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    • rdf:value = " EXENCIÓN TRIBUTARIA A PESCADORES ARTESANALESEl señor DÍEZ ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en Mensaje del Ejecutivo , que exime del Impuesto a la Renta a los pescadores artesanales, con informe de la Comisión de Hacienda. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 53ª, en 18 de abril de 1996. Informe de Comisión: Hacienda, sesión 59ª, en 14 de mayo de 1996. El señor LAGOS ( Prosecretario ).- La Comisión hace presente que, después de analizar el Mensaje y de la exposición del Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos , procedió a aprobar en general el proyecto por tres votos a favor, de los Senadores señores Arturo Frei, Lavandero y Ominami, y una abstención, del Senador señor Piñera. Luego de discutir y votar en particular el asunto, la Comisión resolvió aprobar iniciativa con la sola modificación de sustituir en el inciso primero del artículo 2º la frase "todo el año tributario 1994 y 1995 por la siguiente: "los años tributarios 1994, 1995 y 1996". Además, la Comisión deja constancia que la aprobación de la normativa no producirá desequilibrios presupuestarios ni incidirá negativamente en la economía del país. El proyecto consta de dos artículos y sus objetivos principales son los siguientes: eximir del pago del impuesto a la renta al subsector de pescadores artesanales que se individualiza, y condonar los impuestos, intereses y sanciones a que éstos hubieren podido quedar afectos por dicha situación durante los años tributarios 1994, 1995 y 1996. El señor DÍEZ (Presidente).- En la discusión general, ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero. El señor LAVANDERO .- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, daré un breve informe. El proyecto trata dos materias. La primera es la exención del pago de impuesto a la renta de Primera Categoría y Global Complementario a las personas naturales que se desempeñen como pescadores artesanales, respecto de las utilidades que obtengan en el ejercicio de su actividad, siempre y cuando la realicen personalmente. Ahora bien, el beneficio está limitado no sólo por la condición de que trabajen directamente como pescadores, sino, además, por la de que lo hagan en embarcaciones que no superen las 15 toneladas de capacidad.. Por lo demás, la iniciativa es continuación de otras similares que se han ido aprobando desde 1953, la primera de las cuales fue el decreto con fuerza de ley Nº 208. En consecuencia, lo que se está haciendo mediante el proyecto es prorrogar la vigencia del mencionado DFL, la que se interrumpió por cierto tiempo, produciéndose algunos efectos tributarios que las normas que ahora se proponen tratan de resolver mediante la condonación de impuestos no pagados durante ese lapso. Los pescadores artesanales que podrían acogerse a este beneficio suman 38.977; la cuantía de la exención tributaria es, según la Dirección de Impuestos Internos, de alrededor de 350 mil dólares; y entre el término de la vigencia de la legislación anterior y el comienzo de la que está en trámite, la condonación alcanzaría a unos 2 millones de dólares. El proyecto no produce ningún desequilibrio presupuestario, ya que el Estado no ha percibido hasta la fecha tales ingresos, y, por lo tanto, no los ha considerado ni contabilizado. Para el caso de que quisiéramos contar con los correspondientes recursos, cobrándolos, el señor Director de Impuestos Internos nos ha señalado la enorme dificultad que presentaría tal recaudación. La iniciativa, entonces, tiende evitar una cobranza engorrosa y de difícil realización; y a continuar otorgando un beneficio con que siempre han contado los pescadores artesanales. Por eso, la Comisión recomienda acoger el proyecto. Es cuanto puedo informar, señor Presidente. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Entiendo que ha pedido la palabra el Honorable señor Piñera. El señor HORMAZÁBAL.- La había solicitado yo, señor Presidente ; pero no tengo inconveniente en que intervenga primero mi Honorable colega. El señor PIÑERA.- Gracias, señor Presidente , pero prefiero que hable primero el Senador señor Hormazábal. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Puede hacer uso de la palabra el Senador señor Hormazábal. El señor HORMAZÁBAL .- Señor Presidente, estaba dispuesto a aceptar la preferencia para el Honorable señor Piñera , porque Su Señoría también es miembro de la Comisión de Hacienda. Agradezco el informe que nos ha entregado el señor Presidente de esa Comisión. Hace más de un año, los Senadores señores Páez , José Ruiz , Ruiz-Esquide y el que habla, intentamos resolver un problema que afecta a cerca de 38 mil pescadores artesanales a lo largo del país, acogidos, desde 1953, a un régimen especial de exención tributaria. Como se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, por disposición constitucional, su tramitación debe comenzar en la Cámara de Diputados, tuvimos que acudir al Presidente Frei , quien tuvo la deferencia de hacer suya la petición de los cuatro Senadores. Como lo ha expresado el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Lavandero, el proyecto no genera desequilibrio desde el punto de vista tributario, contiene buena parte de los contenidos que expusimos, tal como se reconoce en el mensaje, y deja pendientes otros. El sentido del decreto con fuerza de ley Nº 208, de 1953, que origina estas normas, fue reconocer la existencia de marginalidad y de dificultades económicas con que desempeñan sus tareas los pescadores artesanales. Recordemos, además, que estos trabajadores son personas naturales que cumplen sus actividades pesqueras extractivas en forma personal, directa y habitual, distribuidos en diferentes categorías: armador artesanal, mariscador, alguero y pescador artesanal propiamente tal. En el proyecto se da cuenta claramente de una de nuestras principales peticiones. Este beneficio fue propuesto primitivamente por diez años por el DFL Nº 208, de 1953; posteriormente fue reconocido, como norma transitoria por diez años más, mediante el artículo 3º transitorio de la ley Nº 15.564, de 1964; por el decreto ley Nº 152, de 1973; y por el artículo 1º de la ley Nº 18.247, de 1983. Llamo la atención sobre el hecho de que han sido distintos Gobiernos, de diferentes sellos y características políticas, los que han otorgado este beneficio al sector de pescadores artesanales. Lamentablemente, en 1993 no fue prorrogada la exención tributaria, lo que motivó la inquietud que nos fue planteada, durante las actividades desplegadas en nuestras Regiones, a los cuatro Senadores que presentamos la idea original. El proyecto gubernativo --del que estamos muy agradecidos-- introduce cambios: la exención, que nosotros propusimos por 10 años, se sugiere, por el momento, por un período de 5 años tributarios; dado que, entre la formulación de la idea original y la fecha en que se inició la tramitación de estas normas ha transcurrido un lapso, el Gobierno, por la vía de la indicación, ha incorporado también el año tributario 1996; y deja pendiente la discusión --que los autores de la idea queremos profundizar con el Gobierno-- de una solución relativa a las actividades prácticas de los pescadores artesanales. En efecto, el artículo 3° de nuestra moción disponía que debía autorizarse al Servicio de Impuestos Internos "para aceptar como origen del capital en la declaración de iniciación de actividades que realicen los pescadores artesanales la autoconstrucción y otras formas de capitalización familiar.". Señor Presidente , particularmente en las visitas que me ha tocado realizar a las caletas de la Región de Coquimbo he notado que el interés y la seriedad con que algunos pescadores y familias enfrentan su difícil situación los lleva a utilizar el ingenio para elaborar o construir muchos de sus implementos de trabajo. Y como nuestro propósito también es regularizar la situación tributaria de todas las personas, tuvimos que considerar que, muchas veces, cuando estos pescadores iban a iniciar las actividades, se encontraban con el problema de señalar el origen del capital, de la embarcación que ellos colocaban, precisamente, como uno de sus bienes en la iniciación de actividades. El Gobierno estima que la amplitud con que Impuestos Internos ha trabajado en este ámbito basta para solucionar el problema. Por nuestra parte, esperaremos a ver qué ocurre en la práctica antes de resolver si a posteriori será necesario insistir en la norma citada en aras de hacer mucho más adecuado el funcionamiento de la actividad de los pescadores artesanales en este ámbito. Por otro lado, quiero llamar la atención sobre el hecho de que la iniciativa es particularmente relevante, por ejemplo, para la Región de Coquimbo, donde de los 38 mil pescadores artesanales que existen en el país hay registrados cerca de 3 mil 500, y donde las condiciones de sequía y emergencia imperantes ameritan el otorgamiento de este nuevo estímulo para que la actividad del pescador artesanal se desarrolle en forma adecuada. Insisto en que, tal como señaló el Presidente de la Comisión de Hacienda , el beneficio solamente se establece para las personas naturales que se dediquen directamente a la actividad. Ello, porque la Ley de Pesca consagra también la designación de "pescador artesanal" para aquellas personas jurídicas integradas por personas naturales que tengan este otro componente. La normativa está dirigida sólo a personas naturales. Y lo que nos propusimos fue focalizar el beneficio en quienes tienen el mayor interés en desarrollar y legalizar en todos los ámbitos su vital y digna actividad, como una manera de dar una nueva señal de estímulo a familias culturalmente vinculadas al desarrollo de nuestras Regiones. Por último, quiero referirme a los efectos tributarios que podría tener el proyecto. Según el informe técnico del Director del Servicio de Impuestos Internos , sólo existiría una posibilidad de devolución de impuestos ya pagados en la Región de Magallanes. Y, en lo personal, creo que no sería malo que los pescadores de esa zona austral, cuya actividad, por la marea roja y otras circunstancias, se ha hecho todavía mucho más difícil, recibieran este beneficio adicional, aunque sea limitado. Por las razones que he indicado, señor Presidente , concluyo agradeciendo al Presidente Frei que haya acogido la iniciativa de los Senadores señores Páez , Ruiz , Ruiz-Esquide y el que habla, que presentamos por indicaciones de la Sala de Senadores democratacristianos. Agradezco, también, a la Comisión de Hacienda que lo ha aprobado, y espero que el Honorable señor Piñera , que se abstuvo pero que tiene también su corazoncito en buena parte de nuestra Región, nos acompañe también con su voto. Los pescadores artesanales se lo agradecerían. He dicho. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Se encuentran inscritos los Honorables señores Piñera, Feliú, Horvath, Andrés Zaldívar, Cantuarias, Díaz y Mc-Intyre. Tiene la palabra el Honorable señor Piñera. El señor PIÑERA.- Señor Presidente , también quiero felicitar al Presidente Frei por reconocer explícitamente las iniciativas de los Parlamentarios, como lo hace en el penúltimo párrafo del mensaje, al dejar meridianamente claro que la propuesta para estos efectos fue hecha por los Senadores señores Páez , Hormazábal , Ruiz y Ruiz-Esquide, señalando, no obstante que, teniendo en consideración el mandato constitucional que establece que la materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ha debido ser presentada como mensaje. En todo caso, me gustaría que fuera consecuente con este criterio, porque en muchas otras ocasiones se han recogido proyectos de Parlamentarios en mensajes del Ejecutivo, sin que se señale reconocimiento alguno. Como entiendo que el Presidente Frei es Presidente de todos los chilenos --y, por lo tanto, de todos los Parlamentarios--, el reconocimiento no solamente debiera ser para los Senadores de su Partido. No obstante, en esta oportunidad no quiero felicitarlo, sino, muy por el contrario, criticarlo por haber acogido una muy mala idea. Y voy a decir por qué. El único fundamento para este proyecto es que reitera algo que se hizo en 1953, en 1963 y en 1973. (Se les olvidó hacerlo en 1993: yo pensaba que era un acierto, pero ahora me doy cuenta de que no fue eso sino, simplemente, un olvido). Pero ¡si los Gobiernos pueden cometer errores uno tras otro! Y el hecho de que muchos hayan cometido un error no es argumento para sostener que por eso deja de ser tal. Ahora, es un error por lo siguiente: el mensaje sólo da dos explicaciones para la iniciativa: primero, que recoge una tradición, y, segundo, que la exención se justifica por "la situación socio-económica marginal" que siempre ha caracterizado al sector pescador artesanal. Y agrega que es "de toda justicia" establecer nuevamente este beneficio tributario. Primera cosa, señor Presidente: en Chile existe un sistema tributario que da exenciones a los pobres, pero lo hace en forma genérica, pareja, sin discriminar, sin marcar con el dedo. Todo chileno cuyo ingreso mensual es inferior a 250 mil pesos está exento de