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El señor VALDES ( Presidente ).-
En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el inciso primero del artículo 11 de la ley N° 18.525, en orden a incorporar a un representante del Ministerio de Agricultura a la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Economía.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 48a, en 4 de abril de 1995.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 50a, en 6 de abril de 1995.
Economía, sesión 50a, en 6 de abril de 1995.
El señor VALDES (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
El señor LARRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente , tal como lo plantea el informe de la Comisión de Agricultura, la iniciativa se originó en la Cámara Baja en moción de los Diputados señora Prochelle y señores Ribera, José García, René Manuel García , Taladriz , Galilea , Caminondo , Munizaga , Kuschel y el entonces Diputado señor Alamos .
El proyecto cumplió su primer trámite en la Cámara de Diputados. Posteriormente, en el Senado tuvimos una duda en cuanto a su constitucionalidad, por cuanto, tratándose de un impuesto, a juicio de la Comisión de Agricultura era de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República . En virtud de ello, el Primer Mandatario lo hizo suyo, y, por lo tanto, cumple con las exigencias constitucionales en cuanto a su admisibilidad.
La iniciativa consta de un artículo único, mediante el cual se incorpora un representante del Ministerio de Agricultura como miembro de la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, la cual en la actualidad se halla integrada por el Fiscal Nacional Económico, dos representantes del Banco Central, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Economía, el Director Nacional de Aduanas y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dado que los precios agrícolas en el plano internacional tienen notables distorsiones por efecto de subsidios o subvenciones, desde hace mucho tiempo se ha manifestado la necesidad de que el organismo técnico del Estado de Chile participe también en el organismo que nos ocupa.
Mis palabras están avaladas en algunos antecedentes de carácter internacional conocidos por todos. Los subsidios otorgados en 1990 a los productores agrícolas en el mundo equivalen a 176 mil millones de dólares. De ellos, 82 mil millones se concedieron en la Comunidad Económica Europea, 36 mil millones en Estados Unidos, 31 mil millones en Japón y 27 mil millones en otros países.
Si consideramos el subsidio por agricultor, observaremos que asciende a 22 mil dólares anuales en Estados Unidos, a 12 mil en la Comunidad Económica Europea y a 15 mil en cada una de las naciones desarrolladas donde opera.
Si transformamos estos subsidios en dólares por hectárea, veremos que corresponden a 171 dólares en Estados Unidos, a 773 en la Comunidad Económica Europea y a 171 en los restantes países desarrollados.
¿Qué efectos han producido los subsidios en cada nación? En 1991, por ejemplo, el ingreso agrícola basado en subvenciones alcanzó a 80 por ciento en Suiza, a 77 por ciento en Noruega, a 71 por ciento en Finlandia, a 66 por ciento en Japón, a 59 por ciento en Suecia, a 52 por ciento en Austria, a 49 por ciento -como término medio- en la Comunidad Económica Europea, a 45 por ciento en Canadá, a 30 por ciento en Estados Unidos, a 15 por ciento en Australia y a 4 por ciento en Nueva Zelanda.
Señor Presidente, he citado como antecedente las subvenciones que perciben los agricultores de los países más desarrollados del mundo.
Ahora bien, tanto el Gobierno como los Parlamentarios que plantearon originalmente la moción han estimado fundamental que participe un representante del Ministerio de Agricultura en la Comisión de Distorsiones. Por ello, las Comisiones de Agricultura y de Economía -así lo informará el señor Presidente de esta última- acogieron la iniciativa del Poder Ejecutivo , cuyos informes se encuentran a disposición de los señores Senadores.
En consecuencia, en representación de la Comisión de Agricultura, solicito a la Sala la aprobación del proyecto, para atender de esta forma una sentida aspiración de todo el sector agrícola, que la ha expuesto en múltiples oportunidades y desde hace varios años.
Recuerdo que en 1994, cuando en el Senado discutimos la crisis que afecta a la actividad agrícola del país, una de las medidas inmediatas que propusimos para solucionarla fue la de incorporar al Ministerio de Agricultura, como organismo técnico, a la Comisión de Distorsiones.
Pero uno de los argumentos aducidos es el de que no se puede ser juez y parte. La verdad es que, a nuestro juicio, el Estado chileno no es parte en el desarrollo de la actividad agrícola, porque desde hace mucho tiempo dejó de ser propietario o productor. Y creemos que la preocupación del Gobierno debe ser velar por la gestión exitosa de más de 500 mil agricultores, quienes representan un porcentaje altísimo de la población chilena que vive del producto rural.
Sobre la base de los antecedentes entregados y teniendo presente la conveniencia de lograr en el comercio internacional un debido control de la distorsión de precios en los productos agrícolas, solicitamos la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAIN.-
Señor Presidente , pienso que el tema de fondo -no tanto la iniciativa- que está siendo abordado es de la mayor importancia; vale decir, el hecho de que en el campo agrícola existe una profunda y extraordinaria distorsión de precios debido a los enormes subsidios que en materia de productos alimenticios se conceden, fundamentalmente, en los países del hemisferio norte. El Senador señor Larre , quien me antecedió en el uso de la palabra, ha dado cifras más que elocuentes para demostrar las cantidades de recursos que se entregan en esas naciones a fin de proteger a los agricultores y darles una solución de vida razonable, teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales atraviesa la actividad debido a la evolución de su producción y de otras producciones en el mundo.
