a la vida en comunidad y promueve los conflictos al establecerlos como causal de compra de tierras para entregarlas a quienes participan en ellos. Ha sido una fuente de ventas irregulares a la CONADI, de desprestigio de esa entidad y de frustraci�n del campesinado ind�gena. Cabe lamentar que, sin entender la orientaci�n equivocada de tal pol�tica, se pretenda profundizarla en un eventual futuro Gobierno de la Concertaci�n. Al respecto, hemos escuchado a uno de los candidatos de esa coalici�n un diagn�stico equivocado, que se basa en informaciones err�neas. El ex Ministro de Obras P�blicas ha dicho que al comienzo del Gobierno militar los ind�genas contaban con 500 mil hect�reas y que a su t�rmino les restaban s�lo 300 mil. �l ofrece restituir la supuesta superficie que les habr�a sido quitada. La verdad es muy distinta. Los hechos fueron otros. Es necesario recordar, en primer lugar, que sucesivas leyes de radicaci�n, iniciadas con la del 4 de diciembre de 1866, concedieron a los ind�genas de las actuales Octava, Novena y D�cima Regiones t�tulos de propiedad sobre las tierras que, de com�n acuerdo con las autoridades del Estado, se les reconocieron como efectivamente pose�das por ellos. Luego se dictaron muchos cuerpos legales en ese �mbito, hasta llegar a la situaci�n vigente al inicio del Gobierno de las Fuerzas Armadas. El n�mero original de reservas ind�genas otorgadas en las regiones se�aladas fue de 2 mil 918, con una superficie total de 510 mil 767, 78 hect�reas. De acuerdo con la informaci�n oficial, al comenzar el Gobierno militar restaban 2 mil 134 reservas indivisas, con una superficie, seg�n sus t�tulos, de 381 mil 894, 51 hect�reas, debido a que, por aplicaci�n de las leyes de divisi�n anteriores, entre 1930 y 1972 se hab�an dividido 784 reservas, de las que resultaron 12 mil 716 hijuelas, con una superficie total de 128 mil 873, 27 hect�reas. En la mensura realizada en el terreno para llevar adelante el proceso de regularizaci�n de la propiedad ind�gena desarrollado durante el Gobierno militar, de mil 947 reservas medidas -que, de acuerdo con sus t�tulos, deb�an registrar 366 mil 534, 43 hect�reas-, se obtuvo una superficie real de 398 mil 189, 12 hect�reas, es decir, 31 mil 654, 69 hect�reas de mayor cabida. Por aplicaci�n del art�culo 25 del decreto ley N� 2.568, de 1978, se dispuso la ampliaci�n de las tierras ind�genas �algo muy distinto de lo que expresa el candidato se�or Lagos-, habi�ndose traspasado a 2 mil 639 ind�genas un total de 51 predios agr�colas durante el per�odo, que eran de propiedad del Fisco, SAG, ex CORA, CORFO y CONAF, con una superficie total de 113 mil 342, 07 hect�reas, incluido el fundo Ralco. En definitiva, con la aplicaci�n de dicha normativa, desde 1978 a 1990 se entregaron, en total, 69 mil 984 t�tulos de dominio individual a los ind�genas, que hasta entonces deb�an permanecer obligadamente como comuneros de las reservas. Y, en virtud de las dem�s disposiciones de ese texto legal y las nuevas tierras traspasadas, se completaron 72 mil 931 t�tulos de dominio. En consecuencia, lejos de disminuir la superficie de las tierras de que se trata, ella se ampli� durante el Gobierno militar en la forma indicada, ya que de 366 mil 534,69 hect�reas, que correspond�an, de acuerdo a los t�tulos comunes originales, a las reservas divididas en virtud del decreto ley N� 2.568, se otorg� t�tulos de dominio, sobre una superficie de 511 mil 531,19 hect�reas, a m�s de 70 mil chilenos. Es decir, exactamente al rev�s de lo afirmado por don Ricardo Lagos. Y �repito- fueron t�tulos de dominio. Ninguno de dichos comuneros se encuentra hoy d�a en conflicto. �sa fue una manera efectiva de avanzar en la soluci�n del problema que viven los mapuches campesinos. La segunda etapa, lo que hay que hacer en adelante, es avanzar en la entrega tanto de subsidios directos que les permitan mejorar tanto la productividad de sus tierras y de su trabajo, como las oportunidades de educaci�n, a fin de que, a trav�s de �sta, ellos y sus hijos puedan forjarse un futuro mejor. En cambio, a partir de una informaci�n err�nea y con una orientaci�n equivocada, el candidato de la Concertaci�n se�ala que durante su Gobierno �l adquirir� 150 mil hect�reas para entregarlas a las comunidades ind�genas. Nunca habla de t�tulos individuales. Si llegara a concretarse tal promesa significar�a, al valor de las transacciones que actualmente se conocen, una suma cuantiosa. Conozco datos exactos relativos a las comunas de Traigu�n, Lumaco y Pur�n, sobre transacciones que se han hecho al valor unitario de dos millones y medio de pesos la hect�rea de terrenos que, de acuerdo a cualquier informe t�cnico, no tienen otro destino productivo que el de tipo forestal. Y nadie con sano juicio har�a una inversi�n forestal en una tierra que se adquiriese al precio de dos millones y medio de pesos la h�ct�rea. Las 150 mil hect�reas indicadas comprometer�an una inversi�n s�lo por concepto de tierras �lo que implica eternizar la pobreza en que se encuentra el pueblo mapuche-, de 750 millones de d�lares. Sin duda esos recursos, de existir disponibles, podr�an sustentar un programa integral de becas educacionales, pensiones asistenciales especiales de ruralidad y otros beneficios directos capaces de dar una posibilidad verdadera de realizaci�n a quienes sufren la pobreza campesina en los sectores rurales. Se�or Presidente, como dije, el conflicto referido envuelve, en primer lugar, un problema de orden p�blico. Y si la autoridad competente no lo resuelve, el orden p�blico se ver� da�ado no s�lo en Traigu�n sino en la totalidad del pa�s. En segundo lugar, hay un problema de pobreza campesina, radicada fundamentalmente en las comunidades mapuches, el cual debe atenderse por la v�a de la racionalidad econ�mica, es decir, no esclavizando a la tierra a sus integrantes mediante una ley esclavizante, sino a trav�s de abrir oportunidades, consider�ndolos mayores de edad, haci�ndolos propietarios de sus propios bienes y libres de disponer de ellos, estableciendo mecanismos para mejorar la productividad de su esfuerzo y, especialmente, a trav�s de la educaci�n mejorar las condiciones de vida de quienes les sucedan. Pido oficiar al se�or Ministro del Interior acerca de lo se�alado en esta intervenci�n. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Como en el resto del tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional, ni en el que corresponde a los Comit�s Institucionales 1 y Socialista, se har� uso de la palabra, se levanta la sesi�n. Se levant� a las 19:14. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n