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- rdf:value = " REAJUSTE DE INGRESO MÍNIMO, ASIGNACIONES FAMILIAR Y MATERNAL, Y SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de "Discusión Inmediata", que reajusta los montos del ingreso mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal, y del subsidio único familiar, con informe de la Comisión de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 59ª, en 14 de mayo de 1996.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 59ª, en 14 de mayo de 1996.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que asistan a la sesión, juntamente con el señor Ministro de Hacienda , su asesor señor Héctor Casanueva; el Subsecretario de Trabajo , señor Guillermo Pérez Vega, y el señor Mario Marcel, Subdirector de Presupuestos .
Si no hay oposición, así se acordará.
Acordado.
El señor LAGOS ( Prosecretario ).-
El proyecto de que se trata, aprobado por la Cámara de Diputados, fue iniciado en mensaje del Ejecutivo. En el informe se analiza el texto de este último y luego se consigna una exposición del señor Ministro de Hacienda .
Junto con puntualizarse que la idea de legislar fue aprobada por unanimidad, con los votos de los Senadores señores Jorge Lavandero ( Presidente ), Sebastián Piñera y Andrés Zaldívar, se precisa que la Comisión ha despachado la iniciativa debidamente financiada y que, en consecuencia, ésta no producirá desequilibrios macroeconómicos ni incidirá negativamente en la economía del país.
Luego de discutir y votar en particular el proyecto, que consta de cinco artículos, la Comisión propone aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor DÍEZ (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez.
Se encuentran inscritos para intervenir los Senadores señores Lavandero, Ruiz, Muñoz Barra, Piñera, Bitar, Calderón, Pérez, Ominami, Andrés Zaldívar, Ruiz-Esquide...
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
...y Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Quisiera dejar establecido que he formulado indicaciones, entre ellas una de división de votación.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Se tendrá presente, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Por mi parte, señor Presidente, vengo en cumplir con la obligación de rendir un breve informe de lo tratado en la Comisión de Hacienda.
El proyecto reajusta, a contar del 1º de junio de 1996, los montos del ingreso mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal, y del subsidio único familiar. En el caso del primero, la cifra respectiva asciende a 11,2 por ciento, para lo cual se ha tomado en consideración una inflación estimada de 6,4 por ciento, más 4,5 por ciento de aumento de la productividad.
Cabe hace presente que el ingreso mínimo dice relación, más o menos, a entre 7 y 8 por ciento de la fuerza de trabajo, esto es, a alrededor de 550 mil personas.
Habría que señalar que desde 1989 el ingreso mínimo mensual ha evolucionado nominalmente de la siguiente manera: 18 mil pesos, en 1989; 26 mil, en 1990; 33 mil, en 1991; 38 mil 600, en 1992; 46 mil, en 1993; 52 mil 150, en 1994, y 58 mil 900, en 1995.
Lo anterior significa que el salario mínimo se ha reajustado en 38,3 por ciento real. Repito: 38,3 por ciento.
El proyecto también otorga un reajuste de 12 por ciento a las asignaciones familiares y subsidios familiares, superior, por cierto, al 11,2 que se concede al ingreso mínimo. Ahora bien, su ámbito de cobertura comprende a 3 millones 400 mil beneficiarios de asignación familiar y 700 mil de subsidio familiar, a los que se agregan 140 mil jóvenes.
Adicionalmente, es preciso considerar la situación de los jóvenes en el mercado del trabajo, ya que seguramente será uno de los puntos centrales de la discusión. Entre 15 y 19 años de edad existe un millón 185 mil jóvenes, con una tasa de desocupación de 17,8 por ciento; entre 20 y 24 años, un millón 194 mil 800, cuya desocupación alcanza a 14,6 por ciento; entre 15 y 24 años, 2 millones 378 mil 800, con una desocupación de 15,4 por ciento; y en el rango de 25 años y más, hay 7 millones 757 mil 100 jóvenes, con un porcentaje de desocupación de tan sólo 3,9.
La tasa promedio real de desocupación es 6,6 por ciento.
Los argumentos dados en la Comisión de Hacienda para reajustar el salario mínimo en 11,2 por ciento, desglosado en 6,4 de inflación más 4,56 de productividad, apuntan a que ese monto favorece a los más jóvenes, pues son los con menor capacitación, aptitud para el trabajo y productividad. Ésa es la razón fundamental para otorgar este reajuste: se posibilita la entrada al área laboral de quienes carecen de la suficiente capacitación, pudiendo ser contratados con un salario inferior al de las personas mayores de 18 años.
El artículo 1º del proyecto aumenta, de 58.900 pesos a 65.500, el monto del ingreso mínimo mensual, que corresponde al salario mínimo del año pasado más el reajuste de 11,2 por ciento que se propone. Para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65, el incremento va de 50.689 pesos a 56.370. Y el salario mínimo que se emplea para fines no remuneracionales sube de 43.804 pesos a 48.710 pesos.
En estos tres guarismos que he señalado --reajuste general; para menores de 18 y mayores de 65, y para fines no remuneracionales--, el reajuste es de 11,2 por ciento.
La meta planteada por la Central Unitaria de Trabajadores era que el salario mínimo correspondiese a 5,18 UF. El actual reajuste es equivalente a 5,163 UF, prácticamente menos de 0,02 UF de diferencia respecto de lo que había solicitado la CUT.
En cuanto a la asignación familiar, que está establecida en el artículo 3º, se aumenta a 2.500 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 167 mil pesos, y a 880 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 167 mil pesos y no exceda los 348 mil. Las personas que tengan un ingreso mensual superior a 348 mil pesos no tendrán derecho a la asignación aludida.
En términos financieros, el costo de este proyecto --que fue aprobado por unanimidad-- se divide en tres puntos. Primero, la variación del ingreso mínimo, que importa al Estado un costo de 522,7 millones de pesos por el resto del año, monto que se descompone en dos áreas: a) asignación por muerte de activos y pensionados del antiguo sistema (424,7 millones); y b) pensiones de gracia (98 millones). Si la cifra fuera anualizada, y no sólo por el resto del año, la suma de 522,7 millones se elevaría a 896 millones de pesos.
Segundo, la asignación familiar y maternal, que irroga un costo fiscal de 3.846,8 millones de pesos. Si este monto fuera anualizado, y no sólo por lo que resta del año, significaría un costo de 7 mil 694 millones.
Finalmente, los SUF importarán al Fisco un costo de 1 mil 402,4 millones de pesos; y si esta fuese anualizada, es decir, y no sólo por lo que resta del año, significaría un gasto de 2 mil 804 millones de pesos.
Lo anterior totaliza para este año un gasto fiscal de 5 mil 772 millones de pesos; y el gasto anualizado, y no sólo por los meses que restan del año, representará un costo de 11 mil 394 millones de pesos.
Estos son los antecedentes de que dispuso la Comisión de Hacienda para aprobar el proyecto que nos ocupa, lo que implicará que el mayor gasto fiscal que represente durante el año 1996 la aplicación de esta ley en proyecto, determinado por la cifra de 5 mil 772 millones de pesos, se deba financiar con transferencias del ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público del Presupuesto vigente.
Por consiguiente, la Comisión despachó la iniciativa en informe debidamente financiada, y propone al Senado su aprobación.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
He dicho.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , quiero referirme a sólo tres puntos.
Primero, haré un resumen de las concepciones sobre ingreso mínimo o salario mínimo; segundo, examinaré los procedimientos empleados y la tradición en cuanto a su aplicación; y, tercero, efectuaré una reflexión general --pero que me parece importante-- y conceptual acerca del contexto de inversión y esfuerzo social en el que se está proponiendo este particular reajuste en el ingreso mínimo mensual, en las asignaciones familiar y maternal y en los SUF.
En primer lugar, cuando hablamos de reajustar a 65 mil 500 pesos el ingreso mínimo mensual, debemos aclarar que nos acercamos a una concepción de salario mínimo más que de ingreso mínimo. Sabemos que la palabra "salario" se halla obsoleta, fuera de nuestro vocabulario legal; pero con ella se quiere destacar una señal de remuneración estrictamente individual. Ha habido alguna discusión respecto de si una familia puede o no mantenerse en base a un ingreso mínimo. Pero, desde la partida, debemos aclarar que estamos dando una señal de remuneración estrictamente para individuos o personas, y no de canasta familiar.
Además, se trata de una señal o indicación sobre un piso de equidad, en ningún caso sobre una norma, un promedio, un tipo o la generalidad de los salarios de la economía, que --como todos saben-- se encuentran muy por encima del ingreso mínimo que ahora consideramos. Ésta es una especie de puerta de entrada o un enganche para aquellos individuos que --lo subrayo--, viniendo de sectores más vulnerables, necesitan aumentar la probabilidad de engancharse en algún trabajo formal o productivo. Hay una especie de piso o protección legal para prevenir abusos a sectores que no pueden negociar colectivamente o en forma fuerte u organizada. Ésta es una aclaración importante, porque a veces se ha tendido a confundir la posibilidad de sustentar a una familia en base a este indicador vis a vis esta señal de enganche o de piso inicial que pretende más que nada establecer una protección contra los abusos y crear las bases para una primera partida en el mercado del trabajo a jóvenes --especialmente vulnerables--, a mujeres de sectores rezagados especiales, que necesitan entrar al sistema laboral formal, etcétera.
En segundo lugar, en cuanto a los procedimientos utilizados, éstos ya han sido descrito con detalle por el Senador informante señor Lavandero . En efecto, aquí hay un cálculo de una productividad real promedio esperada de 4,56 por ciento, que a su vez se adecua muy bien al reajuste real efectivo --Sus Señorías tienen a la vista los cuadros con el gráfico que aparecen en el informe de la Comisión-- promedio de esta señal de ingreso o salario mínimo desde 1990 --ó 1991-- hasta la fecha. Es decir, existe un encuadre con lo que ha ocurrido de facto en forma efectiva en este indicador.
Hubiéramos querido concertar un valor en conjunto con las organizaciones de trabajadores representadas por la CUT y también con los sectores empresariales. Esto no fue posible por razones de todos conocidas. Pero debo dejar en claro, y asentado, que durante abril se hicieron esfuerzos, se mantuvieron conversaciones y se realizaron análisis con técnicos y asesores de la CUT, entre otros.
Por lo tanto, el Gobierno, dados los plazos, se vio en la obligación de presentar este proyecto la semana pasada a la Cámara de Diputados, y en este fecha al Senado, producto de una situación que no controlaba, a pesar del deseo de concertación, diálogo y discusión a nivel superior.
En términos también de procedimientos, por primera vez en los últimos 3 años, el Gobierno --quiero destacar esto ante los señores Senadores--, en lo que le es propio, que es el manejo de los recursos fiscales, está haciendo un esfuerzo especial al proponer una reajustabilidad en las asignaciones familiares de 12 por ciento --y no del 11,2, que es el aumento para el ingreso mínimo-- y también de 12 por ciento para los llamados SUF (subsidios únicos familiares). Esto es importante y merece destacarse por dos razones: primero, porque el número físico de prestaciones por concepto de asignaciones familiares pagado por el sistema alcanza ya a más de 3 millones 400 mil, cifra que ha ido creciendo en el tiempo; y segundo, porque en términos de los SUF igualmente hay aquí un esfuerzo especial este año, que justamente es congruente con la aprobación, de hace uno o dos meses, del proyecto sobre reajuste especial de pensiones y bono de invierno. Me refiero a que el número base de los SUF son 700 mil prestaciones, que ahora se ven incrementadas en 140 mil adicionales. De tal manera que por este efecto estamos cubriendo más gente, y particularmente --escúchenme, Sus Señorías-- a los más jóvenes, a quienes necesitan subsidio de escolaridad o de asistencialidad precisamente en el tramo de 14 ó 15 años a 18 años, al haber agregado 140 mil prestaciones que antes no estaban cubiertas en el sistema de asignaciones familiares y los SUF.
Y, por eso, en lo que le es propio al Estado, que es el manejo de la plata fiscal, del Tesoro Público, se está haciendo este año un esfuerzo especial que eleva la base de erogaciones en estas prestaciones a un anualizado total de cerca de 95 mil millones de pesos por año --repito: 95 mil millones de pesos por año-- que eleva sustancialmente la base que en estas mismas prestaciones efectuamos en años pasados. Es decir, hay más recursos fiscales, más focalizados, con un reajuste especial y adicional en asignación familiar y los SUF, lo que el Gobierno y el país estiman que focaliza más concentra ese esfuerzo en los sectores vulnerables y la pobreza, incluyendo las cargas familiares y los jóvenes.
Finalmente, quiero realizar una reflexión general sobre la política social. Aquí no estamos proponiendo la reajustabilidad del ingreso mínimo como único y exclusivo instrumento de la política social. Nada de eso, señores Senadores. Porque aquí existe toda una red social que el país ha ido construyendo con gran esfuerzo. Hay un esquema redistributivo que abarca una variedad de cosas. Ya expliqué lo relativo a las asignaciones familiares y los SUF. Y podría hablar largamente respecto de los programas de vivienda social, de educación preescolar, básica y media, de atención primaria de salud, de subsidio al consumo de agua potable, de alimentación escolar y, sobre todo, de los programas de capacitación de los jóvenes. Desafortunadamente, no los hemos traído, pero me comprometo a hacerlos distribuir entre los señores Senadores.
Hemos cumplido con un pacto que surgió de la discusión del Presupuesto, en noviembre del año pasado, e hicimos una evaluación independiente, por consultores externos, tanto de la Concertación como de Oposición. Estos técnicos terminaron recién un informe sobre el primer programa de capacitación de jóvenes, que maneja el Ministerio del Trabajo. Cubrió a más de 100 mil personas en su primera etapa de tres años, ya terminada.
El resultado, según ese informe (Sus Señorías van a contar con él), es exitosísimo. Y recalco este calificativo porque, producto de dicho programa de capacitación especial, se redujo el tiempo de espera, de desempleo y de cesantía, en los grupos más jóvenes. Aumentaron sus posibilidades efectivas de "enganche" en trabajos de más productividad y mejor remunerados, y la mayor parte de ellos, insertos en el mercado de trabajo, obtuvo a corto andar incrementos salariales significativos para su estrato.
Repito, los señores Senadores podrán conocer este informe, que constituye un ejemplo del resto de las políticas sociales de las cuales estamos hablando.
Ahora, una reflexión general sobre la relación entre crecimiento acelerado, inversión en capital humano, productividad y redistribución.
Efectivamente, si el país sólo basara su impacto redistributivo y social en el crecimiento, se vería enfrentado a problemas en el área social y de distribución del ingreso. Se ha demostrado que el puro método del "chorreo" demora siglos en llevar las mayorías más vulnerables hacia estándares de vida más dignos o de mayor modernidad y calidad de vida.
Precisamente por eso es que las políticas públicas conforman toda una batería compleja y sofisticada que intenta, de manera equilibrada y macroeconómicamente responsable, sesgar lo más posible los resultados del crecimiento acelerado hacia el campo social y hacia resultados sociales. De hecho, este Gobierno, como el anterior, sí lo está consiguiendo. Pero lo importante es que el esfuerzo de redistribución tiene que ser sustentable en el tiempo, acumulable, no pasajero y esporádico, ni sujeto al mero crecimiento o al puro ciclo económico.
En este sentido me gustaría destacar aquí, por ejemplo, algunos estudios del MIT, una conocida universidad norteamericana, que justamente está empapada en los temas sociales y de redistribución. En ellos, mirando la experiencia internacional y los esfuerzos redistributivos de países de clase media, o emergentes, o en vías de desarrollo, puede verse cómo la relación entre crecimiento, políticas públicas y particularmente cambios en la productividad laboral, son el corazón de una verdadera política sustentable de redistribución a largo plazo.
