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- rdf:value = " ASESINATO DE JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ: CAMPAÑA EN CONTRA DE GOBIERNO DE PRESIDENTE AYLWIN
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , en los últimos días, el país ha conocido la tenaz e injuriosa campaña en la que ha estado embarcada la directiva del Partido Unión Demócrata Independiente, destinada a socavar el prestigio y la honra del Gobierno del ex Presidente don Patricio Aylwin y, muy especialmente, de los actuales Subsecretarios señores Jorge Burgos y Marcelo Schilling .
A su vez, en la hora de Incidentes de la sesión del Senado de 18 de junio pasado, el Senador señor Hernán Larraín sostuvo básicamente los mismos argumentos de su Partido, con los cuales, de manera majadera, se ha intentado generar la idea de que durante el período más álgido de la investigación referida a la trágica y lamentable muerte del Senador Jaime Guzmán se intentó encubrir a terroristas y, consecuencialmente, impedir el total esclarecimiento del alevoso hecho.
¿Cuáles son las consideraciones en torno de las que han girado las imputaciones de la UDI?
A.- Se intenta hacer aparecer a las autoridades del Gobierno del Presidente Aylwin de haber realizado un montaje para responsabilizar a Sergio Olea Gaona del homicidio del Senador Jaime Guzmán .
Tal argumento carece de todo fundamento, por las siguientes razones que paso a exponer:
1.- Sergio Olea Gaona fue procesado por los tribunales de justicia; más exactamente, por resolución de una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por tres Ministros. Con posterioridad, una Sala de la Corte Suprema, por la unanimidad de sus cinco integrantes, inició el correspondiente proceso de extradición, por encontrarse el detenido en cárceles españolas. Posteriormente, un recurso de amparo interpuesto por su defensa fue rechazado en primera y en segunda instancia, esto es, por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.
En consecuencia, Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte de Suprema, por una u otra vía, dieron mérito al auto de procesamiento y, por ende, a los antecedentes contenidos en el parte de la Policía Civil, el que, a su vez, fue el fundamento del requerimiento del Gobierno y de la querella particular que presentaran la propia UDI y familiares del Senador Guzmán.
2.- No es justo, ni moralmente aceptable, entonces, la pretensión de la referida colectividad en cuanto imputa al Gobierno de la época la inculpación de un inocente, pues tuvo todas las oportunidades procesales para ejercer sus acciones y la Administración de ese entonces, por medio de los abogados del Ministerio del Interior, le prestó absoluta colaboración para que hiciera valer sus derechos.
Cabe recordar que fue la propia directiva de dicho Partido, mientras se ventilaba la extradición de Sergio Olea Gaona, en España, la que acusó en diversas oportunidades al Ejecutivo de entonces de falta de diligencia en traer al reo a Chile.
Sin ir más lejos, baste rememorar las escandalosas imputaciones, tanto a los Gobiernos de Chile como de España, que formularon dirigentes de la UDI -constan en recortes de periódicos que circulaban en aquellos días- en la oportunidad en que el señor Olea Gaona escapó de su lugar de prisión preventiva en aquel país.
Es bueno recordar, también, que los propios miembros de ese Partido daban al inculpado un tratamiento de verdadero condenado y no de procesado (hablaban del "asesino" o "terrorista" Olea Gaona , términos que jamás utilizaron las autoridades de Gobierno, que fueron mucho más cautas y responsables). Más aún, el abogado representante de los familiares del Senador Guzmán y de la UDI, señor Alex Schweitzer , viajó junto a representantes del Gobierno para acelerar, en esa oportunidad, la extradición del señor Olea Gaona .
3.- El que en noviembre de 1993 el juez instructor haya dicidido dejar sin efecto el auto de procesamiento en contra de Olea Gaona no constituye un hecho extraño en cualquier proceso criminal, como me lo han hecho saber abogados penalistas. Es más, debe reconocerse que es un hecho de común ocurrencia el que los autos de procesamiento sean revocados, ya que éstos se dictan cuando existen, entre otros requisitos, presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Por ende, el auto de procesamiento es una resolución judicial esencialmente revocable, pues se basa en presunciones que deben comprobarse permanentemente durante el sumario criminal. En consecuencia, no son convicciones absolutas ni condenas, porque ello sólo ocurre en el momento de dictarse la sentencia definitiva por el juez respectivo. No fue, por tanto, ni la Policía ni el Gobierno los que estimaron la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento en contra de Sergio Olea Gaona ; fueron los tribunales de justicia de la República.
Nuestra Constitución Política establece que quien haya sido sometido a proceso o condenado por una resolución judicial que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado. Es un hecho público que la defensa del señor Olea Gaona ha iniciado este procedimiento, el cual se encuentra pendiente de fallo ante el Alto Tribunal. En consecuencia, será éste el que determine en su oportunidad si las resoluciones dictadas por los tribunales de la República tuvieron las características que exige el constituyente para que proceda la indemnización.
