PLANTA DE PERSONAL DE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que da una nueva planta para el personal del Servicio Agrícola y Ganadero, con informes de las Comisiones de Agricultura, de Gobierno, Descentralización y Regionalización, de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 12a, en 10 de mayo de 1994. Informes de Comisión: Agricultura, Gobierno, Hacienda y Constitución, sesión 5a, en 18 de octubre de 1994. El señor MATTA.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero hacer presente un asunto antes de que comience a informar el señor Secretario. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MATTA.- Entiendo que había acuerdo de Comités para tratar más tarde esta iniciativa -aproximadamente, a las 18-, a fin de contar con la presencia del Ministro de Agricultura, señor Emiliano Ortega . El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- No hubo acuerdo para esos efectos, señor Senador. Y avisaremos al señor Ministro que no acuda al Senado, porque, en verdad, existe disposición para aprobar el proyecto. El señor MATTA.- Gracias, señor Presidente. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Esta iniciativa, originada en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, fue acogida por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Agricultura, la cual propone aprobarla con las enmiendas que aparecen en su informe. Por su parte, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recomienda, en lo que atañe a su competencia, acoger el proyecto en los mismos términos en que lo hizo el anterior órgano técnico. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a su vez, tomó conocimiento del texto a raíz de una consulta que le formuló la de Agricultura, en relación con el artículo 5o, llegando a la conclusión de que este precepto es de carácter orgánico constitucional. Finalmente, la Comisión de Hacienda sugiere aprobar el proyecto de la Comisión de Agricultura con varias modificaciones, entre las cuales figura la supresión del artículo 5o. Como éste es de rango orgánico constitucional, la iniciativa pasaría a ser de quórum simple. Tanto las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda como el texto definitivo aparecen en el correspondiente informe. En resumen, el proyecto cuenta con informe de cuatro Comisiones, y se propone aprobar lo propuesto por la Comisión de Agricultura, con las modificaciones que introdujo la de Hacienda. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En discusión general la iniciativa. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Larre . El señor LARRE.- Señor Presidente, en forma muy breve quiero informar a la Sala en qué consiste el proyecto. Este se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene como objetivo mejorar y regularizar la situación de los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero. La iniciativa, sustentada por el Ejecutivo, se basa en el hecho de que la planta actual de dicho organismo no permite un adecuado desarrollo de la carrera funcionaria, que sea concordante con lo dispuesto sobre la materia por el Estatuto Administrativo; en la necesidad de racionalizar y modernizar la estructura del Servicio Agrícola y Ganadero, a fin de hacerla más funcional a la consecución de sus fines específicos; y en la necesaria incidencia en la adecuación de las plantas producida por las modificaciones introducidas a la ley 18.755, Orgánica de dicho Servicio, por parte de la recientemente dictada ley N° 19.283. En este momento, la entidad cuenta con una dotación autorizada por la Ley de Presupuestos para el año 1994 de 1.S01 cargos y con un presupuesto de 6 mil 505 millones 474 mil pesos, por concepto de remuneraciones, de los cuales 4 mil 826 millones 647 mil pesos corresponden a sueldos del personal de planta de la institución. La actual planta del Servicio fue establecida en 1990 y autorizó 1.205 cargos, distribuidos en siete escalafones. La dotación efectiva al 31 de marzo de este año era de 1.464 funcionarios, de los cuales cabe destacar que el 72 por ciento pertenece a la categoría de profesionales y técnicos. El proyecto permite un reordenamiento y una racionalización de los escalafones genéricos, respondiendo en mejor forma a la realidad y necesidades del Servicio, e incrementa el número de cargos en 30, totalizando una planta de 1.235 funcionarios. El mayor costo que significa el proyecto es de 528 millones de pesos, que representa un aumento de 10,93 por ciento de la masa salarial actual. En general, los incrementos de remuneraciones más grandes recaen en las Plantas de Profesionales y de Técnicos. La Comisión de Agricultura, en atención a la trascendencia del Servicio Agrícola y Ganadero para la conservación del patrimonio fito y zoosanitario del país y a la incidencia de las exportaciones de nuestro sector rural en los proyectos de expansión económica, consideró conveniente aprobar la iniciativa. Lo mismo hicieron las demás Comisiones que la analizaron. En cuanto al artículo 5o, que había generado discrepancias -permitía al personal a contrata desempeñar funciones de jefatura-, debo informar que fue eliminado mediante una indicación que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda. Por lo expuesto, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar a favor del proyecto. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En definitiva, ¿el artículo 5o quedó suprimido? El señor LARRE.- Exactamente, señor Presidente: fue eliminado en la Comisión de Hacienda por una indicación del Ejecutivo. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra . El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, sólo quiero expresar que los Senadores del Partido por la Democracia vamos a dar nuestra aprobación al proyecto, que, simplemente, mejora y regulariza la situación de los trabajadores de este importante servicio agrícola. Tal como indicó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el aumento de cargos es muy leve, ya que de 1.205 se amplían a 1.235. Es importante hacer resaltar el alto grado de eficiencia que ha adquirido el Servicio Agrícola y Ganadero. Por lo tanto, creo que respaldarlo aún más implica reforzar esa eficiencia. Cabe señalar que el SAG, dentro del concierto latinoamericano, es el organismo que más se ha destacado, por el celo puesto en el cumplimiento de sus funciones. Como Chile es una nación exportadora, es positivo todo esfuerzo por modernizar el Servicio Agrícola y Ganadero y hacerlo más eficiente. En ese sentido, debe subrayarse lo que dice relación a remuneraciones y a los instrumentos adecuados para su funcionamiento. El proyecto procura un alza salarial en favor de los funcionarios, especialmente de los profesionales y técnicos. Respecto a la labor de fiscalización