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El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , efectivamente, nos encontramos frente a un proyecto extremadamente complejo. Nos hallamos abocados, además, a temas que ocupan hoy a Chile. Estamos hablando de introducirnos en los nuevos elementos que la tecnología pone al servicio de los países, para poder avanzar en la modernización de nuestras instituciones.
Se ha dicho aquí, por ejemplo, que se va a intentar fiscalizar desde los escritorios. La cuestión de fondo radica en que, como todos lo sabemos muy bien, nuestra costa es extensa y no nos encontramos en condiciones de disponer de los medios tradicionales requeridos para poder controlar adecuadamente la actividad pesquera. Chile carece hoy de recursos que permitan comprar los buques y aviones necesarios para fiscalizar si efectivamente las normas de la Ley de Pesca se están cumpliendo o no.
Por otra parte, no tenemos cómo procesar una denuncia en el sentido de que determinado barco está pescando en un lugar no habilitado. Mientras la información llega a los organismos correspondientes y sale una nave para fiscalizar, el infractor se habrá trasladado a muchas millas de distancia, ya que desde el momento en que la institución respectiva recibe los antecedentes y puede disponer que una nave zarpe para comprobar el hecho pasan muchas horas.
El proyecto partió, quizás, en forma modesta, pero cabe recordar que después fue sometido al debate en la Comisión, a la que volvió en numerosas oportunidades luego de ser conocido en la Sala, y determinó que se escuchara a expertos en distintas disciplinas.
Como se ha hablado de los costos, es necesario tener presente que aquel que pagará el armador es el del artefacto instalado a bordo del barco y la conexión con el satélite, pero que el de los antecedentes que el satélite manda a los centros de recopilación de información y el de los datos enviados desde estos últimos a los centros nacionales, tanto de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante como del Servicio Nacional de Pesca, serán de cargo de los servicios del Estado que los van a requerir. Y van a tener que requerirlos en la magnitud que sea necesaria. Si en un momento dado el Servicio Nacional de Pesca precisa conocer toda la trayectoria de un barco, va a demandar una cantidad de información importante y, por lo tanto, tendrá que pagarla. Ello no será imputado al armador.
Lo que queremos hoy es disponer de un instrumento de administración pesquera. Porque no se trata solamente de un problema de fiscalización, a diferencia de lo que se ha señalado. El hecho de que se cuente con un posicionador satelital en los barcos pesqueros industriales redundará en que tanto el Servicio Nacional de Pesca como la Subsecretaría de Pesca puedan desarrollar una actividad de planificación adecuada que permita establecer vedas en áreas definidas, ya que existirá la posibilidad de controlar las naves que ingresen o salgan de estas últimas.
Hoy día, el manejo de la actividad pesquera -que es muy difícil y complejo-, de no contar con esos instrumentos, puede causar un daño muy grande a nuestra masa biológica, porque nos enteraremos de un desastre cuando haya pasado mucho tiempo. Normalmente, las cuotas de pesca las conocemos por los desembarques pesqueros que informan las empresas, y cuando el organismo del Estado quiere tomar medidas para impedir que nos sobrepasemos en las cuotas, ya se han capturado muchos miles de toneladas de peces, lo que hace que nuestro recurso pesquero pueda verse, en un momento dado, en grave riesgo.
¿Qué aporta el referido instrumento? El posicionador satelital permite planificar en forma distinta el control y la administración de los recursos pesqueros. Y, por ende, lo que estamos haciendo aquí es avanzar en la modernidad -de que tanto se habla- y no limitarnos sólo a utilizar recursos que son absolutamente anticuados e insuficientes, porque el país no cuenta con los medios para dotarlos en la cantidad necesaria.
Los costos de operación de este sistema son muy bajos comparados con la información que se maneja y con el aporte que hacen a la actividad pesquera.
La indicación en debate reduce sustancialmente el ámbito de aplicación del instrumento en cuestión y, por lo tanto, deja al proyecto en condiciones totalmente desmejoradas.
Propongo a la Sala rechazarla y, subsidiariamente, aprobar la indicación que formulé con otros señores Senadores, con el objeto de ampliar el uso de dicho dispositivo a otras pesquerías. Se trata de una indicación que se aprobó con modificaciones, por cuanto planteamos extender el empleo de aquél a pesquerías de plena explotación, y establecemos, incluso, un plazo de dos años para ponerlo en ejecución en algunas de ellas. Sin embargo, creemos importante tomar la decisión, que se vea la voluntad del país de avanzar en la protección adecuada de un recurso que es fundamental para la economía nacional y que no sólo debe entregar beneficios a las actuales generaciones, sino también a las del futuro. Y, si bien es cierto que son recursos renovables, no lo es menos que, si no se manejan en forma adecuada, pueden dañar seriamente la economía del mañana.
Por eso, en mi opinión, la indicación que nos ocupa hace daño al proyecto, y llamo al Senado a rechazarla.
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