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El señor URENDA.-
Mi ánimo es intervenir brevemente, señor Presidente .
Lamento que esté ausente el Honorable señor Larraín , quien ha sido tan directamente aludido. Por ello, voy a hacer algunas precisiones, porque el señor Senador que me ha precedido en el uso de la palabra indudablemente ha expresado, ya no en forma eufemística, sino que ha hecho cargos directos e injurias directas al Partido al cual pertenezco, lo que me parece muy lamentable.
Ante estos hechos, es necesario precisar algunas cosas esenciales.
El Senador asesinado fue don Jaime Guzmán , colega nuestro, fundador de nuestro Partido; en consecuencia, quienes integramos la UDI tenemos el más legítimo de los derechos a solicitar justicia y a hacer cuanto esté en nuestra mano por que ella sea absolutamente plena.
Se ha dicho aquí que los cargos formulados -la mayoría de ellos los hicieron la prensa, los medios de información o funcionarios de Gobierno- serían completamente injustificados. Y se expresa, a vía de ejemplo, que, en lo que concierne al señor Olea Gaona , efectivamente fue sometido a proceso y que, en su virtud, se solicitó su extradición. Pero el problema con el señor Olea no surgió de la circunstancia de haber sido sometido a proceso o de que se haya solicitado su extradición, sino que apareció cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones dieron a conocer antecedentes que ponían en evidencia que no era responsable. Y esos funcionarios, obviamente, no tienen ninguna vinculación con la Unión Demócrata Independiente.
Es razonable que la UDI haya tenido el propósito de que quien se sindicada como el asesino del Senador Jaime Guzmán respondiera en Chile por el delito que se le atribuía. Lamentablemente, se siguió incriminando al señor Olea, en circunstancias de que funcionarios de Investigaciones - y, entendámonos bien, se trata de un servicio del Estado, que depende del Gobierno y no de la Unión Demócrata Independiente- entregaron informaciones que ponían en evidencia que era inocente en este caso, o que no era el autor intelectual del crimen, y que sí había otras personas responsables de su autoría.
Si ante estos antecedentes el Gobierno hubiera procedido en consecuencia, quizá hoy el problema no existiría. Pero resulta que no actuó conforme a los antecedentes que le suministró el equipo de investigadores que se estimaba el más eficiente de la Policía Civil; sino que, simplemente, el señor Barraza fue exonerado, se hizo caso omiso de lo que dijo, se siguió sosteniendo la culpabilidad de Olea Gaona y no se continúo procurando determinar otras responsabilidades. El Gobierno negó la existencia del informe que el señor Barraza -con quien no tenemos ninguna vinculación política- dio a conocer a la opinión pública. Y fue un Ministro de Estado el que negó que ese documento hubiera llegado a poder de autoridades superiores. Pues bien, era tan cierto que dicho documento existía que posteriormente fue reconocido hasta por la Policía de Investigaciones. Y sobre la base de esos antecedentes -que alguien que depende de la responsabilidad del Gobierno ocultó durante mucho tiempo-, se reabrió el proceso. O sea, primero se exoneró de responsabilidad al señor Sergio Olea Gaona y después se reabrió el proceso.
La UDI es parte en este proceso y lo es legítimamente. En consecuencia, es natural que se preocupe de su marcha, de que se investigue realmente y de que se determine qui��n fue el autor intelectual, quién indujo al asesinato de nuestro líder, de nuestro colega, el Senador Jaime Guzmán . Por ello, no puede sostenerse con tanta liviandad que ha sido responsabilidad de la Unión Demócrata Independiente, de sus dirigentes o de sus Parlamentarios, lo que la prensa haya podido decir en este caso, o la presión que se ejerció, a vista y paciencia del país, sobre el ministro Pfeiffer, porque esta presión surgió de las más altas esferas del Gobierno, de funcionarios pertenecientes a diversos partidos, de funcionarios de la colectividad del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra y de otras que integran la Concertación. Y presionaron en forma tan fuerte que, a un hombre de la integridad moral del ministro Pfeiffer, lo llevaron a dejar ese proceso.