que corresponde al SAG, debe mencionarse que dentro de las delicadas funciones que cumple en ese aspecto está la de aplicación y control de la Ley de Tipificación de Carnes. Sin embargo, la planta ha sido aumentada sólo en 18 plazas en el último tiempo, cantidad que a todas luces resulta muy reducida. Asimismo, vale la pena destacar, para hacer justicia al proyecto y para la historia de la ley, que aún no estamos cerca de una proporción adecuada entre el desarrollo que han experimentado algunas especialidades agrícolas del país y el que deben tener los organismos de apoyo técnico o de fiscalización para prevenir los problemas que afectan al sector. El respaldo que hoy otorgaremos al Servicio todavía es modesto. Por lo tanto, más adelante, con más calma y tal vez no sometidos a una presión tan fuerte, deberíamos dar un mayor estímulo a la eficiencia profesional del SAG -podría ser discutido a raíz de la Ley de Presupuestos-, cuya labor de fiscalización es tan importante para el progreso económico del país. Termino reiterando que los Senadores del PPD vamos a votar favorablemente la iniciativa. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Matta . El señor MATTA.- Señor Presidente, los Senadores de la Democracia Cristiana también vamos a concurrir con nuestros votos a la aprobación de este importante proyecto, que responde a la necesidad de racionalizar y modernizar la estructura del Servicio Agrícola y Ganadero, con la finalidad de hacerla mucho más funcional a las obligaciones específicas de esta institución. Desde el punto de vista presupuestario, la iniciativa -ya lo indicó el Senador señor Larre , quien informó a la Sala en nombre de la Comisión de Agricultura- tiene un costo adicional de alrededor de 528 millones de pesos. Sólo se generan 30 cargos más en la estructura central de funcionamiento del SAG, por lo cual su planta sube de 1.205 cargos a 1.235. Resulta importante destacar el alto grado de profesionalismo con que el Servicio Agrícola y Ganadero realiza las tareas que le encomienda su propia ley orgánica. Esta institución tiene por objeto contribuir al desarrollo agropecuario del país mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país, y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación a través de normas legales y reglamentos. Este objetivo es plenamente concordante con las estrategias planteadas por el Gobierno nacional, que ha enfatizado en todo momento el desarrollo sostenido y sustentable para el sector agrícola, a fin de que la agricultura y el mundo rural reemerjan con fuerza en nuestra economía y en la cultura nacional. Lo anterior permite concluir que el Servicio Agrícola y Ganadero debe esforzarse por mejorar la sanidad silvoagropecuaria del país con la ejecución de proyectos específicos tendientes a la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas, y la protección de los recursos naturales y renovables, a fin de dar cumplimiento a las estrategias que preocupan al Gobierno. Es relevante la función que desarrolla el SAG en un país esencialmente agrícola como Chile, porque con su gestión ha colaborado a que el sector silvoagropecuario aporte 8 por ciento al producto geográfico bruto total del país y a través de un saldo positivo de la balanza comercial de productos agropecuarios. Quiero destacar algunas acciones que está realizando el Servicio Agrícola y Ganadero o que ya ha desarrollado: levantamiento de las restricciones cuarentenarias por parte de Estados Unidos a los productos hortofrutícolas que se exportan a ese mercado; reconocimiento de Chile como país libre de la mosca de la fruta, exceptuando a la Primera Región (provincia de Arica); apertura de nuevos mercados, como Japón (para uva de mesa y kiwi), México (para manzanas, peras y fruta de carozo), Cuba (frutas y hortalizas frescas, granos y legumbres), Argentina, etcétera; introducción de nuevas especies o variedades que estaban prohibidas. En fin, podría señalar innumerables acciones más que cumple el SAG. Igualmente, debe subrayarse cómo ese Servicio ha ido generando recursos e ingresos propios. Durante 1993 produjo ingresos propios por concepto de venta de bienes y, principalmente, prestación de servicios por un monto que asciende a 4 mil 422 millones de pesos, destacándose la generación de 3 mil 25 millones por concepto de inspecciones de productos hortofrutícolas de exportación -es decir, 68 por ciento del total de los recursos propios que generó el Servicio, por la inspección de 143 millones de cajas exportadas durante 1993-; 133 millones y fracción, por la aplicación de más de 170 mil dosis de vacuna contra la brucelosis; 157 millones y fracción, por la supervisión de fumigación de productos agrícolas de exportación, y 1.106 millones, que representan el 25 por ciento restante, agrupados en la categoría de "otros", que incluye: inspección de productos agrícolas de importaciones; inspección de maderas y productos forestales; inspección de productos pecuarios de importación y exportación; análisis de laboratorio de productos alcohólicos, agrícolas y pecuarios; derechos como las autorizaciones de caza e inscripciones de plaguicidas. En fin, podríamos señalar diversas acciones que desarrolla en forma muy eficiente y eficaz el Servicio Agrícola y Ganadero, por lo que este proyecto cumple cabalmente los objetivos de mejorar la planta y dar alicientes a los esforzados funcionarios del Servicios Agrícola y Ganadero. Por lo tanto, reitero nuestros votos favorables a la iniciativa en comento. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera . El señor PIÑERA.- Señor Presidente, en primer lugar, a pesar de que la normativa se ha corregido, creo importante que el Ejecutivo, cuando envíe proyectos de ley sobre carrera funcionaria, se preocupe de que sean armónicos y consistentes con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Si existe un cuerpo legal que regula la carrera funcionaria, asegura la igualdad de oportunidades, garantiza transparencia en las promociones a través de concursos o de ascensos, debemos respetarlo. Digo lo anterior porque, sistemáticamente, múltiples iniciativas del Gobierno -no vale la pena mencionarlas- no armonizan con los términos de la Ley de Bases. Si la preceptiva pertinente es inadecuada, debe modificarse para toda la Administración Pública. La enmienda caso a caso, en forma tan puntual, me parece una pésima técnica legislativa. En segundo término, es muy relevante el rol que juega en nuestra economía el Servicio Agrícola y Ganadero. Pero de allí a identificar los logros en la agricultura con la dotación de ese organismo hay un abismo. Me parece que gran parte de lo que se consigue en materia económica responde a lo que son los actores principales; en este caso, sin duda, los productores