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El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera .
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, en primer lugar, a pesar de que la normativa se ha corregido, creo importante que el Ejecutivo, cuando envíe proyectos de ley sobre carrera funcionaria, se preocupe de que sean armónicos y consistentes con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Si existe un cuerpo legal que regula la carrera funcionaria, asegura la igualdad de oportunidades, garantiza transparencia en las promociones a través de concursos o de ascensos, debemos respetarlo.
Digo lo anterior porque, sistemáticamente, múltiples iniciativas del Gobierno -no vale la pena mencionarlas- no armonizan con los términos de la Ley de Bases.
Si la preceptiva pertinente es inadecuada, debe modificarse para toda la Administración Pública. La enmienda caso a caso, en forma tan puntual, me parece una pésima técnica legislativa.
En segundo término, es muy relevante el rol que juega en nuestra economía el Servicio Agrícola y Ganadero. Pero de allí a identificar los logros en la agricultura con la dotación de ese organismo hay un abismo. Me parece que gran parte de lo que se consigue en materia económica responde a lo que son los actores principales; en este caso, sin duda, los productores agrícolas.
En tercer lugar, cuando analizamos la planta del SAG, no podemos pensar única y exclusivamente en los problemas particulares del personal, sino también en las funciones que debe cumplir este Servicio. Señalo esto porque se ha hecho práctica habitual, para resolver las situaciones individuales del personal adscrito a las plantas de distintas reparticiones públicas, destrozar la carrera funcionaria y no respetar los requisitos técnicos que la Ley de Bases fija para ocupar ciertos cargos.
Si el personal menor de algunas instituciones tiene bajas rentas, la solución no es promoverlo a los niveles técnicos. Sin duda, esto le subirá los sueldos, pero no satisfará la necesidad de aquéllas de tener en sus plantas, personal con título profesional.
Digo lo anterior porque una vez más nos encontramos en presencia de un proyecto de ley cuyo objetivo principal es mejorar las rentas de los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero, y no estudiar, dentro del concepto de modernización del Estado, la estructura óptima que debe tener una entidad tan importante como ésa. En la normativa en estudio no existe ninguna argumentación, análisis o elemento que pueda ilustrar al Senado sobre cómo deben ser las plantas de dicho Servicio.
Como muy bien lo hizo notar el Senador señor Mc-Intyre , cuando uno analiza las plantas de personal aprobadas para algunas instituciones, puede observar que presentan una forma muy curiosa.
Normalmente, un escalafón tiene una estructura piramidal; es decir, en los niveles más altos hay menos cargos, y de ahí hacia abajo va creciendo la pirámide. Esta es la manera lógica de estructurar las organizaciones. Sin embargo, si los señores Senadores estudian la iniciativa, se darán cuenta de que la planta tiene una forma rara: es angosta arriba, muy ancha en el medio y muy angosta abajo. Es una especie de rombo.
Lo anterior no obedece a una argumentación en el sentido .de que el Servicio Agrícola y Ganadero requiere ese tipo de organigrama. Porque lo que se busca con estos proyectos de ley es, simplemente, aumentar los sueldos del personal.
Pero el mecanismo para ello son los reajustes de remuneraciones. Y debemos analizar de una vez por todas la estructura de la Escala Única. Utilizar la vía de alterar totalmente el organigrama del personal de una institución para resolver un problema de sueldos revela muy poca preocupación por la organización eficiente y moderna que debe tener un ente como el Servicio Agrícola y Ganadero para cumplir eficazmente su labor.
Mediante esa práctica hacemos algo que parece muy fácil, pero no consideramos el verdadero interés público de que el SAG cuente con los profesionales que requiere. Cuando fijamos en su planta un cargo profesional, lo hacemos porque estimamos que lo necesita, y no para subir las rentas a funcionarios sin ese rango.
Ya suman 27 los proyectos que han utilizado este mecanismo para reajustar remuneraciones. Y próximamente serán 31, porque 4 iniciaron su trámite legislativo.
Hace mucho tiempo solicitamos al señor Ministro de Hacienda que explicara la política de personal. Se habla tanto de modernización del Estado; escuchamos discursos en los más altos niveles, y, sin embargo, no estamos modernizando el Estado, sino haciendo todo lo contrario. La Escala Única de Sueldos, teóricamente, contempla del grado 1 al 32. Pero en la Administración Pública en general el último grado efectivo es el 23. En otras palabras, hemos eliminado todos los grados entre el 23 y el 32. ¿Por qué? Porque no tenían remuneraciones adecuadas. Entonces, lo que deberíamos hacer sería repensar de una vez por todas la Escala Única.