Lo anterior, aparte ser contradictorio con muchos principios que en las economías de aquellos países se sostienen en materia de libertades de trabajo y de empresa, resulta profundamente contrario a la forma como estamos desarrollando nuestra actividad económica, porque la distorsión en comento es la que viene generando en Chile una baja artificial en los precios de los productos agrícolas. Y esto, junto a otras distorsiones -como la monetaria, por ejemplo, a raíz del descenso de la paridad cambiaria-, es lo que está afectando la situación de los productos que nuestra gente trabaja con gran esfuerzo.
En consecuencia, me parece que el tema de las distorsiones habidas con motivo de la importación de productos subsidiados es altamente relevante y, por la misma razón, debe ser abordado con la profundidad que el caso requiere.
Recuerdo que en su momento, cuando el Senado discutió la materia, planteé este punto -al igual que otros Honorables colegas- e hice notar la necesidad de examinarlo, no en forma superficial, sino de acuerdo a una iniciativa legal que, con diversos señores Senadores que la suscribieron, presenté a trámite legislativo, en la cual, además de considerarse un nuevo integrante para la referida Comisión, se contemplaban las situaciones que afectan el funcionamiento de ese organismo, que fue creado para evitar las distorsiones que emanan de los productos subsidiados provenientes del exterior. Sin embargo, por distintas consideraciones, de carácter jurídico y de otro tipo, ese proyecto aún no ha sido tramitado y, por lo tanto, lamentablemente, no hemos podido entrar al fondo del asunto.
La iniciativa sometida a nuestro conocimiento dice relación a una inquietud muy precisa: incluir dentro de la Comisión de Distorsiones a un representante del Ministerio de Agricultura. Y la verdad es que, si uno mira la composición de esa entidad, ve que actualmente, junto al Fiscal Nacional Económico y a los dos representantes del Banco Central, hay cuatro personeros del Gobierno. De modo que el sector público se encuentra ampliamente representado.
Me parece que, si la voluntad hubiese sido acoger las preocupaciones que aquejan particularmente al sector agrícola, el Gobierno debió plantear la integración de un representante de ese ámbito. Pero no lo ha hecho. Y la presentación de este proyecto, que a mi juicio es periférico al problema, reafirma mi convicción de que en las esferas oficiales aún no existe el convencimiento de que es necesario combatir aquél a través de una modificación radical a la normativa vigente, como la que sometí a consideración del Honorable Senado.
Por esa misma razón, estimo que el proyecto en análisis, con todo lo válido que tiene en sí mismo, no resuelve el problema de distorsión que se genera con motivo de la importación de productos (no solamente alimenticios, sino también de otra índole) que cuentan con subsidios de tal naturaleza.
Lo que necesitamos es revisar la composición de la Comisión de Distorsiones, de manera que quede integrada por gente independiente, incluso del Gobierno, que no represente a los sectores involucrados; que haya mayor transparencia, a fin de que los debates suscitados en su interior puedan ser conocidos por todos; que la Comisión cuente con más atribuciones, para proceder en forma adecuada -incluso de oficio, si lo estima necesario-; requerir permanentemente el apoyo de nuestras embajadas -esto es, de la representación diplomática de Chile en el extranjero- con el propósito de que dicho organismo asuma su trabajo con absoluta eficacia; y revisar la operatividad del sistema, porque las solicitudes que los afectados deben presentar para formular las denuncias son engorrosas y complejas, y muchas veces los hacen desistir de sus planteamientos.
Eso es lo que realmente debiéramos estar discutiendo hoy, señor Presidente , si el problema que nos aqueja tiene la magnitud en que, al parecer, todos concordamos. Y, por ese mismo motivo, me llama la atención el hecho de que la autoridad, pese a estar consciente de la seriedad del problema -por lo demás, el propio señor Ministro de Agricultura , hace algunas semanas, al referirse a las medidas que implementará el Gobierno, reconoció que la materia que nos ocupa es una de aquellas en las cuales es preciso revisar la legislación vigente-, haya enviado al Parlamento un proyecto en el que propone, simplemente, incorporar a la Comisión de Distorsiones a un representante del Ministerio de Agricultura. Francamente, me parece que esto es una desproporción frente a la gravedad del problema involucrado.
Yo no me opongo a esa solución, aunque, sí, quiero señalar que la salida no consiste en ir agregando a la Comisión personeros de los distintos sectores productivos afectados, porque ello significaría aumentar indefinidamente el número de representantes. Obviamente, esto no zanja el asunto.
En consecuencia, debo ser honesto y manifestar que el proyecto es inadecuado, ya que para enfrentar una situación que todos estimamos de extraordinaria gravedad, se somete a nuestra consideración una medida de "parche" que, evidentemente, no contribuye a resolverla.