agrícolas. En tercer lugar, cuando analizamos la planta del SAG, no podemos pensar única y exclusivamente en los problemas particulares del personal, sino también en las funciones que debe cumplir este Servicio. Señalo esto porque se ha hecho práctica habitual, para resolver las situaciones individuales del personal adscrito a las plantas de distintas reparticiones públicas, destrozar la carrera funcionaria y no respetar los requisitos técnicos que la Ley de Bases fija para ocupar ciertos cargos. Si el personal menor de algunas instituciones tiene bajas rentas, la solución no es promoverlo a los niveles técnicos. Sin duda, esto le subirá los sueldos, pero no satisfará la necesidad de aquéllas de tener en sus plantas, personal con título profesional. Digo lo anterior porque una vez más nos encontramos en presencia de un proyecto de ley cuyo objetivo principal es mejorar las rentas de los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero, y no estudiar, dentro del concepto de modernización del Estado, la estructura óptima que debe tener una entidad tan importante como ésa. En la normativa en estudio no existe ninguna argumentación, análisis o elemento que pueda ilustrar al Senado sobre cómo deben ser las plantas de dicho Servicio. Como muy bien lo hizo notar el Senador señor Mc-Intyre , cuando uno analiza las plantas de personal aprobadas para algunas instituciones, puede observar que presentan una forma muy curiosa. Normalmente, un escalafón tiene una estructura piramidal; es decir, en los niveles más altos hay menos cargos, y de ahí hacia abajo va creciendo la pirámide. Esta es la manera lógica de estructurar las organizaciones. Sin embargo, si los señores Senadores estudian la iniciativa, se darán cuenta de que la planta tiene una forma rara: es angosta arriba, muy ancha en el medio y muy angosta abajo. Es una especie de rombo. Lo anterior no obedece a una argumentación en el sentido .de que el Servicio Agrícola y Ganadero requiere ese tipo de organigrama. Porque lo que se busca con estos proyectos de ley es, simplemente, aumentar los sueldos del personal. Pero el mecanismo para ello son los reajustes de remuneraciones. Y debemos analizar de una vez por todas la estructura de la Escala Única. Utilizar la vía de alterar totalmente el organigrama del personal de una institución para resolver un problema de sueldos revela muy poca preocupación por la organización eficiente y moderna que debe tener un ente como el Servicio Agrícola y Ganadero para cumplir eficazmente su labor. Mediante esa práctica hacemos algo que parece muy fácil, pero no consideramos el verdadero interés público de que el SAG cuente con los profesionales que requiere. Cuando fijamos en su planta un cargo profesional, lo hacemos porque estimamos que lo necesita, y no para subir las rentas a funcionarios sin ese rango. Ya suman 27 los proyectos que han utilizado este mecanismo para reajustar remuneraciones. Y próximamente serán 31, porque 4 iniciaron su trámite legislativo. Hace mucho tiempo solicitamos al señor Ministro de Hacienda que explicara la política de personal. Se habla tanto de modernización del Estado; escuchamos discursos en los más altos niveles, y, sin embargo, no estamos modernizando el Estado, sino haciendo todo lo contrario. La Escala Única de Sueldos, teóricamente, contempla del grado 1 al 32. Pero en la Administración Pública en general el último grado efectivo es el 23. En otras palabras, hemos eliminado todos los grados entre el 23 y el 32. ¿Por qué? Porque no tenían remuneraciones adecuadas. Entonces, lo que deberíamos hacer sería repensar de una vez por todas la Escala Única. Señor Presidente, es bueno que el Senado sepa que en los últimos cinco años hemos otorgado reajustes de remuneraciones al sector público por 21 por ciento, en términos reales, a través de múltiples iniciativas especiales. Pero cuando se dispone de un pozo de 21 por ciento para reajustar las rentas de los funcionarios del Estado -lo considero absolutamente necesario, conveniente y justo-, es el momento de racionalizar la estructura de dicho sector, en vez de entregar los recursos en pequeños paquetes descoordinados. Por todas esas consideraciones, solicitamos al Ministro de Hacienda que concurriera al Senado a explicar, de una vez por todas, las políticas de personal y remuneracional, y cómo se insertan ambas dentro de la tan ansiada modernización del Estado. Pero no lo ha hecho. Planteó que lo haría en el contexto del proyecto de Ley de Presupuestos. Considero que si la Cámara Alta ha aprobado iniciativas de reajustes de sueldos por un monto aproximado a 260 mil millones de pesos, por lo menos debiera tener idea de qué está haciendo. Deseo consultar qué señor Senador comprende la lógica y la filosofía de esta política de reajustes, salvo la casuística recurrente de que en tal servicio existen funcionarios muy meritorios con remuneraciones muy bajas. Sin embargo, ello no representa una política de reajustes ni de plantas de personal para un Estado moderno como el chileno. Me parece que esa forma de establecer reajustes es inapropiada. Lo que hoy día hacemos es estrangular la Escala Única, ya que para aumentar las rentas eliminamos grados o ascendemos al personal. Como no podemos subir los tramos superiores -o sea, no es factible crear los grados -1, -2 ó -3-, estamos dando a la Administración Pública una estructura inversa a la que postulan quienes saben realmente cómo debe organizarse un Estado moderno. En la antigüedad, los Estados requerían muchas personas de bajo nivel de calificación. Los Estados actuales necesitan menos gente pero de mejor nivel. Los más capacitados debieran estar, probablemente, en los cargos públicos. Empero, con la actual política de reajustes de remuneraciones, que el Senado aprueba en forma sistemática proyecto a proyecto, estamos haciendo absolutamente imposible la existencia de un Estado moderno, que debe ser más pequeño, pero mucho más poderoso y eficaz, con funcionarios profesionales. Por eso, estimo que justificar aumentos de sueldos en base a requerimientos particulares de un Servicio, como es el caso del Agrícola y Ganadero, ya no resiste análisis. Han sido 27 los aprobados en la Corporación por esa vía. Y el Ministro de Hacienda tiene, a mi juicio, la obligación de responder a una invitación que se le hizo, a través de un oficio solicitado por el Senador que habla, para que explique la política de reajustes de remuneraciones que se pretende aplicar en nuestro país, máxime cuando el tema de la modernización del Estado, que pasa fundamentalmente por un cambio en la filosofía de la administración de personal, reviste tanta prioridad y ha sido tan anunciado por el Presidente de la República y muchos Ministros. En consecuencia, una vez más solicito que