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- rdf:value = " MEDIDAS EN FAVOR DE DAMNIFICADOS POR EFECTO DEL TEMPORAL.La señora ALLENDE.-
Señor Presidente , para quienes hemos tomado el desafío de hacer de Chile un país que progrese, se desarrolle y avance en equidad social, desgraciadamente, hechos como los que hemos visto estas últimas horas en poblaciones, tanto de Puente Alto, en la Región Metropolitana, como en Illapel, Los Vilos y Copiapó , nos obligan, entre otras cosas, a reflexionar sobre cuán lejos estamos todavía de lograr nuestro objetivo de ser un país que no sólo crezca, se desarrolle y tenga una política de equidad social, sino que vele por la calidad de vida de sus ciudadanos.
Ninguno de nosotros puede sentirse satisfecho; por el contrario, no podemos sino sentirnos golpeados en nuestras conciencias cuando se producen dramas que afectan a tanta gente -con la cual solidarizamos-, como los que hoy hemos debido presenciar. Me refiero, concretamente, a la tragedia de la mala construcción de viviendas sociales, tanto en Puente Alto, como en varias otras localidades: “Volcán” de San José , “ Bernar-do Leighton ”, “Ferroviario” y “Cerrito Arriba”. Lo mismo ha ocurrido en otras poblaciones, quizás bastante más alejadas y que, por lo mismo, no ocupan la atención de los medios de comunicación.
En esta oportunidad, quiero referirme a la situación de la Cuarta Región. Hace algunas horas estuve en Illapel, recorrí los sectores altos y conversé con sus pobladores, aparte de compartir el drama de ver sus casas anegadas. ¿Qué sucedió? La empresa privada responsable de construir las poblaciones, obviamente, no fue suficientemente fiscalizada, dejó terrenos sueltos y pedazos de muros sin completar, lo cual atenta gravemente contra la seguridad de los pobladores, además de haber sido directamente damnificados.
Quiero decir que suscribo plenamente lo dicho en esta Sala por el Diputado señor Montes , así como lo que era el espíritu de la legislación cuando hablábamos de mejorar la calidad de las viviendas, en particular, de la vivienda social. Al respecto, nosotros no podemos sino estar de acuerdo con el objetivo de disminuir el déficit de viviendas y de hacer de nuestro país, en dos décadas, una nación que satisfaga esa necesidad de sus ciudadanos, pero la respuesta de disminuir este déficit no es suficiente si con ello no garantizamos, simultáneamente, la calidad de esa vivienda para evitar que ocurran las desgracias que hemos observarlo.
Hoy, el ciudadano tiene la sensación de indefensión, la percepción legítima de que en este país su voz no es escuchada suficientemente y de que el poder económico de determinadas empresas es de tal magnitud, que sus derechos se ven conculcados. Le parece que ese poder económico es demasiado desmedido en relación con su propia participación. Por eso, nuestra obligación como Estado y como Gobierno -¡asumá-moslo de una vez!- cuando decimos que queremos un Estado fiscalizador y regulador, es que efectivamente debemos ser capaces de lograrlo. Pero para cumplir esa función hay que contar con los recursos necesarios. Nada sacamos con decir que vamos a fiscalizar si, por ejemplo, el departamento respectivo del Ministerio de Vivienda sólo cuenta con dos personas -y que en este momento están sometidos a sumario por el caso de Puente Alto- más el jefe que, obviamente, no es inspector. Esto quiere decir que en el conjunto de más de 2 mil 800 casas, cada fiscalizador tendría que cubrir más de l.400, y no disponen de recursos ni de instrumentos necesarios.
Para velar por la calidad de la construcción, se debe cumplir con las condiciones estipuladas en los contratos y que las especificaciones técnicas que se detallan en las bases sean las adecuadas para la realidad territorial. Es claro que hemos quedado deficitarios y que al país le debemos una respuesta.
Es dramático que sólo cuando vemos anegados sectores de la región metropolitana y otras del país, traigamos a cuenta que, desde hace dos años, descansa en el Senado un proyecto que regula el proceso de aguas lluvias, pues el Gobierno no le dio la urgencia necesaria, que permitiría terminar de una vez con el déficit de los colectores y el bochorno e indignidad para el país, cuando invierno tras invierno, año tras año, se producen inundaciones.
Por eso, quiero ser clara en decir que asumamos nuestras responsabilidades, que hay pobladores a los que debemos indemnizar, reparar y que es legítimo que planteen el congelamiento del pago de dividendos, puesto que han sido perjudicados.
Hago este llamado porque no es un tema para sacar dividendos políticos, sino porque nos incumbe a todos como país. Le debemos una respuesta a la ciudadanía, que espera de nosotros y del Gobierno que asumamos nuestras responsabilidades, que los temas se aborden a fondo y, desde luego, se sigan entregando, con urgencia, las soluciones que se requieren.
He dicho.
"
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