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El señor HORVATH.-
Señor Presidente , la zona austral de Chile, comprendida desde Puerto Montt al sur, particularmente la provincia de Palena, la Región de Aisén y la Región de Magallanes, que territorialmente representa más del 34 por ciento de la superficie de Chile, vive hoy, a juicio de sus habitantes, tal vez la mayor crisis de su historia.
La baja de los precios del ganado y de las actividades relacionadas con el sector rural agrícola y ganadero; las dificultades que está viviendo el sector pesquero, más la amenaza que ahora sufren los salmoneros y los madereros, constituyen en conjunto una situación de franca depresión económica.
A la luz de los niveles de endeudamiento y, especialmente, de morosidad con el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Banco del Estado, el SACOR (banco ganadero) y los bancos privados e instituciones financieras, por una parte, y de la poca probabilidad de pagar las deudas correspondientes, por otra, la situación se torna aun más crítica.
Sólo en la Región de Aisén, el endeudamiento con el Banco del Estado asciende a 8 mil millones de pesos; en el caso del SERVIU, se halla cercano a los 4 mil millones.
Lo anterior ha provocado el anuncio y la realización de una serie de remates contra los deudores, circunstancia que con toda propiedad se puede calificar de atentado a las Regiones respectivas y sus habitantes.
En este momento, para salvarse de los remates judiciales, los afectados se ven obligados a desprenderse de sus casas, de sus vehículos, de parte o de la totalidad de sus campos. Incluso, algunos deben vender sus animales en muy malas condiciones; en el caso del ganado bovino, en estado de preñez. Eso significa que tales personas están perdiendo su patrimonio -logrado a lo largo de generaciones, tras años de sacrificio- y siendo desplazadas brutalmente del sector rural.
Señor Presidente , de esa situación, por las condiciones en que se produce, se están aprovechando personas y organizaciones, inclusive de fuera del país, que de manera sistemática compran territorios en la zona austral. Por supuesto, ello provoca que quienes tienen medios económicos los acrecienten y que aquellos que se encuentran en condiciones precarias se empobrezcan todavía más. En términos populares, los ricos se hacen más ricos, y los pobres, más pobres; y la clase media baja a la de pobre.
Con motivo de la asociación de Chile al MERCOSUR, las autoridades de Gobierno se comprometieron en el Congreso Nacional, y particularmente en el Senado, por una parte, a crear un fondo de 2 mil millones de dólares -estamos hablando de 800 mil millones de pesos- para invertirlos en cinco años en programas de infraestructura, capacitación y educación para el sector rural, en el entendido de que prácticamente toda la zona que he mencionado vive en condiciones de ruralidad; y por otra, a un importante aporte para el sector productivo por la vía, no del subsidio o de algo que mañana pudiera ser calificado de dumping para favorecer a nuestros exportadores, sino de una conversión agrícola, para posibilitar que los recursos sean más eficientes y tengan mayor diversidad.
Sin embargo, dichos compromisos no se están cumpliendo. La verdad es que los pobladores de las zonas rurales no conocen los programas pertinentes. Por ejemplo, nada saben del programa de fertilización ni de las bonificaciones de limpia; no están preparados intensivamente para la aplicación de las modificaciones al decreto ley 701 (éstas, por lo demás, tienen retroactividad a enero de 1996), ni tampoco para el manejo del bosque nativo como alternativa. Es decir, los dineros pertinentes no están llegando al poblador y, por lo tanto, la situación de crisis a que me refiero adquiere mayor magnitud.
Los datos son bastante concretos. Sin embargo, estimo importante la máxima precisión.
Por consiguiente, solicito oficiar a los señores Ministros de Hacienda, de Obras Públicas -en lo que compete a riego, drenaje, caminos, balsas, sendas y pasarelas-, de Vivienda y Urbanismo, y de Agricultura, y Presidente del Banco Central, para que den a conocer el programa real de inversión de los fondos anunciados.
Asimismo, pido oficiar a los señores Ministros mencionados a fin de que informen acerca de los programas de difusión de los beneficios del caso y -esto es lo más importante- del procedimiento para acogerse a ellos. Porque en nuestro país son tantos los requisitos exigidos, que finalmente las personas se cansan, pues cuando consiguen reunir el último papel, el primero ya ha vencido.
Igualmente, solicito que todas las entidades que he individualizado suspendan los remates y que las que pudieren estar participando en apremios a los pobladores de la zona austral detengan su accionar, para permitir renegociaciones objetivas, al margen de las campañas políticas que se avecinan de aquí a diciembre, de modo que la crisis no sea simplemente postergada para enero.
Por último, pido que se hagan llegar los antecedentes del caso a la Comisión de Agricultura del Senado, para trabajar en forma coordinada y consistente con las autoridades de Gobierno.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, en conformidad al Reglamento.
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