se ilustre al Senado respecto de la política de remuneraciones actual, y también de la futura, porque cabe destacar que hay tres proyectos similares en trámite. No deseo repetir la discusión cada vez que surge una iniciativa de esta naturaleza, pero no hay duda de que la política de otorgar reajustes por la vía de alterar las plantas, estudiándolas siempre caso a caso, sin ninguna posibilidad de alcanzar una visión global del problema, resulta del todo inconveniente. ¿Por qué creen los señores Senadores que las plantas del Servicio Agrícola y Ganadero merecen ser aprobadas hoy? ¿No habrá otras reparticiones mucho más postergadas o con problemas mayores? Llega este proyecto, lo aprobamos. Llega otro, lo aprobamos. Quienes los envían jamás nos han explicado si ellos son parte de un programa global, si responden a grupos de presión o a la mayor o menor cercanía de los servicios con el Ministerio de Hacienda, etcétera. En lo personal, creo francamente que para poder cumplir con corrección el papel que la Constitución nos asigna en estas materias -aprobar los reajustes del sector público-, lo menos que podemos pedir es contar con la información necesaria para saber lo que estamos haciendo, cosa que, lamentablemente, no ha ocurrido, lo cual se ha transformado en una práctica que considero altamente negativa. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Calderón . El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, deseo señalar que, naturalmente, apoyamos el proyecto -lo hicimos en las otras ocasiones en que se ha discutido en esta Sala-, que aplica los mismos parámetros que se han utilizado para la elaboración de todas las plantas que hemos aprobado hasta ahora. Sólo me resta manifestar mi alegría porque se apruebe ahora, luego de recibir informe favorable por parte de cuatro Comisiones. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz . El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, antes que todo quiero señalar que votaré favorablemente el proyecto de ley, porque estimo que la labor de quienes se desempeñan en el Servicio Agrícola y Ganadero es realmente encomiable. No obstante, adhiero a lo señalado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Por enésima vez desde que llegué al Senado he escuchado los mismos argumentos -yo mismo los he expresado en reiteradas oportunidades en la Comisión de Hacienda y en esta Sala- en torno a que no podemos seguir legislando de la manera en que lo estamos haciendo. Existe una Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y, sin embargo, parece no respetarse permanentemente por el propio Gobierno. Por ello, junto con señalar que no resulta razonable el procedimiento seguido hasta ahora en materia de plantas y adecuaciones de sueldos del personal de los diversos servicios, debo decir que, en el ánimo de dar una solución definitiva al problema y de no seguir perdiendo el tiempo en retórica, el Partido Unión de Centro Centro, en conjunto con Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, decidió estudiar una reforma constitucional que permita llevar adelante la modernización que requiere el Estado. De esa manera, se pondrá término a iniciativas como la que analizamos, que van introduciendo mejorías a "empujoncitos", en lugar de buscar, de una vez por todas, una solución adecuada, moderna, permanente, a la administración del aparato público, que debe ser eficiente para lograr los propósitos de bien que a todos nos inspiran. Eso es todo. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal . El señor HORMAZÁBAL.- - Señor Presidente, se ha dicho que no se puede seguir legislando de esta manera, y, a la vez, que ya hemos aprobado 29 proyectos semejantes a éste. Luego, parece que se puede. Es posible tener una posición discrepante. Se podría decir "no se debe", pero de que se puede, se puede. Si utilizamos más rigurosamente el lenguaje, entonces, debemos aceptar que sí se puede. ¿Se debería? Tal pregunta apunta al derecho a opción. ¿Es preferible -como ha dicho un señor Senador- legislar en bloque respecto de todos los servicios de la Administración Pública? Es una alternativa razonable, aparentemente lógica. No obstante, cuando en cada uno de los debates de los 27 o más proyectos que hemos examinado queda constancia de que en determinado período histórico se fue produciendo un deterioro muy importante de la situación de la Administración Pública, que se produjeron injusticias que desnivelaron a unos servicios respecto al resto, a lo mejor es lógico -es el argumento que he escuchado en los debates anteriores- que se haya tratado de ir restableciendo normas de equilibrio y equidad en el manejo de sectores que fueron injustamente postergados durante los 17 años en que algunos de los Parlamentarios de Oposición que han intervenido participaron en el Gobierno. ¿Quién estuvo más cerca del Ministerio de Hacienda? La historia lo sabe y mis Honorables colegas tienen buena memoria como para poder responder esa pregunta. En consecuencia, desde mi punto de vista es perfectamente lícito plantear: "Yo preferiría que se legislara abarcando, de una vez por todas, la situación de toda la Administración Pública". Pero los antecedentes que hemos tenido a la vista muestran que ha habido servicios que fueron postergados. Así se ha acreditado, por lo menos, en los proyectos en cuyo estudio he podido participar. En segundo lugar, se sostiene que iniciativas como ésta afectan a los trabajadores. No deseo hacer discusiones genéricas sobre el particular. En lo personal, no he participado en el estudio del proyecto, pues pertenezco a otras Comisiones, de modo que me informo por el trabajo acucioso que hacen mis Honorables colegas. Pues bien, en el informe de la Comisión de Agricultura se hace referencia a que, entre otros, concurrió la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, representada por su distinguida Presidenta, doña María Teresa Vera León , quien "tras agradecer la invitación, señaló que para los trabajadores de la institución constituye una antigua y sentida aspiración la aprobación del proyecto en informe.". Naturalmente, viniendo del mundo sindical, uno entiende que no siempre se logra el ciento por ciento de las demandas. Y eso es lo que hace ver aquélla al manifestar "su conformidad -en términos generales- con la iniciativa, sin perjuicio de considerar necesario formular algunas apreciaciones,". Entre ellas hay una relativa al artículo 5o del mensaje, que posteriormente pasó a constituir el artículo transitorio. Pues bien, de acuerdo con el informe, "la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero solicitó a vuestra Comisión modificar el artículo transitorio con el objeto de limitar la facultad del Director Nacional, en el sentido de que sólo pueda traspasar