Señor Presidente, es bueno que el Senado sepa que en los últimos cinco años hemos otorgado reajustes de remuneraciones al sector público por 21 por ciento, en términos reales, a través de múltiples iniciativas especiales. Pero cuando se dispone de un pozo de 21 por ciento para reajustar las rentas de los funcionarios del Estado -lo considero absolutamente necesario, conveniente y justo-, es el momento de racionalizar la estructura de dicho sector, en vez de entregar los recursos en pequeños paquetes descoordinados.
Por todas esas consideraciones, solicitamos al Ministro de Hacienda que concurriera al Senado a explicar, de una vez por todas, las políticas de personal y remuneracional, y cómo se insertan ambas dentro de la tan ansiada modernización del Estado. Pero no lo ha hecho. Planteó que lo haría en el contexto del proyecto de Ley de Presupuestos.
Considero que si la Cámara Alta ha aprobado iniciativas de reajustes de sueldos por un monto aproximado a 260 mil millones de pesos, por lo menos debiera tener idea de qué está haciendo.
Deseo consultar qué señor Senador comprende la lógica y la filosofía de esta política de reajustes, salvo la casuística recurrente de que en tal servicio existen funcionarios muy meritorios con remuneraciones muy bajas. Sin embargo, ello no representa una política de reajustes ni de plantas de personal para un Estado moderno como el chileno.
Me parece que esa forma de establecer reajustes es inapropiada. Lo que hoy día hacemos es estrangular la Escala Única, ya que para aumentar las rentas eliminamos grados o ascendemos al personal. Como no podemos subir los tramos superiores -o sea, no es factible crear los grados -1, -2 ó -3-, estamos dando a la Administración Pública una estructura inversa a la que postulan quienes saben realmente cómo debe organizarse un Estado moderno.
En la antigüedad, los Estados requerían muchas personas de bajo nivel de calificación. Los Estados actuales necesitan menos gente pero de mejor nivel. Los más capacitados debieran estar, probablemente, en los cargos públicos. Empero, con la actual política de reajustes de remuneraciones, que el Senado aprueba en forma sistemática proyecto a proyecto, estamos haciendo absolutamente imposible la existencia de un Estado moderno, que debe ser más pequeño, pero mucho más poderoso y eficaz, con funcionarios profesionales.
Por eso, estimo que justificar aumentos de sueldos en base a requerimientos particulares de un Servicio, como es el caso del Agrícola y Ganadero, ya no resiste análisis. Han sido 27 los aprobados en la Corporación por esa vía. Y el Ministro de Hacienda tiene, a mi juicio, la obligación de responder a una invitación que se le hizo, a través de un oficio solicitado por el Senador que habla, para que explique la política de reajustes de remuneraciones que se pretende aplicar en nuestro país, máxime cuando el tema de la modernización del Estado, que pasa fundamentalmente por un cambio en la filosofía de la administración de personal, reviste tanta prioridad y ha sido tan anunciado por el Presidente de la República y muchos Ministros.
En consecuencia, una vez más solicito que se ilustre al Senado respecto de la política de remuneraciones actual, y también de la futura, porque cabe destacar que hay tres proyectos similares en trámite.
No deseo repetir la discusión cada vez que surge una iniciativa de esta naturaleza, pero no hay duda de que la política de otorgar reajustes por la vía de alterar las plantas, estudiándolas siempre caso a caso, sin ninguna posibilidad de alcanzar una visión global del problema, resulta del todo inconveniente. ¿Por qué creen los señores Senadores que las plantas del Servicio Agrícola y Ganadero merecen ser aprobadas hoy? ¿No habrá otras reparticiones mucho más postergadas o con problemas mayores? Llega este proyecto, lo aprobamos. Llega otro, lo aprobamos. Quienes los envían jamás nos han explicado si ellos son parte de un programa global, si responden a grupos de presión o a la mayor o menor cercanía de los servicios con el Ministerio de Hacienda, etcétera.
En lo personal, creo francamente que para poder cumplir con corrección el papel que la Constitución nos asigna en estas materias -aprobar los reajustes del sector público-, lo menos que podemos pedir es contar con la información necesaria para saber lo que estamos haciendo, cosa que, lamentablemente, no ha ocurrido, lo cual se ha transformado en una práctica que considero altamente negativa.
He dicho.
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