La Comisión Nacional no ha dado satisfacción al grueso de las denuncias que se han presentado acerca de distorsiones en los precios de productos provenientes del exterior.
Por eso, deseo dejar constancia de mi opinión, como lo hice en la Comisión de Agricultura, respecto de esta iniciativa.
La consecuencia lógica de este análisis pareciera ser mi pronunciamiento contra el proyecto. Sin embargo, no lo haré, porque no deseo contribuir al rechazo de un texto que busca revisar en algo la Comisión de Distorsiones.
Reitero que, en mi concepto, no se trata de una buena solución. No creo que ayude a cambiar absolutamente en nada el funcionamiento de la Comisión. Empero, no quiero dar una señal equivocada, por cuanto es imprescindible preocuparse especialmente de este problema, debido a la crisis por que atraviesa la agricultura chilena. En este sentido, un voto negativo podría ser mal interpretado por muchas personas.
Por las razones expuestas, me abstendré de votar el proyecto. Al mismo tiempo, insto al Ejecutivo a poner el acento en el fondo de la cuestión y a que no aquietemos nuestras conciencias haciendo cambios cosméticos en una materia que requiere de profundas transformaciones, dada la importancia que reviste para el desarrollo productivo del país.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente , como consecuencia de la importación de mercaderías provenientes de economías subsidiadas, puede ocurrir que en los mercados internos se produzcan distorsiones de precios que dañen la producción nacional.
Previendo tal circunstancia, la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercaderías al país, publicada en el Diario Oficial de 30 de junio de 1986, dispone en su artículo 11 la creación de una Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones en el precio de las mercaderías importadas y la forma como ellas perjudican la producción interna.
Dicha Comisión tiene por objeto tomar conocimiento de las denuncias sobre distorsiones en los precios de las mercaderías que se importan desde los mercados internacionales y, luego de efectuada una investigación, recomendar la adopción de medidas de tributación aduanera, si los antecedentes disponibles permiten establecer la existencia de distorsiones en el precio que ocasionen un perjuicio significativo, actual o inminente, en la producción nacional.
En consideración a situaciones que de un tiempo a esta parte han venido suscitándose en diversos sectores de nuestra economía, el Ministerio de Hacienda se encuentra abocado al estudio de una reforma global a la estructura e integración de la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en los precios de mercaderías importadas.
No obstante ello, es posible apreciar cómo se han producido diversas situaciones de hecho que ameritan que, mientras prospera el análisis de la señalada reforma, se autorice el nombramiento de un nuevo integrante en esa Comisión, en representación del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que el sector agrícola es uno de una de las áreas que más afectadas se han visto en el último tiempo por las distorsiones generadas en los mercados agrarios como consecuencia de las importaciones de productos subsidiados por los Estados de procedencia. Las cifras que existen en esta materia son tremendamente elocuentes y, por cierto, desequilibran los precios de los productos agrícolas, en perjuicio de miles de pequeños y medianos productores.
En esa línea, el 19 de agosto de 1992 se presentó en la Honorable Cámara de Diputados una moción destinada precisamente a modificar el artículo 11 de la ley N° 18.525 a fin de agregar un representante del Ministerio de Agricultura a la Comisión Nacional mencionada. Sin embargo, en su segundo trámite, y encontrándose en estudio en la Comisión de Agricultura del Senado, la iniciativa fue remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por estimarse que adolecía de un vicio de inconstitucionalidad al recaer sobre una materia que, según el artículo 62, N° 4o, del Texto Fundamental, es de iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República .
Como en reiteradas oportunidades la Comisión de Constitución ha estimado que el "patrocinio" no basta para transformar una moción en mensaje y, a mayor abundamiento, que dicha figura no se encuentra consagrada en nuestra Carta Política, el Ejecutivo consideró del caso iniciar, por mensaje presidencial, un nuevo proyecto de ley, cuyo contenido es del todo similar al del iniciado en la Cámara Baja y que es el que nos hallamos debatiendo.
Cabe expresar que el texto en examen no contiene proposiciones que apunten a modificaciones de fondo de la ley. Por ejemplo, se estima que los problemas de la Comisión Nacional de Distorsiones no se reducen a su sola composición, sino que también alcanzan al procedimiento establecido para cursar y tramitar las denuncias de los afectados. Del mismo modo, resulta interesante la propuesta hecha en orden a que la integración de aquélla incluya al sector privado, particularmente si éste se hace representar por técnicos y hombres doctos en las materias de competencia de la Comisión.
Pero, sin perjuicio de la reforma general a la fisonomía y funciones de la Comisión Nacional de Distorsiones -que tanto se hace sentir- y de la posibilidad de mejorar el proyecto en lo pertinente, el nombramiento en ella de un representante del Ministerio de Agricultura es, a nuestro entender, un avance trascendental en la tarea de coadyuvar al mejoramiento de la alicaída situación en que se encuentran nuestros agricultores.
Por ese motivo, hacemos votos para que este proyecto sea despachado por el Congreso al Jefe del Estado en el más breve término, para su pronta promulgación y publicación como ley de la República.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Errázuriz.