a las Plantas de Profesionales, Técnicos y Administrativos, a un número determinado de funcionarios de la Planta de Directivos". La Comisión atendió a esa solicitud, teniendo presente la conformidad prestada por el representante del Ejecutivo. Es decir, el Senado de la República se constituyó en un escenario importante, en donde una legítima propuesta de los trabajadores, que tendía a mejorar el proyecto, fue recogida por el Ejecutivo. Me parece muy bien que así haya ocurrido. Instarla a cualquier Gobierno futuro a tener una flexibilidad semejante, para que, en el Senado, en la Cámara o donde corresponda, recoja los argumentos fundados y serios que hagan presentes los trabajadores. De modo tal que, respetando las legítimas opiniones que existen sobre este tema, la manera como les gustaría proceder a algunos -ya sabemos cómo les gustó legislar en el pasado-, sería bueno que si en lo futuro llegaran a tener el Gobierno -es posible; por qué no-, lo ejercieran aprendiendo de estas sanas prácticas democráticas de que da cuenta el informe a que me he referido. Por otro lado, quiero destacar la actitud del Gobierno ante el problema suscitado por el pronunciamiento de la Comisión de Constitución en torno al artículo 5o, que consideró de ley orgánica constitucional, pero que ya había sido aprobado con quórum de ley simple en la Cámara de Diputados. Pues bien, el informe de la Comisión de Hacienda deja constancia de que "Sin entrar en la discusión de fondo que se suscitó" "el Ejecutivo presentó indicación con el objeto de eliminar este artículo, a fin de agilizar la tramitación y despacho de este proyecto de ley.". Entonces, lo que constato es que hay un Gobierno democrático que escucha las opiniones de los trabajadores y recoge -aunque no los comparta- los juicios que hacen los legisladores respecto de determinadas materias, con la finalidad de sacar adelante el proyecto. Por tales consideraciones, por creer que la iniciativa cumple adecuadamente las normas constitucionales y legales y que hace justicia a un grupo de trabajadores que lo merecía; que hay un Ejecutivo capaz de acoger las sentidas aspiraciones de los trabajadores, y de aceptar -a pesar de no compartirlas- opiniones fundadas que se dan en el seno de la Corporación, estimo que debe ser despachada sin más debate, y no quisiera ser un obstáculo para ese objetivo. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín . El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la verdad es que el proyecto en cuestión, mirado individualmente, contiene indudable mérito, si se piensa en las personas a que está dirigido y que pretende beneficiar. No cabe la menor duda de que, por los antecedentes que se han dado a su respecto, se trata de un grupo de gente muy competente y que carece de un reconocimiento económico en los términos que corresponde. Desde esa perspectiva, es un proyecto valioso y que tiene justificación. Sin embargo, dada la situación aquí analizada, sin duda alguna a raíz de esta iniciativa -una más de una serie de proyectos que, en cierto modo, han ido resolviendo estos problemas en forma individual-, hay determinadas cosas que va dejando a la luz esta política seguida por el Gobierno de arreglar las remuneraciones de la Administración Pública, las cuales, a mi juicio, son importantes de destacar. Porque este proyecto, en ese sentido, no mejora una serie de aspectos relevantes que no podemos desconocer. En primer lugar, el sistema de remuneraciones de la Administración Pública. Por el contrario, por la forma casuística, como se ha señalado por algunos señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, en que se realiza se ha originado una manera de resolver los problemas que apuntan particularmente a un servicio determinado y no al conjunto de ellos y, por lo tanto, va generando situaciones y criterios diferentes en la asignación de las rentas por profesiones, en los requisitos de ingreso y de ascenso, etcétera, creando tal diversidad y complejidad que se pierde un poco el enfoque global que ciertamente debe tenerse de la Administración Pública. En segundo término, tampoco perfecciona este proyecto la calidad del servicio. Porque la forma como se incrementan las rentas -se sigue la misma lógica aplicada en otros casos- no está ligada a un incentivo, por ejemplo, a la calidad del servicio que se presta, y así los funcionarios de mejor desempeño no tienen un reconocimiento como tales. Hay tratos parejos. Y, por lo tanto, quienes laboran en este Servicio como en otros organismos públicos cuyas plantas han sido resueltas de esa manera, carecen de estímulo para que efectivamente, por su trabajo, puedan no sólo mejorar en lo personal, sino también desarrollar una mejor atención a los usuarios de estas entidades. No hay que olvidar que se trata precisamente de reparticiones públicas, es decir, que están destinadas a prestar un servicio a la gente. Y, lamentablemente, por esta vía, si bien se aumentan las remuneraciones, que es el objetivo declarado en éste y otros proyectos semejantes, no se apunta a ganar en calidad, eficacia y rendimiento de los mismos. Finalmente, tampoco mejora la situación del sector productivo correspondiente, al cual, en este caso, el Servicio está llamado a satisfacer. La agricultura se hallará en mejor o peor condición, pero ello no depende del arreglo de la planta administrativa de este Servicio; por el contrario -casi parece irónico-, si se analizan los índices de su desarrollo en los últimos cuatro años, se constatará que efectivamente ha perdido capacidad productiva; que, en términos relativos, ha crecido prácticamente nada y, por lo tanto, mucho menos en comparación con el resto de los sectores productivos del país; ha disminuido en capacidad de empleo, en superficie cultivada y en varios otros aspectos que vamos a analizar en un par de semanas. Sin embargo, el que no ha perdido en el ámbito de la agricultura es el Ministerio del ramo, pues ha incrementado su personal y sus remuneraciones. Por cierto, no estoy cuestionando que los sueldos no merezcan ser aumentados; pero, obviamente, no puede decirse que debido a ello se entregará un mejor beneficio al rubro productivo al cual este Servicio y otras reparticiones públicas, en su caso, están atendiendo. No hay una relación entre una cosa y otra, porque expresamente el proyecto no se lo propone, y quizás sería interesante que eso ocurriera. Por lo mismo, creo importante tener en consideración, respetar y, tal vez, oír, en alguna oportunidad, las voces que desde el Parlamento se han levantado cada vez que estos proyectos se presentan y discuten. Es necesario revisar este concepto bajo una luz más general: mejorar verdaderamente los sistemas de remuneraciones de la Administración Pública en cuanto a introducir