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    • rdf:value = " MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL SECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS. El señor VALDÉS ( Presidente ).- Corresponde continuar en la discusión del proyecto que modifica el régimen jurídico aplicable al sector de servicios sanitarios, con informe de las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas. --Los antecedentes sobre el proyecto (1592-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 62ª., en 16 de mayo de 1995. Informe de Comisión: Economía y Obras Públicas, unidas, sesión 23ª., en 12 de diciembre de 1995. Discusión: Sesiones 27ª y 28ª en 9 y 10 de enero de 1996 (queda pendiente la discusión general). El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei. La señora FREI.- Señor Presidente , la discusión del proyecto que modifica el régimen legal de las empresas sanitarias es de una enorme importancia para todo el país y, en especial, para algunas regiones, como la Segunda, a la cual tengo el honor de representar en el Senado junto con el Senador señor Alessandri. Considero que el Gobierno ha procedido bien al traer este debate al Congreso, para cumplir nuestra función de colegisladores con un espíritu abierto, sin ideologismos de ninguna clase, y escuchar los argumentos de unos y otros, tratando de entender lo que cada cual expone y cree que es lo mejor para el país. Deseo expresar especialmente mi opinión acerca del sistema de participación del sector privado en las empresas sanitarias y sobre la importancia y dificultades de las formas de regulación. Sobre el particular, me aproximo al tema inspirada en el criterio unánime de la Concertación de Partidos por la Democracia cuando en declaración pública, efectuada en marzo de 1995, señaló: "Respecto a la gestión y propiedad de las empresas, estiman que la discusión sobre estos temas debe continuarse para elevar la calidad de la gestión e incorporar adecuadamente capitales privados una vez dictadas las normas regulatorias pertinentes.". La realidad actual del sector es conocida. El país durante años ha realizado un sostenido y cuantioso esfuerzo de inversiones, principalmente a través del Estado. Con ello se ha alcanzado una cobertura urbana del 97,5 por ciento en agua potable, de 85,4 por ciento en alcantarillado y de 18 por ciento en tratamiento de aguas servidas. Si bien en algunas regiones la cobertura es inferior al promedio, ahora ella se ubica por sobre el 95 por ciento en agua potable y sobre el 68 por ciento en alcantarillado, a nivel nacional. En el sector rural se presentan los déficit más significativos. El Gobierno ha planteado, por su parte, una meta de cobertura de 100 por ciento de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas y en las zonas rurales concentradas. En el tratamiento de aguas servidas, se pretende lograr una cobertura del 68 por ciento en el año 2000 y de 100 por ciento en el 2005. Según cálculos de Obras Públicas y CORFO, ello implica, para los próximos cinco años, inversiones del orden de 1.300 millones de pesos y de 875 millones para el período comprendido entre los años 2001 al 2005. Es decir, en agua potable, alcantarillado y aguas servidas, se requeriría, en el próximo quinquenio, una inversión promedio anual de 260 millones de dólares. La estructura y situación de las empresas sanitarias en Chile es muy diferenciada, tanto por el número de clientes que atienden como por los costos y tarifas. EMOS posee cerca de un millón de arranques de agua y alcantarillado contra menos de quince mil en Aisén. Las tarifas oscilan entre los 526 pesos el metro cúbico en la Segunda Región, y los 135 en la Sexta. Es decir, las tarifas de la Segunda Región más que triplican a las de otras. Por ello, la gente modesta, perteneciente a la clase media o baja de ciudades como Antofagasta, Calama , Tocopilla , Mejillones o Taltal se queja de los altos precios que debe pagar por este servicio. Por ejemplo, debo señalar que en Calama y Taltal el valor total de boleta de una persona que ocupa 20 metros cúbicos es de 8 mil 574 pesos. O sea, el metro cúbico sería de 428,7 pesos. En Antofagasta, Tocopilla y Mejillones , el valor de una boleta por 20 metros cúbicos alcanzaría a 11 mil 616 pesos. Es decir, 580 pesos el metro cúbico, lo que corresponde a un cuarto del salario mínimo, no obstante que en el proyecto se plantea que lo ideal sería que la familia de un trabajador no pague por tal servicio más de 5 por ciento de su sueldo. Las empresas también han tenido comportamientos diferentes y resultados operacionales, en general positivos, desde l992 en adelante, logrando en l994 una rentabilidad favorable, con excepción de las empresas de la Primera y Undécima Regiones, según se consigna en la página 43 del informe de la Comisión que todos los Senadores lo tienen en sus escritorios. Como su nombre lo indica, esta actividad tiene una relación directa con la "SANIDAD" de las personas y del medio ambiente. Por su naturaleza, es el servicio social por excelencia. Responder a la demanda de este vital servicio, implica costos de inversión muy elevados. Según el Banco Mundial, en su Informe sobre Desarrollo Mundial de l994 -que tengo en mi poder por si algún señor Senador lo desea ver-, especialmente dedicado a infraestructura y desarrollo, en muchos casos, los niveles de costos de estas empresas no son recuperables y si lo son requerirían de precios elevados del servicio o plazos enormemente largos de amortización. (página 36 del informe). Por estas razones, en gran medida, el Estado ha debido subsidiar este sector, sobre todo, en su desarrollo en regiones con dificultades especiales para enfrentar los elevados costos, en especial -como lo explicaba anteriormente- para las familias de bajos recursos. Otra característica que diferencia a los servicios sanitarios de otras ramas de la infraestructura de un país es su naturaleza de monopolio natural, es decir, es una actividad económica que resulta más eficiente cuando la realiza un solo productor. Se suma a lo anterior que la tecnología de producción hace que los costos unitarios bajen con el aumento de la producción, o sea, las economías de escala constituyen otro factor importante en los monopolios naturales. La actividad sanitaria tiene otra característica particular que la diferencia de otras ramas de la infraestructura: la dificultad de generar una desagregación vertical, como puede lograrse en la producción de energía eléctrica, en el gas o en las telecomunicaciones. Por lo tanto, la competencia en estos sectores es más posible que en el servicio sanitario. Lo anterior hace que el Banco Mundial, de acuerdo con el informe que estaba citando, proponga una diferencia en el ámbito de la infraestructura, que es importante recordar para una decisión correcta en la forma como el sector privado participa en esta actividad. Si adoptamos el criterio de que la mejor regulación en los distintos mercados de la infraestructura es la competencia, el Banco Mundial hace la diferencia entre "COMPETENCIA EN LOS MERCADOS" y "COMPETENCIA POR LOS MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA". En el primer caso, se pueden distinguir aquellas actividades, como la producción de energía eléctrica, en la cual puede existir segmentación entre generación, transmisión, distribución, etcétera. En cada uno de estos subsectores, se puede producir competencia de diversos agentes en el mercado, como se está promoviendo en Chile, con un efecto futuro sobre los precios cuando este mercado se perfeccione. En la "COMPETENCIA POR EL MERCADO" -cito textualmente lo que sostiene el documento del Banco Mundial- "se puede producir mayor eficiencia mediante una competencia regulada por acuerdos contractuales, que van desde simples contratos de prestación de servicios específicos hasta concesiones de largo plazo que comprendan explotación, mantenimiento y ampliación de instalaciones" (página 63 del informe). En este caso, se licitan entre empresas privadas de servicios, algunas de las actividades o toda la gestión incluida la inversión de las empresas bajo normas de plena transparencia. En el caso de las empresas estatales de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, el Banco Mundial propone la participación privada a través de "ACUERDOS CONTRACTUALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POR EL SECTOR PRIVADO". Según la tipología del Banco Mundial, estos acuerdos podrían ser los siguientes: A) Acuerdos de servicios. Estos permiten la competencia entre muchos proveedores, cada uno con un contrato específico de corta duración. Sirve, por ejemplo, para la lectura de medidores, para la facturación y cobro, para el mantenimiento de conexiones privadas, etcétera. El ejemplo que nos propone el Banco en su informe es la experiencia de EMOS en Chile, la que ha subcontratado estos servicios con personal de la empresa, que en l977 se alentó a renunciar a ésta y a postular en las licitaciones. B) Acuerdos de gestión. Son contratos por un período de uno a tres años renovables, y la remuneración se basa en parámetros físicos, como el volumen de agua producido o las mejoras en la recaudación. Se puede usar este tipo de acuerdos en la explotación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua o de un subsistema importante. Los ejemplos de este tipo de contratos son muchos en el mundo. C) Contratos de arrendamiento. Por licitación, nuevamente, se adjudica un contrato cuya duración puede ser por l0 años y el proveedor asume los riesgos de explotación de una empresa para el abastecimiento de agua. D) Contrato de concesión. Se adjudica por licitación con una duración de 20 a 30 años y el proveedor asume los riesgos de explotación y de inversión. Éste es el sistema más usado en casi todos los países que han incorporado al sector privado en empresas sanitarias de propiedad del Estado, en regiones o en municipios. Es el sistema más empleado en Estados Unidos, Francia, España y recientemente en Buenos Aires (página 64 del mismo informe). La crítica que se formula a este sistema es que una empresa puede no tener el incentivo para ampliar y mantener los servicios, porque no sabe si se va a adjudicar el futuro contrato. Pero, según el Banco Mundial estos problemas son evitables al estipular cláusulas expresas en los contratos sobre ampliación y mantenimiento, condicionando la de su renovación al estado de conservación de los activos fijos. Según esta propuesta del Banco Mundial, que cito textual, "los contratos de arrendamiento y las concesiones son cada vez más comunes en el campo de la infraestructura. Estos acuerdos son plenamente operativos o están en fase de introducción en 37 países, entre ellos