Entonces, surge la legítima duda en cuanto a por qué algunos y por qué el Partido Socialista tienen tanta inquietud -o demostraron tenerla durante un tiempo- respecto a que continuara la investigación. ¿Por qué ese afán o esa presión para que, ojalá, el ministro Pfeiffer -de cuya competencia nadie ha dudado en Chile, y a quien conocí hace muchos años como integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y Presidente de la Asociación de Magistrados- no siguiera conociendo el proceso? Y hubo tal presión que se configuró un caso único quizás en nuestra historia: un juez se sintió de tal modo presionado que no le quedó otro camino que el que siguió. Probablemente haya sido una decisión equivocada; pero debemos darnos cuenta del grado de presión que sobre él se ejercitó cuando se temió, por los antecedentes conocidos- de los que la opinión pública se enteró no por boca de la Unión Demócrata Independiente, sino por la de funcionarios de Investigaciones que lo han expuesto por la televisión y por todos los medios de comunicación-, que había el riesgo o la posibilidad de que algunos funcionarios de Gobierno pudieran ser sometidos a proceso. Fue en ese momento cuando esta presión sobre el ministro Pfeiffer arreció. Son estas circunstancias las que nos hacen temer que en este caso pudo haber existido algo más grave de lo que podría aparecer como una simple negligencia.
Hoy día -y esto tampoco emana de la UDI- la prensa afirma y aclara -y ha quedado constancia- que algunos aspectos de las acusaciones formuladas contra Olea Gaona corresponden a un montaje. Pero no es culpa de la Unión Demócrata Independiente ni del abogado señor Schweitzer que existiera tal montaje y que indujera a error incluso al Poder Judicial , aun cuando -debemos recordar- no indujo a error al primer Ministro sumariante .
Por ello, las expresiones oídas en la Sala resultan injustas y hasta curiosas. Provoca una sensación muy extraña la preocupación de determinado Partido por aclarar la verdad. Me alegra de todo corazón lo expresado por el Senador señor Núñez , pues creo en su palabra cuando afirma que su deseo personal y el de su colectividad política es que se llegue a la verdad. Sin embargo, hay que ser consecuentes y considerar los antecedentes emanados de miembros de su propio Partido, de Parlamentarios que nada tenían que ver con el asunto y que no pertenecían a la UDI -querellante y afectada en esta causa-, quienes formularon declaraciones amenazantes que han conducido a la lamentable situación en la cual nos encontramos.
De alguna manera, quizás, me agrada que lo dicho por el Senador señor Larraín haya provocado esta reacción en el Honorable señor Núñez . Ha sido injusta. Rechazo sus expresiones en cuanto conciernen a integrantes de mi Partido, pero, sí, tienen al menos la ventaja de demostrar que real y efectivamente ellos están interesados en llegar a la verdad, en que se aclaren circunstancias conocidas, como, por ejemplo, el hecho de que quien investigaba la causa -considerado el funcionario estrella de la Policía de Investigaciones- pasara en pocos días a retiro; el de que se disolviera la misma organización o grupo de trabajo interno que había descubierto al asesino del Prefecto de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Concepción; el de que se negara la existencia de un informe detallado sobre el particular; el de que se negaran antecedentes que hoy día son de conocimiento público, y no porque los haya proporcionado la UDI, pues constituye una afirmación absolutamente injuriosa sostener, por haber ido a inquirir la marcha del proceso, que las informaciones dadas a conocer por la televisión o la prensa han emanado de allí. No es así; no ha ocurrido tal cosa. Todos tenemos conciencia de que alguien ha tenido interés en que la verdad no se sepa; de que alguien impidió que se detuviera a quien se considera el autor intelectual del asesinato; de que alguien rechazó o postergó por meses una información que la justicia y el país requerían.
Deseo terminar reivindicando la posición de mi Partido, pues somos los ofendidos y quienes han sido víctimas de estos actos. Jaime Guzmán fue asesinado una semana después de haber votado un proyecto de reforma constitucional que facultaba al Presidente de la República de aquel entonces para otorgar indultos a terroristas. Hemos sido las víctimas de esta situación y no tenemos otro interés que el de establecer la verdad de los hechos. Apoyamos la acción emprendida cuando se supuso que Olea Gaona era el responsable. Ahora, sabiendo que no lo es, seguimos con el mismo interés. No nos motiva generar una caza de brujas ni establecer responsabilidades porque sí, pero los funcionarios públicos deben responder de sus actos, de las funciones que desempeñan. Y eso es lo que perseguimos: el esclarecimiento de la verdad. Y si como consecuencia de ello se toma conocimiento de que alguien ocultó información o impidió que se conocieran oportunamente los antecedentes, esa persona debe responder. No inculpo a nadie, y en esto he sido extraordinariamente prudente, pero, obviamente, comparto el dolor de quienes fuimos amigos y admiradores de Jaime Guzmán , como también la preocupación que Chile tiene para que de una vez por todas el terrorismo termine, y, ojalá, no haya concomitancia alguna, de ninguna especie, entre personas que hoy desempeñan cargos públicos y quienes fueron o siguen siendo terroristas.
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