elementos que perfeccionen la calidad del servicio que en ella se presta, y que haya también una mayor correlación entre los servicios públicos y los sectores productivos a los cuales deben servir. Esa es una inquietud que compartimos en nuestra bancada y con otras bancadas. Y quiero también sumarme a lo planteado por el Senador señor Piñera acerca de la conveniencia de que aquí escuchemos cuál es el planteamiento global que sobre estos aspectos, que son de fondo, tiene la autoridad. Y resulta ocioso repetirlo, porque ya lo hemos dicho: sería bueno hacerlo sin más. Independientemente de eso, no nos oponemos a este proyecto, porque no estamos en contra de mejorar la situación específica de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Reconocemos la postergación que puedan haber tenido y la necesidad de subir sus rentas, pero no podemos dejar de hacer notar que detrás de esto hay una política que, en sí misma, no es buena ni para este Gobierno ni para el próximo ni para el de ayer; es mala para todos. Por lo tanto, es conveniente y lógico analizarla, a fin de mejorar lo que al país le conviene: tener una Administración Pública con buen personal, debidamente pagado, pero en forma racional, esto es, con un servicio eficiente, no burocrático, que contribuya al desarrollo de la nación. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero . El señor OTERO.- Señor Presidente, es útil señalar las diferencias que existen en el debate. Me parece muy conveniente dejar en claro, frente a la intervención de un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, que los Senadores de Renovación Nacional en ningún momento han discutido la justa aspiración de los trabajadores de este Servicio del Estado. Al contrario, hemos manifestado -fue la primera intervención en la Sala- que votaremos favorablemente. Nos parece lógico y justo. Sin embargo, la intervención del Honorable señor Piñera apunta a una materia muy distinta, a la cual realmente el Senado debe darle la debida consideración: el futuro, la calidad y las condiciones económicas de la Administración Pública. Los Senadores de Renovación Nacional estamos profundamente preocupados por algo que el propio Presidente de la República ha establecido como una de sus prioridades: la modernización del Estado, y ésta pasa por la modernización de la Administración Pública. Por lo tanto, no es posible referir esta materia a ningún Gobierno anterior. Estamos hablando en octubre de 1994 respecto de un problema real, que existe y que debe enfrentar el actual Gobierno de la República. Sin duda alguna, la Administración Pública del Estado es un conjunto, un todo orgánico, porque persigue un fin determinado. No es un conjunto de parcelas ni de servicios aislados que se hayan originado caprichosamente. Su creación obedece precisamente al cumplimiento de la finalidad última del Estado. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿hoy día, en esta inmensa maraña del Estado, tiene una organización adecuada? ¿Están los servicios requeridos? ¿Hay algunos obsoletos? ¿Son adecuadas las plantas de esos servicios? ¿Cuáles son los requisitos y los incentivos para que haya interés por ingresar a la Administración Pública la mejor gente del país, como señalaba el Senador señor Piñera ? No hay ningún estudio, ni conocemos nada últimamente en esta materia. Esa es la inquietud y la preocupación de los Senadores de Renovación Nacional. Se está aplicando la política del "parche", pues se soluciona el problema económico latente, actual, grave, de un determinado servicio de la Administración Pública; servicio por servicio y no en forma orgánica y general como debiera ser. Pero eso, no es mirar el futuro. Eso es lo que echamos de menos: la visión futurista de lo que debe ser el Estado. ¿De qué manera vamos a remunerar a los servidores del Estado? ¿Seguirán en condición subalterna frente al resto del país? ¿O deberán siempre suplicar o hacer movimientos gremiales o paros con el objeto de que se les reconozcan sus justos méritos? ¿O crearemos un sistema que los dignifique realmente en su función y que permita que se interesen por ser funcionarios públicos las personas mejor calificadas y más capacitadas? Son servidores públicos, es decir, sirven a todos los chilenos, y un Estado requiere de una Administración Pública eficiente, lo que sólo se logra con la calidad, aptitud e idoneidad de quienes la componen. Por eso, no puede darse una interpretación equivocada a las palabras del Senador señor Piñera . Es muy fácil sacar aplausos con frases como "hay que dar", o "hay que satisfacer necesidades". Pero el Honorable señor Piñera ha actuado clara y seriamente al señalar al Gobierno, no en una sino que en diversas oportunidades -y en eso somos solidarios todos los Senadores de Renovación Nacional-, que éste es un problema de fondo, un asunto de Estado que los Senadores, cualquiera que sea nuestra ideología, debemos enfrentar en forma definitiva. Es conveniente que el Ministro de Hacienda venga a informarnos cuál es la posición del Gobierno en esta materia, y qué es lo que se pretende hacer. ¿O vamos a seguir "desgranando el choclo", grano por grano? Cada vez que hay un problema en alguna repartición, arreglamos este servicio. Pero, ¿qué pasa con la Administración Pública en su conjunto? ¿Cuáles son las reglas y aspiraciones para el futuro? Considero una mala práctica el mirar siempre al pasado y no hacia el futuro. Aquí tenemos un problema real. No es una crítica, y esto hay que entenderlo. Cuando, en un momento determinado, uno habla de carencias o de vacíos, no es para censurar ni descalificar a nadie. Es, simplemente, para señalar una necesidad social, una realidad que precisa ser encarada con el respaldo de todas las fuerzas políticas del país. Ese problema de la Administración Pública no es sólo del actual Gobierno y de los Partidos de la Concertación, sino que atañe a todos los chilenos y repercutirá en todos los Gobiernos venideros, pues nadie tiene asegurada la rueda de la fortuna. Por eso, pedimos que definitivamente se nos haga un planteamiento concreto respecto del futuro de la Administración del Estado, de su planificación y de qué manera se va a remunerar a los servidores públicos, cuáles serán los incentivos, para que así, con el esfuerzo de todos, de este Gobierno y los Senadores de las diferentes bancadas, podamos hablar verdaderamente de un Estado moderno que efectivamente funcione sin burocracia, y donde los problemas de los chilenos sean resueltos en forma oportuna y satisfactoria. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer . El señor THAYER.