Nada resultaría más fácil para el Gobierno de turno que proponer al Senado un salario mínimo con reajustabilidad nominal elevadísima. Sería para nosotros sencillo intentar ser populares proponiendo aquí porcentajes de reajuste muy significativos o espectaculares. Pero todos conocemos la experiencia del pasado y sabemos (la estadística que Sus Señorías han recibido lo demuestra) que es más sustentable, realista y efectivo procurar que el factor de recuperación y reajustabilidad real, asentado en la productividad, sea el que domine y pondere los efectos de alza gradual en este indicador, que es uno de muchos en la política social. En una serie de países se han realizado cálculos al respecto que sería largo enumerar acá, señor Presidente . Resumiré sólo las conclusiones.
Cuando hay naciones que sólo elevan su inversión en capital físico (equipo, maquinarias, estructuras, inclusive la infraestructura-país, que en parte es pública), y logran aumentarla, por ejemplo, en 20 por ciento, se produce un salto, a mediano y largo plazo, en la productividad del país y en el ingreso por habitante, que puede llegar a ser, en algunos casos, del orden de 8 a 10 por ciento, sustentable. Es una cifra significativa. Pero está el caso de otros países, y a ése creemos estar apuntando con nuestras políticas. Es aquél en que no sólo se eleva la inversión en capital físico, inclusive en infraestructura y equipo, sino que también se iguala o supera el porcentaje de incremento en la inversión en capital humano de todo tipo. En esto incluyo las prestaciones sociales, el bienestar social y, particularmente, la educación y capacitación de los jóvenes y de la población de tercera edad.
Cuando se hace este ejercicio, y sube, por ejemplo, en 20 por ciento la inversión en capital físico y la realizada en la gente, en las personas, se produce en el tiempo un salto espectacular en la tendencia de productividad (como la que aquí se ha analizado para el ingreso mínimo), el que a la larga permite aumentar el ingreso por habitante en 30 por ciento o más, y sustentarlo. Además, se llega a incrementar el consumo por habitante, o por ciudadano promedio, en 20 por ciento más, y sustentarlo.
Estimo que ésa es la verdadera forma de la redistribución de ingresos sana, ponderada, sustentable a largo plazo: inversión, capital humano, productividad de la gente, y salto en estas tendencias, en forma histórica. Los cambios de porcentajes nominales altos por una sola vez no son lo que verdaderamente importa; constituyen sólo una ilusión, para luego experimentar en los siguientes años retrocesos, alzas en la inflación, o problemas en el salario real, en la productividad.
Creemos que hay mucho por comentar, observar y progresar en el mercado laboral. En eso está el Gobierno. Pero hay que tener muy claro que una política dinámica (de mercados laborales fuertes, poderosos y flexibles, que acompañen el alza de productividad) es la que puede sustentar una redistribución del ingreso que realmente eleve la dignidad y la calidad de vida de los sectores más vulnerables, de los más desposeídos, y también la de los ciudadanos medios del país.
Señor Presidente , discutimos aquí dos componentes de una gran batería de instrumentos simultáneos que se está aplicando. Por lo tanto, no debe volcarse todo el debate sólo en estos dos componentes, por importantes que ellos sean.
En primer lugar, destaco nuevamente las asignaciones familiares y los SUF, los cuales, al haber escalas y ser focalizados, son plenamente redistributivos, que es lo que se quiere. En segundo término, hago los alcances que ya ha explicado el Honorable señor Lavandero respecto del equilibrio que debe buscarse en términos de sustentar, en cálculo de productividad real, esta alza de 11,2 por ciento que se propone en el piso, o señal de "enganche", y que constituye para nosotros el ingreso o salario mínimo individual, y no familiar.
He dicho.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Hasta el momento, la Mesa registra 12 señores Senadores inscritos para intervenir en el debate.
Según lo acordó el Senado, el Orden del Día está prorrogado hasta las 19. Propongo postergar su término por media hora más, con el objeto de permitir que participen, por lo menos, los Honorables colegas inscritos, fijando un límite de 5 minutos para cada intervención. Con ello se completaría aproximadamente el tiempo que señalamos, y dejaríamos algunos minutos disponibles para formular consultas a los señores Ministros.
La señora FREI (doña Carmen).-
No hay acuerdo, señor Presidente .
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, estoy por que se aplique la norma reglamentaria y el derecho de cada Senador a referirse a la materia en debate.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
¿El señor Senador se refiere a quince minutos para cada orador? ¿O a diez, como corresponde a la discusión particular? Ello supondría que sólo alcanzarán a hablar seis o siete señores Senadores, luego de lo cual se suspendería el tratamiento del proyecto.
El señor HORMAZÁBAL.-
No, señor Presidente. Podemos seguir prorrogando el Orden del Día.
La señora FREI (doña Carmen).-
No. No hay acuerdo.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , quiero saber si hay objeciones para acoger la proposición de prórroga planteada por Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen).-
Así es. No hay acuerdo. Sólo hasta las 19, como hemos acordado.
O, si el señor Presidente me lo permite, le ruego esperar un momento a que consulte a los señores Senadores de mi bancada, para no ser tan dictatorial. Pero en principio habíamos aprobado la prórroga hasta las 19.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Por allí comenzó la proposición de la Mesa: estando prorrogada la hora hasta las 19, y con 12 señores Senadores inscritos para intervenir, algo deberíamos hacer para permitirles exponer a todos. Si, además, se quiere resguardar el derecho reglamentario a hablar por quince minutos, necesitaríamos disponer de 3 horas, de una prórroga hasta las 21:10.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Sí, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
En el afán de lograr mayor flexibilidad de parte del Comité Demócrata Cristiano, se podría prolongar el Orden del Día hasta las 19:30, pero sin la posibilidad de fundamentar el voto. De lo contrario, los Senadores van a utilizar los 15 minutos para intervenir, y los 5 de que disponen por reglamento para fundamentar su voto.
Por eso, podría prorrogarse el Orden del Día por media hora, pero sin posibilidad de fundamentar el voto, al menos para quienes ya han hecho uso de la palabra.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, el proyecto es de "Discusión Inmediata", razón por la cual lo más recomendable es despacharlo en el día de hoy.
En este momento se encuentran inscritos para usar de la palabra 12 señores Senadores, que, reglamentariamente, pueden intervenir hasta 15 minutos en forma individual. Adicionalmente, cada señor Senador tiene el derecho reglamentario de fundamentar su voto hasta por 5 minutos durante la votación.
Mi proposición tenía por objeto --lo reconozco-- reducir el tiempo de las intervenciones, con el propósito de terminar alrededor de las 19:30. Pero si la Sala desea mantener el derecho a usar de la palabra por el tiempo reglamentario, quiero que Sus Señorías tengan presente que eso obliga a prorrogar el Orden del Día por un lapso superior al previsto. Ello, porque el no hacerlo es inconciliable con el tiempo de que reglamentariamente disponen los señores Senadores para usar de la palabra.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, propongo que quienes intervengan renuncien a su derecho a fundamentar el voto.
El señor MC-INTYRE.-
De acuerdo.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Consulto a los señores Senadores si están de acuerdo en que las intervenciones tengan una duración máxima de 5 minutos.
El señor LAVANDERO.-
Sí, señor Presidente.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, ése es un derecho de los Senadores, y no puede ser negado ni siquiera por mayoría. Acortar los tiempos implica una modificación reglamentaria que, por tanto, no puede aprobarse ni aun por mayoría.
Yo no acepto que se vulnere el Reglamento, señor Presidente.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Señor Senador, no estoy proponiendo nada que signifique menoscabar los derechos de los miembros de esta Corporación. Simplemente, estoy apelando a un mecanismo usado muchas veces en oportunidades anteriores, consistente en que la Sala, por unanimidad, acuerda un procedimiento para agilizar la discusión.
Como en esta ocasión el Senado no ha aceptado un procedimiento de ese tipo, pregunto a los señores Senadores si entonces están dispuestos a prorrogar el Orden del Día hasta por el tiempo que sea necesario, con el objeto de permitir que quienes se hallan inscritos hagan uso de sus derechos reglamentarios, esto es, intervenir hasta por 15 minutos, y luego, si lo estiman conveniente, fundamentar su voto hasta por 5 minutos.
Lo que no es posible es que se nieguen conjuntamente ambas posibilidades, porque en tal caso resultará imposible despachar el proyecto en el día de hoy.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, el Senado se caracteriza por su pluralismo, así que puede haber opiniones distintas.
Yo estoy dispuesto a intervenir el menor tiempo posible y abstenerme de hacer uso del derecho a fundamentar el voto. Quiero colaborar con el Senado. Pero ocurre que el proyecto, por haber sido calificado con "Discusión Inmediata", sólo fue conocido por una Comisión, cuyo informe hemos leído ahora. Entonces, cuando uno quiere emitir su opinión, se encuentra con que sólo puede hacerlo durante 5 minutos. Me parece que eso es una capitidisminución para el Senado, que no acepto.
En consecuencia, quiero usar de mi derecho reglamentario a intervenir en la discusión general, aunque estoy dispuesto a colaborar al despacho del proyecto en el día de hoy. Nuestro Comité, la Senadora señora Carmen Frei, ya expresó su conformidad para extender el Orden del Día en media hora, y los que vamos a usar de la palabra podríamos abstenernos de fundamentar el voto, como un aporte a la pronta aprobación de la iniciativa. Pero ello, señor Presidente , ejerciendo nuestro derecho.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, ya llevamos 10 minutos discutiendo lo mismo.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, ya que al parecer habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día hasta las 19:30, tratemos de hacer todo lo posible para terminar a esa hora. Si ello no ocurre, veamos en ese momento cómo despachar el proyecto.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Si los señores Senadores inscritos intervienen todos 15 minutos, hasta las 19:30 sólo cinco habrán hecho uso de la palabra.
El señor RUIZ (don José).-
Sigamos, señor Presidente .
La señora FREI (doña Carmen).-
Muchos sólo van a intervenir 5 minutos, señor Presidente . Así que podríamos continuar.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Muy bien.
Corresponde hacer uso de la palabra al Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente, estamos frente a un tema que, a pesar de que se repite todos los años, hace necesario reiterar algunos conceptos, porque es evidente que tenemos una opinión distinta sobre el significado de algunas cosas.
Por ejemplo, discrepamos en cuanto a que el salario mínimo sea una especie de suplemento para alcanzar mayores entradas por otras vías. Esto no es efectivo. Si sumáramos todos los apoyos sociales que lleva el Gobierno, nos encontraríamos con que también los cesantes tienen una suerte de ingreso. Pero distinto es hablar del ingreso que permite subsistir a una familia. Para una parte importante de los 500 y tantos mil trabajadores que reciben el salario mínimo o uno cercano a él, éste es su único ingreso familiar. Ahora, en una familia donde dos o más personas reciben el salario mínimo o cuentan con otra fuente de entradas, es evidente que el impacto del primero en el ingreso familiar es diferente.
Por lo tanto, no podemos generalizar a partir de situaciones particulares posibles de ocurrir. El asunto es que para un número importante de familias el salario mínimo constituye su única fuente de entradas.
En segundo lugar, quiero señalar que el proyecto no resuelve todos los problemas, en especial los relacionados con la distribución del ingreso. No basta con aumentar las remuneraciones o las jubilaciones para solucionar el problema del ingreso, sobre todo en un país como Chile, que es uno de los que tienen pésima distribución de aquél. Y esto lo dicen organismos internacionales que han estudiado el tema utilizando los parámetros pertinentes.
Lo anterior no quiere decir que el Gobierno no haya hecho esfuerzos. Aquí, en la Sala, hemos reconocido en múltiples oportunidades la variable, que podríamos llamar "social", que los dos Gobiernos de la Concertación han intentado imprimir en el modelo económico. Sin embargo, los resultados demuestran que no hemos obtenido todos los éxitos esperados. Si bien es cierto que las grandes cifras funcionan muy bien, no es menos cierto que tenemos focos de pobreza absolutamente rebeldes, y que el instrumento de las remuneraciones y las jubilaciones es uno de los que pueden emplearse para levantar el nivel de vida de las personas.
Por consiguiente, es indudable que, para enfrentar el problema de la pobreza, una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar el ingreso de las familias. Cuando uno analiza el problema de los jubilados, por ejemplo, no ve de qué otra forma podrían ellos mejorar su condición de vida si no es aumentando sus pensiones.
Si consideramos que el salario mínimo es, para una parte importante de quienes lo reciben, su única fuente de entradas, tenemos que concluir que, si no se aumenta el ingreso mínimo en montos bastante mayores que los otorgados en estos años, seguiremos manteniendo una situación de injusticia.
Al respecto, resulta conveniente citar a quienes son expertos en estas materias y a quienes han planteado, a través del tiempo, los enfoques éticos y morales con que debe enfrentarse el tema del salario justo.
El señor LAVANDERO .-
¿Por qué no calla los bombos, señor Presidente?
El señor RUIZ (don José ).-
Quiero recordar las palabras de Juan XXIII en "Mater et Magistra". El decía que, "como no se puede abandonar enteramente a la ley del mercado," --refiriéndose al salario-- "así tampoco se puede fijar arbitrariamente; sino que ha de determinarse conforme a justicia y equidad. Esto exige que a los trabajadores les corresponda una retribución tal, que les permita un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus responsabilidades familiares".
Yo quiero pedir a los colegas que ya intervinieron o que van a intervenir que lo hagan oportunamente.
¡Me gustaría que me escucharan!
El señor HORMAZÁBAL .-
Perdón, señor Senador.
Seré muy breve, para evitar el tema. ¿Por qué usted, señor Presidente , no hace la gestión para que los parlantes ubicados frente al Senado, que se hallan orientados hacia acá y que impiden escuchar lo que está exponiendo el Senador señor Ruiz , se reorienten en otra dirección para poder seguir escuchando la intervención de nuestro colega?
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Voy a pedir que alguien haga esa gestión, señor Senador .
Continúa con la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor MC-INTYRE.-
¡El bombo es la conciencia que sigue funcionando...!
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente, me hubiera gustado que esta discusión se hubiese llevado con más seriedad en el Senado. Si bien es cierto que hay elementos perturbadores en este momento, no es menos cierto que estamos tratando un tema bastante relevante. Y me parece relevante porque aquí no sólo estamos discutiendo una cifra y un porcentaje, sino que, además, un concepto. ¿Cómo enfrentamos el problema de la iniquidad que se produce en nuestro medio frente a sectores que hoy en día se encuentran absolutamente marginados? Por lo mismo, pienso que, junto con el salario mínimo, debiéramos considerar las posibilidades de los trabajadores y sus familias de recibir alguna suerte de apoyo para complementar ese ingreso. Al respecto, es efectivo lo aseverado por el señor Ministro con relación al reajuste de la asignación familiar; pero deseo recordar que su monto estuvo congelado por muchos años durante el Gobierno militar y que sus niveles actuales todavía son insuficientes para que sea un elemento que resulte capital en sociedades como la nuestra.
Nuestro país se va envejeciendo a consecuencia de la baja natalidad. En las familias más pobres, cada hijo que llega es como un castigo; y a ello debe agregarse que no arbitramos las medidas necesarias para entregar a esas familias algunos instrumentos que les resulten realmente eficientes.
En mi opinión, el salario mínimo propuesto en esta normativa podría ser adecuado si hubiera asignaciones familiares de mayor monto y que por esa vía se permitiera a los trabajadores aumentar su ingreso, con un elemento adicional. Sin embargo, los 2 mil quinientos pesos indicados resultan, a mi juicio, absolutamente insuficientes.
