REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA Sesión 1ª, en martes 2 de junio de 1998 (Ordinaria, de 11.10 a 14.59 horas) Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg, y de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ACUERDOS DE LOS COMITÉS VI.-FÁCIL DESPACHO VII.-ORDEN DEL DÍA VIII.-PROYECTOS DE ACUERDO IX.-INCIDENTES X.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I. Asistencia8 II. Apertura de la sesión11 III. Actas11 IV. Cuenta11 V. Acuerdos de los Comités11 VI. Fácil Despacho. -Convenio internacional del trabajo Nº 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo. Primer trámite constitucional. (Continuación)12 -Convenio internacional del trabajo Nº 98, sobre aplicación de los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Primer trámite constitucional14 VII. Orden del Día. -Ampliación de facultades de la Fiscalía Nacional Económica. Primer trámite constitucional18 -Modificación del sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas. Proposición de la Comisión mixta35 VIII. Proyectos de acuerdo. Conformación de comisión interministerial para mejorar las condiciones de vida de Lota. (Continuación)45 -Modificación de encuesta sobre vulnerabilidad escolar y subsidio a alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas47 IX. Incidentes. -Rechazo a críticas a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas50 -Designación de monseñor Francisco Javier Errázuriz en el Arzobispado de Santiago. Oficio52 -Adhesión a selección nacional de fútbol. Oficio53 -Recursos para dragado de río Valdivia. Oficio54 -Réplica a intervención del Diputado Maximiano Errázuriz en proyecto de acuerdo Nº 4454 -Atraso en apertura de pabellón chileno en exposición mundial de Portugal. Información sobre juicios en contra de las municipalidades de San José de Maipo e Isla de Maipo. Oficios. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política)55 -Problemas en sistemas computacionales por comienzo de nuevo siglo. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política)55 -Obras públicas ejecutadas en regiones Quinta, Octava, Novena y Metropolitana. Distribución de crédito español. Oficios. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política)56 -Construcción de estación de ferrocarriles en Puerto Montt y atraso en entrega de concesiones a algueros de Maullín. Oficios57 -Estado actual del proceso a Copeva, prórroga de subsidios a empresa inversiones Bilbao, condonación de créditos otorgados por el Indap, adquisición de terrenos por Conadi e información sobre cuarta etapa de avenida España. Oficios. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política)58 -Causas y consecuencias de próximo paro de Arica59 -Complementación de oficio de fiscalización sobre la Conadi59 -Pago de indemnizaciones por expropiaciones a campesinos de Novena Región. Oficio60 -Problemas en los sistemas computacionales por la llegada del año 2000. Oficio60 -Plan de recuperación ambiental de Talcahuano62 -Prevención de accidentes del tránsito a través de programas educativos. Oficios63 -Antecedentes sobre ejecución presupuestaria del gobierno de la XI Región. Oficios65 -Repudio a los ensayos nucleares. Oficios66 X. Documentos de la Cuenta. 1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto que prorroga la vigencia de los avalúos de bienes raíces agrícolas (boletín N° 2175-01)68 -Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 2.Concede aumento a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones tributarias (boletín N° 2160-05)69 3.Moderniza el sistema de remuneraciones del Ministerio de Obras Públicas, sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica (boletín N° 1767-09)69 4.Suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicio de Transportes de Pasajeros (boletín N° 2074-15)69 5.Prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas (boletín N° 2175-01)70 -Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 6.Fortalece la Fiscalía Nacional Económica (boletín N° 2105-03)70 7.Crea un segundo fondo de pensiones en las A.F.P. y perfecciona el mecanismo de medición de la rentabilidad mínima que deben obtener los Fondos de Pensiones (boletín N° 2162-13)71 8.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Iquique, en memoria del Contralmirante don Carlos Condell de la Haza (boletín N° 1709-04(S)71 9.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha dado su aprobación a la proposición de la Comisión Mixta, respecto del proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención, y dicta normas de protección a los derechos del ciudadano (boletín N° 914-07)71 10.Segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recaído en el proyecto de protección de los animales (boletín N° 1721-12)72 11.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación (boletín N° 1048-07)80 12.Informe de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto que modifica el decreto supremo (S) N° 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina, que fijó la planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada (boletín N° 2155-02)175 13.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica el decreto supremo (S) N° 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina, que fijó la planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada (boletín N° 2155-02)179 XI. Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicación: -Del Jefe de Bancada del Partido Demócrata Cristiano, por el cual informa que los Diputados señores Ortiz y Velasco han sido designados Comités Suplentes reemplazando a la Diputada señora Sciaraffia y al Diputado señor Riveros. Corte Suprema de Justicia -De los Diputados señores Errázuriz, Ulloa y Víctor Pérez, ministro en vi-sita por enajenación ex Mercado Municipal de Concepción. Contraloría General de la República -Del Diputado señor Soria, diversas materias relacionadas con los títulos técnicos de nivel superior. Ministerio del Interior -Del Diputado señor Rincón, recuperación para lesionados en accidente en la Carretera 5 Sur. -Del Diputado señor Molina, permisos para instalaciones de relaves mineros. -Del Diputado señor Huenchumilla, dependencia administrativa de localidad de Cajón. -Del Diputado señor Espina, iniciativas de seguridad ciudadana. Ministerio de Relaciones Exteriores -Del Diputado señor Longton, supuesto despido injustificado de funcionarias del Consulado General de Chile en Houston, EE.UU. -De los Diputados señores Pablo Galilea y Sánchez, situación de abastecimiento de Villa O'Higgins. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción -Del Diputado señor García-Huidobro, fiscalización de instalaciones en viviendas sociales del Serviu y PET, en Rancagua. -Ex Diputado señor Munizaga, situación señora Margarita Riveros More-no. -Del Diputado señor Soria, realización de censo en la Primera Región. Ministerio de Justicia -Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, creación segunda notaría en Constitución. -De los Diputados señores Ortiz y Navarro, creación de oficios conservatorios en Chiguayante y San Pedro de la Paz. -Del Diputado señor Pablo Galilea, creación de juzgado de menores en Coihaique y de letras en Puerto Cisnes. -Del Diputado señor Montes, consultas relacionadas con el Conservador de Santiago. Ministerio de Defensa Nacional -De los Diputados señores Ortiz, Rosauro Martínez y Comité Parlamenta-rio del Partido Demócrata Cristiano, nóminas de pensiones de retiro y montepíos de Gendarmería de Chile. Ministerio de Obras Públicas -Del Diputado señor Navarro y ex Diputados señores Ferrada y Viera-Gallo, mejoramiento de caminos en la comuna de Santa Juana. -Ex Diputado señor Ramón Pérez, prevención de inundaciones en localidad de Camiña. -Del Diputado señor José García, situación actual del proyecto de agua potable rural Regalil, comuna de Temuco. Ministerio de Bienes Nacionales -Del Diputado señor Alvarado, situación de predio Hualaihué Estero, pro-vincia de Palena. -De los Diputados señores Acuña, Ojeda, Velasco, Patricio Cornejo, Ortiz, Jarpa, Arratia, Gutiérrez, Olivares y Diputada señora Caraball, traspaso de tierras a Conadi. Ministerio de Minería -Del Diputado señor Mulet y Comités Parlamentarios de los Partidos Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, prestamos individuales de Enami. Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Del Diputado señor Soria, proyectos de construcción viviendas Primera Región; viviendas construidas en Alto Hospicio. -Del Diputado señor Kuschel, distribución regional de los fondos y recursos de destino personal. -Del Diputado señor José García, reparación Puente de Arco de Temuco. -Del Diputado señor Navarro, mantenimiento ruta Isla Santa María y mu-ros de contención población Villa Belén, Penco. -De la Diputada señora Caraball, proyectos para comunidades acogidas a la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -De los Diputados señores Kuschel y Pablo Galilea, servicios y tarifas de la Empresa Portuaria de Chile. Ministerio de Planificación y Cooperación -Del Diputado señor Kuschel, distribución regional de fondos y recursos con destino personal. Municipalidad de Temuco -Del Diputado señor José García, contratación auxiliar paramédico en la posta de la localidad de Labranza, adquisición de terrenos y habilitación de nuevo Cementerio Municipal. Municipalidad de Calbuco -Del Diputado señor Kuschel, evacuación de aguas servidas en diversos sectores de esa comuna; plan de desarrollo comunal y plan regulador para esa ciudad. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores Diputados: (114) -- Acuña Cisternas, Mario -- Aguiló Melo, Sergio -- Alessandri Valdés, Gustavo -- Alvarado Andrade, Claudio -- Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro -- Álvarez Zenteno, Rodrigo -- Allende Bussi, Isabel -- Arratia Valdebenito, Rafael -- Ascencio Mansilla, Gabriel -- Ávila Contreras, Nelson -- Bartolucci Johnston, Francisco -- Bertolino Rendic, Mario -- Bustos Huerta, Manuel -- Bustos Ramírez, Juan -- Caminondo Sáez, Carlos -- Caraball Martínez, Eliana -- Cardemil Herrera, Alberto -- Ceroni Fuentes, Guillermo -- Coloma Correa, Juan Antonio -- Cornejo González, Aldo -- Cornejo Vidaurrazaga, Patricio -- Cristi Marfil, María Angélica -- Delmastro Naso, Roberto -- Díaz Del Río, Eduardo -- Dittborn Cordua, Julio -- Elgueta Barrientos, Sergio -- Encina Moriamez, Francisco -- Errázuriz Eguiguren, Maximiano -- Fossa Rojas, Haroldo -- Galilea Carrillo, Pablo -- García García, René Manuel -- García Ruminot, José -- García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -- Girardi Lavín, Guido -- González Román, Rosa -- Gutiérrez Román, Homero -- Guzmán Mena, Pía -- Hales Dib, Patricio -- Hernández Saffirio, Miguel -- Huenchumilla Jaramillo, Francisco -- Ibáñez Santa María, Gonzalo -- Jaramillo Becker, Enrique -- Jarpa Wevar, Carlos Abel -- Jeame Barrueto, Víctor -- Jiménez Villavicencio, Jaime -- Jocelyn-Holt Letelier, Tomás -- Krauss Rusque, Enrique -- Kuschel Silva, Carlos Ignacio -- Leal Labrín, Antonio -- Leay Morán, Cristián -- Letelier Morel, Juan Pablo -- Letelier Norambuena, Felipe -- Longton Guerrero, Arturo -- Longueira Montes, Pablo -- Lorenzini Basso, Pablo -- Luksic Sandoval, Zarko -- Martínez Labbé, Rosauro -- Martínez Ocamica, Gutenberg -- Masferrer Pellizzari, Juan -- Melero Abaroa, Patricio -- Mesías Lehu, Iván -- Molina Sanhueza, Darío -- Monge Sánchez, Luis -- Montes Cisternas, Carlos -- Mora Longa, Waldo -- Moreira Barros, Iván -- Mulet Martínez, Jaime -- Muñoz Aburto, Pedro -- Muñoz D'Albora, Adriana -- Naranjo Ortiz, Jaime -- Navarro Brain, Alejandro -- Núñez Valenzuela, Juan -- Ojeda Uribe, Sergio -- Olivares Zepeda, Carlos -- Orpis Bouchón, Jaime -- Ortiz Novoa, José Miguel -- Palma Flores, Osvaldo -- Palma Irarrázaval, Andrés -- Palma Irarrázaval, Joaquín -- Pareto González, Luis -- Paya Mira, Darío -- Pérez Arriagada, José -- Pérez Lobos, Aníbal -- Pérez San Martín, Lily -- Pérez Varela, Víctor -- Pollarolo Villa, Fanny -- Prochelle Aguilar, Marina -- Prokurica Prokurica, Baldo -- Recondo Lavanderos, Carlos -- Reyes Alvarado, Víctor -- Rincón González, Ricardo -- Riveros Marín, Edgardo -- Rocha Manrique, Jaime -- Rojas Molina, Manuel -- Saa Díaz, María Antonieta -- Salas De la Fuente, Edmundo -- Sánchez Grunert, Leopoldo -- Seguel Molina, Rodolfo -- Silva Ortiz, Exequiel -- Soria Macchiavello, Jorge -- Soto González, Laura -- Tuma Zedan, Eugenio -- Ulloa Aguillón, Jorge -- Urrutia Cárdenas, Salvador -- Valenzuela Herrera, Felipe -- Van Rysselberghe Varela, Enrique -- Vargas Lyng, Alfonso -- Vega Vera, Osvaldo -- Velasco De la Cerda, Sergio -- Venegas Rubio, Samuel -- Vilches Guzmán, Carlos -- Villouta Concha, Edmundo -- Walker Prieto, Ignacio -- Walker Prieto, Patricio -Asistieron, además, los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Álvaro García, y de Obras Públicas, señor Ricardo Lagos. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.10 horas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 21ª se declara aprobada. El acta de la sesión 22ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas. IV. CUENTA El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Martínez, don Gutenberg, adoptaron los siguientes acuerdos: 1.Considerar, en primer lugar del Orden del Día, el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. Para tal efecto, se destinará una hora en total, tanto para la relación del diputado informante como para el respectivo debate. 2.Tratar, en segundo lugar, el informe de la Comisión mixta recaído en el proyecto que moderniza el sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica. Las votaciones se llevarán a cabo a las 13 horas. 3.Considerar, inmediatamente después de la Cuenta de la sesión ordinaria del martes 9 de junio, el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la situación que afecta al Serviu de la Octava Región, para cuyo efecto dicha sesión se ampliará en dos horas. El diputado informante dispondrá de 30 minutos y los Comités, de 60, distribuidos proporcionalmente. 4.En la misma sesión, al término de los proyectos de acuerdo, otorgar diez minutos al Diputado señor Carlos Vilches para dar cuenta de su cometido en la Segunda Conferencia Interparlamentaria de Comisiones de Minería y Energía de Latinoamérica, celebrada en Cartagena de Indias entre el 8 y el 21 del mes próximo pasado. 5.Conceder diez minutos, al término de los proyectos de acuerdo de la sesión de mañana miércoles, a los Diputados señores Sergio Velasco y Rosauro Martínez, para referirse a su participación en la Reunión del Parlamento Cultural del Mercosur. VI. FÁCIL DESPACHO CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRA-BAJO Nº 138, SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Entrando en la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto que aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo. El informe de la Comisión de Relaciones Exteriores fue evacuado en la última sesión de la semana anterior, por lo que ahora corresponde iniciar el debate en los términos establecidos para Fácil Despacho. Tiene la palabra el Diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, me referiré a los tres convenios internacionales que aparecen en la tabla de Fácil Despacho. En general -y lo hemos planteado a raíz del tratamiento de asuntos de similar naturaleza-, no parece razonable que el país renuncie en una medida importante a su soberanía y que el Congreso limite su facultad de legislar sobre ciertas materias a raíz de convenios internacionales que, primero, no conceden a los trabajadores ningún derecho que ya no tengan y, segundo, que están concebidos, como es común, en base a documentos de organismos internacionales, en términos de fijar un mínimo común a países con realidades muy distintas, que, en general, son bastante retrasados respecto de la realidad chilena y que tienen el efecto de hacer inflexible la legislación nacional en materias laborales. Por ello es que en el pasado, estando de acuerdo con los convenios, al punto que su contenido es parte de las leyes chilenas, hemos optado por no recomendar su aprobación y rechazarlos. En el caso concreto de los convenios que hoy nos ocupan, hay que hacer diferencias entre los tres. En relación con el que aborda materias relacionadas con el trabajo infantil, tratándose de un tema vigente, de discusión abierta y que ha sido motivo de profundo debate en los últimos meses, no me parece pertinente que la Cámara, por la vía de aprobar un convenio en Fácil Despacho, termine cerrando un debate tan rico y transversal, porque en la materia no ha habido posiciones de bloques políticos. De manera que, sin que constituya un pronunciamiento sobre el fondo del convenio, personalmente lo voy a rechazar. De la misma manera, el convenio referido a la libertad sindical no establece ningún derecho que los trabajadores chilenos no tengan, de manera que al oponerme a él no le quito ningún beneficio a los trabajadores chilenos. Creo que en la materia -en esto recojo expresiones de personeros de Gobierno y de Oposición vinculados al mundo laboral- en los últimos años, con creciente frecuencia, se alude a posibles flexibilizaciones en las relaciones laborales. En consecuencia, no me parece razonable renunciar al criterio que la Cámara pueda tener el día de mañana para legislar en un sentido u otro en materia sindical y nos autocensuremos esa posibilidad. Por esto, confiando más en el criterio nacional que en el de los organismos internacionales, me opondré al proyecto. Distinto es el caso del convenio internacional relativo a la omisión del trabajo forzoso, respecto del cual si bien es válida la misma razón dada para los dos proyectos anteriores, en el sentido de que en Chile no se está prohibiendo nada que ya no lo esté, no creo que exista posibilidad alguna de que se retroceda en la materia y que alguien vaya a proponer restablecer este tipo de trabajo. Por tanto, no viéndole ninguna consecuencia práctica el aprobar este convenio, me parece que tampoco dañe su aprobación. En concreto, anuncio mi aprobación al convenio que tiene por objeto abolir el trabajo forzoso y mi rechazo, por las razones dadas, al destinado a proteger la libertad sindical y a aquél que se refiere a la edad mínima de admisión al empleo. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Para referirse a una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en la sesión anterior se informó el proyecto sobre la edad mínima de ingreso al trabajo infantil y, por tanto, ahora corresponde debatirlo y votarlo. Pero su Señoría no advirtió que el Diputado señor Paya se refería a los tres proyectos, en cuyo caso consulto: ¿Hablaremos sobre los tres proyectos o se informarán después los otros dos? El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El que corresponde de acuerdo al Reglamento, señor diputado; esto es, estamos discutiendo el primer proyecto y luego seguiremos con los informes del segundo y del tercero. No puedo controlar en su totalidad el contenido de las intervenciones de los seño-res diputados. Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, cuando escuchaba al Diputado Paya no tenía claro si estaba en el siglo XX o en el XIX, ni tampoco si su compromiso con la infancia, que a veces verbaliza, tiene que ver con la infancia de todos menos con la de uno o si ésta es práctica común de decir una cosa y hacer otra. Sólo me referiré al primer convenio sobre trabajo infantil, por cuanto en nuestro país se requiere reforzar la legislación para erradicar este tipo de trabajo. Para los niños de nuestro país, los menores, el principal objetivo de su quehacer debe ser estudiar, jugar, ser felices; en ningún caso debemos generar una sociedad que estimule que los jóvenes, en particular la infancia, se desarrolle precozmente y que por necesidades socioeconómicas sean lanzados al mercado del trabajo. Está demostrado que aquellos jóvenes que abandonan los estudios y se incorporan al trabajo a temprana edad, se transforman en parte de un círculo vicioso de la pobreza. Por ende, es de perogrullo que este Congreso haga todo lo posible por erradicar el trabajo infantil, que en ningún momento lo ampare por el supuesto de que le hace bien a los niños. Quisiera saber de los aquí presentes, de los que tienen niños, ¿a cuántos les gustaría ver trabajar a sus hijos, que tengan que abandonar sus estudios, trabajar en un mercado, dormir en un cajón de frutas, o trabajar en un potrero donde se tiran agrotóxicos como una cosa constructiva para su desarrollo? ¿A quién le parecería bien que a los jóvenes de nuestro país se les prohibiera y se les limitara el derecho al desarrollo integral que tiene que ver, en primer término, con los estudios? Un principio contenido en el convenio -que nos debe llamar la atención, porque es parte de un sistema más integral conforma-do por tratados para erradicar el trabajo infantil, los primeros de los cuales fueron firmados a principios de siglo, en 1919- dice relación con una norma general, no sectorial, que no está referida en forma específica al trabajo agrícola, al trabajo marítimo o al trabajo en minas. En ella, los países nos comprometemos a establecer una edad mínima que tenga una concordancia con la exigencia obligatoria de educación y, por cierto, un compromiso político de fomentar el desarrollo integral de nuestra infancia. Me llama la atención que alguien levante la voz para poner en duda esta norma. Me llama la atención y me duele que en nuestro país, donde a veces se dice que vamos por la senda del desarrollo, algunos encuentren bien que decenas de miles de niños sean impulsados al mercado de trabajo. Hago la siguiente reflexión: aquellos niños que trabajan en la agricultura, en el comercio, en los supermercados ¿se des-arrollan integralmente? ¿Ésos son los niños que uno quiere para la patria del futuro? ¿O queremos niños que tengan garantizado el derecho a estudiar, a jugar y a ser felices? Este Congreso tiene la responsabilidad, en el marco de un sistema cada vez más globalizado, de asumir compromisos inter-nacionales y tener la capacidad de hacer todo lo posible por cumplirlos. Quienes somos parte del grupo de parlamentarios por la infancia, en el que participan las Diputadas señoras Marina Prochelle, Isabel Allende y Fanny Pollarolo, los Diputados Exequiel Silva y Rodolfo Seguel, entre otros, hemos planteado la necesidad de que exista legislación en nuestro país y no sólo a nivel internacional. Por eso, hemos respaldado una moción parlamentaria sobre el tema. Espero que después tengamos la consecuencia de estimular la dictación de otras normas para evitar la deserción escolar. Probablemente, por razones socioeconómicas, algunos niños abandonan los estudios y terminan en el mundo del trabajo. La bancada del Partido Socialista, junto con ratificar el convenio, hace un llamado para evitar las reflexiones trogloditas de algunos colegas de la Oposición, de manera que se pongan una mano en el corazón y piensen que cuando legislan en favor de los niños del país, también lo están haciendo por sus hijos. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Cerrado el debate. En votación el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Hay que agregar el voto del Diputado señor Vega. Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Alvarado, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Melero, Mesías, Montes, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Riveros, Rojas, Sánchez, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Valenzuela, Vargas, Velasco, Vega, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Molina, Paya y Van Rysselberghe. -Se abstuvieron los Diputados señores: Díaz y Orpis. CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRA-BAJO Nº 98, SOBRE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN COLETIVA. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional de Trabajo relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo son el Diputado señor Joaquín Palma y la Diputada señora Marina Prochelle, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2139-10, sesión 31ª, en 3 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 6. -Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Trabajo, sesión 23ª, en 19 de mayo de 1998. Documentos de la Cuenta Nºs. 6 y 10, respectivamente. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Trabajo. La señora PROCHELLE.- Señor Presi-dente, las ideas matrices del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 98 de la OIT, contienen en sus seis primeros artículos, al decir del mensaje, la doctrina básica del convenio. En los cinco restantes -como es lo usual en este tipo de proyectos- se abordan su ratificación, vigencia, denuncia, registro y revisión. El artículo 1 dispone que los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, especialmente contra los actos que tengan por objeto sujetar su empleo a la condición de que no se afilien a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; o despedirlos o perjudicarlos en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, fuera de horas de trabajo. El artículo 2 establece que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de agentes extraños. Para estos efectos, se consideran actos de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. El artículo 3 señala que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en las normas ya reseñadas. El artículo 4 ordena que se adopten las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y sus organizaciones, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. El artículo 5 indica que la legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía. Precisa, además, que la ratificación del convenio por un miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los integrantes de las fuerzas armadas y de la policía las garantías prescritas en este instrumento. El artículo 6 declara que este convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la Administración del Estado y que no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. En lo sustancial, el mensaje destaca que la normativa de los artículos 1 al 4 de este instrumento internacional es armónica con las disposiciones de los libros III y IV del Código del Trabajo, relativas a las organizaciones sindicales y a la negociación colectiva, y con las normas fundamentales de los N° 16 y 19 del artículo 19 y del artículo 22 de la Constitución Política, que garantizan la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Respecto de la norma del artículo 5, que permite a la ley nacional determinar el alcance de estas garantías en las fuerzas armadas y la policía, el mensaje hace notar que el N° 4 del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental reserva la fijación de remuneraciones del personal de las Fuer-zas Armadas y de Orden y Seguridad a una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que la norma internacional resulta concordante con la interna. Por último, a propósito del artículo 6 del convenio, el mensaje afirma que la negociación colectiva es inaplicable a los funcionarios de la Administración del Estado y recuerda que sobre la materia se encuentra sometido a la consideración del Congreso Nacional el Convenio Internacional del Trabajo N° 151, ya aprobado por la honorable Cámara y actualmente en segundo trámite constitucional. Como decía al inicio, el resto del articulado tiene que ver con normas relacionadas con la ratificación, el ordenamiento y la parte administrativa de la aplicación del proyecto. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó la iniciativa por unanimidad, y recomienda a la Sala su aprobación. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En reemplazo del Diputado informante, señor Joaquín Palma, rendirá el informe la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana el Diputado señor Riveros. Tiene la palabra su Señoría. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados ha dado su aprobación unánime al proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, en virtud de que forma parte de los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. Como es sabido, la OIT es la más antigua de las organizaciones internacionales. Su accionar encuentra fundamento en la promoción de un entendimiento significativo entre los actores que intervienen en el proceso productivo de los diversos Estados. La representación en dicha Organización es tripartita: trabajadores, empresarios y gobiernos. Uno de los aspectos importantes para desarrollar el entendimiento entre los actores del proceso productivo es la amplia libertad de sindicación y de negociación, tal cual está consagrada en nuestro ordenamiento interno. De manera que hay una clara correspondencia entre éste y la norma internacional en estudio. Nos parecería muy significativo que en la aplicación de estos principios se siguiera el estudio y la discusión habida en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con el objeto de ver en dichos proyectos un perfeccionamiento en la adecuación de nuestra legislación a los compromisos internacionales. Sin lugar a dudas, la aprobación de un convenio de esta naturaleza -así lo ha considerado nuestra Comisión- ayuda a la inserción internacional y a la globalización de nuestro proceso económico y de apertura hacia los mercados, porque una adecuada relación entre los ámbitos intervinientes, tanto sindicales como empresariales, permitirá avanzar en el camino que nuestro país viene siguiendo desde hace varios años. Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda a la Sala la aprobación del proyecto. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presi-dente, como saben los señores parlamentarios, los tres proyectos que figuran hoy en Fácil Despacho forman parte de lo que la Organización Internacional del Trabajo ha llamado los siete convenios básicos, de los cuales los N°s 79, 100 y 111 fueron aprobados con anterioridad, y los Nºs. 98, 105 y 138 los está tratando hoy la Cámara. Si bien su data es bastante posterior, han incidido dos aspectos para que el Gobierno actual se preocupe de ellos: primero, un chileno es director de la Oganización Internacional del Trabajo y, segundo, se celebrarán los 50 años de esta Organización. Por esas y otras razones, en la Comisión de Relaciones Exteriores prestamos nuestra aprobación a los tres convenios. No obstan-te, deseo señalar que me parece afortunada la forma en que el Diputado señor Paya intervino en el debate en cuanto a que era conveniente tratarlos como un todo, y en lo relativo al trabajo juvenil, porque nuestra legislación está más avanzada que la del convenio Nº 138. El proyecto recién despachado por la Cámara establece que el niño entre trece y quince años puede trabajar y todos sabemos muy bien que en Chile no pueden hacerlo los menores de catorce. Al respecto, en el período pasado la Cámara despachó una iniciativa -ahora radicada en el Senado- que exige a los niños tener a lo menos quince años para trabajar. Junto con señalar que apoyaremos los tres convenios, quiero destacar que es interesante analizar estos instrumentos no tanto por lo que representan en sí, sino por la suerte de subyugación de la legislación nacional a la internacional. Es decir, en cierta forma hay una especie de enajenación de nuestra soberanía. Sabemos muy bien que la superposición del derecho foráneo sobre el nacional es una técnica legislativa moderna, de común ocurrencia en Europa, donde incluso, por la vía del Parlamento Europeo, se pueden modificar las constituciones de los países afiliados a dicho organismo. Pero acá no existe un parlamento latinoamericano, una superinfraestructura que nos pueda guiar en este aspecto, sino que, pura y simplemente, debemos aceptar o rechazar los convenios internacionales, sin posibilidad de introducirles modificaciones. Con todo, después de plantear estas observaciones, votaremos favorablemente los tres proyectos. De los siete convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo quedaría sólo el Nº 87, que también fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores en votación dividida -5 votos por la afirmativa y 4 por la negativa-, pero ya habrá oportunidad de analizarlo más adelante. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, como diría un cristiano, los tres convenios en debate son como los mandamientos de la OIT. Para nosotros, como parlamentarios, debería ser una obligación moral la aprobación unánime de los tres convenios internacionales del trabajo: el Nº 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo; el Nº 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, y el Nº 105, relativo a la abolición del trabajo forzoso. En cuanto a la edad mínima de los jóvenes para acceder al empleo, hace más de tres años que se está discutiendo en este Parlamento una iniciativa para abolir el trabajo infantil, de la cual soy autor. La Cámara lo trató en muchas oportunidades, fue aprobado por una inmensa mayoría de votos y está próximo a ser discutido en el Senado, donde lleva más de dos años de espera. Por lo tanto, el tema ha sido largamente discutido en el país: por la opinión pública, por las organizaciones sociales, por los empresarios, por los trabajadores, por la Iglesia, por la prensa, por los mismos niños, por los afectados. Me llama mucho la atención que parlamentarios representantes de distritos populosos, donde hay muchos niños y jóvenes, no hayan estado con nosotros para abolir el trabajo infantil. Hacen lindos discursos diciendo que a los niños hay que darles todas las garantías para que estudien, se recreen, descansen y puedan ser los hombres y mujeres del futuro. Pero, cuando llega el momento de votar un proyecto que los favorece directamente, nos encontramos con la sorpresa de que esos parlamentarios expresan que no es posible abolir el trabajo infantil. Es lamentable y triste. El segundo proyecto de la Tabla también lo votaremos a favor. Respecto de estos tres convenios, quiero recordar que la Cámara ya formuló un saludo al Ministro de Relaciones Exteriores y también a don Juan Somavía, un chileno que fue electo -con el respaldo del gobierno, de los empresarios y trabajadores- Director General de la Organización Internacional del Trabajo. Obviamente, es un orgullo para Chile que uno de sus ciudadanos ocupe ese cargo durante cuatro años con la posibilidad de ser reelecto. Como parlamentarios, debemos respaldar su trabajo aprobando estos tratados que, para la OIT, son como la Biblia para nosotros; por lo demás, sería algo imposible de no aprobar por lo avanzado de nuestra legislación en los tres temas en discusión. Espero que nuestro compatriota, don Juan Somavía, pueda mostrar ante el mundo su orgullo de que la mayoría de los convenios de la OIT han sido aprobados -ojalá- en su propio país con los votos de los parlamentarios de todos los partidos políticos. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Fácil Despacho; por lo tanto, queda pendiente la votación de estos proyectos. VII. ORDEN DEL DÍA AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde tratar el segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sobre el proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. Diputado informante es el señor Tuma. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Economía, boletín Nº 2105-03, sesión 24ª, en 20 de mayo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Recuerdo a los señores diputados que el acuerdo de los Comités fue discutir la iniciativa durante una hora en forma proporcional al tiempo de las banca-das. Tiene la palabra el diputado informante. El señor TUMA.- Señor Presidente, honorable Cámara, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que fortalece la Fiscalía Nacional Económica y que la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo aprobó en segundo trámite reglamentario. Tiene trámite de urgencia calificada de “simple”. Como se ha señalado, la iniciativa legal en comento está orientada a fortalecer las funciones de la Fiscalía Nacional Económica, otorgándole nuevas atribuciones y mejorando su estructura interna. Es oportuno recordar que la Fiscalía Nacional es un servicio público descentraliza-do, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Economía y está dirigido por el Fiscal Nacional Económico. Este organismo forma parte de la institucionalidad antimonopólica chilena que está integrada por las comisiones preventivas regionales, la comisión preventiva central y la comisión resolutiva. Sus funciones fundamentales son: instruir las investigaciones para fiscalizar las infracciones a la libre competencia, actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico, ante la comisión resolutiva y los tribunales de justicia; requerir de la comisión resolutiva y de las comisiones preventivas el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones y velar por el fiel cumplimiento de los fallos y resoluciones que dicte la comisión resolutiva o los tribunales de justicia en materias referidas a la libre competencia. La institucionalidad antimonopólica se inspira en los principios de libertad económica y libertad de emprender, amparados en la Constitución Política de la República y en las normas que conforman el orden público económico en Chile. La libre competencia es un bien jurídico esencial para resguardar la libertad empresarial y el sano desarrollo de la economía. Con este propósito, el Ejecutivo remitió el presente proyecto de ley que la honorable Cámara aprobó por unanimidad en su primer trámite reglamentario. El proyecto que fortalece la Fiscalía Nacional Económica, en lo central, otorga mayor autonomía a este servicio; aumenta sus facultades para investigar, incrementa la planta de profesionales y hace más estrictos los requisitos de ingreso; crea una planta de fiscalizadores y aumenta las remuneraciones. Dichas materias están contenidas en trece nuevos artículos permanentes y seis transitorios. En sus aspectos más relevantes el proyecto considera las siguientes materias: 1ºMediante el nuevo artículo 21 se otorga a la Fiscalía Nacional Económica la calidad de servicio público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Establece que el Fiscal Nacional será un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República, quien ejercerá tanto la jefatura superior como la representación judicial y extrajudicial del servicio. 2ºEn esta misma norma se modifica el actual requisito exigido para ser fiscal, de cinco años de antigüedad y posesión del título de abogado por la exigencia de diez años de ejercicio profesional o de tres años de antigüedad en el servicio. 3ºA través del artículo 23 se fija en cincuenta los cargos de planta del organismo, y se aumenta a sesenta la dotación máxima, conforme lo autoriza el artículo 5º transitorio. Con el propósito de profesionalizar la planta del personal, se incorporan requisitos especiales para acceder a los cargos que la conforman. 4ºEn el artículo 25 se asimila el régimen de remuneraciones del personal al de las instituciones fiscalizadoras. También se incorpora el sistema de incentivo o bonificación de estímulo por desempeño funcionario contemplado en el artículo 17 de la ley Nº 18.091. Esta bonificación está orientada a asimilar la remuneración del personal del organismo con los sueldos que se pagan en el mercado por funciones homólogas. Se calcula a partir del sueldo base más la asignación de fiscalización, porcentaje que se fija anualmente mediante decreto supremo y tiene un tope de 200 por ciento fijado por ley. A su vez, se incorpora una bonificación de estímulo por desempeño que se pagará al 25 por ciento de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos profesionales y fiscalizadores de mejor desempeño del año anterior. Para ello se considerarán las calificaciones obtenidas por los funcionarios. 5ºEn el artículo 26 se establece que el personal de planta y a contrata de la Fiscalía tendrá dedicación exclusiva al desempeño de sus cargos, los cuales serán incompatibles con toda otra función de la Administración del Estado, como asimismo la prestación de servicios como trabajador dependiente o el ejercicio de actividades propias de su profesión para personas naturales o jurídicas que puedan ser objeto de fiscalización del organismo. 6ºEl nuevo artículo 27 precisa las actuales atribuciones del Fiscal Nacional. Se introducen las siguientes modificaciones: a)Se fortalece la capacidad de acción de la Fiscalía al establecerse la atribución de solicitar a la Policía de Investigaciones de Chile la ejecución de diligencias específicas en el marco de las investigaciones que la Fiscalía instruya para comprobar las infracciones a la ley. El Fiscal Nacional podrá disponer que las investigaciones que se instruyan de oficio o en virtud de denuncias tengan el carácter de reservadas. b)Podrá requerir de las comisiones la adopción de medidas preventivas con ocasión de las investigaciones que la Fiscalía se encuentre ejecutando. c)Podrá delegar el ejercicio de la acción penal, que actualmente la ley confiere en los abogados de la Fiscalía, en los fiscales regionales o en el Consejo de Defensa del Estado. d)Reafirmando la autonomía que confiere el proyecto a este organismo, el Fiscal tendrá la facultad de ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles y, en general, sobre el patrimonio del servicio. 7ºEn el artículo 28 se señala que los fisca-les regionales tendrán las atribuciones y deberes señalados en el artículo 27, con excepción de las previstas en las letras b), h), i) y j), pudiendo ejercer, además, las facultades que les delegue o encomiende el Fiscal Nacional. Si el conocimiento de un asunto corresponde por su naturaleza a la comisión resolutiva, el respectivo fiscal regional deberá proponerlo al Fiscal Nacional. 8ºEn el artículo 29 se mantienen las actuales atribuciones del Fiscal Nacional de asumir, por sí o por delegado, la representación de la Fiscalía en cualquier proceso e intervenir de igual manera en cualquier instancia, trámite o actuación determinada ante los tribunales de justicia o autoridades administrativas o municipales. 9ºEn el artículo 30-A se contempla el apremio para las personas que entorpezcan las investigaciones que instruya la Fiscalía Nacional Económica en el ámbito de sus funciones, quienes podrán ser arrestadas hasta por quince días y, en caso de persistir en la conducta, se podrá aplicar la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados. Si el infractor es un funcionario público será sanciona-do, además, con la pérdida del empleo. La orden de arresto y el proceso criminal en su caso, se dará e instruirá respectivamente por el juez letrado con jurisdicción en lo criminal que sea competente según las reglas generales, a requerimiento del Fiscal Nacional. En esta norma se impone la obligación de reserva a los funcionarios de la Fiscalía respecto de los antecedentes de que puedan tener conocimiento en el ejercicio de sus labores. 10º El artículo 30-B incorpora, en el ámbito procedimental, las siguientes modificaciones: a)Las decisiones y medidas acordadas por las comisiones preventivas regionales y central serán notificadas por cédula. b)Se amplía de tres a cinco días el plazo para reclamar ante la comisión resolutiva de las decisiones y medidas acordadas por dichas comisiones. c)Se extiende de tres a siete días el plazo de que disponen las comisiones preventivas regionales y central para informar del recurso interpuesto contra sus decisiones. llº El artículo 30-C establece los recursos de que dispondrá la Fiscalía. Sólo me cabe mencionar que estarán comprendidos por los que consulte la Ley de Presupuestos, por las costas y demás sumas que se perciban por concepto de aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales, por aquellos originados en asesorías que preste el servicio y por los derechos por concepto de certificados y documentos que deba extender el organismo. Discusión particular del proyecto. La iniciativa en informe está compuesta de dos artículos permanentes y seis transitorios que modifican el título IV del decreto ley Nº 211, de 1973. En conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento de la Corporación, los artículos que no han sido objeto de modificación deben ser aprobados ipso jure, sin votación. En dicho caso se encuentran los artículos 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30-B y 30-C, el artículo 2º del proyecto y sus artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º transitorios. Se hace presente que ninguna de las normas señaladas para su aprobación requieren de quórum especial. Por lo tanto, a la honorable Sala le corresponderá pronunciarse sobre los artículos 21, 23 y 27. Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Los artículos 30 y 30-A son normas de carácter orgánico constitucional. El primero, que modifica el artículo 29 del decreto ley Nº 211, entrega atribuciones para recibir e investigar denuncias por actos que importen infracción a la presente ley. En este caso se aplica lo dispuesto en el artículo 5º, transitorio, de la Constitución Política de la República, normativa que establece que se considera como ley de quórum especial aquella que para su dictación requirió de similar quórum. El artículo 30-A cumple con tal calificación, puesto que altera la competencia de los tribunales de justicia al entregarles atribuciones de aplicación de sanciones por entorpecimiento a las investigaciones que instruya el Fiscal Nacional Económico. Estos artículos fueron aprobados por unanimidad en el primer trámite reglamentario. Cabe señalar que, en el presente trámite, la Comisión no propone suprimir artículo alguno. Discusión en particular y modificación del articulado. a)Se sometió a consideración de la Comisión una indicación, patrocinada por el Diputado señor Orpis, don Jaime, para sustituir, en el inciso segundo del artículo 21, la frase: “de la exclusiva confianza del Presidente de la República”, por la siguiente: “quien será nombrado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de los Senadores en ejercicio y durará en su cargo cuatro años. Será inamovible salvo que proceda una causa legal”. Esta indicación fue retirada por el diputado patrocinante con el asentimiento unánime de la Comisión. b)La Diputada señora Caraball, doña Eliana, y los Diputados señores Walker, don Patricio; Reyes, don Víctor; Jiménez, don Jaime; Salas, don Edmundo, y quien habla, presentaron una indicación para agregar, al final del nuevo artículo 23, a continuación del vocablo “Básica”, la frase “o la Educación Primaria”. La Comisión aprobó por unanimidad esta indicación, por estimar que permite interpretar que la educación primaria es requisito válido para el desempeño del cargo. De este modo, se entenderá que, para el proceso de encasillamiento, los funcionarios que cursaron su enseñanza escolar bajo esta denominación cumplen con el requisito establecido en la ley. c)El Ejecutivo formuló indicación para sustituir la letra h) del artículo 27, contenido en el artículo 1º del proyecto de ley, reemplazándola por la siguiente nueva norma: “Solicitar a los particulares las informaciones y los antecedentes que estime necesarios con motivo de las investigaciones que practique;”. Este texto se refiere a las facultades del Fiscal Nacional Económico. Se restablece, así, la facultad contempla-da en la normativa vigente. Cabe destacar que esta indicación fue concordada con todos los sectores políticos y aprobada por la unanimidad de la Comisión. Esta modificación y la propuesta en el artículo 1º transitorio son fruto del acuerdo marco alcanzado entre el Gobierno y la Oposición para la tramitación del proyecto, que considera, además, el envío al Congreso Nacional, en el mediano plazo, de una iniciativa de ley destinada a modernizar de manera integral la institucionalidad y las normativas de defensa de la libre competencia en Chile. d)Fruto de este acuerdo, el Ejecutivo formuló otra indicación, destinada a sustituir el artículo 1º transitorio, que se refiere al proceso de encasillamiento. La propuesta incorporó, para estos efectos, la constitución de una comisión de apelaciones, integrada por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Subsecretario de Economía y el Fiscal Nacional Económico. La Comisión aprobó por unanimidad esta indicación, suprimiendo sólo la palabra “discrecionalmente”. e)Por último, su Excelencia el Presidente de la República formuló en la Comisión de Hacienda, en el primer trámite reglamentario, una indicación para reponer el inciso cuarto del artículo 1º transitorio contenido en el mensaje. Esta normativa establece que los funcionarios que reciban el beneficio de indemnización contemplado en el proyecto no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en la Fiscalía Nacional Económica durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la indemnización percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables. La Comisión de Hacienda, en el primer trámite, prestó su aprobación a esta indicación. Los argumentos entregados en la Comisión señalan que esta norma tiene como propósito impedir que se produzca una situación anormal: que la autoridad pueda encasillar a un funcionario, provocar su salida, percibiendo éste la indemnización extraordinaria, y luego recontratarlo en el servicio. En atención a lo expuesto, la Comisión reconsideró su planteamiento y acogió la iniciativa, aprobándola por unanimidad. f)Por último, la Comisión debatió amplia-mente el procedimiento que se empleará para aplicar las normas contenidas en el artículo 25, que establece la homologación de remuneraciones con el sector privado y la bonificación de estímulo por desempeño funcionario. Es opinión unánime de los miembros de la Comisión que este último beneficio debería haberse extendido a todos los funcionarios de los distintos niveles de la planta del personal de la Fiscalía. Este proceso favorecería, sin duda, la modernización del organismo, puesto que vincula el mejora-miento de remuneraciones con un incremento en los niveles de desempeño. Tal tratamiento fue similar en el resto de los organismos de fiscalización. Por ello, la Comisión estimó conveniente hacer presente esta situación a las autoridades de Gobierno, con el propósito de que, en el futuro, se pueda modificar la norma y hacer extensivo el beneficio a todos los funcionarios. No se incorporan nuevos artículos ni se formularon indicaciones que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda. Permítanme reiterar la importancia que la Comisión y el Ejecutivo han otorgado a este proyecto de ley, que, como lo expresara en la discusión del primer informe, debe constituir el inicio del proceso de modernización integral de la institucionalidad y de la legislación en defensa de la libre competencia. Debo subrayar la buena disposición de todos los sectores políticos para concurrir al acuerdo que ha permitido asegurar una tramitación ágil y oportuna de esta iniciativa. Sin lugar a dudas, se ha privilegiado el bien del país por sobre nuestras naturales y legítimas visiones y discordancias. La libre competencia, la transparencia del mercado y el desaliento de las conductas monopólicas constituyen metas del país, en las que todos estamos dispuestos a trabajar para garantizarlas. En mérito de lo expuesto, la Comisión de Economía recomienda la aprobación del proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. No puedo concluir el informe sin agradecer la disposición de los señores diputados miembros de la Comisión, del señor Ministro de Economía y de sus asesores, quienes han estado dispuestos a recibir e incorporar las propuestas de los parlamentarios; del señor Fiscal Nacional Económico y de su equipo de asesores, quienes han contribuido con dedicación y profesionalismo a la tramitación del proyecto. Del mismo modo, agradezco la eficiente colaboración prestada por el Secretario de la Comisión, señor Luis Pinto, y por la señorita Marisol Arrayet. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acuerdo de los Comités significa una hora para la discusión de esta iniciativa y media hora para el informe de la Comisión mixta. Como no se consideró el tiempo que ha ocupado el diputado informante, propongo extender el Orden del Día hasta las 13.35 horas, para luego proceder a votar. ¿Habría acuerdo? Acordado. Por lo tanto, la votación tendrá lugar al término del Orden del Día. En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allen-de. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, como lo expresó el diputado informante, en un mundo en que cada vez se acentúa más la globalización e inter-nacionalización de la economía, sin duda es fundamental que exista, como elemento básico, la libre competencia, pues ella ase-gura que los precios a los consumidores reflejen los verdaderos costos del proceso de producción de los bienes y servicios. En ese sentido, de alguna manera garantiza a los consumidores ese derecho funda-mental, como también que existan diversas alternativas que posibiliten mejorar la calidad de vida y que se optimice la utilización de los recursos. Nos parece fundamental mejorar sustantivamente los recursos humanos y materia-les de la Fiscalía Nacional Económica, propósito esencial del proyecto, puesto que es el organismo responsable de impedir las conductas monopólicas y de representar los intereses sociales en los procesos jurisdiccionales que se originen por tales conductas. Además, son convenientes las facultades investigadoras que se entregan al Fiscal para revisar los documentos que se establecen en el artículo 27, letra h), cuya aprobación, de acuerdo con lo informado por el Diputado señor Tuma, fue por unanimidad. Ojalá no sea una norma un tanto declarativa y que verdaderamente contribuya a reforzar las facultades del Fiscal, porque hay una experiencia lamentable. Por ejemplo, a propósito de las empresas eléctricas, hace más de un año y medio que solicité en la Sala el envío de diversos oficios por el cobro de arriendo de medidores. De hecho, ante un recurso de protección de un ciudadano de la Primera Región, la Co-misión regional antimonopolios determinó que no sólo era inconstitucional esa práctica, sino, además, que sólo 400 de 38 mil usuarios habían necesitado cambiar su medidor, en circunstancias de que a todos se les hace un cobro, mes a mes, por concepto de su arriendo. Aprovecho la presencia del señor Ministro en la Sala para decir, una vez más, que estamos esperando el informe de la Superintendencia, sin perjuicio de que queremos conocer la posición del Gobierno, que, a mi juicio, ha sido lento y no ha dado una señal clara al respecto. Sin duda, debemos ejercer nuestras facultades investigadoras para evitar las prácticas monopólicas y la falta de transparencia, elemento esencial en la economía de libre mercado. Por lo tanto, espero una respuesta rápida, un informe claro y, sobre todo, que se termine con la práctica en que incurren las empresas monopólicas. Es menester entender que no sólo debe asegurarse la libre competencia en el mercado interno, sino que también -en la medida en que Chile ha suscrito tratados internacionales, como en el caso de Canadá- a nivel global de la economía. En síntesis, el proyecto es importante porque fortalece las facultades fiscalizado-ras que permiten asegurar la transparencia en la libre competencia. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Juan Ramón Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señora Presidenta, el señor Tuma ha expuesto en detalle los acuerdos de la Comisión de Economía de la Cámara. Los diputados de la Democracia Cristiana cumpliremos el acuerdo político firmado con los representantes de la Oposición, ante la presencia del Ministro y del Subsecretario de Economía. El proyecto pretende mejorar las condiciones de trabajo de la Fiscalía Nacional Económica, como servicio público encarga-do de investigar y analizar las conductas contrarias a la libre competencia, con la finalidad de informar a las comisiones anti-monopolio para que ellas emitan el pronunciamiento que estimen procedente, apreciando los hechos y fallando en conciencia. En esta primera etapa, se ha optado por mejorar el servicio público y se espera que, por efecto expansivo, ello se traduzca en un mejoramiento de las comisiones antimonopolio. De acuerdo a lo convenido con la Oposición, el primer trimestre de 1999 el Gobierno presentará un proyecto completo sobre esta trascendental materia. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis. El señor ORPIS.- Señora Presidenta, antes de entrar en la discusión particular del proyecto, quiero hacer algunos alcances previos. Este segundo informe es producto de un acuerdo político suscrito entre la Concertación y la Oposición, con el objeto de hacer viable un acuerdo unánime que surgió en el debate del primer informe y que se refiere a la existencia del Tribunal Económico. Eso llevó a que el proyecto en discusión se limite a tratar lo relativo a las plantas y los distintos beneficios que se otorgan a los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica. Tal como se señaló en el debate, los aspectos sustantivos quedarán para la discusión del proyecto sobre el Tribunal Económico, para lo cual la comisión técnica ya está abocada a su estudio. Esperamos que en el curso de los próximos 30 días entregue los resultados de su trabajo. Entonces, la discusión en torno de este informe está radicada básicamente en lo que se refiere a los beneficios de la planta de funcionarios. Quisiera profundizar sobre el debate que surgió en la Comisión respecto de estos temas. Para una mejor comprensión de los señores parlamentarios, lo ideal habría sido tener a la vista los primeros informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, con motivo de la discusión previa realizada en esta Sala. Quiero centrar el debate en dos grandes temas que se plantean respecto de los funcionarios: uno, en cuanto al encasillamiento, establecido en el artículo 1º transitorio; el otro, relativo a las asignaciones que se otorgan en virtud del artículo 25 de este proyecto. En relación con el encasillamiento, el proyecto original del Ejecutivo establecía una facultad absolutamente discrecional, otorgada en forma única y exclusiva al Fis-cal Nacional Económico, para efectuar el encasillamiento. No hubo acuerdo frente a esa postura. En consecuencia, se hizo un planteamiento al Ejecutivo para que esa decisión tan importante, en un servicio como es la Fiscalía Nacional Económica, no quede radicada en una persona, sino que sea una decisión más colectiva, donde participen, en conjunto, autoridades del Ministerio de Economía. La aceptación de ese planteamiento se ha considerado un avance. Desde mi punto de vista, este encasilla-miento no es el ideal, ya que debería hacerse sobre parámetros más objetivos y no tan discrecionales. Sin embargo, debemos reconocer que constituye un avance en relación con el proyecto original. Me gustaría tocar un tema mucho más de detalle, relativo a las asignaciones de los funcionarios. Aquí pido la atención de los señores parlamentarios, a fin de ver si es posible corregir esta situación -que también se ha planteado en otros servicios fiscaliza-dores-, ya que éste podría ser el momento de enmendar una serie de errores cometidos tanto respecto de la Superintendencia de Valores y Seguros como de la Superintendencia de Bancos. Quiero radicar la discusión en el artículo 25 del proyecto, que en su inciso primero establece dos tipos de incentivos a los funcionarios. Uno de ellos es común a todos los servicios fiscalizadores y, tal como lo señalaba el diputado informante, equivale a una asignación de fiscalización que se establece por decreto y que puede llegar hasta un doscientos por ciento de la remuneración de los funcionarios. Posteriormente, en el inciso tercero, letra a), del artículo 25, se consigna una segunda asignación, por desempeño. Si uno analiza estos dos tipos de beneficios que se otorgan a los funcionarios, conceptualmente son asignaciones distintas. La primera persigue que los organismos fiscalizadores, de tanta trascendencia en este minuto -tal como lo señalaba la Diputada señora Isabel Allende-, cuenten con buenos funcionarios y bien remunerados. Por lo tanto, se le otorga esta asignación especial, genérica, a todos los servicios fiscalizadores. La segunda es una asignación por des-empeño, un incentivo a los buenos funcionarios en razón de su trabajo. Pero, desde mi punto de vista, ¿cuál es el error conceptual de este proyecto, similar al cometido respecto de otros servicios fiscalizadores? Si uno se fija en la redacción del inciso tercero, dice que la asignación por desempeño se hará con cargo a la asignación de fiscalización. Es decir, aun cuando estas asignaciones están definidas en forma diferente se financian, única y exclusivamente, con cargo a la asignación de fiscalización. ¿Qué puede ocurrir? Me voy a colocar en un escenario práctico. Imaginemos, por ejemplo, que en algunas etapas de la planta de directivos la ley otorga un doscientos por ciento de asignación. Ello quiere decir que no recibirán asignación por desempeño, porque los recursos se coparon. Desde un punto de vista conceptual, la definición de las asignaciones de fiscalización y de desempeño deben ser absoluta-mente independientes entre sí, sobre todo en función de su financiamiento, porque cuando la segunda depende de la primera, en la práctica estamos hablando de una sola, ya que podría no existir la asignación por desempeño, debido a que queda absolutamente topada con la de fiscalización al otorgarse un 200 por ciento, que es el tope que se establece. La independencia de las asignaciones de fiscalización y de desempeño es un tema que hay que arreglar en el Senado. Pero, tal como viene planteado en el proyecto, el error es más grave. Desgraciadamente, el informe de Hacienda no está a la vista de los señores parlamentarios. Respecto de la asignación de desempeño, existe un acuerdo político entre el Gobierno y los organismos sindicales del sector público, en el sentido de que se otorga a todos los funcionarios; es decir, es un acuerdo genérico que se aplica, independientemente del escalafón al cual pertenezcan. Se pidió un informe a Hacienda, y la Comisión lo remitió a la Dirección de Presupuestos. Curiosamente, llama la atención que las plantas de técnicos, de administrativos y de auxiliares no tengan derecho a esta asignación, en circunstancias de que debería beneficiar a todos los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica. Me resulta paradójico que quienes ganan menos, en este caso, no tengan una eventual asignación equivalente a un 25 por ciento, mientras que los que ganan más podrían obtener ambas asignaciones. Considero que la asignación por desempeño debe otorgarse al 25 por ciento de los funcionarios públicos mejor calificados, como un incentivo. Sin embargo, de acuerdo con este proyecto, quienes ganan menos no tienen ningún derecho a acceder al beneficio concedido al 25 por ciento del personal mejor calificado. En síntesis, ambos aspectos deberían ser solucionados en el Senado. Ningún funcionario público debería quedar sin asignación por desempeño. En segundo lugar, habría que diferenciar las asignaciones por desempeño y por fiscalización, desde los puntos de vista conceptual y económico. Con el objeto de no aplazar la tramitación del proyecto, no nos opondremos a su aprobación, en esta instancia, pero quiero dejar en claro que el Senado debe solucionar el tema. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señora Presidenta, no creo exagerar al expresar que la tramitación del proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica constituirá todo un hito en el proceso de modernización de la legislación de protección de la libre competencia en Chile, a la que hoy daremos inicio con la aprobación de esta iniciativa. Fundamento mi afirmación en tres valoraciones y conclusiones centrales que se desprenden de la discusión del proyecto. En primer lugar, la iniciativa, que en su primer trámite desató un encendido debate entre los parlamentarios de Oposición y de Gobierno, paradójicamente ha abierto un camino de entendimiento y un amplio consenso sobre la necesidad de revisar la actual institucionalidad antimonopólica y de avanzar decididamente hacia la modernización integral de nuestra legislación económica en materias de libre competencia. Con mucha honestidad y satisfacción, debo reconocer la disposición demostrada por los parlamentarios de la Oposición y de Gobierno para flexibilizar las posiciones y alcanzar acuerdos básicos que nos permitirán, en el corto plazo, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica; en el mediano plazo, discutir sobre el futuro de la institucionalidad antimonopólica y, al mismo tiempo, revisar y actualizar la legislación vigente en este ámbito. Del mismo modo, destaco la actitud del Gobierno, que ha estado dispuesto a acoger los acuerdos y planteamientos formulados por los señores diputados. El acuerdo alcanzado por los representantes de todas las bancadas garantiza una ágil tramitación del proyecto, lo cual nos permitirá disponer, a la brevedad, de un organismo con mayores atribuciones de investigación, fiscalización y acción frente a los órganos competentes encargados de velar por el respeto a las normas de la libre competencia. Al mismo tiempo, con la aprobación del proyecto, garantizamos la profesionalización de la Fiscalía y un mejor desempeño de los funcionarios al incorporar los sistemas de incentivos presentes en la mayoría de los organismos fiscalizadores del país. Aspiramos a que los sistemas de incentivos se extiendan en este servicio de la manera más amplia, como en la mayoría de los organismos públicos. Ello, sin duda, de-manda un gran esfuerzo económico, pero, por sobre todo, un fortalecimiento de los sistemas de evaluación que permita vincular efectivamente el mejoramiento salarial con mayores y mejores niveles de desempeño. No se trata de aplicar sin más y de manera populista los estímulos económicos sin incluir efectivamente los sistemas de fiscalización, evaluación, control y calificaciones. Recordemos que desde el Parlamento se han alzado las voces más críticas, en el sentido de exigir logros y metas de eficiencia en los organismos donde se han incrementado los recursos fiscales. Éste es el caso, señora Presidenta. En materia de plantas, no hemos hecho otra cosa que establecer un mejoramiento de las condiciones laborales del personal, acorde a las altas responsabilidades que éstos desempeñan. No podemos olvidar que la Fiscalía Nacional Económica es el órgano público destinado a prevenir, investigar y fiscalizar las infracciones a la legislación económica. En definitiva, corresponde a este organismo representar el interés de la colectividad, resguardando el bien público económico cuando éste es amenazado o vulnerado por los agentes del mercado. Es decir, debe fiscalizar al sector productivo que controla, ni más ni menos, que el 75 por ciento de la economía. No es posible aspirar a una economía competitiva sin asegurar el respeto de las normas que resguardan la libre competencia y la transparencia del mercado. Y esta meta es inalcanzable si no dotamos a los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la legislación económica de las facultades y recursos necesarios para ejercer sus tareas. Por ello, adquieren vital importancia las normas que hoy aprobamos y que fortalecen y precisan las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica. Entre otras, cabe destacar la de velar por las resoluciones de los tribunales de justicia, actuar como parte representando el interés general de la colectividad, investigar y fiscalizar las infracciones, solicitar la colaboración de los funcionarios públicos, requerir y solicitar información de los servicios públicos y de particulares. En segundo término, valoramos la tramitación del proyecto, porque su discusión ha permitido explicitar, conocer y consensuar algunas percepciones, visiones y proposiciones sobre el futuro de la institucionalidad democrática. Chile, sin duda, requiere perfeccionar a la brevedad, y de manera integral, su legislación en defensa de la libre competencia y, asimismo, los organismos encargados de velar por su cumplimiento. La profesionalización en todas las instancias, el fortalecimiento de la capacidad técnica, el establecimiento de remuneraciones para los integrantes de las comisiones preventivas y resolutivas para asegurar su dedicación exclusiva en tan delicadas materias, el fortalecimiento de los organismos a nivel regional, la agilización de los procesos, forman parte de una gran reforma de nuestra legislación económica, la que, a nuestro juicio, debe incluir la especialización de la judicatura a través de un tribunal económico, como órgano de última instancia en el ámbito administrativo-económico. Por último, y como un tercer elemento que nos permite valorar el proceso que ha acompañado la tramitación de este proyecto, creo oportuno destacar el amplio consenso alcanzado en la Comisión de Economía, en el sentido de avanzar no sólo en la modernización de la institucionalidad de la libre competencia y en su legislación, sino también en un proceso de fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos respecto de los servicios y órganos del Estado. En relación con los primeros, los ciudadanos demandan crecientemente mayor transparencia y equilibrio en las relaciones económicas, donde muchas veces sus derechos se ven vulnerados, sin disponer de un canal adecuado para efectuar sus reclama-ciones, de manera individual o colectiva. Como ya lo anunciamos durante la discusión en general, reitero que la bancada del Partido por la Democracia va a respaldar sin vacilaciones esta iniciativa, porque la entendemos como el inicio del proceso de reforma de la legislación económica en defensa de la libre competencia. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, dentro de lo que significa fortalecer efectivamente un organismo tan importante como la Fiscalía Nacional Económica, el proyecto que hoy discutimos en particular va por el camino correcto. En el país se habla mucho de la libre empresa; sin embargo, al parecer, a algunas personas no les interesa que ella pueda ser fiscalizada por organismos que formen parte del Estado. Por eso, la Fiscalía Nacional Económica -servicio público descentralizado, independiente de todo organismo o servicio, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Economía- es una instancia válida, y está dentro de nuestros deberes y obligaciones -precisamente mediante este proyecto- estudiar la forma de perfeccionarla, posibilitando el encasillamiento de su personal y aumentando sus facultades. En primer lugar, cabe recordar que la Comisión Resolutiva está facultada para solicitar la modificación o derogación de preceptos legales o reglamentarios que limitan la libre competencia, dado que esto resulta perjudicial para el interés público. Asimismo, las comisiones preventivas regionales, a requerimiento del Fiscal Nacional Económico, pueden solicitar a cualquier organismo el ejercicio de facultades regula-doras de la actividad económica, a fin de impedir los efectos perjudiciales de los actos que se investigan. Creo que este proyecto, enviado por el Gobierno el 21 de octubre del año pasado, va por el camino correcto, porque demuestra que es necesario un servicio público descentralizado y que las facultades que se le otorgan perfeccionan las existentes. Hace pocos meses, tuvimos la oportunidad de comprobar la forma en que la Fiscalía Nacional Económica estaba actuando respecto de temas que nos interesan a todos los habitantes del país. Por eso, en nombre de la bancada democratacristiana, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto en particular -ya lo hicimos en general en su primer trámite constitucional-, porque creo que va por el camino correcto, al evitar que los usuarios y consumidores sean víctimas de discriminaciones. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-Tiene la palabra el Ministro de Economía, don Álvaro García. El señor GARCÍA (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señora Presidenta, sólo para ratificar las palabras de los parlamentarios que han intervenido en nombre de sus bancadas, en cuanto a que el proyecto es importante porque fortalece la competencia en el país -cuestión que entendemos clave para aumentar la eficiencia del sistema económico-, e introduce mayor equidad. En la medida en que los mercados operen bien y de manera transparente, los beneficios se trasladan a los consumidores. Por eso, el proyecto ha suscitado el acuerdo de los diputados -que constatamos al escuchar sus palabras- y la unanimidad de la Comisión de Economía, que esperamos hoy se repita en la Sala. Por otra parte, ratificamos el interés del Gobierno por seguir trabajando con representantes de todos los partidos representados en el honorable Congreso, a fin de fortalecer la institucionalidad responsable de velar por la libre competencia. Como los señores parlamentarios saben, respecto de esta materia estamos trabajando en un proyecto específico que crea un tribunal nacional económico y fortalece el decreto ley Nº 211, responsable de esta tarea. También lo estamos haciendo en el ámbito de la regulación económica, a fin de robustecer las instancias fiscalizadoras y los procedimientos relacionados con la regulación de los servicios de utilidad pública. Entendemos que éste es un esfuerzo por modernizar nuestra economía de mercado, para hacerla más eficiente, transparente y equitativa. Por eso, invito a los parlamentarios a aprobar por unanimidad el proyecto, a fin de continuar su tramitación en el Senado, donde pueden introducírsele sugerencias adicionales como las formuladas por el Diputado señor Orpis. Sobre esta materia, sólo deseo recordar que las asignaciones adicionales que recibirían los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica permitirían triplicar el actual nivel de remuneraciones del sector público. A pesar de los incrementos adicionales que pudieran considerarse, lo ya establecido en la ley implica un aumento muy significativo respecto de su actual situación. Muchas gracias, señora Presidenta. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señora Presidenta, la existencia de mercados transparentes, libres y competitivos es uno de los pilares fundamentales de una economía social de mercado. Las distintas formas de imperfección de los mercados, llámense monopolios, monopsonios u oligopolios, son situaciones que alteran el buen funcionamiento de una economía social de mercado, perjudicando a la ciudadanía, en particular a los consumidores. Pues bien, la mejor forma de resolver dichas imperfecciones es permitiendo que los mercados sean cada vez más abiertos y exista mayor competencia. Por ejemplo, que donde haya un monopolio puedan ingresar otras empresas a ofrecer el mismo producto, logrando de esa forma equilibrar los precios y que el público prefiera a quienes ofrezcan el mejor producto o servicio al menor precio. Sin embargo, en una economía en vías de desarrollo como la nuestra, en la cual todavía no es posible aumentar la competencia por la vía de incrementar el número de empresas participantes en el proceso económico del país, el rol regulador del Estado para garantizar a la ciudadanía la existencia de mercados transparentes, libres y competitivos, es, sin duda, fundamental. Por esa razón, anuncio el voto favorable de los diputados de Renovación Nacional a este proyecto que fortalece las atribuciones y facultades de la Fiscalía Nacional Económica y mejora las remuneraciones de su personal. Debemos reconocer que en los últimos años dicho organismo ha venido cumpliendo una labor trascendental, con funcionarios que, muchas veces, reciben una remuneración muy baja, que no guarda relación con la de profesionales similares; sin embargo, han tenido que investigar y pronunciarse sobre distintos conflictos de intereses surgidos entre empresas del sector privado. Sin lugar a dudas, el mejoramiento de sus remuneraciones, atribuciones y facultades permitirá que la Fiscalía Nacional Económica cuente con los mejores profesionales y retenga a los funcionarios que están cumpliendo sus labores a cabalidad, con lo cual garantizan a toda la ciudadanía la existencia de mercados más transparentes, algo que todos deseamos porque los beneficiarios son, en definitiva, los consumidores. En consecuencia, reitero que esta iniciativa -la entendemos como un proyecto puente para el estudio de un tribunal eco-nómico o de la libre competencia, en lo cual trabajarán equipos técnicos de todos los partidos políticos- será la solución definitiva de los problemas de imperfección de mercados que se presentan en el país. Mientras tanto, consideramos indispensable fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, y por eso anuncio los votos favorables de la bancada de Renovación Nacional. Con cargo a nuestro tiempo y por su intermedio, señora Presidenta, concedo una interrupción al Diputado señor Rodrigo Álvarez, de la Unión Demócrata Independiente. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Álvarez, por siete minutos. El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, antes que nada agradezco a Renovación Nacional que me haya cedido estos minutos, a fin de exponer sobre el tema en discusión. Coincido plenamente con la afirmación que el Diputado señor Tuma hace, en cuanto a que este proyecto representa el comienzo de un proceso de mejoramiento de nuestra legislación económica, sobre todo en materia de competencia. Ustedes recordarán que varios aspectos de esta iniciativa fueron ampliamente debatidos y muy criticados durante su discusión en general. Por lo tanto, es muy importante que las bancadas que apoyan al Gobierno y las de la Oposición hayan llegado a un acuerdo, a fin de mejorar el proyecto y tener una legislación antimonopólica mucho más perfeccionada y moderna que la actual. Habría sido partidario de elaborar un proyecto mucho más amplio, de esperar un tiempo y presentar un gran proyecto de reforma de la legislación económica, sin pasar por esta etapa previa de introducir normas al decreto ley Nº 211, que, probablemente, después serán modificadas. Pero se ha optado por este camino y no nos vamos a oponer a ello. Además, hay elementos muy positivos. Por ejemplo, se ha eliminado la letra h), que -como recordarán- concedía facultades exorbitantes al Fiscal Nacional Económico. De modo que se han mejorado importantes aspectos del proyecto. Sólo quiero manifestar mi rechazo a la fórmula establecida en materia de encasillamiento. Si los colegas leen los artículos 1º y 2º transitorios, comprobarán que al fiscal se le otorga la atribución de buscar un sistema de encasillamiento, para el cual se crea una comisión integrada por el fiscal y los ministros de Economía y de Hacienda. Si bien esto es un avance, no perfecciona realmente el sistema, porque lo más probable es que los ministros mencionados sigan el criterio del fiscal. Creo que al encasillar, en una fiscalía, sólo a 18 personas, rompemos un principio general en materia de legislación pública: que el encasillamiento se producía sólo para lo que comúnmente se llama “tiraje a la chimenea”; es decir, permitir la jubilación de muchas personas y contratación de nuevo personal. Pero en este caso, sin este requisito objetivo, sin ninguna otra causal específica y muy clara, sencillamente se encasillará a todo el personal, y eso puede provocar problemas, porque, como no apa-recen visos objetivos en cuanto a cuál será el criterio que se aplicará, por un problema de deslealtad o de mala relación laboral, un número importante de funcionarios de la Fiscalía, con mucha experiencia, tengan que dejar sus puestos sencillamente por no ser del agrado o confianza del Fiscal. No nos opondremos a la aprobación de este artículo; pero espero que el Senado mejore su redacción, porque estamos rompiendo el principio de que cuando facultábamos a alguna autoridad pública -un fiscal o un director de servicios- para encasillar a su personal, procediera conforme a un criterio objetivo, como el cumplimiento de los requisitos para jubilar. En este caso, no lo estamos haciendo; no hay ningún requisito específico, lo cual puede sentar un precedente negativo. En general, el proyecto me parece adecuado; más aún si lo consideramos en el espíritu a que aludía el Diputado señor Tuma: buscar nuevos caminos entre el Gobierno y la Oposición para una mejor legislación antimonopolios. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos: El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar el proyecto que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los artículos 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 B y 30 C contenidos en el artículo 1º, el artículo 2º y los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º transitorios. Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 30 y 30 A del artículo 1º, pero por contener materias de ley orgánica constitucional, corresponde votarlos en particular. Por lo tanto, corresponde votar los artículos 21, 23, 27, 30 y 30 A del artículo 1º y el 1º transitorio. Si le parece a la Sala, se votarán de una vez. No hay acuerdo. En votación el artículo 21 del artículo 1º. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Errázuriz, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el artículo 23 del artículo 1º. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Díaz, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Long-ton, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Mora, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el artículo 27. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Cami-nondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el artículo 30. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Alessandri, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el artículo 30-A. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Melero, Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el artículo 1º transitorio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMU-NERACIONES DEL PERSONAL DEL MI-NISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Proposición de la Comisión mixta. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Corresponde ocuparse del informe de la Comisión mixta recaído en el proyecto de ley que moderniza el sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica. Antecedentes: -Informe de la Comisión mixta, boletín Nº 1767-09, sesión 24ª, en 20 de mayo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra a tres señores diputados que deseen intervenir sobre este informe. Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, antes de analizar este proyecto de modernización del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Hidráulica, considero necesario plantear varias preguntas. Dado que la modernización del Ministerio pasa por aumentar los sueldos a un grupo de funcionarios, antes de manifestarme si votaré a favor o en contra, señora Presidenta, me gustaría dirigirme, por su intermedio al Ministro, señor Lagos, que se encuentra presente. En estos tres últimos años, en muchas oportunidades, hemos escuchado excelentes planteamientos sobre lo externo de su Ministerio; lamentablemente, en mi opinión, no ocurre lo mismo con lo interno, afirmación que más adelante ilustraré con mis inquietudes y solicitudes de respuesta a ciertas preguntas. Opino que con un proyecto que establezca funciones críticas se está degradando al profesional funcionario público en lo que a su independencia y estabilidad se refiere, al quedar en la categoría de “funcionario de confianza”. Esto es muy peligroso en un Ministerio que pretende manejar una inversión de 2.500 millones de dólares, porque de los 250 directivos que en la actualidad tienen esa calidad, se llegará a 850, dentro de un universo de 1.200 profesionales; es decir, el 71 por ciento quedará en esa categoría. Reitero que eso es peligroso, de no mediar adecuadas reglas del juego. Señor Ministro, la forma como se ha manejado el tema de los agentes públicos de su Ministerio ha sido un atentado a la buena fe del Parlamento, que, en dos años consecutivos, depositó en usted su confianza cuando aprobó la partida presupuestaria respectiva. Más adelante me referiré a este delicado tema. Para emitir mi voto fundadamente, recabo que el señor Ministro responda en forma previa, a los siguientes puntos: -¿Por qué la Fiscalía y la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, en los oficios ordinarios Nºs. 8.736, de 28 de agosto de 1997, y 275, de 29 de agosto de 1997, respectivamente, no entregaron la información requerida por la Asociación de Funcionarios Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, por carta de 8 de agosto de 1997 respecto de los agentes públicos del Ministerio, referente a: “a) Nombre de los agentes públicos contratados, su profesión, especialidad, región o ciudad de desempeño, tipo de contrato y fechas de inicio y término del mismo; emolumentos percibidos a la fecha y previstos a futuro mensualmente?”. Dado que la negativa a la información solicitada se justificó en razón de su “carácter reservado” y que tales servidores, según respuesta de la Fiscalía, no tienen la calidad de funcionarios públicos, solicito también que se aclaren estos dos últimos aspectos. Pregunta complementaria: “Si los agentes públicos no son funcionarios públicos, ¿pueden actuar como tales y, en consecuencia, sus actos jurídico-técnicos son válidos, de acuerdo con el derecho administrativo y la legalidad vigentes? -“¿Es efectivo que los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas deben hacerle a la Unidad de Concesiones los trabajos de ésta, pero con remuneraciones iguales a un tercio o a la mitad de los que como especia-listas en concesiones fueron contratados a precio de mercado por esta misma unidad? -“¿Es efectivo que funcionarios de exclusiva confianza del Ministerio de Obras Públicas han recibido y/o reciben honorarios adicionales mediante boletas? -“¿Es efectivo que los contratos de estudio de ingeniería para la concesión de la Ruta 5 fueron otorgados por trato directo, es decir, sin llamado a licitación pública y por un costo cercano a los 5 mil millones de pesos?”. Entiendo que el Ministerio está facultado para suscribir contratos sin llamar a licitación pública en casos de catástrofe. Me pregunto si la Ruta 5 constituye o no una catástrofe. -“¿Es efectivo que el sistema de contra-tos de los agentes públicos, en cuanto a su responsabilidad y derechos, no están regidos por ningún reglamento?”. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- ¿Me permite, señor diputado? El señor Ministro le solicita una interrupción. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Con gusto se la concedo. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Señora Presidenta, a partir de la segunda o tercera pregunta el Diputado señor René García siguió leyendo tan rápida-mente que no pude tomar notas. Si el señor diputado quiere que le responda de inmediato -dijo que de mi respuesta dependía su voto-, tendría que leer más lentamente. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Continúa el Diputado señor René García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Ministro, le haré llegar fotocopia de mis preguntas. Esto es como las funciones críticas. Como mi voto es decisivo, esperaré su respuesta; porque los funcionarios que desempeñan funciones críticas dependen de su jefe superior y hacen únicamente lo que éste les diga. -“¿Es efectivo que los contratos de estudio de ingeniería para la concesión de la Ruta 5 fueron otorgados por trato directo...” La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Señor diputado, el señor Ministro le solicita una nueva interrupción. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Con gusto, señora Presidenta. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Señora Presidenta, quiero que el señor diputado sea claro en el planteamiento de sus inquietudes. Él ha dicho que desea formular preguntas por su intermedio. Si él me las entrega por escrito, obviamente, las devolveré por el mismo medio; pero como pretendo que el proyecto se vote en esta sesión, le responderé ahora. Entonces, debe leer más lentamente. Eso es todo. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Continúa el señor diputado. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Bien, señor Ministro, trataré de leer más lentamente; pero no tome nota porque -como dije- al término de mi intervención le haré llegar una fotocopia de lo que estoy leyendo. -“¿Es efectivo que los contratos de estudio de ingeniería para la concesión de la Ruta 5 fueron otorgados por trato directo, es decir, sin llamado a licitación pública, y por un costo cercano a los 5 mil millones de pesos? -“¿Es efectivo que el sistema de contrato de los agentes públicos, en cuanto a su responsabilidad y derechos, no está regido por ningún reglamento? -“¿Es efectivo que, para la aplicación de las funciones críticas, el jefe superior del servicio es de generación netamente política, determina a quiénes se elige para ejercerlas, cuánto se les paga, si el contrato se otorga por uno o tres años y si el desempeño del elegido es satisfactorio o no?” Reitero, mientras no estén satisfactoriamente respondidas estas preguntas -emplean-do por analogía el mismo concepto de desempeño satisfactorio de las funciones críticas-, no es conveniente aprobar el proyecto, pues introducirá elementos adicionales de discrecionalidad exclusivos para el Ministerio de Obras Públicas, los que no han sido entregados a ninguna otra cartera ministerial. Como tales elementos son aplicables sólo para los funcionarios de “no confianza”, quedan excluidos, extrañamente, los de “confianza exclusiva”, quienes, por ejemplo, estarán liberados de concursar. También resulta extraño que un funcionario de confianza -por no concursar y, por lo tanto, no estar expuesto a perder un con-curso-, siempre volverá a su puesto original, pero nunca quedará expuesto a retirarse por cinco años del servicio y no tendrá la obligación de devolver, en UF y con intereses bancarios, la legítima indemnización a que tiene derecho cualquier ciudadano. Un funcionario de no confianza que ha servido al Estado debe, en cambio, comprar su derecho a postular, con la devolución de su indemnización. Es realmente extraña o novedosa esta modernización del Ministerio de Obras Públicas. Como decía al inicio de mi intervención, sólo las adecuadas respuestas que dé el señor Ministro a mis preguntas, eliminarán mi inquietud sobre lo que ha pasado o pasa al interior del Ministerio de Obras Públicas. Sólo así podré emitir mi voto fundado para cooperar en la solución real y no de parche de los problemas tradicionales que aquejan a todos y no sólo a algunos funcionarios elegidos del Ministerio de Obras Públicas, como se desprende del texto del proyecto de ley. Como este proyecto lo he seguido desde sus inicios, voy a entregar fotocopia de mis preguntas al señor Ministro. Le pido que me disculpe por haber leído tan rápidamente, ya que el tiempo nos apremia. Sé que hay cinco mil millones de pesos empozados para ser repartidos a los funcionarios. Esto me hace pensar si en realidad les interesa el proyecto, o más bien recibir los millones que se van a repartir entre los beneficiarios. Después que el señor Ministro me con-teste, seguiré en el tiempo que resta. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, como se deduce de las palabras del Diputado señor René Manuel García, estamos en un típico doble estándar. Él representa la voz de un pequeño sector de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Por una parte, se pide que se flexibilice la mano de obra en el sector privado y, por otra, queremos rigidizar la del público. Hay que aclarar las cosas: este proyecto apunta en la dirección de modernizar al Estado. Una de las premisas de este cometido es contar con funcionarios que tengan la preparación adecuada, la calificación técnica y que, además, permanezcan en él, porque el drama del Estado es que los funcionarios se retiran por problemas de remuneración. En virtud del proyecto, este Ministerio invertiría alrededor de 7 mil millones de dólares en infraestructura, y como requiere personal calificado, privilegia la denomina-da “función crítica”. En la modernización del Estado no podemos tener doble estándar ni doble discurso: pero cuando queremos flexibilizar su aparato de funcionarios, lo rigidizamos con una serie de cortapisas que impiden avanzar en la dirección que tanto piden los partidos de Oposición. Todos vivimos el drama de que los funcionarios públicos, que deben cumplir un rol, desgraciadamente no perciben la remuneración adecuada. Este proyecto quiere conservar esas funciones y tener una planta crítica que permita asignarles mayores re-cursos a quienes las desempeñan. Además, creo que el proyecto resguarda absolutamente la carrera funcionaria, porque aquel funcionario que no quiera acceder a la función crítica, podrá permanecer en la función de su actual cargo, lo que le asegura la posibilidad real de defender sus derechos laborales. También es importante señalar que la provisión de los cargos, tanto de planta como a contrata, que implique el desempeño de funciones críticas, será por concurso público y permanecerá en estos cargos durante un período no menor de un año ni mayor de tres. Cualquier funcionario que esté desempeñando en este momento una función crítica, podrá o no acceder a su planta. O sea, los funcionarios tienen la facultad de optar. Por último, el proyecto dispone que se conservará la actual dotación del personal del Ministerio de Obras Públicas: tan sólo 850 funcionarios conformarán esta función crítica. En definitiva, el proyecto apunta en la dirección correcta de modernizar el Estado y de agilizar la función pública. Por ello, la Cámara, que tantas veces ha solicitado al Ejecutivo la modernización del Estado, debe aprobarlo. Por último, creo muy importante que demos una señal clarísima de que estamos por privilegiar la función técnica de mayor calificación -el proyecto apunta en ese sentido-, resguardando, además, los intereses de los trabajadores que en la actualidad se desempeñan en el Ministerio de Obras Públicas. No aprobar la iniciativa nos pondría en contradicción con todos los planteamientos que hemos tenido como Cámara y organismo legislativo, apuntando en una dirección que es vital para una modernización del Estado, al cual todos reconocemos muy atrasado desde el punto de vista del desempeño funcionario. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del Subsecretario de Obras Públicas, señor Guillermo Pickering. No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, ante todo, es bueno hacer una defensa de los funcionarios públicos. Cuando en la Sala se genera un debate de estas características, no es conveniente dejar en el ambiente que los funcionarios públicos aspiran, no de buena forma, a obtener determinados beneficios del Estado, como serían ciertas cantidades de dinero asignadas en la Ley de Presupuestos u originadas mediante algún proceso de modernización, como el que aprueba plantas especiales, como la que está en discusión. No es bueno introducir un elemento así cuando se está generando un debate con altura de miras sobre un punto importante para la modernización del Estado. Como antecedente ilustrativo del debate, debo señalar que en 1990 el Ministerio de Obras Públicas tenía una inversión cercana a los 200 millones de dólares y hoy es de alrededor de 2.000 millones. Obviamente, la planta de 8 mil funcionarios de que dispone de aquel tiempo, no guarda relación con el nivel de inversiones. En términos globales, es obvio que estamos frente a una secretaría de Estado que realiza inversiones, por lo que los procesos de generación y adecuación de las plantas se inscriben en el tema de la modernización del Estado. Ya discutimos un proyecto sobre la Contraloría y las necesidades de reformular, replantear y rediseñar su planta. Si se analiza la mayoría de los servicios públicos, se podrá advertir que sus plantas están totalmente obsoletas o discordantes con los nuevos tiempos y con los desafíos del Estado y del gobierno, en particular el del Presidente Frei. Tampoco queda claro si el tema de la defensa o crítica hecha por uno de los colegas que me antecedió en el uso de la palabra dice relación o no con la estabilidad. Si de eso se trata, revisemos los porcentajes de funcionarios a honorarios o a contrata del Ministerio. El proyecto, obviamente, permite terminar con los contratos, con toda discrecionalidad; y quien no sabe eso, significa que no entiende cómo funciona jurídicamente el tema de la estabilidad absoluta en la Administración Pública. Naturalmente, el proceso de modernización que se ha emprendido es importante y no tiene otro objetivo que adecuar la planta a los nuevos requerimientos del Ministerio. En consideración con ello y a una serie de antecedentes que obran no sólo en poder de la Cámara, sino también de la Comisión mixta, del Senado y de quienes han estudia-do el tema, es importante aprobar esta iniciativa a la brevedad para que, de una u otra forma, se produzca una mayor dinamización del proceso ya iniciado por el Estado y por el Gobierno de la Concertación, en el sentido de generar mayores inversiones en beneficio de la gente; que el progreso y el desarrollo alcancen a cada uno por igual. He dicho. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, solicito que recabe nuevamente el acuerdo de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Obras Públicas, porque es interesante escuchar a un funcionario de Gobierno que conoce del tema. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para proceder en los términos indicados. No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, me impresiona la miseria moral e intelectual que exhibe la Derecha en esta clase de debates. En primer lugar, se supone que es de su interés aclarar a fondo los aspectos que conciernen al proyecto. Sin embargo, a renglón seguido, en una actitud mezquina e incalificable, se niega a que ingrese a la Sala el Subsecretario, autoridad que maneja directamente estos temas en el Ministerio. Pero hay un problema ético que me resulta aún más repugnante, para decirlo en forma clara. El Diputado señor René García dijo, en un tono de alarma, que es peligroso que 800 funcionarios queden en calidad de confianza. Entonces, uno tiene derecho a preguntarse, ¿este señor nació a la vida en 1989? ¿Acaso no estuvo vinculado, ya sea directamente como funcionario o haciendo negocios precisamente con el gobierno en donde toda la Administración del Estado quedó en carácter provisional y de confianza durante 17 años, sin la más mínima seguridad en el cargo? En materia de fiscalización de la gestión pública hay que tener un mínimo de solvencia moral para practicarla. De lo contrario, resulta un fraude para la ciudadanía el que se alcen como catones de la moralidad pública aquellos que vulneraron los más elementales principios de probidad reiteradamente durante 17 años. Deberían, por pudor, guardar silencio cuando estos temas son expuestos en la Sala. Aquí en Chile todos nos conocemos; sabemos cada uno su trayectoria y, particularmente en las bancadas de enfrente, donde hay muchos rabos de paja, razón por la cual no les aconsejo acercarse demasiado al fuego. He dicho. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, he sido aludido. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Diputado señor García, de acuerdo con el Reglamento, puede intervenir al final de la sesión. Han hecho uso de la palabra el número de diputados que indica el Reglamento, pero quedan inscritos los Diputados señores Víctor Pérez y Guillermo Ceroni, por lo cual solicito el acuerdo de la Sala para otorgarles cinco minutos a cada uno y luego proceder a la votación. ¿Hay acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez, hasta por cinco minutos. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, el discurso del Diputado señor Ávila le hace un flaco favor al proyecto. Le quiero recordar que los 120 diputados hemos sido elegidos por el pueblo para ser sus representantes y tenemos el legítimo derecho de expresar nuestras opiniones, le gusten o no a su Señoría. Lo importante es que la Sala escuche las diversas aproximaciones que tenemos los diputados sobre un determinado tema. Por lo tanto, cuando se discute un proyecto tan importante e interesante como éste, opiniones como la del Diputado señor Ávila sólo rebajan el debate. Señor Presidente, entre el 16 y el 17 de abril de 1996 se discutió este proyecto en la Cámara, aprobándose finalmente por 74 votos a favor, 4 en contra y 2 ó 3 abstenciones. El texto propuesto por la Comisión mixta tiene pocas variaciones con el que la Cámara aprobó. Por eso, a mi juicio, el resultado de esta votación es absolutamente predecible. Por la UDI, en esas dos fechas hablaron los Diputados señores Masferrer y Orpis, quienes expresaron su acuerdo en la aproximación técnica del proyecto, puesto que permitía asociar la remuneración con el concepto de productividad y otorgaba mayores grados de flexibilidad a la Administración Pública. Por lo tanto, ambos expresaron su acuerdo y la votación favorablemente de la bancada a este proyecto de ley. Pero ambos también expresaron sus dudas e invitaron a una reflexión: por qué una acción de modernización en un determinado ministerio no se llevaba a cabo en el conjunto de la Administración Pública. Hoy queremos reiterar este aspecto. La gran duda que existe es este avance absolutamente irregular que se produce entre los distintos estamentos de nuestro Estado, en particular, en la Administración Pública. No hay un proyecto similar en ningún otro servicio público ni en ningún otro ministerio, y eso llama la atención, porque todos los sectores políticos han manifestado la posibilidad real de avanzar en la modernización de la Administración Pública. Y frente a una iniciativa como ésta, uno puede tener opiniones, temores, enfrentarse a riesgos. Por eso, el primer temor y la pri-mera duda que uno plantea en este debate -y es legítimo volver a hacerlo- se relaciona con el hecho de advertir a un ministerio que actúa autónoma e individualmente, frente a las diversas modernizaciones del Estado. Ningún otro ministerio actúa de esa manera. De la misma manera como se lo requerimos al Ministro de Obras Públicas señor Lagos en la Comisión mixta, por medio del Senador señor Cantero, queremos saber la respuesta del Estado, del Gobierno, que es el administrador de todos los servicios públicos, frente a esta dispareja relación de avance en la modernización del Estado. Ése es, sin duda, uno de los aspectos que no ha tenido respuesta al término de la tramitación del proyecto. Recuerdo que el 16 de abril del año pa-sado, el Diputado señor Masferrer manifestaba también ciertos temores sobre lo que podía significar para los funcionarios de planta la dictación de un proyecto de esta naturaleza. Ahora puedo señalar que tanto en la tramitación en esta Cámara como en el Senado y, luego, en la Comisión mixta, esos temores, de una u otra manera, han sido minimizados a través de modificaciones legislativas que nos parece importante valorar y legitimar. Si las organizaciones laborales han manifestado el temor de que el proyecto permitiría perseguir y despedir a quienes por años han trabajado en el Ministerio de Obras Públicas, sin duda alguna, uno no podría estar de acuerdo. Pero si verdaderamente es para modernizar, para entregar flexibilidad, para unir remuneraciones de productividad, nuestro apoyo está. Las modificaciones introducidas en el artículo 5º permanente, en el sentido de que siempre el acceso a la posición crítica es voluntario, me parece un avance sustancial, y no menor, en el proyecto. También me parece que el procedimiento utilizado para que el jefe superior establezca que el desempeño de determinado funcionario es satisfactorio, les da, incluso, mayor estabilidad que la que hoy pueden tener los funcionarios a contrata o los agentes públicos, toda vez que se tiene que dictar una resolución fundada y otorgarse un plazo de funcionamiento. Por ello, la bancada de la UDI votará favorablemente el proyecto, en el entendido de que esto va en el camino de la modernización y no en el de la persecución de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Por cinco minutos, tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que éste es un proyecto que va por el camino de la modernización del Esta-do. Desde ese punto de vista, es claro que está indicando por dónde debemos ir, para así poder aplicarlo en otras situaciones y lograr que nuestro Estado tenga instituciones eficientes, con el personal adecuado y con profesionales de primer nivel. Para nadie es desconocido que el personal que, muchas veces, durante largos años adquiere una gran experiencia en el sector público, después es atraído por el sector privado con remuneraciones muchísimo más altas. Desde ese punto de vista, es absolutamente adecuado que, a través de la planta de función crítica, se aumente la remuneración de ese personal y de esos profesionales entre 10 y 40 por ciento. Consideramos que el proyecto es de primera magnitud, sobre todo en un Ministerio que tiene un papel tan fundamental en el desarrollo económico del país. No podemos continuar avanzando por la senda del desarrollo sin las obras de infraestructura necesarias en caminos, puertos y otros. Nuestra integración, nuestro comercio con los países vecinos requiere cada vez mejores y más obras de este tipo. Pero, para ser eficientes en estos aspectos, necesitamos personal de primer orden. Aun cuando se podrían dar muchos otros, los argumentos acerca de lo beneficioso y positivo del proyecto ya se han planteado. Por lo tanto, la bancada del PPD lo apoyará, pues tiene claro que va por el camino de la modernización del Estado. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, deseo recordar que en abril de 1996 la Cámara aprobó este proyecto por inmensa mayoría. La razón por la cual se ha centrado fundamentalmente en los funcionarios de Obras Públicas es por la naturaleza de la institución. Hay ministerios que se dedican a funciones de regulación, de administración o, en este caso, de inversión. Lo que ocurre es que el concepto de planta, en la forma definida por el Estatuto Administrativo, no es del todo aplicable al Ministerio de Obras Públicas. Hay un conjunto de funciones respecto de las cuales procede una planta permanente, pero hay otras, muy importantes, que se hacen de acuerdo y en magnitud con el volumen de inversión. No es lo mismo invertir 200 millones que mil millones de pesos, a los cuales deben agregarse 1.500 millones adicionales por concesiones. No es lo mismo fiscalizar 400 ó 500 contratos que 1.600, como se hace hoy. Por lo tanto, debe haber una relación entre la magnitud de la inversión, el número de funcionarios y, por qué no decirlo, el mercado, que también opera en este ámbito. Cuando hay un volumen creciente de inversión, la demanda en el sector privado se hace sentir automáticamente en los profesionales del Ministerio. Si no estuviésemos invirtiendo los volúmenes actuales, no existiría la grúa -discúlpenme la expresión- del sector privado respecto de los profesionales del Ministerio. Cuando un funcionario me anuncia que se retira del Ministerio, mi única respuesta consiste en decirle que piense que en el sector privado no tendrá inamovilidad. No tengo otra. Hemos estado buscando establecer, res-pecto de un conjunto importante, un grupo de funciones críticas. ¿Qué quiere decir esto? En Chile existen cinco o seis ingenie-ros que saben sobre la calidad de los asfaltos. En el Ministerio de Obras Públicas disponíamos de tres, los cuales han presentado su renuncia. Ahora, si queremos ver la calidad de los asfaltos, debemos contratar funcionarios fuera del Ministerio. Ésa es la razón por la cual el proyecto se planteó, en primer lugar, respecto del Ministerio de Obras Públicas. No digo que no sea aplicable a otros entes de la Administración del Estado. También me parece muy importante señalar que en su trámite en la Cámara, en el Senado y en la Comisión mixta, el proyecto ha sido perfeccionado en un conjunto de temas; entre otros, que los funcionarios de planta a los cuales se señale que sus funciones pasan a ser críticas, pueden de-terminar si quieren o no entrar a esta carrera de funciones críticas. En otras palabras, si a un funcionario que sabe mucho de puentes le digo que ésa es una función crítica y él señala que prefiere quedarse donde está, puede hacerlo y seguir prestando servicios en el Ministerio. Si se considera capacitado y competente para entrar a la planta de funciones críticas, y está convencido de que se mantendrá en el cargo, no me cabe duda de que cuando haya un concurso postulará. Como dije en la Comisión mixta, el problema no está en que queramos echar a los funcionarios, sino en que ellos se van. En la actualidad, el Ministerio de Obras Públicas tiene una cantidad de funcionarios a contrata extraordinariamente elevada. Hay l.549 profesionales, de los cuales 715 están a contrata, lo que significa que no tienen ningún grado de inamovilidad. Ninguno. Están todos sujetos al arbitrio de la autoridad política. En Vialidad, de 761 funcionarios, 419 están a contrata, o sea, más del cincuenta por ciento. El proyecto busca establecer una situación distinta, mediante un procedimiento idóneo, en donde aquellos funcionarios que voluntariamente quieran estar en la función crítica puedan hacerlo a través de un con-curso, el que estará compuesto por un jurado; o sea, se podrá apelar y reclamar ante una instancia. Quienes hoy están a contrata no tienen a quién reclamar. En consecuencia, el argumento de que estos funcionarios quedan sujetos a la exclusiva confianza es absolutamente inexacto. Ellos estarán afectos a una modalidad de concurso y de reclamación -sin perjuicio de lo que dice la Contraloría General respecto de los resultados del concurso-, integrado por el jefe directo, un representante del personal para evaluar el concurso y el jefe de servicio respectivo. En el Estatuto Administrativo no hay instancia alguna que otorgue más garantías a los funcionarios que las que establecemos respecto de la función crítica. Por lo tanto, es indispensable entender que estamos dan-do un paso importante en tanto implica una forma distinta de entender al funcionario público. Al mismo tiempo, se señala la posibilidad de dictar un reglamento que mejore esta situación. En otras palabras, decir que quedan al arbitrio de la autoridad implica desconocer una realidad que existe hoy en el Ministerio donde más de la mitad sí está al arbitrio de los funcionarios de designación política. No necesito decir que en este período ningún funcionario puede decir que salió por una razón política. Ninguno. Por otra parte, me parece que el tema del agente público es importante, y lo quiero explicar. El señor VILCHES.- Señor Ministro, con todo respeto le solicito una interrupción. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, según el procedimiento adoptado no se pueden conceder interrupciones. ¿Habría acuerdo de la Sala? No hay acuerdo. Puede continuar señor Ministro. El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Los agentes públicos son la única modalidad con la que hemos contado en el Ministerio para abordar el desafío que implica la magnitud de inversiones que tenemos. Es fácil decir por qué no se responde o se vigila mejor; pero cuando hay una licitación por 750 millones de dólares, como lo hemos hecho recientemente para el tramo Santiago-Talca, y podemos nombrar sólo un inspector fiscal para vigilar esa obra, de más está decir que dicho funcionario debe tener una remuneración acorde con el desafío que eso significa. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dar carácter de agente público a un funcionario del Ministerio, a fin de que obtenga una remuneración adecuada, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Por último, quiero señalar que se plantean 850 funciones críticas, con un rango que va de 10 a 40 por ciento de mejoramiento en las remuneraciones. Esas 850 corresponden a una definición legal. Si mañana hay un aumento o una disminución de inversión -que no se define anualmente en la Ley de Presupuestos-, será el momento para aumentar o disminuir ese guarismo. Lo que está de por medio, diría, es una forma o modalidad de entender la modernización de la función pública y no me parece realista que ante un procedimiento de esta naturaleza, que introduce flexibilidad en el Estatuto Administrativo, se pretenda mantener una camisa de fuerza que hace imposible a un Ministerio ejercer sus funciones. Efectivamente, en el tema de las concesiones hay un conjunto de funcionarios que tienen una remuneración por la vía de honorarios o de agente público, pero entenderán también los señores parlamentarios que de otra manera es imposible establecer una amplia industria nueva, como la de las concesiones, que nos ha permitido movilizar 3.500 millones de dólares -recuerdo que nuestro presupuesto alcanza a 1.000 millones de dólares anuales- y avanzar en forma significativa en la solución del cuello de botella que existía en el país. Finalmente, quiero recordar que el in-forme de la Comisión mixta fue ampliamente favorable al proyecto, con 8 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. Confío sinceramente en que, con la votación de la Cámara, podremos introducir una mejoría sustancial en las remuneraciones de los profesionales del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Por un punto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, el señor Ministro se ha expresado con mucha claridad sobre el proyecto, pero quiero recordar mi intervención en la Sala con ocasión del estudio de este mismo proyecto, respecto de un funcionario, director del departamento de arquitectura de Copiapó, que fue exonerado por razones políticas. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, reglamentariamente no corresponde lo que está diciendo su Señoría. El señor VILCHES.- Es reglamentario porque corresponde a la cita textual de mi intervención, y como el señor Ministro recién dio esta información, quiero dejar establecido que lo señalado por él con tanta firmeza, no es cierto. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Cerrado el debate. En votación la proposición de la Comisión mixta. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). -Se abstuvieron los Diputados señores: Caminondo, Cardemil, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Kuschel y Vargas. VIII. PROYECTOS DE ACUERDO CONFORMACIÓN DE COMISIÓN INTER-MINISTERIAL PARA MEJORAR LAS CON-DICIONES DE VIDA DE LOTA. (Continuación). El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 41, de los señores Fossa, Delmastro, Caminondo, Van Rysselberghe, señora Guzmán, doña Pía; señores Díaz, Álvarez, Bartolucci, Galilea, don Pablo; señora González, doña Rosa; señor Monge, señora Pérez, doña Lily; señores Vargas, Orpis, Palma, don Joaquín, y Bertolino, relativo a la creación de una comisión interministerial para resolver los asuntos de Lota. Este proyecto fue leído en la sesión anterior y sólo queda pendiente su discusión. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Fossa. El señor FOSSA.- Señor Presidente, el proyecto fue presentado en una sesión pasada con motivo de la crítica situación que está viviendo Lota, y quiero solicitar a la honorable Sala que tenga a bien apoyarlo, puesto que, en definitiva, va en bien de su comunidad. Los señores diputados tienen en su poder un informe técnico muy objetivo sobre la situación actual de esa ciudad, y en el que se contienen también algunas propuestas para solucionar sus problemas. En él hemos transmitido el nivel de pobreza en que se encuentra la comuna. Hemos dicho que su población se encuentra en edad económicamente activa; sin embargo, con un desempleo que alcanza índices extraordinariamente altos. Hemos alabado el programa integral que el Gobierno impulsa a través de la Corporación de Fomento. Pensamos que va en la dirección correcta, pero también que es insuficiente para lograr los objetivos que pretendemos. La pobreza y desempleo en que se encuentra la comunidad lotina ha llegado casi a la desesperanza. Hay problemas terribles en salud y en educación; pero no quiero extenderme en problemas puntuales, porque todos debemos entender que, en primer lugar, es necesario revertir la situación de desempleo. En la medida en que seamos capaces de promover algunas ideas o métodos que nos permitan salir de esa situación, cambiaremos definitivamente la imagen que tienen los lotinos en este momento. Solicitamos la formación de una comisión interministerial, de alto nivel, que, agregada a una buena secretaría ejecutiva, permita activar el problema de la reconversión de Lota. Desde ya, estamos dispuestos a apoyar esta gestión en forma activa en la zona y a hacer participar a los organismos vivos, que tan esperanzados están, en superar la situación por la que atraviesa Lota. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Urrutia. El señor URRUTIA.- Señora Presidenta, apoyo este proyecto y felicito al Diputado señor Fossa por su excelente fundamentación en el documento escrito que nos ha hecho llegar. En Arica sabemos bien que las zonas que sufren graves problemas de desarrollo económico deben contar con una protección especial por parte del Gobierno y, naturalmente, una ley específica o comité interministerial constituye un apoyo junto con las otras medidas propuestas. Pienso que el Gobierno debe crear organismos permanentes de apoyo a las zonas que están sufriendo graves problemas económicos para evitar caer en medidas coyunturales como las que hemos visto hasta ahora, las cuales ¡claro! cumplen el objetivo de mejorar la situación, pero, una vez que lo hacen, desaparecen. Esta petición que formula el Diputado señor Fossa en favor de Lota, nos indica el camino a seguir, en el sentido de que el Gobierno cree instancias que en forma permanente planifiquen medidas de apoyo e incentivos a zonas, como Lota, que sufren graves consecuencias económicas. Según leo, tiene una cesantía que alcanza a un 24 por ciento, lo cual es un desastre. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 5 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arratia, Alessandri, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Kuschel, Leay, Longton, Lorenzini, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Mora, Mulet, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Vilches y Walker (don Ignacio). -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Girardi, Letelier (don Juan Pablo) y Montes. -Se abstuvieron los Diputados señores: Ávila, Encina, Muñoz (doña Adriana), Naranjo y Villouta. MODIFICACIÓN DE ENCUESTA SOBRE VULNERABILIDAD ESCOLAR Y SUBSIDIO A ALIMENTACIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 44, de los señores Errázuriz, Alessandri, Álvarez, García-Huidobro, Monge, Bertolino, García, don René Manuel; Pérez, don Víctor; Mulet, Alvarado, Palma, don Osvaldo; señora Pollarolo, doña Fanny; señores Velasco, Naranjo, Díaz, Montes, señora Cristi, doña María Angélica, y señor Molina. “Considerando: 1.Que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entrega alimentación gratuita al ciento por ciento de los alumnos de los establecimientos cuyo índice de vulnerabilidad supere el 50 por ciento de los escolares. 2.Que para medir el índice de vulnerabilidad, los profesores encuestan a los alumnos de primer año, según una encuesta tipo elaborada por la propia Junaeb, y su resultado se proyecta al resto del establecimiento. 3.Que algunas de las preguntas son respondidas erróneamente, como la relativa a los estudios de los padres, porque no quieren aparecer con bajos estudios; otras, como el número de caries que tiene cada niño, apreciadas a simple vista, se presta para respuestas imprecisas o subjetivas, pues dependerá de la capacidad de observación de la madre o el padre. Todo ello se traduce en resultados que perjudican a los niños por cuanto sus padres figuran con más estudios de los que efectivamente tienen o los niños con una dentadura irrealmente sana. 4.Que ese resultado, obtenido de un primer año y proyectado al resto del establecimiento, lleva como consecuencia el que difícilmente el índice de vulnerabilidad supere el 50 por ciento, impidiendo que todos los niños reciban alimentación escolar completa y gratuita. La Cámara de Diputados acuerda: 1.Solicitar a los señores Ministros de Educación e Interior que la encuesta para de-terminar el índice de vulnerabilidad escolar se haga a través de los departamentos sociales de las municipalidades y no por la vía de llenar un formulario en la casa o en la escuela, bajo la dirección de un profesor. 2.Solicitar al señor Ministro de Educación se estudie alguna fórmula de subsidio a la alimentación escolar de niños que vayan a establecimientos sin pago de mensualidades o con mensualidades bajo un determinado mínimo, y que no tengan derecho a la alimentación de la Junaeb”. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señora Presidenta, este proyecto de acuerdo nace de una encuesta que elaboró la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por la cual se pregunta sobre diversos temas a alumnos de primer año básico, y su resultado se proyecta al resto del establecimiento. Si más del 50 por ciento de los estudiantes tienen el carácter de vulnerables, la Junaeb otorga alimentación gratuita al ciento por ciento de ellos. Pero, qué ocurre con esa encuesta. Voy a leer algunas preguntas y pido, por favor, que me digan con qué seriedad los niños o los profesores pueden contestarlas. Por ejemplo, problema de visión: Sí-No. Para que se establezca que un niño no ve, tiene que estar prácticamente ciego, porque ¿cómo va a determinarse a simple vista? Problema de audición: Sí-No. ¿Cómo va a saber un profesor si el niño escucha o no? Está probado que gran parte del bajo rendimiento escolar no es porque los niños sean tontos, sino porque, sencillamente, no escuchan bien, y ese problema no se puede saber a simple vista. Problema de oclusión -he preguntado a varios colegas qué significa esto. Nadie sabe-: Sí-No. Pero el súmmum está en la letra k), en la pregunta que dice: Caries: Observar maxilar superior e inferior. Alternativa 1: No se observan caries. Alternativa 2: Una caries; dos caries; tres caries; cuatro caries; cinco o más caries. O sea, se pretende que el profesor le abra la boca al niño y le cuente, con los dedos, cuántas caries tiene. Necesidad dental: Sí-No. Para que se detecte que un niño tiene necesidad dental, deberá estar bramando, porque mientras no grite ni llore de dolor no se va a considerar que tiene necesidad dental. Esta encuesta, llenada en esa forma, se proyecta al resto del establecimiento. ¡Por cierto que en esa forma casi ningún estable-cimiento tiene índices de vulnerabilidad superior al 50 por ciento! Por eso, en este proyecto de acuerdo se propone lo siguiente: En primer lugar, que las municipalidades hagan esta encuesta a través de su departamento social y con la estructura necesaria. La realizarán en forma mucho más seria. Además, está probado que los padres, muchas veces, en preguntas relativas a sus estudios, contestan equivocadamente, por-que les da vergüenza decir que poseen pocos estudios. Eso, en vez de favorecer a los niños, los perjudica. En segundo lugar, que se estudie la posibilidad de un subsidio de alimentación para aquellos niños que no paguen o que paguen muy poco en escolaridad. En la medida en que se alimenten bien, sobre todo cuando son niños, serán capaces de asimilar mucho mejor la enseñanza que se les imparta y van a estar en mejores condiciones para trabajar, en su vida laboral, el día de mañana. Ése es el objeto del proyecto. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Mulet. Queda un minuto. El señor MULET.- Señora Presidenta, soy partidario del proyecto porque, en reuniones con concejales y profesores de Alto del Carmen, he verificado las dificultades que existen al llenar este formulario y, además, la necesidad de que la encuesta se adecue a los requerimientos de la reforma educacional, como, por ejemplo, que considere que los niños van a asistir a una jornada escolar completa. Repito, he detectado en mi zona que existen errores en esta materia, por eso es importante que se apruebe el proyecto de acuerdo. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señora Presidenta, el problema es de gran complejidad. Comparto la inquietud planteada por los diputados firmantes del proyecto de acuerdo en cuanto a la indiscutible necesidad de revisar el instrumento a través del cual se declara la vulnerabilidad en los establecimientos educacionales. Pero en mi opinión, la solución propuesta no es la correcta, a lo menos, por tres motivos. En primer lugar, no se cuestiona el instrumento para calificar la vulnerabilidad, que debe ser revisado. En segundo lugar, no se dice quién lo aplica. La propuesta de trasladarlo cambiaría el rol de los departamentos sociales de los municipios. ¿Quién lo aplica hoy? Existe un problema al respecto. Por un lado, los profesores lo hacen en forma voluntaria y, por otro, no corresponde sacarlo del departamento de educación de los municipios, en el caso de que se decidiera radicarlo en ellos. Comparto el criterio de establecer un procedimiento distinto, pero el que se pro-pone tampoco es el adecuado. Por último, la fórmula de subsidio a la alimentación escolar de niños que vayan a establecimientos sin pago de mensualidades o con mensualidades de determinado mínimo, nos introduce a otro debate y crea, a lo menos, una interrogante. Soy partidario de revisar el instrumento y los procedimientos, de que haya normas claras al respecto; pero el número 2) es muy ambiguo. Por ese motivo, no votaré a favor. Si de verdad se quiere avanzar sin demagogia, pido a los colegas patrocinantes que retiren el proyecto de acuerdo, con el objeto de reformularlo y de abordar el problema de fondo: el instrumento, del que sólo se cuestiona su aplicación. Tengo la convicción de que el instrumento es el equivocado. Por ejemplo, la consulta acerca de la escolaridad de los padres nada tiene que ver con los niveles de ingreso de la familia. Porque creo que los criterios del proyecto de acuerdo son errados, no lo votaré a favor. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, obviamente, no se ha cuestionado el instrumento, y parece que por esta vía se pretende otra cosa, sobre todo en consideración a lo que se propone en el punto 2) del proyecto de acuerdo. No quiero pensar mal de nuestro colega. Es claro que existen ciertos problemas en la aplicación de la encuesta, pero incluso se propone que determinados establecimientos no tengan derecho a la alimentación de la Junaeb. El problema amerita más que un simple proyecto de acuerdo. La aplicación del instrumento dice relación, en definitiva, con su diseño, como se ha podido corroborar en cada una de las escuelas. Para que quede en la versión, citaré el caso del segundo puntaje a nivel nacional de los particulares subvencionados, una escuela de Requínoa, de mi distrito. Ahí hubo problemas en esto, pero fueron corregidos. La vía que se propone no es correcta, y considerando el numeral 2) del proyecto de acuerdo, debe ser rechazado categóricamente. La intención, en términos generales, puede ser buena, pero con la inadecuada redacción o una mala interpretación puede generarse un problema aun mayor. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 6 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Alvarado, Arratia, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Coloma, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Errázuriz, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Krauss, Kuschel, Longton, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Olivares, Orpis, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe, Vega, Velasco y Vilches. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Ávila, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Gutiérrez, Navarro, Ojeda, Ortiz, Pareto, Pérez (don José), Rincón, Salas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura) y Villouta. -Se abstuvieron los Diputados señores: Ceroni, Hales, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Saa (doña María Antonieta) y Walker (don Ignacio). IX. INCIDENTES RECHAZO A CRÍTICAS A LA JUNTA NA-CIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señora Presidenta, cuando el 14 de abril escuché al Diputado señor Maximiano Errázuriz sus planteamientos y acusaciones en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Be-cas, quedé preocupado y molesto a la vez, ya que lamentablemente este colega se ha dedicado a hacer una serie de acusaciones y declaraciones por los medios de difusión, especialmente escritos, en contra de esta institución. Lo peor es que en ellas hace lucubraciones y da por efectivos o reales muchos te-mas que no puede probar debidamente, o de modo deliberado, oculta antecedentes que conoce perfectamente, sólo con el fin de dar mayor profundidad y aparente seriedad a sus dichos. El año pasado, cuando fue Presidente de la Comisión de Educación, formuló declaraciones anticipadas e hizo aparecerla como encargando que se investigara a la Junaeb, en circunstancias de que no se había acordado eso. Por esta razón, estuvo censurado por la Comisión dos veces. Sólo sus explicaciones débiles, y más que todo nuestra caballerosidad, lo salvaron de que las censuras prosperaran. Lógicamente, lo habrían dejado muy mal parado ante la opinión pública. Pero vemos cómo continúa con lo mismo en sus intervenciones; incluso, recién se acaba de tratar un proyecto de acuerdo que presentó sobre esa institución. Antes de sus intervenciones en la Sala del 14 de abril y de mediados de mayo, se encargó de difundir profusamente sus observaciones o dudas. Lo lamentable es que está desprestigian-do a esta institución, no sólo por las acciones incorrectas, ya sancionadas por la Contraloría, y subsanadas, en gran parte, con la recuperación de los dineros involucrados, sino que sus aclaraciones no salen en los medios comunicacionales y las declaraciones posteriores de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas no borran totalmente la imagen deteriorada que queda ante la opinión pública, que se impone solamente de una parte de ellas, por lo que cabe suponer que simplemente está disparando a la bandada, ocultando las respuestas a sus consultas previas y dejando inconclusas muchas acciones que él dice iniciar. Digo esto, en especial, porque en lo que se refiere a su intervención del 15 de abril, sobre los traspasos del contrato con Alidec, cuyos antecedentes ya le habían sido contestados personalmente, alcanzó a tal grado su irresponsabilidad y su afán desmedido de protagonismo barato, que en la querella anunciada y entregada por el Diputado señor Errázuriz ante los periodistas en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, el 20 de noviembre de 1997, pese a que esos trámites los había hecho ya el fiscal instructor de la Junaeb, posteriormente, no ratificó la querella ni pagó la suma que establece la ley para que se pueda iniciar su tramitación judicial. Es decir, la profusión y verborrea de sus declaraciones no pasó más allá de un volador de luces, o tiró la piedra y escondió la mano, ya que jamás ha reconocido sus errores o aceptado las explicaciones. Y si seguimos revisando sus dichos, resulta que el Contralor General de la República debe hacer un desmentido el 13 de noviembre del año pasado, por su manejada interpretación de un informe de la Contraloría. A no dudarlo, él mismo entrega al diario “La Segunda” una información -ese mismo día 13-, que nuevamente el Contralor debe aclarar, y ese diario después rectifica la información errónea publicada y entregada por él. En los documentos que entregaré para que se agreguen a mi intervención, aparece también cómo ha tratado de manejar arbitrariamente las cifras de los programas donde se usa el Índice de Vulnerabilidad Escolar, IVE, para la entrega de raciones de jornada completa, y se acaba de aprobar un proyecto de acuerdo sobre el sistema, pre-sentado por el mismo señor diputado, que, lamentablemente, involucra a profesores que están entregando lo mejor de sí para que dicho índice sea lo más real posible. Si queremos pensar mal, pero no tanto como él acostumbra, podríamos creer que muchas de sus descalificaciones tienden a desprestigiar a la Junta y a su acción, con el solo fin de que sea entregada al sector privado, del cual todos sabemos que es un acérrimo defensor e impulsor. Todo esto me molesta porque desde los inicios de la Junaeb, en 1965, he visto la dedicación y empeño de sus funcionarios y la cantidad enorme de los que sufrieron el rigor del gobierno militar, incluso de quienes fueron exonerados. Siempre he seguido su labor en los internados y en sus diversos programas de salud médico-dental, actividades culturales y artísticas en los internados, sufriendo con las manipuladoras de alimentos que continúan trabajando, pese a que muchas perdieron gran cantidad de garantías, incluso previsionales, tema del cual estamos preocupados con el Diputado Montes y otros parlamentarios, a fin de resolver esos problemas. Por favor, señor Errázuriz, sepa que estaremos siempre listos para defender, con altura de miras, a esta abnegada y servicial institución que cumple muchas tareas con extremo sacrificio, pese a que, como pasa en todo grupo de servidores -ahora o ayer, en el gobierno autoritario-, también hay personas que no son merecedoras de pertenecer a ella y, por lo tanto, reciben y seguirán recibiendo todo el peso de la ley. Serían muchos los antecedentes que podría entregar sobre la labor de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, ya que tengo varias estadísticas en mi poder, pero, en particular, me interesa señalar que en 1998 se está entregando un 6,2 por ciento más de los servicios y raciones que el año anterior; y que la encuesta que se impugna fue realizada con un 75 por ciento de la población escolar con riesgo social, lo que la hace el programa social mejor focalizado de los estudiados. Lo anterior indica que el índice de vulnerabilidad escolar constituye un buen instrumento para entregar el beneficio, dependiendo esto de la rigurosidad con que los establecimientos realizan la encuesta. Por otra parte, este año la Junta ha capa-citado, una vez más, a profesores de todos los establecimientos del país para que apliquen adecuadamente la encuesta, la que el año pasado fue aplicada con excelentes resultados -se han dado a conocer-, ya que son más de un millón los alumnos que están recibiendo todos estos beneficios. Y en el supuesto caso de que se traspasara a la municipalidad la ejecución del estudio, significaría que nuevamente habría que encuestar a 600 ó 700 mil familias, estimando que algunos padres tengan uno, dos o tres alumnos en los establecimientos educacionales. He dicho. DESIGNACIÓN DE MONSEÑOR FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ EN EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Enrique Krauss El señor KRAUSS.- Señora Presidenta, en primer lugar, me referiré a la toma de posesión del Arzobispado de Santiago de monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa, verificada el pasado domingo 17 de mayo. Evidentemente, tal designación tiene importancia para el mundo católico. En la expresión de la encíclica “Lumen Gentium”, cada uno de los obispos es el principio y fundamento visible de unidad en las iglesias particulares. En tal sentido, monseñor Errázuriz ejercerá el gobierno pastoral sobre la Arquidiócesis de Santiago, que le ha sido confiada, asistido por los presbíteros y diáconos, dirigiendo su propia iglesia como porción de la Iglesia universal, contribuyendo eficazmente al bien común de todo el Cuerpo Místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Los obispos son los predicadores del Evangelio, llevan nuevos discípulos a Cristo y son también los maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo. Sin embargo, el efecto didáctico y la pedagogía moral y social que implica el ejercicio de esta autoridad alcanza a todos los sectores de la sociedad chilena, en particular en un país con las características del nuestro. Por eso en los primeros días del ejercicio de la misión pastoral ejercida por monseñor Errázuriz, se ha destacado una actitud de carácter didáctico, que ciertamente ha llamado la atención no sólo de los que le debemos respeto y fidelidad, sino, en general, de la opinión pública chilena. Tal vez, en respuesta al asedio periodístico, monseñor Errázuriz se ha referido con altura, valentía y nitidez a aspectos cruciales en la vida contemporánea de nuestro país. Por una parte, ha hecho una convocatoria auténtica, dramática, requiriendo que se entregue información para tratar de cerrar la sangrante y dolorosa herida existente entre nosotros, por los detenidos desaparecidos. Se trata de una cuestión que posterga la posibilidad de convertir en realidad el espíritu de reconciliación que debiera animarnos. Es entendible que el nuevo pastor de la Iglesia de Santiago haya tenido el coraje de plantear este tema, aun en el entendido de que ese llamado pudiera producir reacciones contrarias, pues siempre hay quienes, reduciendo el ámbito de la labor de la Iglesia, quisieran que ella se replegara al interior de las parroquias. En este mismo plano, monseñor Errázuriz ha estimado pertinente recordar que el espíritu del perdón, tan caracterizante en la versión eclesial cristiana, debiera estar también presente en el análisis de estas situaciones. Pedir perdón, en nombre propio y también en el de las instituciones en las cuales hayan podido participar quienes hayan cometido excesos, no es una cuestión degradante, mortificante ni descalificadora; es simplemente un elemento importante, esencial e insuperable en la búsqueda de la reconciliación. Por último, monseñor Errázuriz ha hecho una referencia a la necesidad de superar las diferencias impuestas por el peso de la legislación vigente entre hijos legítimos e ilegítimos. Ha tenido plena razón en esta materia, puesto que, en rigor, no existen hijos legítimos o ilegítimos; son los padres los legítimos o ilegítimos. En consecuencia, respetando el valor esencial de la familia, ha propiciado evitar el escarmiento de este trato descalificador de niños que son inocentes respecto de la estructura jurídica que les pudiera ser aplicable, en una actitud cristiana que es imprescindible asumir. La presencia de monseñor Errázuriz es un estímulo y un reconocimiento, que corresponde establecer con mucha fuerza. Sin embargo, nada más alejado de esta intervención que pretender reivindicar, exclusivamente a favor de nuestro parecer, la autoridad de la Iglesia. Paulo VI lo dijo, en el sentido de que los seglares deben asumir, como tarea propia, la renovación del orden temporal, y que el papel de la jerarquía es enseñar e interpretar en forma auténtica los principios morales que hay que seguir en este terreno. En este sentido, católicos o no católicos, simplemente los hombres de buena voluntad, debemos entender que en las expresiones de monseñor Francisco Javier Errázuriz hay una invitación, una convocatoria al cumplimiento de nuestro compromiso; en el caso de quienes estamos en esta Cámara, de nuestro compromiso político. Por ello, queremos dejar constancia de la satisfacción con que apreciamos el inicio de esta misión y aspiramos a que monseñor Errázuriz desarrolle una exitosa labor en su elevada y delicada misión espiritual. Por lo anterior, solicito que se transcriba esta intervención al eminentísimo señor Arzobispo de Santiago. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicita-do por su Señoría con la transcripción de su intervención, con la adhesión de los Comités Demócrata Cristiano, de Renovación Nacional, y de las bancadas del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y del Partido Radical. ADHESIÓN A SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL. Oficio. El señor KRAUSS.- Señora Presidenta, los ingleses, que a mediados del siglo pasado estructuraron como deporte un juego físico que -dicen- provenía de Oriente, no se dieron cuenta realmente de lo que estaban haciendo. Tampoco los ingleses de Valparaíso, quienes importaron ese juego y nos enseñaron que era una experiencia interesante la de tratar de introducir el balón, impulsado por el pie, en el arco del adversario. El fútbol es una expresión masificada que congrega el mayor arraigo popular, fuente de poder económico y hasta político y, más que nada, concentra ilusión, esperanza y alegría para muchos. Desde nuestra primera intervención en los campeonatos mundiales, en 1930, cuan-do en el de Montevideo ocupamos el quinto lugar y donde se destacó como centro half, en lo que era la estructura de juego de la época, Guillermo Saavedra, por cierto jugador de Colo Colo, el fútbol ha seguido sien-do, como hasta ahora, una pasión que entusiasma a la mayoría de los chilenos. Hoy, la esperanza y el corazón de los chilenos están puestos en Francia. Allí, nuestros jugadores, técnicos y también, por qué no decirlo, dirigentes están tratando de realizar todo lo pertinente para ubicar en el mejor nivel a nuestro equipo. En la perspectiva de que esos encuentros convocan la mayoritaria atención de los chilenos, solicito dirigir un cable a la selección de fútbol de Chile, actualmente en Francia, para manifestarle nuestra adhesión, nuestro respaldo y la convicción de que, cualquiera sea el resultado, estamos ciertos de que harán todo lo legítimamente posible por no defraudar a los hinchas de Chile, quienes los acompañaremos en todos los esfuerzos que desplieguen, a la distancia, pero muy presentes en el espíritu. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicita-do por el Diputado señor Krauss. RECURSOS PARA DRAGADO DE RÍO VAL-DIVIA. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva, por dos minutos. El señor SILVA.- Señora Presidenta, en 1991 se firmó un convenio entre el Gobierno y una empresa privada para realizar el dragado de río Valdivia, que consistía en que la empresa privada se encargaba de la primera etapa del dragado del río y el Gobierno, de la segunda. Hasta el día de hoy, la parte correspondiente al Gobierno no ha sido cumplida. Fundamentalmente, hay un problema de criterio en el Ministerio de Obras Públicas que, a mi juicio, parece errado. Anualmente, se destinan recursos para la mantención de caminos y no se considera que un río navegable, prácticamente el único que queda en nuestro país, también requiere de mantenimiento, de la misma forma como se hace en un camino público, por las condiciones que tiene este río. Por ello, solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas a fin de que se destinen los recursos necesarios para que la draga “Ernesto Pinto Lagarrigue” pueda operar en Valdivia y se realice el dragado no tan sólo en esta oportunidad, sino a fin de que anualmente también se haga una mantención del río Valdivia. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicita-do por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO MAXIMIANO ERRÁZURIZ EN PROYECTO DE ACUERDO Nº 44. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, acabamos de aprobar el proyecto de acuerdo Nº 44. Personalmente le dije al Diputado señor Maximiano Errázuriz -no se lo mandé a decir con nadie- que yo creía que era un demagogo, porque la discusión de esta iniciativa ha ofendido al magisterio chileno. No dijo absolutamente nada respecto de que hay miles de profesores que hacen la labor relacionada con las raciones alimentarias en horas extraordinarias y en forma gratuita. Es gente preparada y la encuesta la hacen en la mejor forma, porque son las personas que más conocen a sus alumnos. Este proyecto de acuerdo está en contra de la dignidad del magisterio. He dicho. ATRASO EN APERTURA DE PABELLÓN CHILENO EN EXPOSICIÓN MUNDIAL DE PORTUGAL. INFORMACIÓN SOBRE JUICIOS EN CONTRA DE LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ DE MAIPO E ISLA DE MAIPO. Oficios. (Aplicación del artículo 48, Nº1, inciso segundo, de la Constitución Política). La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Caminondo. El señor CAMINONDO.- Señora Presidenta, la última exposición de carácter mundial de este siglo fue inaugurada el 21 de mayo recién pasado en Portugal. El pabellón chileno, con un cartel en sus puertas que decía “en ejecución”, permaneció cerrado hasta el 29 de mayo. Consideramos, por decir lo menos, bochornosa la demora. No es posible que un proyecto que se conoce con años de anticipación y que, según informaciones de prensa, sólo el montaje del stand tuvo un costo aproximado de 4 millones de dólares, no haya estado listo el día de la inauguración. Por hechos como éste el mundo juzga nuestro cumplimiento. ¿Qué podemos decir ante potenciales mercados cuando actuaciones como la que estoy denunciando reflejan con nitidez que nuestras autoridades carecen de capacidad y responsabilidad para dar cumplimiento a compromisos contraídos con la debida antelación y para los cuales se destinan millonarios recursos provenientes de los impuestos que pagan todos los chilenos, sin excepción? Por otra parte, las declaraciones del embajador de Chile en Portugal, señor Carlos Klammer, restando importancia al hecho y atribuyendo a la sofisticación del stand el bochornoso retraso, no nos parecen razonables ni justifican lo injustificable. En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política del Estado, solicito que se oficie al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que: 1ºExplique las razones del atraso en la apertura del pabellón chileno. 2ºCuantifique el costo del montaje de dicho stand, informe de cada una de las partidas involucradas y especifique las formas de selección y contratación de profesionales, artistas y, en general, de las personas involucradas, señalando el monto de los contratos; cuantifique el costo de mantención del stand y el costo del programa oficial, incluyendo los viajes de las delegaciones chilenas que concurrieron a la inauguración y que, dado el retraso, regresaron sin lograr su objetivo. Además, solicito que se oficie al señor Ministro del Interior para que los alcaldes de San José de Maipo e Isla de Maipo informen si hay algún juicio de Santelices y otro en contra de alguna de esas municipalidades. He dicho. -Posteriormente, el envío de los oficios fue aprobado con el quórum constitucional requerido. PROBLEMAS EN SISTEMAS COMPUTA-CIONALES POR COMIENZO DE NUEVO SIGLO. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº1, inciso segundo, de la Constitución Política). La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señora Presidenta, pido que los oficios que pediremos en esta oportunidad sean sometidos a votación con posterioridad, de acuerdo con el artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política del Estado. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Así se procederá, señor diputado. Puede continuar su Señoría. El señor VILCHES.- Solicito remitir un oficio de fiscalización al señor Ministro del Interior a fin de que informe sobre los problemas en los sistemas computacionales por la llegada del año 2000. 1)Fecha de constitución de la Comisión Especial Año 2000, con indicación de sus integrantes y de las funciones desarrolladas hasta la fecha de la evacuación del informe. 2)Estimación de los recursos públicos y privados que deberán destinarse para corregir las fallas que se producirán en el año 2000. 3)Percepción del grado de avance en la corrección del problema en los diferentes sectores. 4)Estimación de los sistemas que fallarán, si no se corrige el error, en el año 2000. 5)Si los organismos reguladores y fiscalizadores han normado las necesarias me-joras en los sectores que supervisan. 6)Si el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos han flexibilizado las normas y procedimientos de manejo presupuestario en el área tecnológica, a fin de permitir que las instituciones puedan redistribuir recursos en caso de ser necesario. 7)Razones por las cuales Ernesto Evans, cabeza del equipo en el tema “Y2K”, no fue considerado en él luego de su renuncia al Ministerio del Interior. 8)Estado actual de integración y definición de funciones de la Comisión Especial Año 2000. 9)Copia del informe de dicha comisión especial. El Diputado señor René Manuel García se referirá a los otros dos oficios que Renovación Nacional y la UDI solicitarán en conjunto. Posteriormente, pediremos que se voten en un solo acto. -Posteriormente, el envío del oficio fue aprobado con el quórum constitucional requerido. OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN RE-GIONES QUINTA, OCTAVA, NOVENA Y METROPOLITANA. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO ESPAÑOL. Oficios. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política). La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, el primer oficio de fiscalización es para el Ministro de Obras Públicas, a fin de que envíe a la Cámara una completa estadística de los proyectos de ingeniería y obras ejecutadas por su ministerio en los últimos tres años en las regiones Quinta, Octava, Novena y Metropolitana, indicando el nombre de la obra, contratistas, costo inicial de lo licitado, plazo contractual, avance de cada obra y prórroga del plazo otorgado. Ello en atención a que debe existir información computarizada al respecto en cada departamento de ese ministerio. Creo que no será difícil la oportuna entrega de estos antecedentes, y su conocimiento permitirá a la Cámara evaluar la situación y tener una exacta visión de la realidad y de las soluciones que se da a la infraestructura pública nacional. El segundo oficio es al Ministro de Agricultura, con el objeto de que nos informe sobre el monto del crédito español canalizado a través de ese Ministerio; proveedores de animales y semillas pagados con ese crédito; antecedentes sobre facturas de compra de los proveedores y facturas de venta de los usuarios y monto de los recursos destinados a especialización; quiénes tuvieron acceso a ella y en qué instituto la llevaron a cabo. Por último, a cuánto ascienden los fondos aún disponibles de dicho crédito. He dicho. -Posteriormente, el envío de los oficios fue aprobado con el quórum constitucional requerido. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE FE-RROCARRILES EN PUERTO MONTT Y ATRASO EN ENTREGA DE CONCESIONES A ALGUEROS DE MAULLÍN. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, quiero solicitar el envío de algunos oficios. Hace más de dos años se construyó en el sector de La Paloma, en el alto de Puerto Montt, una nueva estación de Ferrocarriles, pero hasta el momento esas instalaciones no han sido inauguradas ni utilizadas. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- ¿Me permite, señor diputa-do? Sus oficios no están incluidos en las peticiones anteriores. Se deben votar prime-ro los oficios de fiscalización. Así me lo indica su jefe de Comité. El señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, voy a solicitar el envío de mis oficios por la misma vía. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- ¿Desea incluirlos dentro de los oficios de fiscalización? El señor KUSCHEL.- Sí, señora Presidenta. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Puede continuar su Señoría. El señor KUSCHEL.- Pues bien, hace varios meses falleció allí un niño mientras jugaba, triturándose la cabeza en las torna-mesas. Por lo tanto, pido que se oficie al Presi-dente de la República, a los ministros del Interior y de Transportes y Telecomunicaciones, al Contralor General de la República y al Intendente de la Décima Región, a fin de que nos informen sobre el destino que se le dará a ese recinto, cuándo se entregará, los estudios técnicos y económicos que recomendaron esa inversión, los distintos servicios públicos involucrados en el asunto y si hay en curso algún sumario a las autoridades responsables de una inversión de esa magnitud desvinculada, aparente y manifiestamente, de otros servicios y cuáles son las sanciones pertinentes. Asimismo, pido que se oficie al Presidente de la República, a los ministros del Interior, de Economía, de Hacienda y de Planificación y Cooperación, al alcalde de Maullín y al intendente de la Décima Región, con el objeto de que nos informen sobre las causas del atraso en la entrega de las concesiones marinas definitivas a los algueros del río Maullín, principalmente de Chamiza, Coihuín y Piedra Azul, en atención al anuncio presidencial efectuado con motivo de la inauguración del muelle de Quenuir y a los anuncios del Seremi de Economía y del intendente de la Décima Región en el mismo sentido. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría en nombre de la Cámara. Con posterioridad, someteré a votación las peticiones de los Diputados señores Caminondo, Vilches y René Manuel García. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO COPEVA, PRÓRROGA DE SUBSIDIOS A EMPRESA INVERSIONES BILBAO, CONDONACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL INDAP, ADQUISICIÓN DE TERRENOS POR CONADI E INFORMACIÓN SOBRE CUARTA ETAPA DE AVENIDA ESPAÑA. Oficios. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política). La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señora Presidenta, pido que le dé la palabra al Diputado señor Paya, porque los oficios que solicitará también son de fiscalización. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Hago presente a la Sala que, de acuerdo con el Reglamento, no corresponde enviar oficios a alcaldes en virtud del artículo 48 de la Constitución. Tiene la palabra el Diputado señor Paya. El señor PAYA.- Señora Presidenta, también en virtud del artículo 48 de la Constitución Política, pido el envío de los siguientes oficios: Al Ministro de Vivienda y Urbanismo -ojalá lo más rápidamente posible-, a fin de que nos explique por qué se han dejado de lado las gestiones en el juicio que ese Ministerio sigue en contra de la empresa Copeva, y las razones por las cuales se prorrogaron los subsidios otorgados a Inversiones Bilbao, de la Octava Región, entre-gados originalmente de manera ilegal y ahora prorrogados de manera absolutamente insólita. Al Ministro de Agricultura, con el objeto de que nos envíe el listado de todas las personas beneficiadas con condonaciones de las deudas correspondientes a créditos otorgados por el Indap, el monto de las mismas y si son totales o parciales, las fechas en que se concedieron y los motivos que las justifican. Asimismo, que nos proporcione el listado de las deudas declaradas incobrables por el Indap y de las respectivas resoluciones fundadas. Al Ministro de Planificación y Cooperación, a fin de que nos envíe el listado de los terrenos adquiridos por la Conadi con recursos del Fondo de Tierras Indígenas, indicando el valor de los mismos. Al Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que nos informe detalladamente sobre el estado del proyecto denominado cuarta etapa de avenida España, en Viña del Mar. Asimismo, para que nos explique por qué en los proyectos de construcción de la carretera costera en la Novena Región y del primer tramo del canal de regadío denominado faja Maisán, se está tomando posesión material de dichos predios, sin que se haya materializado el pago de la indemnización a que constitucionalmente tienen derecho los dueños de dichas propiedades. Pedimos que se nos informe sobre la fecha de la toma de posesión material de los terrenos expropiados, y si efectivamente se ha producido el pago de las indemnizaciones aludidas, indicando las fechas correspondientes. -Posteriormente, el envío de los oficios fue aprobado con el quórum constitucional, en los siguientes términos: La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- De acuerdo con el artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, corresponde someter a votación los oficios de fiscalización solicitados por los Diputados señores Caminondo, Vilches, René Manuel García y Paya. Para su aprobación se requiere un tercio de los diputados presentes. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Por lo tanto, se enviarán los oficios de fiscalización solicitados por los Diputados señores Caminondo, Vilches, René Manuel García y Paya. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosau-ro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Vilches. -Votó por la negativa el Diputado señor Pérez (don José). CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE PRÓXIMO PARO DE ARICA. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la Diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señora Presidenta, hace pocos días, tuvimos una sesión a la que se invitó a cinco minis-tros para que nos informaran sobre la crítica situación que vive Arica. Pues bien, todos fuimos testigos de que sólo asistió uno: el Ministro de Economía, don Álvaro García, a quien, lamentablemente, le entregaron -igual que siempre- cifras erróneas. A raíz de esa situación, Arica se prepara para su tercer paro. Tal como lo anuncian los diarios de la zona, el próximo jueves 4 la ciudad paralizará todas sus actividades, en un nuevo llamado de atención al centralismo. Todos sabemos que los paros no son la mejor forma para arreglar las cosas, pero Arica no ha tenido otra alternativa que paralizar sus actividades y marchar hacia Santiago para llamar la atención del centralismo y de la gente, porque la ley Arica ha sido insuficiente. Es lamentable que los ministros no asistieran a la Cámara en esa oportunidad, por-que, tal vez, se habría podido evitar una paralización que, indudablemente, afectará a todo Chile. He dicho. COMPLEMENTACIÓN DE OFICIO DE FIS-CALIZACIÓN SOBRE LA CONADI. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Monge. El señor MONGE.- Señora Presidenta, quiero complementar el oficio de fiscalización solicitado por el Diputado señor Paya, relativo a la Conadi. Con fecha 25 de marzo de este año, pedimos el envío de un oficio de fiscalización, a fin de que la Conadi diera cuenta circunstanciada de las compras efectuadas con cargo al fondo de tierras indígenas que administra. Pues bien, han transcurrido más de 60 días y no hemos recibido ningún tipo de información. Dicho oficio fue reiterado por la comisión que estudia las irregularidades producidas al interior de la Conadi, con el mismo resultado. Nos interesa sobremanera conocer detalladamente la superficie de las tierras compradas, los números de rol, las comunas donde están situadas, el precio pagado por ellas, la notaría donde se realizaron las transacciones y los nombres de las personas a quienes se efectuaron los pagos. Respecto de los predios adquiridos para adjudicatarios individuales, en el caso de no ser comunidades indígenas, deseamos conocer la procedencia de las personas beneficiadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política, solicito que estos oficios sean reiterados en calidad de urgentes al Ministro de Planificación y Cooperación. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Se completará el oficio en la forma solicitada por su Señoría. PAGO DE INDEMNIZACIONES POR EX-PROPIACIONES A CAMPESINOS DE NO-VENA REGIÓN. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Eduardo Díaz. El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, deseo complementar la petición de oficio de fiscalización al Ministerio de Obras Públicas, relacionado con los terrenos expropia-dos a pequeños campesinos, muchos de ellos mapuches, a quienes no se les pagó la indemnización correspondiente -tal como lo establece la Constitución Política- antes de la toma de posesión material de los bienes expropiados. Como dichos campesinos llevan esperando bastante tiempo el pago de la indemnización, quiero obtener una respuesta del Ministerio lo más pronto posible. Se trata de campesinos que viven en la costa de la Araucanía, en las localidades de Alto Yupehue, Loncoyamo y Tranapuente, por donde la carretera de la costa ya pasó. Por las localidades de Piedra Alta, Peleco y otras recién está pasando, pero tampoco se les ha pagado. Por otro lado, el Ministerio, a través de la Dirección de Riegos, está construyendo el primer tramo del canal de regadío en la faja Maisán en la comuna de Pitrufquén. En muchos lugares por donde ha pasado su trazado se ha efectuado la construcción, pero a alrededor de 40 familias de pequeños agricultores no se les ha pagado la debida indemnización. La situación es gravísima si consideramos que hasta ahora sólo hemos estado discutiendo y poetizando sobre el tema mapuche y la falta de tierra de los indígenas. Por un lado, el Gobierno dice que les da tierras y, por otro lado, se las expropia sin pagar las indemnizaciones correspondientes. Es un doble estándar inaceptable, y espero que exista solución lo más pronto posible. He dicho. PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS COMPU-TACIONALES POR LA LLEGADA DEL AÑO 2000. Oficio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señora Presidenta, el problema de los dígitos en los sistemas computacionales que creará la llegada del año 2000, llamado también proyecto “Y2K”, comenzó en 1960 como una forma de ahorrar espacio y tiempo en el almacenamiento de información, pues se guardaron sólo los dos últimos dígitos de cada año. Así, por ejemplo, el año 1966 quedó sólo como 66, sin consignar el uno y el nueve. Sin embargo, el sistema -que sería reemplazado antes del término del siglo- no contempló qué sucedería al pasar del 99 al año 2000. La mayoría de los programas considera dicho paso como el regreso al principio, es decir, para el computador se vuelve al 1900. Pero este problema no es el único. Por la habitual práctica de los programadores de emplear el 99 como indicador de fallas o de fin de archivo, el 9 de septiembre de 1999 también podría haber caídas y errores de cálculos, entre otras alteraciones. Si bien para los inexpertos la solución del problema parece fácil, los entendidos no estiman lo mismo, ya que no hay una solución única, la cual, además, en caso de existir, habría que poner en práctica. ¿Qué ha hecho Chile? Al igual que los diferentes gobiernos del mundo, comenzó a prepararse para enfrentar la catástrofe informática. De esta forma, a mediados de 1997, el Presidente Frei creó la comisión especial año 2000, integrada por el Instituto Tecnológico, Intec; el comité de auditoría pública Cap, y la división de informática del Ministerio del Interior, con don Ernesto Evans como cabeza de equipo. Dicha comisión técnica debía evaluar la situación de los sistemas computacionales del Estado y del país, en general, frente al cambio del milenio. Del informe evacuado por esa comisión a principios de 1998, poco se sabe, salvo por los datos proporcionados por algunos artículos de prensa. La aparente falta de reacción del Presidente de la República y de sus asesores nos parece razonable, en virtud de los trascendidos sobre el contenido de dicho informe. Es así como se habla de hasta 70 millones de dólares para corregir toda la informática de las reparticiones públicas y de esa manera evitar que sufrieran un colapso de proporciones. Además, el estudio revelaría la urgente necesidad de que los diferentes organismos reguladores normen dichas mejoras en los sectores que supervisen, los cuales a la fecha, mostrarían un retraso, imposible de superar según algunos expertos. El informe estima que, en su conjunto, el país deberá destinar cerca de 800 millones de dólares para corregir la falla, cifra que aumentaría en la medida en que sea mayor la demora en el inicio de las operaciones correctivas. Se nos pronostican graves problemas en todo aquello donde existan habitualmente flujos de dinero, o, simplemente, se contenga una fecha como dato: cálculos de inter-eses, planillas de pensiones, facturaciones de servicios básicos, manejos contables y “stock”, cajeros automáticos, etcétera. Por eso, solicito se envíe, sobre esta materia, un oficio de fiscalización, en virtud del artículo 48, Nº 1), inciso segundo, de la Constitución Política del Estado. Concedo una interrupción, por su inter-medio, al Diputado señor Kuschel. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Quiero recordar que lo solicitado por el Diputado señor Vilches ya se votó. Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Kuschel, por la vía de la interrupción. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero reiterar mi solicitud en el sentido de que todos los oficios que solicité se consideren en la votación, de rango constitucional, que exige el apoyo mayoritario de los diputados presentes, y que sólo, como lo puntualizó la señora Presidenta, el oficio al alcalde de Maullín sea enviado en mi nombre. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se votará su petición, señor diputado, tal como lo establece el artículo 48 de la Carta Fundamental; pero como en este momento en la Sala no hay quórum, la votación quedará pendiente para la próxima sesión. Sin embargo, Diputados señores Carlos Vilches y Carlos Ignacio Kuschel -el Diputado señor Díaz, quien también solicitó el envío de oficio, no se encuentra en la Sala- de acuerdo con el Reglamento, existe otro procedimiento: solicitarlo directamente como parlamentarios. Ha terminado el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente. PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE TALCAHUANO. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Jeame Barrueto. El señor JEAME BARRUETO.- Señor Presidente, el 5 de junio próximo, Día Mundial del Medio Ambiente, en Talcahuano, el Comité de la Ciudad, formado prácticamente por todas las organizaciones sociales más representativas de la misma, ha convocado a una paralización momentánea por quince minutos, como manifestación ciudadana de descontento y malestar. Han calificado este movimiento como un paro de advertencia, cuyo único objetivo es pedir más recursos públicos para la recuperación, saneamiento y descontaminación de Talcahuano. Las autoridades de la zona, particular-mente los dos Diputados de Talcahuano -el señor Jorge Ulloa y quien habla-, más los Senadores de nuestra región -señores José Antonio Viera-Gallo y Hosaín Sabag-, junto con el alcalde y concejales, hemos adoptado el acuerdo de sumarnos a esta manifestación ciudadana, con la firma de lo que ese día será llamada “La demanda de Talcahuano”. Al mismo tiempo, hemos concordado en que, posteriormente, durante tres meses realizaremos gestiones a todo nivel con el fin de lograr los objetivos propuestos, y en caso de que ello no resulte, el 5 de septiembre -tres meses después-, tomaremos la decisión de llamar a un paro general de la ciudad. ¿Por qué hemos llegado a esta situación en Talcahuano? La razón fundamental es de larga data. Talcahuano entrega un tremendo aporte productivo y de servicio a Chile, y en la ciudad sólo queda el costo de esa producción, no los beneficios: la suciedad, el mal olor, la contaminación, lo que incide en la mala calidad de vida de sus habitantes. Nos hemos convertido en el prototipo de los productores de riqueza y administradores de pobreza, y se está dando un cansancio cada vez mayor en la ciudad, en sus habitantes, en los choreros, en la gente de Hualpencillo y en la propias autoridades. Ésta es una reacción ante el deterioro progresivo de nuestra ciudad y la postergación en adoptar soluciones verdaderas para tener una ciudad que no sólo produzca, sino en la cual sus habitantes también puedan vivir dignamente. A comienzos del período del Presidente Frei, logramos un pequeño éxito: que el primer plan de descontaminación en Chile se iniciara en Talcahuano, bajo la forma del llamado “Plan de recuperación ambiental de Talcahuano”. Este plan ha permitido avances en distintos ámbitos -hay que reconocerlos-, particularmente en el cambio de mentalidad del empresariado, plasmada en su decisión de reconvertir su tecnología para hacerla menos contaminante. Al respecto, debemos reconocer que entre un 50 y un 60 por ciento de las empresas han cumplido sus metas y hechos sus inversiones. Por su parte, y aunque todavía falta mucho que realizar, el municipio ha hecho lo suyo y ha obtenido logros importantes en su gestión. Sin embargo, aquí se observa una ausente: la inversión pública nacional en grandes obras de infraestructura y otras, postergadas por décadas, o por años en muchos casos. Esto se refleja en una frase que en Talcahuano se repite en todas las casas. Cuando el Presidente Frei firmó el plan de recuperación ambiental, en la población “Nueva Los Lobos”, en la punta del cerro de Talcahuano, reconoció que Chile tenía una deuda con Talcahuano. Hoy, todos los talcahuaninos creemos que llegó el momento de que esa deuda se pague. Esa afirmación del Presidente es muy significativa, porque resume plenamente la verdadera situación y diagnóstico sobre nuestra ciudad. ¿Por qué hemos generado un movimiento de la ciudad como el que he señalado? Porque la solución de los problemas de Talcahuano, en cuanto a inversión pública, no es una obrita más o una obrita menos; no es, como planteaba el Intendente de la Octava Región, el hecho de que en los últimos cuatro años se haya aumentado en esa ciudad la inversión del Fondo de Desarrollo Regional. Está bien, creo que ello es así; pero, por ese camino, sólo en veinte años más, no en el 2000, Talcahuano podrá presentar la cara de una ciudad que comienza a progresar, y no podemos esperar tanto. Estamos frente a una decisión política de marca mayor del gobierno central, del tipo de la que se tomó con Arica y Lota, aunque con contenidos muy distintos en estos dos casos. Aquéllas son ciudades que necesitan actividad económica, alternativas productivas, empleo. Talcahuano, por el contrario, sigue siendo la ciudad que más inversión productiva tiene anualmente. Hoy es sólo una colmena de trabajo, de inversión productiva, pero no de vida y progreso para la ciudad. Queremos que siga adelante la recuperación de Talcahuano y que en el 2000 podamos decir: esta ciudad progresa, la gente vive mejor y con dignidad. Ése es nuestro objetivo. Al hablar de decisiones de marca mayor nos estamos refiriendo a un conjunto de megaproyectos y proyectos de inversión pública que, en conjunto, suman entre 120 y 180 millones de dólares. Se trata de construcción de obras de vialidad, de saneamiento, de red y plan maestro de aguas lluvias; de los canales Ifarte y El Morro; de parques -no tenemos prácticamente ninguno-; de continuidad del plan de recuperación ambiental de Talcahuano, y de muchas otras que no mencionaré por falta de tiempo. Termino señalando que queremos llegar a un compromiso con el gobierno central. Sabemos que en seis meses no se pueden invertir 120 millones de dólares; pero que-remos que en el 2000 o como máximo en cinco años más, se vean los resultados. A fines de este mes, el Consejo de Ministros decidirá la segunda etapa del plan de recuperación ambiental de Talcahuano, cuyo corazón es esto. En este movimiento participan todos los sectores vivos de la ciudad: el comercio, el transporte, la Asociación de Médicos y Pequeños Industriales de Chile, Ampich; el Sindicado de Huachipato, la Unión Comunal, la Federación de Estudiantes de la Universidad Santa María -la única en Talcahuano-, el Colegio de Profesores, por nombrar algunos. Ilustres ciudadanos, como Hugo Troncoso, Ernesto Riquelme, Mario Cubillos, Raúl Parra, Gianni Segnorelli, Nelson Bustos, José Lagos, René Hernández, Hugo Arancibia, Guacolda Valenzuela, Violeta Béjar, Hugo Valdés, Alfonso Salazar, están en el corazón de este movimiento, que esperamos -lo digo en el nombre del Diputado señor Jorge Ulloa y en el mío- tenga un gran éxito y pueda abrir nuevas puertas a nuestra ciudad. He dicho. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRÁNSITO A TRAVÉS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en los últimos años, hemos estado preocupados por los problemas de la contaminación y los que afligen a las comunidades indígenas, específicamente pehuenches y mapuches. Pero junto a estos temas de lato conocimiento de la ciudadanía, también hay otros en primer plano, como el de los accidentes del tránsito, respecto del cual como diputado, en conjunto con otros colegas, he estado preocupado, a pesar de no decir relación con el mensaje comunicacional que nosotros, como parlamentarios, hemos enviado. Se plantea el tema de los accidentes del tránsito como un problema grave que va a dejar 3 mil muertos en 1998. A la fecha, o sea, en cinco meses, van 854. El año pasado, al 27 de mayo había 766 muertos. Es decir, 88 personas más han muerto este año en accidentes de tránsito. En el país, hay 170 mil automóviles nuevos, de 1998, y 200 mil conductores más. En definitiva, cada fin de semana -y así lo reflejan las estadísticas- hay entre 30 y 40 muertos. O sea, este fin de semana morirán entre 35 y 40 personas. Los fines de semana largos esa cifra aumenta. Las principales causas de accidentes, contrariamente a lo que se podría sostener aplicando el criterio común, son: 374 muertos en atropellos, con gran responsabilidad de los peatones; 285 en colisiones; 111 en volcamientos; 77 en choques; 15 en caída de vehículos, y 19 en otro tipo de accidentes. Ante esta situación, se proponen diversas medidas. El capitán René De Terán, vocero de Carabineros en esta materia, ha señalado que la inmensa mayoría de los involucrados -entre el 40 y 45 por ciento- muere en estos accidentes por atropello. Además, ha sostenido que, a pesar de los esfuerzos de Carabineros, la cifra no puede ser reducida. Estoy de acuerdo en aplicar multas a los peatones que no respeten la Ley del Tránsito y cruzan indebidamente fuera de los lugares autorizados. Hay que recordar que no basta con proponer la creación de una escuela nacional de conductores, ni con que una comisión civil del tránsito de Carabineros se encargue del control urbano, porque son todas propuestas que van en el marco sancionatorio. Pensamos que el problema debe abordarse también desde el punto de vista de la educación, la que en definitiva nadie toca. En 1997 murieron 350 escolares, quienes no regresaron a sus casas después de haber salido en la mañana rumbo al colegio. Otros 8.600 resultaron lesionados y cerca de 700 quedaron, a raíz de las colisiones y de los accidentes, inválidos o con secuelas para toda su vida. O sea, 10 mil niños chilenos cada año sufren accidentes del tránsito. Por lo tanto, estamos frente a un problema de marca mayor. Hace ya más de dos años esta Corporación aprobó por unanimidad, al igual como lo hizo su Comisión de Educación, un proyecto de ley presentado por el diputado que habla, con el patrocinio de otros nueve señores diputados, con el objeto de modificar la ley orgánica constitucional de Educación. Hoy está en la Comisión de Educación del Senado, y voy a recabar el apoyo de mis colegas para solicitar a los senadores que traten esta moción, a fin de que en la enseñanza básica y media se imparta, como asignatura, la educación de tránsito para nuestros hijos. No hay otra solución para los accidentes si no es mediante la educación. Por lo anterior, solicito, en primer lugar, enviar los siguientes oficios: al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito indique los recursos que ha tenido a su disposición desde su origen hasta 1998. En segundo lugar, que la Siat de Carabineros nos informe sobre cuántos automóviles involucrados en los accidentes que pesquisa utilizaban dispositivos de seguridad y de qué tipo. Requerimos los resultados de una encuesta lo más precisa posible. En tercer lugar, al Ministro de Educación, para que nos informe acerca de cuánta es la inversión que está realizando en material didáctico, en personal y programas respecto de todo lo que dice relación con accidentes del tránsito. En cuarto lugar, a la Asociación Chilena de Municipalidades, a fin de que nos señale qué municipios de Chile están invirtiendo en el desarrollo de esos programas y cuánto personal les ha destinado. Por último, a los departamentos del tránsito, por medio de los respectivos alcaldes, específicamente de las municipalidades de la provincia de Concepción, para que nos informen sobre qué están haciendo en el ámbito de la educación municipal, a fin de manejar esta situación y salir adelante. En conjunto con el Diputado señor Rosauro Martínez y otros colegas de Oposición y de Gobierno, nos vamos a seguir preocupando de este tema. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Leopoldo Sánchez, José Pérez, Sergio Velasco, Rosauro Martínez, Roberto Delmastro, Pablo Galilea y José Miguel Ortiz. ANTECEDENTES SOBRE EJECUCIÓN PRE-SUPUESTARIA DEL GOBIERNO DE LA XI REGIÓN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Mixto, el cual ha cedido su tiempo al Diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, cedo un minuto al colega señor Sánchez. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Con la venia de su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Leopoldo Sánchez El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, el sábado recién pasado, en distintos medios de comunicación se recogió una información emanada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en la que se da cuenta del estado de avance de la ejecución presupuestaria del presente año por parte de los distintos gobiernos regionales. En esta suerte de cuenta, se anota el hecho de que la Undécima Región, Aisén, registra uno de los niveles relativos más bajos de avance en la asignación presupuestaria, con un gasto ascendente a un 20 por ciento en el primer cuatrimestre, en circunstancias de que el nivel promedio nacional asciende a un 33,7 por ciento del presupuesto asignado para 1998. Consultado informalmente el gobierno regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, he podido establecer que el gasto actual asignado al proyecto asciende a la suma de 824 millones de pesos. Según me han explicado funcionarios del nivel central y regional, el antedicho indicador de gastos sólo es preocupante en la medida en que no se esté cumpliendo con la planificación de ellos por parte del gobierno regional, lo cual no sucedería en la región de Aisén, dado que sólo estaríamos en presencia de atrasos naturales en la toma de decisiones generados por la gran cantidad de subrogancias que se dan en la Administración Pública durante los meses estivales, como también ha ocurrido con las principales autoridades de la región. En 1996, en una práctica que se calificó de histórica, el gasto anual en Aisén alcanzó, al 31 de diciembre, al 99 por ciento del presupuesto asignado, lo que debe llamarnos a la tranquilidad a quienes nos pre-ocupamos por la gestión pública en regiones, suponiendo que ese año los dineros fueron bien invertidos, en términos de eficiencia y eficacia. Sin embargo, en una zona del país en la cual se están haciendo esfuerzos para diseñar un Plan de Desarrollo de Aisén, con legislación de excepción para incentivar el desarrollo económico, resulta muy relevante el dar señales claras a los inversionistas externos a la región, a quienes debemos atraer, como asimismo al resto de la administración estatal, mediante la capacidad de gestión del gobierno regional. Por ello, lamento el hecho de que no se hayan efectuado las precisiones del caso en la referida nota de prensa. En todo caso, no sé si se hicieron por parte de la autoridad y no fueron publicadas por el medio en cuestión. También es dable esperar del gobierno regional una explicación sobre el particular. Como diputado de un distrito de la Undécima Región, me constan los esfuerzos de la Administración Pública por cumplir con lo que se espera de ella. Por lo expuesto, solicito que se oficie y mande copia de mi intervención al Intendente señor Carlos Sackel y al señor Ministro del Interior, y que se recabe información a ese Secretario de Estado respecto de cuáles son los proyectos de inversión de decisión regional en la zona, con indicación de su estado de avance, como asimismo que se haga llegar la planificación y cronograma de gastos del gobierno regional de la Undécima Región, y por qué la Subsecretaría de Desarrollo Regional habría dispuesto la presentación de proyectos para Aisén sólo a partir del 27 de marzo de 1998, lo que explicaría el atraso que he comentado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Roberto Delmastro, Pablo Galilea, Rosauro Martínez, Alejandro Navarro, José Pérez, Sergio Velasco y José Miguel Ortiz. REPUDIO A LOS ENSAYOS NUCLEARES. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, agradezco al Diputado José Pérez, del Comité Mixto, por el tiempo que me ha concedido. Existen nefastas intenciones que desean acortar la subsistencia del planeta. No bastó con Hiroshima y Nagasaki para iniciar y terminar el fantasma de la producción de armamento nuclear. Está claro que lo físico y lo biológico tienen su final como elementos vitales, pero esto no determina que por la persistencia de algunos seres, este proceso se acelere y sea tan riesgoso para quienes nacen y no tienen opción de futuro. En el Asia, las muestras de poder han preocupado a toda la comunidad internacional, por la seguridad de la región y por la carrera vertiginosa hacia un nuevo conflicto bélico que se demuestra en once ensayos nucleares en menos de un mes. Es increíble que al término del siglo XX no se haya puesto fin a una de las peores pesadillas científico-tecnológicas de la humanidad. Se ha clarificado, además, en este tema, que ni los acuerdos, ni los repudios, ni las amenazas son capaces de hacer reflexionar y desistir a los gobiernos de las llamadas potencias nucleares declaradas acerca de que el desarrollo de la actividad nuclear es una amenaza latente a la vida del planeta y a todos quienes lo habitan. El declive de la industria nuclear en los países más industrializados ha forzado a ésta a buscar mercados sustitutos donde poder vender su fracasada tecnología. Por ejemplo, en Estados Unidos, el país con el mayor programa de energía nuclear, se han cancelado desde 1972 más de 100 pedidos de centrales nucleares. Así, la mayoría de los nuevos reactores encargados o en construcción son para el Asia, por lo que responsabilizar a quienes instrumentan y ejecutan estas pruebas no es del todo equitativo, ya que quienes originan esas tecnologías son los países desarrollados que no muestran una postura concreta en la firma definitiva del tratado sobre desarme nuclear. India detonó el 11 y 13 de mayo sus programas nucleares con cinco pruebas como expresión simbólica de su “capacidad técnica y de competencia científica”, en su afán de considerarse y vanagloriarse ante el mundo entero, y en especial ante sus veci-nos, de ser una potencia militar. Pakistán, país con el cual tiene un conflicto que se remonta desde la antigüedad, no vaciló en responder de inmediato con seis nuevas pruebas, para no quedar en situación desmedrada en esta competencia monstruosa. Para culminar esta apoteósica visión, no es extraño que la Tierra haya reaccionado, ante tanto ultraje e inconsciencia, con el violento sismo que afectó a Afganistán el sábado recién pasado, donde, como lo aseguran expertos en Tajiskistán, la ONU ya confirmó 3 mil muertos. Por ello, levanto la voz desde el otro lado del planeta para decir que la actitud armamentista de estos gobiernos nos afecta por atacar a la humanidad y al planeta en su conjunto, y que Chile firmó el tratado que impide las pruebas nucleares en su totalidad. Por lo anterior, solicito que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se envíen oficios, en mi nombre, al Secreta-rio General de las Naciones Unidas, a Greenpeace, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a los gobiernos de India y Pakistán, en los cuales se exprese el repu-dio de los chilenos al espectáculo que ambos países están brindando, como también al gobierno de Afganistán, para manifestarle nuestra solidaridad con la gente afectada por el sismo, que son, por supuesto, los más humildes. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán, por intermedio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, los oficios solicitados por su Señoría a las autoridades internacionales señaladas, con la adhesión de los Diputados señores José Pérez, Leopoldo Sánchez, Roberto Delmastro, Rosauro Martínez, Pablo Galilea y José Miguel Ortiz. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 14.59 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.