l8 de bajos ingresos." (página 63 del mismo informe). Estos sistemas de arrendamiento, concesión o subconcesión por tiempo, tarea o inversión, bajo modalidades de gestión con inversión o el denominado sistema BOT, que traducido al español significaría Construcción-Operación-Transferencia (COT), permiten eficiencia a través de condiciones competitivas por el mercado con una regulación general y nacional, a través de una institución central complementada por las empresas del Estado en la regulación más específica de cada contrato. El traspaso de la propiedad y la explotación a privados en empresas sanitarias sólo se ha usado en forma generalizada en el Reino Unido. Este sistema presenta virtudes y defectos que se han hecho públicos en los últimos tiempos en diarios y revistas especializadas. Es necesario subrayar que en ningún país se ha usado este modelo para inspirar reformas en este sector (Ver, por ejemplo, el libro "Regulatory Reform: Economics Analysis and British Experience", de M. Amstrong, S. Cowan , y J. Vickers , publicado por MIT Press en l994). Numerosos artículos de revistas y diarios, como "The Journal" de la American Water Works Association, "The Economist", "The Times" de Londres, "The Guardian" , etcétera, analizan los efectos y funcionamiento de estas experiencias. Sobre el particular, tengo fotocopias y recortes de todos estos diarios, por si algún señor Senador se interesa en verlos. En estos escritos, se discuten muchos de los aspectos del sistema inglés. Este sistema, de no más de 6 años de funcionamiento, debe ser evaluado con cuidado para inspirar nuestra reforma en ese camino. En "The Guardian" de l8 de diciembre de l994, se afirma textualmente lo siguiente: "Las privatizaciones, una de las historias que se estimaron exitosas en los años 80, ahora son una fea palabra. Se ha probado que las regulaciones son débiles, inconsistentes y parciales a favor de los intereses de los accionistas. El interés público no ha sido servido. Se han comprobado en muchas partes ineficientes asignaciones de recursos. Utilidades monopólicas y excesivo pago a los ejecutivos, los que han crecido desproporcionadamente; la seguridad de los empleados y sus niveles de entrenamiento se han deteriorado.". Incluso, "The Times", de Londres, el 3l de marzo de 1995, en un artículo titulado "Al fin la marea se torna en favor de los consumidores de agua" -también lo tengo a mano-, hace un recuento de las enormes utilidades de las empresas privatizadas bajo el sistema de propiedad plena. Señala que las inversiones necesarias para modernizar las plantas de tratamiento, detener la contaminación de los ríos, mejorar la calidad de las aguas, han debido ser pagadas por los propios consumidores, vía aumentos en los precios, en vez de ser pagadas por las compañías. Y el mismo artículo señala textualmente a continuación: "Los consumidores de hecho están pagando un impuesto para financiar las inversiones que serán de beneficio de futuras generaciones". Y agrega: "Hoy día, después de 6 años de tomar el dinero de los pobres, es decir, de los consumidores, para darlo a los ricos, es decir, a los accionistas, la industria se ha dado cuenta que ha cometido un grave error". En este sentido, discrepo de lo señalado en la Comisión -y figura en su informe- por el gerente general de la CORFO en cuanto a que "en el proyecto se prefirió seguir el modelo británico". No creo que los chilenos estemos en situación de aceptar que sus empresas sanitarias sean reformadas según un "modelo" de cuya eficiencia y equidad no tenemos certeza. Más aún, considero que el mismo funcionario incurre en una rigidez al afirmar que en este proyecto se dejarán de lado "los contratos de plazo fijo, como ocurre en Argentina, Francia y México". Lo curioso es que el Informe del Banco Mundial sobre Infraestructura no pone, en ninguna de sus páginas relacionadas con la infraestructura de servicios sanitarios, como ejemplo el sistema británico. El informe preparado por la propia CORFO sobre el tema de las empresas sanitarias -tengo aquí también un ejemplar- coincide en cierto sentido con el informe del Banco Mundial al presentar una diversidad de alternativas a la participación privada, para hacer más eficientes las empresas y para participar en el esfuerzo de inversiones que la actividad requiere. En dicho informe se hace una análisis de la experiencia internacional en el manejo de empresas sanitarias, consignándose la siguiente situación por países: Alemania, 90 por ciento públicas, descentralizadas a nivel regional y municipal; Francia , 70 por ciento privadas, bajo sistema de concesiones a plazo fijo, con régimen administrativo regional y municipal; Italia , 90 por ciento públicas, con sistema descentralizado a niveles regional y municipal; España , público y privado, bajo régimen de concesiones a plazo fijo o contratos de gestión; Bélgica, 75 por ciento públicas y 25 por ciento privadas, con un sistema también descentralizado y con concesiones; Estados Unidos, 70 por ciento públicas y 30 por ciento privadas, con sistemas mixtos de gestión por servicio, contratos de concesión, etcétera, a nivel de Estado y municipios; e Inglaterra -como señalé anteriormente-, privada, con propiedad plena. Por lo tanto, todo lo expuesto muestra la variedad de formas en que puede participar el sector privado. Otro de los temas más complejos es el de la regulación de las empresas sanitarias. Lo anterior se explica por la diversidad y complejidad de temas a definir. Por ejemplo, la definición de las áreas de cobertura; los tipos de servicios, con sus parámetros de calidad y cantidad; la fijación de los programas de expansión; las condiciones de operación y mantenimiento de redes; los sistemas de inspección; el acceso a la información, sobre todo a la reservada; la fijación de tarifas; la definición previa de sistemas contables homogéneos y, por lo tanto, comparables; la definición previa de lo que son gastos de operación y mantenimiento, depreciación de activos, empresas relacionadas, etcétera. Los sistemas de regulación en empresas monopólicas varían dependiendo del marco organizativo que se defina para las empresas y son, hoy por hoy, uno de los aspectos más discutidos entre los expertos en el tema. Por ello, definir las diversas formas de asociación de la inversión privada es fundamental para establecer las normas, los métodos y la institucionalidad de una regulación apropiada. El proyecto de ley que discutimos hoy requiere, en consecuencia, un estudio detallado a fin de fijar reglas de juego estables para una participación del sector privado bajo diversos sistemas, dada la variedad de situaciones que presentan las empresas en nuestro largo y difícil territorio. Un sano realismo nos indica que no podemos establecer un sistema rígido que termine por ahogar a los consumidores con precios muy altos, o con empresas privadas que no tengan interés en asociarse con el Estado, o con situaciones en que la dimensión del mercado que cubren algunas de las actuales empresas no interese a inversionistas, pero sí a administradores eficientes que deseen prestar un servicio bajo formas de contratos a plazo fijo. Soy partidaria abiertamente de que el rol del sector privado en las empresas sanitarias se canalice por la vía de la concesión a plazo fijo y no por el traspaso accionario, en una combinación -a mi juicio, muy rígida- de 50, 35 y 15 por ciento. Subrayo la idea de que considero realista la propuesta que el Presidente de la República señaló el viernes pasado, en su último discurso al país, cuando manifestó que "aprobada la ley que regula el sector sanitario se procederá a asociar bajo diversas modalidades, capital y gestión privada a estas empresas, concentrándose el Estado en sus labores de regulación y en asegurar las metas de cobertura de agua potable y alcantarillado que beneficien a los sectores de menores recursos". El proyecto, entonces, debe contemplar diversas modalidades para asociar al capital privado y no restringirse al solo traspaso de acciones de las actuales empresas. Lo primero, como lo expresó el Presidente de la República , es tener un buen marco regulatorio, con una institucionalidad que posea, ojalá, autonomía de ciclos políticos, altamente tecnificada y con personal bien remunerado, libre del cáncer de la mediocridad o de la tentación de la corrupción. Más aún, dada la importancia que los sistemas de regulación tienen en el sector de infraestructura en general y en las sanitarias en particular, debiéramos estudiar la creación de un órgano autónomo, de alto nivel técnico y con recursos adecuados, que estableciera las políticas generales sobre regulación y donde para cada actividad regulada existiera una división especializada. Pienso que la regulación no debe depender de entidades gubernamentales, sino que debiera tener su propia identidad y autonomía. El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- ¿Me permite, señora Senadora? Su tiempo concluyó hace ya tres minutos. La señora FREI (doña Carmen).- Con el siguiente párrafo, daré término a mi intervención, señor Presidente. Otras observaciones al proyecto de ley que hoy nos preocupa, relativas a artículos precisos, las dejaré para la discusión particular. Pero debo señalar que echo de menos en él tanto una clara referencia a la situación de los trabajadores de las empresas existentes y a la forma de garantizar la expansión de la cobertura en el mundo rural, como, a su vez, los criterios para establecer subsidios especiales y diferenciados cuando los precios de los servicios se disparen por los altos costos de las inversiones que se pueden requerir en algunas empresas regionales, como obviamente es el caso de la Segunda Región. Por lo tanto, estimo esenciales la perfección del sistema de regulación y la apertura al establecimiento de diversas modalidades con que el capital y la gestión privada puedan asociarse. He dicho. El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- Debo advertir que se encuentran inscritos para intervenir los Honorables señores Calderón, Hormazábal, Adolfo Zaldívar, Sule, Cantuarias, Ruiz De Giorgio, Andrés Zaldívar, Muñoz Barra, Ominami, Larraín, Díaz, Otero, Gazmuri, Alessandri y Ruiz-Esquide. Tiene la palabra el Honorable señor Calderón. El señor SULE.- Señor Presidente , con el Senador señor Calderón hemos hecho un cambio. Por tanto, si me lo permite la Mesa, intervendré en su lugar. El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- Con mucho gusto. Tiene la palabra Su Señoría. El señor SULE.