El señor ERRAZURIZ.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto que se nos plantea hoy en el Senado, pero, a mi juicio, es incompleto, porque no contempla diversas materias que guardan estrecha relación con la ley que se modifica.
Ya un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra -quien, al igual que el que habla, presentó un proyecto de ley destinado a mejorar la Comisión de Distorsiones- ha hecho notar la conveniencia de que esta iniciativa pueda ser refundida con las presentadas anteriormente por distintos Parlamentarios, inquietos por lo que ocurre con el citado organismo.
La Comisión de Distorsiones posee facultades para investigar las diversas irregularidades que se ponen en su conocimiento y, sin embargo, carece de imperio para emitir, por ejemplo, una orden de no innovar, de manera que mientras estudia el asunto no se realicen nuevas importaciones de mercaderías subsidiadas o que distorsionen el libre mercado.
En el fondo, se trata de estudiar formas de proteger la libertad de comercio, de defender el libre mercado, y no de buscar mecanismos tendientes a amparar a determinadas actividades o a ciertos productores, como -equivocadamente- algunos han señalado en otras oportunidades.
Se trata de que el libre mercado opere de verdad. Y, sobre el particular, debo manifestar que las distorsiones se producen no sólo como consecuencia de subsidios, sino que la mayoría de las veces tienen origen en ventas de excesos de producción temporales, que no se repiten todos los años. Así, una empresa que tiene un stock muy grande de productos y decide liquidarlo, porque entró en insolvencia o quebró, o hubo cambio tecnológico o, incluso, estacional, genera una distorsión en los precios normales del mercado.
En un país como Argentina, que es de secano, de rulo, que riega muy poco, cuando viene un buen año, y llueve en primavera, hay enormes producciones agrícolas, que constituyen excedentes con relación a lo que se pensaba cosechar, mayor rendimiento con el cual se paga el costo y se obtienen utilidades. En definitiva, esos excedentes, esas producciones marginales, son las que crean las distorsiones, puesto que son vendidas, también, al precio marginal posible. Este tipo de distorsiones actualmente no se encuentra considerado en la Comisión Antidistorsiones, ni tampoco podría ser acogida por ella una reclamación efectuada por los agricultores en ese sentido.
Por consiguiente, convendría tener presente que la iniciativa en debate, si bien es loable, en tanto trata de buscar una cierta equidad en los miembros que componen esa Comisión, de forma alguna apunta a la solución definitiva del problema que viven los productores afectados por las distorsiones evidenciadas en el libre mercado, entendiendo por éste a aquel que determina precios de mediano o largo plazos, estables, y no aquellos precios de spots, circunstanciales o de coyuntura.
En consecuencia, se ha avanzado un paso, que es muy pequeño, insuficiente e incompleto, pero que de todas maneras constituye un paso adelante. Y -ojalá- la iniciativa pueda compatibilizarse también con las que he presentado al Senado para corregir la Comisión Antidistorsiones, darle imperio a sus decisiones y hacer extensivo su campo de acción a otras actividades y materias que hoy día -como lo señalé-, lamentablemente, no se hallan al alcance de sus decisiones.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIU.-
Señor Presidente , es un hecho conocido que Chile ha adoptado una política económica de mercado o social de mercado, esto es, de libre competencia en la producción y en el comercio interno y externo como una forma de elevar el nivel de eficiencia de los medios de producción y de comercialización de bienes y servicios para el beneficio de toda la comunidad.
Con esa finalidad, entre otras medidas, se eliminaron o disminuyeron las barreras arancelarias hasta donde lo permitía una política económica coherente.
Para resguardar la transparencia e igualdad de los agentes económicos y eliminar los excesos que pudieran cometerse por los mismos, se crearon las Comisiones Antimonopolios y la Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones en el precio de mercaderías importadas.
A las Comisiones Antimonopolios se les han asignado la prevención, investigación y persecución de los atentados a la libre competencia en el mercado nacional.
A la Comisión de Distorsiones se le ha encomendado la investigación de la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, que ocasionan un perjuicio significativo o amenaza de daño en la producción nacional y la misión de recomendar a la autoridad económica la adopción de medidas correctivas de tales distorsiones. A la Comisión le compete sólo investigar, comprobar y recomendar medidas. Ello, porque la conducción de la política económica corresponde al Presidente de la República , a través de las Secretarías de Hacienda y de Economía, y porque una decisión equivocada en la materia provocaría un grave impacto negativo para el país, de insospechadas consecuencias.
El artículo 9° de la ley N° 18.525 dispone: "EL Presidente de la República , podrá establecer valores aduaneros mínimos para aquellos productos que, por efectos circunstanciales originados en los mercados internacionales, resulten con sus precios normales de transacción temporalmente disminuidos y cuya importación en tales condiciones origine grave daño actual o inminente a la producción nacional.". Para la fijación de estos valores -añade el artículo- se requerirá del informe favorable de la Comisión Antidistorsiones a que se refiere esta ley.