4.- Pareciera que la UDI, partido que en otra época amparó la expulsión administrativa, el exilio, la relegación o la detención sin orden judicial por organismos policiales, sigue creyendo que es el Ejecutivo el que determina las participaciones criminales. Corresponde, en todo Estado de Derecho, a los tribunales de justicia precisar las responsabilidades criminales.
B.- Se sostiene que miembros del Gobierno de don Patricio Aylwin, que tuvieron responsabilidades en el área de seguridad ciudadana, encubrieron terroristas.
Tal argumento también carece de todo fundamento, pudiendo señalarse:
1.- A nadie le cabe duda que en Chile fue la democracia la que empezó a ganar la batalla en contra del terrorismo, utilizando para ello los medios de que dispone, sin "Operaciones Albania", ni supuestos enfrentamientos. Hoy, el país sabe que el terrorismo ha disminuido casi a su mínima expresión, y muy particularmente que no hay impunidad (al contrario de lo que ocurrió no hace tantos años, con el silencio avalador de algunos que hoy, súbitamente, se han transformado en defensores de la justicia y la verdad, olvidando su silencio culpable de no mucho tiempo atrás).
La muestra más patente del compromiso del Gobierno del Presidente Aylwin contra el terrorismo radica en los exitosos resultados tendientes a desarticular las organizaciones ilícitas terroristas y sancionar a los responsables de delitos terroristas, con estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos de las personas.
2.- Los Subsecretarios señores Burgos y Schilling, en conjunto con otros funcionarios, estuvieron a cargo del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, conocido como la Oficina de Seguridad, entre abril de 1991 y el 30 del mismo mes de 1993, en el caso de Burgos, y hasta el 30 de septiembre de 1992, en el de Schilling. La supuesta individualización del frentista que actúa bajo el seudónimo de "El Chele", según el propio ex policía señor Barraza , vino a ocurrir varios meses después del término del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, entidad que expiró jurídicamente por decreto publicado en el Diario Oficial de 30 de abril de 1993.
3.- Quienes cumplieron un papel importante, responsable y riguroso en la lucha contra el terrorismo, no necesitan de aplausos, pero a lo menos tienen derecho a exigir que no se les injurie públicamente. Por ello, es especialmente lamentable que estas personas, que han debido soportar enormes sacrificios por su compromiso por la justicia y contra el terrorismo, con peligro de sus propias vidas en más de una ocasión, sean infundadamente cuestionadas por un ex funcionario de Investigaciones que fuera exonerado de la Institución, en conformidad al ordenamiento jurídico vigente, de acuerdo con lo señalado por la propia Corte Suprema, y cuyas aseveraciones nadie ha ratificado y carecen, al parecer, de toda prueba. El ex funcionario policial, con indisimulado propósito de convertirse en actor estelar de nuestros noticieros televisivos, irresponsablemente dio inicio, a través de estos medios de comunicación, a una campaña de especulaciones, sospechas y acusaciones que no han hecho más que confirmar su inoperancia policial y ratificar la decisión de marginarlo de la Institución, como ocurrió en su oportunidad.
4.- La policía civil actúa en toda investigación de hechos delictivos, por mandato de la ley y en virtud de resoluciones judiciales. No requiere autorización adicional alguna del Poder Ejecutivo para aprehender a los presuntos responsables de estos hechos. Más aún, el requerimiento del Gobierno por el asesinato del Senador Jaime Guzmán está dirigido "contra todos los que resulten responsables" de este crimen. Por tanto, si los funcionarios policiales o los tribunales determinan la presunta participación criminal de cualquier persona, ésta puede y debe ser procesada, de acuerdo con la legislación chilena, sin corresponder al Poder Ejecutivo autorizar o no su juzgamiento.
5.- La mayoría de los integrantes de grupos terroristas han sido aprehendidos por las fuerzas policiales y han sido o están siendo juzgados por los tribunales de justicia, encontrándose privados de libertad en recintos penitenciarios del país (particularmente en la Cárcel de Alta Seguridad). Y los miembros de estos grupos que no han sido capturados están siendo buscados por la policía, y su detención se producirá, esperamos, tarde o temprano.
Llama poderosamente la atención que el proceso que llevaba el Ministro señor Pfeiffer haya pasado, en menos de una semana, del absoluto silencio impuesto por el propio magistrado -decisión sin duda discutible- a una seguidilla de comentarios públicos e interpretaciones que son, a lo menos, antojadizas. Baste recordar que cualquiera visita de algún miembro de la directiva de la UDI, o de un Parlamentario de sus filas, se convertía de inmediato en fuente de especulaciones y de tesis conspirativas.