- Señor Presidente , con relación al proyecto en estudio, en primer trámite constitucional, me parece que los comentarios y alcances hechos no constituyen el debate sobre el tema de la privatización en sí misma y, por ende, las observaciones que se formulan se refieren al detalle del articulado, suponiendo que la decisión principal de privatizar está más allá de la discusión. De hecho, no se ha establecido en esta instancia de reflexión y análisis la demostración del porqué es necesario e imprescindible privatizar el sector sanitario, pareciendo más bien que subyace en el fondo un principio ideológico que se da por aceptado por consenso y que se orienta definitivamente en pro de las privatizaciones, en desmedro del rol y del mérito del Estado. Debo manifestar que la corriente de opinión que represento es contraria a las privatizaciones en áreas estratégicas, en áreas que constituyan monopolios naturales o en servicios vinculados a las garantías y derechos básicos que debieran ser establecidos por el contrato social de sociedades verdaderamente solidarias. Tal es el caso de la salud, el agua, la protección ambiental, la educación, etcétera. Razones como la supuesta escasez de recursos para inversión y la necesaria eficiencia en la gestión no han sido motivo de análisis y discusiones objetivas, serias, desideologizadas y libres de prejuicios. Argumentos como los señalados no son consistentes con realidades como el hecho de que no existe una única forma de gestión pública o el de que todas las posibles son ineficientes. Tampoco la gestión privada es eficiente per se. Y los ejemplos históricos y presentes son muchos. Tal es el caso de la crisis bancaria de 1982; el de las empresas privadas que participaron en la construcción del colector de ESVAL; o el de la ITT, que tuvo a Chile con una cobertura telefónica vergonzantemente baja hasta 1972, donde la larga distancia tuvo que ser asumida por el Estado, a través de ENTEL. Señor Presidente , deseo en este punto reiterar nuestro alineamiento político con la Concertación. Somos parte de ella y luchamos, conjuntamente con los partidos que la conforman, por el pleno restablecimiento de la democracia en este país. Es conocida nuestra posición en materias como el sistema binominal de elecciones; los Senadores designados; la composición del Consejo de Seguridad Nacional, y la designación y remoción de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas. Estamos con los partidos de la Concertación en el firme propósito de erradicar la pobreza, y mientras esta meta se alcanza, dar la mayor igualdad de oportunidades en salud, educación y acceso a la justicia. Éstas y muchas otras materias nos hacen formar parte de la Concertación. Sin embargo, también es necesario reconocer que en otros aspectos mantenemos nuestro propio perfil, consistente con la posición ideológica que nos caracteriza. No somos dogmáticos ante el neoliberalismo, ni creemos que el libre juego de las reglas del mercado conduce a una sociedad más justa y solidaria, que garantice la igualdad de oportunidades en todos los planos. En este sentido, para nadie es desconocido que forma parte de las convicciones de nuestro Partido el rol que el Estado debe jugar en la búsqueda y concreción del interés social. Ya hemos dicho que reconocemos el valor del mercado como asignador de recursos en aquellos espacios del quehacer económico en que, por su naturaleza, éste es eficiente. Pero, igualmente, estimamos que existen importantes áreas en las cuales el mercado no puede operar satisfactoriamente y garantizar, entre otros aspectos, la libre decisión del consumidor, para los economistas, ciudadano, para nosotros. Por ello, reclamamos una revalorización del Estado en la implementación de iniciativas para alcanzar tales objetivos. De igual forma, advertimos con inquietud un mal uso del concepto de modernidad, ya que, bajo su invocación, no se ha entendido la necesidad de cambiar profundamente los conceptos de gestión y el marco normativo que le es inherente. No se ha entendido la necesidad de descentralizar las decisiones y de agilizar la administración. Sólo se ha propuesto el desmantelamiento del Estado, el rechazo a las experiencias del pasado y manifiestos grados de superficialidad y carencia de rigor en el análisis de importantes materias. Y las preguntas que nos hacemos son: ¿Qué es la modernidad? ¿En qué se ha traducido en la práctica? ¿En qué ha desembocado la pretendida modernidad de la educación, la salud y la energía, donde aún se cobra a los usuarios una parte de las inversiones del sector cuando se pide un empalme eléctrico, en circunstancias de que las empresas del área realizan inversiones inmobiliarias o invierten en el exterior? ¿Por qué la modernización de CODELCO debe importar el término de las empresas del Estado o impedimentos al desarrollo de las mismas? ¿Por qué en una sociedad moderna las empresas públicas deben ser necesariamente ineficientes? ¿Cómo sería el Chile de hoy si ayer el Estado no hubiese impulsado la industrialización del país? ¿Y cómo sería el Chile de hoy si el Estado no hubiera resuelto la crisis de 1982-1983? Luego, éstos son temas que resulta necesario abordar con extraordinario pragmatismo e imaginación, con absoluta dependencia de la realidad y con exclusión de cualquier dogmatismo en materias económicas. En este caso, se trata de las empresas del sector sanitario, las que por su esencia constituyen monopolios naturales que, además, deben hacer uso consuntivo de los cursos y reservorios naturales de agua. Las privatizaciones de este tipo de monopolios nada tienen que ver con la economía de mercado. El consumidor o usuario del servicio carece de opciones para elegir a su proveedor y de capacidad para defenderse frente a los problemas de calidad o de precios, y la propuesta de privatización no resuelve los problemas actuales. Entre aquéllos podemos citar, por ejemplo, el sistema tarifario que establece un cargo fijo para cada consumidor, con independencia de su nivel o tramo de consumo. Éste no es equitativo y se traduce en que a menor consumo resulta un mayor valor promedio por metro cúbico de agua. El sistema de subsidios para las familias de menores ingresos tiene un costo administrativo adicional, atenta contra la dignidad de las personas y no se hace cargo en derecho de un sistema injusto de tarificación. Nos hubiera satisfecho conocer un proyecto de ley que racionalizara el sistema tarifario y que, con una mejor distribución de los costos fijos, permitiera incluso mejorar la recaudación y aliviar, a la vez, el gasto de los sectores de menor consumo sin necesidad de recurrir a subsidios. Resulta previsible, con casi certeza, que una vez en manos privadas los nuevos empresarios del agua potable pedirán alzas de tarifas para lograr rentabilidades comerciales. Tal es el caso histórico de la energía eléctrica, sector que al ser privatizado obtuvo considerables alzas tarifarias en términos reales y comparables o mayores que las que se cobran en países como Estados Unidos. La capacidad reguladora del servicio, que en ese caso debiera tener el Estado, implica un alto costo, comparable con cualquier disminución de gastos operacionales que pudiera lograr una administración privada de las empresas. Por otra parte, creemos que la eficiencia en la administración de las empresas puede ser mejorada sin pasar necesariamente por la privatización. Ello es parte de un proyecto pendiente: la modernización de la normativa que rige la administración del Estado y sus empresas, y la real decisión de gobierno de profesionalizar las designaciones de directores y gerentes de las empresas públicas. Tampoco los problemas circunstanciales de gestión nos parecen un argumento válido en pro de la privatización, como tampoco creemos que la crisis de 1982, acompañada por la del sistema bancario, víctima de administraciones irresponsables e inescrupulosas, podrían haber sido justificación de estatizaciones. Más bien pensamos que es necesario modernizar y perfeccionar la normativa de administración que rige tanto al sector centralizado del Estado como al descentralizado, sin caer en la moda de cúpulas tecnocráticas, las que, a falta de una mayor imaginación creativa, pretenden construir por la vía de transferir funciones del Estado a manos del sector privado. En suma, señor Presidente y Honorables colegas, por representar a una importante corriente de opinión de nuestro país, deseo expresar la oposición de nuestro Partido al proyecto de privatización de las empresas del sector sanitario. No obstante, en caso de prosperar la idea de legislar, nos reservamos la opción de participar en la discusión de su articulado, con el propósito de contribuir, dentro de una situación que no consideramos deseable, a tratar de mejorar aquellos aspectos que protejan al consumidor y que garanticen a los sectores más postergados el derecho a la salud y a la higiene vinculadas con el agua. He dicho. El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hormazábal. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente , desde el punto de vista de los ciudadanos chilenos, la tabla que hoy ocupa al Senado constituye un rotundo mentís a afirmaciones en el sentido de que los políticos se dedican a temas que no interesan a aquéllos. Durante la discusión general del proyecto, diversos señores Senadores han hecho referencia a visiones globales acerca del papel del Estado y le han dado una valoración distinta, a partir de hechos históricos. Creo que es deber del legislador, precisamente, intentar cumplir a cabalidad una de las funciones específicas que al Estado le corresponden. En teoría, el Estado es el órgano especializado del cuerpo político a cargo del bien común, y éste no es la mera suma de los bienes comunes individuales, sino que es la visión de los intereses permanentes que trascienden los intereses puntuales y temporales de determinados actores de la sociedad chilena. Considero pertinente que, en lo concreto, el debate del tema del agua potable se vincule con la forma como los distintos actores adoptan una posición frente a él. Porque he escuchado muchos alegatos en cuanto a que el Estado cambió de carácter y que es necesario modernizar, palabra que algunos escriben con "p" de "privatizar". Pero ocurre que quienes aprendimos el abecedario en las escuelas públicas, en épocas democráticas, no nos hemos confundido, y seguimos entendiendo que el desafío permanente de poner al día a la sociedad chilena y sus estructuras pasa por reflexionar sobre cómo se producen los acontecimientos sociales, el desenvolvimiento de las ideas y las cuestiones prácticas. Deseo recordar, por ejemplo, que la Constitución Política de la República, después de señalar en su artículo 1º que "Los hombres nacen libres e iguales" y que "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común", etcétera, en su artículo 19, Nº 22º, entre otras disposiciones, consigna "La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica." He hecho estas reflexiones, porque durante el debate casi no recuerdo que se haya analizado de qué manera la iniciativa en estudio, que mantiene la actual situación en las empresas sanitarias, lesiona el principio de la unidad del Estado, vulnera el derecho de los ciudadanos a un trato justo y dificulta el arduo camino de hacer patria y progresar en las regiones y zonas más abandonadas del país. En el informe puesto a nuestra disposición, se señala que en su propuesta el Gobierno ha decidido mantener el esquema de las trece empresas sanitarias regionales en que se dividió el servicio, el cual históricamente fue centralizado. Y la Dirección de Industria y Comercio fijaba una tarifa válida para el país, precisamente porque atendía a una necesidad fundamental. A fines del Gobierno militar, hubo un cambio de mentalidad: se regionalizaron las empresas sanitarias y se convirtieron en sociedades anónimas, para, posteriormente, continuar su ciclo de privatización. Tal como manifestó la Senadora señora Carmen Frei , los ciudadanos del país deberían prestar atención al antecedente estampado en la página 48 del informe, donde se indica que los chilenos que viven en la Primera Región deben pagar 393,5 pesos por metro cúbico de agua; en la Cuarta Región de Coquimbo, que represento en el Senado, 212,7 pesos; en Santiago, 142,9 pesos, y en la Sexta Región, 135 pesos. ¿Por qué el chileno que habita y hace patria en apartados rincones del norte del país debe pagar por el metro cúbico de agua una cifra que excede tres o cuatro veces el valor que otro chileno cancela en otra parte? Porque han primado los criterios de rentabilidad y eficiencia económica, y hemos convertido a la política en un eslabón más, en un cajón de arrastre del economicismo, supuestamente predominante en el mundo de las ideas. La economía debe ser un medio al servicio del desarrollo de la persona; pero los criterios economicistas han pospuesto los intereses de la gente, lo cual contraría valores profundos en los que uno cree. El último Catecismo de la Iglesia Católica alude a que "Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona y de sus actos. "Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social." En mi opinión, al mantener el proyecto la división en trece empresas regionales, se consagra una desigualdad intrínseca que no debe afectar a quienes viven alejados del centro del país y hacen patria a lo largo y ancho de su territorio. Y dado que en este Hemiciclo hemos tratado el tema de la regionalización y muchas veces nos hemos puesto de acuerdo, por encima de nuestras diferencias políticas, pido al Senado de la República prestar atención a un debate que, a mi juicio, es previo a la discusión de si se trata de un servicio estatal o de uno privado. Porque no es una cuestión de naturaleza dogmática lo que se puede afirmar respecto de una u otra posición. Soy contrario a esta iniciativa, porque consagra una discriminación arbitraria que afecta a los ciudadanos que habitan en las zonas más alejadas del centro del país. Hay una segunda cuestión: ya está bueno que nos dejemos de dogmatismos. No es que esté en contra de la privatización, asunto ya resuelto en Chile. Hay empresas privadas actuando en el sistema de agua potable desde 1943. En la actualidad, existen varias empresas privadas. Incluso recientemente en Valdivia se vendió una estatal de tipo sanitario. Y si el problema se centra en el tema de la gestión, es cosa de leer los diarios para darse cuenta que ciudadanos de Santiago, que poseen recursos y en donde hay una cobertura de agua potable del ciento por ciento, han reclamado por la falta de eficiencia en la administración de una de esas empresas privadas. En la televisión y en la prensa escrita hemos observado que han tenido que llevar estanques de emergencia o camiones aljibes para suplementar los servicios ahí, en la propia Capital, donde una de estas empresas tiene la concesión. De modo tal que no se trata de un debate de esa naturaleza. En la Región de Coquimbo -que represento en el Senado- se ofreció al sector privado que se hiciera cargo de la distribución del agua potable y de los servicios correspondientes en el tramo que va de Coquimbo hacia el sur, donde se encuentran los grandes desarrollos inmobiliarios turísticos de la Región, beneficiando a Guanaqueros, Tongoy y todas las localidades del sector atrasadas en el acceso a este servicio. Se abrió la licitación y ninguna empresa se interesó en participar. ¿Cuál fue la razón? No es por maldad. Ellas analizaron si serían o no rentables las inversiones que allí harían. Entonces, no nos vengan a decir aquí que este sector privado será capaz de "solucionar todos los problemas del país", porque ha tenido la oportunidad, y, razonablemente, por sus enfoques propiamente económicos, no les ha parecido pertinente postular. Por fortuna, el Estado, que a algunos les parece tan irrelevante, ha tomado la responsabilidad, y los ciudadanos de la Región que represento podrán disponer de agua potable, porque el Gobierno Regional y ESSCO, la empresa de la zona, realizaron las inversiones del caso. En seguida, me gustaría hacer una reflexión adicional. ¿Estamos tan mal en esta materia para requerir urgentemente una inyección de recursos privados? Ocurre que el propio informe de las Comisiones unidas muestra que Chile posee una cobertura urbana de 97,5 por ciento en agua potable; de 85,4 por ciento en alcantarillado, y de 18 por ciento en tratamiento de aguas servidas. Hay regiones donde la cobertura de agua potable es más baja, alcanzando al 95 por ciento. Entonces, ¿cuál es la situación de "crisis" que se da en este ámbito? Se ha sostenido que se necesita el aporte del capital privado. Sin querer cansar al Senado con mis argumentos, diré que tengo en mi poder estudios técnicos, basados en los informes emitidos por la propia CORFO, que indican que sólo con los ingresos que estas empresas recibirían en los próximos seis años -si se analiza el escenario en ese lapso- o en los próximos veinticinco años, con una tasa de crecimiento de 1,6, ellas generarán con creces los recursos que necesitan para invertir, modernizar y cumplir la totalidad de las metas que el Gobierno ha planteado, a cuyo respecto me parece que no hay chileno que no comparta. ¿En qué materia sí estamos atrasados? En el tratamiento de las aguas servidas. La solución de este problema es importante para el desarrollo de la economía chilena y es buena para la mayor competitividad de nuestros productos en el exterior, porque, obviamente, allá se preguntarán con qué agua se lavan las manos los manipuladores de alimentos o de otros productos; cuál es el modo de trabajo en una serie de exportaciones, como la leche u otras; qué calidad tienen las aguas; cuál es la contaminación de los lagos, mares, etcétera. En cuanto a este tema, no hay problema alguno en que el Estado convoque a los particulares para que se hagan cargo del tratamiento de las aguas servidas, ya que es poco factible que eso genere un problema de envergadura, como sí puede ocurrir con la privatización de las empresas sanitarias. ¿Por qué pienso que ésa debe ser la forma de participación del sector privado? Insisto: si quiere invertir, tiene todas las puertas abiertas. Y en este sentido, en la Región que represento -permítanme dar el ejemplo- en un gran proyecto de desarrollo -La Serena Norte-, que implicará la creación de una nueva ciudad de 30 mil habitantes, se está estructurando una modalidad de empresa privada distribuidora de agua potable que puede suscribir convenios con ESSCO, para los efectos de la administración del referido proyecto. Y no hay impedimento legal alguno para que el sector privado pueda actuar en ese terreno. ¿Qué es lo que no quiero? Que el patrimonio generado por los chilenos -que ha consolidado a estas empresas en el país con resultados evidentemente buenos- sea privatizado de manera tal que produzca efectos no deseados. Y a estos efectos no deseados se refiere el propio informe al señalar que esta modalidad de privatización puede provocar consecuencias negativas desde el punto de vista de la información con que se puede regular. El Gobierno ha dicho: "El Estado tendrá el 35 por ciento de las empresas, lo que facilitará la información". Hay circunstancias muy variadas en el mundo de los negocios que demuestran que hay directores que representan ese 35 por ciento accionario -o más- y que carecen de toda la información. Adicionalmente, se dice que se aplicará una multa a todo lo que, superando las mil UF, no se someta a una licitación pública. Pero la experiencia indica que hay quienes infringen esa norma porque lo que obtienen como ganancia es tremendamente mayor a lo que pagan como multa. Puedo citar ejemplos. Disposiciones sobre información privilegiada y otras se encuentran vigentes en el sistema de las AFP. Hay ejecutivos de estas Administradoras -y esto lo puede ver cualquiera en las revistas publicadas por la Superintendencia que las fiscaliza- que han sido sancionados con la multa establecida en la ley por usar esa información privilegiada para comprar anticipadamente acciones, obteniendo utilidades millonarias, en las cuales consideran el costo de la multa. No pongamos diques de papel a esta habilidad casi demoníaca de algunos para eludir la ley y faltar a la fe pública. Porque esto pasa cuando en la sociedad chilena no existen valores para regular el accionar no sólo público, sino también privado. Pero hay más. ¿Se trata de cómo pueden incrementarse las tarifas en las empresas sanitarias?. Si no es sólo eso. El Gobierno se ha preocupado de formular una proposición relativa a que en los próximos períodos la fijación de tarifas -que se realiza cada cinco años- no implique un alza superior al 5 por ciento, lo cual ha sido criticado por el sector privado que ha participado en la Comisión. Ciertamente, es buena la intención del Gobierno. Señor Presidente , sostengo que el manejo en el sector privado de estas empresas puede generar una competencia desleal que afecte, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario en el país. La experiencia de los Senadores que representamos las regiones es clara: muchas veces las actuales empresas sanitarias -estatales- no son lo suficientemente ágiles como para proporcionar, por ejemplo, las factibilidades de agua, indispensables para la construcción de viviendas sociales o de otra naturaleza. ¿Y qué ocurrirá si empresas sanitarias, manejadas por un sector privado con intereses inmobiliarios, niegan la factibilidad de agua a los pequeños empresarios de la construcción en las regiones o en cualquier lugar? El Honorable señor Piñera , me mira -por