Por esta razón, el debate de hoy debiéramos mirarlo no solo desde la perspectiva de lo que significa el reajuste para compensar la inflación o basado en la productividad, sino que también habría que tener presentes la equidad y la justicia. Creo que no hemos dado los pasos suficientes. Cuando se ha discutido el tema, hemos sido muchas veces presionados por los sectores empresariales o de la Derecha, los cuales, incluso, plantean eliminar ese elemento de la legislación, con el argumento de que el ingreso mínimo quedara al libre albedrío del mercado; es decir, que éste sea el que regule el monto de los salarios. Y no podemos dejar de reconocer que técnicamente y desde el punto de vista estrictamente economicista pudiera ello ser válido; sin embargo, desde la perspectiva de la justicia, resulta necesario que la ley establezca una protección para aquellos sectores de la comunidad imposibilitados de defenderse frente al abuso de que son víctimas permanentemente.
El salario mínimo que hoy día se fija se pagará a cientos de miles de trabajadores chilenos a contar de los próximos meses. Y si fijáramos uno más alto, no cabe duda de que esos trabajadores tendrían mayor alivio económico, como también, al igual que si la asignación familiar jugara un rol más determinante en el presupuesto familiar, alcanzaríamos un elemento de ayuda para eliminar la iniquidad hoy día existente en los ingresos de un importante sector de nuestra sociedad.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , al iniciar mi intervención, deseo recoger un planteamiento del Honorable señor Ruiz , quien manifestó que en Chile ha disminuido la pobreza. Sobre ello estamos todos de acuerdo: cuanta estadística veamos y cuanto instituto realice tal análisis son coincidentes al respecto. Sin embargo, también es cierto --no tenemos por qué no usar las palabras en forma categórica-- que no ha cambiado la desigualdad en la distribución del ingreso.
Frente a lo planteado por el mencionado Senador, nuestro país no tiene el nivel de distribución imperante en los países europeos y asiáticos desarrollados o en vías de desarrollo.
Por ejemplo, en España el decil de mayores ingresos concentra el 21 por ciento del total; en Bélgica, el 21,5 por ciento; en la India, el 27 por ciento y en Paquistán el 25,2. En Chile, él concentra el 40,8 por ciento.
Señor Presidente, el tema que debemos discutir en el Senado radica en si el salario mínimo propuesto --de 65 mil pesos-- representa el mayor esfuerzo a que pudieron llegar la autoridad, el país y el Ejecutivo.
El Gobierno actual indudablemente ha sido exitoso en muchos aspectos. Las cifras macroeconómicas chilenas son reconocidas mundialmente, pero ellas debieran ser mostradas y exhibidas siempre. Chile es un país que se permite anunciar y pagar sus deudas anticipadamente; que posee instituciones alimentadas con los recursos de los trabajadores que manejan más de 25 mil millones de dólares; que en los últimos años ha crecido sostenidamente en 7 por ciento, asegurándose que tal porcentaje se mantendrá invariablemente hasta el año 2000, y que también tiene las más altas tasas de inversión de su historia. Por eso, a algunos Senadores nos resulta extraño que no se haya podido hacer un esfuerzo mayor para entregar una reajuste más alto para el salario mínimo.
En este sentido, se debe subrayar que no se están manejando solamente números --por supuesto, ellos son centrales en la discusión-- sino, lo que es más importante, sobre quiénes recaen los beneficios o los perjuicios del manejo de esos números: seres humanos.
El Gobierno reconoce que el salario mínimo afecta a 650 mil trabajadores en un país de 13,5 millones de habitantes. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores --organismo que me parece respetable, tanto hoy como ayer-- ha señalado que el número es 800 mil. Números más o números menos, no cabe duda de que cerca de tres y medio millones de chilenos deben moverse dentro del ámbito del salario mínimo, el cual se paga en muchas partes de Chile, especialmente, en regiones.
Como simple referencia --porque por supuesto no puedo estar a la altura de los conocimientos macroeconómicos que manejan las distinguidas autoridades presentes en la Sala--, debo decir que para un grupo familiar la compra de un quintal de harina le significa usar el 16,5 por ciento de su salario, es decir, de estos 65 mil pesos que se pretende entregar, ocupa más de diez mil sólo para adquirir ese alimento.
No podemos tratar el asunto en forma baladí, ni de manera rápida; y nadie se debe molestar porque se utilice el tiempo suficiente. Los beneficiados con el salario mínimo, hombres o mujeres, no pueden negociar colectivamente. Este es otro elemento de la causa que no podemos dejar de mencionar, porque la legislación vigente no se los permite. Entonces, en la práctica, debe aceptarse la metodología de "lo toma o lo deja". No se puede omitir el informar en este análisis sobre la importante y lamentable realidad de que sólo el 11 por ciento de la masa laboral puede negociar colectivamente en Chile lo relativo al salario mínimo.
Sin embargo, cada vez que tratamos este tipo de problemas, por desgracia se está haciendo una especie de tradición reglamentaria no poder usar más de cinco minutos para intervenir.
A pesar de que todo estaría "en el horno" respecto de este tema, me niego a no usar mi derecho a expresar mis ideas sobre la materia, porque es bueno que los trabajadores sepan que en el Congreso se debate un asunto tan sentido como éste, y que a los Parlamentarios no nos queda sino la posibilidad de rechazar, aprobar o abstenernos respecto de lo propuesto por el Gobierno.
En cuanto al salario mínimo, emerge con gran titular el tema de la distribución de la riqueza. Éste no sólo está pendiente, sino que, dígase lo que se dijere, cada día se ensancha más la brecha entre los que tienen menos y los pocos que poseen más.
Las estadísticas, estimados colegas y señores Ministros, deben ser analizadas en sus diferentes facetas, que pueden ser en favor o en contra.
Según encuestas oficiales, el 70 por ciento de los hogares chilenos está por debajo del ingreso promedio.
Y otra verdad indesmentible es que los aumentos son mayores entre los hogares de más altos ingresos. Incluso, según encuestas en mi poder --y que daré a conocer si es necesario--, en el primer decil figura una disminución. Por ello, las diferencias entre los hogares tienden a pronunciarse.
En el mundo salarial, se calcula que el 10 por ciento más pobre en Chile recibe poco más de 54 mil pesos mensuales, en un hogar de tamaño medio, de 4,7 personas por unidad. Mientras en el extremo superior, en el décimo decil, con un tamaño medio de 3,1 personas, el ingreso promedio es de alrededor de un millón 300 mil pesos.
¿Qué significa lo anterior en números? Que el promedio de los hogares del primer decil apenas supera los 11 mil pesos mensuales. En tanto, que en los ubicados en el décimo decil esta cifra alcanza a 442 mil pesos. Es decir, la brecha tiene una magnitud que se diferencia en 40 veces.
Señores Senadores, en el decil más pobre, donde se encuentran los asalariados --tema central que nos preocupa esta tarde--, las cifras estadísticas de 1994, que no son tan remotas, señalan que dicho sector, en el país llamado de los "pumas" o "tigres", participó en el Producto Nacional con un ingreso de 1,7 por ciento. En cambio, el decil de más altos ingresos concentró el 40,8 por ciento del total de los ingresos del mismo año.
Para que no haya confusión, debo confesar que estoy feliz con muchos de los éxitos que han conseguido en diferentes materias los Gobiernos de la Concertación en sus seis años de gestión. Pero hay deudas pendientes. Y yo creo que uno es leal con el Gobierno si reconoce lo mucho de bueno que ha hecho, pero también lo es si, clara y transparentemente, advierte que le resta un camino muy largo que recorrer frente a una cantidad muy grande de chilenos, que suman el 28,5 por ciento de los pobres, de los cuales el 8 por ciento es indigente, y que suman más de un millón de personas. El porcentaje que corresponde a pobres no indigentes, y que representan a 2 millones 800 mil chilenos, es de 20 por ciento.
¿Qué ha dicho el alto funcionario del Gobierno don Alberto Etchegaray? No creo que al citarlo lo esté comprometiendo, pero él es un leal colaborador del sistema. Sostiene que el monto del salario mínimo debió haber sido este año de 75 mil pesos.
Y no puedo olvidar que, por su parte, el Ministro de MIDEPLAN , señor Luis Maira , planteó hace un tiempo que los chilenos que ganaban menos de 150 mil pesos estadísticamente eran tipificados como pobres.
¿Qué publicó hace tres días el diario "Le Monde" de Francia? Que Chile aparece como espectacular en sus éxitos macroeconómicos, pero que es aberrante --no son palabras mías-- la desigualdad de la distribución de l riqueza, lo cual llena de dudas a los empresarios parisinos.
Se sostiene que nuestra economía, estimados colegas, tiene un valor agregado de más de 70 mil millones de dólares. Por ello sostengo que el esfuerzo que se hace ahora pudo haber sido mayor.
Desde hace un tiempo a esta parte, en el país estamos hablando de que se ha conseguido un trecho interesante en la equidad. Pero debemos ir hacia ésta con mayor celeridad.
Quiero decirlo sin ningún complejo: no estoy en contra de los ricos; no creo en la teoría de que la no existencia de ricos sea un planteamiento cuerdo, racional e inteligente. Sin embargo, se trata de que las distancias entre ricos y pobres sean cada vez, simplemente, menos aberrantes.
Señor Presidente , por estas razones, quiero señalar en esta votación --asumiendo mi responsabilidad y lo que ella significa, pues puedo votar a favor, en contra o abstenerme, o decir de que éste es un reajuste "ratón"-- que no estoy de acuerdo con el monto de 65 mil 500 pesos de sueldo mínimo para los trabajadores chilenos.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Está inscrito a continuación el Senador señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, deseo iniciar mis observaciones con tres sugerencias al señor Ministro de Hacienda .
La primera, que cambie el nombre de referencia de este proyecto de ley. Porque se dice que "reajusta el monto del ingreso mínimo mensual", y éste no es tal, sino remuneración mínima mensual. Son dos cosas muy distintas. Uno de los componentes de aquél son los ingresos laborales. Puede haber otros. Y para los pobres el componente social es muy significativo.
Quiero recordar que el gasto social por trabajador en Chile alcanza a 72 mil pesos mensuales, y dentro de él está comprometida la pensión y otros rubros. Es decir, es más que el salario mínimo mensual. Solamente estoy tratando de demostrar la potencia que tiene el gasto social en nuestro país para corregir el problema de distribución del ingreso.
A la larga, señor Presidente , a mi juicio es buena esa distinción de nombre, porque lo que debiéramos tener en nuestro país es ingreso mínimo. Es decir, asegurar a todas las familias, sin importar su tamaño, un ingreso mínimo compatible con un nivel de vida digna. O sea, una entrada que les permita ubicarse por encima de la línea de pobreza, sin tratar de interferir en el funcionamiento de los distintos mercados.
La segunda sugerencia apunta precisamente a esa dirección. Habría que estudiar la evolución del salario para llegar a fijaciones de ingresos. En otras partes del mundo, eso se conoce como una política de impuestos aplicada a quienes cuentan con ingresos por encima de un cierto nivel y de dar subsidios monetarios a los que tienen ingresos por debajo de ese nivel. De esa manera se lograría compatibilizar el objetivo de lograr pleno empleo con el de equidad social.
La tercera sugerencia es que el salario mínimo no se siga discutiendo con la Central Unitaria de Trabajadores ni con la Confederación de la Producción y del Comercio, como se ha hecho en el pasado, por una razón muy simple: ni los trabajadores que ganan el salario mínimo están en la CUT, ni los empresarios que lo pagan pertenecen a la Confederación de la Producción y del Comercio.
La estadística demuestra en forma perfectamente clara que el 97 por ciento de los trabajadores que ganan el salario mínimo no están afiliados a ningún sindicato y que el 95 por ciento de los trabajadores que ganan el salario mínimo no pertenecen a ninguna empresa que sea parte de la Confederación de la Producción y del Comercio.
En consecuencia, cabe preguntar por qué discutir esta materia tan importante con dos actores que no están involucrados. ¿Por tradición, por historia, por apariencias? Lo que el Gobierno debiera hacer es una estimación de cuál es el salario mínimo razonable que más convenga al país, y proponerlo al Congreso Nacional.
Ésas son las tres sugerencias, a las cuales deseo agregar dos observaciones.
La primera, en verdad el método de cálculo indicado por el señor Ministro de Hacienda acerca de una inflación esperada de 6,4 por ciento, más una mayor productividad de 4,6 por ciento, es el promedio resultante de toda la economía de los últimos cuatro años.
Si se observa cuál ha sido el crecimiento real de la productividad de los sectores afectos al salario mínimo, nos daremos cuenta que ha sido sustancialmente menor al crecimiento promedio de la productividad nacional, lo cual debe causar preocupación. Porque debiera ser justamente lo contrario.
Señor Presidente , en lo relativo al salario mínimo deben considerarse tres elementos: la inflación esperada, productividad efectiva y un adicional del orden del 2 por ciento. Éste me parece, sin duda, modesto y quisiera más, pero me parece razonable, dada la situación de la economía chilena.
En el fondo, son 550 mil trabajadores los que ganan salario mínimo. Y, en la medida en que dicho salario no refleje su productividad, van a ver cuestionado su empleo o éste estará en peligro. Doscientos mil son empleados y obreros, 100 mil corresponden a personas que realizan servicios domésticos y 100 mil son obreros temporarios del sector agrícola.
Por lo tanto, señor Presidente , yo deseo pedir a todos los Parlamentarios que abogan por un alto salario mínimo que no solamente se preocupen de él, sino también del empleo. Porque para quien carece de empleo el salario mínimo es igual a cero. En consecuencia, al subir el salario, a veces se puede provocar más problemas que beneficios en la erradicación de la pobreza.
Digo lo anterior, porque hemos escuchado muchas sugerencias en cuanto a igualar, por ejemplo, el salario mínimo de los jóvenes y de los mayores de 65 años, con el salario mínimo general. Incluso se ha mencionado la cifra de 110 mil pesos.
Señor Presidente , la tasa de desempleo de los jóvenes, como se ha dicho aquí, alcanza a cerca de 20 por ciento, lo cual significa que uno de cada cinco jóvenes está desempleado. Me gustaría, por eso, que quien sugiera cambios en el salario mínimo garantice también que se dará empleo a la gente que lo percibe, para que la proposición no quede sólo en el papel o en una ley sin ninguna efectividad.
Además, el índice de desempleo en el 20 por ciento más pobre de este país llega a 22 por ciento. Luego, sostengo que hoy día el problema de la pobreza está mucho más asociado a la obtención del empleo que al nivel del salario. Porque los más pobres carecen de ocupación; ésa es la verdad. Por lo tanto, desde un punto de vista ético y moral, abogo porque antes de preocuparnos tanto del salario mínimo nos preocupemos de los índices de desempleo, que están afectando precisamente a los chilenos más pobres.
Una forma de compatibilizar esta situación es precisamente la de separar el concepto de salario, cuyo papel es equilibrar el mercado, del de ingreso, que debiera usarse para la redistribución.
Sin duda, todos somos partidarios de aumentar el salario mínimo. Y tal vez la medida más efectiva en tal sentido --considerando que todos los informes y estudios sobre la materia indican que la principal causa de salarios tan bajos es la falta de capital humano-- es la corrección, a fondo y de una vez por todas, del sistema educacional y de capacitación en nuestro país.
Estimo positivo que finalmente se proponga la creación de 140 mil subsidios únicos familiares. Pocos instrumentos hay tan eficientes y focalizados en la lucha contra la pobreza como el subsidio único familiar, porque no distorsiona el funcionamiento del mercado del trabajo y va directamente, sin costo administrativo, a los más pobres, quienes están perfectamente identificados en nuestro país.
Por eso, no debemos confundir las intenciones con las realidades. No basta con querer ayudar a la gente en mala situación: también hay que saber cómo ayudarla.
