El señor BITAR.- Señor Presidente , cada vez que debatimos la incorporación de nuevos elementos a las legislaciones sociales, ya sea que se refieran a las salas cunas, a la duración de la jornada de trabajo, a los beneficios pre y pos natales o al salario mínimo, se dice que ellos pueden constituir una barrera a la competencia y, por consecuencia, generar un efecto negativo a la persona que se intenta favorecer. Otra línea argumenta que la economía, en la medida en que se desarrolla, va estableciendo una red de protección social cuya existencia es compatible con el crecimiento económico. Esa es una discusión permanentemente inserta en el debate de la teoría económica, tanto en Chile como en Europa o en donde sea que exista una economía de mercado. Por lo tanto, si extremáramos el argumento sostenido por el Honorable señor Prat -tal como ha ocurrido con su anterior argumentación-, podríamos llegar a una situación de reticencia respecto a determinadas leyes sociales, a un salario mínimo o a normas que protejan los períodos pre o pos natal en empleadas o trabajadoras de servicio doméstico. Asimismo, nos puede llevar a la idea extrema de pensar que cuando menos regulaciones haya en relación con los trabajadores, más se los defenderá. Eso no es cierto y la historia lo demuestra. Acabamos de ver que en Francia se ha conseguido una reducción importante de la jornada de trabajo. Todas las luchas sociales en nuestros tiempos han estado orientadas a conseguir una disminución de la jornada de trabajo y ofrecer mejores condiciones de vida a las personas. Y la inteligencia del ser humano y de la sociedad está orientada a compatibilizar el crecimiento, la innovación, la tecnología y el desarrollo con esa red de protección social. Ese es un punto fundamental para tener una democracia social. En ese sentido, estamos haciendo el mismo debate. Entiendo, y así interpreto las palabras del señor Ministro subrogante, que el procedimiento por seguir puede ameritar alguna revisión. No obstante, estas disposiciones nos permiten dar el paso necesario y como Senadores del Partido por la Democracia votaremos favorablemente la supresión del último inciso. Entre los argumentos que nos parecen adecuados, creemos que, en la medida en que la economía chilena crece, está en condiciones de compartir el costo de la maternidad de un grupo de mujeres discriminadas. Por otra parte, al mantener dicha norma estamos discriminando y, además, como señalaba el Senador señor Ruiz , estaríamos actuando en contra de acuerdos internacionales que forman parte de la Constitución y, por lo tanto, de la ley. La tendencia hacia el futuro, tal como indicaba el Honorable señor Viera-Gallo , es a "puertas afuera". Empero, tampoco debe pensarse que esto va a ser muy rápido. Tenemos una economía dual en donde existe un sector económico con una situación bastante más deprimida, que en todo momento tendrá disponibilidad para desempeñar tales actividades. Ahora bien, siempre se aduce el argumento de la informalidad. Estoy seguro de que idéntico debate se produjo cuando se discutía si las empleadas de casa particular tendrían contrato de trabajo. Fue el mismo alegato: "Si usted obliga a suscribir un contrato, van a despedirla". Empero, no ha ocurrido eso. Y hoy estamos en un grado mayor de cumplimiento de los contratos. Yo podría extrapolar la situación y decir: "Esta norma podría llevar a emplear para el servicio doméstico a mujeres de más de 40 años, cuando el riesgo de quedar embarazada disminuye. Por lo tanto, la lógica del mercado va a hacer que uno contrate al efecto a personas más bien mayores". Las consecuencias económicas pueden ser variadas, pero debemos seguir el criterio esencial de que no puede haber discriminación. La protección de la maternidad debe constituirse en un principio preservado por toda la sociedad. Por ende, tenemos que dar un paso adicional para lograr su protección. Si existe gente que no cumple, habrán de actuar los organismos fiscalizadores. Si hay una nueva ley, que venga; podemos discutir y perfeccionar el proyecto respectivo. Pero demos ahora este paso. Por último, es indispensable señalar que los Senadores, sin excepción, somos una parte de esta ecuación. Todos tenemos contratadas a empleadas domésticas, y, debido a esa relación, en alguna forma existe una visión sesgada sobre el problema. Entonces, me parece que, en un caso tan particular como éste, debemos hacer el esfuerzo de colocarnos en la posición de la gente que está contratada por nosotros, porque, argumentando al extremo, se podría afirmar que tenemos intereses muy directamente vinculados a la decisión que estamos tomando y, por ello, nos falta la capacidad de tomar distancia para representar mejor a las distintas partes involucradas en el debate. Pido a Sus Señorías que hagamos el ejercicio de tomar distancia para que, a pesar de aquel hecho, que es real y que subliminal o inconscientemente puede estar incidiendo en nuestro análisis, seamos capaces de ponernos del lado de mujeres que a veces dedican toda su vida a servir en un hogar, truncando su propia existencia. Y si además no se les da protección en el momento de tener un hijo, creo que sería una deshumanización que la economía y la sociedad chilena están en condiciones de superar ahora. En consecuencia, vamos a respaldar la eliminación del último inciso. Creo que aquello es factible para la economía chilena, y la sociedad está en condiciones de enfrentarlo.