suerte, no me pone nervioso- y me dice que eso no se puede. La verdad es que la experiencia es real: sí se puede. Se puede salvar uno milagrosamente de un accidente -como le ocurrió al señor Senador-, y se puede también afectar el desarrollo de las actividades empresariales en este ámbito. Y, entonces, los grandes tiburones de la economía, que manejan la factibilidad del agua, serán también actores relevantes contra los medianos y pequeños empresarios que necesitan ese recurso para poder llevar a cabo sus actividades, y cuyo costo financiero en el que incurren por cada tramo es tremendamente drástico. Desde el punto de vista técnico, en esta materia hay cuestiones que son muy delicadas. Alguien dice: "Vamos a adoptar resguardos". Aquí se mencionó el ejemplo de las empresas eléctricas, que tienen un sistema de fijación de tarifas conforme a la regulación establecida, poca en mi opinión, excesiva según aquéllas. Cada cinco años empieza el proceso de la fijación de las tarifas eléctricas. ¿Y qué hemos visto todos los ciudadanos? Y los llamo a recordar: de repente, cuando se estaba discutiendo esa fijación, las empresas señalaron que iban a bajar las tarifas, con lo cual disminuyeron las cotizaciones de las acciones en la Bolsa, como también las de los ADR en Nueva York, y empezaron a producir un efecto en cadena negativo para la economía chilena, previo a las consecuencias del "tequilazo" en México. Y esa baja en la acciones en la Bolsa fue una señal negativa para la economía chilena- y, además, ocasionó un daño a los trabajadores afiliados al sistema de las AFP, porque si en esos días hubiesen querido jubilar, como el 30 por ciento de las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones estaban en acciones de empresas eléctricas, sus pensiones habrían sido entre un 8 ó un 10 por ciento menor que las que podrían obtener en otras condiciones. "¡Ah! Pero" -se dice- "hay que reservar los derechos de los trabajadores, porque ellos han pedido participar en el sistema". No estoy de acuerdo. Tuve que recibir a dirigentes del gremio de los trabajadores del sector eléctrico que me iban a señalar: "Senador, que no les bajen las tarifas a las empresas, porque si así ocurre, desciende la utilidad de ellas, y nosotros hemos pactado un convenio colectivo en relación a esas utilidades". En consecuencia, además, este sistema deja atado al conjunto de los trabajadores a una acción que los afecta a ellos mismos en su propia casa: cada vez que prenden la luz y gastan un kilowatt, tienen que pagar más. Se anota que ellos sólo estaban empeñados en que la empresa obtuviera más utilidades. ¿Y en qué queda el sentido solidario en la sociedad chilena? ¿Qué pasaría con las empresas privatizadas del sector del agua? Emitirían acciones que se transarían en la Bolsa; irían al ADR a New York. Y cuando se hace necesario fijarles las tarifas, usan la influencia que tienen en los medios de comunicación, donde pagan por grandes avisos precisamente para presionar a la autoridad pública sobre un tema de esta naturaleza. Entonces, señor Presidente , éste no es un debate entre los viejos estatistas y los modernizadores. Porque, incluso desde el punto de vista ideológico, estos modernizadores, muchas veces, lo único que hacen es asumir el liberalismo, condenado por distintas instancias desde el siglo XVII o XVIII. De modo que ésta no es una cuestión ideológica, sino un problema práctico. Atendido que el bien común debe ser regido por el Estado, considero que los objetivos que se ha propuesto el Gobierno en materia de cobertura de agua potable y alcantarillado, precisamente en cuanto a tratamiento de agua, pueden ser alcanzados dentro del actual manejo. Lo que he lamentado es que se hayan confundido en un mismo proyecto distintos aspectos. Porque, si aquí hubiésemos debatido sólo el tema de la regulación, yo estaría votando absolutamente a favor de ella. ¿Por qué? Porque estimo que deben incluso regularse las empresas sanitarias actuales. Si la Superintendencia de Servicios Sanitarios hubiese contado con las facultades que hay que darle, a lo mejor no tendríamos esta vergüenza del problema de ESVAL. También es bueno decir que este tipo de materia ha sido un problema de gestión y que se debe cambiar a quienes administran. El dogmatismo de algunos los lleva a decir: "Si el Estado fracasó en este asunto, hay que privatizar". ¿Por qué no aplicaron ese criterio cuando los bancos quebraron? ¿Se podría decir que si una empresa privada fracasa hay que estatizarla? No recurramos a la lógica formal, sino que tratemos de razonar como corresponde. Termino, señor Presidente, diciendo, primero, que para servir la idea de bien común, es necesario el accionar del Estado, y segundo, por los riesgos que implica la entrega de este patrimonio, pues se afectará a muchos ciudadanos, debo lamentar el hecho de tener que tomar una actitud negativa frente a este proyecto. El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- El señor Ministro de Economía tiene la palabra. El señor GARCÍA ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente , considero necesario hacer algunas aclaraciones sobre la materia, porque las intervenciones hechas no reflejan adecuadamente la iniciativa en debate. Primero, la discusión se ha centrado en la privatización de las empresas de servicios sanitarios. Ha habido un respaldo bastante grande a la idea de fortalecer la regulación. Al respecto, señalo que éste es un proyecto de regulación, y no de privatización. El texto en análisis contiene sólo una línea acerca del tema "privatizaciones", la que se refiere a facultar al Estado para que reduzca su participación en las empresas de servicios sanitarios, de 51 por ciento a 35 por ciento en la mitad del sistema, y para que aumente su participación en las empresas de servicios sanitarios, de 0 por ciento a 35 por ciento, también en la mitad del sistema. Todo el resto del proyecto se refiere a cómo fortalecer la regulación y ejercer efectivamente la capacidad del Estado que los señores Senadores reclaman. Por lo tanto, me parece absolutamente injusta la calificación que se ha hecho de la iniciativa en debate. Segundo, se ha señalado que el Ejecutivo ha optado por un proyecto de privatización del sector -único en el mundo, en Inglaterra-, y que no consideramos la posibilidad de contar con distintas formas de participación del capital privado. Nuevamente, aquí hay un error. El Presidente de la República señaló con toda claridad que en el acceso del capital privado a las empresas de servicios sanitarios existirán distintas modalidades, entre las cuales distinguió dos. La primera es el sistema de concesiones a plazo fijo, en diversas formas, especialmente para el tratamiento de las aguas servidas, porque la experiencia internacional indica que allí es más fácil fiscalizar las inversiones que realiza el sector privado. Al mismo tiempo, señalamos que utilizaríamos el procedimiento de acceso de la inversión privada dentro de la empresa, en la fase de producción y distribución de agua, porque también la experiencia internacional señala que allí es muy difícil fiscalizar las inversiones que se realizan para mantener la capacidad operativa del organismo. En otras palabras, hemos aprendido de la experiencia internacional en esta materia. Se señalaron países que concurrieron a utilizar el sistema de concesiones para la producción y distribución de agua, pero no se indicó que tuvieron muy malos resultados y que, a poco andar, debieron rehacer los contratos con los concesionarios, debido a la dificultad que este sistema plantea para redes subterráneas. Por tanto, no es efectivo que hemos optado por un solo sistema; lo hemos hecho por una variedad de ellos, tratando de especializarnos en aquellos que son más eficientes para las distintas fases de producción y distribución del agua potable. Por otra parte, se ha argumentado que el hecho de constituir 13 empresas regionales con tarifas diferenciadas, atenta contra la unidad nacional. Recuerdo a los señores Senadores que el año pasado, en esta misma Sala, se aprobó un proyecto que establece subsidios diferenciados en su monto y en el número de ellos que se otorgan por regiones, dando cuenta de la diversidad de costos que las distintas regiones tienen para la provisión de servicios de agua potable. En consecuencia, en la iniciativa no está en cuestión si los usuarios pagarán tarifas extraordinariamente distintas o no, sino cuál es el método que usaremos para asegurar que los usuarios de distintas regiones no paguen tarifas desmesuradamente diferentes, en especial los de menores recursos. En la discusión que tuvimos el año pasado sobre esta materia, donde se aprobó unánimemente el proyecto de ley relativo a subsidios al agua potable, creí entender que había consenso en que la mejor manera de suplir los servicios de agua potable y de asegurar, al mismo tiempo, que los consumidores de menores recursos pagaran menos, era incrementando los subsidios y garantizando que las empresas pudieran ser eficientes, a través del cobro del costo de producir y distribuir el agua. El señor HORMAZÁBAL.- El señor Ministro entendió mal. El señor GARCÍA ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).- Admito que puedo haber entendido mal. En todo caso, deseo aclarar que no hay una opinión distinta por parte de quienes supuestamente piensan que los consumidores de menos recursos de las regiones más apartadas deben pagar más, sino que existe una diferencia sobre la forma de proceder. Estimamos que el método más adecuado es que las empresas cobren de acuerdo a sus costos, y que el Estado subsidie a los usuarios más pobres. No vemos ninguna razón para subsidiar el consumo de los grupos de altos ingresos en las Regiones Segunda o Cuarta; sólo justificamos los subsidios para los grupos más pobres. Eso es lo que estamos implementando, y hemos declarado, en el mensaje de la iniciativa en debate, que mantendremos este sistema. Por lo tanto, considero que el proyecto resguarda efectivamente los intereses de los consumidores de menores recursos. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente , ¿podría el señor Ministro indicarme cuál es el porcentaje de chilenos que recibe dicho subsidio? El señor GARCÍA ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).- El 20 por ciento de los que tienen menores recursos, señor Senador. El señor HORMAZÁBAL.- Muchas gracias, señor Ministro. O sea, el 80 por ciento paga efectivamente sus cuentas de agua. El señor GARCÍA ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).