Termino señalando que hay dos tipos de errores que pueden cometerse en un país, los cuales se ilustran muy bien con los ejemplos del burro y de la gallina. Un empresario español que pretendía crecer tenía un burro y un carretón. Para acelerar tal propósito, decidió no dar de comer al animal. Con la plata ahorrada por este concepto, adquirió un segundo carretón. Las cosas iban así maravillosamente bien --contaba posteriormente, desesperado, el empresario en su pueblo--, hasta que el burro, justo cuando estaba aprendiendo a trabajar sin comer, murió.
Es lo que ocurre cuando uno se despreocupa absolutamente de la redistribución y se concentra sólo en la inversión.
El otro ejemplo es el del famoso cuento de "la gallina de los huevos de oro". Pero como todos lo conocemos, no necesito explicitarlo.
Por tales razones, creo que el Ejecutivo ha actuado con responsabilidad en esta materia. A mi juicio, es la forma como debe hacerlo. Y, en este sentido, uno tiene que esperar mayor responsabilidad del Gobierno que del Congreso, cuyos integrantes debemos enfrentar elecciones o índices de popularidad que a menudo no son compatibles con conductas responsables en materias económicas.
He dicho.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, ¿es suficiente este salario mínimo para enfrentar los problemas de los sectores más pobres de la población? Obviamente, no lo es. ¿Es posible superar la desigualdad a través del salario mínimo? Naturalmente, no lo es. Entonces, el dilema que tenemos hoy aquí, en el Senado, consiste en cuánto es lo máximo que podemos dar por esta vía, entendiendo que el ataque a la pobreza debe ser múltiple, con un conjunto amplio de variables de política económica.
Me pareció entender --quiero creer que es así-- que todos los señores Senadores coinciden en que este salario mínimo es muy bajo y no resuelve las necesidades ni los problemas de desigualdad. Pero pienso que estaríamos actuando en forma populista si aplicáramos una política que pretendiera atacar la pobreza usando un instrumento más allá de sus posibilidades y generando en la política económica desequilibrios que finalmente pueden resultar más costosos que el beneficio que deseamos obtener.
No podemos desconocer que durante el período 1990-1996 el salario mínimo ha aumentado más de 50 por ciento en términos reales. Pero no podemos negar que en esta misma Sala, hace menos de una semana, el Ministro de Planificación y Cooperación, don Luis Maira , al intervenir sobre el tema de la pobreza, señaló que la línea de pobreza, en moneda del 94, es de 30 mil pesos por persona al mes. Y si trasladamos esa línea a moneda del 96, es de 35 mil pesos. O sea, una familia con dos hijos necesitaría 140 mil pesos para estar sobre la línea de pobreza. Obviamente, con dos salarios mínimos apenas se estaría acercando a dicha línea. Y en las familias más pobres no siempre trabajan dos de sus integrantes. Por lo contrario, todos los datos demuestran que en ellas --como lo señaló otro señor Senador -- las mujeres trabajan menos fuera del hogar cuando los ingresos son más bajos.
Esa es una realidad. Y quiero sacar como conclusión del debate --y tal es mi posición-- que el salario mínimo que estamos analizando aquí no es suficiente, pero constituye un indicador de hacia dónde va la economía. Pienso que podría ser más alto, incluso en las condiciones económicas actuales. Habría preferido que el Ejecutivo hubiera ampliado el margen. Creo que la suma de inflación esperada y productividad da para algo más. Y ese algo más podrían ser dos o tres puntos adicionales, con lo cual nos acercaríamos a los 70 mil pesos.
Como dije, habría preferido una cifra un poco más alta. Pero no puedo sino reconocer y destacar que, a la luz de las exposiciones del Ministro de Planificación y Cooperación, en sesión anterior, y del Ministro de Hacienda , en esta oportunidad, el problema central consiste en que necesitamos una política mucho más potente, global y social para superar la pobreza del 20 por ciento de la población, y en general, de los 3,8 millones de pobres del país.
Hemos calculado --entiendo que en sesión anterior otro señor Senador lo señaló-- que trasladando alrededor de tres por ciento del producto a los más necesitados tendríamos a todos los chilenos sobre el nivel de pobreza.
Pensémoslo bien: en una economía que crece siete por ciento al año, si destináramos 3 por ciento del producto --menos de la mitad del crecimiento anual-- al veinte por ciento más pobre de los chilenos, estaríamos con toda la población sobre la línea de pobreza.
En consecuencia, la pregunta es: ¿puede esta economía resolver tal problema? Y la respuesta es: sí, puede hacerlo.
De ahí surge otra pregunta: ¿cuáles son los instrumentos que se precisan para ello?
Este es uno. Pero si en lo que a él respecta estiramos la cuerda más de la cuenta, no resulta.
Y quiero expresar aquí --como ya lo manifesté a la propia directiva de la CUT, a la que tuve ocasión de visitar-- que no votaré (porque hacerlo sería una irresponsabilidad) por un salario mínimo de 105 mil pesos, pues el remedio podría resultar peor que la enfermedad.
En tal sentido, debemos seguir una política coherente. ¿En qué consiste esa política?
Debo recordar al respecto que las reglas de oro en esta materia son las siguientes. Primero, la remuneración tiene que ir de la mano con la productividad; por tanto, nuestros esfuerzos deben tender al aumento de la productividad y a la existencia de relaciones laborales y capacidad de negociación que permitan que el fruto de la productividad vaya a los trabajadores. Segundo, debe existir igualdad de oportunidades, a fin de aumentar la capacidad de obtener más productividad de cada ciudadano y en consecuencia, por esa vía, mejorar su remuneración.
A ese respecto, difiero de algunos puntos de vista expresados por señores Senadores de Oposición en el sentido de que, si bien es clave y sin él no hay solución del problema, no basta con el empleo: hay que seguir un conjunto de políticas públicas más potentes. Y, en este sentido, nos está faltando --y debemos fortalecer este aspecto-- un conjunto de políticas sociales más agresivas y claras aún, que nos permitan atacar la cuestión en forma más coherente, rápida y enérgica.
Quiero traer a colación el caso de España. Este país, en comparación con las demás naciones europeas, presenta un promedio de ingresos más bajo; sin embargo, en las evaluaciones del Banco Mundial aparece en el primer lugar en lo que atañe a desarrollo humano, porque ha sido capaz de lograr, con los recursos totales de la economía, una política social más equilibrada. Y esto no sólo es fundamental para atacar la pobreza, sino también para favorecer el crecimiento.
El Banco Mundial sostiene reiteradamente en sus últimos estudios que las economías con mayor equidad crecen más rápido y ofrecen a sus ciudadanos mejores condiciones de vida en general.
Por eso, el ingreso mínimo podría ser levemente más alto. Yo habría preferido que el Gobierno propusiera 70 mil pesos.
Ahora bien, debemos aprovechar esta discusión para estudiar cómo fortalecer las políticas públicas a fin de superar la desigualdad y lograr que 3 ó 4 por ciento del producto se transfiera a los sectores más modestos del país de manera contundente.
Ése es el dilema. Y, enfrentado a él, quiero manifestar que, no quedando otra opción en este cuadro y teniendo límites que pueden oscilar entre 65 mil y 68 mil pesos, el único camino es reiterar nuestra voluntad de que el Ejecutivo actúe con la máxima energía --lo ha venido haciendo, pero tenemos que reforzarlo-- en la política social.
Este proyecto, además del ingreso mínimo, incrementa el subsidio único y las asignaciones familiar y maternal, que, como los señores Senadores han podido apreciar, representan más del 70 por ciento de los recursos considerados en la iniciativa, mientras aquél, 20 a 30 por ciento del financiamiento total.
Por otro lado, creo que este tipo de iniciativas no puede ser objeto de "Discusión Inmediata". Quiero terminar con esto, porque tal calificación nos pone frente a dilemas. El Senado viene sosteniendo en forma reiterada que no es admisible analizar estos proyectos de esa manera, porque necesitamos reflexionar, oír a los trabajadores y debatir con mayor tranquilidad y serenidad, sin estar a la carrera, con sólo 5 minutos para entregar nuestros planteamientos sobre una iniciativa a cuyo respecto la Cámara Alta parece ser más bien un buzón que un órgano de reflexión y discusión.
He dicho.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Calderón.
El señor CALDERÓN .-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el reajuste de 11,2 por ciento del ingreso mínimo y de 12 por ciento de la asignación familiar y del subsidio familiar. Sin embargo, deseo hacer resaltar que existe consenso --incluso de parte del Gobierno-- en que el incremento es insuficiente.
Cuando la CUT o el Obispo Ariztía plantean la necesidad de un ingreso mínimo superior, uno piensa que éste debiera ser mayor. Empero, me parece importante la cautela con que el Gobierno maneja la situación. Y soy partidario de ese elemento de cautela y de que se den a conocer --como se ha hecho-- los componentes del método de cálculo del reajuste, respecto de lo cual hay conciencia nacional de que son positivos, en el sentido de que se liga el incremento del ingreso mínimo a la inflación y a la productividad.
Sin embargo, hay otro componente que no fue considerado en esta oportunidad: el de la equidad, de la solidaridad. Y hago mención de esto para que se tenga en cuenta en reajustes futuros. Porque una de las características de la Concertación --fuerza o conglomerado político a que pertenezco-- es precisamente nuestra creencia en un desarrollo con equidad. De manera que la equidad debe ser contemplada en este tipo de proyectos. Y aunque en esta ocasión no fue considerada, tengo la esperanza de que se tendrá en cuenta en los próximos reajustes.
Por otra parte, debo rechazar en esta Sala el planteamiento hecho por la cúpula empresarial en el sentido de que el ingreso mínimo debiera terminar. Me parece profundamente retrógrado tal pensamiento o posición, que dista mucho de lo que están planteando incluso países desarrollados.
Cabe recordar que Estados Unidos está discutiendo un reajuste del ingreso mínimo. El Presidente Clinton presentó un proyecto respaldado por 85 por ciento de la población --según las encuestas-- y que, además, ha recibido el apoyo de 100 economistas muy importantes de esa nación, dentro de los cuales hay tres Premios Nobel.
Las universidades norteamericanas están analizando el famoso fantasma de que el ingreso mínimo daña el empleo. Y han realizado estudios e investigaciones que demuestran precisamente lo contrario: bien fijado un salario mínimo, su aumento puede significar hasta un ligero crecimiento del empleo, aunque, desde luego, el incremento (del ingreso mínimo) debe considerar ciertas variables, que hay que manejar permanentemente.
En general, señor Presidente , reitero --con las condicionantes que he señalado-- que estoy de acuerdo con este proyecto, y también, con que el reajuste del salario mínimo no sea automático, porque estimo sano, bueno, que periódicamente se discuta la suerte de quienes lo reciben; que anualmente la sociedad chilena tome conciencia de cuán poco ganan 600 mil compatriotas.
Por lo tanto, no es pérdida de tiempo analizar y discutir este tema. Además, las variantes van cambiando, incluso las que emplea el Gobierno. De modo que constantemente hay que verificarlas. Porque hasta la inflación es un factor que puede ser cambiante en este reajuste.
Por eso, es importante que esta materia se discuta anualmente, y en forma adecuada, teniendo en cuenta todos los elementos aquí indicados por distintos señores Senadores.
Por tales consideraciones, apoyo el proyecto.
He dicho.
El señor LAVANDERO.-
Prorroguemos la hora de término del Orden del Día, señor Presidente .
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Está prorrogada hasta las 19:30, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, siento que la discusión de este proyecto tiene --por así decirlo-- una doble característica.
En primer lugar, este debate --hay que decirlo con franqueza-- es un tanto ingrato, porque discutimos sin opciones: o aprobamos el proyecto, o simplemente hacemos un daño al sector más postergado de los trabajadores de nuestro país no otorgándole un reajuste, aunque sea modesto. De ahí, entonces, surge una primera dificultad de esta discusión.
Asimismo, pienso que este debate es didáctico, porque nos remite, no al Chile de los éxitos, de los grandes logros en el campo macroeconómico, sino al Chile de las limitaciones; al Chile de las insuficiencias; al Chile --como aquí se ha dicho-- de los 500 mil, 600 mil o 700 mil trabajadores que reciben remuneraciones muy modestas.
Algunos piensan que este tema es relativamente irrelevante. No comparto para nada esa visión. Dicen que es irrelevante, entre otras cosas, porque en sectores muy amplios de la economía --y es cierto-- prácticamente no se pagan salarios mínimos. Por esa razón, por ejemplo, la Confederación de la Producción y del Comercio se marginó de las negociaciones iniciadas a partir de 1990, para los efectos de, en un cuadro tripartito, concertar acuerdos en esta materia.
Señor Presidente , la discusión del ingreso mínimo nos lleva a un tema muy de fondo en nuestro país. En las naciones desarrolladas, el ingreso mínimo se plantea desde una perspectiva completamente distinta, porque, en la práctica, allí uno puede afirmar que quien trabaja no es pobre. En consecuencia, la pobreza se considera desde un punto de vista totalmente diferente.
La particularidad de la situación chilena es que aquí se puede ser trabajador y ser pobre. Esa es la significación fundamental de este debate.
El Senador señor Piñera nos invitaba a considerar los efectos de determinado nivel de salario mínimo respecto del empleo, reflexión que me parece pertinente hacer. Al respecto, deseo señalar, con la misma fuerza, que en nuestro país la pobreza no es simplemente producto del desempleo --si así fuera, tendría toda la razón Su Señoría--, sino también de las bajas remuneraciones, pues, como señalé, no basta salir de la condición de excluido del mercado laboral para dejar de ser pobre. Se puede seguir siéndolo y trabajar en la Administración Pública o en el sistema educacional --hoy lo discutimos en la Comisión de Hacienda respecto de los no docentes--, gente que tiene un empleo formal, cumple horario y es pobre. Entonces, la causa no es el empleo, sino el nivel de remuneraciones. Esa es una gran diferencia respecto de la forma como se plantea el debate en los países desarrollados, donde prácticamente quien está inserto en el mercado laboral deja de ser pobre.
Por otra parte, deseo reiterar la importancia de ser extremadamente rigurosos en materia macroeconómica, rigor que debe aplicarse a todos, pues no me parece adecuado que de repente exista la tendencia a ser particularmente severos con los más pobres y desvalidos. En este sentido, pienso que debemos mantener muy en alto la bandera de la rigurosidad macroeconómica; pero también debemos intentar, en la definición de las políticas públicas, la aplicación de tal rigurosidad a todos los sectores, en particular a los de más altos ingresos de nuestro país. Esa es, entre otras, la razón por la cual he planteado con tanta insistencia la necesidad, por ejemplo, de racionalizar la estructura tributaria en Chile. Porque no es conveniente que mientras se aplican con gran rigor ciertos criterios macroeconómicos a los grupos más pobres, se mantenga un conjunto --a mi juicio, absolutamente excesivo-- de franquicias tributarias que beneficia a los sectores de mayores ingresos de la sociedad.
Por otro lado, se insiste mucho en los importantes efectos del nivel del salario mínimo en el empleo. Al respecto, deseo hacer un par de consideraciones.
Es evidente que un ingreso mínimo muy alto es disuasivo desde el punto de vista de los empleadores para poder contratar. Pero, con la misma lógica, debe reconocerse que uno muy bajo deja de ser estimulante para quienes desean ingresar al mercado de trabajo. Tengo la sensación de que, en la actualidad, para muchos jóvenes un salario como el imperante, de 58 mil 900 pesos, no es mecanismo incentivador para incorporarse a ese mercado. Me interesa mucho medir con precisión la relación entre el nivel del salario mínimo y la evolución del empleo. Y me temo que podríamos encontrarnos con algunas novedades: el factor disuasivo de un salario mínimo muy bajo podría ser, incluso, más potente que el efecto contrario respecto de los empleadores.