El artículo 10 de la misma ley señala: "Establécense sobretasas de un 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, 15%, 18%, 20% y 24% ad valorem, derechos antidumping y derechos compensatorios para la importación de aquellas mercancías cuyo ingreso al país origine grave daño actual o inminente a la producción nacional al importarse con precios disminuidos a consecuencia de efectos artificiales en sus respectivos mercados. El Presidente de la República determinará las mercancías a las que se aplicarán estas sobretasas, derechos antidumping y derechos compensatorios, su monto y duración, los que no podrán exceder de un año,", previo informe -agrega la norma- de la Comisión Antidistorsiones a que se refiere la ley.
La Comisión de Distorsiones ha sido concebida como un organismo absolutamente técnico y con un número indispensable de miembros para hacerla eficaz. Tal carácter técnico creo que no es conveniente alterarlo.
Incorporar a ella un representante del Ministerio de Agricultura es -a mi juicio- discriminatorio. ¿Por qué no un representante del Ministerio de Minería o uno de las asociaciones gremiales de los sectores involucrados? No se justifica, en forma alguna, la incorporación propuesta, pues, en conformidad con el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 18.525, "la Comisión deberá recibir los antecedentes que las partes interesadas estimen aportar y requerir los informes que fueren necesarios.".
No sería dable suponer que la Comisión pueda estudiar una distorsión en la importación de productos agrícolas sin oír al Ministerio de Agricultura. Por cierto que no. Dicho Ministerio siempre debe ser citado y llamado a informar en una o más sesiones cuando esté afectado el agro. La ley es muy clara: La Comisión deberá requerir los informes que fueren necesarios.
Por ello, es que considero que incorporar un representante del Ministerio de Agricultura es discriminatorio para el resto de las actividades productivas que no están comprendidas en esta normativa, pues sólo él tendrá derecho a voz y voto en los temas agrícolas y, también, en los demás, respecto de los cuales tal vez pudiera carecer de una versación especial.
En cuanto a que los procedimientos de la Comisión pudieran no ser transparentes, creo que no es así. Tengo el ejemplar de un documento elaborado por la Comisión para dar a conocer, a todos los usuarios, incluso en forma gráfica, las características de su funcionamiento y de sus facultades. Parte de este trabajo ha sido reproducido en el informe de la Comisión de Agricultura de este Honorable Senado. Sin embargo, pienso que es necesario analizar dicho documento en profundidad y estudiar el texto mismo de la ley, que tiene una solución para cada una de las interrogantes que se puedan plantear respecto del funcionamiento y eficacia de la Comisión.
Se ha sostenido que la Comisión exigiría un sinnúmero de requisitos y de antecedentes difíciles de cumplir y de allegar por los afectados, pero se ha olvidado que ella puede y debe realizar de oficio las investigaciones de que trata la ley, cuando disponga de antecedentes que lo justifiquen.
Se ha planteado que sería prácticamente imposible para los denunciantes o afectados probar la existencia de subsidios de cualquier tipo para las exportaciones de bienes. Pero no se ha tenido en cuenta que en esa misión deben colaborar, o ser parte fundamental de la misma, el personal de las embajadas chilenas y, especialmente, los agregados comerciales, en conformidad a la ley N° 15.266 y el DFL N° 161, de 1978, que aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por consiguiente, a mi juicio, no es que se precise un representante del Ministerio de Agricultura para hacer más operante a la Comisión en los temas agrícolas, sino que es necesario que exista voluntad y decisión de actuar por parte de sus integrantes y de su Secretaría Técnica, que es el Banco Central de Chile. Si no existe tal voluntad, cabría adoptar otro tipo de medidas. Sin embargo, en los temas que debe abordar la Comisión es indispensable, también, que haya una dosis de prudencia y de cautela para que no se pierda la consistencia y dirección en el programa económico del Gobierno, y eso es importante tenerlo presente.
Si a todo ello se agrega lo expresado en los informes de las Comisiones de Economía y de Agricultura, y lo que se ha planteado en la Sala esta tarde, en el sentido de que se encontraría en estudio una reforma global de la Comisión, no se ve por qué sería conveniente introducir ahora, y con urgencia, la incorporación del miembro de que se trata, la que incluso puede ser contraproducente para el estudio global, cuyo resultado no estamos, por ahora, en condiciones de conocer.
Señor Presidente , debo hacer presente que comparto íntegramente los planteamientos hechos en la Sala por el Honorable señor Larre . Las cifras que señala son impresionantes. Pero pienso que la solución no es modificar la composición de la citada Comisión. Si, en definitiva, es aprobado el proyecto -tal como se ha expresado en el Senado en esta oportunidad-, a futuro se generará una frustración mayor que la existente, porque el miembro incorporado a la Comisión no alterará de manera alguna sus decisiones.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente , me abstendré, porque estimo que la Comisión Nacional debe continuar siendo técnica y que el problema del agro es muy importante, por lo que debe ser abordado a fondo, pero no a través de la incorporación de un miembro, que distorsiona su funcionamiento, presentación e independencia, sin aportar ningún beneficio al sector que se pretende proteger del dumping o subsidios que los productos reciben en el exterior.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor DIEZ.-
Pido la palabra, a continuación, señor Presidente.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , seré muy breve.