- Así es, señor Senador. Es algo que nos parece bastante injusto. Podríamos discutir si es necesario ampliar el subsidio, pero es indudable que subsidiar sólo a las familias que lo requieren es la forma más justa de enfrentar este problema, y no extender esa medida a los chilenos de mayores ingresos. Por último, creo que también hay desinformación en lo referente a las comparaciones con el sector eléctrico, cuyas tarifas se fijan, en efecto, cada cinco años. En el año en curso corresponde hacerlo, pues la última vez que eso sucedió fue en 1991, fecha en que no existían los ADR. Y ellas registraron una baja después del proceso de su fijación. Pero no bajaron las acciones de las empresas. Por el contrario. Si uno observa lo ocurrido en la Bolsa, comprobará que el período de mayor alza en las acciones eléctricas fue, precisamente, el de 1991 a 1993. A nuestro juicio, es perfectamente posible conciliar un incremento en la eficiencia de las empresas -y una mantención de sus niveles de rentabilidad- con la baja en las tarifas. Y los sectores regulados en la economía chilena, en particular el eléctrico, lo demuestran con su experiencia. Estimo que para evaluar este proyecto de ley es conveniente hacer comparaciones con el sector recién mencionado. Porque podemos aprender de experiencias positivas y también debemos aprender de experiencias negativas. Al respecto, cabe tener presente que el Estado ha visto mermada su capacidad de regulación, porque no existe suficiente competencia dentro del sector eléctrico, ni suficiente información para que la entidad reguladora pueda fijar las tarifas. Aprendiendo de esa experiencia, hemos elaborado las normas pertinentes de la iniciativa que nos ocupa, que aumenta muy significativamente las capacidades reguladora y fiscalizadora de la Superintendencia y del Estado; obliga a las empresas a proveer información que hoy no está disponible -ni de acuerdo con la actual Ley de Servicios Sanitarios, ni conforme a la del sector eléctrico-, y define una modalidad de inserción del capital privado que obliga a que operen distintos proveedores de servicios sanitarios, para contar con información que permita establecer lo que el modelo de regulación denomina una empresa eficiente. El Gobierno consideró en detalle la regulación de los sistemas eléctricos y su práctica en los últimos años, para mejorar el sistema que se incorpora en el texto en análisis. Quisiera terminar enfatizando que lo que se encuentra en discusión es cómo se fortalece la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado en el área de servicios sanitarios. A ello dice relación el proyecto de ley en estudio. Y al Gobierno no le cabe ninguna duda de que ésa es la mejor forma -por mi parte, pienso que es la única- de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, independientemente de la propiedad de las empresas. No debiéramos, en ese sentido, distorsionar el debate llevándolo a un terreno distinto de lo que se plantea, cual es fortalecer la capacidad reguladora del Estado, introducir competencia dentro del sector eléctrico y facilitar la información que el regulador y el Estado requieren para proteger adecuadamente los intereses de los consumidores. He dicho. El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente , creo que nadie en esta Sala puede desconocer el rol que ha jugado el Estado en nuestro país. Y no sólo en el ámbito de las empresas sanitarias o de otras prestadoras de servicios, sino -¿por qué no decirlo?- en general, en la formación de la realidad que hoy podemos apreciar, que podemos vivir, y que nos da incluso la fortaleza para avanzar más. De ahí a ver en este proyecto una negación, una pérdida del rol que tiene que jugar el Estado en el bien común, hay bastante diferencia, bastante distancia. Muy por el contrario. De lo que se trata es de que situemos al Estado en el papel que hoy le corresponde. Y ahí obviamente que va a jugar, como procede, el rol que debe asumir para cautelar el bien común de todos los chilenos. Pero no necesariamente para eso tiene que ser propietario de bienes de producción, o, en especial, de las empresas sanitarias. Porque incluso el hecho de que lo sea no garantiza que todos puedan lograr la satisfacción del servicio en forma suficiente y oportuna. Y, realmente, si ello no es así, no es contradictorio buscar el concurso del sector privado. Y no cabe temer el afirmarlo. Es cierto, señor Ministro , que en el proyecto se observan, quizás, dos visiones, o dos objetivos. Por una parte, se plantea lo relativo al marco regulador y fiscalizador. Pero también tiene lugar -seamos francos, y no temamos enfrentar la discusión- la entrada en el proceso de privatizaciones, o de concursos, o de una suerte de entendimiento con el sector privado. Y, en tal sentido, aun cuando se trate de una o dos líneas, o de algún capítulo pequeño, creo que ello es el trasfondo. Por eso, hoy nos hallamos en esta discusión. Y es bueno realizarla y no temerle -al contrario-, a fin de poder buscar una definición que permita que sepamos bien hacia dónde vamos a caminar. Porque ése es el problema. Si me dicen que es posible que en 6 años -o en 25 años, dependiendo del estudio o de la intensidad que se le quiera dar- resolvamos los problemas de los chilenos que hoy no disponen de agua potable, o carecen de servicio de alcantarillado, o cuentan con un deficiente servicio de aguas servidas, ese solo antecedente demuestra, en mi concepción, que no es prudente, por el bien común de todos, seguir esperando, y que es bueno tomar decisiones, como lo ha dicho el Presidente de la República , con resolución y eficacia, en este terreno y en otros. Aquí debemos solucionar los problemas de la gente, sin dogmatismo, y buscar, en definitiva, los caminos que permitan superarlos. Porque, ¡por Dios!, el que un chileno modestísimo o pobre tenga que esperar cuatro o cinco años para acceder a un servicio de agua potable o a servicios sanitarios, en general, es demasiado. Creo que esa situación es horrible. Cuando uno considera, por ejemplo, lo que es el día de un hombre privado de libertad, según se aprecia en obras de Solzhenitsin tales como "Archipiélago Gulag" y "Un día en la vida de Iván Denisovich ", percibe una realidad atroz. Pero ello no sólo se da en ese plano. También es atroz el que una modesta mujer tenga que salir a buscar agua o sufrir, en una casa modestísima, la falta de servicios básicos. Si para resolver lo anterior necesitamos el concurso del sector privado, en buena hora. Busquémoslo. Pero hagamos bien las cosas. Y procedamos en la forma que propone hoy el Gobierno, que señala caminos que estimo acertados. Porque aquí, por ejemplo, no vamos a solucionar la dificultad regalando las empresas sanitarias. Al contrario. Cuando se entre a un proceso de privatización, tengo plena confianza en que las autoridades del Gobierno lo van a hacer bien, en que van a velar por la transparencia y van a licitar las empresas a un justo precio, y en que se van a obtener los recursos necesarios para que el Estado pueda ocuparse en otras actividades. Lo que me parecería absurdo es que por el hecho de mantener las empresas en la propiedad del Estado y cobrar las tarifas actuales tuviéramos que posponer la solución de estos problemas, o bien, que el Gobierno no pudiese enfrentar necesidades más urgentes. Pienso que hoy es mucho mejor para nuestra sociedad, en el grado que nos encontramos, que los chilenos reciban una respuesta apropiada, por ejemplo, en la administración de la justicia, y que no tengamos que lamentarnos al ver informes como los que nos entrega la propia señora Ministra del sector, en el sentido de que sólo 2,58 por ciento de las denuncias por robo concluyen en una sanción judicial. A mi juicio, es mucho mejor que el Estado se preocupe de eso y no de colectores, de agua potable, o de cosas similares. Tales actividades las pueden desarrollar los privados; el Estado las regulará, fiscalizará, y lo hará muy bien. Ello, en definitiva, nos permitirá satisfacer como corresponde las necesidades de la gente. Por eso, el proyecto en debate, realmente, debe contar con apoyo, porque permitirá resolver a tiempo dichos problemas. El país no sólo enfrenta la situación descrita, sino que requiere en los próximos cinco años de más de l3 mil millones de dólares para solucionar problemas de infraestructura, que ya no pueden seguir resolviéndose al ritmo actual. Hoy tenemos la certeza de que vamos a contar con recursos sólo en los sectores de electricidad y de comunicaciones, que -dicho sea de paso- fueron privatizados. Sin embargo, en servicios sanitarios necesitamos más de dos mil millones de dólares, y sólo disponemos de una parte de ellos; en riego, del orden de 250 millones de dólares y no contamos ni con la mitad de ellos; en ferrocarriles, 350 millones de dólares; en aeropuertos, 15O millones de dólares; en puertos, 300 millones de dólares; en vialidad urbana, mil 750 millones de dólares; en vialidad interurbana, tres mil 500 millones de dólares; en transportes, seis mil 50 millones de dólares. Hay que obtener dichos recursos, y es lo que debemos hacer. Estas legislaciones, a mi juicio, van en la dirección que los chilenos requieren. Sin embargo, es preciso resolver sin dogmatismos. Porque, a veces en nuestra historia -y no hace muchos años- todos los anatemas posibles contra el Estado se encuentran con hechos que los desmienten. Por ejemplo, ¿qué habría ocurrido si en Chile no se hubiese estatizado el cobre? ¿Le habría sido posible al Gobierno Militar enfrentar o superar una crisis de proporciones cuando no contaba con recursos para adquirir elementos fundamentales para la defensa nacional? ¡Por cierto que no! Esa decisión fue buena y oportuna, como hoy igualmente lo es, a nuestro juicio, la propuesta. Pero, sin duda alguna, en la resolución que estamos tomando, queremos también cautelar los derechos de la gente, por cuanto la privatización en sí no va a asegurar un buen servicio. Necesitamos una superintendencia que realmente fiscalice, y para ello estimamos que debe contar con los recursos suficientes. Con tal objeto, en la discusión particular, vamos a intentar reponer el proyecto original del Ejecutivo en esa materia. Asimismo, creemos fundamental que la nueva forma de fijación de tarifas sea aprobada, porque la actual deja mucho que desear. De igual modo, deberemos adoptar medidas para evitar la concentración del poder económico en estas empresas, porque vamos a tener que precaver los derechos de la población frente a un monopolio natural. Y me parece bien lo del 35 por ciento. Pero, quizás, son otras decisiones, más de fondo, las que se deben tomar, a fin de impedir que las empresas se concentren en muy pocas manos, porque el sistema tarifario va aparejado a uno de empresa modelo, donde son necesarios los términos de comparación. Todo lo anterior será indispensable. Sin embargo, previamente