El horrible crimen de Jaime Guzmán mereció y merece el más fuerte de los repudios. Por ello, toda la sociedad chilena exige la detención y sanción de los culpables, y evitar, a como dé lugar, la impunidad. Esa ha sido la conducta del anterior y del actual Gobierno, que han puesto todo de su parte por esclarecer el crimen, encontrándose detenidos y condenados, en sus calidades de autores materiales e intelectuales, Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena ; y, frente a cualquier detenido puesto a disposición por las policías a los tribunales, se han ejercido las acciones penales que se conceden al Gobierno en virtud de la ley que fija y penaliza las conductas terroristas.
Si aún falta por encontrar autores materiales o intelectuales del brutal crimen, es necesario continuar con los esfuerzos desarrollados, tanto por querellantes, policías y particularmente por los tribunales. Es al interior de ellos donde deben hacerse todos los esfuerzos para arribar a la verdad, y no en la politización demagógica, como ha ocurrido en los últimos días. El compromiso por la justicia y por la sanción de quienes incurran en hechos criminales responde a una historia, a una actitud permanente y no meramente ocasional.
C.- La UDI ha sostenido que la renuncia del Ministro señor Pfeiffer se debió a las presiones ejercidas por el Gobierno y los Partidos de la Concertación.
Esta aseveración carece de todo sentido, por lo siguiente:
1.- Ha sido precisamente la directiva de ese Partido la que, aprovechando su legítima calidad de parte en el proceso criminal por el asesinato de Jaime Guzmán , sostuvo una seguidilla de entrevistas con el juez señor Pfeiffer para conocer el estado del proceso. Sin embargo, el país entero conoció las opiniones, especulaciones e interpretaciones de estos dirigentes referidas a hechos del proceso, profusamente publicitadas a través de los medios de comunicación, que generaron, con justa razón, verdadera alarma pública.
2.- Tanto el Senador señor Larraín como la directiva de la UDI no pueden soslayar su eventual responsabilidad en la violación del secreto del sumario. En efecto, al hacer estas declaraciones, y especialmente al formular especulaciones sobre hechos del proceso que están bajo el secreto del sumario, se vulneraron, en la práctica, normas que regulan precisamente ese secreto y que tienen por objeto garantizar una adecuada investigación.
3.- En consecuencia, ¿qué se pretendía? ¿Que el Gobierno y los Partidos de la Concertación nada dijeran ante estos hechos, que no fueron dados a conocer por el Ministro señor Pfeiffer, sino por los dirigentes de la UDI al salir de las entrevistas que les concedía el magistrado?
En mi opinión, dicha colectividad y los Parlamentarios de sus filas han politizado el proceso, sustrayéndolo de su ámbito natural: el judicial. La verdadera campaña de opiniones, interpretaciones, etcétera, de todo tipo, que ha protagonizado la directiva de ese Partido, ha cuestionado, lamentablemente, el éxito de la investigación.
Son precisamente las actitudes de la aludida colectividad las que se constituyeron en presiones ilegítimas respecto del Ministro que llevaba la causa, y no la legítima preocupación de quienes observábamos cómo se desnaturalizaba el proceso y se ponía en cuestión la honra de personas que sólo han pretendido, responsablemente, contribuir en el esclarecimiento de los hechos.
4.- Resulta cuestionable, por tanto, el papel de verdadero Catón que ha asumido la directiva de ese Partido en los temas referidos a la verdad y la justicia. Cuestionable, porque aparece como una actitud demagógica y oportunista, ya que en estas materias no basta con aparentar sino que, muy por el contrario, es necesario tener una actitud permanente, unívoca e inclaudicable en la defensa de todos los casos en los cuales están en juego principios tan elementales para la convivencia civilizada de los pueblos como son la justicia y la verdad.
5.- Por último, señor Presidente , quiero expresar, en nombre de los Senadores Socialistas, nuestra complacencia por las decisiones adoptadas por la Corte Suprema el día de ayer, pues en ellas se plantea la verdadera misión de los jueces y la actitud que deben tener a la hora de ser llamados a hacer justicia, y al mismo tiempo, por el nuevo nombramiento, recaído en la Ministra señora Raquel Camposano , quien, por todos los antecedentes que de ella se conocen, da suficiente tranquilidad para que la investigación sea llevada a cabo no sólo con absoluta independencia por el Poder Judicial -cuestión que, en mi opinión, no ha estado planteada en este proceso-, sino, además, con la eficiencia necesaria para esclarecer totalmente los hechos que rodearon el asesinato del Senador señor Jaime Guzmán .
Ésa es la voluntad de esta bancada; ésa es la voluntad de los socialistas. Queremos que el Poder Judicial , en conformidad a las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan, pueda esclarecer, hasta los últimos detalles, todos los hechos relacionados con el asesinato del Senador señor Guzmán .
He dicho.
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