Aquí se trata de un proyecto bastante simple, que no resuelve -como se ha dicho aquí- todos los problemas de la distorsión de los mercados internacionales agrícolas -que es un tema de suyo complejo-, sino que solamente pretende incorporar a un funcionario del Ministerio de Agricultura en dicha Comisión, de tal manera que, con sus actuales atribuciones y funcionamiento, tenga una mirada más atenta al tema de las distorsiones de los precios agrícolas, que son -como se sabe-, los que operan en un mercado internacional que es de los menos transparentes. Y, en ese sentido, esta iniciativa constituye un avance, y por eso en la Comisión de Agricultura votamos a favor.
Sin duda está pendiente un debate más extenso, siendo indispensable revisar la legislación completa que ordena esta materia, referida no sólo a la composición de la Comisión, sino fundamentalmente con su concepción: opera básicamente mediante la denuncia de los interesados, que normalmente son productores particulares, en circunstancias de que se trata de un tema de país. Si Chile desea desarrollar una agricultura competitiva, debe tomar los resguardos para que las severas distorsiones que operan en los mercados agrícolas internacionales no dañen de manera irremediable la actividad del sector nacional. Para ello, sin duda, resulta indispensable un debate de fondo -que no es simple-, que considere instrumentos armónicos con los acuerdos del GATT, de la Ronda de Uruguay y el conjunto de compromisos internacionales que el país va adquiriendo en materia de apertura del comercio exterior.
Repito: no es un asunto simple.
En ese sentido, estamos por participar muy activamente en la discusión que se anuncia sobre una legislación mayor. Y como ésta no es sencilla, sin duda tomará un tiempo, durante el cual resulta útil que, por los problemas coyunturales existentes en materia de distorsiones de precios agrícolas, se amplíe la capacidad de trabajo de la actual Comisión.
Por esas razones, votamos favorablemente en la Comisión de Agricultura y haremos lo mismo en la Sala.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , hay, en general, evidente consenso en la Sala respecto de la conveniencia de agregar un representante del Ministerio de Agricultura a la Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones en el precio de las mercaderías importadas. Y también existe acuerdo en que este proyecto no soluciona el problema global.
Sobre el particular, quiero hacer presente que el Senado, y el Parlamento en general, hace algunos meses aprobaron el Acuerdo de Marrakech que creó la Organización Mundial del Comercio. En su virtud, Chile asumió compromisos concretos respecto de las funciones de esta Comisión Nacional de Distorsiones, que implican modificaciones importantes, dándole un carácter de tribunal y estableciendo una serie de normas para hacer más expedito su funcionamiento. Si Chile tiene este compromiso, conforme al Acuerdo de Marrakech, a mi juicio, ésta es la oportunidad de que el Senado oficie a Su Excelencia el Presidente de la República , con el objeto de instarle a enviar pronto al Congreso el proyecto relativo a esta materia, para cumplir así -reitero- el citado convenio internacional. Lo anterior no obsta a que, al pronunciamos sobre esta materia -reconociendo los inconvenientes que podría tener agregar un solo representante del Ministerio de Agricultura-, no olvidemos que el gran porcentaje de distorsiones se produce en el sector agrícola chileno.
Con las reservas antes mencionadas, votaré a favor del proyecto.
Insisto, solicito que la Mesa recabe el asentimiento de la Sala para enviar en nombre del Senado -y si ello no fuere posible, en el mío-, un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República para instarle a que remita pronto el proyecto que debe regular todas estas materias, con arreglo a los compromisos asumidos por Chile, para que de alguna manera los incorporemos al nuevo sistema de libre comercio que hoy rige en el mundo.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accedería a lo solicitado por el Senador señor Urenda.
El señor DIAZ.-
Muy bien.
El señor LARRE.-
Estamos de acuerdo, señor Presidente.
-Se acuerda enviar el oficio solicitado por el Senador señor Urenda, en nombre del Senado.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , tiene sentido que, al tratar la incorporación de un funcionario en una Comisión que existe, se genere un debate como el que estamos desarrollando, porque la materia sobre que trata, el destino de la Comisión y el papel que a aquél le corresponde dice relación a un problema actualmente acuciante, que requiere una atención cabal y profunda de parte de todas las autoridades y organismos del Estado, entre los cuales se cuenta también esta Alta Corporación.
El tema de los precios agrícolas en el mercado internacional es altamente complejo. Bien se ha dicho en la Sala que se trata de uno de los mercados menos perfectos y transparentes, en el cual se deja sentir la fuerte influencia de la acción de los gobiernos en todo el mundo. Justamente, la cantidad citada por el Senador señor Larre -aproximadamente 180 mil millones de dólares que anualmente se entregan para subsidiar la agricultura en el resto del orbe- se traduce en alteraciones de precios, lo que implica que nuestro agro -que es el que nos interesa-, debe competir en condiciones desventajosas.