En todo caso, votaré favorablemente el proyecto que eleva el monto del ingreso mínimo mensual a 65 mil 500 pesos. Considero importante reconocer el esfuerzo realizado desde fines de 1989 y principios de 1990, cuando era de 18 mil pesos. Pienso que podemos mirar con cierto orgullo el camino recorrido; pero no lo hagamos con total autocomplacencia, pues los 65 mil 500 pesos que se proponen están todavía ligeramente por debajo del monto mínimo imperante en 1981.
Por lo tanto, estimo útil tener en consideración estos dos parámetros al hacer una evaluación ecuánime de lo realizado en este campo.
Deseo terminar haciendo algunas consideraciones acerca de los criterios de determinación del salario mínimo. Todos hemos dicho que resulta clave, para una determinación lo más objetiva posible, incorporar los criterios de inflación esperada y productividad. En cuanto a lo primero, llamo la atención respecto de algo que ya señalé exactamente un año atrás cuando discutimos un proyecto similar, en el sentido de que es fundamental que los distintos agentes incorporen los criterios de inflación esperada. Lo que no me parece bueno es que sean solamente los trabajadores, particularmente los afectos al salario mínimo, quienes deban asumir el riesgo de suscribir contratos sobre la base de la inflación esperada. El propio señor Ministro de Hacienda expresó hace algunos días que la meta inflacionaria para 1996 es difícil de lograr.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Difícil, pero no imposible.
El señor OMINAMI.-
Pienso que hizo bien en alertarnos, pero es evidente, en todo caso, que esas dificultades están siendo principalmente asumidas, con el riesgo que ello involucra, por este sector que es prácticamente el único que pacta sobre la base de la inflación esperada.
En cuanto al factor productividad, sería conveniente dejar claramente establecido cómo se va a medir. Concuerdo con lo planteado en esta ocasión respecto de una productividad de tendencia, pero definámosla bien, porque el año pasado, al discutirse esto mismo, hablábamos básicamente de la productividad del año. Y si en esta ocasión consideráramos la productividad correspondiente a 1995, en vez de 4 por ciento, sería del orden de 7 por ciento, con lo cual el aumento del salario mínimo debería haber sido un tanto más alto. En consecuencia, definamos con claridad que no se trata de productividad anual sino de productividad media. Pido al señor Ministro ser particularmente riguroso en cuanto a los criterios de fijación del concepto de productividad.
Un tercer factor --y con esto termino-- es al que apuntaba el Senador señor Calderón en su intervención. Si uno analiza el proceso de determinación del ingreso mínimo desde 1990 en adelante, se encontrará con que durante todos estos años ha habido un concepto de inflación esperada, uno de productividad y un porcentaje adicional: el factor de equidad. Sin ir más lejos, el año pasado se consideraron los dos primeros, pero también esta tercera variable, que se situó en torno de 2 por ciento del porcentaje de reajuste final del salario mínimo correspondiente a 1995. Para el presente año, no ha sido así, pues el porcentaje de reajuste resulta sólo de considerar la inflación esperada y la productividad, pero echo de menos este tercer factor que, francamente, lamento que no se haya tomado en cuenta.
En todo caso, estimo útil, tal como se ha anunciado públicamente, establecer mecanismos más automáticos y con un horizonte temporal más amplio, de manera de evitarnos este debate que, en cierto modo, resulta bastante ingrato, como señalé al comienzo de mi intervención. Y si queremos tomar en serio el combate contra la pobreza y las desigualdades en el país, sería muy recomendable establecer una metodología clara en virtud de la cual el salario mínimo, en algún momento, en el curso de los próximos años, pueda llegar a cubrir ciertas necesidades básicas. El Senador señor Bitar entregó algunos antecedentes. Por mi parte, tuve ocasión de examinar las cifras contenidas en un estudio reciente del Programa de Economía del Trabajo, que postula una canasta familiar del orden de 140 mil pesos y que actualmente hay en promedio más de 1,0 ocupado por familia, con lo cual un salario mínimo que posibilite para comprar la canasta básica debiera ser, en los niveles de precios de hoy, del orden de los 87 mil pesos.
Sería importante, positivo, pensar en un mecanismo que establezca un conjunto de criterios que permitan, en el curso de los próximos años, acercarse a un salario mínimo que merezca el nombre de tal.
Gracias, señor Presidente.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Se halla inscrito a continuación el Senador señor Andrés Zaldívar.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente, efectivamente, como lo han expresado varios señores Senadores, todos quisiéramos que los ingresos de la gente fueran mucho mayores. Pero la verdad es que, si se desea manejar la economía con seriedad y que los beneficios que se van logrando se sostengan, se requiere mucho cuidado en el manejo de lo que pueden significar las remuneraciones, no por el hecho de que haya que cargar en éstas todo el peso del equilibrio de la economía, sino porque, normalmente, si se producen desequilibrios, los primeros afectados son, precisamente, los sectores más pobres, a través del impuesto más gravoso: la inflación.
Es necesario llamar la atención --y esto sí que creo que es importante-- en el sentido de que, como se indicó a la Comisión de Hacienda, la política aplicada por los dos últimos Gobiernos ha llevado a que el salario mínimo, que, en términos nominales, ascendía a 18 mil pesos en 1989, vaya a quedar fijado hoy en 65 mil 500 pesos. Esto implica que, con una política sostenida, seria, no espectacular, se ha logrado una remuneración mínima que supera en más de 40 por ciento, al menos, en términos reales de poder adquisitivo, a la de 1989.
Por esta vía, en los próximos cuatro años, si se mantuviera la misma política de otorgar incrementos de acuerdo con la inflación esperada, más la productividad, podría llegarse a un salario mínimo como el que todos reclamamos aquí, o sea, aquel que lleve a la familia a la línea que la deja al margen de la pobreza. Y para eso basta aplicar las cifras exactas. Por lo tanto, cuatro, cinco o seis años pueden constituir un tiempo largo, pero, a lo mejor, necesario para obtener un resultado en una economía con estabilidad.
Desde luego, sería mucho más fácil proponer que se concrete esa meta ahora y plantear por qué, en vez del monto que en esta ocasión se determina, no se aplica de inmediato un salario equivalente a 100 mil, a 120 mil pesos, que es el que se requeriría para satisfacer las necesidades de un sector que se encuentra, indiscutiblemente, en una situación crítica.
Cabe observar que la Central Unitaria de Trabajadores, cuando se inició nuestro Gobierno y en las primeras negociaciones, habló, seguramente sobre la base de cálculos no bien apreciados, de la búsqueda de un salario mínimo equivalente a 5,18 unidades de fomento. El que hoy estamos aprobando equivale a 5,16 unidades de fomento. Por lo tanto, creo que también se tiene que reconocer que, a través de un esfuerzo permanente durante estos cinco o seis años, se ha registrado un avance importante, que es preciso valorizar.
Por otro lado, este tema no puede confundirse sólo --y en esto tiene razón el Senador señor Piñera -- con el salario mínimo, porque, como bien lo expresó Su Señoría, la entrada de una familia o de una persona se halla compuesta, además, por otros ingresos, sobre todo cuando media una inversión social por parte del Estado. En efecto, el sector de que se trata recibe beneficios adicionales por la vía de la inversión estatal en educación, en salud, o, también, a través del subsidio familiar.
Además, señor Presidente , es preciso reconocer que el Gobierno, aparte el esfuerzo de sostener una política que permite avanzar en un sentido positivo y consolidar la posición de quienes se encuentran en este nivel de remuneración, ha aplicado durante todo este último tiempo una política sostenida, igualmente, para mejorar el sistema de pensiones. Para las pensiones mínimas, en los últimos dos años, el Congreso ha aprobado un reajuste de 10 por ciento real, en 1995, y acaba de despachar una iniciativa que otorga 5 por ciento adicional a los pensionados mayores de 70 años, a lo que se suma el bono de invierno para las personas que perciben pensiones mínimas o inferiores a las mínimas.
Creo que todas estas consideraciones deben hacernos pensar en que estamos aprobando un proyecto positivo y en que tenemos que seguir siendo exigentes, por supuesto, para que cada margen que dé la economía pueda destinarse a mejorar la situación de la gente de menores ingresos.
Ante el hecho de que se ha considerado una inflación esperada de 6,4 por ciento, más un nivel de productividad promedio de 4,5 por ciento, conviene precisar que, como muy bien se señaló acá, esa segunda cifra no corresponde, precisamente, al nivel de productividad del sector que percibe el salario mínimo, porque, de acuerdo con la información que se dio a la Comisión, en el caso de la gente que se halla en ese rango la productividad sólo ha sido del orden de 2,5 por ciento. Por lo tanto, existe un plus a favor de ese sector.
En virtud de todas estas razones, señor Presidente , y atendida la circunstancia de que se otorga un reajuste de 11,2 por ciento en relación con el ingreso mínimo y otro de 12 por ciento respecto de la asignación familiar, extendiéndose este último a 4 millones 200 mil asignaciones familiares, estimo que vale la pena apoyar algo que resultará tan positivo. Y ojalá que cada vez que el Congreso debata esta materia --estoy de acuerdo con que lo deseable es que ello suceda todos los años-- podamos ir mejorando la condición de este sector de trabajadores.
Por estos motivos, señor Presidente, voy a votar que sí este proyecto.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente, señores Senadores, al discutir el salario mínimo en años anteriores, me permití formular algunas observaciones respecto de la evolución de la pobreza en los decenios 70 a 90 y de la forma en que hasta hoy el país ha ido corrigiendo las inequidades, habiéndose aplicado una política económico-social de Gobierno que hemos estimado siempre positiva y digna de ser respaldada.
Sin embargo, en esas mismas oportunidades he manifestado preocupación por la discriminación que se efectúa al fijar para los menores de 18 años un salario mínimo inferior al de los mayores de edad. A este punto deseo referirme, específicamente, en esta ocasión, ya que los demás señores Senadores han hecho mención del tema en general.
En ese marco, me parece que el debate sobre el salario mínimo, en relación con la materia expuesta, debe analizarse conforme a tres perspectivas: primero, nuestra adhesión, como país, a la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular al considerar lo que señala su artículo 32, Nº 1; segundo, lo referente al crecimiento del país y a las posibilidades reales de no discriminar en este crecimiento, que a todos nos enorgullece, y tercero, las consecuencias de ese trabajo como opción para cubrir la pobreza de muchos hogares y el derecho ético de la sociedad a contratar a los menores por un salario más bajo.
Con franqueza debo decir que, a la luz de estos tres parámetros y en las cifras que voy a mencionar muy someramente, no encuentro justificación para mantener un salario inferior a quienes son menores de 18 años y cuyo aumento en el proyecto es más bajo que el de los mayores de esa edad. Esto significa que, aunque el aumento porcentual sea igual, la distancia entre estos dos segmentos etarios se elevará progresivamente.
Cuando nos referimos al trabajo de los menores, no estamos aludiendo a los casos coyunturales extremos de explotación, sino a algo que la sociedad chilena acepta cultural y legalmente, y que nosotros, como Parlamento, estamos hoy sancionando, con todo lo que ello implica.
Estamos hablando, de acuerdo con la encuesta CASEN de 1992, corregida para este año en algunos cientos de niños, de 118.000 menores de 18 años. La mayoría de éstos son asalariados que trabajaban un promedio de 47,5 horas semanales. Esta población activa entre 12 y 17 años había aumentado en 9,57 por ciento respecto de 1990, y en la actualidad sigue creciendo. A ello deben agregarse doce mil niños que en 1995 trabajaron en todo el país en los supermercados, sin que exista entre ellos o respecto de ellos una ligazón contractual.
Estamos, entonces, legislando sobre un sector no despreciable de chilenos, más allá de su especial condición de menores.
En un trabajo realizado por la Sección chilena de la Defensa del Niño Internacional (DNI) para el grupo de trabajo internacional sobre el trabajo infantil de CEPAL, se señala que el 42 por ciento de los niños que laboran en forma dependiente y por una remuneración, no ha firmado contrato alguno. Esto significa que una proporción importante de menores queda en la práctica al margen de toda legislación laboral, como se vio el año pasado, a propósito de maltratos denunciados en estos mismos supermercados.
El 81 por ciento de los niños trabajadores no está afiliado a sistema provisional alguno. A esto debe sumarse que, de acuerdo con las declaraciones de la propia Dirección del Trabajo, la mayoría de los menores laboran en empresas que no ocupan más de 10 ó 12 trabajadores, donde la capacidad de control es absolutamente insuficiente.
Desde mi personal punto de vista, lo descrito contraviene el artículo 32, Nº 1, de la mencionada Convención Internacional de los Derechos del Niño. La quebranta, además, porque dicho artículo es clarísimo en cuanto a señalar que "cualquier trabajo o la forma en que éste debe remunerarse o la exigencia económica por la que este niño deba tomarlo" contraría específicamente la obligación que la sociedad y el Estado tienen de mantener su educación.
En esta perspectiva, las cifras chilenas, de acuerdo con el trabajo mencionado, demuestran que sólo 16 por ciento de los menores trabajadores, registrados según contrato, estudiaban o estudian. El sector donde menos trabajan y asisten a clases es la agricultura, con sólo un 5,8 por ciento. La misma encuesta, entre 1990 y 1992, indicaba que, de los 200 mil niños de entre 14 y 17 años que no estaban incorporados al sistema educacional, 54 mil no lo hacían debido a que se hallaban trabajando.
Independiente de las cifras que he mencionado y del salario que reciban, la obligación de la sociedad es dar educación a los niños cuando están en la edad de recibirla.
Además, según un estudio de CEPAL, quienes trabajan y tienen entre 13 y 17 años poseen las siguientes características negativas, desde un punto de vista absolutamente pragmático; no ético, ni como expresión de preocupación por los niños:
a) Acumulan, frente a quienes no trabajan, pérdidas en educación que ascienden a dos o más años de estudio.
b) Como consecuencia de lo anterior, durante su vida adulta activa percibirán ingresos inferiores en alrededor de 20 por ciento.
c) Despliegan un enorme esfuerzo: quienes sólo trabajan lo hacen 46 horas semanales en promedio, pero si además estudian, laboran 65 horas.
d) Reciben salarios realmente bajos, que representan, en general, sólo la mitad del sueldo mensual de un asalariado adulto con 7 años de estudio.
e) Si bien, gracias a los ingresos que obtienen con ese trabajo, gran parte de los hogares logra salir de la indigencia o de la pobreza, su impacto real no sube más allá de 1,5 por ciento.
Permítaseme agregar una información adicional.
Debido al menor nivel educativo que alcanzan estos adolescentes, constituirán familias más numerosas y con menos capacidad de generar ingresos, lo que probablemente originará que caigan en la pobreza, entrando así en un círculo vicioso de progresiva pobreza, por una visión exclusivamente inmediatista.
Finalmente, quiero expresar tres ideas centrales:
1.- La búsqueda de la equidad en la sociedad y en la legislación debería llevarnos a proscribir el trabajo de los menores de 18 años. No sólo por razones de recta ordenación, sino porque constituye un camino hacia una futura pobreza, que el proyecto en comento pretende resolver --como he señalado-- con una medida inmediatista.
2.- Si la realidad no puede romperse con una suerte de voluntarismo, las normas de la sociedad --traducidas en la legislación-- deben buscar la máxima eficiencia y ética, sin sancionar lo que parezca mal hecho. Por esta razón, no puede agregarse la inequidad en el salario a la inequidad que implica no dar a los menores la oportunidad de vivir su vida conforme a su edad y una educación para el futuro.
