REPÚBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACIÓN OFICIAL LEGISLATURA 330ª, EXTRAORDINARIA Sesión 6ª, en miércoles 19 de octubre de 1994 Ordinaria (De 16:24 a 18:56) PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES RICARDO NÚÑEZ, VICEPRESIDENTE, Y JOSÉ RUIZ DE GIORGIO, PRESIDENTE ACCIDENTAL SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.TRAMITACIÓN DE ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA: Proyecto de ley, en segundo trámite, que prorroga pago de patentes mineras se aprueba en general y particular) Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que establece reajustabilidad de subsidios por incapacidad laboral y modifica diversas disposiciones sobre seguridad social (se aprueba informe de Comisión Mixta) Proyecto de ley, en segundo trámite, que fija nueva planta para el personal del Servicio Agrícola y Ganadero (se aprueba en general) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga (se aprueba en general y particular) Proyecto de ley, en primer trámite, que introduce un párrafo 8 bis en el Título IX del Libro Segundo del Código Penal, denominado "De la Receptación" (se rechaza) Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre rehabilitación de personas condenadas por delitos que señala (queda pendiente su discusión) Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica artículos 24-A, 333 y 369 del Código de Justicia Militar (se aprueba en general y particular)… VI. TIEMPO DE VOTACIONES: Creación de Oficina de Presupuesto Nacional en el Senado. Proyecto de acuerdo (su votación queda pendiente para la próxima sesión) VII. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) Cuenta de vivienda en administradoras de fondos de pensiones. Oficios (observaciones del señor Errázuriz) Efecto de licitación de bienes de Ferrocarriles del Estado. Oficio (observaciones del señor Muñoz Barra) Seguridad en transfusiones de sangre (observaciones del señor Ruiz-Esquide) I. ASISTENCIA Asistieron los señores: --Bitar Chacra, Sergio --Calderón Aránguiz, Rolando --Cantuarias Larrondo, Eugenio --Diez Urzúa, Sergio --Errázuriz Talavera, Francisco Javier --Fernández Fernández, Sergio --Frei Bolívar, Arturo --Hamilton Depassier, Juan --Hormazábal Sánchez, Ricardo --Horvath Kiss, Antonio --Huerta Celis, Vicente Enrique --Lagos Cosgrove, Julio --Larraín Fernández, Hernán --Larre Asenjo, Enrique --Lavandero Illanes, Jorge --Letelier Bobadilla, Carlos --Martin Díaz, Ricardo --Matta Aragay, Manuel Antonio --Mc-Intyre Mendoza, Ronald --Muñoz Barra, Roberto --Núñez Muñoz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Otero Lathrop, Miguel --Páez Verdugo, Sergio --Pérez Walker, Ignacio --Piñera Echenique, Sebastián- --Prat Alamparte, Francisco --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, José --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Siebert Held, Bruno --Sinclair Oyaneder, Santiago --Thayer Arteaga, William --Urenda Zegers, Beltrán Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 34 señores Senadores. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III. TRAMITACIÓN DE ACTAS El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 27 y 28, extraordinarias, en 31 de agosto del presente año, que no han sido observadas. El acta de la sesión 30ª, ordinaria, en 6 de septiembre del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaria. El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensaje De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el carácter de “suma”, al proyecto de ley que fija nueva planta de personal para el Servicio Agrícola y Ganadero. Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Oficios Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la diversificación de las actividades del sector pesquero de la Undécima Región, con el objeto de paliar los problemas financieros que aquejan a dicho sector. Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a tres oficios enviados a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre del Senador señor Cantuarias, referido a diversos planteamientos efectuados por Su Señoría acerca de las pensiones de viudez y montepío, revalorización de pensiones y aguinaldo del sector pasivo. Tres del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo: Con los dos primeros, da respuesta a sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Cantuarias: uno, relativo a la posibilidad de incorporar a los vecinos de Villa Ñonguen, Concepción, al Programa de Pavimentación Participativa de Calles, considerando como aporte los montos cancelados por los pobladores para la elaboración de los respectivos proyectos de ingeniería; el otro, referido a las deficiencias detectadas en la construcción de viviendas básicas Serviu, edificadas en el sector La Leonera, comuna de Concepción. Con el tercero contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, referido al Programa de Pavimentación Participativa, y a la posibilidad de que los pobladores de comunas de bajos ingresos efectúen un aporte menor por metro pavimentado. Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, acerca de la existencia de normas que permitan garantizar, en la comuna de Hualqui, un sistema de suministro de energía eléctrica no sujeto a oscilación de voltaje. Quedan a disposición de los señores Senadores. Informes De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre trasplante de órganos. De la Comisión Mixta encargada de proponer la forma de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, con ocasión de la tramitación del proyecto de ley sobre restricciones a actividades relacionadas con el tabaco. Quedan para tabla. Moción Del Senador señor Bitar, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de crear la Oficina de Presupuesto en el Congreso Nacional.--Pasa a la Comisión de Régimen Interior y a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta. V. ORDEN DEL DÍA PRÓRROGA PARA PAGO DE PATENTES MINERAS El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de la Cámara de Diputados que establece una prórroga para el pago de patentes mineras correspondientes a los períodos 1992 y 1993, con informes de las Comisiones de Minería y de Hacienda y urgencia calificada de "Discusión Inmediata". Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 30a, en 6 de septiembre de 1994. Informes de Comisión: Minería, sesión 5ª, en 18 de octubre de 1994. Hacienda, sesión 5a, en 18 de octubre de 1994. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Esta iniciativa tuvo su origen en mensaje del Ejecutivo y, de acuerdo con el artículo 63, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, requiere para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio. La Comisión de Minería, integrada por los Honorables señores Alessandri (Presidente), Pérez, Sinclair y Adolfo Zaldívar, propone acoger el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, sustituyendo el texto de su artículo único por el que indica, dejando constancia de que debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, toda vez que, al permitir el pago atrasado de patentes de amparo, contraría el artículo 12 de la ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que prescribe que el régimen de amparo "consistirá en el pago anual y anticipado de una patente a beneficio fiscal, en la forma y por el monto que determine el Código de Minería.". El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto. El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente? Deseo formular una consulta. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor HAMILTON.- Para los efectos del quórum, ¿a qué número de señores Senadores corresponde el de ley orgánica constitucional? El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- A 26, Su Señoría. El señor HAMILTON.- ¿La disminución se produce por los que están ausentes? El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Hay sólo un permiso constitucional registrado en la Secretaría, señor Senador. El señor HAMILTON.- Entonces creo que no podremos tratar la iniciativa. El señor PÉREZ.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, este proyecto ha sido aprobado por unanimidad en Comisiones. Espero que los dos señores Senadores que faltan para completar el quórum requerido de 26 miembros de la Corporación, ya estén presentes al momento de terminarse la discusión del texto. En forma muy breve, daré una explicación sobre esta iniciativa, ya que su contenido es muy simple y fue aprobado en la Cámara de Diputados. De acuerdo al Código de Minería, la concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una patente anual cuyo monto es equivalente a un porcentaje de la unidad tributaria mensual. Dicho pago es anticipado y debe efectuarse en el curso del mes de marzo de cada año. Las concesiones mineras cuya patente no haya sido pagada durante dicho mes deben ser incluidas en una nómina que el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes antes del día 1º de julio de cada año. Recibida esta nómina, el juez señalará el día y hora para el remate. Mientras el Tesorero General de la República no haya enviado a los tribunales la citada nómina, el pago de la patente podrá hacerse sin el recargo del doble de su valor, establecido en el artículo 149 del Código de Minería. Por las leyes números 19.201 y 19.294, se prorrogó el pago de las patentes en referencia que debieron solucionarse en los meses de marzo de 1992 y 1993, respectivamente. El legislador otorgó dicho beneficio a solicitud de las asociaciones gremiales mineras, integradas esencialmente por pequeños mineros artesanales, y aun modestos pirquineros, quienes se vieron afectados gravemente por los aluviones ocurridos, especialmente en la zona norte del país durante 1992, y por la sostenida baja del precio del cobre en el período correspondiente a la patente del año 1993. En la actualidad, las mencionadas asociaciones gremiales han representado situaciones que impidieron efectuar las provisiones necesarias para el pago de las patentes atrasadas, y, en consecuencia, solicitan el otorgamiento de facilidades para el cumplimiento de estos compromisos, lo que les permitirá, además, ordenar sus flujos y reservas, y destinación al pago regular y oportuno de las obligaciones pertinentes. Sobre la base de los antecedentes descritos, el artículo único del proyecto autoriza, por una sola vez, a los deudores de patentes morosas correspondientes al año 1992 y al año 1993, para pagarlas en cuotas mensuales iguales y sucesivas, y sin recargo de ninguna naturaleza dentro del año calendario de 1994. Respecto de las patentes mineras morosas correspondientes al período 1994, éstas podrán pagarse hasta el 30 de noviembre de 1994. Este plazo se amplió, porque ya hemos sobrepasado la fecha de septiembre contemplada originalmente; de ahí las modificaciones que ha propuesto el Senado. De todos modos, para el caso de las personas que ya hubieren pagado, el recargo establecido se imputará como abono al valor de la patente minera correspondiente a 1995. El proyecto inició su trámite legislativo en la Cámara de Diputados el 11 de agosto de 1994. La discusión inmediata está planteada, porque hay algunos plazos que ya se agotaron. En todo caso, frente a quienes han planteado que el precio del cobre ha variado durante este último período, cabe hacer presente que, si bien eso es aplicable a los meses recientes, no es menos cierto que tal precio está castigado en términos de pesos por el deterioro del tipo de cambio sufrido en los últimos años, en proporción cercana al 30 por ciento. En segundo lugar, debe tenerse presente que el precio de las maquilas, ya sea en la etapa de precipitación o concentrado, o bien los costos de fusión o refinamiento que cobra ENAMI, son altísimos y producen un deterioro en términos de lo que son los precios internacionales de maquila, fusión y refinación. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de las Comisiones de Minería y de Hacienda de esta Corporación. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, brevemente deseo desvirtuar las afirmaciones que acabo de escuchar al Senador señor Pérez en el sentido de que la ENAMI cobraría por las maquilas de los minerales de medianos y pequeños mineros un exceso respecto de lo que corresponde a nivel internacional. La realidad es todo lo contrario. A las grandes empresas, les cobra lo que corresponde según el mercado. El señor PÉREZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor HAMILTON.- A las medianas, les cobra menos; y a los pequeños y medianos mineros normalmente, los ha bonificado. En todo caso, esto nada tiene que ver con el fundamento del proyecto, cual es la difícil situación por la que han pasado los pequeños y medianos mineros, especialmente los pirquineros, para poder pagar sus patentes en los últimos años. Esto sucede a causa de los problemas que han debido enfrentar en sus minas, y por la disminución del precio del cobre. El señor PÉREZ.- ¿Me permite una interrupción Su Señoría? El señor HAMILTON.- Hubo unanimidad sobre la materia en las Comisiones, y creo que también tendrá que haberla en el Senado, para que demos aprobación a este proyecto que el Gobierno ha presentado. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hormazábal. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, como se señala, aunque la idea de no debatir asuntos adicionales al proyecto es atractiva, pienso que hacerlo llevaría a una discusión interesante. Ello porque, sin duda, el importante papel que está cumpliendo la ENAMI tiene, en mi opinión, algunas deficiencias en el ámbito del fomento, y hay otros aspectos que sería muy valioso debatir en el Senado. En lo que se refiere al tema específico, éste se origina a raíz de que hemos dictado ya dos leyes, en dos períodos distintos, en 1992 y 1993, sobre el particular. El proyecto en debate viene a reiterar la situación, sin que hayamos abordado un mecanismo de resolución que, en el debate del primero de los proyectos, se planteó, aunque entonces la Comisión de Minería estimó que necesitaba más tiempo para estudiarlo. Se trataba de una facultad que podría estar radicada en los Tesoreros regionales, para considerar cuáles son los elementos objetivos que inciden en la conducta de algunos pequeños y medianos mineros, con el objeto de poder ofrecerles las facilidades pertinentes. Como bien acotó la Comisión de Minería en su oportunidad, eso dice relación precisamente a la ley que regula la situación de la minería. Ahí se establece que el pago de la patente es anticipado, y cualquiera otra modalidad tendría que estudiarse con más ahínco. Insisto en que se trata de un asunto que hay que abordar con mayor latitud. Pero el problema que ahora nos ocupa tiene urgencia. En buena parte del norte del país se ha producido una sequía de gran envergadura, la que, sumada a los problemas habituales de la región, ha hecho muy difícil la situación para los mineros más modestos. La Comisión de Minería de la Corporación ha analizado con mucha seriedad estas circunstancias, y ha propuesto a la Sala que apruebe unánimemente el proyecto. Siendo éste, como digo, un asunto de mucha urgencia, me permito solicitar al Senado que procedamos a acoger el texto en la forma en que viene, sin perjuicio de hacer un llamado a nuestra Comisión especializada para que examine con mayor latitud -con la concurrencia del señor Ministro de Minería, a quien habría que invitar para tales efectos- los aspectos relativos al cumplimiento de las funciones de la ENAMI, y otros que seguramente podrían perfeccionarse. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero. El señor OTERO.