impuestos. Y, por lo tanto, o estos pescadores artesanales tienen entradas superiores, o el proyecto de ley en debate es absolutamente irrelevante. Nosotros hemos propuesto al Gobierno subir el mínimo exento de 10 UTA a 15 UTA, es decir, de 250 mil a 370 mil pesos mensuales. Pero lo más grave de todo es que se afirma graciosamente que estos sectores estarían en condiciones de subsistencia. En lo personal, me abstuve en la Comisión porque necesitaba conocer un antecedente que no estaba disponible: cuáles son los ingresos efectivos de aquéllos. Esto, a fin de darme cuenta si la iniciativa era irrelevante --si es que eran muy bajos-- porque sus potenciales beneficiarios ya estaban exentos, o si, por el contrario --lo que yo sospechaba--, se hallaban sustancialmente por encima del mínimo exento que establece la ley para todos los chilenos, caso en el cual estaríamos instituyendo una exención especial para algunos chilenos. Me costó encontrar la información, pero finalmente la obtuve. Conforme a la estimación del Departamento de Coordinación Pesquera, Subsecretaría de Pesca , sede Valparaíso, el nivel de ingresos del dueño de una embarcación de pesca artesanal asciende a 450 mil pesos mensuales, aproximadamente. Por lo tanto, no me sorprendió que existiera un interés real por este proyecto, ya que hoy no están exentos del impuesto a la renta. La pregunta que me hago de inmediato es la siguiente: ¿por qué vamos a entregar este beneficio a un grupo de chilenos (37 mil), muy buenas personas, con cuatro grandes abogados, como los Senadores señores Hormazábal , Ruiz , Ruiz-Esquide y Páez? ¿Y qué pasa con el resto de los chilenos, que no cuenta con tan buenos abogados? ¿Tiene que pagar la culpa de tener malos abogados? ¿Por qué vamos a entregar una exención a un grupo de chilenos porque cuatro señores Senadores estiman que se lo merecen, en circunstancias de que la esencia del sistema tributario es que debe ser parejo, no discriminatorio, para que realmente haya justicia, como dice el Presidente de la República en su mensaje? Señor Presidente , aquí no solamente hay una discriminación tributaria. Considero que la iniciativa entra en conflicto con el número 22° del artículo 19 de la Constitución. Pero, como esa materia la maneja mucho mejor la Honorable señora Feliú , no me voy a extender en este punto, en el entendido de que ella lo hará. Quiero extenderme, sí, en los argumentos económicos. En primer lugar, el sector pesquero artesanal, contra el cual no tengo absolutamente nada, ya cuenta con una serie de privilegios que otros sectores de pobreza del país no tienen. Por ejemplo, la exclusividad de las 5 millas, la exclusividad de las aguas interiores. En seguida, si la razón es de pobreza, ¿por qué no dar una exención tributaria a toda La Pintana, cuyo ingreso promedio es de 98 mil pesos, o sea, menos de la cuarta parte que el de este subsector? Tal vez porque los Senadores por La Pintana no son lo suficientemente hábiles, tal vez porque no son lo suficientemente amigos del Presidente , tal vez porque no son lo suficientemente convincentes. Pero algo ocurre cuando en el Senado se aprueba un proyecto de ley que introduce una discriminación, sin que haya una sola mención, en todo el informe de la Comisión de Hacienda, al nivel de ingresos de los sectores beneficiados... El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite una breve interrupción, Honorable colega? El señor PIÑERA.- Por supuesto. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal. El señor HORMAZÁBAL .- Señor Presidente, respetando el legítimo derecho del Honorable señor Piñera a discrepar --y no quiero interrumpir el fondo de su argumentación-- pero con el propósito de que no cometa errores, porque es muy inteligente, me gustaría que leyera la página número 3 del informe que suscribió, donde advertirá que hay un antecedente dado por Impuestos Internos que señala que el 95 por ciento de los pescadores artesanales obtiene rentas inferiores a las 10 UTA, a las cuales aludió el señor Senador. Entonces, no quiero interrumpir su alegato respecto de los otros sectores, porque me conmueve. Simplemente, deseo evitar que cometa un error de ese tipo leyendo la página antes mencionada. El señor PIÑERA.- En la pesca artesanal debemos hacer un distingo entre quienes son los dueños de las embarcaciones y los tripulantes. Lo sostenido por el Senador señor Hormazábal dice relación con estos últimos, que ya se encuentran exentos del pago de impuestos. Por lo tanto, como el 95 por ciento de los pescadores artesanales goza de la exención, al igual que los que obtienen rentas inferiores a 10 UTA, el objetivo de la iniciativa no apunta a otorgar dos exenciones sobre la misma materia a quien ya las tiene, sino a dárselas a quienes carecen de ellas, que son, precisamente, los que acabo de señalar, con un ingreso mensual promedio, de acuerdo --repito-- a un estudio del Departamento de Coordinación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca de Valparaíso, del orden de los 450 mil pesos. Por lo tanto, señor Presidente , es muy sencillo: si ya están liberados de esa obligación, cuál es el objeto de la iniciativa. Y si no lo están, por qué les damos una exención especial a algunos, y no a todos los chilenos. Por qué no subimos el mínimo de exención hasta el nivel que consideremos razonable para que los chilenos no paguen impuestos. Por ello, me parece que la observación del Senador señor Hormazábal no contradice en nada mi razonamiento. Hay otros argumentos sobre esta materia que me parecen importantes. Estamos introduciendo una discriminación en el sistema de asignación de recursos. Si nosotros liberamos de la obligación de pagar tributos a un sector, y otro con mayores o iguales niveles de pobreza sí los paga, vamos a alterar la asignación de recursos, los que van a fluir hacia determinados sectores, no porque tengan ventajas comparativas, rentabilidades y produzcan riquezas, sino porque están con una exención artificial. Por lo tanto, además de este argumento de justicia, creo que estamos introduciendo un principio de distorsión en una asignación de recursos eficiente. Haré una predicción, señor Presidente . De aprobarse la iniciativa, a continuación vendrán muchas otras personas del sector pesquero a preguntar por qué no tienen acceso a la misma dispensa tributaria de los primeros. Cuando aprobamos, por ejemplo, el convenio para las postas de urgencias, de inmediato el argumento básico de la segunda petición fue, simplemente, por qué discriminamos. Por estas razones, porque se está produciendo una distorsión injustificada en la asignación de recursos del país; porque, si queremos proteger a los pobres, desde el punto de vista de la equidad, debemos subir el mínimo de exención para todos los chilenos, y no solamente para algunos; y, finalmente, considero que el proyecto no debiera aprobarse, porque al discriminar rompe con el número 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ayer discutíamos el salario mínimo, cuyo monto es de 65 mil pesos. Me parece absurdo pensar que este ingreso deba tener dicho monto y que, simultáneamente, una persona que puede contar con rentas por 450 mil pesos esté exenta de pagar tributos. Esto no tiene ningún tope. La única restricción, como señala la iniciativa, es que sea pescador artesanal y que su embarcación tenga una capacidad inferior a las 15 toneladas. Eso puede generar un ingreso cualquiera, y no existe ningún límite de hasta dónde llega la exención de impuestos, lo cual refleja claramente que esta materia no es del interés de aquel 95 por ciento que ya se encuentra exento y al que, por ello, el proyecto en debate "no le va ni le viene" A mi juicio, son otros los intereses que están en juego. Creo que es correcto considerar este tipo de beneficios, pero en forma pareja para todos los chilenos y, especialmente, para quienes se hallan en mayor situación de pobreza. Termino señalando que la definición de "pescador artesanal" contemplada en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que sirvió de base para la exención dictada en el decreto con fuerza de ley de 1953, es muy distinta a la del cuerpo legal vigente. En consecuencia, estamos entregando el mismo beneficio a grupos distintos, porque las denominaciones han cambiado. Por estas razones, y porque la iniciativa no se justifica desde el punto de vista de la eficiencia ni desde el de la equidad, solicito a la Sala que la rechace, y al Ejecutivo , que eleve el límite mínimo exento de impuestos a la cifra que el Presidente de la República y el Parlamento consideren conveniente, no sólo para los pescadores artesanales --amigos de los cuatro señores Senadores ya mencionados--, sino también para todos los chilenos. He dicho. El señor RUIZ (don José).- ¡Otros son amigos de los bancos, señor Senador! El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra la Senadora señora Feliú. La señora FELIÚ.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa es --me atrevería a calificarlo así-- insólito. La iniciativa en análisis establece dos normas distintas. Una relativa a la exención de pago de impuesto a la renta de primera categoría y global complementario por el término de años que indica --me parece que son cinco--, y otra que condona, con efecto retroactivo, los impuestos de esta misma clase (primera categoría y global complementario) que han sido devengados en beneficio del Fisco y no han sido pagados. Se ha planteado que la iniciativa beneficia a 38 mil pescadores artesanales. No me queda claro si tal cantidad corresponde a quienes se hallan en la línea de las personas que deben pagar impuestos. Presumo que sí, porque la iniciativa afecta a ese grupo. Es decir, a quienes, teniendo ingresos superiores a aquellos que según la ley están exentos de tributos, se encuentran afectos a la obligación de pagar impuesto a la renta de primera categoría y global complementario. A mi entender, no se explica por qué se propone la iniciativa y por qué debería aprobarse. ¿Es acaso porque resulta difícil cobrar a los pescadores artesanales? ¿Porque es difícil demostrar cuánto ganan? ¿O porque sus ingresos son bajos? Si así fuere, no cabe duda de que el proyecto debiera contemplar a todas las personas que se hallan en iguales condiciones y respecto de las cuales el Poder Ejecutivo , que tiene la iniciativa exclusiva para proponer este tipo de proyectos, considera que es poco lo que ganan y, en consecuencia, es injusto cobrarles impuestos. Pero, por otras argumentaciones escuchadas, más bien pareciera que ello se debe a que esto ha sido tradicional, y porque resultaría difícil demostrar cuánto ganan. Existen muchos sectores donde resulta complicado demostrar sus ganancias; por ejemplo, el de las ferias libres. Sin embargo, nadie ha propuesto que se le condone el pago de impuestos, o que se los exima de ellos. Como fuente madre de esta exención de impuestos se ha citado el DFL 208, de 1953. Deseo recordar a los señores Senadores que en 1953 el esquema económico del país era otro, y que para el pago de impuestos había exenciones no sólo para los pescadores artesanales, sino que existían muchísimas otras --junto con franquicias y sobretasas-- en beneficio de determinadas actividades. Ese puzzle tributario, en el cual no estaban focalizadas las necesidades de los pobres --más bien, los grupos de presión eran los que se veían mejorados--, fue el que se alteró en el esquema económico que nos rige actualmente. Por eso, el texto del número 22º del artículo 19 de la Constitución Política del Estado --que, a mi juicio, se infringe con esta iniciativa-- es parte de un conjunto de normas jurídicas que se propusieron en la Constitución de 1980 --aún vigentes--, y que estaban comprendidas dentro de un concepto global de orden público-económico. Son muchas las disposiciones que apuntan al mismo fin. Se incluyeron en la Carta Fundamental precisamente para que frenaran al Legislativo cuando quisiera aprobar normas que establecieran franquicias tan excepcionales como las que ahora se proponen. ¿Qué establece el número 22º del artículo 19 de la Constitución? Lo siguiente: "La Constitución asegura a todas las personas: "22.