La intervención de los gobiernos -demostrada en ese monto de dinero involucrado- genera un mercado de precios dual: hay un precio interno, que se da en los países productores, y hay un precio de mercados excedentarios. Aquellas cuotas que los gobiernos de los países intervencionistas retiran del mercado o consideran excedentes constituyen lo que se llama el mercado "spot" o "excedentario", cuyos productos se venden a precios bajos, muy distintos de los que reciben los agricultores de países que intervienen en los mercados agrícolas.
Chile, entonces, debe enfrentarse a esa realidad de precios duales, que es la que aquí da justificación conceptual a las llamadas "bandas de precios". Sin éstas sería muy difícil para nuestros agricultores tomar decisiones de siembra, pues medidas de política distorsionadoras del mercado en otros países podrían arruinar su actividad al momento de la cosecha. La distorsión en mercados externos, producto de la acción de Gobiernos, es, en consecuencia, lo que justifica en nuestra nación la existencia de bandas de precios, las cuales se aplican durante un plazo breve, que comprende desde la siembra del producto hasta su cosecha.
Hay sectores que opinan que si ciertos países regalan o dan a precio de liquidación determinados productos agrícolas, el nuestro -siendo lo anterior una realidad- debiera aprovechar esa situación, tomar el elemento "regalo" que se da en los mercados y no pensar en proteger a nuestro sector productivo. Esta es una decisión de política nacional que Chile debe abordar, pero tiene que hacerlo derechamente, y no a medias o decir que la aborda sin que efectivamente lo haga, como a veces ocurre.
Los países que han sufrido guerras toman una posición distinta respecto de la agricultura. Pareciera ser que aquellos que han padecido hambre -que es una condicionante que normalmente complementa la coyuntura que se da en una guerra- han adoptado una manera de ser y de resolver los problemas agrícolas que los define claramente. Esos países, de alguna manera, protegen un nivel de producción agraria mínimo que les evite caer en situaciones como las que se generan en conflictos armados.
El nuestro, que felizmente no ha debido enfrentar tales circunstancias, al parecer se deja llevar por políticas más equívocas en esta materia y protege, o dice proteger, de las imperfecciones del mercado externo o de las intervenciones distorsionadoras que se dan en él; sin embargo, lo hace de tal manera (a medias), que al final el enfermo igual tiende a morir.
Por eso, cuando hablamos de esta Comisión, llamada a resolver las distorsiones en el mercado externo, y abordamos el problema agrícola, debemos preguntarnos si ella, en la forma como opera, con la prontitud con que resuelve y con la integración de que está provista, es el organismo adecuado para hacer frente a la situación real que se presenta en los mercados externos en el caso agrícola.
La conclusión que parece desprenderse del análisis realizado en esta Sala y del efectuado en las Comisiones de Agricultura y de Economía es que dicha Comisión resulta inoperante para los fines que persigue e, incluso, se presume que con la incorporación de un experto del Ministerio de Agricultura ello no va a variar.
Esto, seguramente, se da por una condición natural. La Comisión Nacional, por la forma como se halla constituida y las funciones que posee, es un órgano asesor del Gobierno, y en particular del Presidente de la República , pero no goza de la autonomía que sí alcanzaría si tuviese carácter judicial.
Los Gobiernos, en estas materias, no son los entes más idóneos para velar por el interés general, pues se encuentran sometidos a presiones de dos tipos. En primer término, se hallan presionados por el Indice de Precios al Consumidor, en el cual gravita muy determinantemente el factor alimentos. Por lo tanto, la tentación en que caen de hacer que no ven cuando se producen distorsiones que bajan en forma artificial los precios de los productos importados, es una tentación efectiva y real. En efecto, tales bajas artificiales de precios, que contribuyen favorablemente a disminuir el Indice de Precios al Consumidor, llevan a los Gobiernos a ser ciegos o al menos miopes a las distorsiones que reducen de manera artificial los precios de los productos alimenticios importados.
Otras presiones a que normalmente se hallan sometidos los Gobiernos son las que derivan de su política de relaciones exteriores en el ámbito bilateral, la cual, muchas veces, les significa tener que atender estas situaciones y enfrentarse a complejidades y problemas con los demás países. En efecto, hay que tener presente que las distorsiones de los precios agrícolas no tienen detrás de ellas a una empresa determinada que está haciendo dumping, sino siempre a un Gobierno que respalda y protege artificialmente a ese sector de su economía.
Por lo tanto, los Gobiernos, en general, no son los entes más adecuados para cautelar el interés global en lo que se refiere a evitar las distorsiones en el mercado de productos agrícolas. Se requeriría -es lo que parece desprenderse de la opinión de todos quienes participaron en el análisis del asunto en las Comisiones del Senado- de un organismo plenamente independiente, con carácter judicial, similar a la Comisión Resolutiva existente en el marco de la Ley Antimonopolios, que diera garantías en cuanto a llevar a cabo un trámite expedito, ágil y que defienda cabalmente el interés general.
Es dentro de este marco que ha concluido el estudio de ambas Comisiones, el que he querido exponer.