deberemos avanzar en esta decisión, la cual es básica, a nuestro juicio, para contar con esos servicios conforme a las exigencias actuales y no a las de l980 ó 1988. No vemos razones hoy día para que el Estado los mantenga en su mano. Actualmente, por ejemplo, si como tarifa se cobra la que corresponde de acuerdo con la ley, tiene que haber utilidad. ¿Qué sentido tiene, entonces, que lo haga el Estado si éste va a cobrar lo mismo que un privado? ¿Qué sentido tiene que la asuma el Estado si no hay una función social de por medio? La función social de él en estas empresas o actividades radica en aumentar realmente los subsidios, en incrementarlos: más chilenos, más cantidad. Porque eso es necesario. Esa función va a consistir, por ejemplo, en avanzar con decisión en todo cuanto significan los servicios de agua potable y alcantarillado en el sector rural; o, también, en progresar para tener una mayor preferencia por las regiones extremas, en que tales servicios, dada la escasísima población o, a veces, las fuentes mismas del agua potable, complican demasiado o llevan las cosas a situaciones donde no cabe una respuesta conforme al sistema económico. Allí es donde, a mi juicio, la decisión del Estado debe ser muy fuerte y decidida, para resguardar los intereses de los más pobres, o de quienes estos servicios les significa una complicación. Sin embargo, en el país siempre seguimos modelos. Mucho se ha hablado, por ejemplo, del sistema inglés, respecto del cual todos sabemos que trajo problemas. No queremos que pase lo de Inglaterra. Pues bien, corrijámoslo con un buen marco regulatorio, a fin de que no ocurra lo que se denuncia, esto es, que a los dos años, o al año, las tarifas subieron 200 por ciento por sobre la inflación real del país. Deseamos que esas cosas no sucedan. En tal sentido, creemos que el proyecto, en el marco regulatorio, resguarda y garantiza que vamos por un camino distinto, donde se están sacando conclusiones positivas. Por todo lo anterior, no tengo sino que manifestar mi acuerdo con el proyecto enviado por el Gobierno, a cuyo estudio nos hemos abocado durante este último tiempo en el Senado y del cual hoy día corresponde que nos pronunciemos en general. En la discusión en particular, vamos a reponer aquellas materias que, lamentablemente, por exceso de temor en que el Estado no cumpla adecuadamente una buena función fiscalizadora o reguladora, han sido dejadas de lado. ¡Ya habrá tiempo! Sin embargo, tomaremos una decisión que permitirá regular uno de los servicios básicos para la población, en forma mejor y más segura que la existente. Quiero terminar haciendo un par de reflexiones: de privatizarse los servicios sanitarios en la forma que en el proyecto se señala, deberá hacerse con plena transparencia, con justo precio, porque muchos de los temores o de las aprensiones que existen se originan en que otras privatizaciones no se llevaron a cabo con los debidos resguardos. Sin embargo, nos preocupa la situación de 6 mil empleados del sector. No basta sólo asegurarles que mañana puedan comprar hasta 10 por ciento de las acciones. No me explico lo relativo al límite. Queremos que a futuro en cada privatización que haga el Gobierno se tenga presente a los trabajadores y que no exista en ellos la incertidumbre por un empleo o la inseguridad por el cambio de un sistema previsional. Habrá que tomar en consideración esos intereses, porque, si bien aquéllos corresponden a un sector minoritario, sus intereses son muy legítimos. Y, en cada una de esas transacciones o transferencias, creemos que es de toda justicia tener con ellos la debida correspondencia y atención. Nos anima el interés del país por resolver los problemas de las personas que hoy no cuentan con esos servicios; y que ello se haga en plena armonía y justicia con los trabajadores de esas empresas y, en definitiva, que esto se enmarque dentro de un sistema económico respecto del cual consideramos necesario que continúe afianzándose para resolver las dificultades de todas las personas y permita al país seguir creciendo como lo estamos haciendo. El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias. El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente , diversos señores Senadores que intervinieron en este prolongado debate acerca del régimen jurídico de las empresas sanitarias, han entregado como antecedente -consta en las informaciones propias del proyecto-, las cifras correspondientes a las inversiones necesarias en este ámbito para los próximos años. Así, de aquí al año 2000, en lo que a agua potable y alcantarillado se refiere, con los márgenes absolutamente satisfactorios que en la actualidad tenemos en cobertura y con el desarrollo y crecimiento previsto para ellos, se contempla, según estimaciones oficiales, una inversión de 935 millones de dólares. En los cinco años siguientes -es decir, hasta el 2005-, la inversión necesaria para atender las metas que se ha fijado el Gobierno en el rubro, es de 425 millones de dólares más. En relación con el tratamiento de aguas servidas -donde el nivel de cobertura es bastante menor (estamos con un desafío pendiente que, por lo demás, marca de forma inequívoca la condición de país que todavía no consigue grados razonables de desarrollo, pues es vergonzosa la situación de actual tratamiento o de simple lanzamiento de aguas servidas a los cursos naturales de cualquier tipo)-, los montos que se manejan para la inversión en los próximos cinco años son de 400 millones de dólares, en una primera etapa, y de 450, en una segunda. En consecuencia, tenemos más de 2 mil millones de dólares de inversión previstos para lograr los objetivos que las autoridades del sector se han fijado para los siguientes nueve u ocho y medio años, y no diez, dependiendo del punto inicial. Todo esto, dentro del ámbito de infraestructura pública, para el cual, según hemos conocido, se prevé una inversión de 13 mil millones de dólares hasta el 2000. Aquí surge una primera razón, que es necesario destacar cuando se habla de un proyecto de esta naturaleza. De acuerdo con la manera como estamos organizados, es imposible llevar a cabo lo planteado. El país carece de capacidad financiera para ello, cualquiera que sea el escenario económico, aun el más optimista, con ciclos tan favorables como los que hemos tenido en los últimos diez o doce años. Tampoco se pueden hacer inversiones por los 13 mil millones previstos para el total de la infraestructura necesaria en el país en los próximos cinco años, ni por los más de 2 mil millones en los siguientes diez años para el sector sanitario. Entonces, con proyectos de esta naturaleza, estamos respondiendo con una medida práctica y de estrategia respecto de necesidades que mucha gente considera posible satisfacer con inversiones del sector privado y evitando las estatales. Quiero al respecto hacer una reflexión muy simple: aquí estamos evitando un gasto al Gobierno, de modo tal que, si llegara a tener 13 mil millones de dólares, por una parte, o los más de 2 mil que se necesitan en los próximos 10 años para las sanitarias por la otra, podría destinarlos a la inversión o al gasto de otras actividades de interés social. Esta necesidad de invertir para crecer y para prestar los servicios que la sociedad demanda es reforzada por las sugerencias de ciertos organismos internacionales. Tengo en mi mano una información de prensa con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el que el día 21 de diciembre del año pasado recomendaba a Chile continuar privatizando, ya que había detenido un proceso que era exitoso en su esencia. A su vez, Naciones Unidas destacó que nuestro país era uno de los pocos de la región, donde el proceso del traspaso de empresas al sector privado se había paralizado, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, concretamente en los que son nuestros vecinos. Chile es uno de los pocos países de América que no privatiza empresas, aunque en el pasado actuó como pionero y líder en la materia. En consecuencia, una manera de abordar las necesidades de crecimiento de los chilenos, en el ámbito de las empresas sanitarias, es a través de la privatización. Ésta se fundamenta en diversas razones, las cuales pueden enfrentarse con más o menos ideologismo. No quiero colocarme en ninguno de los dos extremos; pero, por lo menos, debe reconocerse su necesidad. Respecto de la privatización en sí, quiero señalar dos comentarios adicionales. En primer término, el Congreso Nacional se encuentra instalado en una zona donde el funcionamiento de las empresas sanitarias ha constituido, sin duda, un aval para quienes han querido propiciar tal política. No quiero caer en el eslogan de que las empresas públicas, per se, funcionan mal. Simplemente, deseo señalar que no deberíamos gastar tanto tiempo en argumentos sobre la conveniencia de la privatización, si consideramos que la empresa sanitaria de la ciudad sede del Parlamento -hasta ahora- evidencia un manejo que hace innecesaria toda adjetivación y que por ello, desde luego, parece muy necesario considerar sistemas distintos de control. No quiero nombrar al dirigente político -hoy día es Presidente de un partido de la Concertación- que hace algún tiempo señaló que, en el fondo, los directorios de las empresas públicas, y particularmente de las sanitarias, constituyen una suerte de "botín de presa" de los respectivos gobiernos, justificando, de esa manera audaz, las privatizaciones. Respecto al temor de que suban los precios con la privatización, hay suficientes ejemplos, según nuestra propia experiencia. Ya lo decía el señor Ministro de Economía : los precios de la energía eléctrica privatizada, tanto de las empresas productoras como de distribución, han disminuido en términos reales, a diferencia de lo ocurrido en el sector sanitario, al cual se le preparó un cálculo de tarifas similares a los de las empresas eléctricas, si bien, por cierto, de acuerdo con su propia realidad. Por lo demás, en lo relativo a los precios, quiero dejar sentado que dos son los criterios que deben ser aclarados, porque son muchos los ejemplos que a veces uno escucha respecto de la situación de las familias de escasos recursos y del valor que tiene el agua potable. En este sentido, la cuestión que debemos dilucidar es si al país le conviene subsidiar el precio del agua potable, para tratar de beneficiar a quienes tienen menos recursos o si, por el contrario, debe subsidiarse a la persona de menores recursos para pagar su cuenta. La sola consideración de la diferencia de consumo de agua potable entre las familias de mayores y de menores ingresos demuestra que, si se subsidia la producción de aquélla, se beneficia prioritariamente a los sectores de mayores recursos. Es decir, serán las casas con piscina o con grandes jardines -las cuales corresponden ciertamente a las personas de mayores niveles socioeconómicos- las que obtendrán la mayor parte del subsidio, si éste se materializa a través del precio. En consecuencia, en bien de los pobres, soy resuelto partidario de que se cobre lo que valen las cosas y de que se ayude a quienes no tienen recursos, subsidiándolos directamente para que puedan acceder -sin duda, no es necesario explicárselo a quien es ingeniero sanitario- al útil, esencial e imperioso bien de consumo básico para la familia que es el agua potable. Por consiguiente, quiero salir al paso de algunas argumentaciones escuchadas sobre el precio de ese bien y la posibilidad de que su uso se encarezca. Con una política de tarifas adecuada, aun con el perfeccionamiento del sistema vigente respecto a la empresa modelo y creciendo en productividad, no me cabe ninguna duda de que las cosas debieran funcionar para, con el tiempo, reducir las tarifas en términos reales. Lo que sí pido al Estado; lo que, ciertamente, la sociedad puede esperar de él, es una vigorosa fiscalización: no abandonar su papel normativo y no olvidarse, de manera alguna, de los sectores de menores recursos y subsidiarlos en forma directa. En otro orden de materias, comparto el criterio sustentado en las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas, respecto del porcentaje de propiedad de las empresas sanitarias que conservará el Estado. Las experiencias recientes que se han conocido y que han estado en el debate a través de los medios de comunicación muestran que, desde el punto de vista técnico, no hay fundamento para mantener en manos del Estado el 35 por ciento de la propiedad. Comprendo que haya un grado de desconfianza acerca de lo que pueda ocurrir y que se pretenda ejercer cierta vigilancia sobre ellas. Pero, a mi juicio, ésta es más bien una cuestión estratégica, que debiera resolverse por la vía de las funciones de la Superintendencia y de un apropiado, oportuno y completo flujo de informaciones, en lugar de hacerlo conservando un porcentaje de la propiedad. Sin embargo, me parece ingeniosa la fórmula sugerida por las Comisiones unidas, consistente en facultar al Ejecutivo para que tome la decisión de privatizar también, cuando lo estime conveniente, el porcentaje de la propiedad que hoy se propone reservar para el Estado. Por otra parte, el porcentaje que podrán adquirir los trabajadores, que estará limitado al 10 por ciento de las acciones de la respectiva empresa, me parece absolutamente insuficiente. Pienso que debería aumentarse, de modo que ojalá el personal de las empresas sanitarias llegue a controlar un porcentaje mayor de la propiedad de las mismas. En definitiva, en esta materia sería conveniente llegar a una privatización al estilo de la realizada-excúsenme el ejemplo, pero lo menciono porque lo conozco muy de cerca- en la que fue la Compañía Siderúrgica de Huachipato. Hoy la privatización de esta empresa es celosamente cuidada y resguardada por los propios trabajadores, quienes tuvieron acceso a un porcentaje de las acciones, por las cuales han recibido dividendos muy convenientes. Por consiguiente, tanto desde el ángulo económico como de la experiencia, este caso nos permite visualizar el funcionamiento de las empresas sanitarias desde otra perspectiva. A continuación haré una reflexión acerca del destino de los recursos. Aquí se están privatizando empresas públicas, y eso generará ingresos al Estado. La iniciativa plantea la venta de aquéllas, lo cual allegará recursos al erario. Al respecto, expondré dos alternativas, que pido considerar en esta discusión general. En primer lugar, sugiero que el fruto de la venta de las empresas sanitarias se entregue a los Fondos de Desarrollo Regional correspondientes. O sea, que produzcamos una vinculación y una clara identificación de la privatización con las comunidades de todas las regiones, dada la excepcionalísima circunstancia de que existe una empresa sanitaria por Región. El mayor ingreso permitiría financiar obras de beneficio social a través de los respectivos canales de los Gobiernos Regionales. Alternativamente, ésta es mi opción prioritaria. En segundo término, propongo que los recursos provenientes de las privatizaciones se destinen a hacer realidad la idea que circuló en torno de la Comisión Nacional de Modernización de la Educación y de su antecedente, el informe técnico elaborado por la denominada "Comisión Brunner": constituir un Fondo Nacional para la Educación. Pienso que, en la percepción de los chilenos, del pueblo, estas destinaciones alternativas de fondos podrían tener mayor vinculación regional y una razón de ser más justificable. Porque la plata, o se queda en los lugares donde se genera y se convierte en obras en las propias Regiones, o se aporta al sistema educativo y termina beneficiando a todos los chilenos. Pero -¡ojo!-, los diarios de hoy, junto con informar sobre la privatización de la empresa eléctrica Colbún S.A., da cuenta de un programa de mejoramiento de la infraestructura educacional. Pero esto es distinto. Y quiero alertar en tal sentido. No me opongo a esa destinación de los fondos. Y quienes han criticado que con la venta de las empresas públicas se financie por única vez alguna obra tendrían razón si se operara simplemente gastando los recursos pertinentes. Pero la idea de crear el Fondo Nacional para la Educación no significaba gastar el capital, sino los recursos que éste originara. Se trataba de un Fondo basado en lo que la gente del mundo de las finanzas llama "sistema endowment". Es decir, un Fondo que se constituye, se administra y genera recursos que, sin perder el capital, finalmente se invierten en las distintas áreas de carácter social. En consecuencia, si, de acuerdo a lo informado, la empresa eléctrica Colbún se privatizará en 30 a 35 por ciento y este porcentaje se destinará a un programa de mejoramiento de la infraestructura educativa, quizá esto implique apartarse de la creación del Fondo Nacional para la Educación, idea que me gustaría rescatar en esta materia. Adicionalmente, me referiré al mecanismo contemplado en el proyecto para financiar la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Creo que la fijación de una pequeña tasa, de una reducida tarifa, por cada cliente con el propósito de financiar a la Superintendencia y, según se ha dicho aquí, remunerar adecuadamente o pagar excelentes sueldos al personal, con miras a contar con funcionarios del mejor nivel, es una equivocación lamentable. Al respecto, plantearé primero una duda de tipo genérico y en seguida haré un comentario de carácter práctico. Mi duda es si el cobro por cliente o por conexión de agua potable constituye finalmente un tributo. Desde mi perspectiva, por las definiciones que se han dado y que tradicionalmente se han aceptado, no cabe duda de que ese cobro es un impuesto, por constituir un pago sin una contraprestación claramente identificable. Por lo tanto, se estaría gravando con un nuevo impuesto la prestación de este servicio simplemente para financiar al organismo público encargado de controlar o fiscalizar el sistema. La contraprestación no está clara. Porque, en ese plano, la responsabilidad de estos asuntos sigue recayendo en diversos Ministerios, que no pierden competencia en el ámbito del agua potable. Por ejemplo, el de Salud seguirá velando por el bienestar de la población -ignoro en qué medida lo hace actualmente-, pero tendrá que mejorar... El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- ¿Me permite, señor Senador? Hace tres minutos que concluyó su tiempo. El señor CANTUARIAS.- Agradezco su deferencia, señor Presidente. Terminaré de inmediato. El Ministerio de Salud no podrá abandonar sus responsabilidades con relación a la calidad de las aguas. Ahora viene mi comentario de carácter práctico. Los miembros de la Comisión del Adulto Mayor tuvimos oportunidad de trabajar en forma muy estrecha con el señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones. Él nos expresó cómo está organizada la entidad que dirige; cómo obtiene recursos; cómo remunera, de manera distinta, a los profesionales. La tranquilidad de su funcionamiento nos convenció a los integrantes de dicha Comisión sobre los beneficios de esa forma de trabajo. Por eso, estoy pensando en una Superintendencia de Servicios Sanitarios a imagen y semejanza o proximidad de la Superintendencia de AFP más que de otra. Y creo que significaría un retroceso financiar ese órgano contralor mediante una cuota por cada conexión. Señor Presidente , lo que extraño en este tipo de materias es que a veces el debate no queda suficientemente sincerado. Así, mientras para algunos se habla de privatización, para otros se habla de transformación del régimen jurídico que rige a las empresas sanitarias. Es tiempo de que digamos claramente a los chilenos qué queremos hacer. Y, si no creemos en la privatización, al proponer esta clase de proyectos no sostengamos ante unos que posibilita la privatización y neguemos ante otros este hecho, en el afán de quedar bien con toda la gente. Las privatizaciones, como necesidad de bien común, con transparencia en los procedimientos para la transferencia de la propiedad, son una política recomendable. Así la consideran diferentes organismos internacionales; así la estiman muchas personas, e incluso el Gobierno, que envió al Parlamento este proyecto. Pero, entonces, mostrémoslo ante Chile, ante los trabajadores de las empresas sanitarias y ante todo el mundo, con todos sus atributos, fortalezas y debilidades, y no intentemos -repito- hacerlo aparecer frente a algunos como una política, y frente a otros, como una expresión distinta. Sincerar el debate respecto de las empresas sanitarias, de EMPORCHI y de diversas empresas públicas que se pretenda privatizar es una necesidad urgente en esta materia. El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- El Senador señor Ruiz De Giorgio no desea hacer uso de la palabra, porque podría intervenir sólo por cinco minutos. Reglamentariamente, no tenemos ninguna posibilidad, por la sesión especial que viene a continuación, de prorrogar el Orden del Día. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , como el debate seguirá mañana, ¿se mantendrá como está la lista de oradores inscritos? El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).- Sí, señor Senador. Quiero hacer presente que la discusión del proyecto sobre servicios sanitarios continuará luego de despachar una iniciativa que tiene "Discusión Inmediata", la cual se tratará en primer lugar. En consecuencia, queda terminado el Orden del Día. "
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