º La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. "Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica,", etcétera. No existe duda de que este proyecto de ley denota tal discriminación, porque no se aclara por qué esta franquicia será válida para los pescadores artesanales, y no para los comerciantes de ferias libres, para las personas que arreglan calzado, para los lustrabotas, etcétera. Si el parámetro está dado por el nivel de ingresos, entonces es válido para todas las personas que desarrollan cualquier actividad económica en este país. Además, la norma constitucional estatuye que, respecto de este tipo de discriminaciones, se debe establecer la estimación del costo, el que debe incluirse en la Ley de Presupuestos. Reclamo que el informe del Ministerio de Hacienda no contiene dicho monto. Las rentas que indica para las personas que desarrollan esta actividad no corresponden a la realidad, porque ellas no dan lugar al pago de impuestos. Pero las señaladas por el Senador señor Piñera sí dan lugar a dicho pago. En consecuencia, el informe del Ministerio de Hacienda está incompleto y no es fuente suficiente que sirva para aprobar la iniciativa en debate. Este proyecto me recuerda los dichos de un Premio Nobel de Economía, quien expresaba que todas las personas tienen derecho a ser generosas, pero --agregaba-- con recursos propios. No se puede ser generoso con los recursos del Estado ni con el IVA que pagan los profesores ni con la enorme cantidad de personas que paga impuestos, todos los cuales son afectados por esta medida de utilizar los aportes que hacen a franquicias como la propuesta. Ello carece de justificación, sobre la base de una eventual relación con la actividad económica, la cual no debe causar distingos en el pago de los tributos. El Honorable señor Hormazábal hizo presente la conveniencia de una norma que autorizara a Impuestos Internos a blanquear el origen de bienes; o sea, regularizar la situación de las personas que los han adquirido con recursos provenientes de su actividad y que no pagaron impuestos en su oportunidad, debiendo hacerlo. Si los bienes se compraron cuando dicha actividad estaba exenta de gravámenes --la franquicia duró hasta 1993--, ellos, por lo tanto, fueron bien adquiridos, sin que se requiera de ninguna norma especial para un eventual blanqueo. Por todas estas consideraciones, señor Presidente , voy a votar en contra del proyecto, pues su objetivo constituye una discriminación arbitraria que carece de fundamentos y que en tal perspectiva violenta el número 22 del artículo 19 de la Constitución Política. Señor Presidente , a mi juicio, el Ministerio de Hacienda debió incluir en su informe una información sobre el monto que dice que dejaría de percibir el Fisco por el establecimiento de la franquicia que se está estableciendo, obligación que tiene hacia los futuros ejercicios financieros en la Ley de Presupuestos, precisamente con el objeto de que las personas que pagan impuestos puedan ver lo que algunos privilegiados dejan de tributar por normas de esta naturaleza. El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).- Está inscrito a continuación el Honorable señor Horvath. El señor HORVATH.- En primer lugar, estimo que para pronunciarse respecto a esta proyecto, debiéramos tener más información, por ejemplo acerca de quiénes son los pescadores artesanales, cuáles son sus condiciones laborales y si hay algunos --como aquí se ha planteado-- que merecen el beneficio y si otros deben quedar en el régimen general. Según se ha señalado, los pescadores artesanales tienen por ley tuición total sobre las cinco millas medidas desde las líneas de base recta de nuestras costas y también sobre las aguas interiores de la zona austral, desde Puerto Montt al sur, la cual no es nada de despreciable, y es nueve veces superior al área reservada para ellos entre Puerto Montt y Arica. Es efectivo que gran número de pescadores artesanales tiene problemas sociales y económicos, derivados del agotamiento de los recursos, de la marea roja, de la contaminación del litoral, de la falta de acceso al borde costero, etcétera. En esta materia es conveniente que los antecedentes del caso sean lo más transparentes posible, porque en este momento la condición de pescador artesanal se vulnera a través de terceros, entre los cuales están los armadores que habilitan a otras personas para desarrollar la actividad de pesca. En definitiva, no está claro si el beneficiario va a ser verdaderamente el que socialmente lo amerite. De hecho hemos sido testigos de que algunos pescadores artesanales han potenciado sus naves y operan como industriales. Además han empezado a competir entre ellos, lo que no sólo crea un problema social, sino que arriesga su base de sustento, que es el recurso mismo. Por otro lado, debe tenerse presente que cuando se focaliza un determinado beneficio social, es justamente con el fin de que las personas no sufran un deterioro en su calidad de vida, que agrave aún más --como en este caso-- su condición de pescadores artesanales o a otro sector social. Por otro lado, también debe tenerse cuidado de que las medidas que se adopten no afecten la sana movilidad social y que el sector que recibe el incentivo mantenga siempre la calidad de pobre, cuando la idea es de que tenga las herramientas necesarias para surgir por sí mismo. Creo contar con antecedentes para suponer que habría mecanismos más eficientes para lograr el objetivo buscado; por ejemplo agilizar el Fondo de Fomento para el Pescador Artesanal, creado en la ley; o aplicar impuestos a las personas del sector que, sin condición de discriminación, puedan pagarlos. Todo ello serviría para aplicar la misma línea de similitud tributaria que a otros sectores de nuestra sociedad, como los feriantes, los pequeños agricultores, los pequeños mineros, los pirquineros, etcétera. Por lo tanto, a fin de que el Senado pueda contar con los antecedentes del caso y de que el beneficio sea realmente justo y bien focalizado hacia el futuro, me permito sugerir que el proyecto se envíe a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; que ésta conozca la información de la Subsecretaría de Pesca, y que, una vez que se tengan todos los antecedentes, la Sala se pronuncie. El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).- Está inscrito a continuación el Honorable señor Andrés Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .- Señor Presidente , se ha sostenido que estaríamos dando un beneficio extraordinario y, a lo mejor, exagerado. Incluso se ha calificado a los pescadores artesanales como privilegiados. Se ha dicho también que tal sector no merecería nuestra atención y que el debate del tema no se justifica, porque desde 1953 ellos han tenido un tratamiento de excepción. Efectivamente con el decreto ley Nº 208 y hasta la ley Nº 18.247 --que venció en 1994-- los pescadores artesanales estuvieron exentos del pago de impuestos. Y cada Gobierno ha legislado sobre la materia, en el convencimiento de que tal sector requiere de un tratamiento necesario. Reconozco el error cometido de no haber planteado la situación real al Ejecutivo. Entiendo que el Gobierno proponga que la prórroga sea por cinco años. El sector de pescadores artesanales no es privilegiado. Se trata de gente con ingresos económicos inferiores. Como muy bien lo precisó Impuestos Internos en la Comisión, el 95 por ciento de ellos no supera una renta equivalente a diez unidades tributarias mensuales. Cuando en el Senado hemos discutido otros tipo de exenciones o rebajas de impuestos para sectores con más ingresos que los pescadores artesanales, como los beneficiados con el artículo 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta donde sí se otorgan beneficios importantes, no vi tanta pasión en el Honorable señor Piñera para oponerse a ello. Yo no critico ese beneficio, porque se da por alguna razón económica; pero no justifico la pasión por impedir la solución de un problema que inclusive tiene arrastre. Si no lo resolvemos, Impuestos Internos se verá obligado a girar impuestos con efecto retroactivo a esos 40 mil pescadores artesanales, los cuales estaban convencidos de que su sistema no sufriría modificación. Es decir, si no aprobamos este proyecto de ley, los obligaríamos a llevar contabilidad, a hacer declaraciones de todo tipo, etcétera, lo cual no han hecho nunca. ¿Queremos hipotéticamente --como afirmaron representantes de Impuestos Internos en la Comisión-- que se cobre con efecto retroactivo una suma del orden de 2 millones de dólares? A mi juicio, debe buscarse una solución que sea aplicable en el transcurso del tiempo. Creo que en ese sentido son razonables las observaciones hechas, en cuanto a que no es necesaria una exención plena de tributación, como la da el artículo 39 de la Ley de la Renta a los intereses que devengan los bonos o depósitos en determinadas condiciones, o las exenciones al Impuesto Global Complementario, para contribuyentes con mucho más ingresos que los pescadores artesanales. También podría aplicarse el sistema de renta presunta que rige para los agricultores con rentas bajas, pero, en todo caso, superiores a la de los pescadores. Nosotros ya hemos legislado sobre el particular. Yo he sido partidario de un sistema de renta presunta. Tal vez podríamos incluirlos en las disposiciones de los artículos 22 y siguientes de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con lo que se denomina "la tributación de los pequeños contribuyentes", con un sistema simplificado y muy fácil, cuyo impuesto fluctúa entre una o dos unidades tributarias anuales, pagadas al obtener la patente o el permiso municipal correspondiente. Debiéramos establecer lo mismo que rige para los pequeños mineros: un mecanismo relacionado con la magnitud de sus ventas; y pedir al Ejecutivo que, antes de que venza la nueva ley que se dicte, que es de excepción, se proceda en ese sentido. Tenemos que proporcionar hoy día una solución a dicho sector. Si rechazáramos el proyecto, habría que aplicarles el Impuesto a la Renta, y todo lo que ello significa en intereses y multas, desde l993 hasta la fecha. Porque, si no son capaces de acreditar que percibieron menos de diez unidades tributarias anuales de ingresos, deberían tributar. Y como no podrán comprobarlo, porque no llevan libros de contabilidad y no los favorece ningún sistema de excepción, se les aplicarán las normas generales de ese gravamen, por lo cual tendrán que contratar contadores y abogados para su defensa ante Impuestos Internos. En mi concepto, aquí hay involucrado un problema práctico, de praxis, al que debemos encontrar un solución que no puede ser otra que la aprobación del proyecto. Por otra parte, podríamos preguntarnos a qué se debe el efecto retroactivo a que se refiere el artículo 2º y su significado con relación a la devolución de los pagos indebidos que se hubieran hecho. Según la información de que dispongo, tiene atinencia con dos o tres casos que afectan a pescadores artesanales de Punta Arenas. Pero tal hecho no reviste mayor importancia. Por tales razones, debemos esforzarnos denodadamente en resolver el problema, pues, si pretendemos hablar de discriminaciones y privilegios en materia tributaria, habría mucho paño que cortar, y podríamos poner pasión en uno u otro sentido. Sin embargo, no creo que sea el punto principal. Hoy día éste consiste en ver cómo solucionar el problema a los 40 mil pescadores artesanales. Podrá darse lo señalado por el Senador Piñera respecto de sus mayores o menores ingresos. No lo sé, pero es necesario adoptar las medidas que permitan poner fin a esta situación, en un tiempo determinado, y aplicarles un sistema tributario como el que rige para todos los pequeños contribuyentes, de acuerdo con las normas del artículo 22, y siguientes, de la Ley de Impuesto a la Renta. En él se les fija un impuesto único, se los libera de la obligación de llevar libros de contabilidad y se establece un sistema fácil de pago, el cual se efectúa en el momento de obtener el permiso o la patente correspondiente. En tal sentido, pido oficiar al Servicio de Impuestos Internos --en mi nombre, al menos-- a fin de que, aun en el caso de ser aprobado este proyecto, se comience de inmediato el estudio de una normativa legal que permita a este sector contar con un tratamiento equivalente al de agrupaciones similares. El señor DÍEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias. El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente , estamos analizando una propuesta legislativa de excepción para eximir del pago de impuestos a un conjunto de chilenos que son los pescadores artesanales. Los autores de ella --fue iniciada en Mensaje-- han precisado quiénes tuvieron la idea. Digo lo anterior, a fin de que posteriormente la historia y, sobre todo, los electores, hagan justicia respecto de los que han manifestado preocupación y sensibilidad en la materia. El Mensaje fundamenta la iniciativa en el innegable peso y valor de las tradiciones y la historia. Como se ha señalado, la norma de excepción tuvo su origen el año l953, con la dictación del decreto con fuerza de ley Nº 208, sobre la base --curioso para una norma de tal naturaleza-- de la situación socio-económica marginal que ha caracterizado al sector pesquero artesanal en Chile. Digamos al respecto que por lo menos la iniciativa y sensibilidad que han exhibido sus autores --que obtuvieron del Ejecutivo el patrocinio correspondiente-- fueron bastante tardías, porque el mecanismo ideado había terminado en 1993, y correspondía el pago de impuestos desde 1994, por lo cual su aplicación debería ser con efecto retroactivo. El problema de fondo con relación a la materia tributaria lo constituye el patrocinio frente a determinadas iniciativas. El criterio seguido sobre el particular ya lo comentamos en otras oportunidades. Y en un breve resumen --en modo alguno pretende ser exhaustivo-- de las iniciativas que han contado con el patrocinio del Ejecutivo y que fueron propuestas por diversos Parlamentarios, quiero recordar las que siguen: la referente a los mecanismos tributarios para las Comunas de Primavera