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El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, quiero dejar públicamente establecido que, aun cuando en muchas oportunidades he discrepado de las opiniones del Honorable señor Díez , nunca he dejado de admirar su consecuencia, en especial en temas constitucionales. Entonces, me alegro de haber escuchado a quien también representa la misma Región que yo. Nunca dejo de asombrarme por sus actitudes, a veces de independencia, pero de independencia fundamentada en un buen criterio, en particular respecto de la materia de que es especialista, cual es la Constitución Política.
Quiero agregar otro hecho importante. El proyecto no contemplaba la devolución de los bienes confiscados a los partidos políticos. Fue precisamente el Senador señor Piñera quien nos convocó, a todos los miembros de la Comisión de Hacienda, a hacer respetar plenamente el derecho de propiedad injustamente amagado, y nosotros, en forma unánime, aceptamos esa invocación. Y también exigimos al Gobierno el acuerdo -el proyecto que envió sólo pretendía restablecer el derecho de propiedad a las personas naturales- para ampliar la aplicación del Nº 24 del artículo 19 no sólo, como digo, a las personas naturales, sino también a las jurídicas y, por lo tanto, a los partidos políticos.
A mi juicio, está bien que el Poder Judicial se mueva por criterios de legalidad. Pero no puede un Senador exigir al Congreso que se guíe por las mismas normas que el Poder Judicial. El papel del Parlamento es dictar las leyes para que exista justicia, para que ella pueda ser administrada por el Poder Judicial.
Reitero: lo importante es que se respete el derecho de propiedad que está afectado.
Y cuando aquí se dice que existe discriminación entre la situación derivada de la reforma agraria de Gobiernos anteriores y esta situación, quiero recordar a los Senadores que hemos despachado 19 leyes -y hay otra más, que luego conoceremos en la Comisión de Hacienda- destinadas a corregir las posibles injusticias que pudieren haberse cometido con unos y otros. Si se cree que mientras no se resuelva el otro problema no va a solucionarse el de los afectados por la confiscación de sus bienes, también sería factible pensar que ningún ciudadano podría repetir acciones ante el Poder Judicial , para defender sus derechos amagados, por el hecho de que en alguna ocasión estos derechos no hubieran sido restablecidos. Eso significaría no tener fe en las instituciones democráticas ni en la independencia del Poder Judicial. Es lógico que alguien pueda equivocarse; a lo mejor, alguien se equivocó. Pero no es lógico que, por el hecho de que alguien se haya equivocado, hoy día esa situación se mantenga.
Por eso, a la luz de la Constitución Política, ¿qué pasaría hoy si a una persona se le confisca su propiedad? ¿Qué dice el Nº 24 del artículo 19? Que la persona tiene derecho a usar, gozar y disponer libremente de su propiedad; que nadie puede, en caso alguno, ser privado de ella, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio; que -no voy a referirme a toda la norma- la indemnización por la expropiación deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. Estos son los requisitos establecidos para privar del dominio a una persona. Y a las personas involucradas aquí, tanto naturales como jurídicas, no se les respetaron estos derechos, que se encuentran consagrados en la propia Constitución de 1980.
Señor Presidente , ¿cuál es el ejemplo que damos hacia el futuro, cuando, por determinada razón, nos saltamos derechos consagrados en la Carta Fundamental, en este caso el derecho de propiedad? ¿Podría ser aceptable que mañana, porque hoy no se respetó un derecho, se invocara esa misma situación para vulnerar el derecho de propiedad?
Aquí, están en juego valores inmanentes, importantes, de la convivencia social, política y, sobre todo, económica.
Por ello, con el debido respeto a los Senadores que votarán a continuación, les pido que tengan presente la gravedad que significa dudar del derecho de propiedad establecido en la Constitución Política, sobre todo en actos futuros.
Por esa razón, voto favorablemente el informe de la Comisión de Hacienda.
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