3.- No existen argumentos, tanto en estudios chilenos, internacionales, como tampoco en el análisis de la evolución del trabajo infantil desde 1990, que hagan pensar que un salario inferior alivia la situación de pobreza en los hogares, por la vía de generar mayores empleos para los menores de edad. Tal criterio no es lógico ni resulta adecuado; y sólo hay dos consideraciones para enfrentarlo.
En primer término, una empresa contrata a un joven porque lo necesita, y no por caridad. Por lo tanto, lo hará cualquiera que sea el costo salarial. Dicho crudamente, si el salario es reducido a la mitad, la empresa no contratará a dos jóvenes.
En segundo lugar, un ingreso menor puede conducir a una eventual explotación, debido al nivel de desempleo que existe actualmente. Eso lo hemos rechazado permanentemente.
Por las razones anteriores, aprobaré en general la iniciativa. Sin embargo, como se ha pedido dividir la votación, anuncio que rechazaré el inciso segundo del artículo 1º, referido al trabajo y salario mínimo de los menores.
He dicho.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito casi por la unanimidad de los señores Senadores presentes, que corresponde votar en el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria, en conformidad al Reglamento.
ACUERDO DE COMITÉS
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Los Comités han acordado celebrar mañana una sesión especial, de 10 a 14, para despachar las materias que se encuentran en tabla, de acuerdo con sus respectivas urgencias.
Entiendo que algunas Comisiones pedirán autorización para funcionar conjuntamente con la Sala; otras suspenderán sus sesiones. Es una materia que les corresponde decidir a dichos organismos. Los Comités no acordaron nada sobre el particular.
Por último, quiero hacer presente que se ha cumplido la prórroga del Orden del Día. Como aún restan cinco señores Senadores inscritos, solicito el asentimiento de la Sala para una nueva prórroga a objeto de que puedan intervenir, y, una vez que hayan concluido, tomar una decisión sobre el proyecto.
--Así se acuerda.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente, una manera de abordar el tema es refiriéndose a la percepción que tienen los chilenos sobre su situación personal.
Existe un problema cultural que a todos nos afecta. Porque, como ciudadanos chilenos, no comparamos lo que teníamos con lo que tenemos, sino lo que tenemos con lo que desearíamos tener. Quizás, el impacto de la sociedad de consumo, el progreso de los medios de comunicación, la vigencia del concepto de "aldea global", introducido por Mc Luhan en 1960, originan en la gente un sentimiento de insatisfacción por sus niveles de ingreso.
Como en mi tarea de Senador debo realizar un proceso pedagógico con los chilenos en general y con los de la Región de Coquimbo en particular, aprovecho mi intervención en esta Sala para hacer presente que, de acuerdo a nuestra experiencia, el proyecto --que aumenta, por ejemplo, las asignaciones familiares a 2 mil 500 pesos por carga-- constituye un extraordinario progreso en los últimos cinco años de Gobierno democrático.
Las cifras oficiales muestran que la asignación familiar en 1989, 1988, 1987, 1986 y 1985 se mantuvo inalterable en 552 pesos. La inflación de ese quinquenio superó el ciento por ciento y, sin embargo, la gente más humilde continuó recibiendo el mismo monto, que representaba, obviamente, un menor poder adquisitivo.
Hoy día, la sociedad chilena --los 3 millones 400 mil beneficiarios de cargas familiares-- sabe que una vez al año se debate en el Congreso Nacional (por obra de los gobiernos elegidos por el pueblo) un incremento que supera la inflación esperada y que contempla otros elementos de equidad destacables.
No cabe duda que un aumento de la asignación familiar puede provocar inquietudes. Pero, ya que contamos en la Sala con un representante del Gobierno, el señor Ministro de Hacienda , aprovecho para señalar la necesidad de que la asignación familiar y los subsidios únicos familiares --incrementados de manera notable en las Administraciones de los Presidentes Aylwin y Frei-- tengan una mejoría adicional, manteniendo la misma política defendida y promovida por el Gobierno. Porque, a raíz del debate suscitado en el proyecto que otorgó un bono de invierno y otras ventajas al sector de pensionados, se incorporó un beneficio que solicitamos algunos Parlamentarios en orden a extender los subsidios únicos familiares también hasta los 18 años. El Gobierno acogió esa petición, que era un sentir muy profundo de la gente más modesta.
Pero quedó un tema pendiente -- que con mucho respeto hago presente al señor Ministro --, pues se mantuvo el hecho de que esos subsidios tienen una duración de tres años. Ello me parece contradictorio con la acertada política seguida por el Gobierno en el ámbito de las pensiones asistenciales, que les fijó un carácter indefinido mientras se mantuvieran las condiciones del otorgamiento.
Por lo tanto, solicito al señor Ministro --en términos muy respetuosos-- estudiar la posibilidad de que al subsidio único familiar, que experimentó un gran progreso al extenderse ahora a los menores de 18 años, también pudiera quitársele el límite de tres años. Porque puede darse el caso de un menor que con 9 años de edad dio origen al beneficio, cuya familia mantiene su condición de pobreza --porque es estructural e imposible de solucionar fácilmente--, el que deberá postular de nuevo al subsidio a los 12 años. Sería mejor que el país otorgara a éste una señal más permanente respecto del referido beneficio.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Tomaré nota de su proposición, señor Senador.
El señor HORMAZÁBAL .-
Agradezco su gentileza, señor Ministro.
Adicionalmente, debo señalarle que la política seguida por su Ministerio me parece correcta. Es interesante destacar, por ejemplo, que el Consejo Económico y Social vigente en el período dictatorial propuso como gran meta para el país alcanzar un ingreso mínimo equivalente a 5 unidades de fomento. La verdad es que eso no le fue concedido. Y me siento orgulloso de que en los Gobiernos democráticos de la Concertación dicho monto se haya excedido, pues ya estamos en 5,163 UF.
Por eso, junto con felicitar al señor Ministro , lo insto para que el próximo año pueda recoger la petición sobre el particular de la Central Unitaria de Trabajadores, que se encuentra muy cercana, pues solicitó un monto apenas superior en 2 mil 400 pesos al valor del salario mínimo, con lo cual se daría cumplimiento a una antigua aspiración de la CUT, que, a mi juicio, hoy ha sido modificada sin realizar un estudio más profundo sobre el tema. Sin embargo, creo que la política del Gobierno sobre la materia ha sido muy coherente.
Adicionalmente --no es mi intención convencer a los Honorables colegas, sino explicar a la gente de la Región que represento y del país por qué considero que esa política es saludable y vale la pena respaldarla--, quiero dar a conocer que, de acuerdo a cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice del ingreso mínimo legal (tomado con respecto a septiembre de 1981, con base igual a 100) en septiembre de 1989 era de 54,7; en septiembre de 1990, de 58,2; en septiembre de 1991, de 62,3; en septiembre de 1992, de 65,9; en septiembre de 1993, de 71,3; en septiembre de 1994, de 71,8, y en septiembre de 1995, de 73,2. Y las expectativas de este nuevo incremento permiten augurar una política permanente de mejoría, con lo cual este índice tan importante tiene elementos positivísimos, comparados con la dramática situación existente en el período dictatorial, según las cifras oficiales que he citado.
Desde ese punto de vista, señor Ministro , me parece correcta la política de discutir la materia con los actores comprometidos. Es comprensible por qué en esa fase no se haya podido llegar a un entendimiento con la Central Unitaria de Trabajadores. Pero creo que en los próximos meses ya se habrá reabierto el diálogo con ese organismo --que nunca tendría que interrumpirse--, y, además, que sería mucho mejor incorporar al sector de empleadores, porque en estas políticas siempre ha existido cierta continuidad. Recuerdo que en la década del 30 se estableció la participación de los empresarios, de los trabajadores y del Gobierno en la fijación de salarios considerados importantes para el país.
En el último tiempo, algunos empresarios y académicos han planteado con insistencia la idea de terminar con el salario mínimo, porque afectaría el mercado laboral, la oportunidad de acceso al trabajo, etcétera. Considero que esas teorías han sido absolutamente descartadas por los hechos. No tienen fundamento. Por eso, es importante que en la Cámara de Diputados y en el Senado exista gran coherencia respecto a la trascendencia que tienen los salarios mínimos, fijados por ley para impedir la sucesión de abusos cometidos en distintos sectores, pues donde no se utiliza este instrumento de política económica, obviamente se producen mayores injusticias.
Creo que tal planteamiento abre un interesante debate respecto al salario mínimo. Nosotros nunca hemos pensado que con él pueden resolverse los problemas de pobreza. Si consideramos una familia de 2 adultos, con tres cargas familiares, donde no trabaja la mujer, no cabe duda de que esas personas disponen del ingreso mínimo y de las cargas familiares, que representan un ingreso aproximado de 2 mil pesos diarios. Y tomando en cuenta los precios de algunos productos en los supermercados: un kilo de fideos Nº 5, 490 pesos; un kilo de porotos, 324 pesos; un kilo de pan corriente, 473 pesos; un litro de leche, 267 pesos; además de movilización, 300 pesos; arriendo (calculado de acuerdo a la forma como se pagan los subsidios en el SERVIU), 300 pesos al día; gastos de luz, agua (a pesar de los subsidios) y de combustible, se llega a la conclusión de que una familia de 4 personas necesita más de 2 mil 500 pesos diarios para poder acceder a algunos o a todos estos productos básicos.
Está claro que se trata de un tema pendiente, que no se soluciona eliminando el salario mínimo, sino que estimulando a que haya más justicia y equidad en el país, y desarrollando los factores productivos para permitir no sólo más empleos, sino también mejores salarios para los mismos.
Me parece muy correcta y atinada la política que el Gobierno ha seguido manteniendo en materia de capacitación de gente joven. Sé que el señor Ministro siente especial cariño por ese programa. En mi opinión, éste debería publicitarse más, por los efectos reales que se obtienen. Porque todavía es una señal importante (cuando sólo se ven nubarrones) el que en las poblaciones los jóvenes posean la tarjetita aquella según la cual están inscritos para postular a un conjunto de cursos que los dejan en mejores condiciones para enfrentar la vida laboral.
En mi concepto, en este ámbito se persiste en un error que yo pido respetuosamente al señor Ministro examinar y ver la forma de subsanarlo.
Con mucha razón, el Senador señor Piñera piensa que debe tenerse cuidado no sólo de fijar un salario mínimo apropiado, sino también que haya empleo. Es muy atendible un juicio de esta naturaleza. Además, parece razonable considerar que el salario mínimo es el que se paga en lugares donde trabajan chilenos modestos. Allí están también los pequeños empresarios y los dueños de talleres, los pequeños comerciantes, etcétera. Estamos hablando de cerca de un millón de empresas de poca magnitud, que son precisamente aquéllas donde rige el salario mínimo.
Por lo tanto, por esa vía no sólo hay que considerar el poder adquisitivo y el aspecto de justicia, sino además evitar una sobrecarga en tal sector empresarial, el que necesita mucho apoyo y soporte, siendo clave para la generación del empleo en nuestro país, particularmente en las regiones.
Sin embargo, no comparto con el señor Ministro la premisa de pagar un salario diferenciado a los menores de 18 años. Junto a los fundados antecedentes que entregó el Honorable señor Ruiz-Esquide sobre la concepción teórica internacional asumida por Chile frente a los derechos del niño, quiero hacer un aporte desde el ángulo de la experiencia práctica.
El Senador señor Piñera ha indicado que la cesantía en el sector juvenil es de 20 por ciento. Las estadísticas del INE se han ajustado recientemente. Felicito de nuevo al Gobierno por este esfuerzo de modernización de la forma en que se calculan datos tan valiosos. Lo destaco, porque debe haber credibilidad en la ciudadanía, y el Ejecutivo se ha preocupado de afinar un instrumento que ha significado en el corto plazo un incremento de las estadísticas sobre el desempleo. ¿Cuántos gobiernos son capaces de asumir esa responsabilidad? Sólo aquellos que están convencidos de que la honestidad y la transparencia al enfrentar a su país son claves para la madurez con que los pueblos se desarrollan.
Pero una cesantía de 20 por ciento o más en el sector juvenil --que es tan amplio-- significa que la receta aplicada desde 1989 es errónea. Porque desde ese año tiene vigencia el salario discriminatorio, política que se implementó en 1942 (fue consagrada en el artículo 2º de la ley Nº 7.295, conforme al cual el sueldo vital podía ser para los jóvenes en 30 por ciento inferior). La norma fue derogada en 1971. Y entre este último año, durante el Gobierno de Salvador Allende, y 1989, en el del General Pinochet, rigió un salario mínimo para todos. Las estadísticas de cesantía disponibles señalan que en 1971 no superaba el 3,1 por ciento. En 1972, alcanzó una cifra similar. Recién se extiende en 1975 a alrededor de 9 por ciento. Es cierto que en los años 1980-1982 se llegó al 30 por ciento de desempleo real, pero no por causa del salario mínimo, sino por las sucesivas crisis que sufrió la economía nacional a raíz de los grandes abusos cometidos en la implementación de una política liberal que no contempló los resguardos necesarios para la gente más pobre.
Pero hoy, ¿por qué fijamos a los trabajadores menores de 18 años un salario mínimo menor? ¿Para incentivar su contratación? Yo entiendo que en eso hay buena fe. Si en ese sector las cifras de desempleo fueran menores, diría "Parece que la política es correcta". Pero cuando a pesar de existir esa situación especial, que significa en el hecho que hoy día la diferencia sea de 9 mil 100 pesos entre el salario mínimo de los mayores de 18 años y los menores de esa edad (300 pesos diarios, es decir, el costo de dos pasajes en micro), ¿cuál es la razón? ¿Estimular el empleo?
Las cifras que conozco, señor Ministro , me dicen que la receta no es la correcta. En el debate del año pasado, el Senador señor Lavandero hizo una observación que me pareció muy atinente. Si esto puede significar una sobrecarga para el sector de menores ingresos, por ejemplo el del pequeño empresariado, el artesanal y otros, ¿por qué no aplicar un subsidio que, desde el punto de vista del Estado, ofrecería la posibilidad de que aumente la contratación de jóvenes sin sobrecargar el sector al cual nos estamos refiriendo? ¡Claro! Podría decirse que se trata de otro nuevo subsidio en el país. Pero ocurre que en la Cuenta de la Hacienda Pública que nos entregó el año pasado el señor Ministro del ramo, aparece una cifra monstruosa: son 400 millones de dólares los que Chile gasta al año en subsidiar al sector privado. ¿Por qué no entender que para ayudar a los jóvenes a una autoafirmación de su conciencia, a sacarlos de las tentaciones de un medio ambiente adverso, a darles una señal de reconocimiento pleno de la dignidad intrínseca que tienen, esa cifra es menor desde el punto de vista del volumen de los recursos públicos? En mi opinión, ése es un aspecto que podría ser objeto de estudio. Yo sé que el señor Ministro está pensando más bien en la vía de la capacitación y en la entrega de mejores componentes.
Pero permítaseme trasmitir mi experiencia en la Región de Coquimbo que represento en el Senado. Allí, cerca de 25 por ciento de la fuerza de trabajo gana el salario mínimo. He visto los esfuerzos de las personas por capacitarse. Pero ocurre que en Chile no hay interés entre los grandes inversionistas por instalar industrias en las regiones. Y todavía no aplicamos una política más razonable, como sería, en mi opinión, eximir de impuestos a los empresarios que inviertan en las regiones, o favorecer el traslado hacia ellas del sector profesional, liberándolos por ese tiempo del pago, por ejemplo, del crédito fiscal. Mientras no busquemos una manera distinta de tratar a las regiones, éstas no van a poder desarrollarse.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Señor Senador , ha terminado el tiempo de su primer discurso.
El señor HORMAZÁBAL.-
Termino, señor Presidente, en el tiempo de mi segundo discurso.