Respecto del proyecto mismo, que plantea agregar a un representante del Ministerio de Agricultura en la Comisión Nacional de Distorsiones, creo que esta Corporación no podría negarse a ello, pues, en verdad, el grueso de las distorsiones que se producen en el mercado internacional, y especialmente de las que afectan a Chile, está dado en el ámbito del comercio de productos agrícolas, fruto de políticas gubernativas, y constituye un problema global que debe ser enfrentado.
En consecuencia, mientras la referida Comisión Nacional se encuentre enmarcada dentro de las funciones que hoy tiene asignadas y de las atribuciones de que actualmente dispone, no puede sino recoger en su seno a un representante técnico del sector que globalmente posee una mayor participación y que es la principal víctima de las distorsiones que se dan en el mercado exterior.
Por eso, señor Presidente , daremos nuestra aprobación al proyecto, haciendo la salvedad de que el problema no se encuentra resuelto y llamando al Ministerio del ramo y al Gobierno, en general, a que ojalá en un plazo de no más de treinta días presenten al Congreso el proyecto definitivo que transforme a la Comisión Nacional en un órgano similar a la Comisión Resolutiva de la Ley Antimonopolios.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ .-
Señor Presidente , las intervenciones de varios de mis Honorables colegas que me han antecedido representan mi opinión cabalmente.
Sólo quiero dejar constancia de que la presencia en la Comisión de un funcionario más designado por el Presidente de la República no será, sin duda, determinante para su funcionamiento. Sin embargo, no me gustaría que el Ejecutivo se excusara de cumplir con su deber aduciendo que el Congreso le ha negado la presencia de un representante del Ministerio de Agricultura en la referida Comisión.
Sólo por esta razón votaré favorablemente el proyecto, manifestando mi desilusión por la forma como el Gobierno afronta tan grave y delicada materia, que en todo caso deberá actualizar por mandato de un tratado que nos obliga.
He dicho.
El señor VALDES ( Presidente ).-
El último orador inscrito para hacer uso de la palabra sobre este asunto es el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , quiero hacer dos o tres consideraciones muy breves.
Por un lado, vale la pena destacar que el proyecto tuvo origen en una iniciativa de Diputados de la Oposición. Y, por otro, cabe señalar que la inquietud planteada por Parlamentarios opositores, que representan a una zona agrícola muy difícil, fue recogida por el Ejecutivo en un mensaje que envió al Congreso, el que en alguna medida la perfecciona. Ahora, frente al planteamiento de una distinguida señora Senadora, en cuanto a que ve con peligro la ampliación de esta Comisión Nacional en un integrante más porque no se va al fondo del problema, creo que vale la pena señalar y repetir, para la historia del establecimiento de la ley, que el Ministerio de Hacienda no ha dejado de lado esta situación y se halla trabajando en el estudio de una reforma global de la referida Comisión.
Considero importante incorporar a ella a un representante del Ministerio de Agricultura, porque éste aportará un criterio técnico especializado a la labor que desarrolla la citada Comisión, la que además puede proponer al Presidente de la República , a través del Ministro de Hacienda , las medidas que estime procedentes.
Por esta razón, comparto plenamente el proyecto del Ejecutivo , que tuvo origen en una moción de varios señores Diputados, y también valoro el informe de las Comisiones de Agricultura y de Economía del Senado.
Creo que todos concordaremos en que nuestro país debe cautelar los intereses nacionales a través de medidas tales como la recepción e investigación de las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional por quienes se sientan perjudicados por este fenómeno, el cual se manifiesta con cierta frecuencia en el mercado internacional. Asimismo, ese organismo puede hacer las recomendaciones que estime pertinentes en cada caso.
Repito que valoro el trabajo que desarrolla la Comisión en comento, porque no sólo tiene que ver, como se ha planteado, con los problemas que enfrenta la comercialización de ciertos productos agrícolas, sino también con los de otros rubros productivos. Sin embargo, subrayo que al incorporar a ella a un representante del Ministerio de Agricultura el Gobierno tiene en cuenta los graves problemas que constantemente debe afrontar el sector agrícola.
Por consiguiente, ése es el sentido de la normativa en debate. Y no vale la pena confundir el tema pensando que no existe interés del Gobierno en dar solución global a las dificultades que enfrentan nuestros productos, sobre todo al estar Chile inserto en una economía de libre comercio con naciones mucho más desarrolladas que la nuestra.
Por las razones expuestas, voto en favor del proyecto.
El señor VALDES ( Presidente ).-
Por las consideraciones que se han formulado, y salvo la abstención de la Honorable señora Feliú, deduzco que existe unanimidad en la Sala para aprobar el proyecto en general.
La señora FELIU.-
Me abstengo, señor Presidente .
El señor HAMILTON.-
El Honorable señor Larraín también se abstiene.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Y el Senador señor Cantuarias también.
El señor VALDES (Presidente).-
De tal manera que, con tres abstenciones, se aprobaría en general el proyecto.
El señor LARRE.-
Perdón, señor Presidente . Por tratarse de una iniciativa de un solo artículo, habría que aprobarla en general y en particular.
El señor VALDES ( Presidente ).-
Tiene razón Su Señoría.
Por lo tanto, también quedaría aprobada en particular, con las abstenciones antes mencionadas.
Aprobada.
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