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La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señora Presidenta, cuando el 14 de abril escuché al Diputado señor Maximiano Errázuriz sus planteamientos y acusaciones en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Be-cas, quedé preocupado y molesto a la vez, ya que lamentablemente este colega se ha dedicado a hacer una serie de acusaciones y declaraciones por los medios de difusión, especialmente escritos, en contra de esta institución.
Lo peor es que en ellas hace lucubraciones y da por efectivos o reales muchos te-mas que no puede probar debidamente, o de modo deliberado, oculta antecedentes que conoce perfectamente, sólo con el fin de dar mayor profundidad y aparente seriedad a sus dichos.
El año pasado, cuando fue Presidente de la Comisión de Educación, formuló declaraciones anticipadas e hizo aparecerla como encargando que se investigara a la Junaeb, en circunstancias de que no se había acordado eso.
Por esta razón, estuvo censurado por la Comisión dos veces. Sólo sus explicaciones débiles, y más que todo nuestra caballerosidad, lo salvaron de que las censuras prosperaran. Lógicamente, lo habrían dejado muy mal parado ante la opinión pública.
Pero vemos cómo continúa con lo mismo en sus intervenciones; incluso, recién se acaba de tratar un proyecto de acuerdo que presentó sobre esa institución.
Antes de sus intervenciones en la Sala del 14 de abril y de mediados de mayo, se encargó de difundir profusamente sus observaciones o dudas.
Lo lamentable es que está desprestigiando a esta institución, no sólo por las acciones incorrectas, ya sancionadas por la Contraloría, y subsanadas, en gran parte, con la recuperación de los dineros involucrados, sino que sus aclaraciones no salen en los medios comunicacionales y las declaraciones posteriores de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas no borran totalmente la imagen deteriorada que queda ante la opinión pública, que se impone solamente de una parte de ellas, por lo que cabe suponer que simplemente está disparando a la bandada, ocultando las respuestas a sus consultas previas y dejando inconclusas muchas acciones que él dice iniciar.
Digo esto, en especial, porque en lo que se refiere a su intervención del 15 de abril, sobre los traspasos del contrato con Alidec, cuyos antecedentes ya le habían sido contestados personalmente, alcanzó a tal grado su irresponsabilidad y su afán desmedido de protagonismo barato, que en la querella anunciada y entregada por el Diputado señor Errázuriz ante los periodistas en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, el 20 de noviembre de 1997, pese a que esos trámites los había hecho ya el fiscal instructor de la Junaeb, posteriormente, no ratificó la querella ni pagó la suma que establece la ley para que se pueda iniciar su tramitación judicial.
Es decir, la profusión y verborrea de sus declaraciones no pasó más allá de un volador de luces, o tiró la piedra y escondió la mano, ya que jamás ha reconocido sus errores o aceptado las explicaciones.
Y si seguimos revisando sus dichos, resulta que el Contralor General de la República debe hacer un desmentido el 13 de noviembre del año pasado, por su manejada interpretación de un informe de la Contraloría. A no dudarlo, él mismo entrega al diario “La Segunda” una información -ese mismo día 13-, que nuevamente el Contralor debe aclarar, y ese diario después rectifica la información errónea publicada y entregada por él.
En los documentos que entregaré para que se agreguen a mi intervención, aparece también cómo ha tratado de manejar arbitrariamente las cifras de los programas donde se usa el Índice de Vulnerabilidad Escolar, IVE, para la entrega de raciones de jornada completa, y se acaba de aprobar un proyecto de acuerdo sobre el sistema, pre-sentado por el mismo señor diputado, que, lamentablemente, involucra a profesores que están entregando lo mejor de sí para que dicho índice sea lo más real posible.
Si queremos pensar mal, pero no tanto como él acostumbra, podríamos creer que muchas de sus descalificaciones tienden a desprestigiar a la Junta y a su acción, con el solo fin de que sea entregada al sector privado, del cual todos sabemos que es un acérrimo defensor e impulsor.
Todo esto me molesta porque desde los inicios de la Junaeb, en 1965, he visto la dedicación y empeño de sus funcionarios y la cantidad enorme de los que sufrieron el rigor del gobierno militar, incluso de quienes fueron exonerados. Siempre he seguido su labor en los internados y en sus diversos programas de salud médico-dental, actividades culturales y artísticas en los internados, sufriendo con las manipuladoras de alimentos que continúan trabajando, pese a que muchas perdieron gran cantidad de garantías, incluso previsionales, tema del cual estamos preocupados con el Diputado Montes y otros parlamentarios, a fin de resolver esos problemas.
Por favor, señor Errázuriz , sepa que estaremos siempre listos para defender, con altura de miras, a esta abnegada y servicial institución que cumple muchas tareas con extremo sacrificio, pese a que, como pasa en todo grupo de servidores -ahora o ayer, en el gobierno autoritario-, también hay personas que no son merecedoras de pertenecer a ella y, por lo tanto, reciben y seguirán recibiendo todo el peso de la ley.
Serían muchos los antecedentes que podría entregar sobre la labor de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb , ya que tengo varias estadísticas en mi poder, pero, en particular, me interesa señalar que en 1998 se está entregando un 6,2 por ciento más de los servicios y raciones que el año anterior; y que la encuesta que se impugna fue realizada con un 75 por ciento de la población escolar con riesgo social, lo que la hace el programa social mejor focalizado de los estudiados.
Lo anterior indica que el índice de vulnerabilidad escolar constituye un buen instrumento para entregar el beneficio, dependiendo esto de la rigurosidad con que los establecimientos realizan la encuesta.
Por otra parte, este año la Junta ha capacitado, una vez más, a profesores de todos los establecimientos del país para que apliquen adecuadamente la encuesta, la que el año pasado fue aplicada con excelentes resultados -se han dado a conocer-, ya que son más de un millón los alumnos que están recibiendo todos estos beneficios. Y en el supuesto caso de que se traspasara a la municipalidad la ejecución del estudio, significaría que nuevamente habría que encuestar a 600 ó 700 mil familias, estimando que algunos padres tengan uno, dos o tres alumnos en los establecimientos educacionales.
He dicho.
"
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