Desde esa perspectiva, insto al señor Ministro a tener presente esta situación. No he visto antecedentes fundados que justifiquen la permanencia de un salario diferenciado. Los jóvenes en mi región me han dicho: "Mire, Senador, lo que nos pagan hoy día son 50 y tantos mil pesos; a los que se resta el 20 por ciento previsional; me están quedando menos de 40 mil pesos, a lo que tengo que sacar el gasto del pasaje en micro, y otras cosas. En verdad prefiero hacer "una movida" o quedarme en casa.".
Ocurre que el desincentivo se produce por la vía de un salario menor. Algunos intelectuales han dicho que una posibilidad de un salario mayor podría provocar la deserción escolar. Señor Ministro , ¡atento, cuidado con los teóricos en esta materia! La deserción escolar es un mal en nuestra población hoy día. ¡Hoy día! Incluso con salarios discriminados, porque hay una atracción hacia el consumismo, una tentación de adorar el becerro de oro del dinero, y porque se está perdiendo el sentido del trabajo y de la constancia para mantenerse en la educación. Además, porque hoy día el acceso a la educación universitaria sigue estando lejos de la gente pobre por su costo. De este modo, aquel tipo de argumentos no es lo suficientemente sólido. Es respetable, sí, como para justificar un cambio.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito al señor Ministro que, con su capacidad, explore otra perspectiva que se genera a raíz del salario mínimo y de los subsidios y asignaciones familiares. El hecho es que, por ejemplo, en la Región de Coquimbo se paga tres veces más que en Santiago la luz eléctrica; que el costo del agua potable triplica el de la capital, y que el precio de muchos productos es enormemente mayor. Entonces, ¿por qué no pensamos en que debe establecerse un salario mínimo diferenciado por regiones, de acuerdo a las condiciones particulares del costo de la vida en ellas? ¿Por qué no dar a la asignación familiar y a los subsidios un enfoque de regionalización, lo que no es una abstracción teórica ni una búsqueda banal de votos, sino el reconocimiento objetivo de que este país es complejo y diverso? Es necesario reconocer que a los que viven más alejados y en condiciones diferentes les afectan costos mayores que al resto de los ciudadanos. A mi juicio, eso tiene atinencia con el concepto de igualdad ante la ley. Por lo tanto, una política especial sobre la materia no podría ser rechazada por nadie, ni aun por el Tribunal Constitucional. Éste ha dejado establecida la jurisprudencia de que un tratamiento desigual, en situaciones objetivamente distintas, es perfectamente constitucional.
Por las razones indicadas, declaro que gustoso daré mi voto para aprobar en general la política seguida por el Gobierno especialmente en este proyecto; pero me declaro en contra del mantenimiento de la discriminación salarial para los jóvenes de 18. Acepto la situación especial para los mayores de 65, sobre el supuesto de que muchos de ellos ya disfrutan de una pensión o jubilación, con lo cual un complemento salarial de esa naturaleza obedece a un criterio de justicia de mayor entidad.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , sin duda estamos frente a una materia de mucha importancia, que podría dar lugar a un debate aún más interesante que el ya tenido.
Nadie discute cómo los teóricos difieren en torno de la conveniencia de que exista o no exista un salario mínimo y si su vigencia afectaría al mercado y, de alguna manera, impediría el crecimiento del empleo. Sin embargo --por lo menos, en las actuales circunstancias--, a mi juicio, no es posible prescindir de la remuneración mínima, por cuanto en muchas actividades, por sus características propias, aquélla necesariamente se aplica. Es el caso de las empresas de limpieza sujetas a propuestas para obtener determinadas concesiones, las cuales, obviamente, requieren los costos más bajos posibles.
No cabe duda de que la remuneración mínima constituye un cierto patrón moral de la sociedad, del cual ésta no puede prescindir. Y si bien es buena la existencia de un mercado libre y que el Estado no fije todas las remuneraciones, también es cierto que no estamos en condiciones de eliminar ese tipo de remuneraciones, dados el desarrollo de la economía y los principios de las personas, como tampoco de prescindir de una jornada determinada, de impedir el trabajo de los niños y de otras medidas que, a lo mejor en otro tiempo, permitían un mercado de trabajo más amplio.
Por tal razón, en mi opinión, debe existir la remuneración mínima en la forma como está establecida, aunque, indudablemente, podría perfeccionarse en los términos planteados por el Senador señor Piñera . Indudablemente, no es la panacea, ni podemos pretender que los problemas de desigualdad vayan a ser resueltos a través de la remuneración mínima. Es necesario adoptar un conjunto de normas que van desde el gasto social a aspectos vinculados fundamentalmente a la capacitación y al fomento general del empleo.
Por estas circunstancias, y bajo la inspiración de la visita del Santo Padre , el Consejo Económico y Social --como recordaba el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra--, ya en 1987, hizo una proposición de remuneración mínima bastante mayor que la existente en aquel entonces, junto con contemplar como sistema algo que se ha ido aplicando en la práctica: que en lo futuro la remuneración que se llegara a determinar como justa pudiese ser ajustada de acuerdo con el crecimiento de la economía. En muchas oportunidades los señores Senadores me habrán escuchado decir que lo ideal son fórmulas que permitan que el crecimiento de aquélla --en cuanto significa aumento del producto per cápita-- favorezca tanto al sector pasivo, como --según sucede en este caso-- a esta "medida" que en la práctica significa la remuneración mínima.
Sin embargo, con la misma autoridad moral que me da el haber propuesto ya en 1987 una remuneración mínima bastante superior a la que entonces se pagaba, puedo señalar las circunstancias especiales que después de 1982 llevaron a la adopción de algunas medidas que fueron objeto de críticas, las cuales, en mi concepto, se ven aminoradas si se consideran las circunstancias en que se aplicaron.
A raíz de la crisis mundial de 1982 --porque el fenómeno no fue exclusivamente chileno, si bien aquí pudo haberse agravado, quizá, por errores cometidos en nuestro país--, la cesantía llegó a un situación extrema. Por ello el Gobierno de la época --me correspondió discutir tal materia-- determinó en ese momento que la creación de empleos era la primera prioridad. Así se aplicaron fórmulas, como el empleo mínimo y otras, para que la gente tuviese al menos un mínimo de ingresos. Y, efectivamente, entre l983-84 y l989-90 se crearon más de un millón de empleos.
A la misma circunstancia se debe que en aquella oportunidad se congelara la asignación familiar. Sin embargo, se creó el subsidio único familiar, de carácter especial, que era el más adecuado para atacar la situación de extrema pobreza que entonces existía.
En razón de lo anterior, deben considerarse las decisiones tomadas y también sus circunstancias. Porque, por vía de ejemplo, podríamos citar --se han entregado cifras sobre el particular-- cuánto ha aumentado la remuneración mínima en los últimos cinco o seis años. Efectivamente, hubo un alza de ella, pero ésta no alcanzó al aumento del producto per cápita. En consecuencia, no ha habido un crecimiento que considere la mayor productividad general de nuestra economía, elemento que tiene que ser considerado siempre.
Sigo creyendo que la capacitación y la mayor fuerza de trabajo son los elementos más fundamentales para elevar el nivel de vida de la gente. Por ello, sólo quiero referirme a un aspecto considerado también por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, con cuyos puntos de vista difiero.
Creo que en el desempleo juvenil hay muchos elementos en juego. En parte, se consideran en él a personas que normalmente debieran estar estudiando o capacitándose. Por ello, la fórmula al respecto podría consistir en agilizar el contrato de aprendizaje, y crear mecanismos para que las personas que no han podido completar su educación o que no tienen los conocimientos o pericias adecuados, trabajen, junto con perfeccionarse. En esas circunstancias, nada de raro o de injusto tendría el que a la gente que se está enseñando se le pagara una remuneración inferior a la mínima. Porque, en definitiva, estaría en mejores condiciones que quien simplemente acude a una escuela u otro establecimiento educacional, sin poder trabajar. En el primer caso, la persona cuenta con un ingreso y, simultáneamente, se está educando.
En mi opinión, en la medida en que sepamos resolver este problema en lo futuro --la Comisión de Trabajo está tratando el tema de la capacitación y el del aprendizaje--, podremos dar los pasos necesarios para solucionar el problema que a todos nos preocupa: esa masa de jóvenes que sin tener completa su educación ni la preparación adecuada, se encuentran cesantes. A ellos hay que darles, por todos los medios posibles, una oportunidad, a fin de que puedan perfeccionarse o adquirir los conocimientos de que actualmente carecen y de que, simultáneamente --ésa es la ventaja de un contrato de aprendizaje--, puedan recibir una remuneración.
Por consiguiente, en mi concepto, la remuneración mínima podría ser mayor si su aplicación fuera más ágil.
Indudablemente, nos enfrentamos a un problema complejo y que ha sido resuelto por las diversas economías en forma distinta. En general, estamos procurando caminar por la senda adecuada; estamos incorporando el factor productividad a la fijación de la remuneración mínima, y estamos preocupándonos de que haya mayor capacitación. Dentro de ello, también debe ser objeto de nuestra atención el aprendizaje, porque, muchas veces, en el desarrollo de una actividad o de un trabajo puede aprenderse tanto o más que en cualquier establecimiento educacional.
Por las razones dadas, señor Presidente ; por considerar que la resolución adoptada por el Gobierno va en una dirección adecuada --a mi juicio, puede perfeccionarse en lo futuro--, y porque los Parlamentarios no tenemos mayores alternativa, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, debido a lo avanzado de la hora y a cierto relajo que se advierte en la Sala, haré un esfuerzo por dejar constancia solamente de algunas reflexiones, las cuales, por lo demás, aparecen año a año en debates donde las posiciones parecen muy distanciadas y diferentes, pero, curiosamente, terminan con votación unánime.
Lo primero que deseo analizar es si el salario mínimo acaba con la pobreza, si mejora el ingreso, si tiene un impacto directo en ese problema.
Si se examinan los antecedentes, en todas las perspectivas, difícilmente ello ocurre así. Desde luego, porque (como ya se ha subrayado) existe una realidad superior a cualquier otra consideración: nadie puede vivir con el ingreso mínimo. Y si no existieran el apoyo de políticas sociales y otros elementos que no es del caso mencionar, probablemente estaríamos en una situación muy compleja, porque con 58 mil o 65 mil pesos --la cifra que se quiera-- francamente es imposible en Chile llevar un nivel de vida mínimo.
¿Cómo se termina con la pobreza? Lo discutimos largamente días atrás en el Senado. Pero, básicamente, la receta (independiente de otras consideraciones) está constituida por el crecimiento que puede generar el país a través del desarrollo de la actividad productiva, fundamentalmente de los sectores empresariales.
Por lo demás, esta es la situación que se puede graficar en Chile. Si nos remontamos a 8 ó 10 años, en nuestro país aproximadamente 20 por ciento de la fuerza de trabajo percibía el salario mínimo; hoy, sólo lo recibe 10 por ciento.
¿Y cómo ha operado el milagro de haber disminuido a la mitad la cantidad de trabajadores que reciben el ingreso mínimo? Con un aditamento: de acuerdo a las cifras, hoy es 50 por ciento más alto que entonces.
Es cierto que esa cifra induce a engaño, porque no descuenta el crecimiento anual que se produce por el mayor valor de la actividad económica desarrollada en el país. Eso debería ponderarse en el efecto inflacionario, que es la única medida en que se basa el indicador pertinente.
Con todo, si consideramos hoy en términos equivalentes, en moneda real, el salario mínimo que se pagaba hace diez años, probablemente ningún trabajador chileno recibiría dicho ingreso, pues nadie gana esa cifra, la cual ha quedado relegada sólo a 10 por ciento de la fuerza de trabajo, con un salario mínimo que es, a su vez, 50 por ciento más alto que entonces.
Esa es la verdadera dimensión del problema, donde, por la misma razón, el salario mínimo adquiere un menor dramatismo. Y la respuesta sigue siendo: generar condiciones que permitan un mayor crecimiento de la economía, porque de ese modo se va produciendo una situación favorable para los trabajadores.
En tal sentido, uno se pregunta si el salario mínimo contribuye a crear empleos. La respuesta es difícil. En verdad, deberíamos preguntar qué piensan los desempleados; qué piensan los jóvenes y las mujeres que buscan trabajo por primera vez; qué piensa la pequeña empresa; qué piensan los distintos sectores de la economía. Y temo que la respuesta difiera de algunos comentarios hechos en la Sala. Pareciera que el salario mínimo no favorece la generación de empleos, sino que, más bien, la endurece, la dificulta, por las razones ya comentadas.
Me parece importante la observación del Senador señor Piñera en cuanto a quiénes deben participar en la discusión sobre el salario mínimo.
Pareciera que, inevitablemente, esa responsabilidad recae sólo en el Gobierno. Pero deseo agregar un planteamiento. Lo expondré de manera más completa en los próximos días, a propósito del desarrollo de ciertas regiones; pero quiero anticiparlo con relación a este tema específico.
Estimo que el Gobierno debe determinar el salario mínimo. Pero, al mismo tiempo, considero --algo planteaba en tal sentido el Honorable señor Hormazábal -- que no podemos pensar en un monto igual para todo el país.
Deseo que se estudie esta materia. Y pido que se oficie al señor Ministro de Hacienda --para formalizar mi planteamiento-- en el sentido de que el salario mínimo pueda fijarse a nivel de una banda, con un piso y un techo, a fin de que se puedan considerar localmente los factores que, de acuerdo a las circunstancias específicas de cada región, hagan aconsejables variaciones según, por ejemplo, el nivel de desempleo; los indicadores de productividad y eficiencia; los aspectos inflacionarios previstos, etcétera. Es decir, que a nivel de cada región, en forma descentralizada y dentro de una banda, puedan adoptarse las medidas que permitan definir un monto de salario mínimo distinto, según el caso.
Quiero que se analice el tema. Me parece que llega el momento de descentralizar ciertas decisiones económicas, dentro de un margen adecuado a las circunstancias.
Finalmente, y producto del debate, se pregunta si tiene sentido continuar con el salario mínimo. Pienso que terminar con él mediante una ley --por así decirlo-- carece de significado; o sea, que como Parlamento adoptemos la decisión de no tenerlo rechazando, por ejemplo, el planteamiento que se formula.
No es nuestra posición. Como señalaba el Senador señor Urenda, pensamos que el salario mínimo desaparecerá, no a raíz de una decisión legislativa, sino cuando el país, por su crecimiento económico, sea capaz de generar una distancia en relación a los niveles de salarios que hoy día se pagan y de superar efectivamente la pobreza, al menos en términos relativos.
Estamos, pues, ante una señal que mantiene una situación que evita problemas límites y que por ahora, mientras no logremos un mayor progreso económico y una mejor distribución del ingreso, permite continuar con el mínimo desde un punto de vista simbólico, pues ya sabemos que con él no se acaba la pobreza en términos reales.
En esta oportunidad hemos hablado fundamentalmente del salario mínimo. Pero no puedo finalizar mi intervención sin mencionar que los incrementos planteados en el proyecto para la asignación familiar y el subsidio único familiar nos parecen de la mayor importancia. Creemos que ellos sí tienen un efecto de focalización hacia la pobreza. Por eso apoyamos el hecho de que en ésta y en otras iniciativas legales se hayan aumentado tanto en su monto como en su número, pues ésa es una de las formas más claras de combatir la pobreza a través de políticas sociales, sobre todo tratándose de sectores que, por su condición, viven todavía una situación difícil.
La asignación familiar y, particularmente, el subsidio único familiar son elementos sumamente importantes en tal dirección, y por eso valoramos que tengan un incremento mayor que el determinado por el IPC, de acuerdo a los antecedentes que ha entregado el Ejecutivo.
