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- rdf:value = " RÉPLICA A REPORTAJE DENUNCIA DE "EL MERCURIO". OFICIO
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , en el cuerpo D del diario "El Mercurio" del día 8 de junio, se publicó un reportaje denuncia titulado: "Corrupción en el Puerto: Marea Roja en los Tribunales de Valparaíso".
Dicha publicación mereció diversos desmentidos y aclaraciones publicados en el mismo cuerpo de ese diario al domingo siguiente.
En el Senado, el Honorable señor Otero -quien se encuentra presente en la Sala- confesó que la lectura de esa publicación le había producido -cito- "una sensación no sólo de asombro, sino también de angustia", por cuanto, en el fondo, tales denuncias afectaban al mismo Poder Judicial , al que aquí, en Valparaíso, -cito textualmente de nuevo- de acuerdo con "una narración concatenada de acontecimientos que, por lo menos, al que le da lectura le produce la impresión de que en la Corte de Valparaíso las influencias políticas son de tal naturaleza que impiden que se esclarezcan procesos que han conmovido a esta República".
Es grave lo que sostiene el señor Senador ; pero, desgraciadamente, tiene razón, toda vez que la publicación a que se refiere tiende a llevar al lector a que, de su simple lectura, saque esa grave conclusión.
La petición del Senador Otero fue respaldada por otros Comités y Senadores presentes en la oportunidad en la Sala. Lamentablemente, yo no me encontraba aquí en esos momentos, porque debí cumplir un compromiso contraído con anterioridad -daba una conferencia en la Universidad de Viña del Mar sobre la Ley de Prensa que se encuentra en actual tramitación en el Senado-, por lo cual entregué una declaración pública sobre el tema levantado por el Senador señor Otero .
En esa declaración sostengo:
"1º.- Comparto la petición del mencionado Senador y estoy de acuerdo con él en orden a asignar grave significación pública al reportaje denuncia que publicó el diario El Mercurio el domingo 8 de este mes, bajo el título: "Corrupción en el Puerto: Marea Roja en los Tribunales de Valparaíso", en el cual, en definitiva, se difunde la idea de que en la Corte mencionada se ejercerían influencias políticas que constituirían un obstáculo para esclarecer la verdad en procesos que han conmovido a la opinión pública.
"2º.- Coincido en que no es posible ignorar las graves consecuencias que tiene para la estabilidad institucional y el prestigio de nuestros tribunales el que se cuestione la independencia de quienes están llamados a administrar justicia.
"3º.- Como Senador de la V Región, miembro permanente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y abogado, quiero afirmar la más alta consideración que tengo de los ministros que integran esa Corte y de sus abogados integrantes y, en consecuencia, expreso mi convencimiento de que cualquier investigación a su respecto servirá para reiterar la eficiencia, honorabilidad e independencia con que han desempeñado sus funciones.
"4º.- Respecto de los ocho abogados integrantes que participan en las labores de ese tribunal y en relación a los cuales se ha supuesto que actuarían bajo la influencia de la Democracia Cristiana -aparte de rechazar por falsa esa imputación-, quiero señalar que sólo dos de ellos pertenecen a esa colectividad: uno ha sido designado en esas funciones desde hace un cuarto de siglo y el otro ha presidido el Colegio de Abogados Regional por 19 años, entre 1970 y 1989, siendo ambos de reconocida idoneidad personal, profesional y moral.
"5º.- Creo de justicia que la designación de un ministro en visita para investigar las acusaciones que se desprenden de la denuncia reportaje en referencia, también debe abarcar a quienes hayan difamado a la Corte de Apelaciones, a sus miembros o a sus abogados integrantes, incluyendo las fuentes de las denuncias periodísticas, y en cualquier caso que lo amerite, a través de los procedimientos establecidos, imponer las sanciones que la ley disponga.
"6º.- Confío en que el máximo Tribunal de la República acogerá en forma amplia la petición de investigar que se le ha hecho, y que, como resultado de la misma, se aclararán definitivamente las acusaciones que se han estado haciendo, sin que, hasta ahora, se hayan entregado los antecedentes pertinentes a las autoridades correspondientes.
"7º.- Hay sectores y personas -con bastante influencia y eco en los medios de comunicación social- que en distintas formas y ocasiones han venido socavando el prestigio de los tribunales, de algunos de sus miembros y de las instituciones auxiliares de la justicia, y es bueno para todos que se esclarezca la verdad al respecto, de manera que se rectifiquen conductas censurables si las hay, o bien, si no existen, se ponga al descubierto y se sancione a quienes hayan atentado contra el prestigio de las instituciones nacionales".
