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- rdf:value = " La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , esta sesión ha sido sumamente interesante.
Respecto del tema de la sequía, podría aplicarse el dicho de que "por sabido se calla y por callado se olvida". Como lo planteó el Senador señor Valdés , hemos ido en la búsqueda de soluciones para los problemas concretos que se van presentando, pero olvidamos que el del agua es de carácter general en el país y requiere de decisiones, análisis y estudios.
La situación pluviométrica en el Chile de hoy es dramática. Un señor Senador recordaba las sequías naturales que periódicamente sufre el planeta, mencionando los consejos que sobre el particular daban al faraón o los que insinuaba en su oportunidad Gabriela Mistral. Hoy día los consejos debemos buscarlos en la modernidad. El mundo ha cambiado de manera grave e importante. Desde luego, tenemos una densificación mundial que nos impide la aplicación de medidas que no estén fundadas en técnicas modernas.
Lo que al respecto correspondería constitucionalmente al Gobierno --es decir, a la Administración del Estado, a la cual le corresponde-- es, en primer término, hacer un diagnóstico de la situación.
Se recordó en la Sala lo que sucede con los hielos eternos, y también la situación que afecta al embalse de El Yeso, el cual tendría un tercio de la capacidad normal necesaria para el consumo de agua en la Región Metropolitana.
¿Dónde están los estudios sobre la materia? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué ocurre con tal situación?
Señor Presidente , cuando hace pocos años se produjo una avalancha en el sector de Macul, se señaló que la Región Metropolitana se encontraba en una situación sumamente peligrosa y conflictiva frente a las quebradas existentes en el sector. Entiendo que el Ministerio de Obras Públicas realizó un estudio, pero, ¿dónde se encuentra? ¿Qué oportunidad ha tenido la opinión pública de conocerlo? En tales casos, se trata a las personas como niños incapaces de absorber una situación de peligro. Cuando la autoridad oculta los estudios realizados o no los hace cuando corresponde, actúa en forma negligente frente a situaciones futuras.
Desde luego, los estudios de quebradas son indispensables para los planes reguladores comunales e intercomunales. Sin embargo, no se han considerado en absoluto. Personalmente, los he buscado y no he tenido la opción de verlos. Lógicamente no es el tema de mi vida la búsqueda de las quebradas; pero él realmente no se maneja a nivel municipal ni de Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda. El catastro es indispensable. ¿Qué ocurre con esta situación?
Los estudios deben hacerse por regiones y ellos tienen que conducir a un diagnóstico que sirva de fuente o fundamento --reitero-- a planes reguladores comunales, intercomunales y, desde luego, para la adopción de planificaciones futuras en todo el quehacer nacional.
¿Cómo vamos a pedir a un inversionista que realice estudios con un costo de millones de dólares sobre estas materias? Realmente es algo imposible de solicitar, y nuestra actuación me parece improvisada e inadecuada para un país que se dice moderno y con características de jaguar.
En cuanto a la situación de la sequía, ¿qué medidas de carácter de general --no relativas al caso de las Regiones Cuarta, Tercera o Segunda-- deben adoptarse? Aquí se trata de problemas diferentes. Por tanto, primero corresponde determinar qué debería hacer la Administración o el legislador.
Las dificultades que sufren personas naturales o actividades económicas a consecuencia de la sequía pueden llegar a ser de extrema gravedad. Naturalmente, deberán ser objeto, en el caso de personas de escasos recursos, de ayuda económica y de protección; y en el de las actividades económicas, de estudios para determinar el grado de permanencia del problema, sobre la base de que las no pueden subsistir deben terminarse. Creo que la situación de ENACAR es suficientemente clara --por lo menos para mí--, y debería servir de experiencia y enseñanza en el sentido de que las actividades económicas, cuando no pueden mantenerse, deben ser reemplazadas por otras que se sostengan por sí mismas.
En esta materia, la falta de una declaración de zona de catástrofe me parece grave. Como muchos señores Senadores ya se han referido al tema, yo lo abordaré en forma muy rápida.