Por todas estas razones, anuncio mi voto favorable.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Pido el asentimiento de la Sala para enviar el oficio solicitado por el Senador señor Larraín .
Así se acuerda.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, mi contribución al despacho del proyecto radica en que no haré uso de la palabra, pese a estar inscrito.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente , seguiré el ejemplo del señor Vicepresidente del Senado, porque es preferible que se proceda a la votación del proyecto.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz, quien es el último orador inscrito.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, no voy a seguir el digno ejemplo de mis Honorables colegas --aunque me pifien--, para cerrar el debate con broche de oro.
Quiero tocar un punto específico del tema tan amplio del salario mínimo: la asignación familiar. Considero que ella amerita un análisis mucho más profundo.
No obstante que su monto ha aumentado sustancialmente en los últimos años, creo que la asignación familiar continúa siendo un tanto mezquina.
Veamos el caso de un hombre soltero que recibe un salario mínimo de 65 mil 500 pesos; probablemente vive con sus padres, y sus requerimientos no son tan exagerados. Se casa y tiene un hijo; entonces, en lugar de 65 mil 500 pesos, ganará 70 mil 500, debido a que constituyen carga familiar su esposa y el hijo.
Me parece absolutamente exiguo que un hombre que pasa de la condición de soltero a la de casado con dos cargas familiares reciba sólo 5 mil pesos como premio por ese tremendo esfuerzo. En mi opinión, ello no es justo.
Tampoco soy partidario de una asignación familiar tan baja, de 880 pesos por carga, para quienes ganan entre 167 mil y 348 mil pesos. Lo considero casi un castigo para la familia, e incluso, para la fertilidad. En un país con bajísima natalidad, sobre la base de un neomalthusianismo equivocado, más que un castigo a la familia y una injusticia mayúscula, constituye una visión cortoplacista del desarrollo de un país.
Puede que lleguemos a ser una nación rica: pero de "viejos ricos". Entonces recordaremos con nostalgia los años en que éramos más pobres y más jóvenes.
Yo prefiero un país menos rico y más joven: el primero tiene pasado; el segundo, futuro. Me quedo con este último.
He dicho.
El señor DÍEZ (Presidente).-
En conformidad a lo acordado por la Sala, se votará en general el proyecto.
El señor ANINAT.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DÍEZ (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , deseo agradecer la calidad y profundidad del debate y las observaciones que han formulado los distintos sectores de la Corporación. Pero, en particular, quiero hacer un llamado a mi camarada y amigo el Senador señor Hormazábal , quien ha presentado una indicación referente a la reajustabilidad para los trabajadores menores de 18 años.
Con todo respeto, debo señalar al señor Senador que en el grupo de 15 a 24 años la tasa de desempleo vigente supera en casi tres veces el promedio nacional.
Según los últimos datos proporcionados en marzo por el INE, en el grupo de 15 a 19 años la tasa de desocupación alcanza a 17,7 por ciento, sin contar a los inactivos, que pertenecen a este segmento y probablemente están afectados por la situación en polémica.
En el grupo de 20 a 24 años la tasa es menor; pero sigue superando el 14 por ciento: es de 14,7 por ciento.
En consecuencia, entendiendo la motivación que anima al Senador señor Hormazábal y a quienes lo acompañaron en la presentación de la indicación, el Gobierno considera que el efecto principal será el de mantener o acrecentar el problema de desenganche con la fuerza laboral y de mayor desempleo relativo juvenil. Por lo tanto, el Ejecutivo piensa --para ser muy claro-- que el efecto buscado no dice relación a la causa motivadora, sino al revés.
Ahora, estando muy de acuerdo con el resto de las observaciones que el Honorable señor Hormazábal y otros señores Senadores han formulado respecto a la evolución que este asunto ha tenido en el tiempo, estimamos que sería preferible --y hago un llamado a que nos sumemos a ello-- reexaminar el tema de la capacitación juvenil, no sólo con el nuevo programa lanzado hace muy pocos días para 80 mil jóvenes y su flexibilización, sino también con el relativo a los aprendices juveniles y a las franquicias tributarias pertinentes, como un tema más focalizado, más fructífero y de resultados, probablemente, mucho más positivos que los de la indicación presentada.
Por consiguiente, con todo respeto, formulo este llamado antes de iniciarse la votación.
Gracias, señor Presidente.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Se ha formulado indicación para votar separadamente la expresión "para los trabajadores menores de 18 años de edad y", que figura en el inciso segundo del artículo 1º.
La Mesa considera admisible la indicación, porque significa mantener el salario de los menores de 18 años en una suma inferior a la planteada por el proyecto del Ejecutivo.
Se procederá a votar.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor LAVANDERO .-
Debe señalarse la cifra, porque, conforme a lo expresado por el señor Presidente , subsistirá el guarismo contemplado en la ley Nº 19.392.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Así es.
El señor LAVANDERO .-
O sea, en lugar de percibir 56 mil 370 pesos, como lo propone el proyecto, los menores de 18 años quedarían ganando 50 mil 689 pesos.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Así lo entiende la Mesa, señor Senador.
Votaremos la indicación.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente, quiero referirme en forma muy breve a lo siguiente.
Primero, entiendo que no vamos a abrir debate sobre la materia, a pesar de que aquí se han proporcionado los antecedentes.
Segundo, hemos conversado con el señor Ministro y le señalamos que mantendremos nuestro planteamiento.
Tercero, no quiero que se interprete mal; pero es evidente que, al sacar de la norma dicha frase, los menores de 18 años no van a recibir el reajuste que propone la iniciativa.
Sin embargo, también hemos planteado derechamente al señor Ministro nuestro propósito de mantener un nivel similar. Por lo tanto, como carecemos de atribuciones para elevar el monto del salario respectivo, rechazamos la proposición pertinente, porque, a nuestro juicio, es discriminatoria. Y solicitamos al señor Ministro ver la posibilidad de aceptar nuestro planteamiento.
Ésa es la razón por la cual no aceptamos el retiro de la indicación.
El señor HORMAZÁBAL.-
Deseo plantear una cuestión previa.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente, hay dos interpretaciones respecto de lo que puede ocurrir. No quiero discutir sobre ello, porque pienso que la Mesa nos interpreta adecuadamente.
Tal como lo explicó el Senador señor Ruiz-Esquide, de aprobarse la indicación, quedará vigente lo dispuesto en la ley anterior, que tiene duración indefinida. Pero --para no jugar a campañas del terror-- ocurre que estamos en el segundo trámite constitucional; según los antecedentes de que dispongo, la mayoría del Senado no va a respaldar la indicación; y aun cuando yo invocara a apoyarla y ella fuera aprobada, habría un tercer trámite en la Cámara de Diputados, donde perfectamente podría restablecerse la disposición del Ejecutivo.
Quiero dar una señal a mi Gobierno. Respaldo completamente su política. Agradezco la invitación del señor Ministro de Hacienda a discutir el tema de la capacitación hacia el futuro. La acepto. Iré cuando él la concrete. Y a lo mejor lo que podamos concordar me evitará en 1997 el planteamiento que año tras año --ya llevo un lustro en el Congreso-- he tenido que hacer en el Senado.
Por lo tanto, recojo las palabras del señor Ministro y lamento no poder retirar la indicación, que aprobaré en las condiciones que he señalado.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Señor Senador, lo único que ha hecho la Mesa es declarar admisible la indicación y señalar el fundamento de su determinación.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DÍEZ (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Acojo muy positivamente las expresiones del Honorable señor Hormazábal en cuanto a sostener un diálogo respecto a los aprendices y la capacitación de jóvenes. Tenga la seguridad el señor Senador --por su intermedio se lo digo, señor Presidente -- de que va a ser invitado a analizar este asunto en profundidad.
Sin embargo, sobre las palabras del Honorable señor Ruiz-Esquide, debo observar que el Gobierno tiene que evaluar todas las situaciones. Por lo tanto, el Gobierno asume la responsabilidad del proyecto tal como está.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
En votación la indicación.
-(Durante la votación).
El señor CALDERÓN .-
Señor Presidente , considero justa la indicación, pero, al mismo tiempo, inconducente. Por lo tanto, voto en contra.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, comparto la inquietud respecto de los ingresos --principalmente de los establecidos por ley-- de los más jóvenes. Pero no puedo dejar de advertir que la indicación produce el efecto práctico de dejarlos ganando menos que lo que percibirían de prevalecer la proposición del proyecto. Y aun cuando la intención de sus autores, según deduzco de sus explicaciones, es la de un aumento superior incluso al que contempla la iniciativa para los ingresos de los jóvenes y aprendices, la verdad es que la indicación, aunque bien intencionada, los disminuye en seis mil pesos mensuales.
En consecuencia, si soy partidario de mejorar sus ingresos, no me cabe otra actitud que la de votar en contrario.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente, fui uno de los firmantes, convencido de que beneficia a los jóvenes. Por lo tanto, mantengo y apruebo la indicación.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , tengo un pareo vigente, y no puedo votar. Si no hubiera sido así, la habría rechazado.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente, yo habría votado favorablemente esta indicación si hubiera redundado en un mejoramiento de los salarios de los jóvenes. Como por efecto de la eventual aprobación de esta indicación resulta todo lo contrario, porque no habría ley respecto de los jóvenes y, en consecuencia, subsistiría el salario establecido actualmente en la ley, votaré en contra de la indicación.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente, si se considera que es poco lo que recibirán los jóvenes, es bastante inconducente aprobar una disposición que incluso les rebaja lo propuesto por el Ejecutivo .
Por esa razón, no puedo más que --con todo entusiasmo-- rechazar la indicación.
El señor OTERO .-
Señor Presidente, quiero simplemente señalar al señor Ministro que los Senadores de Oposición veríamos también con sumo agrado que nos invitarán a esas reuniones sobre capacitación, porque la verdad es que este tema lo hemos venido reiterando en forma permanente. La única manera de mejorar la situación del trabajador no especializado es logrando su calificación. Cualquiera otra cosa que se diga, está de más. La educación, la capacitación laboral, los oficios, es lo importante en este sentido. Y en esta Sala hemos insistido sobre el particular, una y otra vez.
En consecuencia, recuerdo al señor Ministro que se trata de un problema de Estado y, por lo tanto, los Senadores de Oposición deben ser considerados en ese debate.
Por las razones dadas ya por otros señores Senadores, en el sentido de que el propósito del proyecto es el de beneficiar a los trabajadores, y que, de acogerse la indicación, resultarían perjudicados los menores, votaré en contra.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente, soy uno de los Senadores que suscribieron la indicación. Después de las explicaciones que se han dado, me parece que no solamente podría ser perjudicial, sino que, en el fondo, por el resultado que dará la votación, ella no producirá efecto alguno. Sin embargo, considero que el señor Ministro ha recibido el mensaje enviado y, para no aparecer inconsecuente con lo obrado, me abstendré.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente, naturalmente, votaré a favor de la indicación y quiero señalar que si los señores Senadores que manifestaron estar de acuerdo hubieran votado en consecuencia, no se habría producido el efecto negativo que se argumenta. Porque en esas condiciones, con toda franqueza, deberíamos haber discutido de nuevo con el Gobierno y el señor Ministro sobre la forma adecuada de resolver el punto.
Presentamos esa indicación porque no fue aceptado nuestro criterio negativo a la discriminación. Podremos discutir acerca del fondo. Hay algunos señores Senadores que estiman que, por razones de fondo, debe discriminarse. Personalmente, no lo creo así. Por eso recurrimos a la vía de formular la indicación: no tenemos manejo para hacerlo de otra manera. Esa es la razón por la cual la estamos planteando.
Pero el señor Ministro puede estar tranquilo porque la votación no será favorable. Ojalá no se argumente que estamos provocando un daño mayor, que es inconducente nuestra indicación y que, por ello, se la rechaza.
Mantendré mi punto de vista, por estimar honestamente que estamos cohonestando, legislando, aceptando y considerando legítimo lo que, en el fondo, no lo es. Este es todo el problema. Porque argumentar sobre la base de un desempleo mayor --se lo manifesté al señor Ministro poco antes de esta sesión-- es reconocer que siempre deberemos proceder teniendo en cuenta que la eventual relación entre la oferta y la demanda en el trabajo de los jóvenes será el factor prevaleciente en el monto del salario que reciban. Y eso está al borde de la explotación, en un país cuyo crecimiento y niveles de ingresos éticamente no lo justifican.
Por lo tanto, voto a favor de la indicación.
El señor THAYER .-
Señor Presidente, con mi silencio he contribuido a la aprobación del proyecto, y aprovecharé la oportunidad que me brinda la votación para decir solamente unas pocas palabras.
Es muy claro el interés de quienes presentaron la indicación de dividir la votación. Tal como señaló el Honorable señor Ruiz-Esquide , no dispusieron de otro mecanismo para hacer presente su criterio.
Estoy en contra de la indicación por las razones dadas por el señor Ministro . Creo que el fondo del asunto es equivocado, aunque esté inspirado en una intención muy social.
Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro , no para hacerme el invitado a las reuniones sobre capacitación --tema que estamos discutiendo en la Comisión de Trabajo--, sino para hacer presente que tengo la impresión de que está quedando al margen de la capacitación precisamente un sector social que ocupa un lugar importante entre la juventud. Hoy día los programas en marcha se encuentran en buen pie en lo referente a los trabajadores de las empresas, a los estudiantes de la educación media de carácter técnico-profesional, a los estudiantes de nivel superior, a través de centros de formación técnica, de institutos profesionales o de universidades, en su caso. Pero aquellos sectores que han tenido que abandonar la educación media por razones económicas, o que no alcanzan ese nivel educacional, no tienen la posibilidad de acceder a la formación profesional ni a títulos profesionales de carácter técnico, materia que estimo importante estudiar.
Por eso, invitado o no, me interesaría que en esa reunión se considere este punto de vista.
Voto en contra de la indicación.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , quiero dejar en claro que la discriminación es necesaria. En ese sentido, discrepo de los señores Senadores que patrocinan la indicación, quienes legítimamente tienen una opinión distinta.
Sin embargo, sinceramente creo que el debate no está centrado en el tema de la diferenciación --para utilizar un término mucho más exacto-- del salario mínimo para este segmento de jóvenes entre 15 y 18 años de edad en relación con el resto. En una sociedad donde no hay pleno empleo se permite lo que se llama el enganche, o sea, la posibilidad de que mediante el mercado laboral se enganche a este sector, que muchas veces le resulta difícil lograr una posición de trabajo.
El tema no está ahí, sino en el fondo de lo que hemos discutido: en el nivel del salario mínimo, y es lo que debemos ir resolviendo con el desarrollo de nuestra economía. Una vez que el nivel de ese ingreso sea justo y equilibrado, tendrá que haber uno diferenciado para los menores de 18 años y otro para los mayores de esa edad, a fin de posibilitar a aquéllos el acceso al trabajo, más aún si carecen de capacitación..
Voto en contra de la indicación, por una discrepancia de fundamento y de criterio.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Voto en contra, porque, para mejorar la condición de los jóvenes, prefiero discutir el tema a partir de un salario de 56 mil pesos y no de 50 mil.
Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación (22 votos contra 4, una abstención y 5 pareos).
Votaron por la negativa los señores Bitar, Calderón, Cantuarias, Cooper, Díez, Errázuriz, Frei (don Arturo), Hamilton, Horvath, Huerta, Larraín, Larre, Lavandero, Letelier, Martin, Otero, Piñera, Ríos, Romero, Siebert, Thayer y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Díaz, Frei (doña Carmen), Hormazábal y Ruiz-Esquide.
Se abstuvo el señor Ruiz (don José).
No votaron, por estar pareados, los señores Alessandri, Feliú, Mc-Intyre, Ominami y Sinclair.
--Se aprueba en general y particular el proyecto.
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