y Porvenir; la relacionada con la asignación especial de recursos para algunas comunas de la Región Metropolitana; la que fijó un régimen especial para Arica y Parinacota, el cual, dada la premura con que fue despachado, hoy se encuentra en una etapa de modificación para que funcione adecuadamente, y la que destinaba parte de los tributos de extracción de petróleo a los fondos regionales de la Duodécima Región --se está hablando estos días de un plan especial para Palena, con incentivos de esa naturaleza--, todas las cuales, en su oportunidad, contaron en la Sala con los votos favorables de los Senadores de estas bancas. Quiero hacer especial énfasis e hincapié en que los criterios para patrocinar ciertas iniciativas --que han evidenciado los dos últimos Gobiernos para acoger y respaldar y, en el fondo, hacer suyas las propuestas planteadas por algunos señores Senadores-- no han tenido carácter general respecto de los problemas que afectan a las regiones ni han recogido las proposiciones formuladas por otros señores Senadores. De esa manera, los incentivos tributarios para la zona del carbón --sugeridos latamente y que fueron materia de un acuerdo de la unanimidad del Senado-- no ha contado con el patrocinio del Ejecutivo ; tampoco los subsidios a la contratación de mano de obra, como los existentes en las zonas extremas del país --cuyos montos fueron aumentados, a la vez que se perfeccionó su funcionamiento--, han sido posibles en la zona carbonífera de la Octava Región. También ha carecido del patrocinio oficial la iniciativa que destina al Fondo Regional de la Octava Región 25 por ciento de los recursos obtenidos por el impuesto específico a los combustibles, que se recauda en dos refinerías, una de las cuales es PETROX; y en el mismo caso se encuentra el proyecto destinado a crear un ente de administración de la hoya hidrográfica del río Biobío. El que propone regular de manera genérica y transferir a los gobiernos regionales la decisión sobre la instalación de casinos de juego --hay varios proyectos en ese sentido pendientes en el Senado-- no ha contado igualmente con el patrocinio del Gobierno. He citado sólo algunas de las iniciativas que no lograron ese apoyo. Repito que el tema de fondo se refiere a que los criterios para patrocinar iniciativas de ley son arbitrarios o discrecionales. No es difícil distinguir o visualizar que hay proximidades, afinidades u otro tipo de compromisos que vinculan más estrechamente al Presidente de la República con algunos Parlamentarios y no con otros. Porque, salvo esa razón, no diviso otra que explique el que se dé apoyo a ciertas iniciativas y no a otras. No se considera, por ejemplo, que la Octava Región del Biobío --que represento ante el Senado-- exhibe el más alto nivel de pobreza de entre todas sus congéneres del país, como lo demuestran las cifras oficiales que el propio Gobierno maneja. Un 40,9 por ciento de los habitantes de esa región se encuentra bajo la denominada línea de pobreza, lo que significa que más de 750 mil compatriotas viven allí en difíciles condiciones. Ese porcentaje no se da en ninguna otra zona del país, ni siquiera en las que han sido favorecidas con legislaciones excepcionales y que han tenido el patrocinio necesario. Adicionalmente, según informaciones oficiales de que dispongo, la Región del Biobío, desde diciembre de 1991 hasta estos momentos, ha ocupado el primero o el segundo lugar en los índices de desempleo. ¡Más de cincuenta meses lleva esa región en situación de desempleo! Quizá es la explicación para los problemas de pobreza que antes comentaba y que no permitió a las autoridades pertinentes patrocinar las iniciativas que entregamos al primer Gobierno de la Concertación y, al poco tiempo de asumir, al Presidente Frei (lo hice personalmente, en una audiencia que tuvo la gentileza de concederme en mayo de 1994). Me quejo, entonces, y hago presente que se han patrocinado iniciativas de ley que no están vinculadas a las necesidades sociales de aquellos a quienes se pretende beneficiar y que tal vez son bastante más chatas y miopes en sus objetivos y se afincan en otros intereses, en compromisos que, ciertamente, no abren una esperanza concreta a la gente de mi Región. La caracterización socioeconómica del sector, que reúne a 38 mil 977 pescadores artesanales en nuestro país, motiva que en la Región del Biobío estén registrados aproximadamente 12 mil, muchos de los cuales viven en situación de pobreza. Pero constituye una equivocación mayúscula pensar que todos se hallan en esa condición, y por ende, exceptuarlos en conjunto del pago del impuesto de primera categoría y global complementario, con la única condición de que tengan naves con capacidad de hasta 15 toneladas de registro bruto. Por lo demás, tal definición no es acorde con la de pescador artesanal que consignamos en la Ley de Pesca. Esto provocará problemas en la aplicación de la norma, porque, como está redactada, no aparece claro que se trata de una sola embarcación. De manera que el pescador artesanal --como se halla definido en la citada Ley y como lo permite el Registro Nacional de Pescadores -- puede tener 6, 10 ó 25 embarcaciones que, siendo cada una menor de 15 toneladas de registro bruto, le permitirán ampararse en la disposición en análisis. Ciertamente, estamos hablando de un grupo objetivo, distinto de aquel al cual quería beneficiar la sensibilidad de los señores Senadores que tuvieron la fortuna de convencer al Ejecutivo para que patrocinara esta iniciativa. En definitiva, señor Presidente , yo aprobaría este proyecto de ley de excepción como un mecanismo de estímulo para que los pescadores artesanales dejen la condición socioeconómica marginal que en él se les supone. Quizá no haya más remedio, considerando que éste es el tercer año tributario en que debían haber tributado y no lo han hecho. Y tal vez debamos pensar, entonces, en cuál es la estructura tributaria que fomente y permita a las personas abandonar la condición socioeconómica marginal que a veces las caracteriza o con la cual simplemente se las etiqueta, para que puedan hacer uso pleno de todos los beneficios, derechos y estímulos que la legislación general contempla tanto para ellas cuanto para otros sectores sociales que, por lo menos en mi Región, están bastante bien determinados. Votaré a favor de la iniciativa, porque no me opondría a un beneficio de esta naturaleza para un grupo de aquellos que serán favorecidos. Pero debo hacer constar que hay criterios de patrocinio de iniciativas que me parecen profundamente equivocados. Tampoco puedo dejar de señalar que quizá el Senado no tiene otro camino que aprobar el proyecto, porque de lo contrario se abrirá la instancia de ejecutar a contribuyentes que no pagaron los tributos respectivos simplemente porque alguien les prometió que vendría este proyecto, promesa que, desgraciadamente, se está cumpliendo tres años después del momento adecuado para planificar en debida forma sus actividades. Es mala la señal que emitimos; pésima en cuanto a los problemas sociales y a cómo se abordan. Pero quizás no hay más remedio que aprobar lo propuesto, con el objeto de sanear una situación que de lo contrario significará para un conjunto de chilenos (como dije, 12 mil de ellos, más o menos, pertenecen a mi Región) quedar en la indefensión por el incumplimiento de una promesa que alguien les hizo. He dicho. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz. A continuación están inscritos los Senadores señores Mc-Intyre, Adolfo Zaldívar, Otero, Ruiz-Esquide, Ruiz De Giorgio y Fernández. El señor DÍAZ .- Señor Presidente, para hablar de la situación de los pescadores artesanales hay que conocer el problema en el terreno mismo. Respeto mucho la posición de algunos Honorables Senadores; sin embargo, intervienen basados exclusivamente en la teoría. Obviamente --que yo sepa--, no hay pescadores artesanales en el río Mapocho, por ejemplo; pero sí los hay en toda la costa de la Sexta Región. No es una cuestión teórica. Hay que vivirla. Los pescadores artesanales no luchan solamente contra la naturaleza, sino también contra la prepotencia humana y su agresión. Estimo pertinente al tema en discusión recordar que la semana pasada denuncié serias irregularidades cometidas en los fundos Panilonco y Las Cruces, donde se han corrido las cercas y efectuado tronaduras en el roquerío de la costa. Tal denuncia responde a una solicitud que me hizo la Federación de Pescadores Artesanales de la Sexta Región, que preside don Genaro Guerrero (hay firmas responsables en el documento pertinente). Además, ella se ha confirmado con filmaciones, fotografías, cartuchos de dinamita y mechas encontradas en los lugares mencionados hace sólo seis días. DIRECTEMAR, ante mi petición, se hizo presente en el escenario de los acontecimientos, y en los próximos días emitirá un informe. Señor Presidente , al denunciar estos hechos no di el nombre del dueño de los fundos Panilonco y Las Cruces, porque no interesa a los señores Senadores; tampoco a los pescadores artesanales, ni menos a mí. Así que no se trata de un ataque personal, sino de la denuncia de una situación irregular, cuya corrección hemos solicitado a las autoridades pertinentes. He visto muy de cerca --porque he vivido de alguna manera con ellos-- a los pescadores artesanales. Y este proyecto de ley, indiscutiblemente, es discriminatorio, pero con un sector muy vapuleado por la naturaleza y por los hombres. No sólo no se respetan las 5 millas --porque no hay capacidad para fiscalizar y controlar las demasías que en ellas se cometen--, sino que, además, existen prepotencia y abusos por parte de propietarios de terrenos colindantes con la costa. Hay un proyecto --me parece que fue presentado por el Diputado señor Andrés Aylwin -- que corrige definitivamente esta situación. Y ayer oímos un documentado discurso del Senador señor Ruiz De Giorgio , quien también se refirió a la necesidad de una política general sobre la materia. Señor Presidente , me parece que la iniciativa en debate es absolutamente justa. Nuestra zona --contrariamente a otras-- no tiene miles de pescadores artesanales; pero, indiscutiblemente, también está afectada. No quiero dramatizar. Empero, viene a mi memoria un monumento ubicado en un puerto muy pequeño, llamado Candás , en las costas cantábricas de Asturias: se trata de una mujer que, llorando, mira hacia la inmensidad del mar agitado; y colgado de sus faldas, un niño que también llora. Quizá eso trasunta la vida arriesgada de los pescadores artesanales. Pero, obviamente, en un recinto tan escéptico como el Senado de la República no se puede vivir con la intensidad con que lo hacen ellos. He dicho. El señor DÍEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre. El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, es interesante que en el Senado nos preocupemos de todo lo relacionado con la pesca y del importante sector de los pescadores artesanales. Si Sus Señorías recuerdan, en los últimos tiempos hemos estudiado una serie de proyectos que benefician a ese sector o tratan de solucionar sus problemas. Algunos --aquí se han mencionado-- se refieren a las perforaciones y las cinco millas; a las áreas de manejo, donde se les dio oportunidad de trabajar sin pagar patentes; a las zonas contiguas. Hemos visitado zonas donde los pescadores artesanales viven en pésimas condiciones. Por ejemplo, la Undécima Región, en que había problemas con las cuotas, porque mensualmente recibían 15 mil a 20 mil pesos. Y no sólo estaban en esa situación, sino que, además, no tenían propiedad de la tierra. Muchas de esas carencias se están corrigiendo. Pero aplicar a todos los pescadores artesanales la exención tributaria, a mi juicio, no va por el camino correcto. No deseo entrar en esos detalles, sino expresar mi preocupación por el hecho de que a veces en nuestras discusiones sobre la Ley de Pesca nos equivocamos cuando, en lugar de clasificar técnicamente la pesca artesanal, como corresponde, debemos hacer este tipo de análisis desde los puntos de vista social y económico. Así, por ejemplo, en este proyecto aparece un nuevo tipo de naves, de hasta 15 toneladas de registro bruto, en circunstancias de que, según la Ley de Pesca, las embarcaciones artesanales son de 18 metros y 50 toneladas. Es necesario darse cuenta de lo que esto significa. Recordemos tan sólo el problema que tuvimos con los pescadores artesanales no hace tanto tiempo, cuando una embarcación entró "navegando" raudamente al Congreso. Tan latente es esta clase de dificultades, que en este instante hay en trámite dos mociones y un proyecto tendientes a cambiar la clasificación de las naves y definir lo que se entiende por pescador artesanal. Entonces, no es conveniente que en estos proyectos se modifique tal clasificación, pues, por ejemplo, ahora tendríamos la de la Ley de Pesca y la que considera la tributación. Por lo anterior, me parece adecuado --y lo pido formalmente-- que la iniciativa sea remitida a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, tal como lo insinuó el Honorable señor Horvath , a fin de compatibilizar las mociones y proyectos relacionados con el tamaño de las embarcaciones y la definición de pescador artesanal. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .- Señor Presidente, sin duda, el proyecto en análisis puede presentar vacíos; porque nada es perfecto. No soy uno de sus autores, pero me alegro de que se haya presentado y de que el Ejecutivo le haya dado su patrocinio, porque se trata de garantizar una actividad muy difícil. Si alguien tuvo la idea, en buena hora. Y no es cierto que el Presidente de la República sólo recoge las iniciativas de Parlamentarios de la Concertación: también ha patrocinado otras. Entraré ahora al fondo del asunto. Pretenden algunos señores Senadores --y con razón, quizás desde la perspectiva de una economía social de mercado muy rígida-- descalificar el proyecto señalando que puede atentar contra las bases de ese sistema económico, que tan buenos resultados ha dado y que esperamos siga produciéndolos. Sin embargo, será necesario perfeccionarlo. Y como lo ha expresado innumerables veces el Primer Mandatario , deberemos hacerlo de acuerdo con nuestra realidad. Porque no es lo mismo la economía social de mercado en Alemania, en Holanda o en otros países desarrollados que en Chile. Habrá que adecuarla a la realidad nacional. En el Senado hemos visto cómo, a iniciativa de algunos de sus miembros, nos hemos abierto a legislaciones de excepción para las zonas extremas. Por cierto, para algunos, de haberse aplicado una mal entendida economía social de mercado, tales legislaciones no debieron prosperar. ¿Pero por qué salieron adelante? Porque corresponden a la realidad de nuestro país. Hay un sinnúmero de ejemplos que demuestran que, cuando se sostienen posturas en forma absoluta, ellas no condicen con la realidad. Por ejemplo, están los incentivos a las remuneraciones, las asignaciones de zona --es el caso de las Fuerzas Armadas--: cuando el personal debe desempeñarse en regiones extremas, tiene que estimularse su remuneración. Entonces, ¿por qué no allanarse a esto? Creo que no hay nadie en Chile que no entienda que es fundamental asentar en el país una vocación marítima. Y eso pasa, no sólo por la gran industria, sino también --y en mayor medida quizás-- por otra que muchas veces es informal, que adolece de muchos problemas y debe luchar contra una serie de escollos de la naturaleza y, a veces, burocráticos --como muy bien han señalado en esta Sala algunos señores Senadores--, que hacen aún más difícil la actividad. Por eso, me alegra que los Honorables autores de la idea hayan logrado el concurso del Ejecutivo para hacer posible que el proyecto se apruebe en definitiva. Pero también he visto que algunos señores Senadores han usado un recurso que a veces aparece como extremo: el de la inconstitucionalidad de la iniciativa. Señor Presidente , usted fue un distinguido profesor de Derecho Constitucional. El señor DÍEZ ( Presidente ).- ¡Y en mi cátedra colaboraba un distinguido profesor! El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .- Modestamente, algo aprendí de Su Señoría. La Carta Fundamental, en la que el actual Presidente del Senado tuvo una participación bastante activa, recogió en el Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales, quizás en esencia, el mismo principio que había en nuestra Carta Política anterior, para los efectos de dar un marco fundamental a las cargas tributarias, tal vez con dos precisiones; pero, en lo sustantivo, debemos convenir en que ahí está dicho marco. Allí figuran el principio de que sólo por ley se puede imponer un tributo; el de la proporcionalidad o de la progresión. Y también se contiene el principio de la igualdad, que (entendámoslo) desde siempre ha sido relativo, no absoluto; así, por lo demás, lo recogen uniformemente las sentencias de nuestra jurisprudencia, y no ha tenido variación. Y éste es un caso. Aquí nos encontramos precisamente con una actividad a la que la comunidad tiene interés en dar un tratamiento tributario de excepción, pero conformando una igualdad relativa, dentro de la Carta, porque no se discrimina entre los pescadores artesanales. Inclusive, partiendo del informe del propio Servicio de Impuestos Internos, deberíamos convenir en que 95 por ciento de los 40 mil eventuales sujetos tributarios recibe una remuneración inferior a la mínima y en que sólo 5 por ciento --es decir, 2 mil-- podría ser sujeto tributario. Ése es el fondo del asunto. Y como el constituyente ha establecido la igualdad relativa, la iniciativa en debate está perfectamente adecuada a ese concepto, pues no discrimina --repito-- entre los pescadores artesanales. Y es cierto: pues sólo 5 por ciento de ellos --en esa parte el Honorable señor Piñera tendría razón-- resultará privilegiado. Señor Presidente, no se puede sostener que se está atentando contra el principio de igualdad tributaria, porque (insisto) ésta es relativa. El proyecto no discrimina --reitero-- entre los pescadores artesanales. Beneficia a todos los que ejercen la actividad en forma personal y directa; no a las personas jurídicas. Por consiguiente, ese segundo argumento, a mi parecer, tampoco tiene validez, pues no se atenta contra la economía social de mercado ni contra nuestra Carta Fundamental. Por el contrario, se respalda una actividad económica importantísima: la de la pesca artesanal; se la vigoriza, para los efectos de que pueda salir del margen informal en que se desenvuelve, a fin de que en unos años más, producto de otras medidas que será menester adoptar, quienes la desarrollan se transformen, no sólo en sujetos tributarios, sino en sujetos económicos en plenitud. Además --como expresé--, ello resulta absolutamente acorde con el marco constitucional vigente en el país. Por todas estas razones, me manifiesto decidido partidario de aprobar la iniciativa en estudio, para posibilitar que nuestro sector pesquero artesanal llegue a ser un sujeto económico de verdad. Pero, por cierto, para ello deberá tener otra clase de incentivos que le permitan competir en igualdad de condiciones y, en definitiva, seguir contribuyendo a la riqueza del país. He dicho. El señor DÍEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Otero. El señor OTERO .- Señor Presidente, afortunadamente, mi historia en las votaciones parlamentarias me permite estar ajeno a la crítica de que hoy apruebo una exención y otro día me pronuncio por el rechazo. Desde que asumí como Senador, he sido categórico en señalar que el gran problema de este país es que la gente que cumple y respeta la ley es la que sufre la mayor frustración, porque con posterioridad siempre se dicta una norma legal en beneficio de aquellos que no cumplen las leyes, cualesquiera que éstas sean. Por eso, he votado en contra de las amnistías, de las condonaciones, en especial cuando he estimado que se perjudica gravemente a quienes realmente creyeron en la legislación y pagaron sus impuestos. Y hace pocos días tal vez fui uno de los pocos Senadores que estuvieron en contra del otorgamiento de franquicias extraordinarias a los accionistas de los bancos, en el caso del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por estimar que ello era injusto, que no se estaba respetando la igualdad ante la ley. El proyecto que se nos presenta hoy cae en los mismos patrones contra los cuales he votado permanentemente: constituiría una ley de excepción, un cuerpo legal que atentaría contra la igualdad ante la ley tributaria. ¿En qué se basa el límite de que los barcos sean de hasta 15 toneladas? ¿Por qué no se fijaron 5 toneladas, o 10? En el caso de la pesca artesanal, la ley establece una cifra de hasta 50 toneladas. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué para otras actividades, realizadas por personas de escasos recursos, no hay excepciones y es preciso atenerse a todas las consecuencias tributarias? Hemos escuchado aquí una extensa exposición acerca de las razones que median en favor del sector de chilenos considerado en esta oportunidad. Pero, señor Presidente , con la misma argumentación, el Senador que habla podría plantear leyes de excepción para muchísimos otros compatriotas en las mismas condiciones. La diferencia radica en que si nosotros formulamos la proposición pertinente, ello es inconstitucional, y si exponemos al Presidente de la República peticiones de esa índole, como muy bien lo expresó el Senador señor Cantuarias , el Ejecutivo no las acoge por razones políticas. En el caso que nos ocupa, se establecería, en el hecho, una diferencia injusta. En primer lugar, un barco de 15 toneladas --y se lo pregunté, precisamente, al Senador señor Mc-Intyre -- no es un bote de pesca artesanal. En una época anterior, pude apreciar que los pescadores artesanales eran los que empleaban botes de pesca en su labor. Pero se cambió el concepto: ahora se puede ser pescador artesanal hasta con un barco de 50 toneladas. Y resulta que, para eximir de impuestos a ese sector, se baja dicha cantidad a 15 toneladas. ¿Por qué la ley determina hasta 50 toneladas para la pesca artesanal y en el proyecto en debate se restringen los beneficios? Nadie me ha dado una explicación lógica al respecto. El informe no proporciona una respuesta. No hay ningún motivo que amerite la medida, salvo la existencia de una discriminación artificial, voluntariamente dispuesta por el legislador. Señor Presidente , esto me recuerda la dictación de la ley que, con los mismos fundamentos, favorecía a los transportistas pequeños. ¿Quiénes eran transportistas pequeños? Los que tenían hasta dos camiones de carga y hasta dos taxis. ¿Y qué ocurrió? Que en Chile no había persona que no tuviera una empresa de dos camiones. Y todas las evasiones tributarias iban por el lado de esa exención. Porque, si no se pueden justificar los gastos a menos que algo exima de ello, es obvio que, al existir una exención de impuestos y no requerirse justificar ingresos, se va a afirmar: "Esto proviene de tal actividad". Lo anterior llevó a cambiar la norma tributaria. Porque incluso las empresas de transportes se subdividieron: la que tenía 20 camiones se transformó en 10 empresas, de dos camiones cada una. ¿Quién nos dice, señor Presidente , que la exención en análisis no puede ser usada exactamente de la misma manera? Ahora, ¿qué sucede? Nos encontramos en vísperas de comicios municipales y de comicios parlamentarios, y la que nos ocupa constituye una medida electoral. Esto es evidente. Porque, ¿hacia dónde van a mirar los pescadores artesanales que se van a ver beneficiados? Hacia quienes "entendieron su gran problema". Pero, señor Presidente , ¿se trata del gran problema de ellos, realmente, o del gran problema de Chile y de lo que significa para el resto de los chilenos? En esta Sala, los Senadores de Renovación Nacional le hemos pedido al señor Ministro de Hacienda efectuar el análisis de una reforma tributaria, para terminar con todas las regalías injustificadas, y nuestro planteamiento ha originado muchas críticas de parte de la Concertación. De la misma manera, hemos dicho que la ley pareja no es dura: todos los chilenos deben encontrarse sujetos a las mismas reglas tributarias. Si hay personas cuyos ingresos no se hallan afectos a impuesto a la renta, lo mismo debe regir para todos. Si hay personas a las que se permite llevar contabilidad simplificada, igual criterio debe aplicarse para todos. Ésa es la igualdad ante la ley. En el caso en análisis, sin embargo, se está creando una desigualdad dentro de la desigualdad. Al sector artesanal pesquero, y se considera como tal a quienes explotan embarcaciones de hasta 50 toneladas, la Ley de Pesca le reserva, en forma exclusiva, una franja de cinco millas y las aguas interiores, lo que constituye una franquicia extraordinaria, destinada a garantizarle una congrua subsistencia y permitirle obtener utilidades. Ahora se le agrega otra a quienes exploten personalmente embarcaciones de hasta 15 toneladas. Se dispone que, cualquiera que sea la utilidad, no va a pagar impuestos. ¿Con qué cara nos van a mirar los otros chilenos? Cuando se repara en la evasión tributaria y se combate contra ella, la gente da argumentos irrebatibles: "¿Para qué voy a pagar impuestos, si, al final, me los van a condonar?" "¿Por qué voy a pagar impuestos, cuando fulano, zutano y perengano, que ganan mucho más, no lo hacen?". He representado en esta Sala, señor Presidente --y se lo he dicho al Primer Mandatario , al Ministro del Interior y al Ministro de Hacienda --, la injusticia enorme existente en el pago de las contribuciones de bienes raíces. En Chile, sólo pagan contribuciones de bienes raíces los contribuyentes de segunda categoría. ¿Quiénes? Los empleados, los profesionales, los jubilados y los montepiados. Ello no se extiende al resto de los contribuyentes. Y ésta es otra grave discriminación tributaria. ¿El Gobierno nos ha escuchado cuando hemos dicho que debe solucionarse esta injusticia, que afecta a una gran mayoría de los chilenos y los castiga por el hecho de tener casa propia? ¡No! En este momento, se trata de aprobar un proyecto de ley de exención sobre la base de un criterio que nadie ha podido justificar. Si se dijera: "Estamos hablando del que tiene una chalupa, del que va todos los días al mar en esas condiciones", lo podría entender. ¿Por qué? Porque esa persona no va a percibir ingresos dignos de pagar impuestos. Pero, como muy bien lo hacía presente el Senador Piñera, ¿a quién va a beneficiar esta iniciativa? Al que gana plata para pagarlos. ¡Si la gente en situación desmedrada, en estado de pobreza, no necesita la ley en proyecto, porque no va a pagar impuestos de ningún tipo! Entonces, aquí se suscita un contrasentido: la normativa en debate se ha fundamentado en una necesidad social, pero sucede que, si esa necesidad social existe, el sector al que ella dice relación se encuentra exento de impuestos, con las normas actuales. ¿Y respecto de quiénes se dispone la medida en estudio? Respecto de aquellos que tienen barcos de hasta 15 toneladas. No nos extrañemos, entonces, de que después descubramos que las empresas encuentran mucho más práctico repartir una flota de barcos de hasta 15 toneladas entre distintos pescadores, con lo cual, obviamente, no pagarán impuestos. Se está creando, nuevamente, un forado que originará posteriores evasiones tributarias. Más grave aún, señor Presidente , es el efecto retroactivo de estas disposiciones, que se extiende hasta el 3 de agosto de 1993, determinándose una condonación para los que no pagaron. Se convierte, en consecuencia, en una ley de amnistía: "Al que no cumplió con la ley tributaria se le debe procesar y castigar por su infracción, pero aquí se le condona todo". ¿Y qué pasa con los comerciantes, los industriales o los profesionales que se hallan en la cárcel por no haber cumplido con la ley tributaria? ¿Por qué no los liberamos? Lo pregunto porque, sobre la base de estos criterios, la situación de ellos resulta injusta. Repito, señor Presidente: la ley pareja no es dura. Pero en este caso no se aplica una ley pareja. En realidad, se trata de la ley más dispareja posible. ¿Qué ocurre, en definitiva? Se otorga una condonación, con la retroactividad a que se hace referencia. Por lo tanto, todos los chilenos podemos entender que es lícito, lógico y adecuado, por razones personales, no cumplir con las leyes tributarias, ya que siempre habrá un Parlamento que demostrará la generosidad, la comprensión, el espíritu social, de postergar o perdonar las deudas. Esto sucedió con los deudores de la ex Corporación de Reforma Agraria, con los de contribuciones de bienes raíces, con los del impuesto a la renta. En tales casos, nunca ha faltado una ley de condonación. ¿Y qué ocurre con quienes cumplen la ley? Son considerados tontos o chilenos de segunda clase. Obviamente, resulta mucho más práctico que no se acate la ley y después, como "víctima", verse favorecido por condonaciones, en tanto que los cumplidores comprueban, con profunda amargura, la diferencia en el trato legal que se les da. Aún más, pese a que el Gobierno ha expresado que existen problemas sociales donde es preciso focalizar los recursos, este proyecto pretende devolver plata a los que pagaron, lo que no ocurrió cuando se condonaron las deudas a los adquirentes de predios derivados de la reforma agraria, y nadie se atrevió a disponer la devolución de lo pagado por los deudores cumplidores. ¿Por qué la diferencia? Entonces, ¿qué beneficio representa esta iniciativa para el país? Desde un punto de vista ético y moral, es mala para Chile. En cuanto a su conveniencia social, no la necesitan quienes no pagan impuestos. Por consiguiente, ¿a quién busca proteger? ¿Qué razón existe para establecer una capacidad tope de 15 toneladas?¡No la he escuchado! ¿Por qué no la bajamos a 3 toneladas, a una, o a 500 kilos? ¿Por qué no la subimos a 50 toneladas? ¿Dónde está el informe técnico que justifique algún máximo de tonelaje? Luego, dentro del mismo sector de pesca artesanal, se comete una nueva discriminación. Señor Presidente , respeto mucho la opinión de los Honorables colegas, pero lamento señalar que al país le falta establecer, de una vez por todas, una línea clara de respeto a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, para que a todos los chilenos se les trate tributariamente de la misma manera. Por estas consideraciones, votaré en contra. El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente, intervendré brevemente, en la medida de lo posible, porque creo que se han expresado suficientes argumentos. Y avalo los de quienes respaldan el proyecto, que aprobaré. Sin embargo, quiero hacer presente algunas observaciones. En primer término, con toda franqueza creo que la ironía manifestada al comienzo del debate, en el sentido de que esta iniciativa habría sido fruto de la amistad con el Presidente de la República , porque pertenecemos al mismo Partido, o que obedecía a razones "chatas" o "subalternas" --como afirmaron algunos señores Senadores--, no corresponde a un lenguaje adecuado. Siempre he tratado de no ser un tonto grave, pero también me gusta que en el Senado los proyectos se rebatan de una manera diferente. Se ha dicho que el Presidente sólo patrocina las mociones de los Parlamentarios de los partidos de Gobierno o de mi bancada. Y eso no corresponde a la realidad. Inclusive, se destaca que en los mensajes no se mencionan sus nombres, lo que es un argumento pequeño. Este Gobierno, y el anterior, se han caracterizado por recoger iniciativas de Senadores de Oposición. Para avalar este aserto, he pedido a la Oficina de Informaciones que me dé a conocer el número de mociones presentadas por Parlamentarios de Oposición que hayan sido auspiciadas por el Ejecutivo. Y esto ha ocurrido a tal punto que, no pocas veces, ha sido motivo de discusión entre nosotros, porque pareciera que la autoridad se halla más proclive a recoger las ideas --obviamente cuando son buenas-- de la Oposición. Podríamos citar muchos ejemplos de iniciativas en trámite en el Senado que, en versiones de prensa, se denominan por los nombres de los Senadores y Diputados de Oposición que las presentaron. Estoy esperando la información exacta pertinente. Por lo menos, ahora recuerdo cinco o seis proyectos, como el que modifica el Código Penal, bastante más serio que el que se está debatiendo; o los relativos a materias de salud, a iniciativas, con nombre y apellido, sobre reformas constitucionales; y otras presentadas por el actual Presidente del Senado , las que han sido recogidas con mucho aprecio por el Gobierno. Basta revisar la prensa para darse cuenta de que a la Oposición se le da más participación que a nosotros. Por lo tanto, señor Presidente , ese argumento no sirve. Tampoco se puede razonablemente --para contrapesar esta tendencia a la ironía-- emitir expresiones demeritorias acerca de cómo y por qué uno intenta apoyar a un sector que representa la vocación de lo que queremos hacer en el área marítima de Chile. Nadie puede discutir que los pescadores artesanales trabajan en condiciones distintas de las de otras personas; por consiguiente, tenemos derecho a estudiar si es legítimo o no darles una franquicia tributaria. Otro punto que deseo abordar --lo digo con mucha serenidad y claridad-- es el sesgo de pasión de algunos señores Senadores al defender una estricta igualdad para que no se otorgue ninguna exención cuando beneficia a personas de sectores de bajos ingresos. Y así como hoy se pone esta pasión para negarse a resolver un problema que afecta a los pescadores artesanales, mañana también se podrá utilizar en contra de otros grupos relativamente pobres. Sin embargo, aquí se han mencionado casos que prueban lo contrario. Incluso, un señor Senador, por cuya argumentación siento mucho respeto, señaló -- y tiene derecho a hacerlo-- que está dispuesto a votar en contra de cualquier exención. Pero cuando este tipo de franquicias favorece a los sectores de más altos ingresos --el Senador señor Andrés Zaldívar recordó los efectos del artículo 57 bis, y otros casos-- no veo ni la misma fuerza ni la misma pasión. Entonces, no se nos argumente que estamos generando una condición inadecuada en el país, o que estamos vulnerando la Constitución, o que pretendemos modificar el esquema de la economía social de mercado. Si queremos aplicar un solo criterio, quisiera ver la misma pasión cuando se trata de salvar situaciones que perjudican a quienes perciben mayores ingresos que estos artesanos del mar, que podrán ser pocos o muchos, pero cuya situación merece nuestra legítima preocupación. Por otra parte --alguien lo mencionó y yo sólo lo tocaré tangencialmente--, la igualdad no implica que algo sea exactamente igual --valga la redundancia-- para todos. Si en algo hemos avanzado respecto de la idea de igualdad entre los hombres, ello ha sido en el desarrollo del concepto de equidad, que sobrepone a la igualdad la posibilidad de privilegiar a quienes tienen más dificultades. Porque no es lo mismo eliminar un impuesto o reajustar en un porcentaje determinado un salario para quien gana diez o cien que para el que gana un millón o mil millones. Si algo hemos hecho a partir de 1990, eso ha sido introducir este concepto que privilegia a aquellos que tienen menos, aunque se rompa la igualdad en la aplicación de determinada norma. Tal como ha ocurrido en otros casos, aquí se propone una excepción; y debemos acogerla. Éste no es un país igual en todas partes. Así como hay una diferencia fundamental entre las regiones o entre un pueblo pobre de la precordillera y las propiedades del alto Santiago, tampoco debe aplicarse el mismo criterio para todos los sectores, porque algunos están en peores condiciones que otros y porque --digámoslo derechamente-- queremos promover su desarrollo humano. En consecuencia, el argumento en contrario no me parece realmente sólido. Finalmente --no sé si algún Senador lo señaló-- hay que tomar en cuenta que la norma general tiene que reconocer las diferencias sobre la realidad de cada una de las personas. Y no es ilegítimo asumir esto como legislador, como tampoco que la ley lo contenga, ni que lo mantengamos como un punto de vista claro y persistente en cualquier norma que podamos acordar. Ahora, se ha hecho un par de observaciones, y quiero salir al frente de ellas. En primer lugar, es cierto que se han propuesto otras ideas y que no fueron recogidas. Pero ello ha ocurrido, no porque los Parlamentarios que las presentaron hayan pertenecido a la Oposición, sino, simplemente, por cuanto en el marco general no parecían adecuadas. Y voy a ser muy claro en retomar lo señalado por mi Honorable colega señor Cantuarias respecto a la zona del carbón. En efecto, se formuló un planteamiento para otorgar una franquicia tributaria, en el ánimo de incentivar a las empresas para que se incorporen al proceso productivo y se instalen allá. Pero resulta que eso no se ha asumido, no porque se quiera ser discriminatorio en contra de la zona del carbón, o no se tomen en cuenta las opiniones de un Senador como el Honorable señor Cantuarias , sino porque este punto, incluso, lo hemos discutido con los empresarios, y ellos han manifestado que no les importa ni les interesa esa línea de trabajo, pues consideran que ni aun con lo propuesto sería suficiente como para que vayan allá y prefieran recoger la opción que se les ha dado del subsidio de mano de obra. Y estoy consciente de la situación que existe en esa zona, que es de las más pobres. Al respecto, hace 15 días, en una intervención en la hora de Incidentes en el Senado, mencioné cifras biomédicas, de ingreso, situaciones concretas, que eran peores que en ninguna otra Región del país. Pero sostener que tales guarismos representan una despreocupación por lo que ahí se está haciendo tampoco corresponde a la realidad. Porque, para saber qué valor tiene el nivel de desempleo existente en esa zona o su situación de pobreza, necesariamente debemos compararlo con lo que existía hace 8 ó 10 años y ver cuál ha sido la evolución. Es lo único lógico, razonable y justo para efectuar un análisis al respecto. Y --como señalé en esa intervención-- si uno observa lo sucedido en la década del 80 y lo que hoy tenemos en esa zona --no voy a cansar a Sus Señorías con las cifras--, evidentemente, no puede haber ni siquiera un asomo de comparación. Por eso, estando abierto a buscar una fórmula que mejore el proyecto, materia a la que --seguramente-- se referirán los señores Senadores que restan por intervenir, hago presente que voy a concurrir a su aprobación con la más absoluta tranquilidad de conciencia. Porque no siento que esté rompiendo ninguna equidad, ni para nada quebrantando la constitucionalidad, ya que no me considero privilegiado por Presidente alguno --no porque seamos de su mismo Partido ha dado el patrocinio para presentar este proyecto--. Ni tampoco estimo que hayamos sido tratados por éste o el anterior Gobierno de una manera distinta a los demás señores Senadores, para los cuales --y sería injusto de parte de ellos si sostuvieran lo contrario--, incluso en esta materia, los Gobiernos de la Concertación y sus dos Presidentes han tenido un respeto, un respaldo, una consideración y una deferencia que no sólo se enmarcan en lo que constituye el respeto lógico en un sistema democrático, que asumimos en plenitud, sino que también representa una deferencia personal, y no me parece justo que ahora sea cuestionada en esta perspectiva. Insisto: hay Senadores que han presentado proyectos, y llevan su nombre. Por lo tanto, nadie de estas bancas puede asumir ese privilegio. He dicho. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Corresponde intervenir al Honorable señor Ruiz; después están inscritos los Senadores señores Fernández, Cooper y Larraín. Debo hace presente a Sus Señorías que se acerca la hora de término de la presente sesión. De manera que, si le parece a la Sala, la prorrogaremos hasta que podamos pronunciarnos respecto de esta iniciativa. El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LAVANDERO.- Señor Presidente , creo que lo adecuado sería que al expirar la hora se vote. Porque la Sala deberá sesionar en la tarde, y tenemos citadas importantes sesiones de Comisiones precisamente entre las 14 y las 16. Si bien es cierto que todos los señores Senadores tienen derecho a intervenir, también lo es que no podemos interrumpir el resto del trabajo en el Senado. De manera que --repito-- pido que una vez llegada la hora se proceda a votar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- De acuerdo, señor Presidente . El señor ALESSANDRI.- Estamos de acuerdo, señor Presidente. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Entonces, ruego a los señores Senadores inscritos que limiten su intervención al tiempo necesario para poder votar la iniciativa. Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz. El señor RUIZ (don José) .- Señor Presidente, para ir rápidamente al tema, a mi juicio, lo primero que debió hacerse fue leer el proyecto, para así entender la explicación dada inicialmente en el sentido de que se trata de un beneficio para un grupo de pescadores definidos en la iniciativa, o sea, para pescadores artesanales que, además, pueden ser dueños de embarcaciones de hasta 15 toneladas de capacidad de registro bruto, beneficio al que accederán siempre y cuando las operen directa y personalmente. De manera que aquí no se va a dar el caso --como planteó un señor Senador -- de que una empresa propietaria de un conjunto de embarcaciones las empiece a distribuir. No, eso no es posible hacerlo con el proyecto en discusión. Ahora, resulta que aquí existe un grupo de pescadores, que no son gente letrada, que gozaba de un beneficio, y que en un momento dado se encontraron con que éste se había terminado, se había extinguido. No sabían que ya no existía, y cuando empezaron a recibir la visita de los inspectores del Servicio de Impuestos Internos, se percataron de que se hallaban en situación ilegal. ¿Qué pasó, entonces? Algunos de ellos --muy pocos-- pagaron el impuesto, como fue el caso de algunas personas del sector en Punta Arenas. El resto no pagó, está en mora, es decir, son pescadores artesanales contra los cuales --como muy bien lo señaló el Senador señor Andrés Zaldívar -- pueden iniciarse acciones legales por parte del Servicio de Impuestos Internos para que paguen, pudiendo incluso ir a la cárcel. Aquí no estamos hablando --como dijo un señor Senador, que intervino con mucha vehemencia-- de que tendremos que sacar de la cárcel a todos los que se encuentran allí porque han infringido las leyes, sino que nos referimos a un grupo de no muchas personas que tampoco cuenta con la cultura ni educación suficientes como para estar informados de todo lo que se publica en el "Diario Oficial". Además, se trataba de una ley que tenía un término, y que había sido promulgada mucho tiempo atrás. Esta situación la recogimos un grupo de Senadores, y se la planteamos al Presidente de la República . Discutimos largamente al respecto con el Ministerio de Hacienda, porque --como muy bien se sabe-- no es fácil obtener su aprobación. Entonces, lo que logramos fue que el Ejecutivo sólo acogiera lo que está estipulado en esta iniciativa; y no otras cosas, como incluir en el beneficio a los pescadores artesanales contemplados con tal definición en la actual Ley de Pesca, que operan embarcaciones con capacidad de 50 toneladas de registro bruto. ¿Y por qué 15 toneladas, y no 50? Lamentablemente, no se encuentra presente el Senador señor Otero , pero igualmente lo voy a explicar. Porque los pescadores dueños de naves de 15 toneladas eran los que gozaban del beneficio. Y lo que hacemos ahora es normalizar una situación que se interrumpió por el término de vigencia de una ley, que el Ejecutivo no prorrogó, pues debió haber mandado al Congreso un proyecto fijando un nuevo plazo. Por lo tanto, quiero que esto quede muy claro: el beneficio es para pescadores artesanales que, además, pueden ser dueños de su embarcación, pero que para acceder a él deben manejarla personalmente. No es factible que otra persona lo haga, pues así se halla estipulado en el proyecto. De manera que el problema se encuentra bastante acotado, y cada pescador artesanal que solicite el beneficio tendrá que demostrar que su nave es de 15 toneladas, etcétera. Pero se arguye: ¿por qué se aplica con retroactividad? Justamente, porque la ley terminó su vigencia con el año tributario 93, y a partir del año tributario 94 quedaron sin el beneficio. Por eso es retroactivo. ¿Y por qué se les devuelve la plata a quienes pagaron? Precisamente --acogiendo el mismo planteamiento formulado por el Senador señor Otero --, para no cometer una injusticia con aquellas personas que pagaron, diciéndoles: "bueno, los que pagaron, se friegan". No. La iniciativa hace justicia: a estos últimos se les devolverá su dinero. Asimismo, se ha dicho que se está haciendo abuso por un motivo electoral. El proyecto que nos ocupa se presentó al Gobierno hace más de un año. Y--como muy bien lo indicó el Senador señor Cantuarias -- soy autor de varias iniciativas aprobadas por el Senado, a las cuales el Ejecutivo les dio su patrocinio. Y estoy muy contento de que haya sido así. He presentado mociones a partir del año 90, fecha en que me senté en estas bancas para empezar a legislar, al igual que muchos otros señores Senadores, y no sólo cuando se está en vísperas de elecciones. Personalmente, puedo decir con tranquilidad que he seguido con constancia el tratamiento de todas las iniciativas que he presentado. Todavía no se han concretado algunas, pero sigo luchando por lograrlo, como la que establece el feriado de 25 días, aprobada en el Senado pero rechazada en la Cámara de Diputados. Ello porque una de las cosas que aprendimos quienes estuvimos en el sindicalismo es que hay que ser persistentes. Finalmente, ante el argumento de que esto es una injusticia, una arbitrariedad, hay que recordar que, cuando se debatió en esta Sala la cuestión de la deuda subordinada de la banca, se escucharon voces muy fuertes y enfáticas para defender a las instituciones financieras. Sin embargo, los señores que son dueños de los bancos no están soportando condiciones lamentables ni se encuentran desprotegidos. Por el contrario, tienen mucho para protegerse. En el presente caso se trata de un grupo de modestos trabajadores que pueden poseer como máximo una sola embarcación de quince toneladas. No son grandes barcos --como decía, equivocadamente, un señor Senador --; sino de lanchas a motor. Por lo tanto, pienso que hay que aprobar el proyecto. Debe considerarse que, por el hecho de que el beneficio tendrá una vigencia de cinco años, que comienza a contar de 1994, prácticamente dejará de regir dentro de dos años. Contaremos con todo ese tiempo para pedir al Ejecutivo el envío de una iniciativa que contemple las situaciones de todos los pequeños empresarios (industriales, pesqueros o de otras actividades distintas), para que cuenten con una legislación común, que recoja el sentir del Senado, en la línea de entregar franquicias a todos los sectores que trabajan en condiciones desmedradas dentro de nuestra economía. He dicho. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , con razón esta iniciativa genera tantas dificultades e inquietudes en quienes han intervenido. Esto no se debe, como se ha dicho en forma muy equivocada, a que se trata de un beneficio para los sectores más modestos de nuestra sociedad. Y ello implicaría suponer que quienes plantean inquietudes respecto del régimen que subyace en este proyecto no se interesan por los problemas de aquellos sectores. Honestamente, no me parece justo pensar así. A mi juicio, pedir para Chile un régimen determinado en materias económicas, por confiar en que a través de él se superarán las dificultades que aquejan a los estratos de menores recursos, no significa en absoluto mostrar insensibilidad o falta de consideración hacia un sector modesto. Lo que ocurre es algo distinto. Personalmente, comparto la idea de que en nuestro régimen tributario puedan existir exenciones, y de que éstas se utilicen en momentos determinados como instrumento para lograr ciertos objetivos específicos. Mirando hacia una región, por ejemplo, lo hemos hecho con las de zonas extremas, o mirando a cierta actividad. Eso puede hacerlo el país, y no está en cuestión. Lo que se halla en cuestión es si los regímenes de excepción son permanentes, y si no terminan en una secuela de distorsiones. Eso es lo que llama la atención y causa inquietud. En el caso presente, la franquicia lleva en aplicación más de 40 años. Se inició en 1953, y ha sido renovada en tres oportunidades, con lo cual en 1993 completó 40 años de vigencia. Por eso, cuando uno piensa en la mantención indefinida de esta clase de regímenes, puede ver que de alguna manera están produciendo una suerte de distorsión en la asignación de recursos. En efecto, este tipo de beneficios incentiva artificialmente la destinación de recursos hacia un sector, lo que, al permanecer indefinidamente, presenta la desventaja de no generar actividad económica de autosustentación. Ésta es una inquietud que es importante considerar, porque tan pronto deja de haber preocupación por la permanencia de la norma, surge una situación más adversa que la que se quiso eliminar con el beneficio otorgado. Se distorsiona también la política tributaria, porque sienta un precedente que desarma la estructura normativa diseñada sin tal cantidad de exenciones, como las que existieron en un momento dado en la política tributaria del país, de la cual, razonablemente, hemos querido alejarnos. También distorsiona la propia actividad productiva, ya que introduce algún grado de discriminación en favor de quienes realizan determinado tipo de actividad. En este caso, del sector pesquero. No es una mera arbitrariedad atender inquietudes y tener reparos ante la iniciativa en discusión, porque, repito, se trata de evitar en nuestro sistema distorsiones en aspectos centrales, como son la asignación de recursos, la política tributaria y la actividad productiva de un sector determinado. Existe, además, un motivo de preocupación que también cabe exponer. Es el hecho de que hay cierta desarmonía en el concepto de pescador artesanal, que se mantiene en esta norma, frente a la definición contemplada en la Ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura. Ésta contiene otro concepto sobre la materia. La norma en comento es más restrictiva que la ley general, lo cual, obviamente, puede dar paso a una presión por parte de quienes no queden comprendidos en la ley, para alcanzar sus beneficios, cuestión que causa el tipo de inquietudes que se están manifestando. Estas consideraciones son las que, a mi juicio, justifican los reparos planteados, y que no guardan relación con la voluntad de colaborar con sectores que lo requieren. Me refiero en particular al caso de los pescadores artesanales, a quienes conozco en mi Región, de la comuna de Pelluhue, de la de Chanco, donde existen situaciones dificultosas --quizá muy pocas; creo que caen más bien dentro del 95 por ciento aludido, antes que en el 5 por ciento, porque son muy modestos--, los que para sobrellevar su actividad precisan de algún apoyo. En ese sentido, se advierte una cierta situación de menoscabo. Por tales razones, uno siente más bien simpatía --antes que rechazo-- ante este tipo de ayuda, cuando se trata de casos concretos, bien definidos y delimitados. Eso es lo que me mueve a tener una opinión favorable a esta iniciativa, a pesar de los reparos mencionados, entendiendo por sobre todo que esta medida ya es conocida; que quienes están en el sector esperan la aprobación del proyecto, y que por la misma razón, si ahora lo rechazáramos, causaría un tipo distinto de inquietudes, de problemas, que no quisiera alentar. Sin embargo, debo expresar con mucha honestidad que no comparto del todo la filosofía subyacente de mantener así, acaso por presiones o por iniciativas que tienen algún otro alcance, proyectos de ley como el que estamos discutiendo. Es una legislación que termina en 1998, y, por lo tanto contiene una limitación precisa. Y quiero pensar que, por la misma razón, no vamos a seguir manteniendo esta situación hacia el futuro. Entiendo que así lo consideran sus autores y quienes han influido en el Ejecutivo para la presentación de esta iniciativa. Por lo tanto, si ése es el alcance, y ésa la delimitación que se le quiere dar, anuncio mi apoyo al proyecto, con todos los reparos conceptuales que he expuesto, y que me hacen pensar que no estaré disponible para aprobar otro semejante en el futuro. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández. El señor FERNÁNDEZ .- Señor Presidente, creo conveniente hacer algunas precisiones a propósito de la discusión de este proyecto. En primer lugar, estamos aquí frente a una iniciativa que, según se nos ha dicho, repite las normas que regían ya en la materia desde 1953, y que por una lamentable inadvertencia del Ejecutivo no fueron prorrogadas en su oportunidad, en 1993. Ahora estamos, simplemente, prorrogando exenciones ya existentes en nuestra legislación desde hace más de 40 años. De tal manera que no estamos frente a un elemento nuevo que pueda invocarse como distorsionador de todo el régimen impositivo chileno. Reitero que él existe en nuestra legislación desde 1953, y que ha subsistido bajo sucesivos Gobiernos de las más variadas ideologías y tendencias. En consecuencia, estamos frente a una norma que, en lo sustancial, es la misma que ya existía. No es nueva y, por lo tanto, no se trata de una iniciativa diferente. Lo que ocurrió fue una inadvertencia del Ejecutivo. Por eso, varios Parlamentarios le hicieron presente la necesidad de prorrogar la disposición; pero como la prórroga no era procedente jurídicamente por haber vencido el plazo, se hizo necesario un proyecto de ley. Se trata de una norma que no causó distorsión en el pasado y que no vemos por qué tendría que causarla hoy día, ni menos entender que con ella se afectará a todo el régimen impositivo. Distinto sería entrar a discutir en general el mérito del sistema de beneficios y exenciones, que constituye otro tema que también sería interesante analizar, pues serviría para saber si exenciones que favorecen a determinados sectores, benefician también a otros tan amplios e importantes como los de industriales, comerciantes, mineros, agrícolas, etcétera, e incluso a profesionales o empleados, que se hallen en la misma situación. Aquí --reitero--, sólo se trata de prorrogar una norma que ya existe. Sin embargo, me hubiera gustado que ella señalara exactamente a quiénes pretende beneficiar, porque, de acuerdo con los antecedentes mencionados en el informe, sólo favorecería al 5 por ciento de los pescadores artesanales, atendida la circunstancia de que ellos ya se encuentran amparados por otra exención. Por eso, cuando se habla de beneficiar a los pescadores artesanales, hay que tener presente que no es a todos ellos --el 95 por ciento ya se encuentra favorecido por otra disposición--, sino sólo a un grupo minoritario que representa el 5 por ciento, compuesto por aquellos que obtienen rentas superiores a las 10 unidades tributarias anuales contempladas en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Por otra parte, nos encontramos con que a las personas que ya cumplieron con sus obligaciones tributarias y pagaron sus impuestos, en virtud de la condonación que se plantea para quienes no asumieron la misma conducta, se les devuelve dinero. Me parece que éste es un criterio bastante justo, que debiera aplicarse en todas las normas tributarias. Al hablar de condonación, siempre debería tenerse en cuenta la situación de quienes ya pagaron. Desgraciadamente --lo he planteado en otras ocasiones aquí mismo--, cuando se condonan impuestos, nos olvidamos, o no las hemos querido favorecer, de las personas que han pagado. Por lo tanto, frente a la misma eventualidad, deberemos considerar la situación de aquellos que cumplieron. Si se condona a quienes no lo han hecho, consideramos de toda justicia que se devuelva el dinero a los que han procedido en la forma correcta. Y ésta debiera ser una norma general en nuestra legislación, cada vez que se proceda a una condonación. Estimo importante tener a la vista estas precisiones. Como se trata de una prórroga de una situación ya existente que no distorsiona el sistema impositivo, y considerando que la condonación, por razones de técnica jurídica, permite devolver los impuestos a quienes ya los pagaron, voy a concurrir con mi voto a la aprobación del proyecto. El señor DÍEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cooper. El señor COOPER.- Señor Presidente , comparto lo expresado por la Senadora señora Feliú en lo relativo a la parte jurídica y constitucional; también lo manifestado por el Senador señor Piñera en lo que se refiere al problema económico y, específicamente, al aspecto tributario, y, por último, lo indicado por el Senador señor Mc-Intyre en el plano técnico. A este último respecto, quiero agregar otro elemento de juicio. Creo que la definición de "pescador artesanal" no es muy clara. A mi juicio, sería más completa si, además de referirse a las 15 toneladas de capacidad de la embarcación, se hiciera alusión, en alguna medida, a las artes de pesca. No hace mucho se realizó una manifestación frente al Congreso que, precisamente, estuvo motivada por esta indefinición de las artes de pesca usadas por los pescadores artesanales. Por ello, me parece que como el problema de ese sector es bastante serio, debería ser enfocado y estudiado como uno de carácter social. En algunas caletas de pescadores de mi región, las dificultades en este ámbito son gravísimas y van mucho más allá de una condonación de impuestos o de una rebaja de multas. Por lo mismo, creo que la solución debe ser global. Uno de los objetivos del proyecto consiste en prorrogar la vigencia de determinada ley, la cual, a mi juicio, era ignorada por los pescadores. Por ello, sería conveniente la condonación y la devolución del dinero a quienes pagaron, sin prorrogar la vigencia de la ley aludida, sino más bien estudiar a fondo el problema de los pescadores, el cual es realmente grave y va mucho más allá de liberar a éstos del pago de impuestos o de multas. Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar en contra del proyecto, salvo que se divida la votación con el objeto de solucionar el problema pendiente en cuanto a pago de impuestos. El señor DÍEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat. El señor PRAT.- Señor Presidente , en realidad, la intervención del Senador señor Cooper me evita dar gran parte de mi argumentación, la cual apunta en el mismo sentido. Opino que las normas tributarias deben ser generales. En consecuencia, me parece impropio e inconveniente prorrogar una norma excepcional que regía desde hace años. Sin embargo, es natural entender que a quienes ella favorecía estuvieron en desconocimiento del término de su vigencia, por lo cual incurrieron involuntariamente en una situaci��n de mora tributaria. Esto llevaría a una explicable condonación y, lógicamente, a una devolución para las personas que pagaron; pero no me parece conveniente renovar una norma de excepción, que va en contra del marco general de la legislación tributaria. El señor DÍEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre. El señor LARRE.- Señor Presidente , seré muy breve, considerando que ya se han emitido una serie de opiniones para lograr, ojalá, acuerdo general en la Sala. Quiero proponer la idea de que el beneficio de que trata el proyecto se haga efectivo hasta el año tributario 1997. Vale decir --en términos calendarios--, regiría a contar del año tributario 1994 hasta - el 31 de diciembre de 1996, que equivale al año tributario 1997. La situación planteada merece nuestra preocupación, ya que se trata de decenas de miles de trabajadores muy modestos. Los pescadores artesanales hacen ocupación territorial de todo el litoral chileno. Creo que, frente al problema suscitado a raíz del descuido de la autoridad, debemos encontrar una solución. Sin embargo, en el ánimo de no establecer excepciones y de ordenar el sistema tributario nacional y, sobre todo, la responsabilidad de cada uno de los chilenos, formulo el planteamiento antes indicado. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera. El señor PIÑERA.- Señor Presidente , sobre la base de las opiniones manifestadas en la Sala, quiero proponer que el proyecto vuelva a la Comisión o, en su defecto, que se dé plazo para presentar indicaciones, con el objeto de distinguir, como lo han planteado algunos Senadores, entre la situación que ya pasó, cual es --en esto recojo lo planteado por el Honorable señor Fernández -- la posibilidad de condonación devolviendo el impuesto a los que lo pagaron, pero que en adelante exista la clara señal de que el régimen definitivo apunte a que no haya discriminaciones injustificadas. También deseo solicitar al Gobierno --quien tiene la iniciativa exclusiva en la materia-- que incorpore a los pescadores artesanales al régimen del párrafo 2º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, relacionado precisamente con el sistema simplificado de pago de impuesto para el pequeño contribuyente. Con ello resolveríamos el problema de arrastre de aquéllos y mantendríamos un tratamiento de carácter general y no discriminatorio. Reitero lo dicho en cuanto a que la iniciativa vuelva a la Comisión, o si así no ocurriera, se otorgue un plazo para presentar indicaciones. El señor DÍEZ ( Presidente ).- La Mesa ha escuchado con mucha atención el debate y en su opinión la mayoría de los señores Senadores son partidarios de aprobar en general la iniciativa. Por eso sugiero a la Sala dar por aprobado en general el proyecto y acordar un plazo para presentar indicaciones --puede ser hasta el 22 de mayo, a las 12:00--, remitiéndolo a las Comisiones de Hacienda y de Pesca, unidas, porque, a juzgar por la discusión, el problema tiene connotaciones que van más allá de la fluctuación tributaria. Si al Senado le parece, así se procederá. Acordado. Tiene la palabra la Senadora señora Feliú. La señora FELIÚ.- Señor Presidente , aun cuando me encuentro pareada --lo cual me impide votar-- quiero manifestar mi desacuerdo con el proyecto. Además, deseo señalar que, en los términos que se presenta la iniciativa, ella establece una discriminación arbitraria que contraviene lo dispuesto en el artículo 19, número 22, de la Constitución Política de la República. De no haber estado pareada, habría votado en contra. Asimismo, quiero hacer presente la inconstitucionalidad de normas de esta naturaleza. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Se dejará constancia de la reserva de constitucionalidad formulada por Su Señoría. El señor ERRÁZURIZ.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor DÍEZ (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Señor Senador. El señor ERRÁZURIZ .- En primer lugar, sin perjuicio de que efectivamente el proyecto sea discriminatorio, debo señalar que en días pasados dictamos leyes de características similares a las contempladas en la iniciativa en debate, que involucraban recursos económicos monstruosos, como es el caso de la normativa relacionada con la deuda subordinada. En consecuencia, no cabe duda de que, aun cuando el proyecto tenga la misma categoría, puede contener discriminaciones atendibles. En segundo término, como la iniciativa guarda relación con materias pesqueras y en aras de la brevedad, acojo plenamente el planteamiento de la Mesa, en el sentido de aprobarla en general para, posteriormente, enviarla a Comisiones unidas, incluyendo la de Pesca y Acuicultura. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Se ha sugerido a la Mesa que el plazo para presentar indicaciones se haga extensivo al 4 de junio, pues el 22 de mayo resulta muy próximo. Además, habrá la oportunidad de un segundo informe emitido conjuntamente por las Comisiones de Hacienda y de Pesca. Si le parece a la Sala así quedaría acordado. Acordado. El señor PRAT.- Señor Presidente , ojalá se acoja lo planteado por el Senador señor Piñera en cuanto a que los pescadores artesanales se incorporen al régimen de contabilidad. El señor RUIZ (don José).- ¡Que presente las indicaciones! El señor PIÑERA.- Señor Presidente , desde ya expreso mi abstención y reitero la petición de oficio antes mencionada. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y del Senador señor Andrés Zaldívar . --Se aprueba en general el proyecto con la abstención del Senador señor Piñera y se da plazo para presentar indicaciones hasta el 4 de junio. El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .- ¿Me permite, señor Presidente? El señor DÍEZ (Presidente).- El proyecto ya ha sido aprobado en general. El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .- Pero debemos precisar las palabras. El señor DÍEZ ( Presidente ).- Además, se fijó el 4 de junio como plazo para presentar indicaciones, enviando el proyecto para segundo informe a las Comisiones de Hacienda y de Pesca, unidas. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor DÍEZ ( Presidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .- Señor Presidente , la petición de oficio debe ser hecha a nombre del Senador que habla; y no, "también". Es decir, "la petición de oficio efectuada por los Honorables señores Andrés Zaldívar, Piñera y otros señores Senadores". El señor DÍEZ ( Presidente ).- La Mesa tomará nota de los suscriptores de la petición de oficio. "
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