El problema se resolvió en el pasado mediante la declaración de zonas de catástrofes. Ello fue posible a raíz de la dictación de una ley permanente --una normativa inteligente despachada en su oportunidad, la Nº 16.282, cuyo origen se basó en un cuerpo legal de 1959--, que estableció normas aplicables en el caso de que se produzcan sismos o catástrofes. En el pasado se aplicó, y permitió solucionar muchos aspectos del problema aquí recordados --algunos de ellos se encuentran planteados expresamente en un proyecto de acuerdo sobre la materia que firmamos algunos Senadores--, como condonaciones tributarias, prórroga en el pago de obligaciones, etcétera.
No existe razón alguna que justifique no haber declarado zona de catástrofe las localidades o lugares donde realmente procedía hacerlo, pues su situación se encuentra contemplada en el referido cuerpo legal.
Tocante a la disminución en los caudales de ríos producto de la sequía existen distintas opciones. Algunas de ellas acaban de ser señaladas por el Honorable Senador Horvath. Hay una que es obvia. Muchas de estas materias se fundan en conceptos que --a mi juicio-- son de aplicación general para un buen administrador: el uso racional de los recursos; que no se desperdicien. Desde luego, en primer lugar, se encuentra la educación.
La sequía nos afecta cada cierto tiempo, y --tal como señaló el Senador señor Horvath -- tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella, pues se trata de un fenómeno cíclico. Debemos tener presente que nuestro país está presentando un cambio de clima, lo que, por lo demás, es propio del mundo.
Los sectores de explotación agrícola e industrial deben tomar medidas para enfrentar la sequía, y las más apropiadas son de carácter legislativo, encaminadas a incentivar y estimular a las personas a usar racionalmente el agua. Desgraciadamente, en momentos en que la crisis es muy aguda, no queda más que utilizar el sistema del "látigo", que consiste en prohibir y sancionar el uso del agua, tal como ocurre hoy en ciertos sectores de nuestro país.
Los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en esta materia, porque en Chile no hay cultura sobre el uso del agua o acerca de que se trata de un bien escaso. Sobre el particular, existe muy poco conocimiento en la población y una muy baja permeabilidad en las personas para entender que esto es así. Desde luego, a través de normas legales, se puede incentivar el uso racional del agua sobre la base de establecer incentivos correctos.
Botar el agua de los ríos al mar parece una medida --por decirlo de la manera más suave posible-- insensata en un país que tiene problemas de abastecimiento.
En esta perspectiva, es indispensable el tratamiento de las aguas servidas, pues su reciclaje se hace en todas partes del mundo como una necesidad urgente.
Señor Presidente , hemos discutido largamente --de seguro vamos a continuar haciéndolo durante algunos meses más-- sobre aspectos de la privatización de las empresas sanitarias superados en otros países. Se trata de conservar en poder del Estado empresas que debieran hacer una inversión cuantiosa justamente para reciclar las aguas servidas, lo cual urge desde el punto de vista de la salud pública y de la utilización del líquido.
La solución del colector de ESVAL, empresa pública, constituye --por decir lo menos--, un atentado a la ecología y a la salud. No es posible que se vacien al mar toneladas de desechos humanos. Realmente, no sé cómo se puede sostener esta solución y, al mismo tiempo, defender la ecología del país.
La Administración, a mi juicio, tiene obligaciones pendientes en esta materia que debe asumir con urgencia, lo que ha quedado en evidencia luego de todas las intervenciones realizadas. Se deben estudiar y proponer iniciativas que estimulen --reitero-- el uso racional del agua, y disponer recursos para la construcción de embalses con incentivo para los particulares, según los términos de la ley vigente.
Quiero repetir las palabras del Senador señor Romero , ya que, a mi juicio, ha sido muy clara su exposición. Hoy día deben adoptarse políticas eficientes y eficaces, y ser llevadas a cabo en forma oportuna, lo cual, en el momento actual de Chile, es urgente.
Señor Presidente , como me referí a los estímulos de los privados, deseo recordar lo dicho por el Honorable señor Valdés respecto de la plantación de especies que, nutriéndose de nitrógeno, mejoran los suelos. Ése es un caso típico de lo que ocurre con las inversiones del sector público, lo que Chile conoce muy bien. Se hicieron estas inversiones y, como éstas no correspondían a nadie, se perdió el esfuerzo y, con ello, algo que podría haber sido importante. Debe analizarse la posibilidad de incentivar proyectos de esta naturaleza que queden en sectores privados, pues ellos tendrán interés en conservarlos, mejorando así el entorno de nuestro país.
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