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El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, quisiera comenzar llamando la atención sobre el tipo de pronunciamiento que el Senado debe emitir hoy.
Es evidente que, en una materia de esta índole, son muchos los detalles y aspectos en debate. Sin embargo, deberíamos ser consistentes con el carácter de general que tiene la discusión en esta etapa del proceso legislativo. Sin perjuicio del conjunto de complejidades de la normativa, considero fundamental llamar la atención hacia los aspectos más globales y sobre el diagnóstico más de fondo que hacemos respecto de la situación laboral en nuestro país.
En ese sentido, señor Presidente , nuestra definición en esta fase de la discusión debe arrancar de la visión que los distintos Senadores tengamos acerca de la realidad laboral chilena. Y en este plano existe un dato fundamental: las cosas no están funcionando bien. No es normal que un porcentaje ínfimo de trabajadores de nuestro país tenga derecho a negociar colectivamente. Éste es el tema de fondo.
Desde ese punto de vista, no entiendo cómo alguien puede estar en contra de abrir una discusión que nos permita reformar nuestra legislación laboral de suerte de avanzar en la ampliación de la negociación colectiva y, concretamente, de abrirla a un número mayor de trabajadores.
En la Sala se han entregado los datos: no son más de 500 mil los trabajadores que en Chile tienen objetivamente derecho a negociar colectivamente y participan de este proceso.
Por ello, señor Presidente , entiendo que nuestro pronunciamiento tiene que ver con eso: ¿queremos modificar o no esta situación? ¿Nos parece normal o no que sea así?
Comprendo que rechacen la idea de legislar quienes consideren normal que solamente un número muy reducido de trabajadores participe del proceso de negociación colectiva. Pero, si tenemos un diagnóstico crítico respecto de esta situación, no es razonable votar negativamente la idea de legislar. Posteriormente entraremos en una discusión distinta, más específica, acerca de cuáles son exactamente las reformas que es preciso introducir para cumplir fielmente con ese objetivo. Ahora es fundamental no perder de vista el carácter general de la discusión, la cual debe arrancar de un diagnóstico en los términos en que lo señalo.
En ese sentido, las cosas no están bien en Chile. Esta situación tiene que ver -sin duda, no es el único elemento- con un problema ampliamente discutido en Chile: la mala estructura de distribución de los ingresos. Nuestra economía crece mucho y aumenta fuertemente la productividad, pero la forma como se distribuye ese aumento es profundamente inequitativa. Ello tiene que ver con la presencia de un fuerte desequilibrio en el proceso económico; con el hecho de que mientras la estructura empresarial es extraordinariamente fuerte, el sistema sindical es tremendamente débil. No hay mucho misterio en esto. Existe un enorme desequilibrio en la organización de los mercados de trabajo en el país.
Me parece fundamental -reitero- pronunciarnos sobre el tema. Debo manifestar claramente que no estamos contentos ni satisfechos con este estado de cosas. Es necesario modificarlo. Para eso, es menester abrir una discusión acerca de cuáles son las normas y los procedimientos que pueden mejorar la situación y generar en el mercado laboral un equilibrio que hoy no se vislumbra.
En ese aspecto, debe mantenerse una sola línea, y no un doble estándar. Me sorprende cómo en este plano los grandes partidarios de la libertad y del mercado, en este plano son terriblemente restrictivos. Quieren la libertad de emprender sólo para algunos. ¡Perfecto, está bien! Pero démosles también a los trabajadores libertad para negociar, para asociarse y poder negociar sus condiciones de trabajo. No se quiere hacer esto, sino mantener las prohibiciones.
La discusión sobre reformas laborales debe comprender, básicamente, la extensión de las libertades al mundo sindical; otorguémosle a éste mayores posibilidades de organización y de negociación. Algunos se oponen. Tengo la impresión de que aquí hay un doble estándar: libertades para unos, restricciones para otros.
Se ha argumentado que una legislación laboral que equilibre la situación puede ser negativa para la pequeña empresa, factor esencial en la generación de empleo. No cabe la menor duda de que la pequeña empresa es el ámbito de actividad donde se concentra la mayor parte de la fuerza de trabajo del país. Por ello, la pequeña empresa debe ser objeto de políticas públicas específicas, destinadas a darle acceso a créditos, de los cuales en muchos casos está alejada; proporcionarle asistencia técnica; concederle las posibilidades de proyección internacional que tienen las grandes empresas.
No constituye una política adecuada hacia la pequeña empresa el que su personal no tenga derecho a negociar colectivamente y esté desprovisto de los más elementales derechos de que gozan los trabajadores en los países con un desarrollo equivalente o superior al nuestro. No puede ser ésa la línea básica de apoyo a ese importante sector.
Consecuente con lo que he dicho en cuanto a que la discusión planteada en esta ocasión es de carácter general, deseo terminar con una reflexión elemental sobre la materia. Se habla mucho del neoliberalismo. Pienso que es justamente en este campo donde debe superarse cierta manera de ver las cosas. Lo más propio del neoliberalismo es la idea de que, en definitiva, el factor capital es el elemento decisivo dentro del proceso de crecimiento. No comparto esa concepción. Entiendo, sí, que quienes sostienen ese punto de vista sean partidarios de dar a los empresarios todas las libertades y las posibilidades de expansión y, simultáneamente, mantener un vasto conjunto de restricciones para el mundo laboral.
Reitero que no comparto esa visión de las cosas y que debemos superar esa concepción estrecha, tan propia del neoliberalismo, en materia de crecimiento económico. Indudablemente el proceso de desarrollo supone la movilización de competencia en el campo empresarial; pero también implica, en forma muy decisiva, el esfuerzo y la participación de los trabajadores. Para que esto sea posible, es indispensable contar con una legislación laboral que garantice a los trabajadores el derecho de insertarse y de participar en el proceso en igualdad de condiciones.
Por esas razones, señor Presidente , votaremos favorablemente el proyecto. Esperamos que el resto del Senado lo haga en el mismo sentido, como una manera de reconocer que las relaciones laborales en Chile todavía se hallan en precario estado de desarrollo y están marcadas por una profunda desigualdad y por un hondo desequilibrio, que actúan en contra de los trabajadores.
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