Al mismo tiempo, y como fuera aludido personalmente en la referida publicación, me permití enviar al Director de El Mercurio la siguiente rectificación, con fecha 10 del mes en curso:
"Señor Director:
"Reiteradamente ese diario ha pretendido vincularme a situaciones que afectan a empresas públicas de la V Región, y que han sido objeto de procesos ante la justicia ordinaria.
"En la edición del domingo pasado se insiste en un reportaje titulado "Corrupción en el Puerto: marea roja en los tribunales de Valparaíso".
"Se trata de alguna manera de presentar y mezclar hechos, ciertos o falsos, con el propósito de resaltar situaciones que serían incorrectas y relacionarlas, con o sin fundamento, con determinadas personas o autoridades.
"En lo que a mí respecta, declaro enfáticamente que la vinculación que pretende hacer ese reportaje es malévola, carente de fundamento y constituye, en mi apreciación, una forma innoble de ejercer el periodismo sin respeto por la dignidad de las personas, de una manera que creíamos había sido desterrada en nuestro medio.
"En particular, quiero precisar:
"A) EN RELACIÓN CON R.P.C.
"Respecto de los contratos que esa Refinería ha celebrado -por decisión de sus propias autoridades- para prevenirse del riesgo cierto de incendio -llamado vulgarmente "desmalezado"- se repite que habría producido una ganancia exagerada para la empresa contratista, que podría haber derivado a campañas políticas de la D.C. en la V Región, incluyendo mi campaña senatorial de 1993.
"Ningún conocimiento he tenido de esos contratos ni del contratista afectado. Tampoco he recibido de su parte o de personas de la mencionada empresa ningún aporte, directa o indirectamente, como intencionadamente y con majadería se insinúa.
"La autora del reportaje y quien la haya asesorado, deben saber -porque el sumario está cerrado y es de conocimiento público- que no he sido inculpado ni por el querellante particular ni por el Consejo de Defensa del Estado ni por el Tribunal, después de varios años de investigación que se reconoce como acuciosa. De esta manera no se puede suponer ignorancia, sino mala fe.
"La circunstancia de que en ese proceso se me haya pedido declaración como testigo -seguramente como consecuencia de las especulaciones periodísticas como la que impugno- en nada afecta la situación descrita.
B) EN RELACIÓN CON EMPREMAR
"Jamás he tenido responsabilidad de ninguna naturaleza con esa empresa ni conocido ninguna de las situaciones por las cuales algunos de sus ex-ejecutivos están procesados.
"Mi única intervención en el proceso respectivo ha consistido en reconocer, como testigo, ante el juez respectivo, haber recibido del ex-Gerente General, don Patricio Vidal , militante democratacristiano, un aporte personal que llegó a mi campaña, como ocurrió con muchos otros militantes y simpatizantes.
"El reconocimiento de este hecho cierto y legítimo no me hace cómplice de nada ilícito que pudiera comprobarse en esa empresa.
C) EN RELACIÓN CON ESVAL
"Jamás he tenido vinculación alguna con Esval ni recibido, directa o indirectamente, aporte alguno para mi campaña.
"Por supuesto -como vecino y Senador- lo ocurrido con motivo de la paralización de los trabajos del colector de la más importante obra sanitaria realizada en la Región, me preocupa y confío en las decisiones que al respecto adopten la justicia y las autoridades que manejan la empresa para esclarecer y superar la situación.
"Estoy enterado de que en el proceso judicial respectivo nadie ha sido encargado reo por lo que no se ha configurado la participación culpable de ninguna persona en algún hecho ilícito.
"Con todo, el Diputado Ávila -quien no se caracteriza por el respeto a personas o instituciones- siendo presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para el caso Esval, aunque actuando al margen de ella, denunció que el abogado, don Julio Gamboa, había recibido honorarios por cinco millones de pesos por gestiones realizadas para Esval, ajenas al colector y que él estimaba innecesarias. Agregó que esos honorarios podrían haber sido derivados a mi campaña.
"Ante la falsedad y la gravedad de la acusación -al igual que el abogado Gamboa - pedí el desafuero del Diputado para que la justicia pudiera iniciar un proceso por las injurias y calumnias, dándole en este último caso la posibilidad de probar sus dichos.