- Señor Presidente, consta a Su Señoría que traté de que esta iniciativa se hubiera aprobado ojalá sin discusión. Sin embargo, creo que se justifica el debate habido. Anuncio desde ya mi voto favorable al proyecto, y esta breve intervención corresponde a la fundamentación de mi voto. ¿Y por qué voy a fundamentarlo? No por la iniciativa misma -respecto de la cual entiendo que hay unanimidad-, sino porque los temas abordados con relación a ella, siguiendo una costumbre que a veces se justifica, y otras, no, ameritan ampliamente el haber tenido este debate, y quiero sucintamente explicar el porqué. Se trata de un proyecto que afecta a un servicio especial, en materias que tocan incluso la carrera funcionaria. De acuerdo con el sistema que nos rige, hay normas orgánicas constitucionales, como la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que es la que reglamenta la carrera funcionaria, y que hace perfectamente posible la dictación de leyes referentes a servicios particulares, a fin de ir completando un proceso de reordenamiento de la Administración Pública. Pero estas leyes deben ser de quórum ordinario, para tener la certeza de que están respetando los principios fundamentales de esa ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. ¿Por qué acontece aquello? Porque a lo largo del tiempo se ha ido produciendo, a mi entender, un desequilibrio o desajuste entre dicha Ley de Bases, la Escala Única de Remuneraciones y el nivel propio de remuneraciones de un país que lleva ya una década de crecimiento continuo del producto. En consecuencia, mientras Chile retomaba un ritmo de crecimiento como el que lleva, no hubo otra forma de atender los problemas económicos del sector público sino mediante esta especie de subterfugios consistentes en reorganizaciones o corridas de grados, que son formas disimuladas de subir el nivel de remuneraciones. Ello es producto de un hecho social, nacional, histórico, y no sólo de Chile. Hace falta observar con detenimiento y rever el cuadro en el punto en que nos encontramos. Y eso, a mi juicio, es necesario hacerlo ahora. Votaré sin ningún problema este proyecto, pero pienso que ha llegado el momento de revisar si los niveles de la Escala Única de Remuneraciones -fijados hace ya largo tiempo- resisten la etapa actual del grado de desarrollo del país. Esta especie de rombo de que hablaba un distinguido señor Senador -y en lo que tiene mucha razón-, en alguna medida -que debe estudiarse- puede ser fruto del hecho de que hay ciertos niveles bajos en la Administración Pública que prácticamente ya no se utilizan, porque ningún servicio se atreve a pensar que podría conseguir un trabajador medianamente capaz que acepte desempeñarse en tales grados. Se apunta entonces a niveles medios, y así se va inflando la parte media de esta especie de carrera funcionaria. Tal situación debe ser reestudiada, hay que reverla. No es éste el momento de hacerlo, pero sí llamo la atención al hecho de que si nos hemos detenido a analizarla -y termino con esto- es porque se trata de una iniciativa que, afectando a un servicio particular, no requiere quórum calificado sino cuando, de alguna manera, modifica la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por tales razones, me sumo al interés existente por escuchar un planteamiento general al respecto y, como dije, voto favorablemente el proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre . El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, desde hace muchos años que conozco la labor desarrollada por el SAG, y la respeto mucho, y ella no sólo es reconocida a nivel nacional, sino que goza de prestigio internacional. Su personal se desempeña con seriedad y una honestidad a toda prueba, y creo que se merece un aumento de sueldos. Indudablemente. Y quiero referirme no sólo al mejoramiento de ese servicio, sino también a otras reparticiones que en este instante no poseen la estructura de aquél sino más pequeña y que, por esta misma razón, no pueden recibir aumentos de sueldos. Aquí se ha hablado de que en este caso el aumento es racional, equitativo y de que contribuirá a una mayor modernización. Pero no es así. Se está tratando de aumentar sus rentas -que es justo-, pero la forma en que ello se hace es la que algunos de nosotros objetamos ¿Por qué? Porque en el caso de las carreras grandes, bien estructuradas, que tienen una base adecuada, no pueden recibir aumento de sueldo en estas circunstancias. Por ejemplo, estoy viendo el escalafón de profesionales de este Servicio, que está constituido por 436 funcionarios. Para poder cubrirlo, por la forma como está estructurado, se necesitarían 436 años, porque en el nivel más bajo ingresa una sola persona al año. Por lo tanto, para estructurarlo bien, el proyecto, en alguno de sus artículos, debe generar las provisiones necesarias para que los cargos contengan más adelante otros requisitos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la carrera funcionaria? En el caso de un hospital, los médicos más jóvenes entran como internos a desempeñar una serie de puestos, van aprendiendo y hacen carrera durante toda su vida en un hospital. Es decir, el servicio público debe permitir que exista una carrera funcionaria. Pero en la forma como se está efectuando aquí, con el ingreso anual de un profesional en el grado 18, de tres técnicos y de dos administrativos, no hay carrera funcionaria, en la que se ame el servicio, sino que periódicamente habrá que llenar los huecos. Por las razones expuestas, apoyaré la iniciativa; pero, en todo caso, considero inadecuada la forma como se ha presentado. Además, afecta a otros servicios que, como las Instituciones Armadas y Carabineros, poseen estructuras piramidales y no pueden aspirar a este sistema de aumento de sueldos. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra . El señor MUÑOZ BARRA.- Muy breve, porque no quiero, por proporcionar algunos antecedentes, quedar con la sensación de que se aparece por algunos señores Senadores como en una posición purista para legislar y otros con una actitud -diría- contraría. Señalo esto para expresar que participo de lo señalado por un señor Senador en el sentido de que lo que está mal es lícito corregirlo, y es lo que estamos haciendo aquí. La planta autorizada por el Presupuesto de la Nación para el Servicio Agrícola y Ganadero es de mil 501 funcionarios. La actual está constituida por mil 205 y se va a incrementar en 30 más, con lo cual totalizará mil 23S personas. ¿Por qué señalo estas cifras y números? Porque ello refleja que no hay interés por ingresar al Servicio Agrícola y Ganadero. Y quienes están dentro, se retiran, para trabajar, incluso, en algunas empresas exportadoras del país. Pues bien, sobre esta materia deseo dar una información. En lo que respecta a los funcionarios técnicos, que deben realizar labores de fiscalización en actividades que están a toda marcha en este instante en la Novena Región, que represento en el Senado, hay sólo dos personas para controlar la tipificación de las carnes. Lo anterior está revelando, entonces, que, por un lado, se está haciendo justicia al incrementar las rentas de algunos servidores públicos que son de fundamental importancia, y por otro, se está aumentando, diría, en forma misérrima la planta del personal que necesita este servicio. Por lo tanto, señor Presidente, insisto en la necesidad de aprobar el proyecto, y formulo sinceros deseos de que lo votemos de inmediato. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda . El señor URENDA.- Señor Presidente, como seguramente la iniciativa será aprobada por unanimidad y no habrá tiempo para fundamentar el voto, aprovecharé está ocasión para formular dos observaciones relativas al debate que se ha suscitado. En primer lugar -es justo señalar que esto no concierne a la aprobación o no aprobación del proyecto-; deseo hacer hincapié en que el procedimiento utilizado de dar soluciones parciales por la vía de cambiar los grados, en definitiva, no sólo perturba la organización general del Estado, sino que también afecta a los futuros empleados de los propios servicios. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Como lo señaló el Honorable señor Piñera , por este camino se han producido incrementos reales de remuneraciones del orden del 21 por ciento en un lapso de 5 años. Y, en verdad, ese 21 por ciento es algo menos de lo que ha aumentado el producto per cápita en Chile durante el mismo tiempo. En definitiva, pienso que estamos empleando un procedimiento inadecuado para otorgar al personal del Estado una remuneración justa, lo que perturba su propia organización y, sobre todo, afecta la marcha futura de los mismos servicios que se pretende mejorar. Aquí no solucionamos el problema del Servicio Agrícola y Ganadero, sino que damos un paliativo, por cuanto concuerdo en que las remuneraciones con que sus servidores quedan no están de acuerdo con la calidad de los servicios que prestan. Pero, simultáneamente con dar una solución parcial, estamos creando nuevos entorpecimientos para lo que va a ser la organización futura del Estado, en la cual, a mi juicio, debe considerarse -y no lo digo por primera vez-, no un simple reajuste con relación al alza del costo de la vida, sino la adecuada participación que a cada persona corresponde en el producto del país. Y si éste experimenta un aumento del producto per cápita, creo que todos deben participar de él y, desde luego, los empleados públicos. Formulo esta observación, porque la opinión crítica acerca del procedimiento que se sigue no debe tomarse sólo como una expresión de purismo, sino que todo lo contrario. Es necesario ir a un aspecto verdaderamente práctico, de modo de aprovechar los recursos a fin de hacer más eficiente la Administración y remunerar en forma adecuada a todos los servidores públicos, sin excepción. Votaré a favor del proyecto. Pero como se produjo un debate sobre la materia, no he podido dejar de formular las observaciones del caso. He dicho. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Vamos a dar por aprobado el proyecto, entendiendo que durante su discusión han surgido una serie de ideas que debiéramos plasmar más adelante, en un proyecto de acuerdo que podríamos aprobar en una próxima sesión, con el objeto de solicitar al Supremo Gobierno la posibilidad de realizar un debate respecto de los temas planteados acá. Creo que tanto el señor Ministro de Hacienda como otros Secretarios de Estado no tendrán inconveniente en concurrir a esta Corporación para analizar temas tan trascendentales como los planteados aquí: la modernización del Estado, la carrera funcionaria, remuneraciones adecuadas y cómo hacer más eficiente un Estado que todavía merece muchos reparos, incluso a los Senadores de Gobierno. En consecuencia, creo que a lo mejor podríamos ver este asunto en reunión de Comités, o bien, presentar algún proyecto de acuerdo que aprobaríamos en la próxima sesión. Ello, con el objeto de exponer una serie de asuntos al Gobierno, y particularmente al Ministro señor Aninat -la próxima semana concurrirán a este Hemiciclo tres Secretarios de Estado-, a quien posteriormente podríamos invitar a participar en una sesión especial que realizaríamos a fin de abordar una materia especialmente significativa, cual es cómo vamos a enfrentar la tarea de modernizar la estructura del personal de la Administración Pública, tema de fondo planteado durante la discusión recién habida. Por lo tanto, este asunto se tratará en reunión de Comités con la finalidad de redactar un proyecto de acuerdo en el sentido indicado. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general el proyecto que fija las nuevas plantas del Servicio Agrícola y Ganadero. Aprobado. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero . El señor LAVANDERO.- Doy excusas a la Sala por referirme a otra materia, concerniente a la ley N° 19.335, publicada el 23 de septiembre de 1994, que contempla un régimen de participación en los gananciales. A raíz de esa normativa, el Ejecutivo envió un proyecto para resolver el problema que se creaba con la Ley de Impuesto a la Renta, el que fue aprobado por la Cámara de Diputados y tiene carácter de "Discusión Inmediata", por lo que debería ser tratada mañana en la mañana. Pero previamente deberá reunirse la Comisión de Hacienda para emitir su informe. En tales condiciones, solicito autorización al Senado para que la Comisión de Hacienda sesione simultáneamente con la Sala, a fin de estudiar este proyecto, que consta de dos artículos, y de que la Corporación pueda verlo mañana o, bien, hoy en la tarde, dada su urgencia. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- El Presidente de la Comisión de Hacienda me ha expresado que se reunirán aquí, al lado de la Sala, por lo que si se requiriera la presencia de los señores Senadores para alguna votación, se los convocaría de inmediato. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, podría complementarse el acuerdo en el sentido de incluir este proyecto en la tabla de mañana. De lo contrario, se presentaría un problema reglamentario, puesto que los informes deben ser conocidos a lo menos con 24 horas de anticipación. El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LAVANDERO.- Cuando una iniciativa está calificada de "Discusión Inmediata", basta dar un informe verbal. Además, el proyecto es muy simple, consta de dos artículos. El señor HORMAZÁBAL.- Se refiere al tema tributario de la participación en los gananciales. El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión de Hacienda para que sesione simultáneamente con la Sala. Acordado.
PLANTA DE PERSONAL DE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO