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El señor ROMERO.-
Señor Presidente , me referiré al menos a dos de los puntos que se han planteado aquí, particularmente a los que hizo alusión el Honorable señor Piñera.
El señor Senador ha dicho que es partidario de la libre localización de las actividades económicas a lo largo y ancho del país. Esto, que en teoría económica parece correcto, no lo es en la práctica, porque si examinamos la realidad de lo que ocurre hoy en Chile, veremos que sucede a la inversa. En efecto, las actividades económicas que contaminan y que no son buenas para la Región Metropolitana son exportadas a las Regiones. Es así como hoy la Quinta Región está recibiendo una verdadera avalancha de industrias contaminantes, de plantas termoeléctricas y de otras actividades, porque Santiago , debido al centralismo, se encuentra saturado.
Entonces, el Honorable colega no puede afirmar que la actividad económica puede establecerse y localizarse en cualquier parte del territorio. Hoy la Capital desea lo mejor para sí y quiere echar de ella y de la Región Metropolitana lo que no le parece bueno para sus habitantes. Lo anterior lo considero extraordinariamente injusto y poco equitativo. Porque resulta que las ciudades puertos deben asumir el costo de ser los receptoras y transmisoras de la carga y de las mercaderías que el país, luego de la apertura comercial, se planteó en torno a lo que debiera ser una correcta política económica. Sin embargo, ahora se pretende dar "libertad" para que las actividades con mejor rendimiento económico puedan establecerse en cualquier lugar.
¿Es justo eso? No me parece. Creo que el país debe desarrollarse en forma equilibrada y armónica. No es razonable que las Regiones estén importando desde la Capital actividades económicas que no son aceptadas en ella, debido a decretos y resoluciones que establecen que se halla saturada. Ésta es una cuestión que nos obliga a efectuar una profunda reflexión.
En teoría económica uno puede sostener muchos argumentos de esta naturaleza, pero no es correcto alterar la realidad de lo que está ocurriendo.
Luego, el Honorable colega habla de los intereses particulares. Deseo preguntarle a qué intereses particulares se refiere. Yo no estoy defendiendo el interés particular de nadie. No tengo actividad alguna que esté relacionada con almacenes o con aduanas. Ésta es una cuestión fundamental. Porque aquí, en forma genérica, se ha dicho que nosotros estamos defendiendo intereses particulares. Ni el Senador que habla ni ninguno de sus socios desarrollan una actividad de esta naturaleza.
Además, quiero señalar que aquí se han dado argumentos razonables, en cuanto a que debemos actuar en términos globales respecto de la actividad aduanera. Y, dentro de esa globalidad, me refiero concretamente a las ciudades puertos, que no son sólo las aledañas al mar, sino también aquellas como Los Andes, en la que prácticamente todo su quehacer está centrado en la actividad aduanera. Y ésta es una cuestión de fondo. En efecto, no voy a convertir a esa ciudad puerto en transgresora, porque los 600 camiones que a veces pasan por ella, que provocan un "shock" tremendo desde el punto de vista social, de la contaminación, etcétera -no me extenderé al respecto-, no pueden medirse en términos de que esa actividad gravosa para la ciudad no sea compensada de un modo equitativo -sobre todo, cuando hablamos de equidad- con una actividad de almacenero, la que, sin duda, hará un poco más llevadera y equitativa esa situación.
Sobre esta materia, creo que estamos llevando el debate a términos muy exagerados y extremos. El Honorable señor Andrés Zaldívar ha dado a conocer los argumentos acerca de los alcances de la indicación. Y me parece razonable que, extendiendo los plazos, exista esta posibilidad respecto a los costos. Asimismo, hay un problema de fiscalización, que no podemos alterar significativamente.
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