- Señor Presidente, nuevamente nos encontramos ante un proyecto que propone prorrogar plazos para cumplir obligaciones que no se han solventado en tiempo y forma. El mismo informe de la Comisión señala que la ley N° 19.201, publicada en el Diario Oficial de 3 de febrero de 1993, estableció en su artículo único lo siguiente: "Prorrógase por única vez, hasta el 28 de febrero de 1993, el pago de la patente minera anual que debió efectuarse en el curso del mes de marzo de 1992,". La ley N° 19.294, publicada en el Diario Oficial de 3 de marzo de 1994, en un artículo único dispuso: "Prorrógase hasta el 30 de junio de 1994, a los titulares de concesiones mineras, el plazo para el pago de la patente anual que debió efectuarse en el curso del mes de marzo de 1993.". Hoy día se nos propone que aprobemos un proyecto cuyo artículo único, en su inciso primero, señala: "Los deudores de las patentes mineras anuales cuyo pago originalmente debió efectuarse en los meses de marzo de 1992 y de 1993, podrán pagarlas, sin recargo, en dos cuotas, en los meses de noviembre y diciembre". Señor Presidente, he intervenido en varias oportunidades en el Senado para señalar que este tipo de leyes constituye un mal precedente. No entro a discutir si posiblemente los pequeños mineros están en situación que amerita un proyecto como éste. Pero ocurre que en esta iniciativa no se contiene un beneficio exclusivo para los pequeños mineros: se los favorece a todos: grandes, medianos y pequeños. Se dirá -seguramente sin ningún antecedente- que los grandes y los medianos mineros pagaron sus patentes y que sólo se pretende beneficiar a los pequeños. Empero, cuando la ley no distingue, al hombre no le es lícito distinguir. ¿Qué pasa en Chile? Que el que cumple sus obligaciones y paga oportunamente sus deudas, impuestos y patentes pasa a considerarse un tonto, por cuanto el ser cumplidor de sus obligaciones en definitiva no le reporta ningún provecho efectivo; sabe que, si no paga, se presentará este tipo de proyectos de ley. Y, una vez más, debemos abocarnos a tratar este tipo de iniciativas sobre prórrogas y más prórrogas de deudas morosas. No hace mucho se dictó una ley en beneficio de los parceleros agrícolas provenientes del proceso de reforma agraria, que habían sido favorecidos en "ene" ocasiones y a quienes se terminó por condonarles toda la deuda. Ante ello, cabe preguntarse qué acontece con aquellos que pagaron en la fecha correspondiente; con los que hicieron sacrificios por cumplir sus compromisos para con el Estado. ¿En qué situación quedan? Pienso que se da un pésimo ejemplo, porque la gente se está acostumbrando a que siempre se dicten leyes de excepción para los morosos. En el hecho, estas leyes inducen al incumplimiento de las obligaciones para con el Fisco y dañan seriamente la moral de los chilenos. En el presente caso, existen dos leyes que se refieren a sendas prórrogas del pago de patentes mineras de los años 1992 y 1993, además de lo que se plantea para el correspondiente a las de 1994. He escuchado atentamente a un distinguido señor Senador que dijo: "Aquí probablemente hay un problema sobre las patentes mineras". Si así fuere, en lugar de estar prorrogando su pago todos los años, lo que constituye -reitero- un muy mal ejemplo para la ciudadanía, ¿por qué no vamos al fondo del problema y resolvemos aquello que realmente requiere de una solución? No es posible que la situación se repita año tras año! Entiendo que pueda haber una circunstancia gravísima, en un momento determinado, que aconseje hacer una excepción. Pero cuando esto sucede por tres años consecutivos, quiere decir que el asunto es mucho más grave y más de fondo que el prorrogar, simplemente, obligaciones tributarias. Si nuestra intención es ayudar a la pequeña minería, señor Presidente, debiéramos haber establecido que el beneficio es únicamente para los pequeños mineros. Sin embargo, el proyecto, al igual que los aprobados antes, comprende a la gran minería, a la mediana y a la pequeña, porque no se hace diferencia entre éstas. Uno de los textos legales que se han dictado, que tengo a la vista, expresa: "Prorrógase, hasta el 30 de junio" ... "a los titulares de concesiones mineras,". Por su parte, la actual iniciativa comienza diciendo: "Los deudores de las patentes mineras anuales". Se me rebatirá que la mayoría son pequeños mineros. Mas, como en el texto en debate no se especifica que beneficia única y exclusivamente a los pirquineros y los pequeños mineros, quienes en verdad merecen apoyo, resulta que podrán acogerse a sus disposiciones todos los concesionarios que no pagaron las patentes mineras en forma oportuna. Comprendo que la gente pueda tener dificultades, pero reitero que el hecho de tener que legislar cada año para prorrogar el plazo de pago de las patentes indica que tal vez existe un problema de fondo que es necesario encarar. Señor Presidente, el Senador señor Hamilton me solicita una interrupción. Se la doy, con mucho gusto, si la Mesa lo permite. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar al Senador señor Otero que en el proyecto no se hizo distinción entre mediana, pequeña y gran minerías -eso es cierto- porque estas categorías de la actividad minera no se hallan definidas en la ley. En consecuencia, sería muy difícil hacer tal diferenciación. En segundo término, no cabe duda alguna de que la ley en proyecto, en la práctica, sólo se va a aplicar a los mineros pequeños, y quizá también a algunos medianos, porque los grandes mineros no dejan de pagar oportunamente sus patentes. Y, en tercer lugar, la iniciativa no establece una condonación de deudas, sino que otorga facilidades de pago y prorroga el plazo para cumplir la obligación. Esto obedece a la necesidad de ayudar a quienes se vieron afectados por aluviones, sequía y la baja del precio del cobre, que es el producto que prima en la minería, especialmente en la del norte. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Puede continuar el Senador señor Otero. El señor OTERO.- Señor Presidente, las palabras del Senador señor Hamilton confirman mi razonamiento. ¿En qué sentido? En el de que si por tres años consecutivos se está repitiendo el mismo fenómeno, indudablemente hay un problema de fondo. ¿Y qué acontecerá? Que, transcurrido el período de vigencia de la ley originada en el actual proyecto, sin que se haya solucionado ese problema, será imprescindible conceder otra prórroga. ¿Qué sensación produce en el resto de la población este tipo de proyectos? La sensación de que, cuando las personas no cumplen sus compromisos, el Congreso Nacional siempre despachará una ley destinada a concederles una prórroga o, como lo señalé respecto de otro caso, una condonación. Este principio me parece malo. ¿Por qué? Porque ése no es el ejemplo que debe darse a todos los chilenos que se esfuerzan por pagar a tiempo sus obligaciones tributarias o pecuniarias para con el Estado. Señor Presidente, no voy a votar en contra del proyecto, pues las razones que aquí se han dado las considero legítimas. Pero no he querido dejar de señalar un planteamiento que permanentemente he formulado en la Sala al discutirse esta clase de iniciativas. Por eso, me abstendré en la votación. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Al parecer, ya hay en la Sala el quórum constitucional requerido. Y, como se han entregado suficientes argumentos en la materia, podría precederse de inmediato al pronunciamiento pertinente. Con 27 votos favorables y la abstención del Senador señor Otero, se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite. REAJUSTABILIDAD DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL Y MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que establece normas relativas a la reajustabilidad de los subsidios por incapacidad laboral y modifica diversas disposiciones sobre seguridad social. (Véase en los Anexos, documento 4). Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 2a, en 22 de marzo de 1994. En trámite de Comisión Mixta, sesión 33a, en 13 de septiembre de 1994. Informes de Comisión: Trabajo, sesión 8a, en 23 de junio de 1994. Hacienda, sesión 8a, en 23 de junio de 1994. Trabajo (segundo), sesión 19a, en 9 de agosto de 1994. Hacienda (segundo), sesión 19a, en 9 de agosto de 1994. Mixta, sesión 6a, en 19 de octubre de 1994. Discusión: Sesiones 9a, en 5 de julio de 1994 (se aprueba en general); 28a, en 31 de agosto de 1994 (se despacha). El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión Mixta hace constar en su informe que la urgencia del proyecto fue calificada de “suma”. Tras mencionar los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado que la integraron y señalar que se eligió Presidente al Senador señor Calderón, hace presente que las disposiciones que sugiere son de quórum calificado (su aprobación precisa, en este momento, del voto favorable de 23 señores Senadores); explica la controversia suscitada entre ambas ramas del Parlamento, y, finalmente, propone las normas que indica, dejando establecido que casi todas ellas se acogieron por unanimidad, con excepción de dos números de un artículo, que se aprobaron por 5 votos a favor y dos abstenciones. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En discusión el informe. El señor CALDERÓN.- Pido la palabra. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Trabajo. El señor CALDERÓN.- En atención al ánimo de los señores Senadores de despachar rápidamente la iniciativa, mi exposición será breve. Tengo el honor de informar acerca de la solución alcanzada respecto de este proyecto de ley, que establece normas relativas a seguridad social y modifica otras. La Comisión Mixta concordó en la fórmula que hoy se propone a la Sala, resolviendo la totalidad de las diferencias entre lo aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Cabe recordar, sucintamente, que los ajustes y modificaciones que contiene la iniciativa se refieren a variadas materias provisionales, siendo las fundamentales las siguientes: se reforman algunas disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, concernientes a la reajustabilidad de los subsidios por incapacidad laboral; se enmiendan algunos aspectos del decreto ley N° 869, sobre pensiones asistenciales; se modifica el requisito de la densidad de las imposiciones que se exigen para pensionarse en los antiguos regímenes del seguro social de obreros, hoy día incorporados al Instituto de Normalización Previsional; se perfecciona la operatividad de beneficios provisionales para trabajadores por obra o faena; se amplía el plazo para acceder a los beneficios provisionales que la ley N° 19.234 concede a las personas exoneradas por motivos políticos; y, en fin, se consagran normas que dicen relación a los ex imponentes de diversas cajas de previsión de trabajadores bancarios. A continuación haré un resumen de la forma en que la Comisión Mixta propone resolver las divergencias suscitadas con motivo del articulado aprobado por la Cámara de Diputados y del acogido por el Senado. En el artículo 1º, las diferencias eran meramente formales y fueron superadas adoptando, básicamente, el texto despachado por nuestra Corporación. En el artículo 3°, que hace extensiva a los beneficiarios de pensiones asistenciales la posibilidad de causar el derecho a la asignación por muerte que corresponde en el caso de los pensionados del antiguo sistema previsional, el Senado había incorporado un inciso que dividía dicha asignación en dos partes iguales. Se acordó finalmente proponer una fórmula que permite que en determinados casos tal beneficio pueda solventar necesidades que son consecuencia directa del fallecimiento de la persona, además del servicio funerario propiamente tal. El artículo 9o contiene una disposición referida a los ex imponentes de la Caja Bancaria de Pensiones y de la ex Caja del Banco del Estado de Chile, haciéndoles aplicables el tope general de imponibilidad de 60 unidades de fomento. Esta norma había sido introducida por la Cámara de Diputados y suprimida en el Senado. Dado que ella permite terminar con una discriminación hacia este sector, se resolvió unánimemente proponer su mantención en el texto del proyecto. Los artículos 10,11 y 12 aprobados por la Cámara de Diputados, todos ellos asociados a la supresión de la cotización a fondos de solidaridad para los imponentes de las ex cajas de previsión de los trabajadores bancarios -estos fondos en la actualidad prácticamente no son utilizados-, fueron tratados en forma conjunta por la Comisión Mixta, la que resolvió, por unanimidad, proponer la aprobación de los textos contenidos en el proyecto de la Cámara Baja. Con respecto al artículo 15, cuyo contenido sustancial consagra una prórroga de los plazos para que los exonerados políticos puedan acogerse a una transacción extrajudicial con el Instituto de Normalización Previsional, cabe recordar que había divergencias en cuanto al período que comprendería dicha prórroga. Finalmente, por la unanimidad de la Comisión Mixta, se concordó con el Ejecutivo en el sentido de ampliar los plazos a 24 meses, lo cual significará que éstos se extenderán hasta agosto de 1995. En lo referente a los números 2 y 3 del mismo artículo 15, la Cámara de Diputados había aprobado normas relativas a ex trabajadores exonerados del sector privado conforme a las cuales, para el cálculo de sus eventuales pensiones, se debían considerar las remuneraciones de naturaleza imponible, y no aquellas por las que se cotizó. Basados en que estas disposiciones corrigen una situación anómala, que tuvo su origen en el hecho de que la ley N° 19.234 fue concebida inicialmente para ser aplicada a ex trabajadores del sector público, se acordó proponer la mantención en este punto del texto elaborado por la Cámara Baja. En suma, debo señalar que los miembros de la Comisión Mixta pusieron un gran empeño y voluntad para superar las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, y alcanzaron un nivel de acuerdos unánimes poco frecuente respecto de un proyecto misceláneo que aborda diversas y delicadas materias de naturaleza previsional, en el entendido de que se están corrigiendo algunas deficiencias que presentan determinadas normas provisionales y de que se está beneficiando a un significativo número de compatriotas. Por lo tanto, en nombre de la Comisión Mixta, insto a los distintos colegas a otorgar su aprobación a la presente propuesta. He dicho. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Cabe señalar que la Cámara de Diputados, por oficio N° 323, de 13 de octubre, da cuenta de que aprobó el informe de la Comisión Mixta. El señor RUIZ (don José).- Aprobémoslo, señor Presidente. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Entiendo que estas disposiciones fueron objeto de unanimidad en la Comisión Mixta y que sólo en una de las sugerencias se registraron abstenciones. Si le parece a la Sala, se aprobará el informe. Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 26 señores Senadores y de que se cumplió con el quórum constitucional requerido. PLANTA DE PERSONAL DE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que da una nueva planta para el personal del Servicio Agrícola y Ganadero, con informes de las Comisiones de Agricultura, de Gobierno, Descentralización y Regionalización, de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 12a, en 10 de mayo de 1994. Informes de Comisión: Agricultura, Gobierno, Hacienda y Constitución, sesión 5a, en 18 de octubre de 1994. El señor MATTA.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero hacer presente un asunto antes de que comience a informar el señor Secretario. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MATTA.- Entiendo que había acuerdo de Comités para tratar más tarde esta iniciativa -aproximadamente, a las 18-, a fin de contar con la presencia del Ministro de Agricultura, señor Emiliano Ortega. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- No hubo acuerdo para esos efectos, señor Senador. Y avisaremos al señor Ministro que no acuda al Senado, porque, en verdad, existe disposición para aprobar el proyecto. El señor MATTA.- Gracias, señor Presidente. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Esta iniciativa, originada en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, fue acogida por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Agricultura, la cual propone aprobarla con las enmiendas que aparecen en su informe. Por su parte, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recomienda, en lo que atañe a su competencia, acoger el proyecto en los mismos términos en que lo hizo el anterior órgano técnico. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a su vez, tomó conocimiento del texto a raíz de una consulta que le formuló la de Agricultura, en relación con el artículo 5o, llegando a la conclusión de que este precepto es de carácter orgánico constitucional. Finalmente, la Comisión de Hacienda sugiere aprobar el proyecto de la Comisión de Agricultura con varias modificaciones, entre las cuales figura la supresión del artículo 5o. Como éste es de rango orgánico constitucional, la iniciativa pasaría a ser de quórum simple. Tanto las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda como el texto definitivo aparecen en el correspondiente informe. En resumen, el proyecto cuenta con informe de cuatro Comisiones, y se propone aprobar lo propuesto por la Comisión de Agricultura, con las modificaciones que introdujo la de Hacienda. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En discusión general la iniciativa. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Larre. El señor LARRE.