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El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín .
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la verdad es que el proyecto en cuestión, mirado individualmente, contiene indudable mérito, si se piensa en las personas a que está dirigido y que pretende beneficiar. No cabe la menor duda de que, por los antecedentes que se han dado a su respecto, se trata de un grupo de gente muy competente y que carece de un reconocimiento económico en los términos que corresponde. Desde esa perspectiva, es un proyecto valioso y que tiene justificación. Sin embargo, dada la situación aquí analizada, sin duda alguna a raíz de esta iniciativa -una más de una serie de proyectos que, en cierto modo, han ido resolviendo estos problemas en forma individual-, hay determinadas cosas que va dejando a la luz esta política seguida por el Gobierno de arreglar las remuneraciones de la Administración Pública, las cuales, a mi juicio, son importantes de destacar. Porque este proyecto, en ese sentido, no mejora una serie de aspectos relevantes que no podemos desconocer.
En primer lugar, el sistema de remuneraciones de la Administración Pública. Por el contrario, por la forma casuística, como se ha señalado por algunos señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, en que se realiza se ha originado una manera de resolver los problemas que apuntan particularmente a un servicio determinado y no al conjunto de ellos y, por lo tanto, va generando situaciones y criterios diferentes en la asignación de las rentas por profesiones, en los requisitos de ingreso y de ascenso, etcétera, creando tal diversidad y complejidad que se pierde un poco el enfoque global que ciertamente debe tenerse de la Administración Pública.
En segundo término, tampoco perfecciona este proyecto la calidad del servicio. Porque la forma como se incrementan las rentas -se sigue la misma lógica aplicada en otros casos- no está ligada a un incentivo, por ejemplo, a la calidad del servicio que se presta, y así los funcionarios de mejor desempeño no tienen un reconocimiento como tales. Hay tratos parejos. Y, por lo tanto, quienes laboran en este Servicio como en otros organismos públicos cuyas plantas han sido resueltas de esa manera, carecen de estímulo para que efectivamente, por su trabajo, puedan no sólo mejorar en lo personal, sino también desarrollar una mejor atención a los usuarios de estas entidades. No hay que olvidar que se trata precisamente de reparticiones públicas, es decir, que están destinadas a prestar un servicio a la gente. Y, lamentablemente, por esta vía, si bien se aumentan las remuneraciones, que es el objetivo declarado en éste y otros proyectos semejantes, no se apunta a ganar en calidad, eficacia y rendimiento de los mismos.
Finalmente, tampoco mejora la situación del sector productivo correspondiente, al cual, en este caso, el Servicio está llamado a satisfacer. La agricultura se hallará en mejor o peor condición, pero ello no depende del arreglo de la planta administrativa de este Servicio; por el contrario -casi parece irónico-, si se analizan los índices de su desarrollo en los últimos cuatro años, se constatará que efectivamente ha perdido capacidad productiva; que, en términos relativos, ha crecido prácticamente nada y, por lo tanto, mucho menos en comparación con el resto de los sectores productivos del país; ha disminuido en capacidad de empleo, en superficie cultivada y en varios otros aspectos que vamos a analizar en un par de semanas. Sin embargo, el que no ha perdido en el ámbito de la agricultura es el Ministerio del ramo, pues ha incrementado su personal y sus remuneraciones. Por cierto, no estoy cuestionando que los sueldos no merezcan ser aumentados; pero, obviamente, no puede decirse que debido a ello se entregará un mejor beneficio al rubro productivo al cual este Servicio y otras reparticiones públicas, en su caso, están atendiendo. No hay una relación entre una cosa y otra, porque expresamente el proyecto no se lo propone, y quizás sería interesante que eso ocurriera.
Por lo mismo, creo importante tener en consideración, respetar y, tal vez, oír, en alguna oportunidad, las voces que desde el Parlamento se han levantado cada vez que estos proyectos se presentan y discuten. Es necesario revisar este concepto bajo una luz más general: mejorar verdaderamente los sistemas de remuneraciones de la Administración Pública en cuanto a introducir elementos que perfeccionen la calidad del servicio que en ella se presta, y que haya también una mayor correlación entre los servicios públicos y los sectores productivos a los cuales deben servir.
Esa es una inquietud que compartimos en nuestra bancada y con otras bancadas.
Y quiero también sumarme a lo planteado por el Senador señor Piñera acerca de la conveniencia de que aquí escuchemos cuál es el planteamiento global que sobre estos aspectos, que son de fondo, tiene la autoridad. Y resulta ocioso repetirlo, porque ya lo hemos dicho: sería bueno hacerlo sin más.
Independientemente de eso, no nos oponemos a este proyecto, porque no estamos en contra de mejorar la situación específica de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Reconocemos la postergación que puedan haber tenido y la necesidad de subir sus rentas, pero no podemos dejar de hacer notar que detrás de esto hay una política que, en sí misma, no es buena ni para este Gobierno ni para el próximo ni para el de ayer; es mala para todos. Por lo tanto, es conveniente y lógico analizarla, a fin de mejorar lo que al país le conviene: tener una Administración Pública con buen personal, debidamente pagado, pero en forma racional, esto es, con un servicio eficiente, no burocrático, que contribuya al desarrollo de la nación.
He dicho.
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