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El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , entre los días 14 y 17 del presente mes se realizó en la comuna de San Antonio el Primer Congreso Nacional de Alcaldesas y Concejalas, con la participación de 160 mujeres de todas las corrientes políticas e independientes.
Creo que este evento merece ser destacado en el Senado, tanto desde el punto de vista de la capacidad de organización demostrada por las mujeres que ocupan cargos en las municipalidades del país como del desarrollo y de las conclusiones del encuentro. Sobre este último aspecto, considero positivo que la Corporación conozca las resoluciones adoptadas y que, en lo posible, las incorpore como orientación al estudiar los proyectos de reforma sobre la administración comunal que actualmente se encuentran en trámite en el Congreso.
La relevancia de este encuentro queda graficada por el hecho de que a su inauguración asistieron el Presidente de la República , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , y la Primera Dama de la Nación , doña Marta Larraechea , así como por la clase magistral dictada por el señor Contralor de la República , don Arturo Aylwin.
En ese sentido, quisiera comenzar por expresar mis felicitaciones públicas a doña Lucía Menares , alcaldesa de San Antonio , por su decisión y capacidad de organizar este Primer Congreso Nacional de Alcaldesas y Concejalas, a la vez que manifestar mi reconocimiento a la voluntad de las mujeres participantes para lograr acuerdos, por encima de las naturales y legítimas diferencias doctrinarias o de otro orden que puedan separarlas.
Naturalmente, como Senador por la circunscripción de la Quinta Región, que incluye a San Antonio , tampoco puedo dejar de señalar mi satisfacción por la realización de tan importante evento en esta comuna, ya que su desarrollo permitió atraer sobre el puerto la atención de importantes personalidades, lo que de una u otra forma podrá servir para mejorar la capacidad de gestión de las autoridades comunales.
En cuanto a las conclusiones de este Primer Congreso Nacional de Alcaldesas y Concejalas, creo necesario destacar el reconocimiento de las participantes a la labor emprendida por el Gobierno en el ámbito de la descentralización administrativa del país, aunque también constituye un llamado de atención la distinción hecha entre el enfoque que se da a los municipios en las normas constitucionales y legales, como entes de administración local, y la visión de las alcaldesas y concejalas respecto a la necesidad de convertir a las municipalidades en organismos propiamente de gobierno local.
La diferencia entre ambos conceptos -administración o gobierno local- no es menor, ya que revela el desafío al cual estamos impelidos como Poder Legislativo por las propias autoridades comunales, en cuanto a completar el proceso de descentralización hasta un punto en el que las municipalidades sean real y efectivamente entes autónomos.
He considerado necesario poner de relieve este aspecto porque, en la medida en que sean las propias autoridades comunales las que demanden cambios sustanciales en el campo de la descentralización del país -suponiendo que en este tema representan el sincero anhelo de la ciudadanía, por tener la capacidad de resolver sus problemas a nivel local-, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo aparecemos como ineficientes en nuestro deber de prevenir el devenir de las instituciones y en nuestra responsabilidad de realizar los cambios necesarios antes de que se llegue a situaciones críticas que afecten la estabilidad que tanto nos ha costado alcanzar como nación.
Obviamente, debemos comenzar por resolver qué modelo de país queremos para Chile. Algunos sectores defenderán un centralismo que ya no es posible conservar, mientras que otros aspirarán a un proceso de regionalización de una magnitud tal que llevaría al país a convertirse en una suerte de federación que nadie desea. Como es lógico, ninguna de estas posturas extremas parece conveniente a estas alturas, pero sigue siendo urgente definir qué destino se dará a los procesos de regionalización y descentralización administrativa, que son clara y completamente irreversibles.
Desde el momento en que se entregaron las primeras atribuciones a los organismos regionales y comunales para resolver algunos aspectos, resultaba lógico que con el paso del tiempo la propia dinámica de la comunidad reclamara mayores facultades. Este proceso resulta aún más lógico cuando, desde que se produjo el retorno de la democracia, todos los sectores políticos hemos planteado la conveniencia de profundizar el sistema democrático hasta la base misma de la sociedad, con lo que hemos dado a cada comuna el derecho a decidir cada vez mayor cantidad de temas que son de su interés. Pero, al mismo tiempo, estamos conservando limitaciones que podrían terminar provocando tensiones si no somos capaces de superarlas y atenderlas a tiempo.
Por otra parte, cabe destacar que en este encuentro se alcanzaron importantes consensos en aspectos como la transparencia de la gestión municipal y la probidad administrativa. Estas materias, por estar fuera del debate como consecuencia de no ser controversiales, pueden correr el riesgo de permanecer sin solución, y, por tanto, deben ser consideradas como temas de la más alta prioridad para todos los sectores.
Es de esperar que seamos capaces de recoger los planteamientos formulados por las 160 alcaldesas y concejalas de todo el país, y que en el futuro podamos decir que el Congreso Nacional ha sabido responder a los desafíos propuestos por las autoridades comunales. Los temas en que hay que tomar definiciones están claros, y es nuestra propia responsabilidad, junto con el Ejecutivo , asumir y solucionar todos los aspectos necesarios para garantizar el desarrollo institucional armónico de cada una de las comunas de Chile.
He dicho.
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