"Lamentablemente, las peticiones no prosperaron porque se estimó que el ánimo del Diputado había sido el de investigar y no el de ofender.
"Es curioso que la imputación del Diputado -que repite una vez más el reportaje- no fuera presentada formalmente a aquella Comisión Investigadora, cuyas conclusiones se contienen en un voluminoso informe final, firmado también por el Diputado Ávila , que no recoge ninguna de las imputaciones al respecto.
"Más aún, si las afirmaciones del Diputado hubiesen tenido algún fundamento los tribunales que tomaron conocimiento de ellas por su denuncia y las peticiones de desafuero, tendrían que haber abierto una investigación judicial al respecto, lo que es sabido que no ocurrió.
"Aclaradas una vez más esas situaciones en las que con insistencia se me ha pretendido comprometer, cabe preguntarse ¿qué afán mueve al diario o a la periodista?, ¿se trata de desprestigiar a personas, autoridades o instituciones?, ¿por qué se recurre al torcido expediente de hacer creer al lector lo que el autor, sin explicitarlo, insinúa? o ¿se quiere dañar la honra de personas sin incurrir en responsabilidades?
"La situación descrita exige la publicación íntegra de este desmentido, en la misma forma, ubicación y oportunidad del reportaje que impugna, de acuerdo a la actual legislación vigente de la materia.".
Junto con la publicación de ese desmentido, en la edición del día 15, aparecen también en el mismo Cuerpo D y bajo el título "Reacciones a Reportaje sobre Tribunales de Valparaíso", desmentidos del Ministro del Interior; del Gerente de la R.P.C., don Alex Avsolomovich , y del distinguido abogado don Eduardo Uribe . Todos ellos se mencionan en el reportaje del día 8 del presente.
Estos últimos antecedentes, a mi juicio, hacen más imperiosa la necesidad de que la Excelentísima Corte Suprema -Máximo Tribunal-, que tiene facultades constitucionales directivas y correccionales sobre todos los tribunales de la República, adopte las medidas de orden legal que, en su criterio, permitan superar las graves consecuencias de esa publicación y de la reiteración de alguna de las afirmaciones del diario en la presentación de los desmentidos ya referidos.
Por eso, pido que se oficie, en nombre del Comité de Senadores del Partido Demócrata Cristiano, a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de que este alto tribunal, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 79 de la Constitución Política del Estado y 540, inciso primero, del Código Orgánico de Tribunales, disponga las medidas en derecho necesarias destinadas a:
1º) Verificar el verdadero alcance y significado de las afirmaciones contenidas en el reportaje de prensa publicado por el diario "El Mercurio", en su Cuerpo D, el domingo 8 de junio de 1997, titulado "Corrupción en el Puerto: marea roja en los tribunales de Valparaíso", en virtud de las cuales se sostiene que esta ciudad tiene tribunales que han impedido que se conozca la verdad en las causas pendientes vinculadas a la R.P.C., ESVAL y EMPREMAR, al tráfico de drogas en la Cámara de Diputados y a otros juicios penales que en ese artículo se indican. Se agrega que los abogados integrantes democratacristianos manejan la Corte de Apelaciones de Valparaíso y actúan como una verdadera mafia, para impedir que se descubra la verdad en esos procesos, ninguno de los cuales está judicialmente aclarado y en los que ha habido una manifiesta disparidad en la actitud que dicho tribunal de alzada ha mantenido en unos casos respecto de otros. Esas afirmaciones, periodísticamente enlazadas entre sí, pretenden fundar la imputación genérica de torcida administración de justicia de la Corte y de sus miembros.
2º) Velar por la buena fama de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y por la honra de sus miembros y abogados integrantes, en cuanto son objeto de difamación por actos realizados en el ejercicio de sus funciones ministeriales.
3º) Requerir de la referida Corte y de sus Ministros que adopte las acciones que el ordenamiento jurídico establece en resguardo del prestigio, el honor y la buena fama de ese tribunal superior de justicia.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Si me lo permiten los señores Senadores, desde la testera quiero manifestar mi solidaridad hacia el Honorable señor Hamilton . Al mismo tiempo, considero que siempre es importante legislar sobre la materia, por los abusos de algunos periodistas y medios de comunicación relativos a injurias, calumnias y difamación.
Al igual como lo hice públicamente cuando se pidió el desafuero de un Diputado , expreso mi solidaridad hacia Su Señoría.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, en conformidad al Reglamento.
"
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