- Señor Presidente, en forma muy breve quiero informar a la Sala en qué consiste el proyecto. Este se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene como objetivo mejorar y regularizar la situación de los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero. La iniciativa, sustentada por el Ejecutivo, se basa en el hecho de que la planta actual de dicho organismo no permite un adecuado desarrollo de la carrera funcionaria, que sea concordante con lo dispuesto sobre la materia por el Estatuto Administrativo; en la necesidad de racionalizar y modernizar la estructura del Servicio Agrícola y Ganadero, a fin de hacerla más funcional a la consecución de sus fines específicos; y en la necesaria incidencia en la adecuación de las plantas producida por las modificaciones introducidas a la ley 18.755, Orgánica de dicho Servicio, por parte de la recientemente dictada ley N° 19.283. En este momento, la entidad cuenta con una dotación autorizada por la Ley de Presupuestos para el año 1994 de 1.S01 cargos y con un presupuesto de 6 mil 505 millones 474 mil pesos, por concepto de remuneraciones, de los cuales 4 mil 826 millones 647 mil pesos corresponden a sueldos del personal de planta de la institución. La actual planta del Servicio fue establecida en 1990 y autorizó 1.205 cargos, distribuidos en siete escalafones. La dotación efectiva al 31 de marzo de este año era de 1.464 funcionarios, de los cuales cabe destacar que el 72 por ciento pertenece a la categoría de profesionales y técnicos. El proyecto permite un reordenamiento y una racionalización de los escalafones genéricos, respondiendo en mejor forma a la realidad y necesidades del Servicio, e incrementa el número de cargos en 30, totalizando una planta de 1.235 funcionarios. El mayor costo que significa el proyecto es de 528 millones de pesos, que representa un aumento de 10,93 por ciento de la masa salarial actual. En general, los incrementos de remuneraciones más grandes recaen en las Plantas de Profesionales y de Técnicos. La Comisión de Agricultura, en atención a la trascendencia del Servicio Agrícola y Ganadero para la conservación del patrimonio fito y zoosanitario del país y a la incidencia de las exportaciones de nuestro sector rural en los proyectos de expansión económica, consideró conveniente aprobar la iniciativa. Lo mismo hicieron las demás Comisiones que la analizaron. En cuanto al artículo 5o, que había generado discrepancias -permitía al personal a contrata desempeñar funciones de jefatura-, debo informar que fue eliminado mediante una indicación que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda. Por lo expuesto, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar a favor del proyecto. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En definitiva, ¿el artículo 5o quedó suprimido? El señor LARRE.- Exactamente, señor Presidente: fue eliminado en la Comisión de Hacienda por una indicación del Ejecutivo. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, sólo quiero expresar que los Senadores del Partido por la Democracia vamos a dar nuestra aprobación al proyecto, que, simplemente, mejora y regulariza la situación de los trabajadores de este importante servicio agrícola. Tal como indicó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el aumento de cargos es muy leve, ya que de 1.205 se amplían a 1.235. Es importante hacer resaltar el alto grado de eficiencia que ha adquirido el Servicio Agrícola y Ganadero. Por lo tanto, creo que respaldarlo aún más implica reforzar esa eficiencia. Cabe señalar que el SAG, dentro del concierto latinoamericano, es el organismo que más se ha destacado, por el celo puesto en el cumplimiento de sus funciones. Como Chile es una nación exportadora, es positivo todo esfuerzo por modernizar el Servicio Agrícola y Ganadero y hacerlo más eficiente. En ese sentido, debe subrayarse lo que dice relación a remuneraciones y a los instrumentos adecuados para su funcionamiento. El proyecto procura un alza salarial en favor de los funcionarios, especialmente de los profesionales y técnicos. Respecto a la labor de fiscalización que corresponde al SAG, debe mencionarse que dentro de las delicadas funciones que cumple en ese aspecto está la de aplicación y control de la Ley de Tipificación de Carnes. Sin embargo, la planta ha sido aumentada sólo en 18 plazas en el último tiempo, cantidad que a todas luces resulta muy reducida. Asimismo, vale la pena destacar, para hacer justicia al proyecto y para la historia de la ley, que aún no estamos cerca de una proporción adecuada entre el desarrollo que han experimentado algunas especialidades agrícolas del país y el que deben tener los organismos de apoyo técnico o de fiscalización para prevenir los problemas que afectan al sector. El respaldo que hoy otorgaremos al Servicio todavía es modesto. Por lo tanto, más adelante, con más calma y tal vez no sometidos a una presión tan fuerte, deberíamos dar un mayor estímulo a la eficiencia profesional del SAG -podría ser discutido a raíz de la Ley de Presupuestos-, cuya labor de fiscalización es tan importante para el progreso económico del país. Termino reiterando que los Senadores del PPD vamos a votar favorablemente la iniciativa. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Matta. El señor MATTA.- Señor Presidente, los Senadores de la Democracia Cristiana también vamos a concurrir con nuestros votos a la aprobación de este importante proyecto, que responde a la necesidad de racionalizar y modernizar la estructura del Servicio Agrícola y Ganadero, con la finalidad de hacerla mucho más funcional a las obligaciones específicas de esta institución. Desde el punto de vista presupuestario, la iniciativa -ya lo indicó el Senador señor Larre, quien informó a la Sala en nombre de la Comisión de Agricultura- tiene un costo adicional de alrededor de 528 millones de pesos. Sólo se generan 30 cargos más en la estructura central de funcionamiento del SAG, por lo cual su planta sube de 1.205 cargos a 1.235. Resulta importante destacar el alto grado de profesionalismo con que el Servicio Agrícola y Ganadero realiza las tareas que le encomienda su propia ley orgánica. Esta institución tiene por objeto contribuir al desarrollo agropecuario del país mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país, y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación a través de normas legales y reglamentos. Este objetivo es plenamente concordante con las estrategias planteadas por el Gobierno nacional, que ha enfatizado en todo momento el desarrollo sostenido y sustentable para el sector agrícola, a fin de que la agricultura y el mundo rural reemerjan con fuerza en nuestra economía y en la cultura nacional. Lo anterior permite concluir que el Servicio Agrícola y Ganadero debe esforzarse por mejorar la sanidad silvoagropecuaria del país con la ejecución de proyectos específicos tendientes a la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas, y la protección de los recursos naturales y renovables, a fin de dar cumplimiento a las estrategias que preocupan al Gobierno. Es relevante la función que desarrolla el SAG en un país esencialmente agrícola como Chile, porque con su gestión ha colaborado a que el sector silvoagropecuario aporte 8 por ciento al producto geográfico bruto total del país y a través de un saldo positivo de la balanza comercial de productos agropecuarios. Quiero destacar algunas acciones que está realizando el Servicio Agrícola y Ganadero o que ya ha desarrollado: levantamiento de las restricciones cuarentenarias por parte de Estados Unidos a los productos hortofrutícolas que se exportan a ese mercado; reconocimiento de Chile como país libre de la mosca de la fruta, exceptuando a la Primera Región (provincia de Arica); apertura de nuevos mercados, como Japón (para uva de mesa y kiwi), México (para manzanas, peras y fruta de carozo), Cuba (frutas y hortalizas frescas, granos y legumbres), Argentina, etcétera; introducción de nuevas especies o variedades que estaban prohibidas. En fin, podría señalar innumerables acciones más que cumple el SAG. Igualmente, debe subrayarse cómo ese Servicio ha ido generando recursos e ingresos propios. Durante 1993 produjo ingresos propios por concepto de venta de bienes y, principalmente, prestación de servicios por un monto que asciende a 4 mil 422 millones de pesos, destacándose la generación de 3 mil 25 millones por concepto de inspecciones de productos hortofrutícolas de exportación -es decir, 68 por ciento del total de los recursos propios que generó el Servicio, por la inspección de 143 millones de cajas exportadas durante 1993-; 133 millones y fracción, por la aplicación de más de 170 mil dosis de vacuna contra la brucelosis; 157 millones y fracción, por la supervisión de fumigación de productos agrícolas de exportación, y 1.106 millones, que representan el 25 por ciento restante, agrupados en la categoría de "otros", que incluye: inspección de productos agrícolas de importaciones; inspección de maderas y productos forestales; inspección de productos pecuarios de importación y exportación; análisis de laboratorio de productos alcohólicos, agrícolas y pecuarios; derechos como las autorizaciones de caza e inscripciones de plaguicidas. En fin, podríamos señalar diversas acciones que desarrolla en forma muy eficiente y eficaz el Servicio Agrícola y Ganadero, por lo que este proyecto cumple cabalmente los objetivos de mejorar la planta y dar alicientes a los esforzados funcionarios del Servicios Agrícola y Ganadero. Por lo tanto, reitero nuestros votos favorables a la iniciativa en comento. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera. El señor PIÑERA.- Señor Presidente, en primer lugar, a pesar de que la normativa se ha corregido, creo importante que el Ejecutivo, cuando envíe proyectos de ley sobre carrera funcionaria, se preocupe de que sean armónicos y consistentes con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Si existe un cuerpo legal que regula la carrera funcionaria, asegura la igualdad de oportunidades, garantiza transparencia en las promociones a través de concursos o de ascensos, debemos respetarlo. Digo lo anterior porque, sistemáticamente, múltiples iniciativas del Gobierno -no vale la pena mencionarlas- no armonizan con los términos de la Ley de Bases. Si la preceptiva pertinente es inadecuada, debe modificarse para toda la Administración Pública. La enmienda caso a caso, en forma tan puntual, me parece una pésima técnica legislativa. En segundo término, es muy relevante el rol que juega en nuestra economía el Servicio Agrícola y Ganadero. Pero de allí a identificar los logros en la agricultura con la dotación de ese organismo hay un abismo. Me parece que gran parte de lo que se consigue en materia económica responde a lo que son los actores principales; en este caso, sin duda, los productores agrícolas. En tercer lugar, cuando analizamos la planta del SAG, no podemos pensar única y exclusivamente en los problemas particulares del personal, sino también en las funciones que debe cumplir este Servicio. Señalo esto porque se ha hecho práctica habitual, para resolver las situaciones individuales del personal adscrito a las plantas de distintas reparticiones públicas, destrozar la carrera funcionaria y no respetar los requisitos técnicos que la Ley de Bases fija para ocupar ciertos cargos. Si el personal menor de algunas instituciones tiene bajas rentas, la solución no es promoverlo a los niveles técnicos. Sin duda, esto le subirá los sueldos, pero no satisfará la necesidad de aquéllas de tener en sus plantas, personal con título profesional. Digo lo anterior porque una vez más nos encontramos en presencia de un proyecto de ley cuyo objetivo principal es mejorar las rentas de los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero, y no estudiar, dentro del concepto de modernización del Estado, la estructura óptima que debe tener una entidad tan importante como ésa. En la normativa en estudio no existe ninguna argumentación, análisis o elemento que pueda ilustrar al Senado sobre cómo deben ser las plantas de dicho Servicio. Como muy bien lo hizo notar el Senador señor Mc-Intyre, cuando uno analiza las plantas de personal aprobadas para algunas instituciones, puede observar que presentan una forma muy curiosa. Normalmente, un escalafón tiene una estructura piramidal; es decir, en los niveles más altos hay menos cargos, y de ahí hacia abajo va creciendo la pirámide. Esta es la manera lógica de estructurar las organizaciones. Sin embargo, si los señores Senadores estudian la iniciativa, se darán cuenta de que la planta tiene una forma rara: es angosta arriba, muy ancha en el medio y muy angosta abajo. Es una especie de rombo. Lo anterior no obedece a una argumentación en el sentido .de que el Servicio Agrícola y Ganadero requiere ese tipo de organigrama. Porque lo que se busca con estos proyectos de ley es, simplemente, aumentar los sueldos del personal. Pero el mecanismo para ello son los reajustes de remuneraciones. Y debemos analizar de una vez por todas la estructura de la Escala Única. Utilizar la vía de alterar totalmente el organigrama del personal de una institución para resolver un problema de sueldos revela muy poca preocupación por la organización eficiente y moderna que debe tener un ente como el Servicio Agrícola y Ganadero para cumplir eficazmente su labor. Mediante esa práctica hacemos algo que parece muy fácil, pero no consideramos el verdadero interés público de que el SAG cuente con los profesionales que requiere. Cuando fijamos en su planta un cargo profesional, lo hacemos porque estimamos que lo necesita, y no para subir las rentas a funcionarios sin ese rango. Ya suman 27 los proyectos que han utilizado este mecanismo para reajustar remuneraciones. Y próximamente serán 31, porque 4 iniciaron su trámite legislativo. Hace mucho tiempo solicitamos al señor Ministro de Hacienda que explicara la política de personal. Se habla tanto de modernización del Estado; escuchamos discursos en los más altos niveles, y, sin embargo, no estamos modernizando el Estado, sino haciendo todo lo contrario. La Escala Única de Sueldos, teóricamente, contempla del grado 1 al 32. Pero en la Administración Pública en general el último grado efectivo es el 23. En otras palabras, hemos eliminado todos los grados entre el 23 y el 32. ¿Por qué? Porque no tenían remuneraciones adecuadas. Entonces, lo que deberíamos hacer sería repensar de una vez por todas la Escala Única. Señor Presidente, es bueno que el Senado sepa que en los últimos cinco años hemos otorgado reajustes de remuneraciones al sector público por 21 por ciento, en términos reales, a través de múltiples iniciativas especiales. Pero cuando se dispone de un pozo de 21 por ciento para reajustar las rentas de los funcionarios del Estado -lo considero absolutamente necesario, conveniente y justo-, es el momento de racionalizar la estructura de dicho sector, en vez de entregar los recursos en pequeños paquetes descoordinados. Por todas esas consideraciones, solicitamos al Ministro de Hacienda que concurriera al Senado a explicar, de una vez por todas, las políticas de personal y remuneracional, y cómo se insertan ambas dentro de la tan ansiada modernización del Estado. Pero no lo ha hecho. Planteó que lo haría en el contexto del proyecto de Ley de Presupuestos. Considero que si la Cámara Alta ha aprobado iniciativas de reajustes de sueldos por un monto aproximado a 260 mil millones de pesos, por lo menos debiera tener idea de qué está haciendo. Deseo consultar qué señor Senador comprende la lógica y la filosofía de esta política de reajustes, salvo la casuística recurrente de que en tal servicio existen funcionarios muy meritorios con remuneraciones muy bajas. Sin embargo, ello no representa una política de reajustes ni de plantas de personal para un Estado moderno como el chileno. Me parece que esa forma de establecer reajustes es inapropiada. Lo que hoy día hacemos es estrangular la Escala Única, ya que para aumentar las rentas eliminamos grados o ascendemos al personal. Como no podemos subir los tramos superiores -o sea, no es factible crear los grados -1, -2 ó -3-, estamos dando a la Administración Pública una estructura inversa a la que postulan quienes saben realmente cómo debe organizarse un Estado moderno. En la antigüedad, los Estados requerían muchas personas de bajo nivel de calificación. Los Estados actuales necesitan menos gente pero de mejor nivel. Los más capacitados debieran estar, probablemente, en los cargos públicos. Empero, con la actual política de reajustes de remuneraciones, que el Senado aprueba en forma sistemática proyecto a proyecto, estamos haciendo absolutamente imposible la existencia de un Estado moderno, que debe ser más pequeño, pero mucho más poderoso y eficaz, con funcionarios profesionales. Por eso, estimo que justificar aumentos de sueldos en base a requerimientos particulares de un Servicio, como es el caso del Agrícola y Ganadero, ya no resiste análisis. Han sido 27 los aprobados en la Corporación por esa vía. Y el Ministro de Hacienda tiene, a mi juicio, la obligación de responder a una invitación que se le hizo, a través de un oficio solicitado por el Senador que habla, para que explique la política de reajustes de remuneraciones que se pretende aplicar en nuestro país, máxime cuando el tema de la modernización del Estado, que pasa fundamentalmente por un cambio en la filosofía de la administración de personal, reviste tanta prioridad y ha sido tan anunciado por el Presidente de la República y muchos Ministros. En consecuencia, una vez más solicito que se ilustre al Senado respecto de la política de remuneraciones actual, y también de la futura, porque cabe destacar que hay tres proyectos similares en trámite. No deseo repetir la discusión cada vez que surge una iniciativa de esta naturaleza, pero no hay duda de que la política de otorgar reajustes por la vía de alterar las plantas, estudiándolas siempre caso a caso, sin ninguna posibilidad de alcanzar una visión global del problema, resulta del todo inconveniente. ¿Por qué creen los señores Senadores que las plantas del Servicio Agrícola y Ganadero merecen ser aprobadas hoy? ¿No habrá otras reparticiones mucho más postergadas o con problemas mayores? Llega este proyecto, lo aprobamos. Llega otro, lo aprobamos. Quienes los envían jamás nos han explicado si ellos son parte de un programa global, si responden a grupos de presión o a la mayor o menor cercanía de los servicios con el Ministerio de Hacienda, etcétera. En lo personal, creo francamente que para poder cumplir con corrección el papel que la Constitución nos asigna en estas materias -aprobar los reajustes del sector público-, lo menos que podemos pedir es contar con la información necesaria para saber lo que estamos haciendo, cosa que, lamentablemente, no ha ocurrido, lo cual se ha transformado en una práctica que considero altamente negativa. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Calderón. El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, deseo señalar que, naturalmente, apoyamos el proyecto -lo hicimos en las otras ocasiones en que se ha discutido en esta Sala-, que aplica los mismos parámetros que se han utilizado para la elaboración de todas las plantas que hemos aprobado hasta ahora. Sólo me resta manifestar mi alegría porque se apruebe ahora, luego de recibir informe favorable por parte de cuatro Comisiones. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, antes que todo quiero señalar que votaré favorablemente el proyecto de ley, porque estimo que la labor de quienes se desempeñan en el Servicio Agrícola y Ganadero es realmente encomiable. No obstante, adhiero a lo señalado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Por enésima vez desde que llegué al Senado he escuchado los mismos argumentos -yo mismo los he expresado en reiteradas oportunidades en la Comisión de Hacienda y en esta Sala- en torno a que no podemos seguir legislando de la manera en que lo estamos haciendo. Existe una Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y, sin embargo, parece no respetarse permanentemente por el propio Gobierno. Por ello, junto con señalar que no resulta razonable el procedimiento seguido hasta ahora en materia de plantas y adecuaciones de sueldos del personal de los diversos servicios, debo decir que, en el ánimo de dar una solución definitiva al problema y de no seguir perdiendo el tiempo en retórica, el Partido Unión de Centro Centro, en conjunto con Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, decidió estudiar una reforma constitucional que permita llevar adelante la modernización que requiere el Estado. De esa manera, se pondrá término a iniciativas como la que analizamos, que van introduciendo mejorías a "empujoncitos", en lugar de buscar, de una vez por todas, una solución adecuada, moderna, permanente, a la administración del aparato público, que debe ser eficiente para lograr los propósitos de bien que a todos nos inspiran. Eso es todo. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal. El señor HORMAZÁBAL.-- Señor Presidente, se ha dicho que no se puede seguir legislando de esta manera, y, a la vez, que ya hemos aprobado 29 proyectos semejantes a éste. Luego, parece que se puede. Es posible tener una posición discrepante. Se podría decir "no se debe", pero de que se puede, se puede. Si utilizamos más rigurosamente el lenguaje, entonces, debemos aceptar que sí se puede. ¿Se debería? Tal pregunta apunta al derecho a opción. ¿Es preferible -como ha dicho un señor Senador- legislar en bloque respecto de todos los servicios de la Administración Pública? Es una alternativa razonable, aparentemente lógica. No obstante, cuando en cada uno de los debates de los 27 o más proyectos que hemos examinado queda constancia de que en determinado período histórico se fue produciendo un deterioro muy importante de la situación de la Administración Pública, que se produjeron injusticias que desnivelaron a unos servicios respecto al resto, a lo mejor es lógico -es el argumento que he escuchado en los debates anteriores- que se haya tratado de ir restableciendo normas de equilibrio y equidad en el manejo de sectores que fueron injustamente postergados durante los 17 años en que algunos de los Parlamentarios de Oposición que han intervenido participaron en el Gobierno. ¿Quién estuvo más cerca del Ministerio de Hacienda? La historia lo sabe y mis Honorables colegas tienen buena memoria como para poder responder esa pregunta. En consecuencia, desde mi punto de vista es perfectamente lícito plantear: "Yo preferiría que se legislara abarcando, de una vez por todas, la situación de toda la Administración Pública". Pero los antecedentes que hemos tenido a la vista muestran que ha habido servicios que fueron postergados. Así se ha acreditado, por lo menos, en los proyectos en cuyo estudio he podido participar. En segundo lugar, se sostiene que iniciativas como ésta afectan a los trabajadores. No deseo hacer discusiones genéricas sobre el particular. En lo personal, no he participado en el estudio del proyecto, pues pertenezco a otras Comisiones, de modo que me informo por el trabajo acucioso que hacen mis Honorables colegas. Pues bien, en el informe de la Comisión de Agricultura se hace referencia a que, entre otros, concurrió la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, representada por su distinguida Presidenta, doña María Teresa Vera León, quien "tras agradecer la invitación, señaló que para los trabajadores de la institución constituye una antigua y sentida aspiración la aprobación del proyecto en informe.". Naturalmente, viniendo del mundo sindical, uno entiende que no siempre se logra el ciento por ciento de las demandas. Y eso es lo que hace ver aquélla al manifestar "su conformidad -en términos generales- con la iniciativa, sin perjuicio de considerar necesario formular algunas apreciaciones,". Entre ellas hay una relativa al artículo 5o del mensaje, que posteriormente pasó a constituir el artículo transitorio. Pues bien, de acuerdo con el informe, "la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero solicitó a vuestra Comisión modificar el artículo transitorio con el objeto de limitar la facultad del Director Nacional, en el sentido de que sólo pueda traspasar a las Plantas de Profesionales, Técnicos y Administrativos, a un número determinado de funcionarios de la Planta de Directivos". La Comisión atendió a esa solicitud, teniendo presente la conformidad prestada por el representante del Ejecutivo. Es decir, el Senado de la República se constituyó en un escenario importante, en donde una legítima propuesta de los trabajadores, que tendía a mejorar el proyecto, fue recogida por el Ejecutivo. Me parece muy bien que así haya ocurrido. Instarla a cualquier Gobierno futuro a tener una flexibilidad semejante, para que, en el Senado, en la Cámara o donde corresponda, recoja los argumentos fundados y serios que hagan presentes los trabajadores. De modo tal que, respetando las legítimas opiniones que existen sobre este tema, la manera como les gustaría proceder a algunos -ya sabemos cómo les gustó legislar en el pasado-, sería bueno que si en lo futuro llegaran a tener el Gobierno -es posible; por qué no-, lo ejercieran aprendiendo de estas sanas prácticas democráticas de que da cuenta el informe a que me he referido. Por otro lado, quiero destacar la actitud del Gobierno ante el problema suscitado por el pronunciamiento de la Comisión de Constitución en torno al artículo 5o, que consideró de ley orgánica constitucional, pero que ya había sido aprobado con quórum de ley simple en la Cámara de Diputados. Pues bien, el informe de la Comisión de Hacienda deja constancia de que "Sin entrar en la discusión de fondo que se suscitó" "el Ejecutivo presentó indicación con el objeto de eliminar este artículo, a fin de agilizar la tramitación y despacho de este proyecto de ley.". Entonces, lo que constato es que hay un Gobierno democrático que escucha las opiniones de los trabajadores y recoge -aunque no los comparta- los juicios que hacen los legisladores respecto de determinadas materias, con la finalidad de sacar adelante el proyecto. Por tales consideraciones, por creer que la iniciativa cumple adecuadamente las normas constitucionales y legales y que hace justicia a un grupo de trabajadores que lo merecía; que hay un Ejecutivo capaz de acoger las sentidas aspiraciones de los trabajadores, y de aceptar -a pesar de no compartirlas- opiniones fundadas que se dan en el seno de la Corporación, estimo que debe ser despachada sin más debate, y no quisiera ser un obstáculo para ese objetivo. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la verdad es que el proyecto en cuestión, mirado individualmente, contiene indudable mérito, si se piensa en las personas a que está dirigido y que pretende beneficiar. No cabe la menor duda de que, por los antecedentes que se han dado a su respecto, se trata de un grupo de gente muy competente y que carece de un reconocimiento económico en los términos que corresponde. Desde esa perspectiva, es un proyecto valioso y que tiene justificación. Sin embargo, dada la situación aquí analizada, sin duda alguna a raíz de esta iniciativa -una más de una serie de proyectos que, en cierto modo, han ido resolviendo estos problemas en forma individual-, hay determinadas cosas que va dejando a la luz esta política seguida por el Gobierno de arreglar las remuneraciones de la Administración Pública, las cuales, a mi juicio, son importantes de destacar. Porque este proyecto, en ese sentido, no mejora una serie de aspectos relevantes que no podemos desconocer. En primer lugar, el sistema de remuneraciones de la Administración Pública. Por el contrario, por la forma casuística, como se ha señalado por algunos señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, en que se realiza se ha originado una manera de resolver los problemas que apuntan particularmente a un servicio determinado y no al conjunto de ellos y, por lo tanto, va generando situaciones y criterios diferentes en la asignación de las rentas por profesiones, en los requisitos de ingreso y de ascenso, etcétera, creando tal diversidad y complejidad que se pierde un poco el enfoque global que ciertamente debe tenerse de la Administración Pública. En segundo término, tampoco perfecciona este proyecto la calidad del servicio. Porque la forma como se incrementan las rentas -se sigue la misma lógica aplicada en otros casos- no está ligada a un incentivo, por ejemplo, a la calidad del servicio que se presta, y así los funcionarios de mejor desempeño no tienen un reconocimiento como tales. Hay tratos parejos. Y, por lo tanto, quienes laboran en este Servicio como en otros organismos públicos cuyas plantas han sido resueltas de esa manera, carecen de estímulo para que efectivamente, por su trabajo, puedan no sólo mejorar en lo personal, sino también desarrollar una mejor atención a los usuarios de estas entidades. No hay que olvidar que se trata precisamente de reparticiones públicas, es decir, que están destinadas a prestar un servicio a la gente. Y, lamentablemente, por esta vía, si bien se aumentan las remuneraciones, que es el objetivo declarado en éste y otros proyectos semejantes, no se apunta a ganar en calidad, eficacia y rendimiento de los mismos. Finalmente, tampoco mejora la situación del sector productivo correspondiente, al cual, en este caso, el Servicio está llamado a satisfacer. La agricultura se hallará en mejor o peor condición, pero ello no depende del arreglo de la planta administrativa de este Servicio; por el contrario -casi parece irónico-, si se analizan los índices de su desarrollo en los últimos cuatro años, se constatará que efectivamente ha perdido capacidad productiva; que, en términos relativos, ha crecido prácticamente nada y, por lo tanto, mucho menos en comparación con el resto de los sectores productivos del país; ha disminuido en capacidad de empleo, en superficie cultivada y en varios otros aspectos que vamos a analizar en un par de semanas. Sin embargo, el que no ha perdido en el ámbito de la agricultura es el Ministerio del ramo, pues ha incrementado su personal y sus remuneraciones. Por cierto, no estoy cuestionando que los sueldos no merezcan ser aumentados; pero, obviamente, no puede decirse que debido a ello se entregará un mejor beneficio al rubro productivo al cual este Servicio y otras reparticiones públicas, en su caso, están atendiendo. No hay una relación entre una cosa y otra, porque expresamente el proyecto no se lo propone, y quizás sería interesante que eso ocurriera. Por lo mismo, creo importante tener en consideración, respetar y, tal vez, oír, en alguna oportunidad, las voces que desde el Parlamento se han levantado cada vez que estos proyectos se presentan y discuten. Es necesario revisar este concepto bajo una luz más general: mejorar verdaderamente los sistemas de remuneraciones de la Administración Pública en cuanto a introducir elementos que perfeccionen la calidad del servicio que en ella se presta, y que haya también una mayor correlación entre los servicios públicos y los sectores productivos a los cuales deben servir. Esa es una inquietud que compartimos en nuestra bancada y con otras bancadas. Y quiero también sumarme a lo planteado por el Senador señor Piñera acerca de la conveniencia de que aquí escuchemos cuál es el planteamiento global que sobre estos aspectos, que son de fondo, tiene la autoridad. Y resulta ocioso repetirlo, porque ya lo hemos dicho: sería bueno hacerlo sin más. Independientemente de eso, no nos oponemos a este proyecto, porque no estamos en contra de mejorar la situación específica de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Reconocemos la postergación que puedan haber tenido y la necesidad de subir sus rentas, pero no podemos dejar de hacer notar que detrás de esto hay una política que, en sí misma, no es buena ni para este Gobierno ni para el próximo ni para el de ayer; es mala para todos. Por lo tanto, es conveniente y lógico analizarla, a fin de mejorar lo que al país le conviene: tener una Administración Pública con buen personal, debidamente pagado, pero en forma racional, esto es, con un servicio eficiente, no burocrático, que contribuya al desarrollo de la nación. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero. El señor OTERO.- Señor Presidente, es útil señalar las diferencias que existen en el debate. Me parece muy conveniente dejar en claro, frente a la intervención de un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, que los Senadores de Renovación Nacional en ningún momento han discutido la justa aspiración de los trabajadores de este Servicio del Estado. Al contrario, hemos manifestado -fue la primera intervención en la Sala- que votaremos favorablemente. Nos parece lógico y justo. Sin embargo, la intervención del Honorable señor Piñera apunta a una materia muy distinta, a la cual realmente el Senado debe darle la debida consideración: el futuro, la calidad y las condiciones económicas de la Administración Pública. Los Senadores de Renovación Nacional estamos profundamente preocupados por algo que el propio Presidente de la República ha establecido como una de sus prioridades: la modernización del Estado, y ésta pasa por la modernización de la Administración Pública. Por lo tanto, no es posible referir esta materia a ningún Gobierno anterior. Estamos hablando en octubre de 1994 respecto de un problema real, que existe y que debe enfrentar el actual Gobierno de la República. Sin duda alguna, la Administración Pública del Estado es un conjunto, un todo orgánico, porque persigue un fin determinado. No es un conjunto de parcelas ni de servicios aislados que se hayan originado caprichosamente. Su creación obedece precisamente al cumplimiento de la finalidad última del Estado. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿hoy día, en esta inmensa maraña del Estado, tiene una organización adecuada? ¿Están los servicios requeridos? ¿Hay algunos obsoletos? ¿Son adecuadas las plantas de esos servicios? ¿Cuáles son los requisitos y los incentivos para que haya interés por ingresar a la Administración Pública la mejor gente del país, como señalaba el Senador señor Piñera? No hay ningún estudio, ni conocemos nada últimamente en esta materia. Esa es la inquietud y la preocupación de los Senadores de Renovación Nacional. Se está aplicando la política del "parche", pues se soluciona el problema económico latente, actual, grave, de un determinado servicio de la Administración Pública; servicio por servicio y no en forma orgánica y general como debiera ser. Pero eso, no es mirar el futuro. Eso es lo que echamos de menos: la visión futurista de lo que debe ser el Estado. ¿De qué manera vamos a remunerar a los servidores del Estado? ¿Seguirán en condición subalterna frente al resto del país? ¿O deberán siempre suplicar o hacer movimientos gremiales o paros con el objeto de que se les reconozcan sus justos méritos? ¿O crearemos un sistema que los dignifique realmente en su función y que permita que se interesen por ser funcionarios públicos las personas mejor calificadas y más capacitadas? Son servidores públicos, es decir, sirven a todos los chilenos, y un Estado requiere de una Administración Pública eficiente, lo que sólo se logra con la calidad, aptitud e idoneidad de quienes la componen. Por eso, no puede darse una interpretación equivocada a las palabras del Senador señor Piñera. Es muy fácil sacar aplausos con frases como "hay que dar", o "hay que satisfacer necesidades". Pero el Honorable señor Piñera ha actuado clara y seriamente al señalar al Gobierno, no en una sino que en diversas oportunidades -y en eso somos solidarios todos los Senadores de Renovación Nacional-, que éste es un problema de fondo, un asunto de Estado que los Senadores, cualquiera que sea nuestra ideología, debemos enfrentar en forma definitiva. Es conveniente que el Ministro de Hacienda venga a informarnos cuál es la posición del Gobierno en esta materia, y qué es lo que se pretende hacer. ¿O vamos a seguir "desgranando el choclo", grano por grano? Cada vez que hay un problema en alguna repartición, arreglamos este servicio. Pero, ¿qué pasa con la Administración Pública en su conjunto? ¿Cuáles son las reglas y aspiraciones para el futuro? Considero una mala práctica el mirar siempre al pasado y no hacia el futuro. Aquí tenemos un problema real. No es una crítica, y esto hay que entenderlo. Cuando, en un momento determinado, uno habla de carencias o de vacíos, no es para censurar ni descalificar a nadie. Es, simplemente, para señalar una necesidad social, una realidad que precisa ser encarada con el respaldo de todas las fuerzas políticas del país. Ese problema de la Administración Pública no es sólo del actual Gobierno y de los Partidos de la Concertación, sino que atañe a todos los chilenos y repercutirá en todos los Gobiernos venideros, pues nadie tiene asegurada la rueda de la fortuna. Por eso, pedimos que definitivamente se nos haga un planteamiento concreto respecto del futuro de la Administración del Estado, de su planificación y de qué manera se va a remunerar a los servidores públicos, cuáles serán los incentivos, para que así, con el esfuerzo de todos, de este Gobierno y los Senadores de las diferentes bancadas, podamos hablar verdaderamente de un Estado moderno que efectivamente funcione sin burocracia, y donde los problemas de los chilenos sean resueltos en forma oportuna y satisfactoria. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. El señor THAYER.- Señor Presidente, consta a Su Señoría que traté de que esta iniciativa se hubiera aprobado ojalá sin discusión. Sin embargo, creo que se justifica el debate habido. Anuncio desde ya mi voto favorable al proyecto, y esta breve intervención corresponde a la fundamentación de mi voto. ¿Y por qué voy a fundamentarlo? No por la iniciativa misma -respecto de la cual entiendo que hay unanimidad-, sino porque los temas abordados con relación a ella, siguiendo una costumbre que a veces se justifica, y otras, no, ameritan ampliamente el haber tenido este debate, y quiero sucintamente explicar el porqué. Se trata de un proyecto que afecta a un servicio especial, en materias que tocan incluso la carrera funcionaria. De acuerdo con el sistema que nos rige, hay normas orgánicas constitucionales, como la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que es la que reglamenta la carrera funcionaria, y que hace perfectamente posible la dictación de leyes referentes a servicios particulares, a fin de ir completando un proceso de reordenamiento de la Administración Pública. Pero estas leyes deben ser de quórum ordinario, para tener la certeza de que están respetando los principios fundamentales de esa ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. ¿Por qué acontece aquello? Porque a lo largo del tiempo se ha ido produciendo, a mi entender, un desequilibrio o desajuste entre dicha Ley de Bases, la Escala Única de Remuneraciones y el nivel propio de remuneraciones de un país que lleva ya una década de crecimiento continuo del producto. En consecuencia, mientras Chile retomaba un ritmo de crecimiento como el que lleva, no hubo otra forma de atender los problemas económicos del sector público sino mediante esta especie de subterfugios consistentes en reorganizaciones o corridas de grados, que son formas disimuladas de subir el nivel de remuneraciones. Ello es producto de un hecho social, nacional, histórico, y no sólo de Chile. Hace falta observar con detenimiento y rever el cuadro en el punto en que nos encontramos. Y eso, a mi juicio, es necesario hacerlo ahora. Votaré sin ningún problema este proyecto, pero pienso que ha llegado el momento de revisar si los niveles de la Escala Única de Remuneraciones -fijados hace ya largo tiempo- resisten la etapa actual del grado de desarrollo del país. Esta especie de rombo de que hablaba un distinguido señor Senador -y en lo que tiene mucha razón-, en alguna medida -que debe estudiarse- puede ser fruto del hecho de que hay ciertos niveles bajos en la Administración Pública que prácticamente ya no se utilizan, porque ningún servicio se atreve a pensar que podría conseguir un trabajador medianamente capaz que acepte desempeñarse en tales grados. Se apunta entonces a niveles medios, y así se va inflando la parte media de esta especie de carrera funcionaria. Tal situación debe ser reestudiada, hay que reverla. No es éste el momento de hacerlo, pero sí llamo la atención al hecho de que si nos hemos detenido a analizarla -y termino con esto- es porque se trata de una iniciativa que, afectando a un servicio particular, no requiere quórum calificado sino cuando, de alguna manera, modifica la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por tales razones, me sumo al interés existente por escuchar un planteamiento general al respecto y, como dije, voto favorablemente el proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre. El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, desde hace muchos años que conozco la labor desarrollada por el SAG, y la respeto mucho, y ella no sólo es reconocida a nivel nacional, sino que goza de prestigio internacional. Su personal se desempeña con seriedad y una honestidad a toda prueba, y creo que se merece un aumento de sueldos. Indudablemente. Y quiero referirme no sólo al mejoramiento de ese servicio, sino también a otras reparticiones que en este instante no poseen la estructura de aquél sino más pequeña y que, por esta misma razón, no pueden recibir aumentos de sueldos. Aquí se ha hablado de que en este caso el aumento es racional, equitativo y de que contribuirá a una mayor modernización. Pero no es así. Se está tratando de aumentar sus rentas -que es justo-, pero la forma en que ello se hace es la que algunos de nosotros objetamos ¿Por qué? Porque en el caso de las carreras grandes, bien estructuradas, que tienen una base adecuada, no pueden recibir aumento de sueldo en estas circunstancias. Por ejemplo, estoy viendo el escalafón de profesionales de este Servicio, que está constituido por 436 funcionarios. Para poder cubrirlo, por la forma como está estructurado, se necesitarían 436 años, porque en el nivel más bajo ingresa una sola persona al año. Por lo tanto, para estructurarlo bien, el proyecto, en alguno de sus artículos, debe generar las provisiones necesarias para que los cargos contengan más adelante otros requisitos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la carrera funcionaria? En el caso de un hospital, los médicos más jóvenes entran como internos a desempeñar una serie de puestos, van aprendiendo y hacen carrera durante toda su vida en un hospital. Es decir, el servicio público debe permitir que exista una carrera funcionaria. Pero en la forma como se está efectuando aquí, con el ingreso anual de un profesional en el grado 18, de tres técnicos y de dos administrativos, no hay carrera funcionaria, en la que se ame el servicio, sino que periódicamente habrá que llenar los huecos. Por las razones expuestas, apoyaré la iniciativa; pero, en todo caso, considero inadecuada la forma como se ha presentado. Además, afecta a otros servicios que, como las Instituciones Armadas y Carabineros, poseen estructuras piramidales y no pueden aspirar a este sistema de aumento de sueldos. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Muy breve, porque no quiero, por proporcionar algunos antecedentes, quedar con la sensación de que se aparece por algunos señores Senadores como en una posición purista para legislar y otros con una actitud -diría- contraría. Señalo esto para expresar que participo de lo señalado por un señor Senador en el sentido de que lo que está mal es lícito corregirlo, y es lo que estamos haciendo aquí. La planta autorizada por el Presupuesto de la Nación para el Servicio Agrícola y Ganadero es de mil 501 funcionarios. La actual está constituida por mil 205 y se va a incrementar en 30 más, con lo cual totalizará mil 23S personas. ¿Por qué señalo estas cifras y números? Porque ello refleja que no hay interés por ingresar al Servicio Agrícola y Ganadero. Y quienes están dentro, se retiran, para trabajar, incluso, en algunas empresas exportadoras del país. Pues bien, sobre esta materia deseo dar una información. En lo que respecta a los funcionarios técnicos, que deben realizar labores de fiscalización en actividades que están a toda marcha en este instante en la Novena Región, que represento en el Senado, hay sólo dos personas para controlar la tipificación de las carnes. Lo anterior está revelando, entonces, que, por un lado, se está haciendo justicia al incrementar las rentas de algunos servidores públicos que son de fundamental importancia, y por otro, se está aumentando, diría, en forma misérrima la planta del personal que necesita este servicio. Por lo tanto, señor Presidente, insisto en la necesidad de aprobar el proyecto, y formulo sinceros deseos de que lo votemos de inmediato. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda. El señor URENDA.- Señor Presidente, como seguramente la iniciativa será aprobada por unanimidad y no habrá tiempo para fundamentar el voto, aprovecharé está ocasión para formular dos observaciones relativas al debate que se ha suscitado. En primer lugar -es justo señalar que esto no concierne a la aprobación o no aprobación del proyecto-; deseo hacer hincapié en que el procedimiento utilizado de dar soluciones parciales por la vía de cambiar los grados, en definitiva, no sólo perturba la organización general del Estado, sino que también afecta a los futuros empleados de los propios servicios. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Como lo señaló el Honorable señor Piñera, por este camino se han producido incrementos reales de remuneraciones del orden del 21 por ciento en un lapso de 5 años. Y, en verdad, ese 21 por ciento es algo menos de lo que ha aumentado el producto per cápita en Chile durante el mismo tiempo. En definitiva, pienso que estamos empleando un procedimiento inadecuado para otorgar al personal del Estado una remuneración justa, lo que perturba su propia organización y, sobre todo, afecta la marcha futura de los mismos servicios que se pretende mejorar. Aquí no solucionamos el problema del Servicio Agrícola y Ganadero, sino que damos un paliativo, por cuanto concuerdo en que las remuneraciones con que sus servidores quedan no están de acuerdo con la calidad de los servicios que prestan. Pero, simultáneamente con dar una solución parcial, estamos creando nuevos entorpecimientos para lo que va a ser la organización futura del Estado, en la cual, a mi juicio, debe considerarse -y no lo digo por primera vez-, no un simple reajuste con relación al alza del costo de la vida, sino la adecuada participación que a cada persona corresponde en el producto del país. Y si éste experimenta un aumento del producto per cápita, creo que todos deben participar de él y, desde luego, los empleados públicos. Formulo esta observación, porque la opinión crítica acerca del procedimiento que se sigue no debe tomarse sólo como una expresión de purismo, sino que todo lo contrario. Es necesario ir a un aspecto verdaderamente práctico, de modo de aprovechar los recursos a fin de hacer más eficiente la Administración y remunerar en forma adecuada a todos los servidores públicos, sin excepción. Votaré a favor del proyecto. Pero como se produjo un debate sobre la materia, no he podido dejar de formular las observaciones del caso. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Vamos a dar por aprobado el proyecto, entendiendo que durante su discusión han surgido una serie de ideas que debiéramos plasmar más adelante, en un proyecto de acuerdo que podríamos aprobar en una próxima sesión, con el objeto de solicitar al Supremo Gobierno la posibilidad de realizar un debate respecto de los temas planteados acá. Creo que tanto el señor Ministro de Hacienda como otros Secretarios de Estado no tendrán inconveniente en concurrir a esta Corporación para analizar temas tan trascendentales como los planteados aquí: la modernización del Estado, la carrera funcionaria, remuneraciones adecuadas y cómo hacer más eficiente un Estado que todavía merece muchos reparos, incluso a los Senadores de Gobierno. En consecuencia, creo que a lo mejor podríamos ver este asunto en reunión de Comités, o bien, presentar algún proyecto de acuerdo que aprobaríamos en la próxima sesión. Ello, con el objeto de exponer una serie de asuntos al Gobierno, y particularmente al Ministro señor Aninat -la próxima semana concurrirán a este Hemiciclo tres Secretarios de Estado-, a quien posteriormente podríamos invitar a participar en una sesión especial que realizaríamos a fin de abordar una materia especialmente significativa, cual es cómo vamos a enfrentar la tarea de modernizar la estructura del personal de la Administración Pública, tema de fondo planteado durante la discusión recién habida. Por lo tanto, este asunto se tratará en reunión de Comités con la finalidad de redactar un proyecto de acuerdo en el sentido indicado. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general el proyecto que fija las nuevas plantas del Servicio Agrícola y Ganadero. Aprobado. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero. El señor LAVANDERO.- Doy excusas a la Sala por referirme a otra materia, concerniente a la ley N° 19.335, publicada el 23 de septiembre de 1994, que contempla un régimen de participación en los gananciales. A raíz de esa normativa, el Ejecutivo envió un proyecto para resolver el problema que se creaba con la Ley de Impuesto a la Renta, el que fue aprobado por la Cámara de Diputados y tiene carácter de "Discusión Inmediata", por lo que debería ser tratada mañana en la mañana. Pero previamente deberá reunirse la Comisión de Hacienda para emitir su informe. En tales condiciones, solicito autorización al Senado para que la Comisión de Hacienda sesione simultáneamente con la Sala, a fin de estudiar este proyecto, que consta de dos artículos, y de que la Corporación pueda verlo mañana o, bien, hoy en la tarde, dada su urgencia. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- El Presidente de la Comisión de Hacienda me ha expresado que se reunirán aquí, al lado de la Sala, por lo que si se requiriera la presencia de los señores Senadores para alguna votación, se los convocaría de inmediato. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, podría complementarse el acuerdo en el sentido de incluir este proyecto en la tabla de mañana. De lo contrario, se presentaría un problema reglamentario, puesto que los informes deben ser conocidos a lo menos con 24 horas de anticipación. El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LAVANDERO.- Cuando una iniciativa está calificada de "Discusión Inmediata", basta dar un informe verbal. Además, el proyecto es muy simple, consta de dos artículos. El señor HORMAZÁBAL.- Se refiere al tema tributario de la participación en los gananciales. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión de Hacienda para que sesione simultáneamente con la Sala. Acordado. PROTOCOLO RELATIVO A CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LÍNEAS DE CARGA MARÍTIMA El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1966, adoptado en Londres el 11 de noviembre de 1988, en la Conferencia Internacional sobre Sistema Armonizado de Reconocimiento y Certificación, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo trámite, sesión 6a, en 16 de junio de 1994. Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 35a, en 14 de septiembre de 1994. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación sugiere, por unanimidad, que la Sala discuta este asunto en general y particular a la vez. El Protocolo en informe consta de un preámbulo, nueve artículos y dos anexos. Y la Comisión de Relaciones Exteriores, por la unanimidad de sus miembros, propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre. El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, el Protocolo de 1988 se basa -como se señaló- en un convenio de 1966 que no fue aprobado en Chile sino hasta 1975. Y para nosotros reviste gran importancia, pues incorpora enmiendas propuestas precisamente por nuestro país, pero que nunca entraron en vigencia. Se trata de modificar la zona tropical permanente establecida en los tratados internacionales desde Coquimbo hasta el área de Valparaíso, prolongando, además, la línea de verano permanente desde Valparaíso por la costa hacia Chiloé y por aguas interiores protegidas más o menos hasta Anna Pink. Eso significa que los buques mercantes que zarpen desde Valparaíso -antes sólo lo hacían desde Coquimbo-, lo harán con calado de línea tropical, el máximo permitido de acuerdo al Convenio, lo que implica que pueden cargar más. Seguramente Sus Señorías han observado que muchas de las naves mercantes llevan dibujadas figuras redondas con rayas horizontales. Sirven para indicar los calados máximos de los buques. Se pretende que aquellas naves que arriben a Valparaíso en esta época, considerada como zona tropical, puedan llevar más carga. De modo que lo anterior significa para la economía del país una ventaja. Por tales razones, el proyecto de acuerdo fue aprobado favorablemente por la Comisión. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda. El señor URENDA.- Señor Presidente, complementando lo expresado por el Senador señor Mc-Intyre, cabría recordar que el Convenio Internacional de 1966 establece principios y reglas uniformes tocantes a los límites autorizados para la inmersión de los buques que realizan viajes internacionales, en atención a la necesidad de garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, teniendo en cuenta los potenciales peligros en distintas zonas marítimas del planeta y en diferentes situaciones del año, porque la densidad del agua cambia. Como se expresó, después de aprobarse el Convenio, se propusieron diversas enmiendas, ninguna de las cuales fue ratificada. Y una de ellas, la de 1983, introdujo las modificaciones a las zonas de verano y tropical al sur de la costa de Chile, las cuales fueron recogidas en el Protocolo que hoy se somete a la consideración del Senado. En consecuencia, habiendo sido una iniciativa de Chile que beneficia a nuestra navegación -porque al aumentar la capacidad de carga se abaratan los costos y los fletes-, es evidente la conveniencia nacional de aprobar el Protocolo en informe. Y éste entra en vigor cuando por lo menos 15 Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del 50 por ciento del tonelaje bruto de la marina mercante mundial, hayan expresado su consentimiento en obligarse por el presente Protocolo. Sólo lo han suscrito 14 países; pero falta mucho en materia de tonelaje. En todo caso, debemos dar este paso, esperando que en esta oportunidad haya más suerte para que los Protocolos adicionales se aprueben, lo que irá en beneficio de nuestra navegación. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, según el informe y lo escuchado a mis Honorables colegas, la definición de "zona de verano" y "zona tropical" está dada fundamentalmente por características climáticas y de temperatura de las aguas. De manera que no veo el antecedente técnico de por qué corremos la zona a Valparaíso. ¿Existe algún antecedente técnico en esta materia? Entonces, ¿el proyecto sólo se refiere al puerto de Valparaíso? El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda. El señor URENDA.- Señor Presidente, puedo aclarar la inquietud de Su Señoría, a pesar de que el Senador señor Mc-Intyre podría hacerlo mejor que yo. Cuando se fijaron estas zonas en el mundo, aparece como desfavorable la posición relativa a las costas frente al mar chileno. Y los estudios técnicos efectuados precisamente por nuestra Armada son los que han permitido proponer -en principio se aprobó- que se corran esas líneas, las cuales, en todo caso, estarán situadas más al norte que en otros lugares de la tierra. Simplemente, se ha comprobado que las características de las aguas y las temperaturas justifican extender las zonas tropical y de verano. No hay en ello un capricho, sino un aspecto técnico. Incluso, recuerdo que cuando se analizó esta materia en la Comisión, preguntamos a los técnicos por qué no se habían extendido aún más tales zonas. Pero, en verdad, en respuesta a la inquietud del Senador señor Hormazábal, debo reiterar que éste es un problema de orden técnico y no obedece a un mero capricho. Los estudios permitieron verificar la justificación de las modificaciones. Por ello, se suscribió el Protocolo. Ahora, queda pendiente exclusivamente su ratificación. Y al respecto, cabe señalar que ha habido otras enmiendas de esas líneas, referidas a otras aguas, como la de 1979, relativa a los límites de la zona frente a la costa australiana. En consecuencia, no se trata de algo meramente caprichoso, pues las enmiendas corresponden a estudios que merecieron la aprobación de los organismos técnicos internacionales respectivos. Esa es la razón por la cual se suscribió el Protocolo, cuya aprobación es conveniente por parte de Chile. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Solicito la autorización de la Sala para que el Honorable señor Ruiz De Giorgio presida la sesión, por cuanto debo cumplir algunas tareas de carácter protocolar. Acordado. Pasa a presidir el Honorable señor Ruiz De Giorgio. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar. El señor BITAR.- Señor Presidente, Chile no participó al principio en la negociación de esta materia. Y, quizás, ésa sea la explicación por la cual quedamos fuera de ella. En cambio, en el diseño de los trazados, Argentina y Australia lograron que sus zonas se consideraran mucho más al sur, con lo cual los barcos mercantes de ellos pueden transportar más carga. Creo que fue un error nuestra inasistencia y la incapacidad de negociar en esos momentos. De manera que cuando uno ve en el mapa las partes oceánicas en que se permite el tránsito de barcos con más carga, se constata que los chilenos quedamos peor, porque nuestras zonas están situadas más al norte y, en consecuencia, no podemos extender nuestra capacidad de movimiento hacia el sur. Por lo tanto, en mi opinión, simplemente debemos corregir nuestra acción, participar en las nuevas y, además, cruzar los dedos para que a este tonelaje de 10 por ciento que representa a 14 países pueda sumarse el de otras naciones, a objeto de llegar al 50 por ciento, condición requerida para la entrada en vigencia del Protocolo. De modo que insto a los Honorables colegas a aprobar el proyecto de acuerdo. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, yo votaría a favor como una expresión de solidaridad de los coquimbanos hacia Valparaíso, pues si esto es beneficioso para nuestro principal puerto, Coquimbo se alegrará. ¡Ojalá nos manden algo de carga, lo que también agradeceremos! El señor BITAR.- Lo mismo deseamos en Arica e Iquique, señor Presidente, en cuanto a extender los beneficios hacia el sur. Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo. ENMIENDA A CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE RECEPTACIÓN El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce un párrafo 8 bis en el Título IX del Libro Segundo del Código Penal, bajo la denominación de "De la Receptación”, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moción del ex Senador Ortiz De Filippi) En primer trámite, sesión 35*, en 23 de marzo de 1993. Informe de Comisión: Constitución, sesión 1a, en 4 de octubre de 1994. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto tuvo su origen en una moción del ex Senador señor Ortiz. Después de diversas consideraciones, la Comisión, por unanimidad, propone rechazar la iniciativa. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- En la discusión general del proyecto, ofrezco la palabra. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, aprobemos el informe por unanimidad. El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero. El señor OTERO.- Señor Presidente, el informe de la Comisión señala categóricamente que, pese a ser muy loable la iniciativa, según el criterio de algunos catedráticos, se concluye que no es completa, siendo preciso perfeccionarla para que pueda ser aprobada. No hay duda alguna de que ella recae en una materia fundamental en el combate contra la delincuencia. Hay que atacar de raíz a los encubridores, gente que muchas veces prostituye y malea a nuestra juventud, y que la incitan a robar y a hurtar, asegurándole la compra del producto del delito. Obviamente, el proyecto requiere ser mejorado. No me opondré a que se apruebe el informe de la Comisión; pero deseo pedir a la Sala que se oficie a la señora Ministra de Justicia, para que, recogiendo el contenido de aquél y con extrema urgencia, elabore una iniciativa que abarque los distintos aspectos doctrinarios ausentes en la que ahora se debate. Esto precisamente motiva su rechazo, pues, pese a ser loable, no cumple a cabalidad con su propósito, por cuanto no considera otras conductas similares que deben ser penalizadas. Insisto en lo anterior, porque para combatir el hurto y el robo en Chile debe comenzarse por cortar los vínculos que permiten a los delincuentes disponer impunemente del producto de su delito. Muchas personas hacen fortuna especialmente sobre la base de la explotación de los jóvenes cesantes, quienes se encuentran impedidos de ganarse la vida, por carecer de capacitación laboral. Por eso son incitados a delinquir, sin que los que los inducen pasen a ser coautores. Porque, obviamente, no se conciertan para un delito determinado, sino que simplemente les dicen: "Ustedes hurten y roben, y nosotros les compramos el producto y nos hacemos cargo de reducirlo.”. En términos vulgares, se denominan "reducidores". Reitero que éste es un tema fundamental, dada la gravedad actual de la delincuencia en el país. Por tales motivos, me permito reiterar mi petición de oficiar a la señora Ministra de Justicia, a fin de que, recogiendo lo consignado en el informe de la Comisión, se le haga ver la necesidad de abordar el tema con mayor profundidad. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado, en los términos señalados por Su Señoría. Tiene la palabra el Senador señor Fernández. El señor FERNÁNDEZ.- Efectivamente, en la Comisión coincidimos con los funcionarios del Ministerio de Justicia acerca de la necesidad de abordar el tema de los encubridores en forma general, ya que, si bien existe amplio acuerdo en la doctrina respecto de que la de aquéllos no es propiamente una forma de participación en el delito -intervienen una vez que la acción se ha cometido-, no es menos cierto que, en muchos casos, nuestra legislación los transforma en continuadores del mismo. Por ello probablemente convendría convertir en delitos autónomos los considerados propiamente como encubrimiento. Sin embargo, pese a ser muy atendible la finalidad de la iniciativa, ésta resulta parcial, al no cubrir todas las formas en que el delito se podría cometer. Sólo se refiere a algunas de ellas -por ejemplo, el aprovechamiento o receptación, según el artículo 17, N° 1º, del Código Penal-, dejando intactas las demás, no obstante que todas tienen la misma crítica doctrinaria. Respecto de algunas, como las del N° 4o del mismo precepto, se actúa incluso con mayor severidad. Además, el aprovechamiento tampoco se suprime totalmente como supuesta forma de participación, pues el proyecto no contiene norma derogatoria, debido a que la receptación se convierte en un atentado contra la propiedad, a pesar de que también puede aplicarse a otros hechos punibles, como la malversación, el fraude, el cohecho, el secuestro o la sustracción de menores. En atención a lo expuesto, además de que la iniciativa no resuelve el problema a que alude su autor, puede crear dificultades de interpretación de las normas legales mayores que las actuales. Por esa razón, la unanimidad de la Comisión concluyó que, si bien la inspiración es correcta, la técnica para lograr el objetivo presenta los vacíos y deficiencias advertidos por dos destacados profesores de Derecho Penal que intervinieron en el debate, los señores Luis Ortiz Quiroga y Enrique Cury, quienes, en los informes que hicieron llegar, señalan los problemas doctrinarios existentes para poder apoyar el proyecto en análisis. En consecuencia, sería necesario que una materia de tanta importancia fuese tratada en su totalidad. Seguramente el Ministerio de Justicia va a abordar como autónomas muchas de las figuras que hoy día simplemente son tratadas como de encubrimiento. En ese sentido, participo plenamente de lo señalado por el Senador señor Otero. En la Comisión reiteramos a los representantes de esa Secretaría de Estado la conveniencia de considerar ese aspecto junto con las demás formas de encubrimiento, todas las cuales deben ser tipificadas como autónomas. En nombre del Comité de Senadores Institucionales, adhiero a la petición de oficio formulada. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Muy bien, señor Senador. Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el informe de la Comisión de Constitución, quedando rechazado en consecuencia el proyecto. Acordado. El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, debe precisarse que el oficio se enviará no sólo en nombre del Honorable señor Otero, sino también en el de nuestro Comité. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Así es, señor Senador. El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LARRAÍN.- El Senador señor Otero planteó la idea de recoger la inquietud consignada en el informe sobre la iniciativa que se acaba de rechazar y transmitírsela mediante oficio al Ministerio de Justicia. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Así se acordó, Su Señoría. El señor LARRAÍN.- ¿Se resolvió enviar el oficio en nombre de la Corporación? El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- No, en el del Honorable señor Otero, con la adhesión del Comité de Senadores Institucionales. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solicito agregar la de nuestra bancada, pues si bien el proyecto no nos satisface, la idea nos produce inquietud y sería bueno legislar sobre la materia. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Así se hará, señor Senador. El señor LARRE.- Señor Presidente, daba por sentado que el oficio requerido por el Honorable señor Otero se enviaría en nombre de las bancas de Renovación Nacional; en todo caso, pido que se incluya a nuestro Comité. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Con gusto, señor Senador. El señor BITAR.- Señor Presidente, también deseo sumarme a la petición, pues considero que los reducidores están en una escalada espectacular, lo cual hace necesario que el Gobierno avance con sus equipos técnicos en la elaboración de una propuesta integral al respecto. El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra, señor Senador. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, deseo señalar que discrepo del enfoque parcial hecho respecto de la idea del proyecto. Yo prefiero adherir al envío de un oficio por parte de la Corporación que transmita el acuerdo de la Comisión en cuanto a que "es conveniente legislar sobre el tema del encubrimiento, pero en forma orgánica, y en el contexto de una reforma más armónica del Código Penal, lo que excede con mucho el alcance de esta iniciativa.". En efecto, hay una situación grave, pero ella no se resuelve en forma parcial según se hace en el proyecto tan loable de un distinguido ex Senador. Si se va a enviar un oficio en nombre del Senado, el Comité Demócrata Cristiano da su acuerdo sobre la base de que ello se haga considerando lo resuelto unánimemente por la Comisión, que no es lo relativo a la receptación individualmente considerada, sino -como señalé- en el contexto de una reforma más armónica del Código Penal. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio, en nombre del Senado, de acuerdo con lo consignado en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Acordado. El señor BITAR.- En ese sentido, me sumé a la idea de que sea un planteamiento armónico, según lo señalado por la Comisión. Entiendo que ése fue el predicamento de los demás señores Senadores. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Así se acordó, Su Señoría. El señor HAMILTON.- Parece muy adecuado. El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente? Partí señalando que el oficio se enviara considerando lo informado por la Comisión. Deseo dejarlo en claro, porque, a la luz de la intervención de un señor Senador, parecería que estoy formulando una indicación parcial, en circunstancias de que no fue así. Me referí expresamente en mi exposición al informe de la Comisión. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- En la Versión Taquigráfica queda constancia de todas las intervenciones, señor Senador. El señor HAMILTON.- Y de la rectificación del Honorable señor Otero. REHABILITACIÓN DE PERSONAS QUE CUMPLAN CONDENAS POR DELITOS QUE SE SEÑALA El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- A continuación, corresponde abocarse al estudio del proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece normas tendientes a facilitar la rehabilitación de las personas que hayan cumplido condenas por los delitos que señala, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 4a, en 9 de junio de 1994. Informe de Comisión: Constitución, sesión 1ª, en 4 de octubre de 1994. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La iniciativa tuvo su origen en una moción de diversos señores Diputados y de uno que ya cesó en el cargo. La Comisión da cuenta de que durante la discusión general solicitó diversos informes a instituciones, y con dichos antecedentes, rechazó en general el proyecto, con los votos de los Senadores señores Diez, Fernández y Larraín. Posteriormente, la Comisión oyó a los Diputados señores Espina y Fantuzzi, y terminó por rechazar el proyecto por 3 votos contra 2. Por la negativa votaron los Senadores señores Diez, Fernández y Larraín; y, por la afirmativa, los Senadores señores Sule y Adolfo Zaldívar. La Cámara de Diputados, por oficio N° 311, de 6 de octubre de 1994, informa haber designado al Honorable Diputado señor Espina para que sostenga ante esta Corporación diversas iniciativas, entre las cuales se cuenta la relativa a normas tendientes a facilitar la rehabilitación de las personas que hayan cumplido condenas por los delitos que señala, y que es el que estamos examinando. El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, dada la información que nos entrega la Mesa, y el interés que tendrían los señores Diputados en exponer sobre el tema, propongo que no veamos hoy el proyecto. Oportunamente avisaríamos a los señores Diputados su tratamiento en una próxima sesión, para que puedan estar presentes. Me parece que así cumpliríamos una norma básica de respeto entre nosotros. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, procederíamos en la forma propuesta. Se acuerda. MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS 24-A, 333 Y 369 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Corresponde ocuparse en el proyecto que modifica algunas normas del Código de Justicia Militar. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 33a, en 9 de marzo de 1994. Informe de Comisión: Defensa, sesión 2a, en 5 de octubre de 1994. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Esta iniciativa cumple su segundo trámite constitucional y tiene por objeto modificar los artículos 24-A, 333 y 369 del mencionado Código. En su informe, la Comisión de Defensa deja constancia de que la Honorable Cámara de Diputados, con fecha 3 de noviembre de 1992, envió copia de la iniciativa en informe a la Excelentísima Corte Suprema. El día 12 del mismo mes, ese Alto Tribunal respondió que sólo le correspondía informar respecto de la modificación propuesta al artículo 24-A, y que en el Pleno de dicha Excelentísima Corte "se acordó informar favorablemente el proyecto en tal sentido.". Aprobada en general la iniciativa, la Comisión propone diversas modificaciones. El texto que la misma sugiere aprobar fue acordado en sesiones de 7 de junio, 3 de agosto y 7 de septiembre, con asistencia de los Honorables señores Arturo Frei (Presidente), Gazmuri, Otero, Prat y Sinclair. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- En discusión general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. El señor THAYER.- Señor Presidente, esta iniciativa es un asunto de fácil despacho, porque lo que pretende es armonizar determinadas disposiciones que adolecen de imprecisión o incoherencia en su texto actual. Respecto del artículo 24-A del Código, se hacen correcciones en las referencias a los artículos 507, 508 y 512 del Código Orgánico de Tribunales, reemplazándolas por otras a los artículos 516 y 517, que son los que corresponden. El artículo 333 castiga al que, sin derecho, use uniformes, insignias o distintivos, y agrega un inciso para sancionar también al que clandestina o maliciosamente fabrique, importe o comercialice estas especies. O sea, se trata de normas de orden absolutamente técnico, sin significación sustantiva. En el artículo 369, por ejemplo, se sustituye la expresión "al Ejército" por "a las Fuerzas Armadas o a Carabineros de Chile", porque es obvio que la disposición debe corresponder también a esta última Institución y a la Armada y la Fuerza Aérea. Finalmente, al mismo artículo 369 se agrega un inciso final para aumentar en un grado la penalidad de los delitos tipificados en esa disposición cuando se cometan en tiempo de guerra, lo que es absolutamente lógico en cualquier código del mundo. Por tales razones, pienso que el proyecto podría ser despachado sin mayor discusión. He dicho. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Sinclair. El señor SINCLAIR.- Tal como se ha expresado, éste es un proyecto de fácil despacho, a cuya aprobación ha concurrido la unanimidad de los señores Senadores que integran la Comisión de Defensa. Además, se ha contado con la opinión favorable del Comité de Auditores Generales de las Instituciones Armadas, manifestada por oficio en que se recomienda aprobar el proyecto, por cuanto no parece necesario sustituir en su totalidad el artículo 333 del Código de Justicia Militar. En la discusión particular, la iniciativa no fue objeto de referencia especial alguna. Lo más interesante es destacar que en el artículo 333 se intercaló el siguiente inciso segundo: "Igual pena se aplicará al que clandestina o maliciosamente fabrique, importe, interne al país, almacene, distribuya o comercialice, en cualquier forma, especies que permitan cometer el delito establecido en el inciso precedente.". Es cuanto podría agregar a lo dicho. E insisto: éste es un proyecto que actualiza y pone a punto la legislación establecida en el Código en referencia, por lo que solicito que la Sala lo apruebe. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar. El señor BITAR.- Señor Presidente, me pronunciaré favorablemente sobre esta iniciativa. Creo que lo que hace es regular en mejor forma un conjunto de operaciones de carácter tanto económico cuanto de control en las Fuerzas Armadas, y en tal sentido pienso que se avanza al aprobarlo. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, debo igualmente expresar mi aceptación del proyecto y anunciar mi voto favorable a su respecto, porque, como aquí se ha dicho, es un avance positivo. Evitando retórica, sugiero que lo aprobemos en forma unánime. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la iniciativa. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, no me opongo; pero sugiero que se preste particular atención al hecho de que en la Comisión se desarrolló un debate muy importante, porque la redacción del proyecto se refiere al uso de ciertos distintivos que pudieran considerarse como de carácter delicado. Y me felicito por el esfuerzo que allí se hizo para agregar debida salvaguarda a los derechos de las personas. Esto porque, en el texto primitivo, habla detalles que podrían haber producido efectos dañinos. Me siento muy feliz de que el informe haya sido lo suficientemente acucioso para restablecer adecuadamente los objetivos del proyecto, respetando los derechos de las personas. Por supuesto, voto a favor de su aprobación. Se aprueba el proyecto en general y particular. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Terminado el Orden del Día. VI. TIEMPO DE VOTACIONES CREACIÓN DE OFICINA DE PRESUPUESTO NACIONAL EN EL SENADO. PROYECTO DE ACUERDO El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Corresponde pronunciarse acerca de un proyecto de acuerdo presentado por el Senador señor Bitar. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto de acuerdo es del siguiente tenor: "Señor Presidente del Senado: "Vengo en proponer a esta H. Corporación la creación de una Oficina de Análisis del Presupuesto Nacional en el Senado, que denominaré Oficina de Presupuesto, en virtud de los siguientes fundamentos: "1º Diversos parlamentarios han planteado la necesidad de mejorar el proceso de aprobación de la ley de presupuesto conforme lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. "2° La complejidad de este proceso exige institucionalizar un sistema de preparación, discusión, elaboración y evaluación de la ejecución de la Ley de Presupuesto. "En una economía moderna, el presupuesto nacional no es sólo una materia relativa a equilibrios contables o niveles globales de gastos, sino que progresivamente se le reconoce como un instrumento público que permite la determinación de las prioridades económicas y sociales del país. "En la materia, se requiere un análisis desagregado que contemple un estudio por programas y no sólo por organismos. Se requiere un análisis regional, local, sectorial que cruza las diversas partidas del presupuesto de la nación. "3° Las partidas presupuestarias también deben analizar según gastos efectivos del año que termina y no sólo al presupuesto nominal, siendo preciso además implementar un seguimiento efectivo de la ejecución del mismo. "4° Es preciso atender los resultados para evaluar el rendimiento de los programas y no sólo observar la ejecución del gasto, en relación al presupuesto, por ello es esencial efectuar un análisis específico de cada área. El Ejecutivo está iniciando un importante plan presupuestario que permitirá evaluar ciertos programas por resultados. "5° Se requiere de una visión de largo plazo de manera que el presupuesto nacional se enmarque en un cuadro de al menos 3 a 5 años que permita determinar las prioridades en cada sector. "6° El derecho comparado es coincidente en consagrar un organismo parlamentario que se preocupe de estas materias durante todo el año, tal es el caso de Estados Unidos de Norteamérica y de Inglaterra. "7° A nivel nacional, numerosos parlamentarios necesitan, para fundamentar sus mociones o indicaciones, antecedentes específicos de carácter presupuestario que justifican la implementación de un organismo técnico dependiente del Congreso que funcione durante todo el año. "8° Reconocemos que esta función de análisis y evaluación del Congreso debe hacerse resguardando las atribuciones del Ejecutivo y preservando la capacidad de coordinación central para lograr la adecuada coherencia y flexibilidad de ingresos y gastos. "9o El régimen político contemplado en la Carta Fundamental de 1980 establece como atribución exclusiva del Presidente de la República la iniciativa en materias presupuestarias, pero a su vez exige al Parlamento Nacional una rigurosa labor en el examen» aprobación y en su caso, reducción y rechazo de determinados gastos. Estas actividades implican que el Parlamento deba estar dotado de los organismos técnicos que le permitan tener capacidad de análisis. "Por estas razones propongo a este H. Senado la creación de una Oficina de Presupuesto que tenga por finalidad, sin que esta numeración sea taxativa: "a) Recopilar y analizar periódicamente la información relativa al presupuesto de la nación, incluyendo sus fases de elaboración y ejecución. "b) Elaborar estudios sobre cumplimiento de los objetivos, planes y programas contemplados en la ley de presupuesto de cada año. "c) Proporcionar a los Senadores los informes que requieran en estas materias. "d) Asesorar los requerimientos que en cada caso formulen los Senadores a los órganos de la Administración del Estado en materias presupuestarias. "Para materializar la concreción de esta entidad sugiero introducir una modificación en el Reglamento del Senado, incluyendo en su Título XIII un nuevo artículo 211 Bis, que describa su organización y atribuciones. "En virtud de lo expuesto, solicito a esta Corporación apruebe este proyecto de acuerdo y faculte a la Comisión de Régimen Interno para que se aboque a la regulación normativa de la nueva Oficina de Presupuesto, de manera que tras su aprobación por la Sala se incorpore al Reglamento del Senado. "No obstante lo anterior, solicito a esta Corporación un segundo acuerdo para oficiar a la H. Cámara de Diputados sugiriendo la creación de esta Oficina de Presupuesto a nivel del Congreso Nacional, cuya organización y atribuciones se le encomiende a las Comisiones de Régimen Interno de ambas ramas parlamentarias.". El señor ERRÁZURIZ.- Pido la palabra. El señor HORMAZÁBAL.- Corresponde votar sin debate. El señor URENDA.- Así es. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- En conformidad al Reglamento, no hay lugar a discusión. El proyecto de acuerdo debe pasar, entonces, a la Comisión de Régimen Interior. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Y también a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El señor ERRÁZURIZ.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, quiero expresar mi respaldo a este proyecto de acuerdo -creo interpretar a la mayoría de los señores Senadores presentes- y aplaudir su presentación, ya que posibilitará al Parlamento cumplir efectivamente la labor que el pueblo, cuando elige a cada uno de sus miembros, espera que se desarrolle. La mera aprobación del presupuesto de la nación, como ocurre hoy, es francamente lamentable. Por ello, la creación de una Oficina de Presupuesto, que permita, al menos, seguir el cumplimiento de lo que el Congreso apruebe a ese respecto, es muy valiosa. Por lo tanto, en nombre propio y en el de muchos otros señores Senadores, anuncio nuestra aprobación a esta iniciativa. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- La Mesa estima que esta proposición debiera ser materia de un proyecto de ley, porque implica modificar el Reglamento del Senado y, por consiguiente, no puede despacharse sólo como un proyecto de acuerdo en el Tiempo de Votaciones. Procedería presentar la moción pertinente. El señor MUÑOZ BARRA.- Requiere financiamiento. El señor BITAR.- Pido la palabra. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el autor de la iniciativa. El señor BITAR.- He estudiado este asunto con bastante detenimiento. Ojalá exista unanimidad en la Sala al respecto. Tocante a la observación formulada por el señor Presidente, considero que compete al Senado resolver internamente sobre la constitución de una oficina técnica de apoyo destinada a realizar el estudio y seguimiento del presupuesto nacional; y que es pertinente plantear esta idea a través del proyecto de acuerdo que nos ocupa, en el cual se pide, también, dirigir oficio a la Cámara de Diputados a fin de intentar que la nueva oficina opere a nivel de Congreso Nacional. Además, el proyecto de acuerdo considera la necesidad de incorporar al Reglamento del Senado lo relativo al funcionamiento de la Oficina de Presupuesto, en los términos que en él se exponen. Reitero que, a nuestro juicio, esta Corporación tiene atribuciones para decidir sobre la materia, sin necesidad de un proyecto de ley. Por otra parte, como di cuenta en la sesión de ayer, simultáneamente presenté una moción con el propósito de modificar algunas disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional a fin de incorporar, entre los órganos de apoyo del Parlamento (Oficina de Informaciones, etcétera), esta Oficina de Presupuesto, con el objeto de que disponga de las mismas facultades en cuanto a solicitar al Ejecutivo la entrega de antecedentes para ejercer su labor de análisis. Dicha moción, que deberá seguir su tramitación normal en el Senado, es complementaria del presente proyecto de acuerdo, que sólo requiere de la aprobación de la Sala. Una vez que el Senado adopte esa resolución interna tendiente a crear la Oficina de Análisis del Presupuesto Nacional, la Comisión de Régimen Interior deberá designar a las personas que se encargarán de ejecutar esa labor. Para ello, en uno de los párrafos de aquél propusimos facultar a dicha Comisión para determinar cómo funcionará la Oficina, y, en otro -como dije anteriormente-, plantear a la Cámara de Diputados operar conjuntamente a este respecto. Pienso que éstas son decisiones propias del Congreso y que no se requiere de un proyecto de ley sobre el particular, aunque es menester la modificación legal aludida, con la finalidad de que la nueva oficina esté en condiciones de obtener información. Por las razones indicadas, señor Presidente, considero perfectamente viable plantear esa idea mediante este proyecto de acuerdo, que -reitero- sólo precisa de la aprobación de la Sala. Algunos señores Senadores me han manifestado que, si bien concuerdan con la idea, desearían estudiarla mejor y quizá adicionarle algún detalle. Por ello, no tengo inconveniente en que se postergue el pronunciamiento para la próxima sesión. Dejo abierta esa posibilidad, en orden a lograr el máximo entendimiento sobre este asunto. Por último, deseo aclarar, para disipar las dudas que pudieren existir, que se trata de una oficina técnica, de apoyo, que en nada altera las atribuciones del Ejecutivo -que deben preservarse- y sí mejora la capacidad del Parlamento para analizar el presupuesto de la nación. He dicho. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Están inscritos para intervenir los Honorables señores Hormazábal, Cantuarias y Piñera. El señor MUÑOZ BARRA.- Se dijo que no habría debate. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Hormazábal. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, según el artículo 100 del Reglamento, no procede discutir, sino votar el proyecto de acuerdo. Yo podría hacer diversas sugerencias de carácter formal; pero prefiero acoger la intención expresada por el Senador señor Bitar en el sentido de postergar la votación. En consecuencia, pido a la Mesa aplicar el Reglamento; no continuar discutiendo el tema, y proceder a votar en otra sesión. Desde ya, ofrezco mi mayor colaboración para discutir la idea. No obstante, si se sigue debatiendo al respecto, necesariamente tendré que entrar al fondo del asunto. Por eso, prefiero que una proposición de esa naturaleza la examinemos en otra oportunidad, señor Presidente. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Inicialmente manifesté que estábamos en el Tiempo de Votaciones, donde se aprueba o se rechaza la materia sometida a la consideración del Senado. No quise ser muy rígido, dado que tuvo lugar una exposición del autor de la iniciativa, pero en este momento no cabe abrir una discusión sobre el tema. Ahora bien, acogiendo la proposición del Senador señor Bitar, se postergará el tratamiento de este asunto, y pasaremos a la hora de Incidentes. El señor BITAR.- ¿Me permite, señor Presidente? Entiendo que, más que una discusión sobre el particular, el propósito es dar tiempo para estudiar la idea, con el objeto de que podamos votar la propuesta en la próxima sesión. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Lo importante es que se busque un acuerdo, señor Senador, para prevenir el surgimiento de algún problema en esa oportunidad. El señor OTERO.- Pero, si no hay acuerdo, deberá votarse en la próxima sesión. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Efectivamente, Su Señoría. El señor BITAR.- Vale decir, se votaría mañana, ¿no es cierto? El señor RUIZ, don José (Presidente accidental),- Así es, señor Senador. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ¿es posible introducir modificaciones en el entretanto? Hago la consulta porque creo que se trata de un tema bastante significativo y que existe el mejor ánimo para abordarlo, pero, a lo mejor, la redacción puede suscitar dificultades de distinto tipo. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Me referí a la conveniencia de buscar un acuerdo precisamente porque, a lo mejor, se puede presentar a la Sala una nueva propuesta, mejorada, a fin de someterla a votación. No debe olvidarse que el Reglamento no permite debate en el Tiempo de Votaciones. El señor HORMAZÁBAL.- ¿Señor Presidente, me permite una sugerencia? Creo que los Senadores debemos evaluar la propuesta de la Mesa, la cual ha considerado que el fondo de lo que se propone no es materia de este proyecto de acuerdo, en la medida en que se plantea una modificación reglamentaría consistente en introducir un artículo 211 bis. Por lo tanto, es adecuado contar con un plazo para examinar el punto, porque la Mesa tiene derecho, también, a calificar el procedimiento que corresponde, y veremos si resulta apropiado o no. Creo que un término hasta mañana es razonable. En todo caso, agradezco al Honorable señor Bitar la deferencia que ha tenido al aceptar que se postergue el pronunciamiento sobre su proposición. Se posterga para la próxima sesión ordinaria el pronunciamiento de la Sala. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Corresponde entrar a la hora de Incidentes. VII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa dos peticiones de oficios. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Hamilton: CREACIÓN DE COMUNA DE CONCÓN "Al señor Ministro del Interior, solicitándole que, a la brevedad posible, sea enviado, desglosándolo de la iniciativa actualmente en trámite, el proyecto de ley que crea la comuna de Concón y se le otorgue urgencia.". Del señor Horvath: PRESERVACIÓN DE RESERVAS SILVESTRES EN PRIMERA REGIÓN "Al señor Ministro de Economía y al señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, para que informen sobre las medidas que se están tomando para preservar las reservas existentes en la Primera Región, al haberse considerado la exploración y explotación mineras en áreas silvestres protegidas.". El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión de Centro Centro. Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz. CUENTA DE VIVIENDA EN ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. OFICIOS El señor ERRÁZURIZ.- Quiero referirme brevemente a una materia que estimo importante. Tiempo atrás, el Senador que habla propuso -y también lo hizo llegar a diversas instancias del Ejecutivo- un proyecto de ley tendiente a que los excesos acumulados en los fondos de pensiones de los afiliados a las administradoras pudieran ser aprovechados por ellos, como sus dueños, a fin de abrir una cuenta individual para adquirir una casa propia. Si fuera posible utilizar esos recursos para tal propósito, se solucionaría el problema de alrededor de un millón de personas que no tienen vivienda y el de los 600 mil allegados que se registran en Chile. Lamentablemente, el Gobierno parece no haber querido recoger esta iniciativa, y ha propuesto en su lugar la formación de un nuevo ente, llamado "AFV", que sería una suerte de asociación de ahorro destinada a administrar fondos especialmente para la vivienda. Esto llevaría a las personas a tener que hacer un ahorro voluntario similar al que hoy día de hecho realizan, y que, por lo demás, ya han formado, pues disponen de él, está en su cuenta individual, y no lo necesitan para su jubilación personal. En consecuencia, quiero expresar mi preocupación por el carácter político que se pretende dar a ciertas iniciativas de los Parlamentarios, las cuales no son de esa índole, sino meramente de tipo técnico, y recogen una gran inquietud de la ciudadanía en cuanto a satisfacer su justo anhelo de la casa propia. Cuando el legislador en 1981 creó el sistema de administradoras de fondos de pensiones, determinó durante su estudio que se requería tan sólo 4 por ciento de rentabilidad anual acumulada para lograr la jubilación que la ley estableció. Pero esa rentabilidad ha sido de 14 por ciento anual, lo que demuestra que existen recursos en exceso -equivalentes a 10 por ciento- por alrededor de 2 mil millones de dólares. Ahora, las personas que podrían optar al beneficio que he señalado, de acuerdo a estudios técnicos serios, constituirían un número muy importante de chilenos, los cuales satisfarían su necesidad de vivienda. Sin embargo, la alternativa planteada por el Gobierno no permite usar estos recursos acumulados y, además, obligaría a que los interesados soportaran un descuento adicional en la renta que hoy día obtienen. Por eso, solicito que se oficie, en mi nombre, a los señores Ministros de la Vivienda y Urbanismo y de Hacienda, haciéndoles notar que esta forma de realizar un ahorro adicional al que los chilenos ya han acumulado en los fondos de pensiones no significa únicamente que ellos no podrán disponer del dinero que ya tienen. El modo natural de lograr el objetivo que se pretende, si se desea continuar por la vía propuesta por el Ejecutivo, es crear en las administradoras de fondos de pensiones una cuenta 3, cuyo costo de administración sería, desde luego, muy bajo, porque su mantención constituiría un aspecto marginal para cada entidad. Adicionalmente, se lograría la reducción -si fuera del caso- de las actuales tasas de cotización. Así, el propósito perseguido podría ser alcanzado en una forma al menos más cercana a la eficiencia, por la que también debemos velar en este tipo de materias. Junto con lamentar que el Gobierno no haya permitido que los dueños de los excesos de ahorro acumulados en las Administradoras dispongan de esos recursos, los cuales no requieren para su jubilación, pido al Ejecutivo, a través de estos oficios, que estudie la iniciativa que he planteado en orden a crear una cuenta 3. El menor costo de administración de ésta conllevaría, aunque subsistiera el grave inconveniente de que no se puede disponer de los ahorros acumulados, por lo menos una mejor eficiencia. He dicho. Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Corresponde el turno al Comité Independientes. Como no usará de la palabra, y tampoco lo hará el Partido Unión Demócrata Independiente, le toca usar de su tiempo al Comité Partido por la Democracia. Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. EFECTO DE LICITACIÓN DE BIENES DE FERROCARRILES DEL ESTADO. OFICIO El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, tiempo atrás, en la hora de Incidentes, planteé el problema que están enfrentando miles de familias en Chile, distribuidas a lo largo de la red ferroviaria del país. Acontece que, debido a las nuevas disposiciones que enfrenta la Empresa de Ferrocarriles del Estado, se están llevando a licitación todos los bienes que ella no utiliza, desde estaciones en los ramales hasta sitios o predios. Pero el hecho dramático se presenta con motivo de las consecuencias que esa situación provoca en trabajadores que se encuentran a su servicio, en jubilados que entregaron toda una vida a la labor en este ámbito y, también, en viudas o montepiadas. En estos días se ha llamado a licitación. Y cabe advertir que incluso se encuentran involucrados grupos habitacionales conformados por 30 ó 40 casas, como ha ocurrido -para señalarlo en forma pormenorizada- en Traiguén, Victoria y Renaico, casos que conozco personalmente porque se plantean en la Región que represento. Pero también he recibido correspondencia de diferentes lugares del país, enviada por diversas familias que han sabido de mi interés y preocupación por el problema que viven. Por lo anterior, en una sesión pasada solicité que se oficiara al señor Presidente del Directorio de Ferrocarriles, a fin de que se sensibilizara a las autoridades de la Empresa y se buscara un procedimiento mediante el cual, sin transgredir disposiciones legales, las casas y los sitios donde ellas se ubican fuesen asignados a las familias que contribuyeron a que Ferrocarriles llegara a ser una palanca importante en el desarrollo del país. Desgraciadamente, hasta este instante nada ha acontecido. Y puedo informar que estoy en conocimiento de que a lo largo del país hay ferroviarios, tanto en actividad como del sector pasivo, que realizarán desesperados esfuerzos para evitar ser erradicados de las viviendas a cuyo arreglo ellos mismos contribuyeron, porque durante muchísimas décadas la Empresa no contó con los recursos suficientes como para poder repararlas y mantenerlas. Si no ha dispuesto de fondos para el cuidado de los trenes -que se encuentran, por supuesto, en peores condiciones que en 1973-, menos los ha tenido para las viviendas. Esta situación reviste, a veces, características un tanto increíbles, como ocurre en la ciudad de Renaico. Allí se está llamando a licitación un predio donde funciona una escuela pública en que estudian aproximadamente 600 alumnos. Lo mismo sucede con un balneario, en el cual la Municipalidad invirtió fuertes recursos. Termino, señor Presidente, pidiendo que se oficie al Presidente del Directorio de Ferrocarriles a fin de que dé una respuesta sobre esta materia a la mayor brevedad, para que no acontezca lo de hace algunos meses, cuando creí que señalando oportunamente el problema se le podría encontrar solución. He dicho. Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Restan dos minutos al Comité Partido por la Democracia. El señor MUÑOZ BARRA.- No haremos uso de ellos, señor Presidente. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Corresponde el turno del Comité Demócrata Cristiano. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- La tiene, Su Señoría. SEGURIDAD EN TRANSFUSIONES DE SANGRE El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, deseo dar cuenta de mi participación en la reunión, celebrada los días 16, 17 y 18 de septiembre, que la Organización Panamericana de la Salud programó para convocar a los Parlamentarios de las Comisiones de Salud del área andina del citado organismo -comprende a Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia-, y a la cual también fueron invitados el Presidente de la Comisión de Salud del PARLATINO, que además representó a Cuba, y los Presidentes de las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile. Me parece procedente informar a la Sala, ya que concurrí en representación de la Corporación. Esas sesiones -a las que asistí acompañado del Diputado señor Francisco Bayo- tenían por objeto discutir la legislación común en torno de un tema que, siendo muy técnico, posee enorme trascendencia social e internacional en el momento actual. Me refiero a los problemas transfusionales y a la garantía de una sangre segura. Para conocimiento de Sus Señorías, se trata de una técnica de muy larga data, aunque ha experimentado un aumento sustantivo en su utilización a raíz del mejoramiento de las técnicas quirúrgicas y del tratamiento de grandes accidentes y de trasplantes. Sin embargo, este aumento sustantivo de su uso ha coincidido con la aparición de enfermedades transmisibles a través de transfusiones, tales como el SIDA y nuevas formas de virus relacionadas directamente con la presencia de cáncer en el cuerpo humano, lo que la ha transformado en un instrumento que obliga, necesariamente, a tomar mayores precauciones. Si a lo anterior sumamos el enorme incremento del traslado de personas de un país a otro, se confirma la obligación de asegurar una técnica mínima que garantice tales precauciones, lo que en particular interesa cuando se sale, en este caso, de Chile. Esto explica que la Organización Panamericana de la Salud asuma una preocupación especial para unificar criterios, legislaciones y normas. En síntesis, señor Presidente, los acuerdos adoptados apuntan a las siguientes materias y proposiciones, de las cuales el Senado será oficialmente informado por la Organización y por el Parlamento peruano, que fue el anfitrión de la reunión. 1) Se asumió por primera vez, en forma explícita, que el derecho a una sangre segura es un derecho constitucional. 2) Se definió como tarea prioritaria para los Ministerios de Salud del área y para los Parlamentos el fijar normas comunes y legislaciones similares. 3) Se planteó la urgencia, para los Gobiernos y para la propia Organización, de destinar recursos adecuados al propósito de que, dentro del plazo de un año, la seguridad de la sangre donada y transfundida esté plenamente garantizada. 4) Se definió la donación como un acto altruista y sin cobro, que debe ser estimulado por los países de distintas maneras, aparte la posibilidad de sancionar el cobro o comercio de la sangre. 5) Se resolvió hacer un análisis del avance de los acuerdos al cabo de seis meses. Finalmente, señor Presidente, haré dos acotaciones que justifican intervenir acerca del tema y dar cuenta de mi asistencia, en representación del Senado, a la reunión. La primera es que las cifras que justifican esta preocupación son extremadamente altas. Al año, se efectúan 280 mil transfusiones en Chile, y más de 980 mil en el área que comprenden los cuatro países indicados. Uno de cada cuatro enfermos hospitalizados recibe una transfusión y, estadísticamente, uno de cada cinco o seis chilenos ha sido o será transfundido. El costo de un análisis que garantice seguridad es del orden de 10 dólares. No menos de 6 por ciento de los casos de SIDA en el área -ésta es la preocupación actual- son transmitidos por transfusiones inadecuadas. Extrapolando este porcentaje, se llega mundialmente a no menos de 7 por ciento. La segunda acotación es que, sin falso orgullo, la política chilena sobre el tema se encuentra en lugar de privilegio frente a la legislación internacional, sin perjuicio de que debemos recoger algunas ideas. Entregaré a la Secretaría de la Corporación los documentos que contienen los planteamientos que en la reunión hicimos con el Diputado señor Francisco Bayo. He dicho. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra al Comité Institucionales. El señor SINCLAIR.- No intervendremos, señor Presidente. El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).- Por lo tanto, se levanta la sesión. Se levantó a las 18:56. Manuel Ocaña Vergara, Jefe de la Redacción